TA CHO - Sentencia 27001-33-33-007-2024-00052-01 (29-09-2025)

Nulidad y restableciomiento del derecho

Radicado Número: 27001333300720240005201

Demandante: Mabel López Hurtado

Demandado: Municipio de el Litoral del San Juan

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Quibdó, veintinueve (29) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA No.0130/

RADICADO: 27001333300720240005201

DEMANDANTE: MABEL LÓPEZ HURTADO

DEMANDADO: MUNICIPIO DE EL LITORAL DEL SAN

JUAN

MEDIO DE CONTROL:

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

TEMA:

DECLARATORIA DE INSUBSISTENCIA

DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL

(NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO

DE CARÁCTER GENERAL)

MAGISTRADA PONENTE

(E)1:

DUNNIA MADYURI ZAPATA MACHADO

Temas: DECLARATORIA DE INSUBSISTENCIA DE NOMBRAMIENTOS EN PROVISIONALIDAD - La desvinculación de una persona nombrada

provisionalmente en un cargo de carrera solo procede por: (i) la provisión definitiva del cargo por haberse realizado el respectivo concurso de méritos; (ii) la imposición de sanciones disciplinarias; (iii) la calificación insatisfactoria u (iv) otra razón

provisionalmente en un cargo de carrera solo procede por: (i) la provisión definitiva del cargo por haberse realizado el respectivo concurso de méritos; (ii) la imposición de sanciones disciplinarias; (iii) la calificación insatisfactoria u (iv) otra razón específica atinente al servicio que está prestando y de bería prestar el funcionario concreto / EFECTOS DE LAS SENTENCIAS QUE DECLARAN LA NULIDAD DE ACTOS GENERALES - La declaratoria de nulidad solamente puede tener efectos hacia el futuro, es decir «ex nunc», o retrotraerse hasta el momento de expedición del acto, o sea, «ex tunc»/ LAS SITUACIONES JURÍDICAS NO CONSOLIDADASson aquellas que al momento de producirse el fallo se debatían o eran susceptibles de debatirse ante las autoridades administrativas o ante esta jurisdicción, por el contrario, las situacio nes jurídicas consolidadas serán aquellas situaciones subjetivas y particulares que ya han quedado en firme, o que han sido objeto de pronunciamiento judicial, que ha hecho tránsito a cosa juzgada.

1. Procede la Sala Primera de Decisión del Tribunal Adm inistrativo del Chocó a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia No. 135 del 8 de julio de 2025 , a través de la cual el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, negó las súplicas de la demanda.

2. La controversia versa sobre la nulidad del acto administrativo contenido en el Decreto No. 061 del 4 de marzo de 2024 , mediante el cual la entidad demandada declaró insubsistente el nombramiento de la señora Mabel López Hurtado en el

2. La controversia versa sobre la nulidad del acto administrativo contenido en el Decreto No. 061 del 4 de marzo de 2024 , mediante el cual la entidad demandada declaró insubsistente el nombramiento de la señora Mabel López Hurtado en el cargo de Técnico Administrativo de la Oficina de la Mujer, Equidad y Género, código 367, Grado 03.

1 Mediante oficio No. CE-PRESIDENCIA-OFI-INT-2025-3348 del 30 de julio de 2025 el Presidente del Consejo de Estado comunicó que dicha Corporación en sesión celebrada el 29 del mismo mes y año, había encargado a la suscrita Magistrada de las funciones del Despacho 001 del Tribunal Administrativo del Chocó, hasta tanto se provea el cargo en forma provisional y/o definitiva.Nulidad y restableciomiento del derecho

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I. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

3. Mediante sentencia No. 135 del 8 de julio de 2025, el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, resolvió, entre otros , (i) negar las súplicas de la demanda , (ii) abstenerse de condenar en costas, y (iii) Compulsar

Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, resolvió, entre otros , (i) negar las súplicas de la demanda , (ii) abstenerse de condenar en costas, y (iii) Compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República y a la Fiscalía General de la Nación, para que se determine la po sible responsabilidad disciplinaria, fiscal y penal, que se hubiere podido incurrir por los hechos objeto de demanda. Pretensiones

4. La señora Mabel López Hurtado solicita se declare la nulidad del Decreto No. 061 del 4 de marzo de 2024, a través del cual se declaró insubsistente su nombramiento en provisionalidad como Técnico Administrativo de la Oficina de la Mujer, Equidad y Género, código 367, Grado 03.

5. Como consecuencia de ello y a título de restablecimiento del derecho solicitó su reintegro a un cargo igual o de superior categoría y el pago de los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir desde su desvinculación , esto es desde el 6 de marzo de 2024 hasta que se produzca su reintegro, debidamente indexadas.

6. También solicitó se condene al ente territorial demandado al pago de costas y agencias en derecho.

Hechos

7. En la demanda se relataron como fundamentos fácticos que sustentan las pretensiones, los que a continuación se sintetizan:

8. Mediante Decreto No. 300 del 23 de noviembre de 2023 el Municipio de El Litoral del San Juan modificó, actualizó y creó nuevos cargos en la planta de personal de la entidad. Manifestó que, dicho acto administrativo se encontraba vigente y gozaba

del San Juan modificó, actualizó y creó nuevos cargos en la planta de personal de la entidad. Manifestó que, dicho acto administrativo se encontraba vigente y gozaba de presunción de legalidad.

9. En virtud de ello, a través del Decreto 339 del 30 de noviembre de 2023 fue nombrada en provisionalidad en el ca rgo de Técnico Administrativo adscrito a la Oficina de la Mujer, Equidad y Género, Código 367, Grado 03, del cual tomó posesión el 1° de diciembre de 2023, conforme al acta No. 052 de 2023. Refirió, que, desde su vinculación hasta la fecha de retiro, desempeñó sus funciones con cumplimiento de sus obligaciones laborales y horario.

10. Posteriormente, el 5 de marzo de 2024 fue notificada del Decreto No. 061 del 4 de marzo de 2024, mediante el cual el Municipio de El Litoral del San Juan declaró insubsistente su nombramiento en provisionalidad en el mencionado cargo, fecha para la cual devengaba un salario de $2.786.657 . Adujo, que l as razones que motivaron el acto administrativo consistieron en la ausencia de disponibilidad presupuestal al momento de la creación del cargo, la falta de solicitud de viabilidad fiscal, la inexistencia de modificaciones al presupuesto institucional y la omisión del análisis financiero previo.

11. Alegó que el acto administrativo que la declaró insubsistente está viciado de nulidad por falsa motivación, expedición irregular y violación de normas aplicables,Nulidad y restableciomiento del derecho

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nulidad por falsa motivación, expedición irregular y violación de normas aplicables,Nulidad y restableciomiento del derecho

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toda vez que las razones invocadas no corresponden a causales legalmente establecidas para el retiro de funcionari os nombrados en provisionalidad y que el Decreto No. 300 de 2023 no ha sido objeto de nulidad.

12. Finalmente, sostuvo que el Decreto No. 061 de 2024 no observó los parámetros establecidos por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-917 de 2010, en cuanto a los criterios que deben orientar la motivación de los actos de insubsistencia en provisionalidad, los cuales deben versar sobre aspectos relacionados con el desempeño, la idoneidad, la conducta y la necesidad del servicio.

Normas violadas y concepto de la violación

13. La parte actora invocó como normas violadas los artículos 13, 25, 29, 42, 48, 53, 122, 123 y 125 de la Constitución Nacional, artículos 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 41 de la Ley 909 de 2004.

14. En el concepto de la violación manifestó : “(…) El alcalde municipal de El

de 2011 y el artículo 41 de la Ley 909 de 2004.

14. En el concepto de la violación manifestó : “(…) El alcalde municipal de El Litoral Del San Juan, mediante el decreto que declara insubsistente a la convocante, está vulnerando sus derecho fundamental (sic) al debido proceso, faltando a precedentes jurisprudenciales de la corte constitucional, afectando mi derecho al trabajo, al mínimo vital y a la dignida d humana, tanto que él mismo hizo referencia a la sentencia SU-917 de 2010, indicando que solo se requería motivar el acto de retiro, viendo que la misma sentencia deja en claro que dicha motivación no puede ser arbitraria sobre cualquier asunto, sino que, existen unas razones especificas por las cuales se puede declarar la insubsistencia de un funcionario nombrado en provisionalidad (…)”.

Contestación de la demanda

15. El MUNICIPIO DE EL LITORAL DEL SAN JUAN al ejercer su derecho de defensa y/o contradicción solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda , argumentando que, el acto administrativo acusado fue proferido bajo los criterios de legalidad y certeza de los hechos en que se soporta.

16. Alegó que la decisión administrativa se debió a que el cargo que ocupaba la demandante fue creado sin atender al principio de planeación del gasto y presupuesto, toda vez que, dentro del presupuesto de los años 2023 y 2024 aprobado por el Concejo de esa municipalidad, no incorporó los gastos de la nueva nómina, lo que generó un impacto fiscal importante para la administración. Puso de presente que, en virtud de ello, se interpuso proceso de nulidad simple el cual cursa

aprobado por el Concejo de esa municipalidad, no incorporó los gastos de la nueva nómina, lo que generó un impacto fiscal importante para la administración. Puso de presente que, en virtud de ello, se interpuso proceso de nulidad simple el cual cursa en el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó bajo radicado No. 27001333300220240001600, a fin de que se nulite del Decreto por medio del cual se creó una planta de personal dentro del ente territorial demandado, sin el lleno de los requisitos.

Los fundamentos de la sentencia impugnadaNulidad y restableciomiento del derecho

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17. Para sustentar la decisión de negar la s pretensiones, el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó precisó que la parte demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo demandado, debido que, no se demostró que la declaratoria de insubsistencia persiguió un fin diferente al previsto por el legislador o un propósito particular, persona o arbitrario que configure desviación de poder.

18. En cuanto a la aludida falta de motivación, expuso que, a la luz de la Ley 909 de 2004 se observa que el acto se encuentra fundado en hechos reales y suficientes,

configure desviación de poder.

18. En cuanto a la aludida falta de motivación, expuso que, a la luz de la Ley 909 de 2004 se observa que el acto se encuentra fundado en hechos reales y suficientes, por lo cual no advirtió que los motivos que fundaron la decisión fueron inexistentes o apreciados de manera errónea. Precisó que, en la medida que el Acuerdo No. 011 del 30 de mayo de 2023 fue declarado nulo por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó , el decreto 300 de 2003 fuente de la vinculación de la demandante al crearse 22 cargos también quedó sin efecto las actuaciones que se desprendieron de este último.

II. EL RECURSO DE APELACIÓN

19. La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia, al considerar que el A quo realizó una errónea interpretación del problema jurídico planteado en este asunto, en la medida que desconoció la naturaleza del cargo que ocupaba, esto es,

de carrera, por tanto, debieron aplicarse las reglas previstas en la Ley 909 de 2004 para su desvinculación.

20. Reiteró que, la administración no puede revocar un acto administrativo de contenido particular y concreto sin el consentimi ento previo, expreso y escrito del titular del derecho, por tal motivo, considera se debió declarar la nulidad del acto administrativo demandado.

21. Añadió que las decisiones judiciales deben ceñirse a lo probado dentro del proceso y no en el conocimiento privado o extraprocesal del juez, y en este caso no se incorporó la providencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral

21. Añadió que las decisiones judiciales deben ceñirse a lo probado dentro del proceso y no en el conocimiento privado o extraprocesal del juez, y en este caso no se incorporó la providencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó que motivó la decisión del A quo. Sostiene que el Decreto No. 300 del 23 de noviembre de 2023 a través del cual se mod ificó la planta de personal el Municipio de El Litoral del San Juan y se creó el cargo que ocupaba la demandante no ha sido nulitado y derogado, además de conformidad con el numeral 7° del artículo 315 de la Constitución Nacional el Alcalde no requería de facultades

del Concejo Municipal.

22. Considera que el Acuerdo 011 del 23 de mayo de 2023 no es la fuente de su vinculación, adici onalmente afirma que no existe constancia de que la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó se encuentre ejecutoriada.

23. Manifestó que, los decretos reglamentarios a los que alude el inciso 2° del artículo 189 de la Ley 1437 de 2011 son actos administrativos de carácter general, razón por la cual no es aplicable al caso concreto.

III. CONSIDERACIONESNulidad y restableciomiento del derecho

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24. Revisado el expediente, se observa que en el desarrollo de las etapas procesales no existen vicios procesales que acarren nulidad del proceso o impidan proferir decisión, por ello, se procede a resolver la apelación presentada.

Problema jurídico de instancia

25. De conformidad con lo previsto en el inciso primero del artículo 328 del Código General del Proceso, esta Sala deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por la parte apelante, razón por la cual, el problema jurídico a resolver se circunscribe en determinar: si el Decreto No. 061 de 2024 mediante el cual el Municipio de El Litoral del San Juan dio por terminado el nombramiento en provisionalidad de la señora Mabel López Hurtado en el cargo de Técnico Administrativo – Oficina de la Mujer, Equidad y Género, Código 367, Grado 03, se encuentra o no ajustado a derecho y si como consecuencia de ello, es procedente o no ordenar el reintegro de la misma a un cargo de igual o de superior categoría, así como el pago de los salarios y demás prestaciones sociales dejadas de percibir desde su desvinculación del servicio hasta cuando se produzca su reintegro?.

26. Conforme lo anterior, deberá establecerse si la sentencia de primera instancia debe ser confirmada, o si, por el contrario, en línea con los argumentos expuestos

desde su desvinculación del servicio hasta cuando se produzca su reintegro?.

26. Conforme lo anterior, deberá establecerse si la sentencia de primera instancia debe ser confirmada, o si, por el contrario, en línea con los argumentos expuestos en el recurso de apelación interpuesto por la parte demanda nte, debe ser revocada?.

Tesis de la Sala

27. La Sala confirmará la decisión de primera instancia a tra vés de la cual el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó negó las súplicas de la demanda, por cuanto no se demostró la existencia de una situación jurídica consolidada que permita inaplicar los efectos “ex tunc.” como quiera que cuando se profirió el fallo que nulitó el Acuerdo, también se debatía en esta jurisdicción la legalidad del acto administrativo que declaró insubsistente el nombramiento de l a actora, en tal sentido, es dable concluir que los efectos de la nulidad sí se extendieron a los actos particulares emitidos por la entidad demandada respecto de aquella.

28. Lo anterior, revela a la Sala del estudio sobre la legalidad del acto acusado, pues se considera que desapareció del espectro jurídico el acto de nombramiento y el que declaró insubsistente a la actora con declaratoria de nulidad del referido Acuerdo.

El marco normativo de la carrera administrativa, el nombramiento en provisionalidad y la motivación de los actos administrativos de su terminación.

29. La Constitución Política de Colombia en su artículo 125 dispuso que, los

empleos públicos por regla gene ral son de carrera 2, salvo aquellos que deban

provisionalidad y la motivación de los actos administrativos de su terminación.

29. La Constitución Política de Colombia en su artículo 125 dispuso que, los

empleos públicos por regla gene ral son de carrera 2, salvo aquellos que deban

2 Definido por el artículo 27 de la Ley 909 del 2004, así “Carrera Administrativa. La carrera administrativa es un sistema técnico de admi nistración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer; estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio público. Para alcanzar este objetivo, el ingreso y la permanencia en los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, mediante procesos de selección en los que se garantice la transparencia y la objetividad, sin discriminación alguna ”.Nulidad y restableciomiento del derecho

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proveerse por elección popular, libre nombramiento y remoción, trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.

30. Por su parte, la Ley 909 de 2004 prevé que, los empleos de carrera administrativa se proveen mediante nombramiento en período de prueba o en ascenso con las personas que hayan sido seleccionadas por el sistema de mérito3,

es decir, que el ingreso, el ascenso y la permanencia en los empleos de carrera

administrativa se proveen mediante nombramiento en período de prueba o en ascenso con las personas que hayan sido seleccionadas por el sistema de mérito3, es decir, que el ingreso, el ascenso y la permanencia en los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, mediante procesos de selección abiertos para todas las personas que acrediten los requisitos para su desempeño, garantizando la transparencia y la objetividad, sin discriminación alguna.

31. No obstante, cabe precisar que las entidades del Estado por necesidad del

servicio pueden proveer los empleos de carrera administrativa en forma transitoria, en cuyo caso, deben aplicar el procedimiento señalado en el Artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el Artículo 1º de la Ley 1960 de 2019, que consagra el derecho preferencial de los empleados de carrera por la vacancia temporal o definitiva de un empleo de esta naturaleza; en el evento que no exista personal de carrera para ser encargado, la administración podrá efectuar nombramientos provisionales con personal no seleccionado por concurso.

32. Al respecto, la Corte Constitucional ha puntualizado, que ante la vacancia en un empleo público las autoridades tienen la obligación de implementar los trámites para suplirlas a la mayor brevedad en los términos exigidos por la Carta Política. No obstante, como el procedimiento para la provisión definitiva puede tomar un tiempo

(prudencial), el Legislador ha autorizado, como medida transitoria y por supuesto excepcional, la vinculación mediante nombramiento en provisionalidad4.

33. Tal forma de vinculación ha sido concebida como un mecanismo excepcional y transitorio para atender las necesidades del servicio, cuyo objetivo es asegurar el

excepcional, la vinculación mediante nombramiento en provisionalidad4.

33. Tal forma de vinculación ha sido concebida como un mecanismo excepcional y transitorio para atender las necesidades del servicio, cuyo objetivo es asegurar el cumplimiento de los principios de eficiencia y celeridad evitando la paralización de las funciones públicas mientras se surten los procedimientos ordinarios para suplir una vacancia definitiva o temporal, mientras éstos se proveen en propiedad atendiendo a las formalidades de ley o cesa la situación administrativa que originó la vacancia temporal 5, sin embargo, ello no exime a las autoridades nominadoras de la obligación de verificar el cumplimiento de los requisitos del cargo6.

34. Ahora bien, en cuanto al retiro de los empleados nombrados en provisionalidad, el Decreto 1083 de 2015 en su artículo 2.2.5.3.4, estableció que “antes de cumplirse el término de duración del encargo, de la prórroga o del nombramiento provisional, el nominador, por resolución motivada, podrá darlos por terminados”.

35. En cuanto a la motivación del acto administrativo de retiro del servicio, el artículo 10 del Decreto 1227 de 20057 previó que debe ser coherente con la función pública

3 Definido por el artículo 29 de la Ley ídem, así: «Concursos. Los concursos para el ingreso y el ascenso a los empleos públicos de carrera administrativa serán abiertos para todas las personas que acrediten los requisitos exigidos para su desempeño». 4 En las normas generales que han reconocido la provisionalidad como forma de provisión de empleos se destacan el artículo

públicos de carrera administrativa serán abiertos para todas las personas que acrediten los requisitos exigidos para su desempeño». 4 En las normas generales que han reconocido la provisionalidad como forma de provisión de empleos se destacan el artículo 5º del Decreto Ley 2400 de 1968, el artículo 4º de la Ley 61 de 1987, el artículo 10 de la Ley 27 de 1992, el artículo 8º de la Ley 443 de 1998, así como la Ley 909 de 2004. 5 Corte Constitucional, Sentencia T-1206 de 2004. 6 Corte Constitucional, Sentencia C -793 de 2002. 7 “Artículo 10. Antes de cumplirse el término de duración del encargo, de la prórroga o del nombramiento provisional, el nominador, por resolución motivada, podrá darlos por terminados ”.Nulidad y restableciomiento del derecho

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en el ámbito del Estado Social de Derecho, depende de las reglas generales establecidas por vía jurisprudencial y debe responder al principio de razón suficiente.

36. Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional 8 ha sostenido que los

empleados públicos que desempeñan en provisionalidad cargos de carrera, gozan

suficiente.

36. Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional 8 ha sostenido que los

empleados públicos que desempeñan en provisionalidad cargos de carrera, gozan de una estabilidad laboral relativa o intermedia, que implica, que el acto administrativo por medio del cual se efectúe su desvinculación debe estar motivado, es decir, contener las razones de la decisión, lo cual constituye una garantía mínima derivada, entre otros, del derecho fundamental al debido proceso y del principio de publicidad.

37. En efecto, en sentencia SU 917 de 2010 es a Corporación, en síntesis sostuvo, que el acto de retiro no solo debe ser motivado, sino que ha de cumplir ciertas exigencias mínimas respecto de su contenido material, esto es, que en la motivación se especifiquen las circunstancias particulares y concre tas de hecho y de derecho por las cuales se prescinde de los servicios del empleado, de modo que aquel cuente con elementos de juicio necesarios para controvertir la decisión de la administración, tanto en sede gubernativa como ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

38. De igual manera, consideró que constitucionalmente la desvinculación de una

persona nombrada provisionalmente en un cargo de carrera solo procede por: (i) la provisión definitiva del cargo por haberse realizado el respectiv o concurso de méritos; (ii) la imposición de sanciones disciplinarias; (iii) la calificación insatisfactoria u (iv) otra razón específica atinente al servicio que está prestando y debería prestar el funcionario concreto.

39. En esa misma línea, dicha Corporación en sentencia T -507 de 2010, expuso que, si bien el nominador cuenta con cierto grado de discrecionalidad, esta no puede

debería prestar el funcionario concreto.

39. En esa misma línea, dicha Corporación en sentencia T -507 de 2010, expuso que, si bien el nominador cuenta con cierto grado de discrecionalidad, esta no puede convertirse en arbitrariedad, así, la discrecionalidad del nominador está circunscrita a atender razones de interés general atinentes al servicio prestado por el funcionario habida cuenta de sus responsabilidades en la entidad.

40. De lo expuesto, es claro para la Sala que los servidores públicos que ocupan en

provisionalidad un cargo de carrera gozan de una estabilidad laboral relativa, lo que implica que únicamente pueden ser removidos por causas legales que obran como razones objetivas que deben expresarse claramente en el acto de desvinculación, dentro de las que se encuentra la provisión del cargo que ocupaban, con una persona de la lista de elegibles conformada previo concurso de méritos. En esta hipótesis, la estabilidad laboral relativa de las personas vinculadas en provisionalidad cede frente al mejor derecho de quienes superaron el respec tivo concurso.

41. En este punto, debe hacerse claridad, que la obligación de motivar de forma suficiente los actos administrativos de retiro del servicio de los empleados públicos en provisionalidad, en modo alguno equipara a tales funcionarios con aquel los de

carrera administrativa, pues tal interpretación no corresponde al espíritu de la Constitución Política de 1991 en materia de función pública.

8 Sentencia T-800 de 1998 (MP Vladimiro Naranjo Mesa). Pueden consultarse también las sentencias T -289 de 2011 (MP

Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y T-462 de 2011 (MP Juan Carlos Henao Pérez).Nulidad y restableciomiento del derecho

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42. En relación con lo anterior, el máximo Tribunal constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que a quella obligación, es una manifestación y/o garantía de la estabilidad intermedia o relativa que tienen los nombramientos en provisionalidad.

Por consiguiente, se itera, que, en cualquier caso, es deber del nominador motivar el acto administrativo de retiro del funcionario en provisionalidad9.

43. Resulta diáfano que, con la entrada en vigencia de la Ley 909 de 2004, encontró sustento normativo el argumento según el cual, los actos administrativos de retiro de un funcionario que desempeñe un cargo público en provisionalidad deben ser motivados, por cuanto, reitera la Corte, que el parágrafo segundo del artículo 41 ibidem consagra que "es reglada la competencia para el retiro de los empleos de

carrera de conformidad con las causales consagradas por la Constitución Política y la ley y deberá efectuarse mediante acto motivado".

44. En virtud del principio de razón suficiente, en criterio de la Corte Constitucional, en ese acto administrativo " deben constar las circunstancias particulares y

la ley y deberá efectuarse mediante acto motivado".

44. En virtud del principio de razón suficiente, en criterio de la Corte Constitucional, en ese acto administrativo " deben constar las circunstancias particulares y concretas, de hecho y de derecho, por las cuales se decide re mover a un determinado funcionario, de manera que no resultan válidas aquellas justificaciones indefinidas, generales y abstractas, que no se predican directamente de quien es desvinculado10”.

45. De acuerdo con lo anterior, el acto administrativo que desvincula al empleado

público nombrado en provisionalidad en un cargo de carrera, no solo debe explicar de manera clara, detallada y precisa las razones por las cuales se prescindirá de los servicios del funcionario en cuestión, sino que también, se debe tener en cuenta que sólo es admisible la motivación que invoque argumentos como la provisión definitiva del cargo por haberse realizado el concurso de méritos respectivo, la