TA COR - Sentencia 23001333300520260028001-(02-09-2026)

SIGCMA

TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

SALA CUARTA DE DECISIÓN

Magistrado Ponente: Dr. Ronald Castellar Arrieta

Montería, dos (02) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

IMPUGNACIÓN DE TUTELA

Acción: Tutela Expediente: 23001333300520260028001

Accionantes: Diana Mercedes Ospino Bárcenas, en calidad de persona de apoyo de la señora Natalia Sofia Cordero Ospino, y representante del menor

N.F.C.O.

Accionados: Secretaría de Planeación Municipal - Secretaría de Salud MunicipalSecretaría de Infraestructura - Municipio de Montería, Inspección Primera de Policía de Montería, Inspección de Policía Especializada en Asuntos Urbanos, Oficina de Gestión del Riesgo de Montería y

Perpos Constructores S.A.S.

Vinculados: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Curaduría Segunda

Urbana de Montería

Decisión: Confirma sentencia

Se procede a decidir sobre la impugnación interpuesta por el doctor Albeiro del Cristo Berrocal Pérez, en calidad de Inspector Primero Urbano de Policía (E) de Montería, contra el fallo de tutela de fecha veintisiete (27) de julio del dos mil veintiséis (2026), proferido por el Juzgado Quinto Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Montería.

I. ANTECEDENTES

1. LA SOLICITUD

1.1. Hechos1

A) La señora Diana Mercedes Ospino Bárcenas, madre de Natalia Sofía Cordero Ospino, de 21 años, discapacitada y con diversas condiciones neurológicas, y madre del menor

1.1. Hechos1

A) La señora Diana Mercedes Ospino Bárcenas, madre de Natalia Sofía Cordero Ospino, de 21 años, discapacitada y con diversas condiciones neurológicas, y madre del menor N.F.C.O, quien presenta alergias respiratorias, manifiesta que la construcción del edificio Mumbai, ejecutada por Perpos Constructores S.A.S. en el predio contiguo a su vivienda, ha generado graves daños materiales en el inmueble, lo que incrementa el riesgo y la gravedad de la situación para la seguridad e integridad física de sus hijos, especialmente por sus condiciones particulares.

1 Ver archivo “01Demanda.pdf” del Expediente DigitalImpugnación Acción de Tutela Expediente: 2300133330520260028001

B) Afirma que ha informado verbal y reiteradamente a los encargados de la obra sobre las afectaciones y daños estructurales, sin obtener respuesta ni reparación . Aunado a ello, la constructora omitió socializar el proyecto y no levantó actas de vecindad. Con ocasión a lo anterior, el 5 de noviembre de 2025 presentó formalmente un informe sobre su inconformidad, detallando los daños sufridos en la vivienda, pero tampoco recibió una respuesta. Por ende, el 25 de febrero de 2026 radicó ante la Secretaría de Planeación Municipal de Montería una solicitud de medida preventiva urgente por peligro inminente y una queja formal por los daños ocasionados a su vivienda con la obra de la Constructora Perpos. En consecuencia, fue practicada una visita al predio y a la construcción , se establecieron unos compromisos por parte de la constructora y se verificaron las afectaciones.

Perpos. En consecuencia, fue practicada una visita al predio y a la construcción , se establecieron unos compromisos por parte de la constructora y se verificaron las afectaciones.

C) Refiere que el secretario de planeación municipal , mediante oficio S.P.M. No 0530 de fecha 09 de marzo de 2026, entre otras cosas, le informó que no es competente para imponer medidas preventivas , ordenar la suspensión de obras, o imponer medidas correctivas en materia urbanística , sino e l Inspector Especializado en Urbanismo ; y en cuanto a las presuntas afectaciones o perturbaciones a la propiedad, lo es la Inspección Primera Urbana de Policía.

D) Manifiesta que el 11 de marzo de 2026 radicó solicitud urgente de intervención por riesgo a la seguridad y daños a propiedad por obra en construc ción y solicitud de medida preventiva urgente por peligro inminente, siendo avocada la querella policiva el 17 de marzo por la Inspección Primera Urbana de Policía, por presuntos comportamientos contrarios a la posesión y mera tenencia de bienes inmuebles. También acudió a la Inspección de Policía en Asuntos Urbanos , donde le confirmaron que habían recibido la solicitud del caso sin adelantar ninguna actuación, razón por la cual se dirigió a la Personería Municipal de Montería, única entidad que adelantó las gestiones pertinentes.

E) C onsidera qu e las autoridades involucradas no han adoptado medidas efectivas y oportunas para atender de fondo la problemática y el riesgo que enfrenta su familia y su vivienda, generando un estado de desprotección prolongado en el tiempo, mientras la construcción avanza. Por último, afirma que la situación descrita ha afectado gravemente

oportunas para atender de fondo la problemática y el riesgo que enfrenta su familia y su vivienda, generando un estado de desprotección prolongado en el tiempo, mientras la construcción avanza. Por último, afirma que la situación descrita ha afectado gravemente la tranquilidad, salud mental y el derecho a disfrutar dignamente de la vivienda por parte de su familia, sintiéndose presos en su propio hogar, con miedo constante por las condiciones en que se desarrolla la construcción, sin poder utilizar libremente el patio de la casa; su hijo ha desarrollado una fuerte alergia a causa del polvo y las condiciones generadas por la obra; su hija en condición de discapacidad vive en permanente estado de temor y ansiedad; y su hogar se ha convertido en un espacio de angustia, inseguridad y sufrimiento.

1.2. Pretensiones 2

A) La señora Diana Mercedes Ospino Bárcenas solicita el amparo de los derechos fundamentales a la vida, integridad personal, salud y vivienda digna de sus hijos Natalia Sofía Cordero Ospino y N.F.C.O.

2 Ver archivo “01Demanda.pdf” del Expediente DigitalImpugnación Acción de Tutela Expediente: 2300133330520260028001

B) En consecuencia, para hacer efectivo el amparo:

• Se ordene a Perpos C onstructores S.A.S. adoptar inmediata mente medidas preventivas y de seguridad. - Se ordene a las entidades correspondientes realizar una inspección técnica sobre las afectaciones, ejecutar las obras civiles, estructurales y de reparación. - Se ordene a la Oficina de Gestión del Riesgo de Montería que realice una inspección ocular urgente y emita un informe de vulnerabilidad estructural y habitabilidad, determinando las medidas de mitigación del riesgo.

• Se ordene a la Oficina de Gestión del Riesgo de Montería que realice una inspección ocular urgente y emita un informe de vulnerabilidad estructural y habitabilidad, determinando las medidas de mitigación del riesgo. - Se ordene a la Inspecci ón de Policía Urbana de Montería y a la Inspección Especializada en Asuntos Urbanos que impulsen y resuelvan las acciones policivas y, de ser procedente, suspendan la obra. - Se ordene a la Alcaldía de Montería – Secretaría de Planeación Municipal que realice una auditoría técnica a la licencia de construcción y a la ejecución de la obra desarrollada por la firma Perpos Constructores S.A.S., adoptando las medidas preventivas necesarias. - Se ordene al ICBF que brinde acompañamiento para garantizar y restablecer los derechos del menor N.F.C.O., especialmente su derecho a la salud.

2. CONTESTACIÓN

2.1. Inspección Primera Urbana de Policía de Montería3

Aceptó como cierto que la accionante presentó el 11 de marzo de 2026 solicitud de intervención, manifestando haber actuado diligentemente al avocar conocimiento de la querella policiva el 17 de marzo y requerir el acompañamiento de la Secretaría de Planeación para realizar una visita técnica en ambos predios , con el fin de generar un informe especializado como insumo indispensable para la decisión . Informó que la actuación policiva continúa en trámite y se programó inspección ocular con acompañamiento técnico para el 18 de agosto de 2026. Por ello, solicitó su desvinculación de la tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva y, subsidiariamente, se declare su improcedencia.

2.2. Oficina de Gestión del Río y Atención del Riesgo de Desastres de Montería4

de la tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva y, subsidiariamente, se declare su improcedencia.

2.2. Oficina de Gestión del Río y Atención del Riesgo de Desastres de Montería4

Señala que solo puede analizar la información disponible, identificar condiciones que puedan representar peligro, exposición o vulnerabilidad, emitir un concepto preventivo sobre las condiciones observadas y recomendar medidas de reducción y articulación institucional, en el marco de la Ley 1523 de 2012 . Respecto al caso concreto, advirtió que existen hallazgos técnicos relacionados con el aislamiento y lo contemplado en la licencia de construcción, sin embargo, el incumplimiento reportado no prueba por sí mismo que los elementos observados en la vivienda provengan de la obra ni establece la relación causal de cada daño denunciado. Además, si bien el registro fotográfico anexado constituye un

3 Ver archivo “07ContestacionTutela.pdf” del Expediente Digital 4 Ver archivo “08ContestacionTutela.pdf” del Expediente Digital.Impugnación Acción de Tutela Expediente: 2300133330520260028001

indicio compatible con la posible caída o dispersión de materiales en la vivienda, se requiere de inspección técnica, trazabilidad o peritaje.

Por otro lado, indicó que la presencia de un menor de edad y una persona con discapacidad intelectual representan factores de mayor vulnerabilidad, pero no sustituyen la necesidad de demostrar la existencia y características del peligro, aunque sí obliga a que cualquier condición insegura sea valorada con mayor diligencia. En ese sentido, precisó que los documentos examinados no permiten establecer la magnitud de dicho peligro ni afirmar una

de demostrar la existencia y características del peligro, aunque sí obliga a que cualquier condición insegura sea valorada con mayor diligencia. En ese sentido, precisó que los documentos examinados no permiten establecer la magnitud de dicho peligro ni afirmar una condición de inestabilidad estructural o colapso grave e inminente, pues no obra una evaluación técnica. Sin embargo, recomendó realizar una verificación técnica priori taria y consideró pertinente una serie de medi das preventivas en zonas puntuales donde se identifiquen condiciones inseguras.

2.3. Inspección de Policía Especializada en Urbanismo de Montería5

Afirma que adelantó las actuaciones administrativas correspondientes, entre ellas la visita de inspección el 27 de abril de 2026 al proyecto "MUMBAI", el análisis de la licencia urbanística, su confrontación con el POT y el Decreto Municipal No. 0541 de 2022, así como la elaboración del informe técnico IT-IPEU-0023 del 14 de julio de 2026. Luego, no existe inactividad ni ha desconocido los derechos invocados por la accionante, por el contrario, ha desarrollado las actuac iones necesarias para verificar la posible existencia de comportamientos contrarios a la integridad urbanística.

Agrega que requirió a la Secretaría de Planeación Municipal, mediante Oficio No. I.P .E.U.- 0226 del 15 de mayo de 2026, para la validación de la edificabilidad y de la licencia de construcción en la modalidad de obra nueva, y, de esta forma, emitiera un pronunciamiento técnico ante una aparente contradicción entre las disposiciones de la Unidad de Planeamiento de Desarrollo No. 803 y la licencia urbanística , pero no ha respondido el

técnico ante una aparente contradicción entre las disposiciones de la Unidad de Planeamiento de Desarrollo No. 803 y la licencia urbanística , pero no ha respondido el requerimiento. Sin embargo, dada la paralización de la actuación, continuará con el proceso partiendo del supuesto que la conducta consiste en el presunto incumplimiento de las condiciones establecida s en la licencia urbanística otorgada . E n todo caso, ordenó la práctica de una visita técnica al inmueble y, mediante Oficio No. IT-IPEU-0023-2026 del 14 de julio de 2026, se presentó el informe técnico con base en el cual quedó plenamente determinado el marco normativo, el cual constituye el so porte para adoptar las decisiones administrativas que correspondan . Finalmente, argumenta que la acción de tutela no constituye el mecanismo idóneo para sustituir procedimientos administrativos en cur so, investigaciones urbanísticas, procesos policivos o controversias de naturaleza civil , además, involucra diversas autoridades administrativas, cada una con competencias claramente definidas.

2.4. Secretaría de Salud Municipal de Montería6

5Ver archivo “09ContestacionTutela.pdf” del Expediente Digital. 6 Ver archivo “10ContestacionTutela.pdf” del Expediente Digital.Impugnación Acción de Tutela Expediente: 2300133330520260028001

Argumenta su falta de competencia legal para atender las reclamaciones de la actora , atribuyendo dichas funciones a la Secretaría de Planeación Municipal, la Inspección de Policía Especializada en Urbanismo, la Oficina de Gestión del Riesgo, las Curadurías Urbanas y las demás autoridades competentes. Considera que no existe prueba de omisión

atribuyendo dichas funciones a la Secretaría de Planeación Municipal, la Inspección de Policía Especializada en Urbanismo, la Oficina de Gestión del Riesgo, las Curadurías Urbanas y las demás autoridades competentes. Considera que no existe prueba de omisión alguna dentro de su ámbito funcional y, a unque reconoce la protección constitucional especial de las personas vulnerables involucradas, mostrándose dispuesta a cooperar bajo el principio de coordinación ante un riesgo estrictamente sanitario, insiste en que las pretensiones de la tutela exceden por completo sus facultades.

2.5. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF7

Invoca la falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que no participó en los hechos narrados, no emitió acto administrativo alguno relacionado con el proyecto urbanístico cuestionado, no ostenta funciones de inspección, vigilancia y control urbanístico, ni tiene competencia legal para ordenar la suspensión de obras, efectuar peritajes estructurales, evaluar riesgos constructivos o adoptar medidas de policía urbanística . A su juicio, si bien el ICBF comparte el interés institucional de promover la garantía de los d erechos de los integrantes del núcleo familiar de la accionante, especialmente de quienes son sujetos de especial protección, la materialización de las medidas requeridas no depende de las actuaciones de su representada. Por último, manifestó su plena disposición para intervenir bajo sus competencias legales , en caso de amenaza o vulneración a los derechos del menor de edad involucrado.

2.6. Secretaría de Infraestructura Municipal de Montería8

Señala que no es responsable de vulneración o amenaza a derechos fundamentales de la accionante e invoca la falta de legitimación en la causa por pasiva. Afirma que las

2.6. Secretaría de Infraestructura Municipal de Montería8

Señala que no es responsable de vulneración o amenaza a derechos fundamentales de la accionante e invoca la falta de legitimación en la causa por pasiva. Afirma que las pretensiones de la acción constitucional se relacionan con presuntas afectaciones derivadas de la ejecución de una obra privada de construcción denominada edificio Mumbai, y solicitudes de inspección técnica, control urbanístico, adopción de medidas preventivas, suspensión de obras, evaluación de riesgos estru cturales y actuaciones policivas frente a posibles afectaciones a inmuebles colindantes , materias que no hacen parte de sus funciones. Además, no ha recibido petición, requerimiento o actuación administrativa relacionada con los hechos, ni ha intervenido en el otorgamiento de licencias, supervisión o control de la obra. Finalmente, sostiene que las actuaciones referidas a temas urbanísticos corresponden a la Secretaría de Planeación Municipal y a la Inspección de Policía Especializada en Asuntos Urbanísticos; los asuntos sobre perturbación a la posesión, daños a inmuebles y conflictos de convivencia a las Inspecciones de Policía; y la evaluación de condiciones de amenaza o riesgo a la Oficina de Gestión del Riesgo.

2.7. Curaduría Segunda Urbana de Montería9

7 Ver archivo “11ContestacionTutela.pdf” del Expediente Digital. 8 Ver archivo “12ContestacionTutela.pdf” del Expediente Digital. 9 Ver archivo “17ContestaciónTutelaCuraduria.pdf” del Expediente DigitalImpugnación Acción de Tutela Expediente: 2300133330520260028001

Precisó que su órbita de competencia legal se agota estrictamente en la evaluación, trámite

Expediente: 2300133330520260028001

Precisó que su órbita de competencia legal se agota estrictamente en la evaluación, trámite y expedición de las licencias urbanísticas. En contraste, las funciones de vigilancia y control sobre la ejecución de las obras, la verificación de que estas se ajusten a las licencias otorgadas y la imposición de medidas correctivas o sanciones por infracciones urbanísticas recaen exclusivamente sobre los alcaldes municipales y los inspectores de policía. Solicita su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que no ha incurrido en ninguna acción u omisión lesiva de los derechos fundamentales.

3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA10

Mediante sentencia del 27 de julio de 2026, el Juzgado Quinto Administrativo Mixto del Circuito Judicial de Montería amparó los derechos fundamentales a la vivienda digna en su componente de habitabilidad, a la integridad personal y a la vida digna de Diana Mercedes Ospino Bárcenas, Natalia Sofía Cordero Ospino y el menor N .F.C.O. En consecuencia, ordenó a Perpos Constructores S.A.S. que, dentro de las 48 horas siguientes, implementara medidas preventivas y de seguridad para evitar riesgos a los ocupantes del inmueble como resultado de la construcción del Edificio Mumbai. Asimismo, ordenó : (i) a la Inspección Primera Urbana de Policía realizar, dentro de los 5 días siguientes, inspección ocular correspondiente a la querella No. 033 de 2026 y, dentro de los 10 días posteriores, adoptar las decisiones preventivas procedentes; (ii) a la Secretaría de Planeación Municipal emitir, en un plazo de 5 días, el concepto técnico solicitado por la Inspección Especializada en

las decisiones preventivas procedentes; (ii) a la Secretaría de Planeación Municipal emitir, en un plazo de 5 días, el concepto técnico solicitado por la Inspección Especializada en Urbanismo; (ii) a la Inspección Especializada en Urbanismo, una vez recibido dicho concepto, adelantar en un plazo razonable las actuaciones administrativas correspondientes. Por otro lado, declaró improcedente la acción de tutela en cuanto a la pretensión relacionada con ordenar una inspección técnica sobre las afectaciones ocasionadas al inmueble y ejecutar las obras civiles, estructurales y de reparación necesarias para corregir los daños ocasionados; negó las demás pretensiones formuladas.

Como sustento de su decisión, consideró que el asunto involucra a dos sujetos de especial protección constitucional, lo que impone a las autoridades y a los particulares demandados deberes reforzados de prevención, diligencia y protección de sus derechos fundamentales, por ende, el análisis de la vivienda digna debe efectuarse con especial rigurosidad cuando la amenaza recae s obre personas en situación de vulnerabilidad o debilidad manifiesta. Advirtió que distintas autoridades administrativas han considerado necesario adelantar actuaciones de verificación y control frente a los riesgos relatados. Precisó que lo relevante en materia de derechos fundamentales en este asunto es la existencia de una situación de incertidumbre y de riesgo respecto a la habitabilidad de la vivienda de los accionantes y, aunque la señora Diana Mercedes Ospino Bárcenas ha dado a conocer los hechos desde finales de 2025, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre la habitabilidad de la vivienda ni ha ejecutado u ordenado medidas de mitigación del riesgo. Concluyó que se vulneró el

finales de 2025, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre la habitabilidad de la vivienda ni ha ejecutado u ordenado medidas de mitigación del riesgo. Concluyó que se vulneró el derecho a la vivienda digna de los accionantes en su faceta de habitabilidad, debido a que las autoridades competentes han permitido que persista una situación objetiva de riesgo

10 Ver archivo “19SentenciaTutelapdf” del Expediente DigitalImpugnación Acción de Tutela Expediente: 2300133330520260028001

frente a las condiciones de seguridad de la vivienda, sin adoptar una respuesta suficiente y oportuna orientada a proteger eficazmente a sus ocupantes.

4. IMPUGNACIÓN11

La parte accionada Inspección Primera Urbana de Policía de Montería impugnó la sentencia de primera instancia. En síntesis, argumenta que no ha existido inactividad ni negligencia en el trámite de la querella No. 033 de 2026, pues antes de conocer el fallo ya había fijado la inspección ocular para el 18 de agosto de 2026, de acuerdo con una programación seria y notificada a las partes. Por tanto, retrotraer o adelantar dicha diligencia en un término perentorio de cinco (5) días altera la planificación del despacho y vulnera los derechos de las partes. Además, ese término es de imposible cumplimiento, debido a la falta de personal y recursos logísticos para atender un volumen procesal (10.193 procesos).

Sostiene que adelantar la diligencia afectaría gravemente el debido proceso. Además, la fijación previa de la fecha otorg ó a las partes el derecho a la certidumbre probatoria, la preparación de sus peritajes y la notificación a sus apoderados. Modificar dicha agenda

Sostiene que adelantar la diligencia afectaría gravemente el debido proceso. Además, la fijación previa de la fecha otorg ó a las partes el derecho a la certidumbre probatoria, la preparación de sus peritajes y la notificación a sus apoderados. Modificar dicha agenda acorta intempestivamente los términos de citación y puede derivar en futuras nulidades procedimentales dentro d el trámite policivo. Implicaría también la alteración de otras inspecciones oculares o en terreno, fijadas anteriormente para ciudadanos vulnerables de las otras 642 querellas en curso, constitu yendo una discriminación y alteración del turno procesal, vulnerando el principio de igualdad. Explicó que la inspección ocular programada no es solo una simple visita de constatación visual, sino que requiere una intervención técnica y el apoyo de la Policía Nacional para garantizar la seguridad.

Por lo anterior, solicita (i) revocar o modificar la orden contenida en el numeral tercero del fallo de tutela ; y (ii) modular y adecuar la mencionada orden judicial, en el sentido de convalidar la actuación de la administración y disponer que la práctica de la i nspección ocular se lleve a cabo el día 18 de agosto de 2026.

5. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA12

Por auto de 12 de agosto de 2026 se admitió la impugnación presentada por la parte accionada Inspección Primera Urbana de Policía de Montería contra el fallo de tutela de fecha 27 de junio de 2026 , proferido por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Montería, notificándose en debida forma a las partes y al señor Agente del Ministerio Público.

fecha 27 de junio de 2026 , proferido por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Montería, notificándose en debida forma a las partes y al señor Agente del Ministerio Público.

11 Ver archivo “22ImpugnacionTutelapdf” del Expediente Digital 12 Ver archivo C02SegundaInstancia “04AutoAdmite.pdf” del Expediente DigitalImpugnación Acción de Tutela Expediente: 2300133330520260028001

II. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

1. COMPETENCIA

El Tribunal Administrativo de Córdoba es competente para adelantar el trámite de la impugnación, por ser el superior funcional del despacho judicial que profirió la sentencia impugnada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

2. PROBLEMA JURÍDICO

En esta oportunidad, la Sala determinar á si la orden impuesta a la Inspección Primera Urbana de Policía de Montería constituye una medida necesaria, razonable y proporcional para la protección material y efectiva de los derechos fundamentales invocados por la accionante, o si, por el contrario, desconoce las condiciones operativas , logísticas y técnicas para su ejecución.

3. TESIS

La Sala confirmará la sentencia de primera instancia, dada la existencia de una amenaza real y actual que exige la actuación oportuna de las autoridades competentes, especialmente porque están involucrados sujetos de especial protección constitucional.

4. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona podrá reclamar

especialmente porque están involucrados sujetos de especial protección constitucional.

4. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona podrá reclamar ante los jueces, a través de un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando resulten vulnerados o amenazados por l a acción o la omisión de cualquier autoridad pública o incluso en los eventos en que su vulneración provenga de los particulares. Dispone la misma norma constitucional que la procedencia de esta acción está condicionada a que el afectado no disponga de otr o medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

De acuerdo con lo anterior, para la procedencia de la tutela la Corte ha determinado que debe estudiarse  (i) la legitimación en la causa por activa y por pasiva,  (ii) la inmediatez y (iii) la subsidiariedad.

El requisito de la legitimación en la causa por activa se encuentra plenamente acreditado, pues la señora Diana Mercedes Ospino Bárcenas , quien está judicialmente reconocida como persona de apoyo de su hija Natalia Sofia Cordero Ospino y ejerce la representación legal de su hijo menor N.F.C.O., procura obtener el amparo de los derechos fundamentales invocados, en su criterio, trasgredidos por Perpos Constructores S.A.S. con ocasión a los daños sufridos en su vivienda , presuntamente, a causa de la construcción del edificio Mumbai; y por la ausencia de respuesta oportuna por parte de las demás autoridades administrativas que han conocido el caso.Impugnación Acción de Tutela

daños sufridos en su vivienda , presuntamente, a causa de la construcción del edificio Mumbai; y por la ausencia de respuesta oportuna por parte de las demás autoridades administrativas que han conocido el caso.Impugnación Acción de Tutela Expediente: 2300133330520260028001

De igual forma, se encuentra n legitimados en la causa por pasiva la Secretaría de Planeación Municipal – Secretaría de Salud Municipal – Secretaría de Infraestructura – Municipio de Montería, Inspección Primera de Policía, Inspección de Policía Especializada en Asuntos Urbanos, Oficina de Gestión del Riesgo de Montería y Perpos Constructores S.A.S., toda vez que son las entidades llamadas a intervenir en la problemática planteada, en virtud de los hechos narrados y en el marco de sus funciones. También el ICBF y la Curaduría Segunda Urbana de Montería, por su eventual interés legítimo en el asunto.

En cuanto al requisito de la inmediatez, también se encuentra satisfecho, debido a que la acción de tutela fue presentada en un plazo razonable (09/07/2026), pues, aunque la afectación se predica desde noviembre del año 2025, la actora señala que se ha mantenido y agudizado con el tiempo, es decir, sigue siendo actual.

Finalmente, en cuanto al requisito de subsidiariedad, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 6, numeral 1, del decreto 2591 de 1991, la acción de tutela es un mecanismo de protección utilizado cuando se está ante una vulneración o amenaza de los derechos fundamentales, siempre y cuando no exista otro recurso o medio idóneo o eficaz que permita la protección de los derechos que se invocan. Sin embargo,

tutela es un mecanismo de protección utilizado cuando se está ante una vulneración o amenaza de los derechos fundamentales, siempre y cuando no exista otro recurso o medio idóneo o eficaz que permita la protección de los derechos que se invocan. Sin embargo, dicho estudio se torna f lexible cuando la protección involucra un sujeto de especial protección constitucional, como los menores de edad y las personas en situación de discapacidad. En cuanto a la vivienda digna, la jurisprudencia constitucional13 ha señalado que “el amparo del derecho a la vivienda por vía de tutela es procedente […] siempre que se formulen pretensiones relativas al respeto de derechos subjetivos previstos en el marco de desarrollos legales o reglamentarios”[32]. En todo caso, “la exigibilidad inmediata de esta garantía constitucional, así como su carácter fundamental deben ser valorados de acuerdo con las circunstancias de cada caso concreto”[33]…”

En el asunto están involucrados una persona en situación de discapacidad intelectual debidamente certificada14, con adjudicación judicial de una persona de apoyo15, y un menor de 15 años16, sujetos de especial protección constitucional, quienes ameritan un trato preferencial y diferenciado por su vulnerabilidad y situación de riesgo en la seguridad y habitabilidad de la vivienda donde residen, presuntamente, por afectaciones causadas por la construcción de una obra civil aledaña (Edificio M umbai). De este modo, aunque se encuentra en curso una querella policiva y un procedimiento administrativo por una presunta infracción urbanística, que pueden dar lugar a sanciones de diferente índole, el caso planteado tiene relevancia constitucional, por cuanto se trata no solo de proteger su derecho

encuentra en curso una querella policiva y un procedimiento administrativo por una presunta infracción urbanística, que pueden dar lugar a sanciones de diferente índole, el caso planteado tiene relevancia constitucional, por cuanto se trata no solo de proteger su derecho a una vivienda digna, sino también su integridad pe