TA COR - Sentencia 23001333300920260029401-(03-09-2026)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA

SALA QUINTA DE DECISIÓN

Magistrado Ponente: Eduardo Javier Torralvo Negrete

Montería, tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

FALLO SEGUNDA INSTANCIA

Asunto: Acción de Tutela Radicación: 23001333300920260029401

Accionante(s): Naciris Tatiana Martínez Simanca Accionado(s):

Contraloría General de la República y Universidad de Antioquia Vinculados: Aspirantes al cargo de Coordinador de Gestión Grado 02, Nivel Ejecutivo, con registro nro. 592077, de la Convocatoria 403-25 -Sede Córdoba del Concurso de Méritos de la Contraloría General de la República

I. OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir sobre la impugnación presentada por la parte accionante en contra de la Sente ncia de Primera instancia proferida el 3 de agosto de 2026, por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Montería, mediante la cual se declaró improcedente la presente acción constitucional.

II. ANTECEDENTES

a). Hechos1. En el libelo de tutela, se narran los siguientes hechos:

La señora Naciris Tatiana Martínez Simanca participó en el Concurso Público de Méritos CGR 2024-2026, Convocatoria nro. 403 -25, para proveer el empleo de Coordinador de Gestión, Grado 02, Nivel Ejecutivo, sede Córdoba, bajo el registro nro. 592077, el proceso es administrado por la Contraloría General de la República y operado técnicamente por l a

Gestión, Grado 02, Nivel Ejecutivo, sede Córdoba, bajo el registro nro. 592077, el proceso es administrado por la Contraloría General de la República y operado técnicamente por l a Universidad de Antioquia. Para dicho cargo, la competencia institucional denominada Aprendizaje Continuo exige un nivel de desarrollo avanzado, conforme al Diccionario de Competencias Comportamentales de la CGR y al Manual de Funciones de la convocatoria. Indicó que el 22 de marzo de 2026 presentó las pruebas escritas y que, mediante resultados publicados el 27 de abril siguiente, obtuvo una calificación de 88,333 sobre 100 en la Prueba de Competencias Comportamentales, además de superar el puntaje mínimo de la Prueba de Competencias Funcionales. Dentro del término establecido, presentó reclamación contra el resultado de la primera prueba y solicitó acceso al material, así como la revisión de las preguntas 93, 103, 107, 111 y 113. Luego de la jornada virtu al de acceso celebrada el 10 de mayo de 2026, complementó su reclamación el día 12 del mismo mes, en el que contrasto entre las opciones de respuesta, las claves utilizadas y las definiciones del Diccionario de Competencias. Señaló que, mediante la Resolución Ordinaria nro. ORD -81119-24892-2026 del 7 de julio de 2026, la Comisión de Personal de la Contraloría General de la República mantuvo su calificación de 88,333 puntos en la Prueba de Competencias Comportamentales, igualmente, modificó el resultado de la Prueba Funcional de 74,541 a 74,963, debido a la anulación del ítem 10 y a la asignación de su puntaje a todos los aspirantes , asimismo,

igualmente, modificó el resultado de la Prueba Funcional de 74,541 a 74,963, debido a la anulación del ítem 10 y a la asignación de su puntaje a todos los aspirantes , asimismo, contra esta decisión no procede recurso alguno, por lo que la actuación administrativa quedó agotada. Adujo que las claves aplicadas a las situaciones 111 y 113 contradicen las reglas de evaluación previstas en el Diccionario de Competencias Comportamentales. Respecto de la situación 111, sostuvo que la opción escogida por ella consistía en compartir con su equipo la utilidad y aplicación inmediata de determinadas herramientas de análisis, conducta que coincide con el comportamiento avanzado de compartir nuevos conocimientos con el equipo de trabajo. Sin embargo, la máxima puntuación fue asi gnada a la opción relacionada con acompañar a otros colegas en el uso futuro de dichas

1 PDF nro. 01 Cuaderno de primera instancia. Expediente digital.Asunto: Impugnación de fallo de tutela Rad: 23001333300920260029401 2

herramientas. En cuanto a la situación 113, afirmó que la creación de una guía permanente de interpretación normativa refleja de mejor manera la gestión y transferencia institucional del conocimiento que la opción calificada con el mayor puntaje, consistente únicamente en proponer un taller práctico entre colegas. Asimismo, manifestó que la resolución cuestionada no respondió de fondo los argumentos técnicos presentados e n el complemento de la reclamación, pues se limitó a reproducir justificaciones generales de las claves de respuesta, sin confrontar las diferencias entre equipo de trabajo y colegas, ni entre la creación de una guía permanente y la propuesta de

técnicos presentados e n el complemento de la reclamación, pues se limitó a reproducir justificaciones generales de las claves de respuesta, sin confrontar las diferencias entre equipo de trabajo y colegas, ni entre la creación de una guía permanente y la propuesta de un taller. En su criterio, tales inconsistencias no corresponden a una simple divergencia técnica, sino que pueden verificarse mediante la comparación directa entre el acto administrativo y el Diccionario de Competencias invocado como fundamento de la calificación. Por último, expuso que la corrección de las situaciones 111 y 113 incrementaría en dos puntos brutos su resultado en la Prueba de Competencias Comportamentales, la cual representa el 30% de la calificación total del concurso. Esto tendría incidencia directa en su puntaje ponderado y en su ubicación dentro del orden de mérito. Añadió que la lista de elegibles está prevista para diciembre de 2026 y que los nombramientos se efectuarán en estricto orden de mérito, de manera que la publicación de aquella y la pr ovisión de los cargos podrían tornar irreversible la afectación alegada. b). Petición2. En el escrito de tutela, se hicieron las siguientes peticiones:

• Que se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso al desempeño de funciones y cargos públicos, al mérito, a la igualdad y al principio de legalidad.

• Que se deje parcialmente sin efectos la Resolución Ordinaria nro. ORD -8111924892-2026 del 7 de julio de 2026, exclusivamente respecto de la decisión de mantener la calificación de las situaciones 111 y 113 de la Prueba de Competencias Comportamentales correspondiente al registro nro. 592077 de la Convocatoria 40325.

mantener la calificación de las situaciones 111 y 113 de la Prueba de Competencias Comportamentales correspondiente al registro nro. 592077 de la Convocatoria 40325.

• Que se ordene a la Comisión de Personal de la Contraloría General de la República y a la Universidad de Antioquia recalificar las situaciones 111 y 113, aplicando literalmente el Diccionario de Competencias Comportamentales de la CGR y asignando el mayor puntaje a las opciones A y B, respectivamente.

• Subsidiariamente, que se ordene a la Comisión de Pers onal de la Contraloría General de la República proferir una nueva decisión debidamente motivada, en la que confronte expresamente los argumentos expuestos en el complemento de la reclamación con las definiciones del Diccionario de Competencias y explique p or qué las respuestas calificadas como claves reflejan en mayor grado el nivel avanzado exigido para el cargo.

• Como consecuencia de lo anterior, que se ordene actualizar inmediatamente la calificación de la Prueba de Competencias Comportamentales y el pun taje total ponderado del registro nro. 592077, antes de la conformación de la lista de elegibles de la Convocatoria 403-25.

• Que las órdenes impartidas produzcan efectos exclusivamente respecto del registro nro. 592077 de la accionante, sin modificar las c alificaciones de los demás participantes del proceso de selección. c). Informes de las entidades accionadas y los vinculados

• Universidad de Antioquia3

La apoderada de la Universidad de Antioquia sostuvo que la intervención de esa institución en el Concurso Abierto de Méritos de la Contraloría General de la República 2024-2026 se

• Universidad de Antioquia3

La apoderada de la Universidad de Antioquia sostuvo que la intervención de esa institución en el Concurso Abierto de Méritos de la Contraloría General de la República 2024-2026 se limita a su condición de operador técnico, de acuerdo con el objeto, alcance y obligaciones pactadas en el Contrato Interadministrativo nro. CGR-815-2024 y su Anexo Técnico nro. 1. Precisó que corresponde a la Universidad diseñar, construir, validar, aplicar y calificar las

2 PDF nro.01 Cuaderno de primera instancia. Expediente digital. 3 PDF nro. 11 Cuaderno de primera instancia. Expediente digital.Asunto: Impugnación de fallo de tutela Rad: 23001333300920260029401 3

pruebas escritas, mientras que la Comisión de Personal de la Contraloría es la autoridad competente para resolver, en única instancia, las reclamaciones formuladas contra sus resultados. Indicó que la actora, inscrita con el registro nro. 592077 en la Convocatoria 403-25 para el empleo de Coordinador de Gestión , Grado 02, Nivel Ejecutivo, presentó las pruebas escritas el 22 de marzo de 2026, aprobó la prueba de competencias funcionales y obtuvo 88,333 puntos en la prueba de competencias comportamentales. Añadió que la aspirante ejerció oportunamente sus derechos de reclamación, acceso al material y complementación de sus argumentos, por lo que, a juicio de la entidad, le fueron garantizados plenamente el debido proceso, la defensa y la contradicción. Explicó que la prueba de competencias funcionales, de carácter eliminatorio, se calificó mediante un modelo estadístico de ajuste proporcional, según el desempeño de la

debido proceso, la defensa y la contradicción. Explicó que la prueba de competencias funcionales, de carácter eliminatorio, se calificó mediante un modelo estadístico de ajuste proporcional, según el desempeño de la población evaluada. Por su parte, la prueba de competencias comportamentales, de carácter clasificatorio, se calificó mediante puntuación directa, asignando a cada alternativa un valor de uno, dos o tres puntos, de acuerdo con el grado de ajuste de la conducta frente a la competencia evaluada, la puntuación resultante fue transformada a una escala de uno a cien. Manifestó que la Resolución Ordinaria nro. ORD-81119-24892-2026 del 7 de julio de 2026 se encuentra debidamente motivada y ajustada a las reglas técnicas del concurso. Señaló que el incremento de la calificación funcional de 74,541 a 74,963 obedeció exclusivamente a la imputación del ítem 10 a todos los aspirantes, debido a dificultades de visualización en el cuadernillo. En tal sentido, afirmó que ese supuesto es distinto de la inconformidad planteada respecto de las situaciones 111 y 113 de la prueba comportamental, razón por la cual no puede utilizarse como precedente para exigir su recalificación. Frente a las situaciones 111 y 113, la Universidad de Antioquia argumentó que las pruebas comportamentales no califican respuestas correctas o incorrectas, sino niveles de ajuste frente a la conducta esperada. Afirmó que las valoraciones asignadas a las op ciones de ambos ítems obedecieron a un análisis integral del contexto y al grado de desarrollo de las dimensiones «Hacer» y «Saber» de la competencia Aprendizaje Continuo en nivel

frente a la conducta esperada. Afirmó que las valoraciones asignadas a las op ciones de ambos ítems obedecieron a un análisis integral del contexto y al grado de desarrollo de las dimensiones «Hacer» y «Saber» de la competencia Aprendizaje Continuo en nivel avanzado. Por ello, consideró que la accionante efectuó una lectura aislada y estrictamente literal del Diccionario de Competencias Comportamentales, el cual constituye un referente conceptual para la construcción y evaluación de la prueba, pero no una tabla rígida de correspondencias textuales. Adujo que las solicitudes de actualización del puntaje y modificación del orden de mérito se apoyan en hipótesis carentes de sustento, pues la calificación comportamental no depende de la simple adición de puntos, sino de una fórmula estandarizada. Asimismo, señaló que el concurso aún no h abía culminado y se encontraba pendiente la etapa de análisis de antecedentes, por lo que no existía un orden de mérito consolidado ni se acreditaba un perjuicio irremediable. Agregó que modificar excepcionalmente la puntuación de una sola participante afectaría los principios de igualdad, mérito, objetividad, seguridad jurídica y preclusión de las etapas del concurso. Finalmente, sostuvo que la acción de tutela pretende reabrir una controversia de carácter técnico y académico ya resuelta mediante los meca nismos previstos en la convocatoria, convirtiendo al juez constitucional en una instancia adicional de calificación. En consecuencia, al no demostrarse vulneración de derechos fundamentales, indefensión ni perjuicio irremediable, solicitó declarar improced ente la acción de tutela o, en su defecto, negar las pretensiones formuladas por la accionante.

consecuencia, al no demostrarse vulneración de derechos fundamentales, indefensión ni perjuicio irremediable, solicitó declarar improced ente la acción de tutela o, en su defecto, negar las pretensiones formuladas por la accionante. • Contraloría General de la República

Guardó silencio durante la oportunidad procesal.

• Aspirantes al cargo de Coordinador de Gestión Grado 02, Nivel Ejecutivo, con registro nro. 592077, de la Convocatoria 403 -25 -Sede Córdoba del Concurso de Méritos de la Contraloría General de la República

Guardaron silencio en esta oportunidad.Asunto: Impugnación de fallo de tutela Rad: 23001333300920260029401 4

d). Fallo impugnado4

El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Montería, mediante fallo del 3 de agosto de 2026, declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, en ese sentido, i ndicó que la accionante participa en la Convocatoria 403-25 para proveer el cargo de Coordinador de Gestión, Grado 02, Nivel Ejecutivo, sede Córdoba, con registro nro. 592077, y que presentó reclamación contra los resultados de la Prueba de Competencias Comportamentales. Esta fue resuelta mediante la Resolución nro. ORD-81119-24892-2026 del 7 de julio de 2026, que mantuvo su calificación de 88,333 puntos en dicha prueba y estableció un puntaje de 74,963 en la Prueba de Competencias Funcionales. El a quo sostuvo que, contrario a lo afirmado por la actora, la entidad accionada sí emitió un pronunciamiento de fondo sobre la reclamación, pues expuso las razones técnicas y

estableció un puntaje de 74,963 en la Prueba de Competencias Funcionales. El a quo sostuvo que, contrario a lo afirmado por la actora, la entidad accionada sí emitió un pronunciamiento de fondo sobre la reclamación, pues expuso las razones técnicas y jurídicas que sustentaron la calificación de los ítems cuestionados. En ese sentido, precisó que la inconformidad de la accionante se originó en que la Contraloría General de la República no acogió sus argumentos, circunstancia que, por sí sola, no demuestra la ausencia de respuesta ni la vulneración de sus derechos fundamentales. Advirtió que la resolución cuestionada no definió definitivamente la situación jurídica de la accionante, dado que esta conserva el estado de aprobada y continúa participando en el concurso. Por consiguiente, la calificación reclamada constituye una actuación intermedia, cuyos efectos concretos solamente podrán establecerse cuando finalicen las etapas pendientes y se conforme la lista de elegibles. Hasta ese momento no es posible determinar si el puntaje impedirá su inclusión en dicha lista, afectará de manera decisiva su posición o frustrará un eventual nombramiento. De conformidad con la Sentencia SU -067 de 2022 de la Corte Constitucional, señaló que las irregularidades atribuidas a los actos preparatorios o de trámite deben controvertirse, por regla general, al d emandar el acto definitivo que concluya la actuación administrativa. Así, una vez expedida la lista de elegibles, la accionante podrá promover el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitar la recalificación de la prueba, la modificación de su puntaje y la correspondiente reubicación en la lista, así como pedir las medidas cautelares previstas en el CPACA.

de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitar la recalificación de la prueba, la modificación de su puntaje y la correspondiente reubicación en la lista, así como pedir las medidas cautelares previstas en el CPACA. Al hilo de lo anterior , concluyó que la accionante no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable, pues permanece acti va en el concurso y no demostró una afectación inminente, grave, urgente e impostergable. Aclaró que la futura expedición de la lista de elegibles no configura por sí sola un daño irreparable, ya que dicho acto podrá ser sometido al control de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por último, precisó que no corresponde al juez de tutela sustituir el criterio técnico de la Universidad de Antioquia o de la Comisión de Personal de la Contraloría General de la República, ni convertir el amparo cons titucional en una instancia adicional para revisar el contenido especializado de las pruebas. e). La impugnación5

Inconforme con el fallo de primera instancia, la accionante presentó impugnación, alegando que el despacho interpretó erróneamente la Sentencia SU -067 de 2022, pues dicha providencia admite excepcionalmente la tutela contra actos administrativos de trámite expedidos en concursos de méritos cuando la actuación no ha concluido, el acto define una situación sustancial que se proyecta en la decisión final y ocasiona una amenaza o vulneración real de derechos fundamentales. Sostuvo que estos presupuestos se cumplen, dado que el Concurso Público de Méritos de la Contraloría General de la República 2024 -2026 continúa en desarrollo y aún se encuentran pendientes la valoración de antecedentes y la conformación de la lista de

Sostuvo que estos presupuestos se cumplen, dado que el Concurso Público de Méritos de la Contraloría General de la República 2024 -2026 continúa en desarrollo y aún se encuentran pendientes la valoración de antecedentes y la conformación de la lista de elegibles. En consecuencia, la Resolución Ordinaria nro. ORD-81119-24892-2026 del 7 de julio de 2026 constituye un acto intermedio expedido dentro de una actuación administrativa inconclusa, circunstancia que, contrario a lo considerado por el juez de primera instancia, permite examinar la procedencia excepcional del amparo. Adujo que la referida resolución definió una situación especial y sustancial, pues mantuvo en 88,333 puntos su calificación en la Prueba de Competencias Comportamentales, resultado que será integrado al puntaje definitivo y d eterminará su ubicación en la lista de elegibles. Resaltó que la Convocatoria 403 -25 ofrece una sola vacante para el empleo de

4 PDF nro. 13 Cuaderno de primera instancia. Expediente digital. 5 PDF nro. 15 Cuaderno de primera instancia. Expediente digital.Asunto: Impugnación de fallo de tutela Rad: 23001333300920260029401 5

Coordinador de Gestión, Grado 02, Nivel Ejecutivo, sede Córdoba, por lo que cualquier diferencia en la puntuación puede resultar determinante para ocupar el primer lugar y acceder al cargo. De igual forma, afirmó que la convocatoria constituye la norma reguladora del concurso y vincula a la Administración, al operador técnico y a los participantes. En ese sentido, sostuvo que el Diccionario de Competencias Comportamentales de la Contraloría General

De igual forma, afirmó que la convocatoria constituye la norma reguladora del concurso y vincula a la Administración, al operador técnico y a los participantes. En ese sentido, sostuvo que el Diccionario de Competencias Comportamentales de la Contraloría General de la República, incorporado al marco normativo del proceso de selección, no constituye un documento meramente orientador, sino el parámetro obligatorio para evaluar las competencias exigidas para el empleo. Por ello, las autoridades no podían apartarse de sus definiciones al calificar la prueba o al resolver las reclamaciones. Respecto de la situación 111, reiteró que la opción A, seleccionada por ella, describía la conducta de compartir con su equipo la utilidad de determinadas herramientas y proponer su aplicación en los análisis en curso. A pesar de ello, recibió dos puntos, mientras que la opción B, referente al acompañamiento de colegas en futuros proyectos, obtuvo tres. Señaló que e sta valoración contradice el comportamiento avanzado de la dimensión «Hacer» invocado por las propias accionadas, el cual exige compartir nuevos conocimientos con el equipo de trabajo. En cuanto a la situación 113, alegó que la opción B, consistente en cr ear una guía de interpretación normativa, constituye una herramienta permanente, documentada y reutilizable para gestionar y transferir conocimiento dentro del área y de la entidad. Sin embargo, dicha alternativa recibió dos puntos, mientras que la opción C, relativa únicamente a proponer un taller práctico entre colegas, obtuvo tres. En su criterio, la guía presenta una correspondencia superior con la definición del nivel avanzado de la dimensión «Saber», que exige fomentar la gestión y transferencia del conocimiento mediante distintos medios y herramientas de aprendizaje.

presenta una correspondencia superior con la definición del nivel avanzado de la dimensión «Saber», que exige fomentar la gestión y transferencia del conocimiento mediante distintos medios y herramientas de aprendizaje. Manifestó que la controversia no corresponde a una simple discrepancia técnica ni exige que el juez constitucional sustituya una valoración psicométrica. A su juicio, se trata de una contradicción objetiva y verificable entre las reglas incorporadas al concurso y la calificación asignada, pues las opciones seleccionadas por ella reproducen de manera más directa los comportamientos descritos en el Diccionario. Añadió que la resolución no c onfrontó concretamente la comparación expuesta en el complemento de la reclamación ni explicó por qué las respuestas oficiales reflejaban en mayor grado el nivel avanzado exigido para el cargo. De esa forma, precisó que no pretende obtener directamente el empleo ni modificar los resultados de los demás concursantes, sino que su mérito sea evaluado mediante la aplicación correcta, objetiva y uniforme de las reglas previamente establecidas para todos los participantes. Por lo anterior, solicitó revocar la sentencia de primera instancia, amparar sus derechos fundamentales y dejar parcialmente sin efectos la Resolución Ordinaria nro. ORD -8111924892-2026, únicamente respecto de las situaciones 111 y 113. En consecu encia, pidió ordenar a la Comisión de Personal de la Contraloría General de la República y a la Universidad de Antioquia recalificar dichas situaciones y actualizar su puntaje antes de conformar la lista de elegibles. Subsidiariamente, solicitó que se profiera una nueva decisión debidamente motivada que confronte, punto por punto, sus argumentos con las definiciones

Universidad de Antioquia recalificar dichas situaciones y actualizar su puntaje antes de conformar la lista de elegibles. Subsidiariamente, solicitó que se profiera una nueva decisión debidamente motivada que confronte, punto por punto, sus argumentos con las definiciones del Diccionario de Competencias Comportamentales, con efectos exclusivos sobre el registro nro. 592077.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

a). De la competencia

Este Tribunal Administrativo es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte accionante, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, por ser el superior funcional, al haber sido proferida la providencia impugnada por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Montería.

b). Problema jurídico

Para resolver la presente causa constitucional, corresponde a la Sala verificar, si en el sub examine, se cumplen los requisitos necesarios para la procedencia de la acción de tutela. En caso de que se considere que la acción de tutela es procedente, se procederá aAsunto: Impugnación de fallo de tutela Rad: 23001333300920260029401 6

determinar si la Contraloría General de la República y Universidad de Antioquia se encuentran vulnerando derechos fundamentales debido proceso, al acceso al desempeño de funciones y cargos públicos, al mérito, a la igualdad y al principio de legalidad a la señora Naciris Tatiana Martínez Simanca. Previo a resolver el asunto planteado, con el objeto de extraer premisas jurídicas útiles para su solución, la Sala procederá a estudiar los siguientes aspectos: i). Generalidades de la

Naciris Tatiana Martínez Simanca. Previo a resolver el asunto planteado, con el objeto de extraer premisas jurídicas útiles para su solución, la Sala procederá a estudiar los siguientes aspectos: i). Generalidades de la acción de tutela; y ii). Derechos fundamentales invocados como vulnerados.

i). Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela se define como un mecanismo de defensa judicial al cual puede acudir toda persona para obtener la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señale la ley. La acción de tutela tiene un carácter subsidiario y residual, en tanto ella sólo procede en el evento en el que el afectado no cuente con otro medio de defensa judicial, o cuando existiendo éste, sea presentada como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, art. 86 de la Constitución Política. La Corte Constitucional 6 ha indicado que la acción de tutela es un mecanismo a través del cual se garantiza la protección de los derechos fundamentales, los cuales, sin ella, comprometerían su eficacia, la cual se caracteriza por ser un instrumento i) subsidiario; ii) inmediato; iii) sencillo; iv) específico; y v) eficaz; y se rige por los principios de informalidad y de oficiosidad.

ii). Derechos fundamentales invocados como vulnerados

El derecho al trabajo es dable indicar que éste se encuentra consagrado en el artículo 25 de la Constitución Política de 1991 y en los convenios internacionales suscritos por el Estado colombiano. En ese orden, la Corte Constitucional ha destacado que el trabajo

El derecho al trabajo es dable indicar que éste se encuentra consagrado en el artículo 25 de la Constitución Política de 1991 y en los convenios internacionales suscritos por el Estado colombiano. En ese orden, la Corte Constitucional ha destacado que el trabajo como valor, principio, derecho y obligación social fue catalogado por el Constituyente de 1991 como un principio informador, sobre el cual gira la configuración de Estado social de derecho. Por consiguiente, no es solamente un derecho a través del cual el individ uo obtiene recursos que le permiten sufragar sus necesidades básicas, sino que también constituye una obligación social que se traduce en un mecanismo de incorporación de la persona a la colectividad como sujeto que se dignifica a través del aporte que hac e al desarrollo de la comunidad7.

En cuanto al derecho al debido proceso, el artículo 29 Constitucional prevé que el debido proceso se aplica tanto actuaciones judiciales como administrativas. En ese sentido, su eficacia no solamente conlleva el cumplimiento de ritualidades que dispone el ordenamiento jurídico, sino la garantía para la protección de otros derechos constitucionales. La Corte Constitucional en sentencia T-262 de 20198, indicó que este derecho es «el que se cumple con arreglo a los procedimientos previamente diseñados para preservar las garantías que protegen los derechos de quienes están involucrados en la respectiva relación o situación jurídica, cuando quiera que la autoridad judicial o administrativa deba aplicar la ley en el juzgamiento de un hecho o una conducta concreta, lo cual conduzca a la creación, modificación o extinción de un derecho o la imposición de una obligación o sanción».

De la misma manera, la jurisprudencia constitucional ha establecido los elementos del derecho fundamental al debido proceso, dentro de los cuales se encuentran:

modificación o extinción de un derecho o la imposición de una obligación o sanción».

De la misma manera, la jurisprudencia constitucional ha establecido los elementos del derecho fundamental al debido proceso, dentro de los cuales se encuentran:

(…) (iii) El derecho a la defensa, que consiste en la facultad de pedir y allegar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, formular peticiones y alegaciones e impugnar las decisiones que se adopten. El ejercicio de este derecho tiene como presupuesto indispensable la publicidad del proceso, mediante las citaciones para obtener comparecencia, los traslados de actos procesales de las partes o de los auxiliares de la justicia y las notificaciones, comunicaciones y publicaciones de las decisiones adoptadas. (iv) El derecho a obtener decisiones ceñidas exclusivamente al ordenamiento jurídico, en razón de los principios de legalidad de la función pública y de independencia funci onal del juez, con prevalencia del derecho sustancial (Arts. 6º, 121, 123, 228 y 230 C. Pol.) (v) El derecho a que las decisiones se adopten en un término razonable, sin dilaciones injustificadas9

6 Corte Constitucional. S entencia C-483 de 2008, M. P. Rodrigo Escobar Gil, Bogotá, D.C., quince (15) de mayo de dos mil ocho (2008). 7 Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 17 de mayo de 2017. 8 Corte Constitucional. Sentencia T -262 de 2019, M. P. Alberto Rojas Ríos, Bogotá, D.C., diez (10) de junio de dos mil diecinueve (2019).

8 Corte Constitucional. Sentencia T -262 de 2019, M. P. Alberto Rojas Ríos, Bogotá, D.C., diez (10) de junio de dos mil diecinueve (2019). 9 Al respecto, ver sentencias C-1083 de 2005 - T-954 de 2006 - T-647 de 2013 y T – 267 de 2015.Asun