TA HUI - Sentencia 41001-33-33-006-2024-00274-01 (12-08-2025)

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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO N° 41001-33-33-006-2024-00274-01

Demandante: Fernando Rodríguez Reyes; Demandado: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Neiva, doce (12) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

S A L A D E D E C I S I Ó N N º 5

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

DEMANDANTE: FERNANDO RODRÍGUEZ REYES

DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN –

FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES

SOCIALES DEL MAGISTERIO –FOMAG EXPEDIENTE: 41001-33-33-006-2024-00274-01

SENTENCIA: Nº TAH 005-25-08-157

MAGISTRADA PONENTE: NELCY VARGAS TOVAR

Resuelve la Sala 1 el recurso de apelación int erpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 16 de junio de 2025 , proferida por el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva, que denegó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

El señor Fernando Rodríguez Reyes interpuso demanda2 de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –FOMAG–, pretendiendo la declaratoria de nulidad del acto ficto negativo derivado de la petición radicada el

restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –FOMAG–, pretendiendo la declaratoria de nulidad del acto ficto negativo derivado de la petición radicada el 19 de abril de 2024 bajo el No. HUILA20240419JT54039 , que negó el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación al demandante.

1.1. Pretensiones:

Así mismo, solicitó se declare que tiene derecho a la aludida pensión de jubilación, equivalente al 75% de tod os los factores salariales devengados en el año de

1 De conformidad a la facultad conferida por los artículos 18 de la Ley 446 de 1998 y 63A de la Ley 270 de 1996. 2 3_003Demandapdf(.pdf), índice 3 SAMAI.2

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Demandante: Fernando Rodríguez Reyes; Demandado: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG servicio anterior a la adq uisición del estatus pensional , esto es, a partir del 4 de abril de 2024.

Como consecuencia de ello, a título de restablecimiento del derecho, pretendió se ordene al Fondo Nacio nal de Prestaciones Sociales del Magisterio –FOMAG– reconocer y pagar al demandante la pensión de jubilación en los términos antes descritos; al igual que se disponga el pago retroactivo, la indexación de cada una de las sumas adeudadas y el reconocimiento los intereses moratorios a partir del día siguiente a la fecha de ejecutoria de la sentencia, hasta cuando se verifique el

descritos; al igual que se disponga el pago retroactivo, la indexación de cada una de las sumas adeudadas y el reconocimiento los intereses moratorios a partir del día siguiente a la fecha de ejecutoria de la sentencia, hasta cuando se verifique el pago de la obligación.

Finalmente, solicitó la condena en costas a la entidad demandada.

1.2. Hechos:

Relató la parte actora , que el s eñor Fernando Rodríguez Reyes nació el 13 de diciembre de 1968, por lo que a la fecha de presentación de la demanda contaba con más de cincuenta y cinco (55) años de edad.

Afirmó que, el demandante laboró como docente, así:

Señaló que, el actor fue vinculado al departamento del Huila mediante el Decreto 896 del 8 de julio de 2005, desempeñándose como tal hasta la fecha de presentación de la demanda, completando más de veinte (20) años de servicio y 55 años de edad; motivo por el cual, solicitó ante l a entidad demandada el reconocimiento y pago de una pensión ordinaria de jubilación a partir del 4 de abril de 2024, por ser la fecha en que adquirió el estatus jurídico de pensionado, lo cual fue denegado mediante el acto demandado.

Refiere que, al habe rse vinculado a la docencia antes del 23 de junio de 20 03, le asiste derecho a la pensión de jubilación bajo el “régimen anterior, tal y como lo prevé la Ley 812 de 2003.

1.3. Normas violadas y concepto de violación.

A juicio de la parte actora, el acto administrativo demandado incurre en infracción3

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prevé la Ley 812 de 2003.

1.3. Normas violadas y concepto de violación.

A juicio de la parte actora, el acto administrativo demandado incurre en infracción3

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Demandante: Fernando Rodríguez Reyes; Demandado: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG a las normas en que debería fundarse, especialmente el artículo 1° de la Ley 33 de 1985, el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, entre otr as; toda vez que los docentes vinculados hasta el 26 de junio de 2003 conservan el régimen especial consagrado en las leyes 33 y 62 de 1985, 91 de 1989 y 71 de 1988, mientras que para aquellos que por primera vez ingresaron al magisterio a partir del 27 de junio de 2003, el régimen pensional es el previsto en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

Estimó, que el demandante se vinculó previo a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo que, al cumplir 55 años de edad y 20 años de servicio, le asiste el derecho al reconocimiento y pago de una pensión de jubilación sobre el 75% de lo devengado durante el año anterior a la adquisición del estatus pensional.

Sostuvo que, incluso si su vinculación fuese posterior a aquella data, a la demandante le sería aplicable el escalafón docente previsto en el Decreto 2278

pensional.

Sostuvo que, incluso si su vinculación fuese posterior a aquella data, a la demandante le sería aplicable el escalafón docente previsto en el Decreto 2278 de 2002; aunque “esta circunstancia no tiene nada que ver con el régimen pensional de la ley 812 de 2003, de los docentes que fueron vinculados antes del año 2003, a quienes se les debe respetar el régimen anterior de esta disposición normativa”.

2. Contestación de la Demanda.

La Nación – Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –FOMAG– se opuso a las pretensiones de la demanda 3 y frente a los hechos adujo aten erse a los que resulten probados , exponiendo que los docentes vinculados al magisterio luego de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, es decir, a partir del 27 de junio de 2003, gozan del Sistema General de Pensiones instituido por la Ley 100 de 19 93; mientras que aquellos afiliados al fondo o vinculados con anterioridad a esa fecha, el régimen que los cobija es el de la Ley 91 de 1989, que a su vez permite la aplicación de las leyes 33 y 62 de 1985.

De otra parte, adujo que la Ley 71 de 1988 creó la pensión por aportes, la cual consiste en la acumulación de aportes efectuados en las entidades de previsión social del sector público y el ISS.

En el caso del demandante, señaló que, acreditó tiempo de servicio bajo contratos de prestación de servici os, por lo que no cumple con los requisitos para acceder a la pensión, pues dicha “modalidad de contratación se rige por las

En el caso del demandante, señaló que, acreditó tiempo de servicio bajo contratos de prestación de servici os, por lo que no cumple con los requisitos para acceder a la pensión, pues dicha “modalidad de contratación se rige por las normas civiles” y no existe un proceso judicial que hubiera declarado la

3 Índice 13 SAMAI4

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Demandante: Fernando Rodríguez Reyes; Demandado: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG existencia del contrato realidad, además dejó de acreditar se que se hubieran realizado los respectivos aportes.

Con apoyo en lo anterior, propuso las siguientes excepciones:

1. Falta de integración del litisconsorcio necesario: aduciendo que la solicitud de reconocimiento pensional debe ser atendida por el ente territorial.

1. Legalidad de los actos administrativos atacados con nulidad.

1. Demandante no es beneficiario de las dispos iciones normativa que se alegan: advirtiendo que fue afiliado al Fomag el 11 de julio de 2005 y por ello, no resulta beneficiario de la Ley 33 de 1985 sino de la Ley 812 de 2003.

1. Los factores salariales que integran el ingreso base de liquidación según la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, son los contenidos en el Decreto 1158 de 1994 si se tiene en cuenta la fecha de vinculación del demandante.

1. Improcedencia de la condena en costas

1. La genérica.

3. Sentencia Apelada.

Decreto 1158 de 1994 si se tiene en cuenta la fecha de vinculación del demandante.

1. Improcedencia de la condena en costas

1. La genérica.

3. Sentencia Apelada.

En sentencia del 16 de junio de 2025 4, el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas.

Para el efecto, luego de traer el régimen pensional de los docentes estatales y de efectuar un análisis de los efectos pensionales derivados de las órdenes de prestación de servicios docentes, en el caso concreto evidenció que el ac tor nació el 13 de diciembre de 1968 y cumplió 55 años de edad el 13 de diciembre de 2023 , también que durante el periodo del 1º de febrero de 2001 al 30 de junio de 2003 , prestó sus servicios mediante órdenes o contratos de prestación de servicios y poste riormente mediante el Decreto 896 del 8 de julio de 2005 , fue nombrado docente en propiedad.

Señaló que, para el periodo de l 1º de febrero de 2001 al 30 de junio de 20 03, “surgen serias barreras de análisis de los efectos pretendidos”, pues no fueron demandados el municipio de Tello ni el departamento del Huila donde laboró el actor y, por ende , no pudieron ejercer su derecho de defensa, agregando que solo obra prueba del contrato del año 2001 y que la “copia electrónica de

4 Índice 24 Id5

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actor y, por ende , no pudieron ejercer su derecho de defensa, agregando que solo obra prueba del contrato del año 2001 y que la “copia electrónica de

4 Índice 24 Id5

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Demandante: Fernando Rodríguez Reyes; Demandado: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG reconocimiento de unas sumas de dinero por sus servicios prestados, no son suficientes” para demostrar la efectiva prestación del servicio.

Añade que, tampoco obra declaración judicial del contrato realidad y menos se acreditó haberse efectuado las cotizaciones respectivas , en tal v irtud, no hay lugar a computar dicho periodo para efectos pensionales.

Por último, señaló que , el demandante fue nombrado como docente el 11 de julio de 2005 , fecha posterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 y por ello le es aplicable la Le y 100 de 1993, no obstante, como se pretende el reconocimiento de la pensión conforme a la Ley 33 de 1985 y la misma no es aplicable al actor, las pretensiones están llamadas al fracaso.

4. La Apelación.

La parte demandante interpuso recurso de apelación 5 en contra de la anterior decisión, reiterando el régimen que estima aplicable al señor Fernando Rodríguez Reyes 6 y la prestación de más de veinte (20) años de servicios; al tiempo que se refirió nuevamente a los antecedentes normativos y jurisprudenciales del reconocimiento pensional que depreca.

Rodríguez Reyes 6 y la prestación de más de veinte (20) años de servicios; al tiempo que se refirió nuevamente a los antecedentes normativos y jurisprudenciales del reconocimiento pensional que depreca.

Añadió, que los tiempos laborados mediante contratos de prestación de servicios docentes no son computables para efectos pensionales cuando no obra prueba alguna en la que se advierta que el contratista realizó lo s respectivos aportes a pensión, como ocurre en este caso; sin embargo, planteó que ello privilegia la formalidad sobre el derecho sustancial y constituye una barrera para acceder al derecho, pues correspondería al demandante “el deber de demostrar las cotizaciones a pensión realizadas en su momento a cualquier entidad por el tiempo que transcurrió la relación contractual”.

En ese sentido, solicitó revocar la providencia impugnada y acceder las pretensiones de la demanda.

5. Trámite de Segunda Instancia

El 31 de julio de 2025 se admitió el recurso de apelación 7 presentado por la parte demandante, y el 11 de agosto de 2025 el Secretario de esta Corporación pasó el expediente al despacho para proferir decisión de segundo grado 8, en armonía a lo consagrado en el artículo 247-5º del C.P.A.C.A.9; sin que previo a la

5 Índice 26 SAMAI. 6 Leyes 33 de 1985 y 91 de 1989 y los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969 7 Índice 6 SAMAI. 8 Índice 10, ibídem. 9 Modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 20216

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7 Índice 6 SAMAI. 8 Índice 10, ibídem. 9 Modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 20216

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Demandante: Fernando Rodríguez Reyes; Demandado: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG ejecutoria de la providencia admisoria de la apelación, las partes o el Ministerio Público allegaran pronunciamiento alguno.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Tribunal Administrativo del Huila es competente para conocer este asunto en segunda instancia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, teniendo en cuenta que se trata de una sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva y corres ponde a la Corporación su conocimiento como superior funcional.

2. Cuestión preliminar - caducidad del medio de control

La caducidad, como fenómeno jurídico, ha sido definida por el Consejo de Estado como el vencimiento del término previsto en la ley para a cudir ante los jueces a demandar, “límite que está concebido para definir un plazo objetivo e invariable para que quien pretenda ser titular de un derecho, opte por accionar ante las autoridades competentes”10, configurándose cuando expira dicho término.

Así, conforme al numeral 1, literal c), del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la demanda puede ser presentada en cualquier tiempo cuando se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcia lmente prestaciones periódicas, como las

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la demanda puede ser presentada en cualquier tiempo cuando se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcia lmente prestaciones periódicas, como las pensiones; criterio que opera en este caso, puesto se pretende la nulidad de un acto administrativo que negó e l reconocimiento y pago de una pensión de jubilación.

En ese orden de ideas, en el ejercicio del present e medio de control no opera la configuración de la caducidad.

3. Problema Jurídico.

Con base en los argumentos de la apelación, el problema jurídico se contrae en determinar si el acto ficto derivado de la petición radicada el 19 de abril de 2024 bajo el No . HUILA20240419JT54039 ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, se encuentra viciado de nulidad por infracción a las normas en que debería fundarse, al negar el reconocimiento de una pensión de jubilación a favor del señor Fernando Rodríguez Reyes bajo el régimen de la Ley

10 Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Co ntencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 13 de noviembre de 2018. Consejero Ponente: Guillermo Sánchez Luque. Radicación: 25000 -23-26-000-2014-00029-01 (58452); entre otras.7

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Demandante: Fernando Rodríguez Reyes; Demandado: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG 33 de 1995, por presuntamente no acreditar el cumplimiento de los requisitos

Demandante: Fernando Rodríguez Reyes; Demandado: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG 33 de 1995, por presuntamente no acreditar el cumplimiento de los requisitos para el efecto.

En caso de prosperar el cargo formulado, deberá establecerse si el demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de u na pensión de jubilación en cuantía equivalente al 75% de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios previo a la adquisición del estatus pensional, de manera retroactiva e indexada, desde cuando esta se haya hecho efectiva.

4. Resolución del Problema Jurídico.

Para resolver el asunto propuesto, la Sala analizará normativa y jurisprudencialmente (i) el régimen prestacional de los educadores estatales, (ii) el tiempo laborado mediante contratos de prestación de servicios docent e para efectos de la pensión de jubilación ; y (iii) la aplicación de la sentencia SUJ -014CE-S2-19 del 25 de abril de 2019, en la determinación del ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación , en aras de definir con base en el acervo probatorio obrante en el expediente, si la demandante reúne los requisitos exigidos para acceder a una pensión de jubilación de que trata la Ley 33 de 1995, y determinar los factores salariales que, en dado caso, integrarían su base de liquidación pensional.

4.1. Régimen prestacional de los educadores estatales:

El artículo 115 de la Ley 115 de 1994 , denominada Ley General de la Educación, dispuso que el régimen prestacional de los educadores estatales es el contemplado en la Ley 91 de 1989, cuyo artículo 15 prescribe lo siguiente:

El artículo 115 de la Ley 115 de 1994 , denominada Ley General de la Educación, dispuso que el régimen prestacional de los educadores estatales es el contemplado en la Ley 91 de 1989, cuyo artículo 15 prescribe lo siguiente:

“Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1º de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

1º. Los docentes nacionalizad os que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.

Los docente s nacionales y los que se vinculen a partir del 1º de enero de 1990, para efecto de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decreto 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta ley […]”

De conformidad con el precepto anterior , los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrán el régimen vigente que tenían en la entidad territorial donde desarrollan su labor.8

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Demandante: Fernando Rodríguez Reyes; Demandado: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG El régimen anterior a la entrada en vigor de la Ley 91 de 1989 –esto es, el 29 de

Demandante: Fernando Rodríguez Reyes; Demandado: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG El régimen anterior a la entrada en vigor de la Ley 91 de 1989 –esto es, el 29 de diciembre de 1989–, es el contenido en la Ley 33 de 1985, norma que consagra de manera general el derecho pensional de los empleados del sector o ficial, la cual en su artículo primero señala que tendrá derecho al reconocimiento y pago de la pensión ordinaria de jubilación, el empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años.

De la norma en cita, se destaca que, respecto al monto de la pensión reconocida, sería equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio, el cual, para los docentes será el anterior a la adquisición del estatus de pensionado, esto es, al cumplir 20 años de servicio y 55 de edad si fueron vinculados al servicio antes del 27 de junio de 200311.

Con la expedición de la Ley 100 de 1993, a través de la cual se creó el Sistema de Seguridad Social Integral, se exceptuó de su aplicación a los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, según lo previsto en el artículo 279 ; de manera que se conservaron las remisiones normativas consagradas en la Ley 91 de 1989 relativas al reconocimiento y pago de la pensión jubilación del personal docente.

Sin embargo, con la expedición de la Ley 812 del 2003, se definió el régimen pensional aplicable al personal docente en los términos de su ar tículo 81, que (i)

pensión jubilación del personal docente.

Sin embargo, con la expedición de la Ley 812 del 2003, se definió el régimen pensional aplicable al personal docente en los términos de su ar tículo 81, que (i) para el caso de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que estaban vinculados al servicio público educativo oficial al momento de entrar en vigencia la Ley 812 de 2003 –es decir, al 27 de junio de 2003 –, el régimen pensional es el establecido por las normas que los regían para esa fecha, es decir, la Ley 91 de 1989 , que como se indicó en precedencia por vía de excepción conservó la remisión a la Ley 33 de 1985 ; (ii) mientras que el régimen pensional de los docentes vinculad os con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812, es el régimen de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los mismos requisitos en él exigidos, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para mujeres y hombres.

Lo anterior, fue precisado por la Sección Segunda del Consejo de Estado , en sentencia del 25 de abril de 2019, al unificar su jurisprudencia frente al ingreso base de liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –FOMAG–, en los siguientes términos:

11 Fecha en que fue promulgada la Ley 812 que modific ó el régimen pensional de los docentes, en los términos siguientes: "Artículo 81. Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de los docentes nacionales,

11 Fecha en que fue promulgada la Ley 812 que modific ó el régimen pensional de los docentes, en los términos siguientes: "Artículo 81. Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio p úblico educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley”.9

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Demandante: Fernando Rodríguez Reyes; Demandado: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG

“ Los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, están exce ptuados del Sistema Integral de Seguridad Social, por expresa disposición del artículo 279 de la Ley 100 de 1993.  Al estar exceptuados del Sistema, no son beneficiarios del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como tampoco les aplica el artículo 21 de la citada ley, en materia de ingreso base de liquidación del monto de la mesada pensional.  El régimen pensional para estos docentes está previsto en la Ley 91 de 1989, normativa que no establece condiciones ni requisi tos especiales para adquirir la pensión de jubilación, ya que como lo dispuso en el literal B del numeral 2 del artículo 15, gozan del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional, es decir, el previsto en la Ley 33 de 1985.

adquirir la pensión de jubilación, ya que como lo dispuso en el literal B del numeral 2 del artículo 15, gozan del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional, es decir, el previsto en la Ley 33 de 1985.  De acuerd o con la tesis reiterada de la Sección Segunda del Consejo de Estado sobre el régimen de pensiones para los docentes nacionales y nacionalizados afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio exceptuados del Sistema General de Pensione s, esta clase de servidores públicos no gozan de un régimen especial de jubilación, pues ni la Ley 91 de 1989, ni la Ley 60 de 1993 así lo establecieron, y tampoco lo hizo la Ley 115 de 1994 que ratificó el régimen de jubilación previsto en la Ley 33 de 19 85, como norma aplicable para los docentes nacionales. Además, las pensiones de jubilación de los docentes , reconocidas en su tiempo al amparo de la Ley 6 de 1945 o el Decreto 3135 1968, antecesoras de la Ley 33 de 1985, lo fueron bajo disposiciones ‘gener ales’ de pensiones del sector administrativo, que no tuvieron el carácter de ‘especiales’.  Solo los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, tendrán los derechos del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres”12.

En es e orden, la aludida providencia concluyó que eran dos , los regímenes

previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres”12.

En es e orden, la aludida providencia concluyó que eran dos , los regímenes prestacionales que regulan el derecho pensional de jubilación y/o vejez para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial , cuya aplicación se determina por la fecha de vinculación al servicio educativo oficial que acredite cada docente, sintetizándolos así:

 Régimen de pensión ordinaria de jubilación , contenido en la Ley 33 de 1985, para aquellos vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 ; respecto de quienes los factores salariales a tener en cuenta para la liquidación de su pensión son aquellos sobre los cuales hubieren efectuado aportes, de acuerdo con el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, sin lugar a la inclusión de factores distintos a los enlistados en dicha norma.

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia SUJ -014-CE-S2-19 del 25 de abril de 2019. Consejero Ponente: César Palomino Cortés. Radicación: 680001 -23-33-000-2015-00569-01 (0935-17).10

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Demandante: Fernando Rodríguez Reyes; Demandado: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG  Régimen pensional de prima media , para los docentes vinculados a partir

Demandante: Fernando Rodríguez Reyes; Demandado: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG  Régimen pensional de prima media , para los docentes vinculados a partir de la vigencia de la Ley 812 de 2003 , regulado por la Ley 100 de 1993 y Ley 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen , con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres ; a quienes debe incluírseles en la liquidación pensional, los factores previstos en el Decreto 1158 de 1994, sobre los cuales se efectuaron las respectivas cotizaciones.

Al respecto, la misma Sección Segunda del Consejo de Estado ha señalado que por tratarse de una sentencia de unificación, las reglas jurisprudenciales allí fijadas son vinculantes y de obligatorio cumplimiento para los casos pendientes de solución en sede administrativa y judicial.

4.2. Del tiempo laborado mediante contratos de prest ación de servicios docente para efectos de la pensión de jubilación:

En primer lugar, de conformidad con el artículo 2 del Decreto 2277 de 1979, es docente quien ejerce la profesión de educador , bien sea mediante la enseñanza en planteles oficiales de edu cación o en ejercicio de funciones de dirección y coordinación de los planteles educativos, de supervisión e inspección escolar, de programación y capacitación educativa, entre otras actividades de educación formal autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional13.

De otro lado , la Ley 60 de 1993 14, previó una transición de seis (6) años para la incorporación progresiva de los docentes temporales vinculados mediante contratos de prestación de servicios, a las plantas de personal de los entes

De otro lado , la Ley 60 de 1993 14, previó una transición de seis (6) años para la incorporación progresiva de los docentes temporales vinculados mediante contratos de prestación de servicios, a las plantas de personal de los entes educativos; circunstancia sobre la cual se pronunció la Corte Constitucional en sentencia C -555 de 1994, concluyendo que con ella se infringía el artículo 13 superior, al permitir una desigualdad material en razón al tipo de vinculación, cuando resultaba clara la voca ción de permanencia de los docentes inicialmente contratados mediante prestación de servicios, la semejanza en cuanto a las funciones y desempeño respecto de los demás maestros y profesores, y la subordinación propia de la actividad que ejercen15.

Con fund amento en ello, el Consejo de Estado ha señalado que los tiempos laborados como docente, en virtud de órdenes o contratos de prestación de servicios, implican una vinculación al servicio oficial docente, por lo que deben

13 En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección

B. Sentencia del 26 de agosto de 2021. Consejero Ponente: César Palomino Cortés. Radicación: 52001 -23-33-0002013-00202-01 (3639-15); Sentencia del 9 de septiembre de 2021. Radicación: 54001 -23-33-000-2013-00091-02 (1038-17). 14 Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuye