TA HUI - Sentencia 41001-33-33-006-2025-00057-01 (25-11-2025)

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TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO N° 41001-33-33-006-2025-00057-01

Demandante: Segundo Claudio Quinayas Rodríguez; Demandado: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Neiva, veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

S A L A D E D E C I S I Ó N N º 5

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

DEMANDANTE: SEGUNDO CLAUDIO QUINAYAS

RODRÍGUEZ

DEMANDADO: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN –

FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES

SOCIALES DEL MAGISTERIO –FOMAG EXPEDIENTE: 41001-33-33-006-2025-00057-01

SENTENCIA: Nº TAH 005-25-11-249

MAGISTRADA PONENTE: NELCY VARGAS TOVAR

Resuelve la Sala 1 el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 12 de septiembre de 2025 , proferida por el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva, que denegó las pretensiones de la demanda.

Lo anterior, en ejercicio de la facultad conferida a esta Jurisdicción por el artículo 18 de la Ley 446 de 1998 2, en concordancia con la Ley 270 de 1996 3 –modificado por el artículo 26 de la Ley 2430 de 2024 –, y en atención a la naturaleza social del asunto objeto de litigio.

18 de la Ley 446 de 1998 2, en concordancia con la Ley 270 de 1996 3 –modificado por el artículo 26 de la Ley 2430 de 2024 –, y en atención a la naturaleza social del asunto objeto de litigio.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

El señor Segundo Claudio Quinayas Rodríguez interpuso demanda4 de nulidad y

1 De conformidad a la facultad conferida por los artículos 18 de la Ley 446 de 1998 y 63A de la Ley 270 de 1996. 2 “Artículo 18. Orden para proferir sentencias. Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social. (…)” 3 “[…] Sin sujeción al orden cronológico de turnos, las salas de la Corte Suprema de Justicia, las salas, secciones o subseccio nes del Consejo de Estado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, los Tribunales Superiores de Distritos Judiciales deberán tramitar y fallar preferentemente los procesos en los siguientes casos: […] Los mismos despachos previstos en el inciso segun do del presente artículo podrán determinar un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de las decisiones de fondo. Para tal efecto, fijará periódicamente los temas de agrupación de los procesos y señalará, mediante avis o,

del presente artículo podrán determinar un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de las decisiones de fondo. Para tal efecto, fijará periódicamente los temas de agrupación de los procesos y señalará, mediante avis o, las fechas en las que se asumirá el respectivo estudio. Así mismo, deberá dar prelación a aquellos procesos en que debe dar aplicación al precedente vinculante” 4 Documento 3_003Demandapdf(.pdf), índice 3 SAMAI.2

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Demandante: Segundo Claudio Quinayas Rodríguez; Demandado: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –FOMAG–, pretendiendo la declaratoria de nulidad de la Resolución No. 865 del 7 de febrero de 2025 , que negó el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación al demandante.

1.1. Pretensiones:

Así mismo, solicitó se declare que tiene derecho a la aludida pensión de jubilación , equivalente al 75% de todos los factores salariales devengados en el año de servicio anterior a la adquisición del estatus pensional.

Como consecuencia de ello, a título de restablecimiento del derecho, pretendió se ordene al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –FOMAG– reconocer y pagar al demandante la pensión de jubilación en los términos antes descritos; al igual que se disponga el pago retroactivo, la indexación de cada una de

ordene al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –FOMAG– reconocer y pagar al demandante la pensión de jubilación en los términos antes descritos; al igual que se disponga el pago retroactivo, la indexación de cada una de las sumas adeudadas y el reconocimiento los intereses moratorios a partir del día siguiente a la fecha de ejecutoria de la sentencia, hasta cuando se verifique el pago de la obligación.

Finalmente, solicitó la condena en costas a la entidad demandada.

1.2. Hechos:

Relató la parte actora, que el señor Segundo Claudio Quinayas Rodríguez nació el 7 de noviembre de 1969 , cumplió 55 años de edad el 7 de noviembre de 2024 y 20 años de servicio el 4 de octubre de 2019, adquiriendo su estatus pensional a partir del 7 de noviembre de 2024.

Afirmó que, el demandante laboró del 1º de septiembre al 30 de noviembre de 1994 en el municipio de San Agustín (H), como docente por contratos de prestación de servicios, también en los municipios de Isnos (H) así:

Agregó que, el docente se vinculó al servicio educativo en el Departamento del Huila a través de contratos de prestación de servicios, durante los siguientes periodos:3

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Demandante: Segundo Claudio Quinayas Rodríguez; Demandado: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG

Agregó que, a través del Decreto 252 del 26 de marzo de 2024 se vinculó como

Demandante: Segundo Claudio Quinayas Rodríguez; Demandado: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG

Agregó que, a través del Decreto 252 del 26 de marzo de 2024 se vinculó como educador en propiedad del departamento del Huila y a la fecha de presentación de la demanda se encontraba activo.

El 4 de febrero de 2025, solicitó ante la entidad demandada el reconocimiento y pago de la pensión ordinaria de jubilación, por cumplir 20 años de servicio y 55 años de edad, lo cual fue denegado mediante el acto demandado, considerándose erróneamente que la vinculación fue en vigencia de la Ley 812 de 2003 y desconociéndose los periodos laborados en los municipios de San Agustín, Isnos y departamento del Huila a través de contratos de prestación de servicios.

Refiere que, al haberse vinculado a la docencia antes del 23 de junio de 20 03, le asiste derecho a la pensión de jubilación bajo el “régimen anterior, tal y como lo prevé la Ley 812 de 2003.

1.3. Normas violadas y concepto de violación.

Constitución Política: artículos 1, 2, 13, 29, 48, 53 y 228

Ley 33 de 1985 Ley 91 de 1989

A juicio de la parte actora, el acto administrativo demandado incurre en infracción a las normas en que debería fundarse, pues se vinculó antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 a través de contratos de prestación de servicios, periodo que debe tenerse en cuenta para efectos pensionales como lo ha establecido el precedente, advirtiendo que, al cumplir 20 años de labores y 55 años

vigencia de la Ley 812 de 2003 a través de contratos de prestación de servicios, periodo que debe tenerse en cuenta para efectos pensionales como lo ha establecido el precedente, advirtiendo que, al cumplir 20 años de labores y 55 años de edad, le asiste el derecho pretendido conforme a las previsiones de la Ley 33 de 1985.

2. Contestación de la Demanda.

La Nación – Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –FOMAG– se opuso a las pretensiones de la demanda 5 y frente a los hechos indicó que resultan ciertos los referentes a la fecha de nacimiento del demandante, la vinculación del demandante a través de contratos de prestación

5 Índice 13 SAMAI4

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Demandante: Segundo Claudio Quinayas Rodríguez; Demandado: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG de servicio y la adquisición del estatus pensional, advirtiendo que los demás supuestos fácticos deberán probarse.

Como fundamentos de defensa, expone que los docentes vinculados al magisterio luego de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, es decir, a partir del 27 de junio de 2003, gozan del Sistema General de Pensiones instituido por la Ley 100 de 1993; mientras que aquellos afiliados al fondo o vinculados con anterioridad a esa fecha, el régimen que los cobija es el de la Ley 91 de 1989, que a su vez permite la aplicación de las leyes 33 y 62 de 1985.

de 1993; mientras que aquellos afiliados al fondo o vinculados con anterioridad a esa fecha, el régimen que los cobija es el de la Ley 91 de 1989, que a su vez permite la aplicación de las leyes 33 y 62 de 1985.

De otra parte, adujo que la Ley 71 de 1988 creó la pensión por aportes, la cual consiste en la acumulación de aportes efectuados en las entidades de previsión social del sector público y el ISS.

En el caso del demandante, evidenció que, se vinculó al servicio el 31 de marzo de 2004, esto es, con posterioridad a la Ley 812 de 2003 y por ello, resulta beneficiario de la Ley 100 de 1993.

Con apoyo en lo anterior, propuso las siguientes excepciones:

1. Legalidad de los actos admin istrativos atacados con nulidad: el acto censurado se profirió en estricto cumplimiento de las normas aplicables.

1. Demandante no es beneficiario de las dispos iciones normativa que se alegan : advirtiendo que fue afiliado al Fomag el 11 de julio de 2005 y por ello, no resulta beneficiario de la Ley 33 de 1985 sino de la Ley 812 de 2003.

1. Factores salariales que integran el ingreso base de liquidación según la sentencia de unif icación del 25 de abril de 2019 : en la liquidación pensional deberán incluirse los factores del Decreto 1158 de 1994 , si se tiene en cuenta la fecha de vinculación del demandante.

1. Improcedencia de la condena en costas : conforme al procedente al haber actuado la entidad demandada atendiendo al principio de la buena fe, no hay

fecha de vinculación del demandante.

1. Improcedencia de la condena en costas : conforme al procedente al haber actuado la entidad demandada atendiendo al principio de la buena fe, no hay lugar a condena en costas.

1. La genérica: la que encuentre probada el fallador.

3. Sentencia Apelada.

En sentencia del 12 de septiembre de 20256, el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas.

6 Índice 27 Id5

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Demandante: Segundo Claudio Quinayas Rodríguez; Demandado: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG

Para el efecto, luego de traer el régimen pensional de los docentes estatales y de realizar un análisis de los efectos pensionales derivados de las órdenes de prestación de servicios docentes, en el caso concreto evidenció que el actor nació el 7 de noviembre de 2024 y cumplió 55 años de edad el 7 de noviembre de 2024, también que para el periodo comprendido entre el 1º de septiembre de 1994 y el 30 de noviembre de 2003, en que el actor se vinculó mediante ordenes de prestación de servicios, “surgen serias barreras de análisis de los efectos pretendidos”, pues no fueron demandados los municipios de San Agustín e Isnos ni el departamento del Huila donde laboró el actor y, por ende , no pudieron ejercer su derecho de defensa, agregando que aun considerando la existencia de

pretendidos”, pues no fueron demandados los municipios de San Agustín e Isnos ni el departamento del Huila donde laboró el actor y, por ende , no pudieron ejercer su derecho de defensa, agregando que aun considerando la existencia de los contratos dejó de acreditarse la efecti va prestación del servicio y no existe “una manifestación frente al fenómeno jurídico del contrato realidad y no puede simplemente ser obviado.”

Añade que, tampoco se acreditó haberse efectuado las cotizaciones respectivas, en tal virtud, no hay lugar a computar dicho periodo para efectos pensionales (del 1º de septiembre de 1994 al 30 de noviembre de 2003).

Por último, señaló que , el demandante fue nombrado como docente el 31 de marzo de 2004 , fecha posterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 y por ello le es aplicable la Ley 100 de 1993, no obstante, como se pretende el reconocimiento de la pensión conforme a la Ley 33 de 1985 y la misma no es aplicable al actor, las pretensiones están llamadas al fracaso.

4. La Apelación.

La parte demandante interpuso recurso de apelación 7 en contra de la anterior decisión, solicitando su revocatoria y se acceda a las pretensiones de la demanda, Para lo cual luego de reiterar los antecedentes normativos y jurisprudenciales del reconocimiento pensional que depreca, señaló que prestó sus servicios como educador mediante contratos de prestación de servicios antes de la Ley 812 de 2003 (en los municipios de San Agustín e Isnos y el departamento del Huila como indica en la demanda), por lo que el beneficio pretendido se somete a la s

educador mediante contratos de prestación de servicios antes de la Ley 812 de 2003 (en los municipios de San Agustín e Isnos y el departamento del Huila como indica en la demanda), por lo que el beneficio pretendido se somete a la s previsiones de la Ley 33 de 1985, como se infiere del inciso 2 literal b del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 y así lo reitera el Consejo de Estado en sentencia de unificación del 25 de abril de 2019.

Señaló que, cumple con los requisitos de la mencionada Ley 33 de 1985 para acceder a la pensión, pues al momento de solicitar tal derecho contaba con 55 años de edad y 25 años, 1 mes y 3 días de trabajo.

7 Documento 33_031RecursoApelacionD(.pdf), Índice 29 SAMAI.6

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Demandante: Segundo Claudio Quinayas Rodríguez; Demandado: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG Advirtió que, el a quo pasó por alto que el C onsejo de Estado8 y esta Corporación en cumplimiento de un fallo de tutela 9, han avalado para efectos del reconocimiento pensional, el computo de periodos laborados por contratos de prestación de servicios, así no se hubieran efectuado los aportes respectivos, bajo el entendido que es al ente territorial empleador a quien corresponde efectuar las aludidas cotizaciones, en virtud de los derechos a una pensión digna y realidad laboral.

5. Trámite de Segunda Instancia

el entendido que es al ente territorial empleador a quien corresponde efectuar las aludidas cotizaciones, en virtud de los derechos a una pensión digna y realidad laboral.

5. Trámite de Segunda Instancia

El 27 de octubre de 2025 se admitió el recurso de apelación 10 presentado por la parte demandante, y el 5 de noviembre de 2025 el Secretario de esta Corporación pasó el expediente al despacho para proferir decisión de segundo grado11, en armonía a lo consagrado en el artículo 247 -5º del C.P.A.C.A.12; sin que previo a la ejecutoria de la providencia admisoria de la apelación, las partes o el Ministerio Público allegaran pronunciamiento alguno.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Tribunal Administrativo del Huila es competente para conocer este asunto en segunda instancia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, teniendo en cuenta que se trata de una sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva y corresponde a la Corporación su conocimiento como superior funcional.

2. Cuestión preliminar - caducidad del medio de control

La caducidad, como fenómeno jurídico, ha sido definida por el Consejo de Estado como el vencimiento del término previsto en la ley para acudir ante los jueces a demandar, “límite que está concebido para definir un plazo objetivo e invariable para que quien pretenda ser titular de un derecho, opte por accionar ante las autoridades competentes”13, configurándose cuando expira dicho término.

Así, conforme al numeral 1, literal c), del artículo 164 del Código de

para que quien pretenda ser titular de un derecho, opte por accionar ante las autoridades competentes”13, configurándose cuando expira dicho término.

Así, conforme al numeral 1, literal c), del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la demanda

8 Sentencia de unificación de CESUJ2 -5 del 25 de agosto de 2016; sentencia del 30 de enero de 2025, Consejo de Estado – Subsección Segunda, radicación 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391) 9 Tribunal Administrativo del Huila – Sala de Decisión No. 5 de fecha 15 de julio de 2025, Magistrada Ponente: NELCY VARGAS TOVAR Expediente 41001-33-33-006-2023-00294-01, 10 Índice 5 SAMAI. 11 Índice 10, ibídem. 12 Modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 13 Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 13 de noviembre de 2018. Consejero Ponente: Guillermo Sánchez Luque. Radicación: 25000-23-26-000-2014-00029-01 (58452); entre otras.7

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Demandante: Segundo Claudio Quinayas Rodríguez; Demandado: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG puede ser presentada en cualquier tiempo cuando se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas, como las

Demandante: Segundo Claudio Quinayas Rodríguez; Demandado: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG puede ser presentada en cualquier tiempo cuando se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas, como las pensiones; criterio que opera en este caso, puesto se pretende la nulidad de un acto administrativo que negó e l reconocimiento y pago de una pensión de jubilación.

En ese orden de ideas, en el ejercicio del presente medio de control no opera la configuración de la caducidad.

3. Problema Jurídico.

Con base en los argumentos de la apelación, el problema jurídico se contrae en determinar si la Resolución No. 865 del 7 de febrero de 2025 , se encuentra viciado de nulidad por infracción a las normas en que debería fundarse, al negar el reconocimiento de una pensión de jubilación a favor del señor Segundo Claudio Quinayas Rodríguez bajo el régimen de la Ley 33 de 1995, por presuntamente no acreditar el cumplimiento de los requisitos para el efecto.

En caso de prosperar el cargo formulado, deberá establecerse si el demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión de jubilación en cuantía equivalente al 75% de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios previo a la adquisición del estatus pensional, de manera retroactiva e indexada, desde cuando esta se haya hecho efectiva.

4. Resolución del Problema Jurídico.

Para resolver el asunto propuesto, la Sala analizará normativa y jurisprudencialmente (i) el régimen prestacional de los educadores estatales, (ii) el tiempo laborado mediante contratos de prestación de servicios docente para

Para resolver el asunto propuesto, la Sala analizará normativa y jurisprudencialmente (i) el régimen prestacional de los educadores estatales, (ii) el tiempo laborado mediante contratos de prestación de servicios docente para efectos de la pensión de jubilación; y (iii) la aplicación de la sentencia SUJ-014-CES2-19 del 25 de abril de 2019, en la determinación del ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación , en aras de definir con base en el acervo probatorio obrante en el expediente, si la demandante reúne los requisitos exigidos para acceder a una pensión de jubilación de que trata la Ley 33 de 1995 , y determinar los factores salariales que, en dado caso, integrarían su base de liquidación pensional.

4.1. Régimen prestacional de los educadores estatales:

El artículo 115 de la Ley 115 de 1994 , denominada L ey General de la Educación, dispuso que el régimen prestacional de los educadores estatales es el contemplado en la Ley 91 de 1989, cuyo artículo 15 prescribe lo siguiente:8

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Demandante: Segundo Claudio Quinayas Rodríguez; Demandado: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG “Artículo 15 . A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1º de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

1º. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de

nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1º de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

1º. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1º de enero de 1990, para efecto de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decreto 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta ley […]”

De conformidad con el precepto anterior , los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrán el régimen vigente que tenían en la entidad territorial donde desarrollan su labor.

El régimen anterior a la entrada en vigor de la Ley 91 de 1989 –esto es, el 29 de diciembre de 1989–, es el contenido en la Ley 33 de 1985, norma que consagra de manera general el derecho pensional de los empleados del sector oficial, la cual en su artículo primero señala que tendrá derecho al reconocimiento y pago de la pensión ordinaria de jubilación, el empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años.

De la norma en cita, se destaca que, respecto al monto de la pensión reconocida, sería equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que

años.

De la norma en cita, se destaca que, respecto al monto de la pensión reconocida, sería equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio, el cual, para los docentes será el anterior a la adquisición del estatus de pensionado, esto es, al cumplir 20 años de servicio y 55 de edad si fueron vinculados al servicio antes del 27 de junio de 200314.

Con la expedición de la Ley 100 de 1993, a través de la cual se creó el Sistema de Seguridad Social Integral, se exceptuó de su aplicación a los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, según lo previsto en el artículo 279 ; de manera que se conservaron las remisiones normativas consagradas en la Ley 91 de 1989 relativas al reconocimiento y pago de la pensión jubilación del personal docente.

Sin embargo, con la expedición de la Ley 812 del 2003, se definió el régimen pensional aplicable al personal docente en los términos de su ar tículo 81, que (i)

14 Fecha en que fue promulgada la Ley 812 que modificó el régimen pensional de los docentes, en los términos siguientes: "Artículo 81. Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en la s disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley”.9

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territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en la s disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley”.9

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Demandante: Segundo Claudio Quinayas Rodríguez; Demandado: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG para el caso de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que estaban vinculados al servicio público educativo oficial al momento de entrar en vigencia la Ley 812 de 2003 –es decir, al 27 de junio de 2003 –, el régimen pensional es el establecido por las normas que los regían para esa fecha, es decir , la Ley 91 de 1989 , que como se indicó en precedencia por vía de excepción conservó la remisión a la Ley 33 de 1985 ; (ii) mientras que el régimen pensional de los docentes vinculados con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812, es el régimen de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los mismos requisitos en él exigidos, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para mujeres y hombres.

Lo anterior, fue precisado por la Sección Segunda del Consejo de Estado , en sentencia del 25 de abril de 2019, al unificar su jurisprudencia frente al ingreso base de liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –FOMAG–, en los siguientes términos:

base de liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes del servicio público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –FOMAG–, en los siguientes términos:

“✓ Los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, están exceptuados del Sistema Integral de Seguridad Social, por expresa disposición del artículo 279 de la Ley 100 de 1993. ✓ Al estar exceptuados del Sistema, no son beneficiarios del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como tampoco les aplica el artículo 21 de la citada ley, en materia de ingreso base de liquidación del monto de la mesada pensional. ✓ El régimen pensional para estos docentes está previsto en la Ley 91 de 1989, normativa que no establece condiciones ni requisitos especiales para adquirir la pensión de jubilación, ya que como lo dispuso en el literal B del numeral 2 del artículo 15, gozan del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional, es decir, el previsto en la Ley 33 de 1985. ✓ De acuerdo con la tesis reiterada de la Sección Segunda del Consejo de Estado sobre el régimen de pensiones para los docentes nacionales y nacionalizados afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio exceptuados del Sistema General de Pensiones, esta clase de servidores públicos no gozan de un régimen especial de jubilación, pues ni la Ley 91 de 1989, ni la Ley 60 de 1993 así lo establecieron, y tampoco lo hizo la Ley 115 de 1994 que ratificó el régimen de jubilación previsto en la Ley 33 de 1985, como norma aplicable para los docentes nacionales. Además, las

Ley 115 de 1994 que ratificó el régimen de jubilación previsto en la Ley 33 de 1985, como norma aplicable para los docentes nacionales. Además, las pensiones de jubilación de los docentes , reconocidas en su tiempo al amparo de la Ley 6 de 1945 o el Decreto 3135 1968, antecesoras de la Ley 33 de 1985, lo fueron bajo disposiciones ‘generales’ de pensiones del sector administrativo, que no tuvieron el carácter de ‘especiales’. ✓ Solo los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, tendrán los derechos del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos10

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Demandante: Segundo Claudio Quinayas Rodríguez; Demandado: Nación – Ministerio de Educación – FOMAG previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres”15.

En es e orden, la aludida providencia concluyó que eran dos , los regímenes prestacionales que regulan el derecho pensional de jubilación y/o vejez para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial , cuya aplicación se determina por la fecha de vinculación al servicio educativo oficial que acredite cada docente, sintetizándolos así:

− Régimen de pensión ordinaria de jubilación , contenido en la Ley 33 de 1985, para aquellos vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de

servicio educativo oficial que acredite cada docente, sintetizándolos así:

− Régimen de pensión ordinaria de jubilación , contenido en la Ley 33 de 1985, para aquellos vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 ; respecto de quienes los factores salariales a tener en cuenta para la liquidación de su pensión son aquellos sobre los cuales hubieren efectuado aportes, de acuerdo con el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, sin lugar a la inclusión de factores distintos a los enlistados en dicha norma.

− Régimen pensional de prima media , para los docentes vinculados a partir de la vigencia de la Ley 812 de 2003 , regulado por la Ley 100 de 1993 y Ley 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen , con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres ; a quienes debe incluírseles en la liquidación pensional, los factores previstos en el Decreto 1158 de 1994, sobre los cuales se efectuaron las respectivas cotizaciones.

Al respecto, la misma Sección Segunda del Consejo de Estado ha señalado que por tratarse de una sentencia de unificación, las reglas jurisprudenciales allí fijadas son vinculantes y de obligatorio cumplimiento para los casos pendientes de solución en sede administrat