TA HUI - Sentencia 41001-33-33-006-2025-00151-01 (14-08-2025)

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Neiva, catorce (14) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

S A L A D E D E C I S I Ó N N° 5

REFERENCIA: ACCIÓN DE TUTELA

ACCIONANTE: MARIA ELENA NÚÑEZ CHACÓN

ACCIONADO: NUEVA EPS

VINCULADO: CLÍNICA MEDILASER S.A.S EXPEDIENTE: 41001-33-33-006-2025-00151-01

SENTENCIA: No. TAH05-2025-08-158

MAGISTRADA PONENTE: NELCY VARGAS TOVAR

Resuelve la Sala la impugnación presentada por la señora María Elena Núñez Chacón contra la sentencia de tutela proferida el 9 de julio de 2025 por el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva, que negó la acción de tutela ante la carencia actual de objeto por situación sobreviniente.

I. ANTECEDENTES

1. La Demanda 1

La señora María Elena Núñez Chacón, interpuso acción de tutela contra la Nueva EPS, por la presunta vulneración a sus derechos fundamentales a la salud, vida y dignidad humana. Solicitó, se ordene a la accionada la prestación de los servicios médicos requeridos por la especialidad de cirugía de pared abdominal, conforme lo ordenado el 19 de mayo de 2025 2 por el especialista en cirugía general , incluyendo no solamente el procedimiento quirúrgico , sino también, se le garanticen todos los servicios médicos relacionados , incluidos los controles,

lo ordenado el 19 de mayo de 2025 2 por el especialista en cirugía general , incluyendo no solamente el procedimiento quirúrgico , sino también, se le garanticen todos los servicios médicos relacionados , incluidos los controles, tratamientos, medicación y la atención integral , y, en caso de que el

1 Expediente digital Samai, Primera instancia, índice 3. 2 Íbidem, 4Prueba1_3_20250625110653619.pdf, pág. 4.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

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Demandante: María Elena Núñez Chacón

Demandado: Nueva E.P.S. y Otro 2 procedimiento deba realizarse fuera de la ciudad de Neiva, solicitó se ordene el reconocimiento y pago de los costos de transporte, alojamiento y alimentación tanto para ella como para un acompañante, teniendo en cuenta su condición económica precaria.

2. Hechos3

Manifestó la accionante que es una mujer de 64 años de edad , estado civil casada, quien depende económicamente de su cónyuge el señor J osé Gabriel Cardoso Leal, el cual, se encuentra pensionado por invalidez (cuenta con 67 años de edad, con diagnóstico de Parkinson avanzado ). Ambos afiliados a la Nueva EPS, la accionante en calidad de beneficiaria respectivamente.

Indicó la accionante que , padece de múltiples diagnósticos como “…1.

DISCAPACIDAD AUDITIVA SEVERA BILATERAL (estoy sorda). 2. ANGIOPLASTIA + STENT

Indicó la accionante que , padece de múltiples diagnósticos como “…1. DISCAPACIDAD AUDITIVA SEVERA BILATERAL (estoy sorda). 2. ANGIOPLASTIA + STENT DE CX , MARGINAL DISTAL. DA . 3. ENFERMEDAD CORONARIA DE 3 VASOS -DA 70% BIFURCACION, 78% SEGMENTO MEDIO DISTAL, CX 75% BIFURCACIÓN. 4. CARDIOPATIA ISQUEMICA FEVI 32% . 5. HIPERTENSIÓN, 5. 6. HERNIA DE SPIEGEL E INGUINAL

DERECHA, 6. HIGADO GRASO. 7. COLELITIASIS, 8. HIDRONEFROSIS BILATERAL GRADO

II. 9. PROLAPSO DE PISO PELVICO…”.

Precisó que, en el año 2022 se le había programado intervención quirúrgica para tratar la hernia que padece, cirugía que fue aplazada al encontrársele una enfermedad en el corazón que requirió tratamiento urgente hasta el año 2024, y que una vez superados dichos procedimientos y con el aval quirúrgico por parte del especialista en cardiología, inició nuevamente el proceso para la autorización de la cirugía por parte de la EPS.

Señaló que , el 19 de mayo de 2025 4 recibió atención por la especialidad de cirugía general, determinándosele que, debido al tamaño y complejidad de la hernia, el procedimiento debía realizarse por un cirujano especializado en pared abdominal, por lo que, expidió orden para consulta por la especialidad de cirugía de pared abdominal.

hernia, el procedimiento debía realizarse por un cirujano especializado en pared abdominal, por lo que, expidió orden para consulta por la especialidad de cirugía de pared abdominal.

En razón a ello, señaló que la Nueva EPS la remitió a la Clínica Medilaser, la cual el 21 de mayo de 20255 le informó que no contaba con la especialidad requerida (cirugía de pared abdominal), por lo que, acudió nuevamente a la Nueva EPS, sin

3 Expediente digital Samai, Primera instancia, 3_003Tutela.pdf, índice 3, pág. 1-6. 4 Expediente digital Samai, primera instancia, 4_004Prueba1(.pdf), índice 3, pág. 4. 5 Expediente digital Samai, Primera instancia, 19_018CHATCONMEDILASERE(.pdf), índice 12, pág. 11-12.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

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Demandante: María Elena Núñez Chacón

Demandado: Nueva E.P.S. y Otro 3 que a la fecha se hubiese garantizado la prestación efectiva del servicio ordenado.

De igual forma, la accionante manifestó que carece de los recursos económicos necesarios para sufragar los costos asoci ados a un eventual traslado , en la medida en que, según lo informado por el personal de la Nueva EPS, existe una alta probabilidad de que el procedimiento requerido deba ser realizado en una ciudad distinta a Neiva . Por tal razón, solicitó se ordene a la Nueva EPS asumir los gastos derivados del transporte, alojamiento y alimen tación, tanto de ella como de un acompañante, teniendo en cuenta que depende económicamente

ciudad distinta a Neiva . Por tal razón, solicitó se ordene a la Nueva EPS asumir los gastos derivados del transporte, alojamiento y alimen tación, tanto de ella como de un acompañante, teniendo en cuenta que depende económicamente de su esposo por ser ama de casa , quien también padece una enfermedad crónica e invalidante.

3. Contestación de la tutela

La Nueva EPS y Clínica Medilaser

Guardaron silencio.

4. Decisión de Primera Instancia6

El Juez de Primera Instancia mediante providencia del 9 de julio de 2025, negó la acción de tutela ante la carencia actual de objeto por situación sobreviniente.

Lo anterior, en el entendido que, en el trámite de tutela se presentó un evento nuevo o una situación sobreviniente consistente en la hospitalización de la señora María Elena Núñez Chacón por el servicio d e urgencias de la Clínica Medilaser, lo cual conllevó a que , la accionante fuera valorada por la especialidad en cirugía de pared abdominal , superándose así el evento que la aqueja (hernia).

5. Impugnación7

La señora María Elena Núñez Chacón impugnó el fallo proferido, indicó que, pese haber sido valorada y hospitalizada en la Clínica Medil aser, la cirugía de pared abdominal ordenada por el especialista aún no ha sido practicada , lo que

6 Expediente digital, Primera Instancia, Samai, índice 10. 7 Expediente digital, Primera Instancia, Samai, 18_017IMPUGNACIONDESENT(.pdf) índice 12.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

6 Expediente digital, Primera Instancia, Samai, índice 10. 7 Expediente digital, Primera Instancia, Samai, 18_017IMPUGNACIONDESENT(.pdf) índice 12.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

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Demandante: María Elena Núñez Chacón

Demandado: Nueva E.P.S. y Otro 4 demuestra la vulneración a los derechos fundamentales incoados en el escrito de tutela.

Indicó que, encontrándose hospitalizada en la Clínica Medilaser, fue valorada el 1 de julio de 2025 por el especialista en cirugía de pared abdominal , quien le ordenó lo siguiente:

“…- Lisis de adherencias peritoneales vía laparoscópica. - Eventrorrafia con colocación de malla. - Reconstrucción de pared abdominal anatómica y funcional vía laparoscópica. - Colgajo compuesto a distancia en varios tiempos. …”.

Procedimiento quirúrgico que, inicialmente fue programado para el 11 de julio de 2025, sin embargo, este no se realizó por ausencia de uno de los médicos y por falta de la malla quirúrgica, siendo reprogramado para el 15 de julio de 2025, sin que a la fecha se haya llevado a cabo la intervención quirúrgica.

Sostuvo que, bajo esas circunstancias, no puede hablarse de carencia actual de objeto por situación sobreviniente , pues la cirugía no ha sido efectivamente realizada, por lo que, en su sentir, persiste el riesgo frente a su salud e integridad, máxime cuando se trata de una hernia de alta complejidad con riesgo de

objeto por situación sobreviniente , pues la cirugía no ha sido efectivamente realizada, por lo que, en su sentir, persiste el riesgo frente a su salud e integridad, máxime cuando se trata de una hernia de alta complejidad con riesgo de estrangulación, y, que para el efecto ya fue valorada por anestesiología el 2 “Sic” de julio de 2025.

Conforme a lo expuesto, solicitó la revocatoria de la decisión impugnada y se ordene a las accionad as la realización del procedimiento quirúrgico de “Lisis de adherencias peritoneales vía laparoscópica + Eventrorrafia con colocación de malla + Reconstrucción de pared abdominal anatómica y funcional vía laparoscópica + Colgajo compuesto a distancia en varios tiempos” , en un término no superior a 48 horas, así como el cubrimiento de los gastos de traslado, alojamiento y alimentación en caso de requerirse atención fuera de la ciudad de Neiva.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Tribunal es competente para conocer en segunda instancia la impugnación del fallo de tutela que profirió el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva del 9 de julioTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

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Demandante: María Elena Núñez Chacón

Demandado: Nueva E.P.S. y Otro 5 de 2025, de acuerdo con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591.

2. Problema Jurídico

Corresponde a la Sala establecer si la decisión adoptada por el a quo que negó

5 de 2025, de acuerdo con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591.

2. Problema Jurídico

Corresponde a la Sala establecer si la decisión adoptada por el a quo que negó la acción de tutela ante la carencia actual de objeto por situación sobreviniente debe ser confirmada , o sí, por el contrario, existe vulneración a los derechos fundamentales a la vida, a la salud y dignidad humana de la señora María Elena Núñez Chacón, al no habérsele realizado cirugía de pared abdominal, ordenada por el médico tratante.

Con el fin de resolver el problema jurídico planteado la Sala desarro llara los siguientes temas: i) Legitimación en la causa por activa, ii) Legitimación en la causa por pasiva, iii) Inmediatez, iv) Subsidiaridad, v) Derecho a la salud, vi) Atención integral en salud, vii ) Carencia actual de objeto por situación sobreviniente en la acción de tutela y viii) Caso en concreto.

3. Precisiones jurídicas

3.1 Legitimación en la causa

A pesar del carácter informal que reviste la acción de tutela 8, derivado de su excepcionalidad, la legitimación en la causa, tanto por activa como por pasiva, es un requisito para su procedencia, pues se hace necesario “reconocer la persona a quien la Constitución y la ley faculta para invocar la acción y la persona respecto de la cual se puede reclamar un derecho”9.

Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado:

“La jurisprudencia de esta Corporación ha dicho que aunque la acción de tutela está regida por el principio de informalidad, ello no es impedimento

la cual se puede reclamar un derecho”9.

Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado:

“La jurisprudencia de esta Corporación ha dicho que aunque la acción de tutela está regida por el principio de informalidad, ello no es impedimento para que se encuentre cobijado por el derecho al debido proceso (C.P. art. 29), de manera que en su trámite, se deben satisfacer ciertos presupuestos básicos, como son, entre otros, la capacidad de las partes.

En este sentido, la legitimación en la causa es “un requisito de procedibilidad de la acción de tutela, porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la

8 Artículo 14. Decreto 2591 de 1991. 9 Corte Constitucional. Sentencia T-1009 de 2012. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

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Demandado: Nueva E.P.S. y Otro 6 oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable”10.

Según la jurisprudencia de esta Corporación, este requisito procesal se satisface “con la correcta identificación de las personas o autoridades responsables de la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados, destacando a la vez que su adecuada integración persigue garantizar a los presuntos implicados el derecho a la defensa y, por esa vía, permitirles establecer el grado de responsab ilidad que les pueda asistir en los hechos que son materia de la controversia constitucional”[11]

garantizar a los presuntos implicados el derecho a la defensa y, por esa vía, permitirles establecer el grado de responsab ilidad que les pueda asistir en los hechos que son materia de la controversia constitucional”[11]

Con el cumplimiento de este requisito procesal, se busca entre otras cosas, evitar que se profieran sentencias desestimatorias con base en argumentos formales o de ritualidad exclusiva, que como es obvio resultan perjudiciales para el demandante, e igualmente, que se adopten decisiones inhibitorias las cuales se encuentran proscritas en sede de amparo constitucional por expreso mandato del parágrafo único del a rtículo 29 del Decreto 2591 de 1991.”

3.1.1 Legitimación en la causa por activa.

La señora María Elena Núñez Chacón, como persona natural, y quien actúa e n nombre propio, está legitimada para presentar la solicitud de tutela de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, el cual, establece que la acción constitucional podrá ser ejercida en todo momento y lugar por cualquier persona que encuentre vulnerados o amenazados en sus derechos fundamentales, quien podrá actuar por sí misma.

3.1.2 Legitimación en la causa por pasiva.

En ese sentido, se tiene que el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 previó que la tutela “…se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental…”.

En ese sentido, se tiene que la Nueva EPS y la Clínica Medilaser , están legitimadas por pasiva para actuar, pues según se indica en el escrito introductorio dichas entida des presuntamente desconocieron los derechos

En ese sentido, se tiene que la Nueva EPS y la Clínica Medilaser , están legitimadas por pasiva para actuar, pues según se indica en el escrito introductorio dichas entida des presuntamente desconocieron los derechos

10 T-568 de 2012. M.P. Mauricio González Cuervo. 11 Auto 257 de 2006. M.P. Rodrigo Escobar Gil.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

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Demandado: Nueva E.P.S. y Otro 7 fundamentales incoados por la accionante en el escrito de tutela, la primera, en el entendido que la actora se encuentra afiliada a esta EPS en calidad de beneficiaria y frente a la segunda entidad, por ser esta quien ha prestado el servicio médico requerido por la señora Núñez Chacón, sin que a la fecha se le haya realizado la intervención quirúrgica frente a la hernia que padece.

3.2 Inmediatez de la acción de tutela

La Corte Constitucional, ha establecido que el principio de inmediatez dispone que la acción de tutela debe impetrarse en un plazo razonable, al respecto se trae a colación la Sentencia T-160 de 2021, a través de la cual se estableció:

“…Para definir el plazo razonable, se considera el tiempo transcurrido entre el momento en el que se produjo la vulneración o amenaza a un derecho fundamental y la interposición de la acción. De manera que no se vea afectada la naturaleza propia de la acción de tutela como mecanismo de protección inmediata y urge nte de derechos fundamentales. De allí, que le corresponda al juez constitucional

derecho fundamental y la interposición de la acción. De manera que no se vea afectada la naturaleza propia de la acción de tutela como mecanismo de protección inmediata y urge nte de derechos fundamentales. De allí, que le corresponda al juez constitucional verificar el cumplimiento del principio de inmediatez…”.

Así la s cosas, el hecho por el cual la accionante considera que se le están vulnerando los derechos fundamentales, acaeció porque el 19 de mayo de 2025, con ocasión al tamaño y complejidad de su hernia, cirugía general expidió orden de consulta por cirugía de pared abdominal, alegando la falta de valoración e intervención quirúrgica de su hernia.

Por ende, considera la Sala que el tiempo transcurrido entre la fecha de la mentada orden (19/05/2025) 12 y la data en que fue interpuesta la tutela (25/06/2025)13, es razonable, por lo que , se cumple con el requisito de inmediatez.

3.3 Subsidiaridad

La acción de tutela es el mecanismo especial de defensa judicial instituido para la protección de los derechos fundamentales cuando por acción u omisión de las

12 Expediente digital Samai, Primera instancia, índice 3, archivo (5_Entradaporre_005Prueba2_4_20250625110654431 (1).pdf), Pág.1. 13 Expediente digital Samai, Primera instancia, índice 3, archivo (2_002Acta3667(.pdf) NroActua 3).TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

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Demandante: María Elena Núñez Chacón

Demandado: Nueva E.P.S. y Otro

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Demandante: María Elena Núñez Chacón

Demandado: Nueva E.P.S. y Otro 8 autoridades o de los particulares hubiesen vulnerado, violen o amenacen transgredirlos, la cual debe ser presentada por el titular del derecho, representante legal o cuando el afectado se encuentre imposibilitado o no esté en condiciones de ejercer su propia defensa, se podrá interponer por medio de un agente oficioso. Su procedencia se presenta siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial adecuado o se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, ya que es un instrumento creado por el Constituyente, para garantizar la protección de los derechos fundamentales que se encuentren amenazados o vulnerados, empero, es una acción de naturaleza subsidiaria y requiere presentarse de manera oportuna, para el logro de una tutela efectiva.

De otro lado, la Corte Constitucional ha reconocido a ciertas per sonas como sujetos de especial protección (menores de edad, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con disminuciones físicas y psíquicas y personas en situación de desplazamiento) 14, quienes gozan de un amparo reforzado –tanto jurídico como material – por parte del Estado y la sociedad debido a las particulares condiciones de vulnerabilidad y debilidad manifiesta en que se encuentran; por lo que resulta procedente la acción constitucional impetrada para analizar las pretensiones de la actora sobre la posible vulneración a los derechos fundamentales a la salud, vida y dignidad humana de la señora María Elena Núñez Chacón.

4. Derecho a la Salud

pretensiones de la actora sobre la posible vulneración a los derechos fundamentales a la salud, vida y dignidad humana de la señora María Elena Núñez Chacón.

4. Derecho a la Salud

El artículo 49 de la Constitución dispone que la atención en salud es un servicio público que está a cargo del Estado, por lo cual debe garantizar a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud, conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.

La Salud es un deber y un derecho pero cuando se encuentra enmarcado como derecho, la Corte Constitucional le ha otorgado el carácter de fundamental, como quiera que está relacionado con el goce efectivo del derecho a la vida en condiciones de dignidad, definiéndolo como “la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica funcional, tanto física como en el plano de la operatividad mental, y de restablecerse cuando se presente una perturbación en la estabilidad orgánica y funcional de su ser.”15

14 1 Corte Constitucional. Sentencia T-387 de 2018. Magistrada Ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado. 15 T-644/14T-597 de 1993; T-454 de 2008; T-566 de 2010.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

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Demandante: María Elena Núñez Chacón

Demandado: Nueva E.P.S. y Otro

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Por consiguiente, cuando una persona se encuentre afectada, lesionada en su integridad física y psíquica, debe recibir atención en su servicio de salud de manera oportuna e integral, bien sea como usuario cotizante del sistema de

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Por consiguiente, cuando una persona se encuentre afectada, lesionada en su integridad física y psíquica, debe recibir atención en su servicio de salud de manera oportuna e integral, bien sea como usuario cotizante del sistema de salud, como beneficiario o usuario del régimen subsidiado.

5. Atención integral en salud.

La Ley Estatutaria 1751 de 2015 se encargó de regular el derecho fundamental a la salud, y además de establecer una serie de elementos y principios esenciales e interrelacionados16, se refirió expresamente a la integralidad de la pre stación de los servicios de salud, en los siguientes términos:

“…Artículo 8. La Integralidad. Los servicios y tecnologías de salud deberán ser suministrados de manera completa para prevenir, paliar o curar la enfermedad, con independencia del origen de la enfermedad o condición de salud, del sistema de provisión, cubrimiento o financiación definido por el legislador. No podrá fragmentarse la responsabilidad en la prestación de un servicio de salud específico en desmedro de la salud del usuario.

En los casos en los que exista duda sobre el alcance de un servicio o tecnología de salud cubierto por el Estado, se entenderá que este comprende todos los elementos esenciales para lograr su objetivo médico respecto de la necesidad específica de salud diagnosticada…”.

En palabras de la Corte Constitucional, la atención integral en salud, en ocasiones conocido como tratamiento integral, comprende:

“…todo cuidado, suministro de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación, exámenes para el diagnóstico y el seguimiento, así como todo otro componente que el médico tratante valore como necesario para el pleno

“…todo cuidado, suministro de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación, exámenes para el diagnóstico y el seguimiento, así como todo otro componente que el médico tratante valore como necesario para el pleno restablecimiento de l a salud del paciente o para mitigar las dolencias que le impiden llevar su vida en mejores condiciones; y en tal dimensión, debe ser proporcionado a sus afiliados por las entidades encargadas de prestar el servicio público de la seguridad social en salud…”17.

Así, las anteriores prestaciones se encuentran garantizadas por el ordenamiento jurídico en aplicación del principio de integralidad y bajo criterios de continuidad,

16 A saber, los contenidos en el artículo 6 de la referida ley. 17 Corte Constitucional. Sentencia T-387 de 2018. Magistrada Ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado. Sentencia T-1059 de 2006.

Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas Hernández; entre otras.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

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Demandante: María Elena Núñez Chacón

Demandado: Nueva E.P.S. y Otro 10 sin que pueda alegarse por parte del Estado, o las entidades responsables, “…alguna au sencia de obligación específica, trámites administrativos, problemas de afiliaciones al sistema o cualquier otra excusa de este tipo…”18.

Sin embargo, la atención integral en salud no puede ser establecida al arbitrio del Juez o el paciente, sino que pende de los conceptos emitidos por el personal médico, de manera que “…las indicaciones y requerimientos del médico tratante deben ser las que orienten el alcance de la protección constitucional del derecho a la salud de las personas…”19.

médico, de manera que “…las indicaciones y requerimientos del médico tratante deben ser las que orienten el alcance de la protección constitucional del derecho a la salud de las personas…”19.

En tal sentido, la Corte Constitucional, ha referido:

“…Al mismo tiempo ha señalado esta corporación que tal principio no puede entenderse solo de manera abstracta. Por ello, para que un juez de tutela ordene el tratamiento integral a un paciente, debe verificarse (i) que la EPS haya actuado con negligencia en la prestación del servicio como ocurre, por ejemplo, cuando demora de manera injustificada el suministro de medicamentos, la programación de procedimientos quirúrgicos o la realización de tratamientos dirigidos a obtener su rehabilitación, poniendo así en riesgo la salud de la persona, prolongando su sufrimiento físico o emocional, y generando complicaciones, daños permanentes e incluso su muerte; y (ii) que existan las órdenes correspondientes, emitidas por el médico, es pecificando los servicios que necesita el paciente. La claridad que sobre el tratamiento debe existir es imprescindible porque el juez de tutela está impedido para decretar mandatos futuros e inciertos y al mismo le está vedado presumir la mala fe de la en tidad promotora de salud en el cumplimiento de sus deberes…"20.

De manera que, los supuestos anotados en precedencia deben concurrir en el caso objeto de análisis, a fin de que el juez constitucional pueda ordenar la autorización y suministro oportuno y co ntinuo de los servicios médicos requeridos para el tratamiento de determinada enfermedad, de conformidad con las prescripciones médicas emitidas en aras de restablecer la salud y propender por el desarrollo en condiciones dignas de la vida del paciente.

requeridos para el tratamiento de determinada enfermedad, de conformidad con las prescripciones médicas emitidas en aras de restablecer la salud y propender por el desarrollo en condiciones dignas de la vida del paciente.

6. Carencia actual de objeto por hecho sobreviniente en la acción de tutela.

La acción de tutela es el mecanismo especial de defensa judicial instituido para la protección de los derechos fundamentales cuando por acción u omisión de las

18 Corte Constitucional. Sentencia T-081 de 2019. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez. 19 En el mismo sentido: Corte Constitucional. Sentencia T -387 de 2018. Magistrada Ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado;

Sentencia T-607 de 2016. Magistrada Ponente: María Victoria Calle Correa; entre otra. 20 Corte Constitucional. Sentencia T-081 de 2019. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

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Demandante: María Elena Núñez Chacón

Demandado: Nueva E.P.S. y Otro 11 autoridades o de los p articulares, los hubiesen vulnerado, violentado o amenacen transgredirlos, y su procedencia se presenta siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial adecuado, o se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La situación sobreviniente se presenta ante cualquier otra circunstancia que haga inocua la orden de satisfacer la pretensión de la tutela. La Corte ha manifestado que “(…) es posible que la carencia actual de objeto no se derive de la presencia de un daño consumado o de un hecho superado sino de alguna otra

haga inocua la orden de satisfacer la pretensión de la tutela. La Corte ha manifestado que “(…) es posible que la carencia actual de objeto no se derive de la presencia de un daño consumado o de un hecho superado sino de alguna otra circunstancia que determine que, igualmente, la orden del/de la juez/a de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto”.21

Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia SU-529 del 05 de noviembre de 2019, expresó:

“45. El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena como por las distintas Salas de Revisión. Es una categoría que ha demostrado ser de gran utilidad para el concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud cobija casos que no se enmarcan en los concept os tradicionales de daño consumado y hecho superado. El hecho sobreviniente remite a cualquier “otra circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo t anto caiga en el vacío”. No se trata entonces de una categoría homogénea y completamente delimitada. A manera de ilustración, la jurisprudencia ha declarado un hecho sobreviniente cuando: (i) el actor mismo es quien asume la carga que no le correspondía pa ra superar la situación vulneradora; (ii) un tercero –distinto al accionante y a la entidad demandadaha logrado que la pretensión de la tutela se satisfaga en lo fundamental; (iii) es imposible proferir alguna orden por razones que no son atribuibles a la entidad demandada; o (iv) el actor simplemente pierde interés en el objeto original de la litis22.

fundamental; (iii) es imposible proferir alguna orden por razones que no son atribuibles a la entidad demandada; o (iv) el actor simplemente pierde interés en el objeto original de la litis22.

Con base en las anteriores precisiones, pasa la Sala a resol ver el problema jurídico expuesto.

7. Caso concreto

La señora María Elena Núñez Chacón , solicitó el amparo constitucional a los derechos fundamentales a la salud, vida y dignidad humana , toda vez que, a pesar de mediar orden médica del 19 de mayo de 2025, no se le ha realizado el

21 Corte constitucional. Sentencia SU-225/13. Magistrado Ponente: Alexei Julio Estrada 22 Corte Constitucional. Sentencia SU-522/19. Magistrado Ponente: Diana Fajardo Rivera.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

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Demandante: María Elena Núñez Chacón

Demandado: Nueva E.P.S. y Otro 12 agendamiento de la consulta por la especialidad de cirugía pared abdominal, y, en consecuencia, tampoco se ha llevado a cabo intervención quirúrgica (cirugía de hernia).

Surtido el trámite proces