TA HUI - Sentencia 41001-33-33-010-2025-00259-01 (02-12-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Sala Segunda de Decisión M.P. Dr. Gerardo Iván Muñoz Hermida

Neiva – Huila, dos (02) de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).

ACCIÓN : TUTELA

ACCIONANTE : SARA SIERRA DE FLOREZ Agente Oficioso de ARNOLDO

FLÓREZ ARANGO

ACCIONADO : SANIDAD POLICÍA NACIONAL ASUNTO : Sentencia Segunda Instancia RADICADO : 41 001 33 33 010 2025 00259 01

Aprobado en Sala de la fecha/Acta N° 091.

Asunto:

Decide la Sala la impugnación interpuesta por la parte actora, contra el fallo de tutela adiado 23 de octubre de 2025 , proferido por el Juzgado Décimo Administrativo de Neiva, que resolvió negar las pretensiones de la demanda.

1. Hechos

La señora Sara Sierra de Flórez, afirma que su esposo Arnoldo Flórez Arango, se encuentra afiliado al régimen especial de salud de la Policía Nacional, que cuenta con 94 años de edad y que padece las siguientes enfermedades “incontinencia fecal, demencia en la enfer medad de alzaheimer, incontinencias urinarias especificadas, problemas relacionados con movilidad reducida”

Resalta, que las enfermedades descritas desencadenan según su médico tratante dependencia funcional total y que se le ha ordenado cuidador permanente.

Refiere que ella tiene 87 años de edad y que es la persona que está pendiente

Resalta, que las enfermedades descritas desencadenan según su médico tratante dependencia funcional total y que se le ha ordenado cuidador permanente.

Refiere que ella tiene 87 años de edad y que es la persona que está pendiente de su cuidado.

Que, a través de acción de tutela le suministraron pañales por 6 meses a su esposo, pero la entidad después de este t érmino no continu ó con el suministro.Tribunal Contencioso Administrativo del Huila Acción de tutela - Rad. 410013333 010 2025 00259 01 Sara Sierra de Flórez agente oficiosa de Arnoldo Flórez Arango Vs. Sanidad Policía Nacional 2

Que, en Junta de rehabilitación realizada el 4 de septiembre de 2025, le ordenaron el suministro de pañales por 6 meses “PAÑALES TALLA M – 4

PAÑALES AL DIA PARA 120 [PAÑALES] MENSUALES”.

Que, procedió a radicar la solicitud para el suministro del anterior insumo y que mediante Oficio Nro.GS-2025-107213 DEUIL/UPRES/JEFAT 1.10 del 19 de septiembre de 2025 fue negada la solicitud.

Por lo anterior, solicita se amparen los derechos fundamentales a la salud, vida digna, integridad física de su esposo y que en consecuencia se le garantice el suministro de pañales, la asignación inmediata de un cuidador las 24 horas y la protección integral en salud.

2. Trámite de la solicitud de tutela

Mediante auto del 10 de octubre de 2025, el Juzgado Décimo Administrativo de Neiva1, resolvió admitir la presente acción de tutela contra Sanidad de la

2. Trámite de la solicitud de tutela

Mediante auto del 10 de octubre de 2025, el Juzgado Décimo Administrativo de Neiva1, resolvió admitir la presente acción de tutela contra Sanidad de la Policía Nacional y la Unidad prestadora de Salud del Huila -ESPCO clínica DEUIL HUILAclínica La Inmaculada Neiva.

El 23 de octubre de 2025 el Juzgado Décimo Administrativo de Neiva profirió sentencia, resolviendo negar el amparo de los derechos fundamentales invocados por la parte actora , siendo impugnada por la parte actora, la cual fue admitida por el despach o mediante auto de fecha 4 de noviembre de 2025.

3. Respuesta de la entidad accionada2

La jefe de la Unidad prestadora de salud - UPRESS Huila de Sanidad de la Policía Nacional, descorre traslado de la acción constitucional en los siguientes términos:

Señala que, el accionante está en estado activo, en calidad de titular cotizante al plan obligatorio de salud del subsistema de la Policía Nacional, en el grado Especialista Asesor Primero, con estado laboral pensionado.

Que, reporta como núcleo familiar a la señora Sara Sierra Correa, en calidad de cónyuge con 87 años y que, según el informe clínico y socio familiar del 23 de mayo de 2025, cuenta con el apoyo de sus 4 hijos.

Frente a la pretensión del suministro de pañales, enfatiza que por disposición del Acuerdo 002 de 2001, no se incluye su entrega por ser catalogados como elementos de uso, cuidado personal y de consumo.

1 Índice 6 SAMAI primera instancia.

del Acuerdo 002 de 2001, no se incluye su entrega por ser catalogados como elementos de uso, cuidado personal y de consumo.

1 Índice 6 SAMAI primera instancia. 2 Índice 9 SAMAI Primera Instancia.Tribunal Contencioso Administrativo del Huila Acción de tutela - Rad. 410013333 010 2025 00259 01 Sara Sierra de Flórez agente oficiosa de Arnoldo Flórez Arango Vs. Sanidad Policía Nacional 3

Refiere que, del informe clínico y sociofamiliar del actor, se destaca el actor cuenta con una red de apoyo suficiente y con la capacidad económica para asumir su responsabilidad como cuidadores.

Resalta que el programa de médico domiciliario -POMED, está dirigido para pacientes con patologías crónicas que se encuentren en etapa terminal, que tengan dependencia completa de cuidador y que según su historia clínica no es candidato para prescripción de enfermería.

Agregó que, al señor Flórez cuenta con todos los servicios ofrecidos por el Plan de Salud de la Institución y puede hacer uso del mismo por encontrarse activo al Plan Obligatorio de Salud de la Policía Nacional, de conformidad con lo establecido en los artículos 23, 24 y 27 del Decreto 1795 de 2000.

Finalmente, solicita se declare la improcedencia de la acción de tutela, ante la inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte actora.

4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA3

El Juzgado Décimo Administrativo de Neiva , mediante sentencia del 23 de octubre de 2025 , resolvió negar el amparo de los derechos fundamentales invocados por el actor en los siguientes términos:

El Juzgado Décimo Administrativo de Neiva , mediante sentencia del 23 de octubre de 2025 , resolvió negar el amparo de los derechos fundamentales invocados por el actor en los siguientes términos:

Luego de examinar los hechos y elementos de juicio que se aportaron con la solicitud de amparo y la contestación, y hacer referencia al marco normativo y jurisprudencial, indicó que, en lo que respecta al servicio del cuidador, la jurisprudencia de la Corte destaca que: “i) su función es ayudar en el cuidado del paciente en la atención de sus necesidades básicas, sin requerir instrucción especializada en temas médicos ii) Se refiere a la persona que brinda apoyo físico y emocional en el cuidado de otra persona que sufre una enfermedad grave, congénita, accidental o como consecuenc ia de su avanzada edad, que depende totalmente de un tercero, sin que ello implique la sustitución del servicio de atención paliativa o atención domiciliaria a cargo de las EPS iii) Se trata de un servicio que debe ser brindado principalmente por los famil iares del paciente, en atención a un primer nivel de solidaridad que corresponde a los parientes de un enfermo.”

Sin embargo, excepcionalmente una EPS podría estar obligada a prestar el servicio de cuidadores con fundamento en el segundo nivel de solidaridad para con los enfermos en caso de que falle el primer nivel por ausencia o incapacidad de los familiares y cuando exista orden del médico tratante 4, como se explica a continuación.

3 Índice 10 SAMAI Primera Instancia. 4 Sentencias T-423 de 2019 MP Gloria Stella Ortiz; T-458 de 2018 MP José Fernando Reyes C. y T-414 de 2016 MP Alberto Rojas R.Tribunal Contencioso Administrativo del Huila

3 Índice 10 SAMAI Primera Instancia. 4 Sentencias T-423 de 2019 MP Gloria Stella Ortiz; T-458 de 2018 MP José Fernando Reyes C. y T-414 de 2016 MP Alberto Rojas R.Tribunal Contencioso Administrativo del Huila Acción de tutela - Rad. 410013333 010 2025 00259 01 Sara Sierra de Flórez agente oficiosa de Arnoldo Flórez Arango Vs. Sanidad Policía Nacional 4

De acuerdo con la interpretación y el alcance que la Corte ha atribuido al artículo 15 de la Ley estatutaria 1751 de 2015, esta norma dispone que todo servicio o tecnología que no esté expresamente excluido del Plan Básico de Salud, se entiende incluido en este, razón por la cual debe ser prestado 5. En relación con el servicio de cuidador, el tema que se plantea es la posibilidad de que una EPS preste el servicio de cuidadores no está expresamente excluido del listado previsto en la Resolución 244 de 20196, pero tampoco se encuentra reconocido en el Plan Básico de Salud, cuya última actualización es la Resolución 3512 de 2019.

Frente a este contexto, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que, como una medida de carácter excepcional, la EPS deberá pr estar el servicio de cuidador cuando se cumplan dos condiciones: “(1) exista certeza médica sobre la necesidad del paciente de recibir este servicio; y (2) la ayuda como cuidador no pueda ser asumida por el núcleo familiar del paciente, por ser materialmente imposible. Por imposibilidad material se entiende que el núcleo familiar del paciente: (i) no cuenta con la capacidad física de prestar las

cuidador no pueda ser asumida por el núcleo familiar del paciente, por ser materialmente imposible. Por imposibilidad material se entiende que el núcleo familiar del paciente: (i) no cuenta con la capacidad física de prestar las atenciones requeridas, por falta de aptitud en razón a la edad o a una enfermedad, o porque debe suplir otras obl igaciones básicas, como proveer los recursos económicos básicos de subsistencia. (ii) Resulta imposible brindar el entrenamiento adecuado a los parientes encargados del paciente. Y (iii) carece de los recursos económicos necesarios para asumir el costo de contratar la prestación del servicio.”

En conclusión, para prestar cuidados especiales a un paciente en su domicilio es necesario verificar: “(i) una orden proferida por el profesional de la salud, si se trata del servicio de enfermería, y (ii) en casos e xcepcionales si el paciente requiere el servicio de cuidador y este no puede ser garantizado por su núcleo familiar por imposibilidad material, es obligación del Estado suplir dicha carencia y en tales casos se ha ordenado a las EPS suministrar el servicio para apoyar a las familias en estas excepcionales circunstancias, cuando el cuidador sea efectivamente requerido.”

Respecto al suministró de pañales desechables y cuidador, recalca que del acervo probatorio allegado al proceso se logró constatar que el actor tiene capacidad económica, en razón a que cuenta con 2 pensiones y un grupo familiar con ingresos suficiente para garantizar el suministro de lo solicitado , resaltando que la Corte Constitucional ha reiterado, que en razón al principio de solidaridad supone que “No se puede trasladar al sistema de salud cargas

familiar con ingresos suficiente para garantizar el suministro de lo solicitado , resaltando que la Corte Constitucional ha reiterado, que en razón al principio de solidaridad supone que “No se puede trasladar al sistema de salud cargas que el núcleo familiar puede cubrir sin afectar su mínimo vital .”

Finalmente, de la protección integral en salud aduce que “el objetivo final del tratamiento integral consiste en “asegurar la atención (…) de las prestaciones

5 Entre otras, las sentencias T-364 de 2019. M.P. Alejandro Linares C. y T-458 de 2018 MP José Fernando Reyes C. 6 “Por la cual se adopta el listado de servicios y tecnologías que serán excluidas de la financiación con recursos públicos asignados a la salud”.Tribunal Contencioso Administrativo del Huila Acción de tutela - Rad. 410013333 010 2025 00259 01 Sara Sierra de Flórez agente oficiosa de Arnoldo Flórez Arango Vs. Sanidad Policía Nacional 5

relacionadas con las afecciones de los pacientes” 7, afecciones que desconoce el Despacho, en concreto, y aun cuando se tiene plena certeza de que el accionante viene padeciendo problemas de salud, que afectan su cuerpo en diferentes esferas, es incierto cuales y qué procedimientos, medicamentos, apoyos diagnósticos, insumos, y servicios médicos complementarios ha de requerir concretamente el accionante para sus padecimientos, y si ellos, se le han de dispensar en Neiva, u otra ciudad diferente a su lugar de residencia.”

5. Impugnación8

La parte accionante recurrió la decisión de primera instancia, bajo los siguientes argumentos:

diferente a su lugar de residencia.”

5. Impugnación8

La parte accionante recurrió la decisión de primera instancia, bajo los siguientes argumentos:

Señala que el a quo valoró erróneamente los derechos fundamentales invocados, al desconocer que, según la Ley 1751 de 2015, el derecho a la salud es autónomo, fundamental e irrenunciable, y no puede condicionarse al nivel de ingresos del paciente o su familia.

Ratifica que lo solicitado (pañales prescritos y el cuidador), no están excluidos del POS, por lo que no debe exigirse demostrar incapacidad económica. A pesar de ello, el juez negó la solicitud basándose en que el paciente supuestamente contaba con dos pensiones y apoyo económico familiar, argumento que desconoce la jurisp rudencia constitucional —sentencias T760/08, T -263/17, T -289/20 y T -136/18— la cual prohíbe negar servicios esenciales en salud por razones económicas.

Aclara que el accionante solo tiene una pensión de la Policía Nacional y no posee bienes inmuebles y que la vivienda que habitan se sufraga con dicha pensión. También se señala que el fallo desconoce el principio de protección reforzada al adulto mayor, pues el paciente tiene 9 4 años, salud deteriorada y movilidad reducida, lo que lo ubica en una situación de especial vulnerabilidad protegida por la Ley 1251 de 2008 y los artículos 13 y 46 de la Constitución.

Asimismo, indica que no se tuvo en cuenta que la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, como régimen especial de salud, debe garantizar la atención

Constitución.

Asimismo, indica que no se tuvo en cuenta que la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, como régimen especial de salud, debe garantizar la atención integral de sus afiliados, incluidos los insumos derivados de diagnósticos médicos.

Finalmente, sostiene que la negativa del juez configura una discriminación injustificada contra un pensionado al presumir que sus ingresos sustituyen las obligaciones del sistema de salud, lo cual vulnera el principio de igualdad del artículo 13 de la Constitución y la jurisprudencia que prohíbe trasladar a los

7 Sentencia T-178 de 2017. 8 Índice 12 SAMAI Primera InstanciaTribunal Contencioso Administrativo del Huila Acción de tutela - Rad. 410013333 010 2025 00259 01 Sara Sierra de Flórez agente oficiosa de Arnoldo Flórez Arango Vs. Sanidad Policía Nacional 6

pacientes o sus familias el costo de tratamientos indispensables.

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. Asunto jurídico a resolver

Corresponde a la S ala establecer, en los términos de la impugnación, si la Unidad prestadora de salud - UPRESS Huila de Sanidad de la Policía Nacional vulneró a la salud, vida digna, integridad física , al negarle el suministro de cuidador permanente, pañales desechables y tratamiento integral, bajo el argumento que cuenta con los recursos económicos para sufragar referidos servicios.

6.2. Competencia

De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 1 del Decreto 1983 de

sufragar referidos servicios.

6.2. Competencia

De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 1 del Decreto 1983 de 2017, esta Corporación es competente para conocer de la impugnación al fallo de tutela de primera i nstancia proferido por el Juzgado Décimo Administrativo de Neiva.

6.3. Legitimación

El artículo 86 de la Constitución Política dispone que, “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública”.

Por su parte, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, establece que la acción de tutela puede ser ejercida por cualquier persona que considere violados o amenazados sus derechos fundamentales, pudiendo actuar directamente o a través de su representante.

Agrega la citada disposición que, “También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular del derecho de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, debe manifestarse en la solicitud.”

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha sido reiterativa en precisar que la figura de la agencia oficiosa tiene lugar cuando de manera expresa sea invocada su utilización por el actor o que claramente se desprenda de los hechos relatados y cuando de forma efectiva se acredite la imposibilidad de

la figura de la agencia oficiosa tiene lugar cuando de manera expresa sea invocada su utilización por el actor o que claramente se desprenda de los hechos relatados y cuando de forma efectiva se acredite la imposibilidad de manera directa y personal de acudir en busca de la protección de los derechos fundamentales.

En el caso concreto, según los hechos plasmados en el libelo, la señora SaraTribunal Contencioso Administrativo del Huila Acción de tutela - Rad. 410013333 010 2025 00259 01 Sara Sierra de Flórez agente oficiosa de Arnoldo Flórez Arango Vs. Sanidad Policía Nacional 7

Sierra de Flórez quien agencia los derechos del señor Arnoldo Flórez Arango, señala que, requiere la protección de los derechos fundamentales a la salud, vida digna, integridad física, pues tiene 94 años de edad y una afectación en su salud física “Dependencia Total” que lo imposibilita para acudir personalmente a solicitar la protección de sus derechos fundamentales.

Así las cosas, la Sala encuentra debidamente acreditada la agencia oficiosa y la procedencia de la acción desde el aspecto de la titularidad para instaurarla.

Ahora bien, con relación a quién va dirigida la acción de tutela, el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 expresa que: “se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental (…)”.

De tal manera que corresponde a la Unidad prestadora de salud - UPRESS Huila de Sanidad de la Policía Nacional , garantizar la prestación de los servicios que para el restablecimiento de su salud requiera el accionante, por

fundamental (…)”.

De tal manera que corresponde a la Unidad prestadora de salud - UPRESS Huila de Sanidad de la Policía Nacional , garantizar la prestación de los servicios que para el restablecimiento de su salud requiera el accionante, por ser la entidad que presta los servicios de salud , específicamente suministro de pañales y cuidador permanente.

6.4. Del marco normativo y jurisprudencial

La acción de tutela es un mecanismo de defensa constitucional preferente y sumario, consagrado por el artículo 86 de la Constitución Política, para que toda persona pueda reclamar ante los jueces, en cualquier momento y lugar, la protección inmediata de su s derechos fundamentales cuando quiera que estos resulten amenazados o vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de particulares que presten un servicio público y respecto de los cuales el afectado se encuentre en circunstancias d e subordinación o indefensión.

6.4.1. Del derecho a la salud

El derecho a la salud y a la seguridad social se encuentra consagrado en el artículo 48 de la Constitución Política, que define la seguridad social como “… un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad en los términos que establezca la ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social (...)”.

Mandato constitucional, en desarrollo del cual se expidió la Ley 100 de 1993, donde se reglamentó el Sistema General de Seguridad Social en Salud, sus fundamentos, organización y funcionamiento desde la perspectiva de una cobertura universal9.

Mandato constitucional, en desarrollo del cual se expidió la Ley 100 de 1993, donde se reglamentó el Sistema General de Seguridad Social en Salud, sus fundamentos, organización y funcionamiento desde la perspectiva de una cobertura universal9.

9 Artículo 152 de la Ley 100 de 1993.Tribunal Contencioso Administrativo del Huila Acción de tutela - Rad. 410013333 010 2025 00259 01 Sara Sierra de Flórez agente oficiosa de Arnoldo Flórez Arango Vs. Sanidad Policía Nacional 8

La jurisprudencia ha señalado que de conformidad con el artículo 49 Superior, la salud tiene una doble connotación: como derecho y como servicio público10, precisando que todas las personas deben acceder a él, y que corresponde al Es tado organizar, dirigir, reglamentar y garantizar su prestación atendiendo los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.11

En consecuencia, la salud constituye un derecho fundamental de todos los habitantes del territorio nacional que debe ser respetado y protegido a través de la acción de tutela cuando este resultare amenazado o vulnerado.

De igual manera, resulta importante precisar que por disposición expresa del literal c) del artículo 156 de la Ley 100 de 1993, el derecho a la salud debe prestarse de conformidad con el principio de atención integral, para lo cual el Estado, así como los particulares comprometidos con la prestación del servicio de salud tienen la obligación de garantizar el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación atendiendo a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.

6.4.2. Del sistema de salud de las Fuerzas Militares y de Policía como regímenes especiales

servicios de promoción, protección y recuperación atendiendo a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.

6.4.2. Del sistema de salud de las Fuerzas Militares y de Policía como regímenes especiales

Los artículos 216 y 217 de la Constitución Política, señala que los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional se encuentran excluidos del Sistema Integral de Seguridad Social. Así se dispuso de manera expresa en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993.

A su turno, la Ley 352 de 1997, por la cual se estructuró el Sistema de salud para las fuerzas militares y de policía, la que fue modificada por el Decreto 1795 de 2000 determinando la existencia dentro del régimen especial de dos subsistemas el de salud de las Fuerzas Militares - SSFM y el de la Policía Nacional -SSPN-, administrados por la Dirección General de Sanidad Militar o de Policía según el caso.

Adicionalmente, en el referido decreto se dispone que los servicios médicos asistenciales que se encuentran contenidos en el Plan de Servicios de Sanidad Militar y Policial se prestaran según los parámetros que establezca cada organismo, cubriendo la atención integral en enfermedad general y maternidad en las áreas de promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación, entre otros.

En concordancia, se expidió el Acuerdo No 002 de 2001 , estableciendo el plan de servicio de ambos sistemas de salud, en el que se determina el

10 Sentencias T-134 de 2002 MP. Álvaro Tafur Galvis y T-544 de 2002 MP. Eduardo Montealegre Lynett.

plan de servicio de ambos sistemas de salud, en el que se determina el

10 Sentencias T-134 de 2002 MP. Álvaro Tafur Galvis y T-544 de 2002 MP. Eduardo Montealegre Lynett. 11 Sentencias T-207 de 1995 MP. Alejandro Martínez Caballero; T409 de 1995 MP. Antonio Barrera Carbonell y C-577 de 1995 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz.Tribunal Contencioso Administrativo del Huila Acción de tutela - Rad. 410013333 010 2025 00259 01 Sara Sierra de Flórez agente oficiosa de Arnoldo Flórez Arango Vs. Sanidad Policía Nacional 9

conjunto de servicios de atención de salud al que tienen derecho los afiliados y beneficiarios de este régimen especial. Asimismo, determinó los servicios y procedimientos médicos que se encuentran excluidos del Plan de servicios de Sanidad Militar y Policial.

El numeral 2 de referido estatuto, reglamentó el suministro de algunos elementos y la limitación de tratamientos dejando a lado los pañales desechables.

No obstante, la Corte Constitucional ha señalado que para l as personas a quienes su médico tratante les prescribe el uso de pañales desechables, la falta de estos “afecta la dignidad de la persona, en uno de sus aspectos más íntimos y privados, e impide la convivencia normal con sus congéneres”. 12

Adicionalmente, dispuso que “toda persona tiene derecho a acceder a los servicios de salud que requiera, estén o no incluidos”, para lo cual se deben analizar cuatro subreglas que conforman la regla general, a saber:

(i) la falta del servicio médico vulnera o amenaza los derechos a la vida y a la

servicios de salud que requiera, estén o no incluidos”, para lo cual se deben analizar cuatro subreglas que conforman la regla general, a saber:

(i) la falta del servicio médico vulnera o amenaza los derechos a la vida y a la integridad personal de quien lo requiere; (ii) el servicio no puede ser sustituido por otro que se encuentre incluido en el Plan Obligatorio de Salud; (iii)el interesado no puede costearlo directamente, y no puede acceder al s ervicio por otro plan distinto que lo beneficie; (iv)el servicio médico ha sido ordenado por un médico adscrito a la entidad encargada de garantizar la prestación del servicio a quien está solicitándolo.13”

6.4.3 Del servicio de Cuidador

El artículo 2.5.1.2.1 del Decreto Único Reglamentario en Salud 780 de 2016, y el artículo 6º, literales d) y e) de la Ley 1715 de 2015, definen el principio de continuidad, “…como el derecho a recibir los servicios de salud de manera continua. Una vez la p rovisión de un servicio ha sido iniciada, este no podrá ser interrumpido por razones administrativas o económicas… ”, y el de oportunidad como “…la posibilidad que tiene el usuario de obtener los servicios que requiere, sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud. Esta característica se relaciona con la organización de la oferta de servicios en relación con la demanda y con el nivel de coordinación institucional para gestionar el acceso a los servicios…”. Resaltando que “…la prestación de los servicios y tecnologías de salud deben proveerse sin dilaciones…”.

En lo tocante con el servicio de cuidador , en la medida que el Juzgado

a los servicios…”. Resaltando que “…la prestación de los servicios y tecnologías de salud deben proveerse sin dilaciones…”.

En lo tocante con el servicio de cuidador , en la medida que el Juzgado ordenó la prestación de este servicio, de lo cual no existe discusión por parte de la Nueva EPS en su escrito de impugnación, la Sala no abordará su estudio; sin embargo y como complemento de lo ordenado hace referencia al “Derecho fundamental al cuidado ”, de lo que , en pronunciamiento, la Corte

12 Sentencia T-565 de 1999 13 Al respecto se pueden consultar las sentencias T-760 de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; y T-478 de 2014, M.P. María Victoria Calle CorreaTribunal Contencioso Administrativo del Huila Acción de tutela - Rad. 410013333 010 2025 00259 01 Sara Sierra de Flórez agente oficiosa de Arnoldo Flórez Arango Vs. Sanidad Policía Nacional 10

Constitucional en Sentencia T-583 de 2023, precisó que, aunque el derecho al cuidado aparece en el artículo 44 de la Constitución Política como derecho fundamental para los niños, en este caso puntual, el alto tribunal resolvió que es un derecho fundamental para quienes se encuentren en situación de discapacidad o haya una dependencia permanente de un tercero y que el deber de la solidaridad no puede llegar al extremo de exigir sacrificar el goce de las garantías fundamentales de aquellos familiares cercanos en nombre de los derechos de las personas a quienes deban socorrer.

En pronunciamiento reciente, la Corte Constitucional en Sentencia T-319 de 2025 14, dejo claro los requisitos que se deben tener en cuenta para trasladar

nombre de los derechos de las personas a quienes deban socorrer.

En pronunciamiento reciente, la Corte Constitucional en Sentencia T-319 de 2025 14, dejo claro los requisitos que se deben tener en cuenta para trasladar la carga del servicio de cuidado al Estado, en cabeza de la Eps, destacando:

“Tabla 2. Requisitos para el servicio del cuidado15 Requisito Medios de acreditación Certeza médica de que el paciente requiere cuidados especiales. i) La orden médica para el servicio. ii) Anotaciones del personal médico que indiquen que el servicio es requerido. iii) La prueba de una enfermedad que por sus características amerita el servicio de cuidador. Incapacidad familiar para asumir el servicio i) La familia no tiene la capacidad física para cuidar porque sus miembros tienen alguna de las siguientes condiciones que les imposibilitan realizar las tareas de cuidado: (a) enfermedades, (b) una edad joven o avanzada o, (c) deberes consigo mismo o la familia como sucede con quienes tienen que obtener los recursos de subsistencia. ii) No es posible capacitar o entrenar a los familiares en las tareas del cuidado. iii) La familia no tiene los recursos económicos para contratar el servicio de cuidador/a.”

Adicionalmente, resaltó las características del servicio de cuidador así:

Servicio de cuidador Brinda apoyo físico y emocional a pacientes que dependen totalmente de otra persona para realizar actividades básicas. Le corresponde a la familia del paciente y subsidiaria y excepcionalmente al Estado, en virtud del principio de solidaridad. No es un servicio de salud, sino un servicio complementario (artículo 3.18 de la Resolución 740 de 2024).

Le corresponde a la familia del paciente y subsidiaria y excepcionalmente al Estado, en virtud del principio de solidaridad. No es un servicio de salu