TA MET - Auto 50313-33-33-001-2024-00033-01 (30-07-2025)

República de Colombia

Tribunal Administrativo del Meta - Sala Sexta Oral

MAGISTRADO PONENTE: HÉCTOR ENRIQUE REY MORENO

Villavicencio, julio treinta (30) de dos mil veinticinco (2025)

RADICACIÓN: 50313333300120240003301

DEMANDANTE: MUNICIPIO DE GRANADA

DEMANDADO: FREDY ALBERT ROSAS GARCÍA y OTROS

M. DE CONTROL: NULIDAD Y REST. DEL DERECHO

(LESIVIDAD)

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra el auto dictado el 15 de julio de 2024, por medio del cual el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Granada negó la suspensión provisional de los efectos de las Resoluciones Nos. 885 del 15 de diciembre del 2023 y 941 del 28 de diciembre del mismo año, por medio de las cuales la entidad territorial constituyó dos servidumbres de tránsito en favor de los demandados.

ANTECEDENTES.

La demanda, sus pretensiones y la solicitud de medi da cautelar1.

El MUNICIPIO DE GRANADA presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (lesividad), en contra

los señores FREDY ALBERT GARCÍA, ESPERANZA GARCÍA MEDINA, LUZ

MARINA GARCÍA MEDINA, LUZ MARINA GARCÍA MEDINA, YANETH GARCÍA

MEDINA, MARÍA BENEDICTA HERNÁNDEZ PINEDA, ÁLVARO GARCÍA

MEDINA, JOSÉ JOAQUÍN ROSAS GARCÍA, JORGE HELI ROSAS GARCÍA,

MEDINA, MARÍA BENEDICTA HERNÁNDEZ PINEDA, ÁLVARO GARCÍA

MEDINA, JOSÉ JOAQUÍN ROSAS GARCÍA, JORGE HELI ROSAS GARCÍA, RONALD LEONARDO ROSA S GARCÍA y FREDY ALBERT ROSAS GARCÍA con el fin de obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones Nos. 885 del

1 Ver el índice 02 de primera instancia registrado en el aplicativo SAMAI.2

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MUNICIPIO DE GRANADA V/s FREDY ALBERT ROSAS GARCÍA y OTROS 15 de diciembre del 2023 y 941 del 28 de diciembre del mismo año, través de las cuales constituyó dos servidumbres de tránsito en favor de los demandados.

De otra parte, como medida cautela r solicitó que se decrete la suspensión provisional de los actos administrativos demandados con el fin de que el predio del cual se derivaron las servidumbres vuelva a su estado natural.

La demanda le correspondió por reparto al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Granada, quien en virtud de providencias del 27 de mayo de 2024 dispuso su admisión 2 y ordenó correrle traslado a los demandados de la solicitud de medida cautelar3.

La oposición a la solicitud de medida cautelar4.

Dentro de la oportunidad concedida, los demandados se opusieron al decreto de la medida cautelar deprecada por el MUNICIPIO DE GRANADA , pues, en su sentir el medio de control se encuentra caducado, toda vez que por la naturaleza del asunto le resulta aplicable el termino de caducidad de 4 meses

al decreto de la medida cautelar deprecada por el MUNICIPIO DE GRANADA , pues, en su sentir el medio de control se encuentra caducado, toda vez que por la naturaleza del asunto le resulta aplicable el termino de caducidad de 4 meses previsto en el artículo 164 del CPACA y, por ende, debió interponerse antes del 22 y 30 de abril de 2024, dado que los actos administrativos demandados fueron registrados en el respectivo Folio de Matricula Inmobiliaria el 20 y el 29 de diciembre de 2023.

Aunado a lo anterior, señalaron que el sub judice no se enmarca en uno de los asuntos que deba tramitarse bajo la acción de lesividad, pues, se argumenta una presunta transgresión de l ordenamiento superior, cuando en la realidad no existía en el ordenamiento jurídico ninguna disposición que conminara al mandatario de la época a solicitar concepto previo al concejo municipal para autorizar una servidumbre legal de tránsito en su favor.

Finalmente, señalaron que no se satisfacen los requisitos específicos para la procedencia de la medida cautelar deprecada por el demandante, toda vez que la autorización por parte del Concejo Municipal al

2 Ver índice 05 ibidem. 3 Ver índice 06 ibidem. 4 Ver índice 12 ibidem.3

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MUNICIPIO DE GRANADA V/s FREDY ALBERT ROSAS GARCÍA y OTROS mandatario de la época no constituye un requisito legal para autoriza r, en su momento, la servidumbre de tránsito otorgada a través de los actos administrativos atacados.

mandatario de la época no constituye un requisito legal para autoriza r, en su momento, la servidumbre de tránsito otorgada a través de los actos administrativos atacados.

Sostuvieron, que para decretar la suspensión provisional de los actos administrativos debe existir violación de las normas superiores invocadas como quebrantadas, lo cual no acontece en el sub ju dice, toda vez las servidumbres autorizadas a su favor oper aron de pleno derecho y por autorización directa de la ley.

La providencia apelada5.

En virtud de auto del 15 de julio de 2024 el mencionado despacho judicial negó la petición de la parte actora por considerar si bien en el escrito de medida cautelar se invocaron como violadas, normas constitucionales, las Leyes 136 de 1994, 489 de 1998, 1437 de 2011 y 84 de 1873 y el Decreto 1333 de 1986, no se precisó cuáles de sus artículos se estiman infringidos.

Adicionalmente, señaló que no se sustentó el concepto de violación, pues, solo se afirmó que existía falsa motivación y desviación de poder y tampoco se ofreció explicación detallada sobre las razones que fundamentan la presunta configuración de las causales de anulación invocadas o la existencia de una constitución de servidumbre de tránsito abiertamente ilegal.

Agregó, que contrario a lo establecido por el H. Consejo de Estado, la parte actora omitió sustentar la medida cautelar impetrada y , en su lugar, se limitó a solicitar la suspensión, sin identificar o explicar las razones que motivaron

Agregó, que contrario a lo establecido por el H. Consejo de Estado, la parte actora omitió sustentar la medida cautelar impetrada y , en su lugar, se limitó a solicitar la suspensión, sin identificar o explicar las razones que motivaron lo pretendido, lo cual no puede ser subsanado por el operador judicial a partir del concepto de violación expuesto en la demanda.

De otra parte, señaló que lo solicitado se circunscribe a establecer si los actos por medio de los cuales se constituyó la servidumbre de tránsito en favor de los demandados adolecen de falsa motivación y desviación de poder, asunto que no fue debidamente detallado en la cautela y que, de todas formas,

5 Ver el índice 16 ibidem.4

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MUNICIPIO DE GRANADA V/s FREDY ALBERT ROSAS GARCÍA y OTROS corresponde al estudio de fondo de la demanda, lo cual, de definirse en es e momento, implica una trasgresión de lo dispuesto en el artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo , pues , equivaldría a adelantar la respuesta al problema jurídico y resolverlo anticipadamente, sin darle a la contraparte la oportunidad de ejercer en debida forma su derecho de defensa y contradicción.

Sumado a lo anterior, señaló que al contrastar preliminarmente los actos administrativos demandados con las normas superiores, no se evidencia trasgresión del ordenamiento jurídico, toda vez que l as Resoluciones Nos. 885 del 15 de diciembre y 941 del 28 de diciembre de 2023 fueron expedidas con base en los artículos 879, 888 y 905 del Código Civil y de acuerdo con la

trasgresión del ordenamiento jurídico, toda vez que l as Resoluciones Nos. 885 del 15 de diciembre y 941 del 28 de diciembre de 2023 fueron expedidas con base en los artículos 879, 888 y 905 del Código Civil y de acuerdo con la necesidad presentada en su momento que originó la constitución del gravamen ; facultad que la ley le concedió a la administración.

El recurso de apelación6.

Inconforme con la anterior determinación la entidad demandante presentó recurso de reposición y , en subs idio, el de apelación con el fin de obtener su revocatoria y la consecuente suspensión provisional de los actos administrativos demandados.

Como fundam ento de lo anterior señaló que contrario a lo argumentado por el a quo , en el escrito de medidas cautelares se encuentran acreditados los requisitos señalados en el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, para acceder a la medida cautelar deprecada , puesto que en el acápite “fundamentos de la solicitud ” efectuó un análisis de las disposiciones violadas indicando cada uno de los artículos infringidos con la expedición de la s Resoluciones Nos. 885 y 941 del 15 y 28 de diciembre 2023 por medio de la s cuales se constituyó una servidumbre de tránsito.

Aunado a lo anterior, señaló que tampoco es cierto que no hubiese realizado la confrontación de las normas vulneradas por los actos administrativos

6 Ver el índice 19 ibidem.5

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MUNICIPIO DE GRANADA V/s FREDY ALBERT ROSAS GARCÍA y OTROS demandados, puesto que en el acápite “B. ANÁLISIS DE LOS ACTOS

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MUNICIPIO DE GRANADA V/s FREDY ALBERT ROSAS GARCÍA y OTROS demandados, puesto que en el acápite “B. ANÁLISIS DE LOS ACTOS DEMANDADOS Y SU CONFRONTACIÓN CON LAS NORMAS SUPERIORES INVOCADAS COMO VIOLADAS” del escrito de medidas cautelares efectuó las siguientes manifestaciones:

Los artículos 121 y 123 de la Constitución Política prevén que ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley. El articulo 209 ibid. indica que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Conforme lo previsto por el numeral 3° del artículo 313 de la Constitución Política, “Corresponde a los concejos: 3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponden al Concejo.” El artículo 5° de la ley 489 de 1998 prevé que los organismos y entidades administrativos deberán ejercer con exclusividad las potestades y atribuciones inherentes, de manera directa e inmediata, respecto de los asuntos que les hayan sido asignados expresamente por la ley, la ordenanza, el acuerdo o el reglamento ejecutivo. En armonía con ello, el artículo 4° ibidem, dispone que la función administrativa del Estado busca la satisfacción de las necesidades generales de todos los habitantes, de conformidad con los principios, finalidades y cometidos consagrados en la Constitución Política.

administrativa del Estado busca la satisfacción de las necesidades generales de todos los habitantes, de conformidad con los principios, finalidades y cometidos consagrados en la Constitución Política. Los organismos, entidades y personas encargadas, de manera permanente o transitoria, del ejercicio de funciones administrativas deben ejercerlas consultando el interés general. El artículo 91 de la Ley 136 de 1994 señala que, los Alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el Presidente de la República o gobernador respectivo. Esta misma norma en su literal a) numeral 1° dispone que los Alcaldes deben presentar los Proyectos de Acuerdo que juzguen convenientes para la buena marcha del municipio. Ahora bien, abordando el análisis de las anteriores normas, con los hechos que sustentan la presente solicitud y las pruebas que se acompañan expresamos al despacho que en el presente asunto encontramos que el Ex Alcalde del Municipio de Granada – Meta, previo a adoptar la determinación mediante los ACTOS ADMINISTRATIVOS cuestionados acerca de la CONSTITUCIÓN VOLUNTARIA y GRATUITA de DOS (2) SERVIDUMBRES DE TRÁNSITO sobre un predio del Municipio, NO acudió al Concejo Municipal para obtener autorización o concepto favorable para disponer del predio con Folio de Matrícula Inmobiliaria No 23632480 denominado en el Certificado de Tradición como “MATADERO MUNICIPAL” conocido en el municipio como “COMPLEJO GANADERO”, en tal sentido.6

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32480 denominado en el Certificado de Tradición como “MATADERO MUNICIPAL” conocido en el municipio como “COMPLEJO GANADERO”, en tal sentido.6

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MUNICIPIO DE GRANADA V/s FREDY ALBERT ROSAS GARCÍA y OTROS Desconociendo que el artículo 167 del Código del Régimen Municipal, Decreto – Ley No. 1333 de 1986 señala que “La administración y disposición de bienes inmuebles municipales, incluyendo los ejidos, estarán sujetas a las normas que dicten los Concejos Municipales.”: En relación con el alcance de esta norma, el Consejo de Estado en Sentencia del 30 de agosto de 20122 señaló que [a]l respecto, no sobra traer a colación que, el término "administrar", de que trata la norma, significa según el Diccionario de la Lengua Española: "1. tr. Gobernar, ejercer la autoridad o el mando sobre un territorio y sobre las personas que lo habitan. 2. tr. Dirigir una institución. 3. tr. Ordenar, disponer, organizar, en especial la hacienda o los bienes. 4. tr. Desempeñar o ejercer un cargo, oficio o dignidad. 5. tr. Suministrar, proporcionar o distribuir algo. 6. tr. Conferir o dar un sacramento. 7. tr. Aplicar, dar 。 hacer tomar un medicamento. 8. tr. Graduar o dosificar el uso de algo, para obtener mayor rendimiento de produzca mejor efecto". Por su parte, la locución "disponer" significa: "1.tr. Colocar, poner algo en orden y situación conveniente.

8. tr. Graduar o dosificar el uso de algo, para obtener mayor rendimiento de produzca mejor efecto".

Por su parte, la locución "disponer" significa: "1.tr. Colocar, poner algo en orden y situación conveniente. 2. tr. Deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse. 3. tr. Preparar (/) prevenir). U. t. c. prnl. 4. intr. Ejercitar en algo facultades de dominio, enajenarlo o gravarlo, en vez de atenerse a la posesión y disfrute. Testar acerca de ello. 5. intr. Valerse de alguien o de algo, tenerlo o utilizarlo por suyo. Nótese que todas estas acepciones dan cuenta de una facultad decisoria con respecto a algo sobre lo cual se ejerce potestad o mando (…).” En tal sentido, frente a la disposición de un inmueble de propiedad de una entidad territorial del orden Municipal, según lo expuesto en el Artículo 167 del Decreto - Ley No. 1333 de 1986, se enmarca en aquellas facultades que la legislación ha puesto en c abeza EXCLUSIVA del Concejo Municipal y no del Alcalde, es decir que corresponde a una COMPETENCIA PRIVATIVA de la Corporación Político Administrativa Municipal. A propósito del tema de las atribuciones y competencias de los órganos del estado, sus límites y consecuencias en el marco de principios como el de legalidad, el Consejo de Estado ha precisado que “(…) En este contexto, y en razón a que, en virtud de los artículos 6°, 122, 123 de la Constitución Política y del artículo 5° de la Ley 489 de 1998, los servidores públicos y las entidades estatales están al servicio del Estado y de la comunidad y ejercerán

artículos 6°, 122, 123 de la Constitución Política y del artículo 5° de la Ley 489 de 1998, los servidores públicos y las entidades estatales están al servicio del Estado y de la comunidad y ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento, es claro que la asignación de funciones o de competencias a estos tiene que estar expresamente contemplada en el ordenamiento jurídico. Dicho de otra manera, las funciones y competencias son explícitas y no se derivan de un análisis interpretativo.7

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MUNICIPIO DE GRANADA V/s FREDY ALBERT ROSAS GARCÍA y OTROS (…) En el presente asunto, además de la manifiesta extralimitación de sus funciones el Ex mandatario local suscriptor de los actos administrativos demandados, no solo vulneró la Constitución y la ley con su expedición, sino que además generó un daño patrimonial a la entidad territorial al, SIN MEDIAR AUTORIZACIÓN, EXONERAR SIN JUSTIFICACION ALGUNA a los beneficiarios de las servidumbres constituidas, de su deber legal – artículo 905 Código Civil - de INDEMNIZAR al Municipio como propietario del predio sirviente, en relación con el valor del terreno necesario para la constitución de las mismas y el resarcimiento por los perjuicios que como consecuencia de tales actos deberá en adelante soportar dicho inmueble. Suma de dinero que conforme se acredita con el dictamen pericial aportado, asciende a TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL

TRESCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS

($378.330.709,55) CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS, lo

aportado, asciende a TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS ($378.330.709,55) CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS, lo que también representa un grave e injustificado perjuicio para la entidad territorial demandante, y por supuesto una expedición irregular de tales actos

Finalmente, señaló que la medida era necesaria, puesto que de conformidad con lo establecido en los actos administrativos demandados , los propietarios del predio dominante se encuentran realizando múltiples obras dentro del inmueble las cuales vienen impidiendo que las actividades dentro del mismo se desarrollen con normalidad aunado a que la constitución de las referidas Servidumbres, implica en la práctica un incumplimiento por parte del Municipio de Granada – Meta al contrato de comodato No. 001 de 2021 suscrito entre el ente territorial y la ASOCIACIÓN DE GANADEROS DEL ARIARI “AGANAR” el cual tiene por objeto entregar le a título de comodato para su operación y administración el Complejo Ganadero , junto con el inmueble e infraestructura del mismo.

Con base en lo anterior, argumentó que no había lugar a negar el decreto de la medida cautelar solicitada bajo los planteamientos consignados en el auto objeto de recurso, puesto que en la solicitud de suspensión provisional de las Resoluciones Nos. 885 y 941 del 15 y 28 de diciembre de 2023 respectivamente, expuso claramente que , además de ser expedidas sin competencia, de forma irregular y mediante falsa motivación, se desconoció por parte de la administración municipal el principio del derecho al debido proceso, buena fe y moralidad, toda vez que durante el trámite de la expedición de dichos

competencia, de forma irregular y mediante falsa motivación, se desconoció por parte de la administración municipal el principio del derecho al debido proceso, buena fe y moralidad, toda vez que durante el trámite de la expedición de dichos actos administrativos no se realizó el trámite señalado en la ley para constituir las dos servidumbres en el predio distinguido con el Folio de Matrícula Inmobiliaria8

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MUNICIPIO DE GRANADA V/s FREDY ALBERT ROSAS GARCÍA y OTROS No 236 -32480 denominado en el Certificado de Tradición y Libertad como “Matadero Municipal ” conocido en el municipio como “ Complejo Ganadero ”, razón por la cual es evidente su ilegalidad, la vulneración de normas de orden Constitucional, del ordenamiento jurídico, la grave afectación al patrimonio de la entidad territorial demandante y del interés general.

La resolución del recurso de reposición7.

Mediante auto emitido el 18 de noviembre de 2024 el A quo decidió no reponer la decisión proferida el 15 de julio de 2024 , por considerar que se utilizó la m isma carga argumentativa con la que solicitó la suspensión de las Resoluciones 885 y 941 del 15 y 28 de diciembre de 2023, toda vez que el censor se limitó a enunciar los postulados legales y a transcribir los artículos que considera vulnerados con la expedición y los efectos de los actos administrativos demandados, pero no argumentó con suficiencia el concepto de la violación.

Adicionalmente, reiteró que los cargos que el demandante pretende hacer valer para sustentar la solicitud de medida cautelar y revocatoria del auto

demandados, pero no argumentó con suficiencia el concepto de la violación.

Adicionalmente, reiteró que los cargos que el demandante pretende hacer valer para sustentar la solicitud de medida cautelar y revocatoria del auto que negó su decreto, corresponden al estudio de fondo de la demanda y, por ende, deben hacerse en la sentencia que resuelva de fondo la controversia, pues, de lo contrario, implicaría una trasgresión a lo dispuesto en el artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo.

Finalmente, con fundamento en el parágrafo 1 del artículo 243 de la Ley 1437 de 2011 concedió en el efecto devolutivo el recurso de apelación presentado por la entidad demandante.

CONSIDERACIONES:

De conformidad con lo preceptuado en el literal h del numeral 2° del artículo 125 del CPACA,8 modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021,

7 Ver el índice 29 ibidem. 8Artículo 125. De la expedición de providencias. La expedición de las providencias judiciales se sujetará a las siguientes reglas: (…)

2. Las salas, secciones y subsecciones dictarán las sentencias y las siguientes providencias: (…) h) El que resuelve la apelación del auto que decreta, deniega o modifica una medida cautelar. En primera instancia esta decisión será de ponente. (…)9

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MUNICIPIO DE GRANADA V/s FREDY ALBERT ROSAS GARCÍA y OTROS esta Colegiatura es competente para decidir el recurso de apelación interpuesto contra los autos susceptibles de este medio de impugnación, tal como lo es el que niega una medida cautelar.

esta Colegiatura es competente para decidir el recurso de apelación interpuesto contra los autos susceptibles de este medio de impugnación, tal como lo es el que niega una medida cautelar.

Ahora bien, vistos los argumentos esgrimidos por el juzgado de primera instancia y los reparos expuestos en la alzada, considera la Sala que el problema jurídico a resolver consiste en determinar si debe decretarse la suspensión provisional de las de las Resoluciones Nos. 886 y 941 del 15 y 28 de diciembre de 2023 respectivamente, a través de las cuales el MUNICIPIO DE GRANADA constituyó dos servidumbres de tránsito en favor de los demandados.

En relación con el prob lema jurídico planteado , se aclara que, si bien es cierto que el demandante dirigió la demanda y la solicitud de medida cautelar contra dos resoluciones, en que lo que tiene que ver con la Resolución No. 885 del 15 de diciembre de 2023, el estudio propuesto se efectuará frente a la Resolución 886 de la misma fecha, por ser la que le fue notificada a los demandados y registrada en el Folio de Matricula Inmobiliaria 236-32480 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de San Martín – Meta9

Aclarado lo anterior, precisa Sala que la respuesta al interrogante planteado es en sentido positivo, pues, contrario a lo argumentado por el A quo se encuentran satisfechos los requisitos establecidos en el artículo 231 del CPACA para decretar la suspensión provisional de las Resoluciones Nos. 886 y 941 del 15 y 28 de diciembre de 2023 expedidas por el MUNICIPIO DE

GRANADA.

La intelección de esta Colegiatura tiene los siguientes fundamentos:

941 del 15 y 28 de diciembre de 2023 expedidas por el MUNICIPIO DE

GRANADA.

La intelección de esta Colegiatura tiene los siguientes fundamentos:

De l as medidas cautelares en procesos declarativos en la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Las medidas cautelares se encuentran consagradas en los artículos 229 y siguientes del CPACA. y se constituyen en un instrumento de la garantía

9 Ver páginas de la 40 a la 45 del pdf que contiene la contestación de la demanda el cual reposa en el índice 20 de primera instancia registrado en el aplicativo SAMAI.10

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MUNICIPIO DE GRANADA V/s FREDY ALBERT ROSAS GARCÍA y OTROS efectiva y material de acceso a la administración de justicia que busca evitar que la duración del proceso afecte a quienes acuden a la Jurisdicción Contenciosa en procura de solucionar una determinada controversia.

El artículo 229, respecto de la procedencia de las medidas cautelares señala:

“Artículo 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar , en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo. La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento. Parágrafo. Las medidas cautelares en los procesos que tengan

del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo. La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento. Parágrafo. Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos del conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se regirán por lo dispuesto en este capítulo y podrán ser decretadas de oficio.”

La suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo se encuentra contemplada en el numeral 3 del artículo 230 del CPACA, como una de las medidas cautelares de posible aplicación en los juicios que cursan ante esta jurisdicción.

Seguidamente, en el artículo 231 ibídem, se establecieron los requisitos de procedencia de la citada medida, en los siguientes términos:

“Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud . Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos. En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos:

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.11

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los mismos. En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos:

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.11

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2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.

3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.

4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones: a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios.”

Frente a los requisitos para la procedencia de las medidas cautelares el H. Consejo de Estado, luego de analizar el contenido de los artículos 229 al 231 del CPACA, concluyó:

“i) Existen requisitos formales de procedibilidad de la solicitud los cuales son comunes a todas las medidas cautelares, a saber: i.a) debe tratarse de procesos declarativos o en los que tienen por finalidad la defensa y protección de derechos e intereses colectivos de que conoce la jurisdicción de lo contencioso administrativo (L. 1437/2011, art. 229); i.b) debe existir solicitud de parte (14) debidamente sustentada en el texto de la demanda o en escrito separado, excepto en los casos

de que conoce la jurisdicción de lo contencioso administrativo (L. 1437/2011, art. 229); i.b) debe existir solicitud de parte (14) debidamente sustentada en el texto de la demanda o en escrito separado, excepto en los casos de los procesos que tienen por finalidad la defensa y protección de derechos e intereses colectivos donde opera de oficio (L. 1437/2011, art. 229); y i.c) la medida debe ser solicitada en cualquier etapa del proceso antes o después de haberse notificado el auto admisorio de la demanda (L. 1437/2011, art. 233 y 234). ii) Existen requisitos materiales, comunes para el decreto de las medidas cautelares, a saber: ii.a) la medida cautelar debe ser necesaria para proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia (L. 1437/2011, art. 229); y ii.b) debe haber una relación directa y necesaria entre la medida a decretar y las pretensiones de la demanda (L. 1437/2011, art. 230). iii) Existen requisitos materiales, especiales adicionales para el decreto de las medidas cautelares, a saber: iii. a) Si se trata de la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandado, se plantean dos (2) eventos que responden al tipo de pretensión en el cual se sustente la demanda: iii.a.i) Si la demanda tiene únicamente la pretensión de12

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MUNICIPIO DE GRANADA V/s FREDY ALBERT ROSAS GARCÍA y OTROS nulidad del acto administrativo, se debe verificar que exista una

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MUNICIPIO DE GRANADA V/s FREDY ALBERT ROSAS GARCÍA y OTROS nulidad del acto administrativo, se debe verificar que exista una violación de las normas superiores invocadas, tras confrontar el acto demandado con estas o con las pruebas aportadas con la solicitud (L. 1437/2011, art. 231, inc. 1º); iii.a.ii) si la demanda además de la nulidad del acto administrativo pretende el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios, además de verificarse que exista una violación de las normas superiores invocadas debe probarse al menos sumariamente la existencia de los perjuicios (L. 1437/2011, art. 231, inc. 2º). iii. b) Si se trata de otras medidas cautelares diferente a la de suspensi