TA MET - Sentencia 50001-33-33-001-2023-00277-01 (30-07-2025)

República de Colombia

Tribunal Administrativo del Meta-Sala Sexta Oral

MAGISTRADO PONENTE: HÉCTOR ENRIQUE REY MORENO

Villavicencio, julio treinta (30) de dos mil veinticinco (2025)

RADICACIÓN: 50001333300120230027701

DEMANDANTE: SARA MARÍA ROJAS CUBILLOS

DEMANDADO: NACIÓN – MIN. EDUCACIÓN - FONDO

NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES

DEL MAGISTERIO Y DEPARTAMENTO DEL

META

NATURALEZA: NULIDAD Y REST. DEL DERECHO

OBJETO DE LA DECISIÓN.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 16 de diciembre de 20 24 por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio, en la que negó las pretensiones de la demanda1.

ANTECEDENTES

La demanda y sus pretensiones2

La señora SARA MARÍA ROJAS CUBILLOS en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó la declaratoria de nulidad del Oficio No. 1664 expedido el 19 de abril de 2022 por la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL META en representación de la

1 Se altera el turno para dictar sentencia en este proceso, de conformidad con la postura del órgano de cierre de esta jurisdicción Sección Tercera, Subsección C, en el Auto del 03 de julio de 2018, dictado dentro del proceso con radicado: 73001 -23-31-000-2012-00227-01(50949), con ponencia del Dr. Jaime Orlando

de esta jurisdicción Sección Tercera, Subsección C, en el Auto del 03 de julio de 2018, dictado dentro del proceso con radicado: 73001 -23-31-000-2012-00227-01(50949), con ponencia del Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, que al respecto precisó: “En relación con el derecho de turno es menester tener en cuenta que los artículos 63 A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009 , y 18 de la Ley 446 de 1998, determinan que los jueces deben proferir las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin, y que la alteración de dicho orden puede realizarse, excepcionalmente, por (…) vii) la conformación de “un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia” 2 Ver el índice 0002 de primera instancia en el aplicativo SAMAI.2 50001333300120230027701 - NRDO SARA MARÍA ROJAS CUBILLOS VS. FOMAG NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO , por medio de la cual le negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación.

Como consecuencia de lo anterior y, a título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la demandada a reconocerle y pagarle la pensión de jubilación, en cuantía equivalente al 75% de los salarios y primas recibidas durante el año anterior a la adquisición del estatus jurídico de pensionada, con efectividad a partir del 16 de enero de 2020.

También deprecó que se condene a la demanda da a indexar las

recibidas durante el año anterior a la adquisición del estatus jurídico de pensionada, con efectividad a partir del 16 de enero de 2020.

También deprecó que se condene a la demanda da a indexar las mesadas pensionales retroactivas conforme con la variación del Índice de Precios al Consumidor , IPC certificado por el DANE, así como a cancelar los intereses moratorios a partir del día siguiente a la fecha de la ejecutoria de la sentencia tal como lo establece el artículo 192 del CPACA.

Finalmente, pidió que se le ordene a la demandada dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA. y se le condene al pago de las costas y agencias en derecho conforme lo prevé el articulo 188 ibidem.

Situación Fáctica

Expuso, que laboró de forma interrumpida como docente oficial al servicio de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL META y el MUNICIPIO CUBARRAL entre el 28 de febrero de 1990 y 28 de febrero de 2009 por virtud de diversas vinculaciones a través de contratos de prestación de servicios , acumulando un total de 8 años, 10 meses y 1 día de servicios.

Señaló, que también laboró como docente oficial al servicio de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL META entre el 8 de enero de 2004 y el 30 de enero de 2006; 20 de febrero de 2006 y 8 de mayo del mismo año y 5 de febrero de 2010 hasta el 31 de mayo de 2015, por virtud de diversos nombramientos en provisionalidad.3 50001333300120230027701 - NRDO

del mismo año y 5 de febrero de 2010 hasta el 31 de mayo de 2015, por virtud de diversos nombramientos en provisionalidad.3 50001333300120230027701 - NRDO SARA MARÍA ROJAS CUBILLOS VS. FOMAG Expuso, que posteriormente se vinculó a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL META como docente oficial en propiedad a partir del 22 de julio de 2015; calidad que ha mantenido hasta la fecha de presentación de la demanda.

Manifestó, que una vez cumplidos los 55 años de edad y los 20 años de servicios le solicitó a la NACIÓN ­ MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación prevista en la Ley 33 de 1985, la cual le fue negada a través del acto administrativo demandado , bajo el argumento de que los periodos laborados a través de contratos de prestación de servicios no podían ser tenidos en cuenta para efectos del reconocimiento pensional, tod a vez que durante dichos interregnos no existió una relación laboral, su servicio fue cancelado a través de honorarios y no se efectuaron los respetivos aportes para pensión en favor del FOMAG.

Normas violadas y concepto de violación:

Invocó como normas violadas los artículos 2, 4, 6, 13, 46, 48 y 53 de la Constitución Política, las Leyes 33 y 62 de 1985, 91 de 1989 y 100 de 1993 y el Decreto 2709 de 1994.

En el acápite correspondiente al concepto de violación explicó que la Ley 812 de 2003 estableció un régimen de transición para aquellos docentes

y el Decreto 2709 de 1994.

En el acápite correspondiente al concepto de violación explicó que la Ley 812 de 2003 estableció un régimen de transición para aquellos docentes que ya tenían cierta edad al momento de su entrada en vigor o tenían alguna experiencia laboral y fueron vinculados nuevamente después del 2 6 de junio de 2003.

Expuso, que de conformidad con la referida normatividad a los docentes vinculados con anterioridad al 26 de junio del año 2003, le son aplicables los regímenes pensionales establecidos en las Leyes 33 y 62 de 1985 o 71 de 1988, según el caso, y a los vinculados con posterioridad a dicha data el régimen general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 979 de 2003.4 50001333300120230027701 - NRDO SARA MARÍA ROJAS CUBILLOS VS. FOMAG Con base en lo anterior, señaló que en atención a que laboró como docente oficial desde el 28 de febrero de 1990 a través de ordenes de prestación de servicios, es decir , con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 1993, tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación establecida en las Leyes 33 y 62 de 1985 y 91 de 1989.

La sentencia apelada3

El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio profirió sentencia de primera instancia el 16 de diciembre de 2024, en la que negó las pretensiones de la demanda por considerar que las vinculaciones a través de Ordenes de Prestación de Servicios que tuvo la demandante con los Municipios

profirió sentencia de primera instancia el 16 de diciembre de 2024, en la que negó las pretensiones de la demanda por considerar que las vinculaciones a través de Ordenes de Prestación de Servicios que tuvo la demandante con los Municipios de Cubarral y El Dorado antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 no la hacen beneficiaria del régimen de transición contemplado en esta disposición, pues, para que pudiera ser considerada como servidora pública se requería el nombramiento mediante decreto en un cargo de la planta de docentes de la institución educativa.

Agregó, que para que dichas ordenes de prestación de servicios puedan calificarse como laborales y ser tenidas en cuenta para efectos pensionales, debió demandar ante la jurisdicción contenciosa administrativa la existencia de una relación laboral entre el Departamento del Meta y la actora como docente oficial bajo la primacía del contrato realidad, lo cual no acreditó dentro del sub judice.

Con base en lo anterior, estableció que en atención a que la vinculación de la demandante como docente oficial se dio con ocasión al nombramiento efectuado mediante la Resolución No. 080 de l 08 de enero de 2004, con efectos fiscales a partir del 19 de enero del mismo año, es esta la fecha que determina el régimen pensional aplicable.

A partir de lo expuesto negó las pretensiones de la demanda por considerar que la actora no cumplió con los requisitos para ser beneficiaria del régimen de transición de la Ley 812 de 2003 , toda vez que se vinculó a la

3 Ver índice 0028 ibidem.5 50001333300120230027701 - NRDO

SARA MARÍA ROJAS CUBILLOS VS. FOMAG

3 Ver índice 0028 ibidem.5 50001333300120230027701 - NRDO SARA MARÍA ROJAS CUBILLOS VS. FOMAG docencia oficial luego de su entrada en vigor, siendo aplicables las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, es decir, el Régimen de Prima Media, el cual condiciona el reconocimiento de la pensión de vejez al cumplimiento de 57 años de edad y 1300 semanas de aportes.

Precisó, que si bien es cierto que el Tribunal Administrativo del Meta a través de sentencia de segunda instancia proferida el 17 de octubre de 2024 dentro del proceso 50001333300120210005600, accedió a las pretensiones de la demanda , dicha decisión fue adoptada tomando como precedente jurisprudencial la sentencia de segunda instancia del Consejo de Estado del 19 de enero de 2023 dentro del proceso 15000123330002019001030125, en el cual ya se había acudido a la jurisdicción contencioso administrativa y en s entencia del 28 de junio de 2017 el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Tunja, había declarado la relación laboral desde el año 1992 hasta el 2002 entre el Municipio de Samacá y el demandante, razón por la cual la vinculación a la docencia se dio con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003.

Precisó, que el anterior caso es diferente al decidido por el Tribunal Administrativo del Meta y al presente asunto, puesto que en ninguno de los dos procesos las docentes acudieron de manera previa a esta jurisdicción solicitando la declaración de una relación laboral con las entidades de las cuales fueron contratistas.

Con base en los anteriores argumentos determinó que la

procesos las docentes acudieron de manera previa a esta jurisdicción solicitando la declaración de una relación laboral con las entidades de las cuales fueron contratistas.

Con base en los anteriores argumentos determinó que la Resolución No. 1664 del 19 de abril de 2022 expedida por la Secretaría de Educación Departamental del Meta, no se encontraba viciada de nulidad por infracción de las normas en que debería fundarse dado que resolvió negar la reclamación administrativa con base en las normas que regulan el régimen pensional aplicable a la demandante, dada su fecha de vinculación a la docencia oficial.

Finalmente, condenó en costas a la parte actora por considerar que las mismas se encontraba causadas , toda vez que la s entidades demandadas actuaron a través de apoderado judicial el cual presentó los correspondientes alegatos de conclusión.6 50001333300120230027701 - NRDO SARA MARÍA ROJAS CUBILLOS VS. FOMAG El recurso de apelación4

Dentro de la oportunidad procesal la demandante interpuso recurso de apelación argumentando que su derecho pensional no debe examinarse bajo las premisas del régimen de prima media al cual direcciona la Ley 812 de 2003, dado que su ingreso a la docencia data del 28 de febrero de 1990.

Esgrimió, que los docentes vinculados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 están cobijados por el régimen pensional previsto en las normas que hacían parte del ordenamiento jurídico para ese momento y , para aquellos educadores que se vincularon con posterioridad a la emisión de la disposición en comento, sí les resulta aplicable el régimen pensional de prima

en las normas que hacían parte del ordenamiento jurídico para ese momento y , para aquellos educadores que se vincularon con posterioridad a la emisión de la disposición en comento, sí les resulta aplicable el régimen pensional de prima media establecido en la Ley 100 de 1993.

Precisó, que el tiempo de servicios docentes prestado mediante contratos u ordenes de prestación de servicios debe ser atendido y tenido en cuenta para efectos pensionales, tal y como ocurre en su caso.

Con base en lo anterior, reiteró que en razón a que ingresó al servicio docente con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, el régimen que le resulta aplicable para el reconocimiento pensional es el previsto en la Ley 33 de 1985, pues, la circunstancia de haber efectuado aportes a ISS ahora COLPENSIONES por virtud de las relaciones contractuales no impide la aplicación del régimen de pensión contemplado en la referida disposición , toda vez que si bien en apariencia son vinculaciones particulares , la prestación del servicio lo fue en calidad de docente y en favor de entidades educativas territoriales.

Trámite en segunda instancia

En virtud de proveído del 27 de febrero de 202 55, se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio,

4 Ver índice 0032 ibidem. 5 Ver índice 003 de segunda instancia en el aplicativo SAMAI.7 50001333300120230027701 - NRDO SARA MARÍA ROJAS CUBILLOS VS. FOMAG en el que además se estableció que una vez en firme dicha determinación y, en

5 Ver índice 003 de segunda instancia en el aplicativo SAMAI.7 50001333300120230027701 - NRDO SARA MARÍA ROJAS CUBILLOS VS. FOMAG en el que además se estableció que una vez en firme dicha determinación y, en caso de que no se formulara dentro del término de ejecutoria de la providencia, petición probatoria o cualquier otra que debiera ser resuelta, se prescindiría de correr traslado para alegar de conclusión de conformidad con el numeral 5° del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

Se precisa que las partes y el Ministerio Publicó se abstuvieron de pronunciarse frente a la alzada en los términos de los numerales 4 y 6 del artículo 247 del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

CONSIDERACIONES

No observándose causal de nulidad que afecte total o parcialmente lo actuado, asumirá esta Corporación el compromiso de resolver de fondo el debate propuesto.

Aclarado lo anterior, advierte la Sala que de la controversia planteada entre la sentencia de primera instancia y las censuras que dieron lugar al reestudio de este asunto, el problema jurídico inicial está referido a determinar si debe declararse la nulidad del acto administrativo demandando y, en consecuencia, condenarse a las demandadas al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación prevista en la Ley 33 de 1985, en favor de la señora SARA MARÍA ROJAS CUBILLOS, en cuantía equivalente al 75% del promedio de todos los factores salariales devengados en el año anterior a la adquisición del estatus

MARÍA ROJAS CUBILLOS, en cuantía equivalente al 75% del promedio de todos los factores salariales devengados en el año anterior a la adquisición del estatus jurídico de pensionada , tal como se planteó en la demanda y se reitera en la alzada, o si, por el contrario dicha prestación debe ser negada como lo determinó el A quo.

Para la Sala, la respuesta al problema jurídico planteado es en sentido positivo, esto es, que la señora SARA MARÍA ROJAS CUBILLOS sí tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación prevista en la Ley 33 de 1985, pues, el hecho de haber ejercido la docencia oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2013 , independientemente de la modalidad de vinculación, y de que no hubiese demandando la existencia de un contrato realidad, la hace beneficiaria de referido régimen pensional.8 50001333300120230027701 - NRDO SARA MARÍA ROJAS CUBILLOS VS. FOMAG La anterior intelección tiene los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

De los regímenes pensionales de los docentes oficiales.

El Acto Legislativo 01 de 2005 “ por el cual se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política” en el parágrafo transitorio 1, en relación con el régimen pensional de los docentes oficiales, estableció:

“El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81

nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003".

De acuerdo con lo expuesto, existen dos regímenes pensionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial, uno para los que se vincularon antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 y otro para quienes lo hicieron con posterioridad a su implementación.

En efecto, así lo aclaró el H. Consejo de Estado en la Sentencia de Unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019, en la cual, además de sentar jurisprudencia respecto del ingreso base de liquidación para determinar la pensión ordinaria de jubilación de los docentes oficial es afiliados al FOMAG, señaló:

37. De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, son dos los regímenes pensionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servici o público educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos regímenes está condicionada a la fecha de ingreso o vinculación

derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servici o público educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos regímenes está condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial de cada docente, así: I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.9 50001333300120230027701 - NRDO SARA MARÍA ROJAS CUBILLOS VS. FOMAG II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se vincularon a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos docentes, también afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres.

De conformidad con lo anterior, en el primer grupo se encuentran los docentes vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, a quienes por virtud de la Ley 91 de 1989, se les aplica el mismo régimen pensional de los servidores públicos del orden nacional, esto es, el previsto en la Ley 33 de 1985 y los factores que se deben tener en cuenta en el ingreso base de liquidación, son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes a pensión, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo

Ley 33 de 1985 y los factores que se deben tener en cuenta en el ingreso base de liquidación, son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes a pensión, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.° de la Ley 62 de 1985.

Al respecto, la mencionada providencia indicó:

(…) En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo los factores sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo (…)

De otra parte, en el segundo grupo, se encuentran los docentes oficiales vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, a quienes les resulta aplicable el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, cuyo ingreso base de liquidación se rige por lo previsto en el régimen general de pensiones , el cual debe ser liquidado sobre los factores señalados en el Decreto 1158 de 1994, sobre los que se hayan efectuado las respectivas cotizaciones.

En efecto, frente a este grupo el H. Consejo de Estado en la precitada sentencia de unificación estableció:10 50001333300120230027701 - NRDO

SARA MARÍA ROJAS CUBILLOS VS. FOMAG

En efecto, frente a este grupo el H. Consejo de Estado en la precitada sentencia de unificación estableció:10 50001333300120230027701 - NRDO SARA MARÍA ROJAS CUBILLOS VS. FOMAG (…) Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron l as respectivas cotizaciones. (…)

Corolario de lo expuesto, la aplicación de uno u otro régimen está condicionada a la fecha de vinculación al servicio educativo oficial que acredite cada docente.

En ese sentido, teniendo en cuenta que la demandante manifiesta que ejerció la docencia oficial a través de ordenes de prestación de servicios antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 , para efectos de determinar el régimen pensional aplicable, debe establecer la Sala en primer lugar, si dichas vinculaciones en efecto le otorgan la calidad de docente estatal.

Pues bien, este tema no ha sido ajeno al estudio del H. Consejo de Estado, puesto que en sentencia de unificación jurisprudencial CESUJ2 No. 5 de 2016, señaló:

(…) la vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios, no desvirtúa el carácter personal de su labor ni mucho

Estado, puesto que en sentencia de unificación jurisprudencial CESUJ2 No. 5 de 2016, señaló:

(…) la vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios, no desvirtúa el carácter personal de su labor ni mucho menos es ajena al elemento subordinación existente con el servicio público de educación, en razón a que al igual que los docentes empleados públicos (i) se someten permanentemente a las directrices, in spección y vigilancia de las diferentes autoridades educativas, por lo que carecen de autonomía en el ejercicio de sus funciones, (ii) cumplen órdenes por parte de sus superiores jerárquicos y (iii) desarrollan sus funciones durante una jornada laboral de acuerdo con el calendario académico de los establecimientos educativos estatales en los que trabajen, motivo por el cual en virtud de los principios de primacía de la realidad sobre las formalidades e igualdad, los docentes contratistas merecen una protección especial por parte del Estado (negrilla y subrayado de la Sala)

Al respecto se precisa que, si bien es cierto que en el presente caso no se reclama la existencia de una relación laboral, dicho pronunciamiento permite concluir que los docentes que son contratados por órdenes de prestación de servicios, por defecto ejercen funciones propias e inherentes a la condición de11 50001333300120230027701 - NRDO SARA MARÍA ROJAS CUBILLOS VS. FOMAG docente estatal en cada uno de los interregnos de ejecución y, por ende, merecen ser tratados como tal desde la suscripción del primer contrato.

Así lo deja entrever la referida sentencia de unificación y lo ha reafirmado la alta corporación en pronunciamientos posteriores, entre ellos el

ser tratados como tal desde la suscripción del primer contrato.

Así lo deja entrever la referida sentencia de unificación y lo ha reafirmado la alta corporación en pronunciamientos posteriores, entre ellos el emitido el 19 de enero de 2023, en un caso de similares contornos al presente, en el que precisó6:

A partir de este razonamiento, se deduce preliminarmente que ante casos en los que se avizora el desempeño de actividades y funciones como docente, fundada en vínculos contractuales con entidades de derecho público o a su servicio, es posible tener por configurados los tres elementos constitutivos de una relación laboral, con fundamento en que la misma naturaleza de la actividad desarrollada por un educador, hace que esta sea necesariamente personal, remunerada y sometida a reglamentaciones, instrucciones y lineamientos de obligatorio cumplimiento. A manera de colofón de estas precisiones, la Subsección encuentra ajustada a la realidad jurídica y jurisprudencial del caso, el tener como demostrada a favor del libelista la prestación de servicios propios de un docente oficial por el tiempo que se ejecutaron los contratos respectivos celebrados entre aquel y los municipios de Jenesano y Samacá, así como con el departamento de Boyacá. Ello en atención a que los mentados vínculos contractuales, en esencia lo que consolidaron fue una relación laboral subrepticia que implica tener en cuenta su vigencia para efectos de acumular ese lapso al período de labores del demandante como educador estatal, y por ende que se deriven las consecuencias, que en lo que respecta al marco normativo aplicable le correspondían e n virtud de dicha calidad, tal como fue deprecado en la demanda.

período de labores del demandante como educador estatal, y por ende que se deriven las consecuencias, que en lo que respecta al marco normativo aplicable le correspondían e n virtud de dicha calidad, tal como fue deprecado en la demanda. No obstante, debe resaltarse que tanto las pretensiones formuladas, así como el litigio fijado, limitaron los efectos de la referida situación, solo a los impactos que en lo atinente al derecho a la pensión conlleva esta evidencia de una relación laboral oculta, y no al reconocimiento de otro tipo de prestaciones o derechos derivados de un vínculo laboral asimilable al legal y reglamentari o que detentan los docentes oficiales, pues ello no había sido materia de discusión. En suma, para el caso sub iudice, las referidas consideraciones únicamente implican tener el período durante el cual subsistió la enervada relación contractual, como tiempo de servicio efectivamente laborado y acumulable en materia de acreditación de requisitos par a acceder al reconocimiento de una pensión de jubilación por parte del señor Martínez Cuevas, sobre el cual efectivamente debieron efectuarse las respectivas cotizaciones. (…) Para el asunto de marras, tal como se expuso en el acápite referente a la condición de educador estatal del libelista, este

6 Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda - Subsección A, sentencia del 19 de enero de 2023, C.P. William Hernández Gómez, Rad: 15001 -23-33-000-2019-00103-01 (30832022)12 50001333300120230027701 - NRDO

SARA MARÍA ROJAS CUBILLOS VS. FOMAG

2022)12 50001333300120230027701 - NRDO SARA MARÍA ROJAS CUBILLOS VS. FOMAG debe ser considerado como tal desde el 2 de agosto de 1989 cuando ejerció funciones inherentes a la mentada profesión para el municipio de Jenesano, ello a través de órdenes de prestación de servicios que comenzaron su ejecución desde dicha data conforme a la certificación laboral emitida por la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá, la cual en todo caso es anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003).(Subrayado y negrilla de la Sala)

Ahora bien, descendiendo al caso concreto, se avizora que la demandante suscribió varias órdenes de prestación de servicios y contratos de trabajo con el MUNICIPIO DE CUBARRAL el DEPARTAMENTO DEL META y con la DIÓCESIS DE GRANADA como docente de aula, así:

Entidad. Tipo de Vinculación Desde Hasta Municipio de Cubarral 28/2/1990 15/10/19947 Departamento del Meta Orden 141 10/5/1996 24/6/19968 Departamento del Meta Orden 196 19/7/1996 30/11/1996 Departamento del Meta Orden 000 14/7/1997 11/10/1997 Departamento del Meta Orden 351 14/7/1999 11/10/19999 Departamento del Meta Orden 000 12/10/1999 30/11/1999 Departamento del Meta Orden 059 21/3/2000 16/6/2000 Departamento del Meta Orden 204 10/7/2000 9/10/200010

Departamento del Meta Orden 000 12/10/1999 30/11/1999 Departamento del Meta Orden 059 21/3/2000 16/6/2000 Departamento del Meta Orden 204 10/7/2000 9/10/200010 Departamento del Meta Orden 505 10/10/2000 30/11/2000 Departamento del Meta Orden 037 4/2/2002 3/5/2002 Departamento del Meta Orden 455 6/5/2002 14/6/2002 Departamento del Meta Orden 802 8/7/2002 30/11/2002 Departamento del Meta Orden 585 10/2/2003 31/3/2003 Departamento del Meta Orden 1019 1/4/2003 20/6/2003 Departamento del Meta Orden 1902 1/7/2003 30/11/2003 Diócesis de Granada Contrato de trabajo 10/5/2006 17/12/200611 Diócesis de Granada Contrato de t