TA MET - Sentencia 50001-33-33-001-2018-00512-01 (05-06-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META

Villavicencio, cinco (05) de junio de dos mil veinticinco (2025)

SALA DE DECISIÓN ORAL N° 1

MAGISTRADA PONENTE: CLAUDIA PATRICIA ALONSO PÉREZ

RADICACIÓN: 50001 33 33 001 2018 00512 01

1ª INSTANCIA: JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE VILLAVICENCIO

M. CONTROL: NULIDAD

DEMANDANTE: DEPARTAMENTO DEL META

DEMANDADO: MUNICIPIO DE CUMARAL-CONCEJO MUNICIPAL

ID ESTADÍSTICA: SENTENCIA/2A INST/L. 1437

Revisado el proceso de la referencia, advierte la Sala que no ha ocurrido causal de nulidad que invalide la actuación procesal surtida , razón por la cual procede a decidir el RECURSO DE APELACIÓN 1, formulado por la parte actora , contra la s entencia del 18 de noviembre de 20202, proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Villavicencio, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

A N T E C E D E N T E S

1. SÍNTESIS DE LA DEMANDA3:

Ante esta jurisdicción, en ejercicio del medio de control de Nulidad, consagrado en el artículo 137 del CPACA, concurre el DEPARTAMENTO DEL META, por intermedio de apoderado judicial, contra el MUNICIPIO DE CUMARAL – CONCEJO MUNICIPAL (META), con miras a obtener la nulidad del siguiente acto administrativo:

artículo 137 del CPACA, concurre el DEPARTAMENTO DEL META, por intermedio de apoderado judicial, contra el MUNICIPIO DE CUMARAL – CONCEJO MUNICIPAL (META), con miras a obtener la nulidad del siguiente acto administrativo:

• Acuerdo Municipal No. 03 del 15 de septiembre de 2018 4 “POR EL CUAL SE OTORGAN FACULTADES AL ALCALDE MUNICIPAL PARA DECLARAR DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL UN PREDIO” , expedido por el Concejo Municipal de Cumaral (Meta).

El sustento fáctico , lo narra la parte actora informando que los días 11 y 15 de septiembre de 2018, se realizaron el primer y segundo debate, respectivamente, al proyecto de acuerdo municipal cuya nulidad se pretende, aprobándose en esta última fecha, a través del Acuerdo Municipal No. 003 de 2018 “POR EL CUAL SE OTORGA FACULTADES AL ALCALDE MUNICIPAL PARA DECLARAR DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL UN PREDIO”.

1 Actuación 10 de la primera instancia SAMAI. 2 Actuación 8 de la primera instancia SAMAI. 3 Págs. 3 a 16. Actuación 2 de la primera instancia SAMAI. 4 Págs. 17 a 20. Actuación 2 de la primera instancia SAMAI.2

Informa que dicho Acuerdo fue sancionado por el Alcalde Municipal de Cumaral (Meta), el día 18 de septiembre de 2018, y posteriormente, se fijó en la cartelera municipal el día 19 de septiembre de 2018, dándose cumplimiento a la publicación del mismo.

A renglón seguido, el escrito de demanda cita los apartes considerativos del Acuerdo

el día 19 de septiembre de 2018, dándose cumplimiento a la publicación del mismo.

A renglón seguido, el escrito de demanda cita los apartes considerativos del Acuerdo y luego los contenidos de la parte resolutiva del mismo, especialmente que faculta al alcalde por un periodo de un año, para declarar de utilidad pública e interés social el predio ubicado en la Inspección de Montebello, identificado con la cédula catastral 0002 -0004-0004-000, matrícula inmobiliaria 230 -142, y realizar los procedimientos administrativos necesarios para su enajenación en hasta dos (2) hectáreas; luego, declara de utilidad pública e interés social el mismo predio; autoriza al alcalde para delegar la facultad conferida; igualmente, lo reviste de todas las atribuciones necesarias para adquirir los predios que demande la ejecución de los proyectos citados en el Acuerdo, y dispone que pague por esos predios los valores que legalmente corresponde de conformidad con los avalúos efectuados para la compra.

En el acápite de normas violadas señaló las siguientes:

• Ley 152 de 1994. • Ley 388 de 1997 (artículos 58 y 63)

Como concepto de violación refirió inicialmente que el acuerdo es violatorio del ordenamiento jurídico “al no ser coherente”, indicando que a pesar de que el artículo primero concedió facultades al Alcalde para declarar de utilidad pública e interés social un predio en específico, el mismo cuerpo colegi ado en el artículo segundo, declara de utilidad pública el enunciado bien.

Luego de citar el artículo 58 de la Ley 388 de 1997, señala que si bien el artículo 59

específico, el mismo cuerpo colegi ado en el artículo segundo, declara de utilidad pública el enunciado bien.

Luego de citar el artículo 58 de la Ley 388 de 1997, señala que si bien el artículo 59 ibidem, autoriza a las entidades territoriales a declarar bienes de utilidad pública e interés social, estas “deben tener claro cuál es el fin de esas declaraciones” , lo cual a su juicio no se observa en el Acuerdo demandado, pues aunque se expresan normas de carácter general en sus acápites “ no expresa el destino y los fines para tal declaración, los cuales son taxativos en la norma” , de modo que en su parecer, al no manifestarse concretamente el destino, ni el fin del bien, no podía ser declarado de interés público ni social.

Agrega que, el acto administrativo demandado, también viola el artículo 63 de la Ley 388 de 1997, porque no expresa las condiciones especiales de urgencia, que hacen necesaria la declaratoria de utilidad pública e interés social.

Por último, añade que el Acuerdo vulnera la Ley 152 de 1992, en la medida que enuncia de forma general el programa o proyecto que se encuentra dentro del Plan de Desarrollo del Municipio de Cumaral “pero al revisar el mencionado Plan, este no se3

encuentra dentro de los programas y proyectos a desarrollar, durante la vigencia 20162019, como se puede constatar en su parte considerativa”.

2. SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA:

Dentro del escrito de demanda5, la parte actora solicitó el decreto de medida cautelar, consistente en la suspensión provisional de los efectos del Acuerdo Municipal demandado en nulidad, al “ser evidente la violación de las normas invocadas”, la cual a su juicio surgía del

consistente en la suspensión provisional de los efectos del Acuerdo Municipal demandado en nulidad, al “ser evidente la violación de las normas invocadas”, la cual a su juicio surgía del simple análisis entre el acto administrativo y su confrontación con las normas invocadas como vulneradas.

De la anterior solicitud de medida cautelar, se dio traslado al MUNICIPIO DE CUMARAL – CONCEJO MUNICIPAL a través de auto del 01 de abril de 2019 6, quien dentro de escrito presentado de forma oportuna 7, se opuso a su prosperidad, indicando que no se cumplían los requisitos para su procedencia, dado que no se probó la presunta vulneración de las normas que se citaron en la demanda como infringidas.

La primera instancia a través de auto del 13 de mayo de 2019 8, negó la medida cautelar solicitada, al encontrar en ese momento procesal, que las facultades otorgadas al Alcalde por el Concejo Municipal de Cumaral, para declarar de utilidad pública el bien inmueble señalado en la demanda, y posteriormente su adquisición, fueron conferidas para el desarrollo de proyectos enmarcados en las actividades previstas en el artículo 10 de la Ley 9 de 1989, y sin que tuvieran un fin distinto que satisfacer las necesidades del ente territorial, llevando a cabo el cumplimiento del plan de ordenamiento territorial y e l plan de desarrollo local “como bien se indicó en el Acuerdo demandado”.

3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA9:

El MUNICIPIO DE CUMARAL contestó la demanda oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones, arguyendo que el Acuerdo 003 del 15 de septiembre de 2018 fue expedido

3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA9:

El MUNICIPIO DE CUMARAL contestó la demanda oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones, arguyendo que el Acuerdo 003 del 15 de septiembre de 2018 fue expedido conforme el ordenamiento jurídico, y que los vicios que se predican en su contra no se probaron, máxime cuando el Alcalde “ no ha hecho uso de tales atribuciones otorgadas por el Concejo Municipal de Cumaral”.

En el escrito se propone la excepción de mérito denominada “ No se presenta una vulneración normativa al cotejar el contenido del acto con las normas presuntamente desconocidas”, frente a la que indicó que, aunque la demanda cita como violada la Ley 152 de 1994, no explica de forma adecuada cuál de sus artículos es el que infringe el Acuerdo Municipal 003 de 2018, de modo que no es posible ejercer el derecho de contradicción.

5 Página 15. Actuación 2 de la primera instancia SAMAI. 6 Pág. 35. Ibidem. 7 Págs. 46 a 57. Ibidem. 8 Págs. 75 a 82. Ibidem. 9 Págs. 84 a 99. Ibidem.4

Menciona que el Acuerdo demandado está acompañado de una explicación suficiente de motivos de utilidad pública, por lo que no vulneró el artículo 58 de la Ley 388 de 1997, y que en relación con el artículo 59, en momento alguno su contenido cita que debe tenerse claro el destino o fin de los bienes que se declaran de utilidad pública, pero que, en todo caso, “ la exposición de motivos que acompañó el proyecto de acuerdo expresamente determinó estos aspectos”.

claro el destino o fin de los bienes que se declaran de utilidad pública, pero que, en todo caso, “ la exposición de motivos que acompañó el proyecto de acuerdo expresamente determinó estos aspectos”.

En relación con la infracción de la Ley 152 de 1992, se dijo que el acto administrativo demandado no está relacionado en el Plan de Desarrollo, manifiesta que no se especificó cuál artículo en particular desconoció el Acuerdo, aunado a que el documento que contiene la exposición de motivos del proyecto de acuerdo, determinó su inclusión en el Plan de Desarrollo.

Asimismo, propone la excepción que denominó “ Las pretensiones solicitadas serían inconducentes a efecto de restablecer el orden jurídico puesto que no se presenta vulneración del mismo”, en la que explicó que el acto administrativo es complejo, dado que solo estará consolidado cuando el Alcalde profiera el respectivo decreto que realice la declaratoria de utilidad pública.

Propuso como excepción previa la falta de legitimación en la causa por activa, indicando que el DEPARTAMENTO DEL META contaba con un plazo perentorio de 20 días para remitir el Acuerdo a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, conforme lo dispone el artículo 119 del Decreto Ley 1333 de 1986, el cual al haber sido radicado el 28 de septiembre de 2018, debía entonces ser remitido a más tardar el 30 de octubre de 2018, siendo la demanda interpuesta solo hasta el 29 de enero de 2019, por lo cual al ha ber fenecido la oportunidad, el ente territorial demandante carece de legitimación en la causa para promover el medio de control de nulidad.

4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA10:

fenecido la oportunidad, el ente territorial demandante carece de legitimación en la causa para promover el medio de control de nulidad.

4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA10:

El Juzgado Primero Administrativo de Villavicencio, en sentencia del 18 de noviembre de 2020, negó las pretensiones de la demanda, aduciendo que no se desvirtuó la presunción de legalidad, y se abstuvo de condenar en costas, al considerar que se estaba en presencia del medio de control de nulidad simple en el que se ventilan asuntos de interés general.

Sobre la excepción propuest a por la entidad demandada, esto es, la falta de legitimación en la causa por activa del DEPARTAMENTO DEL META, señaló que el medio de control de nulidad y de validez de los actos administrativos son diferentes, pues el primero “propende la protección del ordenamiento jurídico, el cual puede ser instaurado por cualquier persona”, mientras que la validez solo puede ser promovido por el Gobernador, en el que solicita al Tribunal competente resolver sobre la validez de actos proferidos por los concejos municipales, cuando observa que son contrarios a la Constitución o la ley, contando para

10 Actuación 8 de la primera instancia SAMAI.5

ello con un plazo específico, de lo contrario “podrá instaurar el medio de control de simple nulidad, por tratarse de mecanismos independientes y autónomos.” , de modo que a su juicio, la entidad territorial demandada está legitimada en la causa por activa, dado que puede ejercer cualquiera de los mecanismos previstos, eligiendo en esta oportunidad, promover el de nulidad.

A renglón seguido, luego de estudiar las normas sobre la adquisición de bienes

puede ejercer cualquiera de los mecanismos previstos, eligiendo en esta oportunidad, promover el de nulidad.

A renglón seguido, luego de estudiar las normas sobre la adquisición de bienes inmuebles por motivos de utilidad pública (Ley 9 de 1989, modificada por la Ley 388 de 1997), y desarrollar el marco teórico sobre la competencia que tienen los concejos municipales para conferir facultades al Alcalde para declarar un bien de utilidad pública, la tesis del Despacho consistió en indicar que el Acuerdo 003 del 15 de septiembre de 2018 expedido por el Concejo Municipal de Cumaral, se encontraba conforme al ordenamie nto jurídico, ya que al revisar su parte considerativa así como el documento contentivo de la exposición de motivos, se vislumbraba que la razón por la que se facultó al alcalde para declarar de utilidad pública un predio en la Inspección de Montebello de la entidad territorial, era para adelantar proyectos de infraestructura deportiva, recreativa, cultural, de comunicaciones, así como el abastecimiento de agua potable y saneamiento básico, que beneficiaran a la comunidad de Rancherías.

Refirió que el proyecto de acuerdo también hace parte del plan de desarrollo “Cumaral Vive Mejor” (vigencia 2016 a 2019), pues no solamente mencionó este en su aparte considerativo y en la exposición de motivos, sino porque del análisis que efectuó el Despacho al Acuerdo 009 del 31 de mayo de 2016 (plan de desarrollo), logró identificar que el proyecto guarda coherencia con lo expuesto en el capítulo 3 “ Ejes Estratégicos” y con el capítulo 18 “Sector Equipamiento Municipal” , arguyendo así que las facultades fueron conferidas al

guarda coherencia con lo expuesto en el capítulo 3 “ Ejes Estratégicos” y con el capítulo 18 “Sector Equipamiento Municipal” , arguyendo así que las facultades fueron conferidas al Alcalde para “adelantar los trámites para su posterior adquisición”, para lograr el desarrollo de proyectos que están dentro de las actividades previstas en el artículo 10 de Ley 9ª de 1989 “y no tienen un fin distinto que satisfacer las necesidades del municipio y llevar a cabo el cumplimiento del plan de desarrollo local, como bien se indicó en el Acuerdo No. 003 de 2018”.

5. RECURSO DE APELACIÓN11:

Encontrándose dentro del término de ley, la apoderada del DEPARTAMENTO DEL META presentó recurso de apelación, en el cual solicitó revocar el fallo de primera instancia, insistiendo en que el acto administrativo demandado vulnera la Ley 152 de 1994 y la Ley 338 de 1997 (artículos 58 a 63).

Reitera la falta de coherencia del Acuerdo 003 de 2018 en sus artículos primero y segundo, dado que en el primero, se faculta al Alcalde municipal de Cumaral por un término de un año para declarar de utilidad pública e interés social un inmueble, y en el segundo, declara directamente de utilidad pública el mismo bien, no siendo solo una falta de técnica

11 Actuación 10 de la primera instancia SAMAI.6

como lo arguyó la primera instancia, sino que “ permea de ilegal el acuerdo”, dado que “no resulta acorde con el principio de legalidad” , añadiendo que esta situación vulnera los requisitos de validez y existencia del acto administrativo, al no ser una decisión clara.

Agrega que el acto demandado contraviene lo previsto en el artículo 58 de la Ley 388

requisitos de validez y existencia del acto administrativo, al no ser una decisión clara.

Agrega que el acto demandado contraviene lo previsto en el artículo 58 de la Ley 388 de 1997, al no referir de manera clara, la causal que motiva la declaratoria de utilidad pública, y que, si bien el fallo recurrido aludió que aquella estaba inserta en la exposición de motivos del proyecto de acuerdo, la numeración de dicho documento es diferente a la del acuerdo, aunado a que tampoco se identificó en tal documento, el respectivo inmueble.

6. PRONUNCIAMIENTO DE LAS PARTES Y CONCEPTO DEL MINISTERIO

PÚBLICO EN SEGUNDA INSTANCIA:

Mediante auto de fecha 06 de mayo de 2021 12 se admitió el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte demandante, y se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión, y una vez vencido este, al Ministerio Público para que emitiera concepto si así lo consideraba.

Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.

C O N S I D E R A C I O N E S

I. Competencia:

La Sala observa que en aplicación de lo dispuesto por el artículo 153 del C.P.A.C.A, es competente este tribunal para conocer del presente asunto. Sin embargo, se debe precisar que es dable entrar a estudiar los argumentos expuestos por la parte apelante, al tratarse de un caso de apelante único, de acuerdo con lo señalado en los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 2012 – C.G.P.-, aplicables por re misión expresa del artículo 306 13 del CPACA.

tratarse de un caso de apelante único, de acuerdo con lo señalado en los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 2012 – C.G.P.-, aplicables por re misión expresa del artículo 306 13 del CPACA.

Tales disposiciones señalan lo siguiente:

ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.

Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71. (Negrilla fuera de texto).

ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante,

12 Actuación 3 de la segunda instancia SAMAI. 13 Ley 1437 de 2011, artículo 306: “En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.”7

sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.” (Negrilla fuera de texto).

II. Problema Jurídico:

El problema jurídico principal en el presente proceso consiste en establecer si el Acuerdo No. 003 del 15 de septiembre de 2018 , expedido por el Concejo Municipal de Cumaral - Meta, está viciado de nulidad, por la falta de claridad de las órdenes emitidas, dada la contradicción presentada en la parte resolutiva del Acuerdo, aunado a la deficiente motivación conforme lo exigen los artículos 58 y 63 de la Ley 388 de 1997 y la Ley 152 de 1992, como lo expone la recurrente, o si por el contrario, fue expedido conforme al ordenamiento jurídico como lo concluyó el fallo de primera instancia.

Para tal efecto, la Sala abordará “La adquisición de la propiedad privada por parte del Estado, a través de la enajenación voluntaria y la expropiación”, para luego realizar una descripción previa del contenido total del acto administrativo demandado, pues recuérdese que se pide la nulidad total del acuerdo municipal ya descrito, y finalmente abordar el “Caso concreto”, realizando el análisis de cada uno de los cuestionamientos efectuados a la sentencia de primera instancia.

que se pide la nulidad total del acuerdo municipal ya descrito, y finalmente abordar el “Caso concreto”, realizando el análisis de cada uno de los cuestionamientos efectuados a la sentencia de primera instancia.

III. La adquisición de la propiedad privada por parte del Estado, a través de la

enajenación voluntaria y la expropiación:

El derecho a la propiedad privada se encuentra previsto en el artículo 58 de la Constitución Política14, a través del cual se estipuló que el Estado garantizaría “la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores.”, y básicamente consiste en la facultad que tiene el titular de unos bienes, a usar, gozar, explotar y disponer de los mismos a libre

14 “ARTICULO 58. <Artículo modificado por el artículo 1o. del Acto Legislativo 1 de 1999. El nuevo texto es el siguiente:> Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.

La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica.

El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.

Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial

El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.

Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determin e el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa - administrativa, incluso respecto del precio.”8

disposición, siempre que respete la ley y el derecho de los demás 15, correspondiéndole al Estado proteger a dicho propietario de interferencias injustificadas por parte de terceros o del mismo Estado16.

También precisó el Constituyente en el mismo artículo 58, que el interés privado tiene la obligación de ceder ante el interés público, cuando existe un motivo de utilidad pública o interés social , y que, además, la propiedad tiene una función social y ecológica, que comportan cargas u obligaciones para su propietario. Frente a esta limitación a la propiedad privada, comprendiendo que no se trata de un derecho absoluto del propietario, se refirió la misma sentencia ya citada , refiriendo que “ no es sólo un de recho subjetivo al servicio exclusivo de su titular, sino también un instrumento para la satisfacción de intereses comunitarios17. Por esta razón, el constituyente habilitó “al legislador y excepcionalmente a las autoridades administrativas para establecer restricciones a dicho derecho cuando medien razones de interés general que razonablemente las justifiquen” 18. Las limitaciones constitucionales al derecho fundamental a la propiedad privada comprenden, entre otras, el proceso de extinción del dominio, el decomiso, la expropiación en caso de guerra 19 y la

razones de interés general que razonablemente las justifiquen” 18. Las limitaciones constitucionales al derecho fundamental a la propiedad privada comprenden, entre otras, el proceso de extinción del dominio, el decomiso, la expropiación en caso de guerra 19 y la expropiación por motivos de utilidad pública e interés social 20.”21

En el inciso final d el artículo ya referido (58 de la Constitución Política), el Constituyente estableció la figura de la expropiación, en dos modalidades: i) la expropiación por sentencia judicial, o ii) la adelantada por vía administrativa, señalando en ambas la obligatoriedad de cancelar una indemnización o precio por el bien expropiado , además esta última expropiación surge en el ordenamiento jurídico, como un trámite breve en relación con el que debe surtirse en la expropiación judicial, sin que por ello se desconozca el derecho fundamental a la propiedad privada, pues en todos los casos deberá pagarse una indemnización económica, aunado a que la misma es objeto de control ante la jurisdicción contenciosa administrativa22.

15 El artículo 669 del Código Civil -concepto de dominio-, dispone: “El dominio que se llama también propiedad es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra ley o contra derecho ajeno. La propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propieda d.” 16 Frente a las características esenciales del derecho a la propiedad, la sentencia C -020 de 202316, recordó las mismas, así:

“La Corte Constitucional ha resaltado que el derecho a la propiedad privada tiene las siguientes características esenciales. Primero,

16 Frente a las características esenciales del derecho a la propiedad, la sentencia C -020 de 202316, recordó las mismas, así:

“La Corte Constitucional ha resaltado que el derecho a la propiedad privada tiene las siguientes características esenciales. Primero, es un derecho pleno, porque “le confiere a su titular un conjunto amplio de atribuciones que puede ejercer autónomamente dentro de los límites impuestos por el ordenamiento jurídic o y los derechos ajenos” 16. Segundo, es un derecho exclusivo, puesto que el propietario puede “oponerse a la intromisión de un tercero en su ejercicio” 16. Tercero, es un derecho perpetuo, dado que dura “mientras persista el bien sobre el cual se incorpora el dominio y, además, no se extingue -en principiopor su falta de uso” 16. Cuarto, es un derecho autónomo, pues su existencia no depende de otro derecho principal. Quinto, es un derecho prima facie irrevocable, habida cuenta de que su “extinción o transmisión depende por lo general de la propia voluntad de su propietario y no de la realización de una causa extraña o del solo querer de un tercero”16. Por último, es un derecho real, pues es “un poder jurídico que se otorga sobre una cosa”16. “17 Corte Constitucional, sentencia C-306 de 2013. 18 Corte Constitucional, sentencia T-245 de 1997. Ver también, sentencia C-750 de 2015. 19 Constitución Política, art. 59: “ En caso de guerra y sólo para atender a sus requerimientos, la necesidad de una expropiación podrá ser decretada por el Gobierno Nacional sin previa indemnización”. 20 La Constitución de 1991 habilita de forma expresa dos tipos de expropiación: (i) la expropiación en caso de guerra y (ii) la

podrá ser decretada por el Gobierno Nacional sin previa indemnización”. 20 La Constitución de 1991 habilita de forma expresa dos tipos de expropiación: (i) la expropiación en caso de guerra y (ii) la expropiación por motivos de utilidad pública o interés social. Habida cuenta del contenido de la norma demandada y del cargo presentado por los demandantes, la Sala sólo se referiría al segundo tipo de expropiación.” 21 Sentencia C-020 de 2023. 22 Ver sentencia de la Corte Constitucional del 25 de agosto de 1993 C -370-94. M.P. Fabio Morón Díaz que cita: “En verdad, la figura de la expropiación por vía administrativa no esta prevista para facilitar el desconocimiento arbitrario de la garantía constitucional del derecho a la propiedad privada y a los demás derechos adquiridos con justo titulo, pues el Constituyente pretende únicamente que, por vía administrativa, se adelante una expropiación que, mediante un trámite jurídico, público y breve, previa la indemnización económica, responda a motivos de interés social y de utilidad pública.

El que la expropiación se tramite por vía administrativa, no significa una exclusión del control judicial sobre la actuación de las autoridades competentes, pues, en primer lugar, en ningún momento se pretende omitir la indemnización previa, y por otra, la s actuaciones y decisiones que se tomen por las autoridades gubernamentales son objeto de control ante la jurisdicción contenci oso administrativa, mediante el ejercicio de acciones para controvertir la legalidad del acto que decreta la expropiación, inclusive sobre el precio del bien.”9

A través de la Ley 9 de 1989 “Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo

administrativa, mediante el ejercicio de acciones para controvertir la legalidad del acto que decreta la expropiación, inclusive sobre el precio del bien.”9

A través de la Ley 9 de 1989 “Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones” , el legislador inicialmente, desarrolló un capítulo completo (capítulo III) dedicado a la “adquisición de bienes por enajenación voluntaria y por expropiación” , sin embargo, atendiendo las disposiciones contenidas en la Constitución de 1991, en especial, la inserción de la expropiación administrativa, el Congreso de la República expidió Ley 388 de 1997 “Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones” , la cual consagró un capítulo (VII 23) a la “ADQUISICIÓN DE INMUEBLES POR ENAJENACIÓN VOLUNTARIA Y EXPROPIACIÓN JUDICIAL” , y otro a la expropiación por vía administrativa (VIII24), modificando e inclusive sustituyendo en algunos apartes, normas contenidas en la Ley 9 de 1989.

El artículo 58 de la Ley 388 de 1997 (artículo 10 de la Ley 9ª de 1989), señaló claramente que la adquisición de inmuebles por parte del Estado, que se hiciera con destinación a alguna de las actividades contem