TA MET - Sentencia 50001-33-33-003-2023-00073-01 (23-01-2025)

Expediente: 50001-33-33-003-2023-00073-01 N Y R Actor: GERARDO ARÉVALO FUENTES Contra: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

1 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META Villavicencio, enero veintitrés (23) de dos mil veinticinco (2025)

S A L A D E D E C I S I Ó N

REFERENCIA: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: GERARDO ARÉVALO FUENTES

DEMANDADO: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

MAGISTRADA: TERESA HERRERA ANDRADE EXPEDIENTE: 50001-33-33-003-2023-00073-01

Decide la Sala el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la apoderada de la Entidad demandada contra la sentencia proferida por esc rito por el JUZGADO 404 ADMINISTRATIVO TRANSITORIO DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO, el 11 de marzo de 2024, mediante la cual ACCEDIÓ a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

HECHOS:

1.- El demandante cuenta que está vinculado laboralmente a la RAMA JUDICIAL, desde el 1 de julio de 2010; y desempeña el cargo de ASISTENTE SOCIAL GRADO 1 en el JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE PUERTO

LÓPEZ (META).

2.- Comenta que, por medio del Decreto 0383, del 6 de marzo de 2013,

GRADO 1 en el JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE PUERTO

LÓPEZ (META).

2.- Comenta que, por medio del Decreto 0383, del 6 de marzo de 2013, se reconoció la BONIFICACIÓN JUDICIAL a los servidores de la RAMA JUDICIA L; luego, de un proceso de negociación con el GOBIERNO NACIONAL . Que dicha bonificación se fue incrementando, año tras año, desde el 2013 hasta el 2018, hasta lograr la nivelación salarial.

3.- Expresa que en el aludido Decreto se estableció que esa bonificación era factor salarial únicamente para la base de cotización al SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD y en PENSIÓN.Expediente: 50001-33-33-003-2023-00073-01 N Y R Actor: GERARDO ARÉVALO FUENTES Contra: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 2 4.- Informa que, el 11 de agosto de 2018, reclamó ante la demandada, el reconocimiento y pago de las diferencias salariales resultantes del reajuste derivado de la inclusión de l a BONIFICACIÓN JUDICIAL como factor salarial para liquidar las prestaciones sociales; lo cual fue negado por medio del oficio DESAJVIO18-2883, del 28 de septiembre de 2018, de la Resolución 2684 , del 3 de diciembre de 2018 , y de la Resolución RH-5873, del 23 de noviembre de 2021.

PRETENSIONES:

PRIMERA: Que se INAPLIQUE PARCIALMENTE por INCONSTITUCIONAL la expresión “y constituirá únicamente factor salarial” , contenida

PRETENSIONES:

PRIMERA: Que se INAPLIQUE PARCIALMENTE por INCONSTITUCIONAL la expresión “y constituirá únicamente factor salarial” , contenida en los artículos 1, del Decreto 383 de 2013, 1, del Decreto 1269 de 2015, y 1, del Decreto 246 de 2016, respectivamente.

SEGUNDA: Que se DECLARE la NULIDAD del oficio DESAJVIO182883, del 28 de septiembre de 2018, de la Resolución 2684, del 3 de diciembre de 2018 y de la Resolución RH-5873, del 23 de noviembre de 2021.

TERCERA: Que se DECLARE que la BONIFICACIÓN JUDICIAL, por ser constitutiva de factor salarial, debe ser reajustada periódicamente, en la misma proporción en que se incrementa la asignación salarial.

CUARTA: Que se ORDENE a la NACIÓN-RAMA JUDICIAL RELIQUIDAR y PAGAR las prestaciones ( PRIMA DE NAVIDAD, PRIMA DE

SERVICIOS, VACACIONES, PRIMA DE VACACIONES, BONI FICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS, CESANTÍAS, INTERESES A LAS CESANTÍAS y PRIMA DE PRODUCTIVIDAD) percibidas por el demandante desde el año 2013 , a la fecha de presentación de la solicitud, con la inclusión de la BONIFICACIÓN JUDICIAL como factor salarial; sin aplicación de la PRESCRIPCIÓN TRIENAL.

QUINTA: Que se ORDENE a la Entidad accionada a liquidar las prestaciones sociales y económicas devengadas por el demandante, teniendo en cuenta la BONIFICACIÓN JUDICIAL como factor salarial.

SEXTA: Que se aplique la INDEXACIÓN a las sumas de dinero dejadas

prestaciones sociales y económicas devengadas por el demandante, teniendo en cuenta la BONIFICACIÓN JUDICIAL como factor salarial.

SEXTA: Que se aplique la INDEXACIÓN a las sumas de dinero dejadas de percibir por el demandante , durante el tiempo en que se ha desempeñado como funcionario judicial, y que surjan de las liquidaciones realizadas conforme a las peticiones que se reconozcan.Expediente: 50001-33-33-003-2023-00073-01 N Y R Actor: GERARDO ARÉVALO FUENTES Contra: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

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SÉPTIMA: Que, en caso de no accederse a las anteriores peticiones, se realice la devolución de los descuentos efectuados para salud y pensión que se han realizado sobre la BONIFICACIÓN JUDICIAL; pues si no constituye factor salarial , tal descuento es contrario a la Ley.

TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Con auto del 16 de diciembre de 2024, se admite el RECURSO DE APELACIÓN, y se señala que el MINISTERIO PÚBLICO podría emitir su concepto desde la notificación del proveído y hasta antes de que ingresara el proceso al Despacho para sentencia. Que una vez qued ara en firme esa providencia , y en caso de que no se formulara dentro del término de su ej ecutoria solicitud de pruebas o cualquier otra que deba ser resuelta, se prescindir ía de correr traslado para presentar alegatos de conclusión, según lo establecido en el numeral 5°, del artículo 247, del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 67, de la Ley 2080 de 2021 (índice 14 SAMAI).

conclusión, según lo establecido en el numeral 5°, del artículo 247, del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 67, de la Ley 2080 de 2021 (índice 14 SAMAI).

La parte demandante y el MINISTERIO PÚBLICO guardaron silencio en esta etapa procesal.

SENTENCIA APELADA

En sentencia del 11 de marzo de 2024, e l JUZGADO 404 ADMINISTRATIVO TRANSITORIO DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO ACCEDIÓ a las pretensiones de la demanda.

Indica que la tesis del Despacho es que la BONIFICACIÓN JUDICIAL reúne todos los requisitos del salario, ya que sin perjuicio de la denominación que se dé, todo pago habitual que reciba el trabajador en contraprestación de su servicio personal constituye salario, incluidas las bonificaciones habituales ; por lo que, procede inaplicar por inconstitucional, la expresión ‘únicamente’, contenida en el artículo 1, del Decreto 383 de 2013, así como en los demás Decretos que se expidieron reproduciendo tal disposición.

Expresa que el LEGISLADOR y el GOBIERNO NACIONAL tienen la facultad para regular y reglamentar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, pero tal potestad no es absoluta, dado que debe sujetarse a las normas superiores qu e imponen la protección del salario como elemento trascendente yExpediente: 50001-33-33-003-2023-00073-01 N Y R Actor: GERARDO ARÉVALO FUENTES Contra: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 4

Actor: GERARDO ARÉVALO FUENTES Contra: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 4 fundamental de los derechos laborales . Que, el GOBIERNO NACIONAL al regular la BONIFICACIÓN JUDICIAL , desconoció que ésta tenía como propósito lograr una nivelación salarial atendiendo criter ios de equidad , según quedó estipulado en el parágrafo del artículo 14, la Ley 4ª de 1992.

Manifiesta que, aun cuando la anterior disposición no estableció de manera precisa y detallada , cómo debía efectuarse la nivelación de los empleados y funcionarios de la RAMA JUDICIAL y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, no autorizó al GOBIERNO NACIONAL a suprimir o extraer el carácter salarial de la remuneración de sus empleados, como sí lo hizo con sus funcionarios frente a las prestaciones taxativas consagradas por el Legislador, tal como ocurrió con la PRIMA ESPECIAL DE

SERVICIOS.

Que, atendiendo la naturaleza de la referida bonificación, era apenas lógico que en su fijación se observara n todas las garantías y derechos mínimos fundamentales establecidos en la Constitución a favor del trabajador; luego, la libertad de configuración legislativa y la potestad reglamentaria del GOBIERNO NACIONAL tenían como límite los derechos reconocidos en la Constitución, específicamente los estatuidos en su artículo 53.

Dice que, con el artículo 14, de la Ley 4ª de 1992, se instituyó la EQUIDAD como un límite material para el ejercicio de la potestad reglamentaria y, según una interpretación teleológica y sistemática de la referida disposición, lo pretendido era

Dice que, con el artículo 14, de la Ley 4ª de 1992, se instituyó la EQUIDAD como un límite material para el ejercicio de la potestad reglamentaria y, según una interpretación teleológica y sistemática de la referida disposición, lo pretendido era mejorar el régimen salarial y prestacional de todos los servidores públicos de la Administración de Justicia, quienes fueron incluidos como beneficiarios de la BONIFICACIÓN JUDICIAL , frente a la cu al la Ley no excluyó su carácter salarial. Lo anterior, con base en lo definido por la SALA DE CONJUECES del CONSEJO DE ESTADO, en sentencia del 6 de abril de 2022, radicado nro. 76001233300020180041401 (0470-2020).

Refiere que los Decretos 383 y 384, al determinar que la mencionada bonificación sólo constituiría factor salarial para la base de cotización al SISTEMA PENSIONAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL en SALUD (lo cual fue replicado por los Decretos expedidos con posterioridad), se desconoció el concepto propio de salario, en la medida que esa bonificación sí constituye una retribución habitual y periódica como contraprestación directa por los servicios prestados por el servidor y, por ende, debe tenerse en cuenta en la liquidación de sus prestaciones sociales.Expediente: 50001-33-33-003-2023-00073-01 N Y R Actor: GERARDO ARÉVALO FUENTES Contra: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 5 Precisa que, del acta de Acuerdo, del 6 de noviembre de 2012, suscrita entre el GOBIERNO NACIONAL y los representantes de los funcionarios y empleados de

5 Precisa que, del acta de Acuerdo, del 6 de noviembre de 2012, suscrita entre el GOBIERNO NACIONAL y los representantes de los funcionarios y empleados de la RAMA JUDICIAL y de FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, que reconoció a favor de estos la nivelación en la remuneración en los términos de la Ley 4ª de 1992, no se aprecia que se hubiere pactado que la BONIFICACIÓN JUDICIAL no tendría carácter salarial para la liquidación de las prestaciones sociales. Y, en todo caso, no puede pasarse por alto que tales acuerdos no pueden ir en contra de los derechos mínimos fundamentales de los trabajadores consagrados en el artículo 53 de la Constitución, tales como la primacía de la realidad sobre las formalidades, la irrenun ciabilidad del salario y la garantía de una remuneración mínima, vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad de trabajo.

Explica que, el reconocer carácter salarial a la mentada bonificación, no desconoce el principio de sostenibilidad fiscal, pues , si bien este principio es de estirpe constitucional, el mismo no puede entenderse como un condicionamiento a los Jueces para responder al modelo económico del Estado sin importar la transgresión a los derechos que los compela a modificar o retardar los efectos de las sentencias que han dispuesto su necesaria protección.

Declara la NULIDAD TOTAL del oficio DESAJVIO18-2883, del 28 de septiembre de 2018, y de la Resolución 2684, del 03 de diciembre de 2018, y la NULIDAD PARCIAL de la Resolución RH-5873, del 23 de noviembre de 2021 . Y CONDENA a la Entidad accionada a reliquidar y pagar todas las prestaciones sociales reconocidas y

PARCIAL de la Resolución RH-5873, del 23 de noviembre de 2021 . Y CONDENA a la Entidad accionada a reliquidar y pagar todas las prestaciones sociales reconocidas y pagadas al demandante, así como la liquidación y pago de las que se sigan causando, teniendo en cuenta la BONIFICACIÓN JUDICIAL como factor salarial.

NEGÓ la pretensión de que la BONIFICACIÓN JUDICIAL se incremente de conformidad con el reajuste fijado por el GOBIERNO NACIONAL para las asignaciones básicas y no con el ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC.), en tanto que el parágrafo del artículo 1º, del Decreto 383 de 2013 , señaló que, para el año 2019 , y en adelante, el valor mensual de dicha bonificación sería equivalente al valor que se perciba en el año inmediatamente anterior reajustado con la variació n del IPC., certificado por el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE). Que, esto no afecta derechos mínimos del trabajador, en la medida que tales incrementos, como el del IPC., son válidos para este tipo de prestaciones, al mantener el poder adquisitivo de la moneda; además, distinto a la asignación básica o sueldo, la esa bonificación fue producto de un proceso de negociación surgido de la necesidad de lograr la nivelación salarial de los servidores judiciales, siendo válido el establecimiento de ese tipo de incrementos.Expediente: 50001-33-33-003-2023-00073-01 N Y R Actor: GERARDO ARÉVALO FUENTES Contra: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 6 Finalmente, f rente a la prescripción adujo que, la reclamación

Actor: GERARDO ARÉVALO FUENTES Contra: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

6 Finalmente, f rente a la prescripción adujo que, la reclamación administrativa se presentó, el 13 de agosto de 2018, por tanto, la demanda debió radicarse dentro de los 3 años siguientes, esto es, hasta el 13 de agosto de 2021; sin embargo, como se suspendieron los términos de prescripción entre el 16 de marzo, y el 1 de julio de 2020, por el artículo 1º , del Decreto Legislativo 564 de 2020, en virtud de la pandemia COVID19, la demanda podía instaurarse hasta el 29 de noviembre de 2021, empero, esto se hizo el 23 de febrero de 2023, de ahí que, haya operado la prescripción respecto de las diferencias causadas por concepto de la reliquidación prestacional con anterioridad al 23 de febrero de 2020.

RECURSO DE APELACIÓN

PARTE DEMANDADA

La Entidad accionada sostiene que la sentencia impugnada contraría el ordenamiento jurídico, por cuanto el Decreto “384” de 2013, dispuso, de manera clara que, la BONIFICACIÓN JUDICIAL no constituye factor salarial, excepto para la base de cotización al SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD y en

PENSIÓN.

Afirma que, es competencia exclusiva del GOBIERNO NACIONAL la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, según lo establece la Constitución y la Ley 4ª de 1992; por lo tanto, es a quien le corresponde la modificación,

fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, según lo establece la Constitución y la Ley 4ª de 1992; por lo tanto, es a quien le corresponde la modificación, ajuste o variación de las normas que consagran la BONIFICACIÓN JUDICIAL.

Que, la CORTE CONSTITUCIONAL ha señalado que el Legislador puede disponer que determinadas prestaciones sociales se liquiden sin consideración al monto total del salario que devengue el servidor público. Así lo consideró en sentencias C-279 de 1996, C-444 de 1997, C-681 de 2003 y SU-395 de 2017.

Estima que con la expedición de los Decretos 383 y 384 de 2013, no se ha vulnerado derecho adquirido alguno a la parte actora, como quiera que la BONIFICACIÓN JUDICIAL , creada sin carácter de factor salarial para liquidar las prestaciones sociales (así lo concertaron las partes : RAMA JUDICIAL, ASONAL y el ejecutivo), no hizo parte de su patrimonio con antelación a la expedición de tales

Decretos.Expediente: 50001-33-33-003-2023-00073-01 N Y R Actor: GERARDO ARÉVALO FUENTES Contra: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

7 Esgrime que, el hecho de que cierta parte del salario no constituya factor para liquidar algunas prestaciones, como sucede con la BONIFICACIÓN JUDICIAL, no implica la vulneración de normas constitucionales, legales o internacionales.

Afirma que no procede aplicar la excepción de inconstitucionalidad frente a la expresión “constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema

implica la vulneración de normas constitucionales, legales o internacionales.

Afirma que no procede aplicar la excepción de inconstitucionalidad frente a la expresión “constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema de Seguridad Social en Salud ”, contenida en el artículo 1º, del Decreto 384 de 2013, en tanto que, no existe una flagrante contradicción a la Constitución , puesto la CORTE CONSTITUCIONAL ya ha establecido que el Legislador puede excluir determinados factores para liquidar las prestaciones sociales.

Por último, argumenta que de reconocerse a la BONIFICACIÓN JUDICIAL el carácter salarial para todos los efectos legales, contravendría la prohibición del artículo 71, del Decreto 111 de 1996, compilatorio del artículo 86, de la Ley 38 d e 1989.

II. CONSIDERACIONES

COMPETENCIA

El TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL META , es competente para conocer este asunto en 2ª instancia, de conformidad con el artículo 153 del C.P. A.C.A., teniendo en cuenta que se trata de una sentencia proferida en 1ª instancia, por el JUZGADO 404 ADMINISTRATIVO TRANSITORIO DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO y corresponde a esta Corporación su conocimiento como superior funcional.

PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde a la Sala determinar si la BONIFICACIÓN JUDICIAL regulada en el artículo 1º, del Decreto 38 3 de 2013, constituye factor salarial para todos los efectos de liquidación de prestaciones sociales.

La Sala procede a realizar un breve análisis normativo y jurisprudencial

regulada en el artículo 1º, del Decreto 38 3 de 2013, constituye factor salarial para todos los efectos de liquidación de prestaciones sociales.

La Sala procede a realizar un breve análisis normativo y jurisprudencial de la citada bonificación, con el fin de dar solución al caso materia de estudio.

DE LA BONIFICACIÓN JUDICIALExpediente: 50001-33-33-003-2023-00073-01 N Y R Actor: GERARDO ARÉVALO FUENTES Contra: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 8 La BONIFICACIÓN JUDICIAL para los servidores de la RAMA JUDICIAL y de la JUSTICIA PENAL MILITAR fue establecida por el GOBIERNO NACIONAL a través del Decreto 383, del 6 de marzo de 2013, con efectos fiscales a partir del 1 de enero de 2013. Esta norma en su artículo 1º contempló que dicha bonificación se reconocería mensualmente al servidor público mientras que permanezca en servicio activo, y que constituiría factor salarial solamente para la base de cotización al SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES y en SALUD.

Con posterioridad, se expidieron los Decretos1269 de 2015, 246 de 2016, 1014 de 2017, 340 de 2018, 992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 903 de 2023, 1581 de 2023 y 299 de 2024, los cuales hicieron el ajuste anual a la mencionada bonificación y reiteraron que la misma se pagaría mensualmente y constituye fac tor salarial únicamente para la cotización a pensiones y salud.

bonificación y reiteraron que la misma se pagaría mensualmente y constituye fac tor salarial únicamente para la cotización a pensiones y salud.

Así que, el GOBIERNO NACIONAL determinó que la BONIFICACIÓN JUDICAL sólo es factor de salario para la cotización al SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIÓN y en SALUD, excluyendo tal naturaleza para la liquidación de las prestaciones sociales.

Para la Sala, la BONIFICACIÓN JUDICIAL creada en el Decreto 383 de 2013, tiene carácter salarial en la liquidación de las prestaciones sociales, al ser un pago que se hace mensual a los empleados públicos de la RAMA JUDICIAL y de la JUSTICIA PENAL MILITAR, por la contraprestación de sus servicios; máxime que aquella se creó para materializar una nivelación salarial.

La Ley 4ª de 1992 1 en el parágrafo de su artículo 14, estipu la: “Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la rama judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad".

Tenemos que, la BONIFICACIÓN JUDICIAL, tuvo su génesis en el cese de actividades de unos funcionarios de la RAMA JUDICIAL y de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN , del año 2012, buscando precisamente llegar a un acuerdo con el GOBIERNO NACIONAL, tendiente a nivelar los salarios de los mismos, es te acuerdo quedó pactado en acta del 6 de noviembre de 2012, y tuvo continuación en acta del 8 de

1 Mediante la cual se señalan las normas, obje tivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen

quedó pactado en acta del 6 de noviembre de 2012, y tuvo continuación en acta del 8 de

1 Mediante la cual se señalan las normas, obje tivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.Expediente: 50001-33-33-003-2023-00073-01 N Y R Actor: GERARDO ARÉVALO FUENTES Contra: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 9 enero de 2013, donde el GOBIERNO NACIONAL se comprometió a “ Reconocer el derecho de los empleados y funcionarios de la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación a la nivelación de su remuneración de conformidad con la Ley 4ª de 1992 ” (Se resalta).

Al tratarse la BONIFICACIÓN JUDICIAL de una nivelación en la remuneración mensual de los empleados públicos de la RAMA JUDICIAL , en los términos previstos en el parágrafo, del artículo 14, de la Ley 4ª de 1992, es innegable su naturaleza salarial; además, por ser un pago habitual y periódico como contraprestación a los servicios prestados por el servidor público.

Dicho en otras palabras, la BONIFICACIÓN JUDICIAL, pretendía zanjar el desequilibrio evidenciado en los salarios percibidos entre los cargos de los distintos

a los servicios prestados por el servidor público.

Dicho en otras palabras, la BONIFICACIÓN JUDICIAL, pretendía zanjar el desequilibrio evidenciado en los salarios percibidos entre los cargos de los distintos niveles jerárquicos, a quienes no se les había realizado el ajuste salarial respectivo.

Como lo ha recordado, e l CONSEJO DE ESTADO 2 el salario, es la remuneración que percibe el trabajador por la prestación de un servicio a favor del empleador, de forma personal, directa y subordinada, el cual, no sólo está integrado por una remuneración básica u ordinaria sino también, por todo lo que bajo cualquier otra denominación o concepto, en dinero o en especies, ingrese al patrimonio del trabajador en razón a la prestación de sus servicios.

La SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL del CONSEJO DE ESTADO3, mediante concepto 1393 del 18 de julio de 2002, expresó:

El salario "... aparece (...) como la remuneración social más inmediata o directa que el trabajador recibe por la transmisión que hace de su fuerza de trabajo para ponerla a disposición del empleador". En efecto, según el artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo (subrogado por el artículo 14 de la ley 50 de 1990) " constituye salario no solo la remunerativo ordina ria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie coma contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y

denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones." En similar sentido el artículo 42 del decreto 1042 de 1978 establece que además de la asignación básica fijad a por la ley para los diferentes cargos, del valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio, constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios. (Se resalta).

2 Sentencia de 8 abril de 2010. Rad. 1026-2008. M.P. Gerardo Arenas Monsalve. 3 Consejo de Estado – Saña de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 1393 de 18 de julio de 2002, M.P. Flavio Augusto Rodríguez ArceExpediente: 50001-33-33-003-2023-00073-01 N Y R Actor: GERARDO ARÉVALO FUENTES Contra: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 10

Así mismo, la Alta Corporación en sentencia del 7 de diciembre de 20064, expresó que “(…) por salario debe entenderse no solo la remuneración básica mensual sino todo lo que el empleado percibe por conc epto de salario, en otras palabras, todo lo que devengue periódicamente como retribución de sus servicios”.

La definición del salario y los factores que lo integran, ha sido reiterado por la Sección SEGUNDA de esa Corporación en sentencias del 1 de agosto de 2013, 6

que devengue periódicamente como retribución de sus servicios”.

La definición del salario y los factores que lo integran, ha sido reiterado por la Sección SEGUNDA de esa Corporación en sentencias del 1 de agosto de 2013, 6 de julio de 2015 y del 24 de enero de 20195.

Conforme a lo anterior, todas las sumas que de manera habitual y periódica perciba el trabajador (como sucede con la BONIFICACIÓN JUDICIAL), son factores que integran el salario que éste percibe lo que incide de manera directa en la forma cómo se establecen no sólo los ingresos base de cotización al Sistema de Seguridad Social, sino también en la liquidación de una prestación pensional.

En esas condiciones, aun cuando el Decreto 383 de 2013, le reste la naturaleza salarial a la BONIFICACIÓN JUDICIAL para la liquidación de las prestaciones sociales (teniendo en cuenta que solamente le dio ese carácter para int egrar el ingreso base de cotización al SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIÓN Y SALUD), es indudable que la misma sí constituye salario para todos los efectos legales de liquidación prestacional, por ser un pago habitual y periódico que recibe el trabajado r como contraprestación al servicio prestado. Tal contraprestación, debe decirse, no puede desatender los valores constitucionales, PRINCIPIOS Y DERECHOS A LA IGUALDAD, LA GARANTÍA A UNA REMUNERACIÓN MÍNIMA, VITAL, MÓVIL Y PROPORCIONAL A LA CANTIDAD Y CALI DAD DE TRABAJO, A LA IRRENUNCIABILIDAD A LOS BENEFICIOS MÍNIMOS, LA PROGRESIVIDAD Y A LA PRIMACÍA DE LA REALIDAD

SOBRE LAS FORMAS.

A LA CANTIDAD Y CALI DAD DE TRABAJO, A LA IRRENUNCIABILIDAD A LOS BENEFICIOS MÍNIMOS, LA PROGRESIVIDAD Y A LA PRIMACÍA DE LA REALIDAD

SOBRE LAS FORMAS.

Así lo ha concluido el CONSEJO DE ESTADO en varias sentencias. Por ejemplo, en sentencia del 6 de abril de 2022, Sección 2ª, Sala de CONJUECES, radicado nro. 76001233300020180041401 (0470 -2020), CONJUEZ Ponente CARMEN ANAYA DE CASTELLANOS, precisó sobre la BONIFICACIÓN JUDICIAL:

4 Consejo de Estado – Sección Segunda, subsección B, Sentencia de 7 de diciembre de 2006, M.P. Jesús María Bustamante 5 Rad. 44001 -23-31-000-2008-00150-01 (0070 -2011), C.P. GERARDO ARENAS MONSALVE ; rad. 11001032500020110006700 (0192 -11), C.P. LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO y rad. 470012333000-2014-00088-01 (3208-2016), CARMELO PERDOMO CUÉTER.Expediente: 50001-33-33-003-2023-00073-01 N Y R Actor: GERARDO ARÉVALO FUENTES Contra: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 11 (…)

Pero bien, adicional al factor de la competencia, lo cierto es que la potestad legislativa radica en el Congreso de la República y, mediante la Ley marco lo que hace el legislador es fijar los objetivos y criterios que deben guiar al Gobierno Nacional para expedir un determinado régimen. Para el caso de la

legislativa radica en el Congreso de la República y, mediante la Ley marco lo que hace el legislador es fijar los objetivos y criterios que deben guiar al Gobierno Nacional para expedir un determinado régimen. Para el caso de la Ley 4ª de 1992, se trataba de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, entre ellos los de la Rama Judicial, para lo cual el legislador fijó el marco o reglas a las cual debía su jetarse el Gobierno Nacional para expedir el régimen salarial de dicho empleados, pautas y marco consagrados en los artículos 14 y 15 de la referida Ley, la que señaló expresamente en el parágrafo de su artículo 14 que la autoridad administrativa revisaría con sentido de equidad el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación. Luego, al señalar el legislador que esa revisión se realizaría a través de la nivelación o reclasificación de los empleos de la Rama, debió el Gobierno Nacional sujetarse a ese cuadro fijado por el legislador: nivelación o reclasificación, lo que conlleva a incremento salarial y no sólo crear una Bonificación ajena, según el Decreto que la creó, al salario, por cuanto el mismo indica que dicha Bonificación “sólo constituye factor salarial para efectos de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y en Salud”.

Así las cosas, al apartarse el Decreto 382 de 2013 al marco fijado por el legislador, al cual debió sujetarse, resulta violario de la misma, por lo que procede la inaplicación deprecada por el demandante: i) porque no ha debido

Así las cosas, al apartarse el Decreto 382 de 2013 al marco fijado por el legislador, al cual debió sujetarse, resulta violario de la misma, por lo que procede la inaplicación deprecada por el demandante: i) porque no ha debido hacer distinción en la forma de pago de dicha bonificación entre acogidos y no acogidos y, ii) porque al ser ésta continua, permanente y en retribución al trabajo, no ha debido sustraerse como factores salariales para liquidar la