TA MET - Sentencia 50001-33-33-003-2019-00391-01 (30-01-2025)

2República de Colombia

Tribunal Administrativo del Meta-Sala - Sexta Oral

MAGISTRADO PONENTE: HÉCTOR ENRIQUE REY MORENO

Villavicencio, enero treinta (30) de dos mil veinticinco (2025)

RADICACIÓN: 50001333300320190039101

DEMANDANTE: ÁNGELA DAYAN RUBIANO RODRÍGUEZ

DEMANDADO: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E

“SOLUCIÓN SALUD”

M. DE CONTROL: NULIDAD Y REST. DEL DERECHO

ASUNTO:

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por ambas partes contra la sentencia proferida el 7 de noviembre de 2023 por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio, por medio de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda1.

ANTECEDENTES PROCESALES

La demanda y sus pretensiones2

La señora ÁNGELA DAYAN RUBIANO RODRÍGUEZ en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho solicitó que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio del 8 de agosto de 201 9, mediante el cual se le negó la reclamación relacionada con el reconocimiento y pago de sus derechos laborales y prestacionales.

1 Se altera el turno para dictar sentencia en este proceso, de conformidad con la postura del órgano de cierre de esta jurisdicción Sección Tercera, Subsección C, en el Auto del 03 de julio de 2018, dictado dentro del proceso con radicado: 73001 -23-31-000-2012-00227-01(50949), con ponencia del Dr. Jaime Orlando

de esta jurisdicción Sección Tercera, Subsección C, en el Auto del 03 de julio de 2018, dictado dentro del proceso con radicado: 73001 -23-31-000-2012-00227-01(50949), con ponencia del Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, que al respecto precisó: “En relación con el derecho de turno es menester tener en cuenta que los artículos 63 A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009 , y 18 de la Ley 446 de 1998, determinan que los jueces deben proferir las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin, y que la alteración de dicho orden puede realizarse, excepcionalmente, por (…) vii) la conformación de “un orden de carácter temático para la elaboración y estudio preferente de los proyectos de sentencia”. 2 Ver pág. del 1 al 19 del índice 00002 registrado en primera instancia.2 50001333300320190039101 - NRDO

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Aunado a lo anterior, solicitó que a título de restablecimiento del derecho se le reconozcan, liquiden y paguen todos los recargos nocturnos y las horas extras de cualquier índole en el período que laboró entre el 3 de agosto de 2015 y el 16 de agosto de 2016 -Servicio Social Obligatorio-.

De igual manera, requirió el pago de todas las acreencias laborales y prestacionales, en particular, la prima de navidad, prima de servicios, prima semestral de servicios, compensación de vacaciones, prima de vacaciones, bonificación especial de recreación, bonificación por servicios prestados, auxilio

De igual manera, requirió el pago de todas las acreencias laborales y prestacionales, en particular, la prima de navidad, prima de servicios, prima semestral de servicios, compensación de vacaciones, prima de vacaciones, bonificación especial de recreación, bonificación por servicios prestados, auxilio de cesantías, intereses sobre las cesantías, subsidio de alimentación, indemnización moratoria por el no pago de cesantías, indemnización por el no pago de prestaciones sociales, devolución de aportes a salud y pensión realizados por encima del porcentaje que le correspondía, restitución de los valores pagados por pólizas de garantía de cumplimiento exigidas para la formalización de cada contrato y el reconocimiento de cualquier otro derecho laboral que se haya generado en su favor.

Asimismo, pidió que se declarara que entre ella y la demandada se ejecutó una relación laboral propia de una servidora pública, sin solución de continuidad durante el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2016 y el 19 de mayo de 2018 -Contratos por Prestación de ServiciosPor último , solicitó que se conden ara a la parte demandada en costas y agencias en derecho realizando la indexación respectiva de la condena y se d iera el cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 192 del

C.P.A.C.A.

Como situación fáctica, narró que estuvo vinculada mediante la Resolución No. 766 del 28 de julio de 2015 a la Empresa Social del Estado del Departamento del Meta - E.S.E. "Solución Salud", donde laboró de manera permanente e ininterrumpida desde el 3 de agosto de 2015 hasta el 16 de agosto de 2016 -Servicio Social Obligatorio-.

Departamento del Meta - E.S.E. "Solución Salud", donde laboró de manera permanente e ininterrumpida desde el 3 de agosto de 2015 hasta el 16 de agosto de 2016 -Servicio Social Obligatorio-.

Indicó, que prestó sus servicios en calidad de profesional de l servicio social obligatorio en medicina, asignada al Centro de Atención de3 50001333300320190039101 - NRDO

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Lejanías (Meta), devengando un salario de $2.246.100 en 2015 y de $2.358.400 en 2016.

Sostuvo, que d urante el período mencionado realizó labores habituales en horario nocturno y horas extras tanto diurnas como nocturnas de manera frecuente, incluyendo jornadas en días de descanso obligatorio , s in embargo, estos conceptos no le fueron reconocidos, liquidados ni pagados en su totalidad.

Manifestó, que l os conceptos mencionados formaban parte del ingreso base para la liquidación de prestaciones laborales y sociales, así como para los aportes al sistema integral de seguridad social , no obstante, al no ser reconocidos ni pagados, no fueron considerados para el cálculo de dichos derechos.

Señaló, que también prestó sus servicios de manera permanente e ininterrumpida a la demandada a través de diversos contratos y/o órdenes de prestación de servicios, los cuales abarcaron varios períodos consecutivos desde 1 de septiembre de 2016 hasta el 19 de mayo de 2018 , con una remuneración mensual constante . Además, precisó que la vinculación incluyó contratos

prestación de servicios, los cuales abarcaron varios períodos consecutivos desde 1 de septiembre de 2016 hasta el 19 de mayo de 2018 , con una remuneración mensual constante . Además, precisó que la vinculación incluyó contratos principales y prórrogas que totalizaron aproximadamente dos años de relación laboral bajo esta modalidad y, aunque le concedieron vacaciones del 1 al 9 de enero de 2016 y del 1 al 8 de enero de 2018, estas no fueron remuneradas.

Expresó, que fue contratada como médico general por la entidad demandada para prestar sus servicios en el Centro de Atención del Municipio de Lejanías (Meta) y la relación laboral finalizó el 19 de mayo de 2018, sin que existiera una causa justificada para la terminación del vínculo contractual.

Precisó, que cumplió las obligaciones establecidas en los contratos ejecutados, resaltando que durante toda la vinculación sus labores y funciones no variaron y correspondían a las asignadas a los médicos generales de la planta de personal de la E.S.E. demandada.

Comentó, que d esempeñó sus funciones de manera continua, personal, directa, permanente e ininterrumpida, sin posibilidad de delegarlas o4 50001333300320190039101 - NRDO

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ceder unilateralmente su contrato , dado que las actividades estaban directamente relacionadas con las atribuciones propias de la demandada.

Narró, que recibía órdenes de sus superiores jerárquicos, quienes le impartían instrucciones de forma verbal y a través de medios electrónicos,

directamente relacionadas con las atribuciones propias de la demandada.

Narró, que recibía órdenes de sus superiores jerárquicos, quienes le impartían instrucciones de forma verbal y a través de medios electrónicos, planificando previamente las condiciones de modo, tiempo y lugar de su trabajo.

Señaló, que d urante su vinculación cumplió jornadas laborales diversas, incluyendo urgencias (diurnas, nocturnas y de 24 horas), consulta externa (jornadas completas o de medio día), promoción y prevención (jornadas completas o de medio día), capacitaciones, brigadas y disponibilidad de remisión, las cuales se ajustaban a horarios estrictos previamente definidos por la demandada. Además, manifestó que estaba obligada a recuperar las horas o días no laborados por razones externas.

Indicó, que debía asistir obligatoriamente a reuniones y capacitaciones organizadas por la E.S.E., en las que entregaba informes de actividades.

Comentó, que percibía un salario mensual de $5.000.000, del cual la demandada descontaba un 10% por concepto de retención en la fuente , exigiéndole asumir la totalidad de los pagos al sistema general de seguridad social y costear pólizas de seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales.

Advirtió, que l a justificación de la demandada para contratar la se basó en la insuficiencia de personal de planta, omitiendo la obligación legal de actualizar su planta global conforme con la Ley 909 de 2004 y su Decreto Reglamentario 785 de 2005.

Finalmente, señaló que el 26 de julio de 2019 presentó reclamación administrativa para obtener el reconocimiento y pago de sus derechos laborales,

Reglamentario 785 de 2005.

Finalmente, señaló que el 26 de julio de 2019 presentó reclamación administrativa para obtener el reconocimiento y pago de sus derechos laborales, sin embargo, la demandada negó tales derechos.5 50001333300320190039101 - NRDO

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Normas violadas y concepto de violación

Invocó como normas violadas los artículos 1, 25, 29, 48, 53 y 222 de la Constitución Política de Colombia, artículo 2º del Decreto 2400 de 1968 y artículo 7º del Decreto 1950 de 1973.

En el acápite correspondiente al concepto de violación , argumentó que la demandada desconoció las disposiciones constitucionales y legales que prohíben el uso del contrato de prestación de servicios para el desempeño de funciones permanentes propias de la administración pública.

Indicó, que s egún el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, la regla general es el empleo público con funciones definidas por ley o reglamento. Asimismo, el artículo 7º del Decreto 1950 de 1973 establece que no pueden celebrarse contratos de prestación de servicios para dichas funciones, sino que deben crearse los empleos en la planta; en ese sentido, consideró que la demandada con su conducta abusó de esta figura contractual para evadir el reconocimiento de derechos laborales y prestacionales.

Afirmó, que el acto administrativo demandado vulneró el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, el cual establece los principios mínimos

reconocimiento de derechos laborales y prestacionales.

Afirmó, que el acto administrativo demandado vulneró el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia, el cual establece los principios mínimos del derecho al trabajo, como la igualdad de oportunidades, la irrenunciabilidad de los derechos, la garantía de la seguridad social y la primacía de la realidad sobre las formas, considerando que en el caso concreto se demostraron los elementos esenciales de una relación laboral -la prestación personal del servicio, la subordinación y la remuneración - lo que obligaría a la E.S.E. a reconocer la existencia de un contrato realidad y sus implicaciones legales.

Arguyó, que e l acto administrativo emitido por la entidad de salud incurrió en falsa motivación al justificar la relación contractual bajo una figura que no correspondía a la realidad de los hechos , refiriendo que l a demandada encubrió una verdadera relación laboral mediante contratos de prestación de servicios, en consecuencia, se desvirtuó la presunción de legalidad del acto al no reflejar las condiciones reales de subordinación y dependencia laboral que caracterizaron el vínculo.6 50001333300320190039101 - NRDO

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Manifestó, que la demandada hizo un uso indebido de su facultad de contratación, empleando los contratos de prestación de servicios con un propósito distinto al establecido por la ley , aduciendo que este mecanismo se utilizó para desconocer derechos fundamentales como la igualdad, el derecho al trabajo, la seguridad social y trasgredir los principios constitucionales consagrados en los artículos 2, 13, 25 y 53 de la Constitución Política.

utilizó para desconocer derechos fundamentales como la igualdad, el derecho al trabajo, la seguridad social y trasgredir los principios constitucionales consagrados en los artículos 2, 13, 25 y 53 de la Constitución Política.

Concluyó, que se vulneraron sus derechos irrenunciables, al haber omitido el pago de prestaciones sociales y recargos salariales derivados de la relación laboral , señalando que las pruebas aportadas demostra ron que desempeñó labores permanentes bajo condiciones de subordinación, con horarios definidos y utilizando herramientas suministradas por la demandada, lo que confirmaba la existencia de una relación laboral que debió ser reconocida y regulada conforme con el régimen aplicable.

La sentencia apelada3

El 7 de noviembre de 2023 el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio dictó sentencia de primera instancia en la que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

En primer lugar, ante el argumento dado por la demandante con relación a que la entidad demandada le adeudaba los recargos nocturnos y las horas extras trabajadas entre el 3 de agosto de 2015 y el 16 de agosto de 2016, consideró que a pesar de que la actora acreditó su vinculación mediante la Resolución No. 766 de 2015, no aportó pruebas sobre los días y horas laborados que no fueron compensad os, indicando que a unque la demandada presentó reportes de nómina que evidenciaban el pago de algunos recargos y horas extras, la falta de claridad y especificidad de la demandante en este aspecto impedía el reconocimiento del derecho reclamado.

Seguidamente, abordó el marco normativo y jurisprudencial del

la falta de claridad y especificidad de la demandante en este aspecto impedía el reconocimiento del derecho reclamado.

Seguidamente, abordó el marco normativo y jurisprudencial del contrato realidad , destacando que si bien en la práctica se evidencia subordinación, dependencia y continuidad en la prestación del servicio, se

3 Ver índice 00031 registrado en primera instancia en el expediente digital -SAMAI-.7 50001333300320190039101 - NRDO

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configuraría una relación laboral, independientemente de la denominación del contrato. Por lo tanto, cualquier contrato que desborde estas condiciones vulneraría el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades.

Indicó, que quedó acreditado que la actora prestó sus servicios de manera personal, desempeñándose como médica general en el Centro de Salud de Lejanías (Meta) , arguyendo que a partir de los contratos aportados y los testimonios recopilados, se confirmó que las labores realizadas no podían ser delegadas a terceros, cumpliendo así con el requisito de la prestación personal del servicio.

Consideró, que se había demostrado que la demandante percibió la remuneración pactada, evidenciada en los contratos suscritos entre las partes y, aunque dichos pagos fueron denominados honorarios, estableció que en realidad correspondían a una contraprestación por el trabajo realizado, cumpliendo con el segundo elemento constitutivo de una relación laboral.

Determinó, que la actora estaba sujeta a horarios, turnos y directrices impartidas por su jefe inmediato, el doctor Nicanor Calixto Lobo

cumpliendo con el segundo elemento constitutivo de una relación laboral.

Determinó, que la actora estaba sujeta a horarios, turnos y directrices impartidas por su jefe inmediato, el doctor Nicanor Calixto Lobo Mendoza, así como por la entidad demandada. Asimismo, resaltó que las labores se llevaban a cabo en las instalaciones de la entidad, utilizando los equipos y herramientas proporcionados por esta y siguiendo estrictas instrucciones que restringían la autonomía de la demandante, lo que configuraba una relación de subordinación.

Con base en lo anterior, concluyó que existió una relación laboral entre la demandante y la entidad demandada desde el 1 de septiembre de 2016 hasta el 19 de mayo de 2018; dicha declaración se fundamentó en el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades.

Resolvió, que había derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales propias de un médico general de planta durante el período mencionado, tomando como base el salario correspondiente a dicho cargo. No obstante, consideró que no procedía el reconocimiento de prestaciones extralegales ni diferencias salariales, al no haberse acreditado que las funciones8 50001333300320190039101 - NRDO

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desempeñadas por la demandante eran idénticas a las de un médico de planta , ni que el salario de estos fuera superior a los honorarios percibidos por ella.

Además, no reconoció las horas extras y recargos nocturnos debido a la falta de pruebas específicas y fehacientes. Asimismo, negó la devolución de

ni que el salario de estos fuera superior a los honorarios percibidos por ella.

Además, no reconoció las horas extras y recargos nocturnos debido a la falta de pruebas específicas y fehacientes. Asimismo, negó la devolución de aportes parafiscales y retención en la fuente, por tratarse de recursos de naturaleza obligatoria, tampoco accedió al reintegro ni a la indemnización por despido injusto, refiriendo que no había adquirido la calidad de empleada pública y, finalmente, ordenó el pago de los aportes a pensiones causados durante el período laboral declarado, debidamente indexados.

Los recursos de apelación.

Dentro de la oportunidad procesal y con las formalidades de ley, la señora ÁNGELA DAYAN RUBIANO RODRÍGUEZ 4 ejerció el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.

Precisó, que aunque la sentencia reconoció la nulidad del acto administrativo y la relación laboral ; las horas extras y recargos nocturnos debieron prosperar, tanto en el período del servicio social obligatorio (3 de agosto de 2015 al 16 de agosto de 2016) como en el período de prestación de servicios (1 de septiembre de 2016 al 19 de mayo de 2018).

Respecto al período del servicio social obligatorio, señaló que el fallo ignoró las pruebas documentales incorporadas al expediente, como las agendas concertadas de trabajo, que detallaban los horarios, días laborados y la intensidad del trabajo, argumentando que dichos documentos demostraron que la jornada máxima legal fue excedida y que se generaron horas extras y recargos nocturnos no reconocidos ni pagados en su totalidad. Igualmente, sostuvo que el

intensidad del trabajo, argumentando que dichos documentos demostraron que la jornada máxima legal fue excedida y que se generaron horas extras y recargos nocturnos no reconocidos ni pagados en su totalidad. Igualmente, sostuvo que el hecho de que se hubieran pagado algunas horas extras no eximía a la demandada de liquidar y pagar la totalidad de los valores adeudados.

Añadió, que las prestaciones sociales correspondientes a este período fueron calculadas únicamente con base en el salario básico, sin incluir

4 Ver índice 00035 registrado en primera instancia en el aplicativo digital -samai-9 50001333300320190039101 - NRDO

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los valores adicionales generados por horas extras y recargos nocturnos. Por lo tanto, solicitó la reliquidación de las prestaciones considerando estos mayores valores, lo cual incrementaría el ingreso base de liquidación (IBL) y, consecuentemente, las cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones.

Respecto al período de prestación de servicios indicó que las pruebas documentales y testimoniales presentadas en el proceso respaldaron las pretensiones, señalando que los informes de actividades firmados y avalados por el supervisor Dr. Nicanor Lobo Mendoza confirma ban que cumplió la agenda programada, lo que acreditaba los días y horarios trabajados. Además, las agendas concertadas demostraban las jornadas exactas, los servicios realizados y la intensidad horaria correspondiente.

Destacó, que los testimonios de David Ladino y Dayana Rivera confirmaron que realizaba turnos de 12 y 24 horas, incluyendo fines de semana

agendas concertadas demostraban las jornadas exactas, los servicios realizados y la intensidad horaria correspondiente.

Destacó, que los testimonios de David Ladino y Dayana Rivera confirmaron que realizaba turnos de 12 y 24 horas, incluyendo fines de semana y días festivos, sin que se le reconocieran , ni pagaran las horas extras ni los recargos correspondientes, a su vez, enfatizó en que las pruebas presentadas permitían establecer con precisión los valores adeudados, refutando los argumentos de la sentencia de primera instancia sobre la falta de claridad y precisión.

En relación con las prestaciones sociales correspondientes , reiteró que el fallo de primera instancia no consideró los mayores valores generados por recargos nocturnos y horas extras en el cálculo del ingreso base de liquidación , por lo cual solicitó que se reconociera la incidencia de estos conceptos tanto en la liquidación de las prestaciones como en las cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones.

Finalmente, pidió modificar la sentencia de primera instancia y ordenar el reconocimiento y pago de las horas extras y recargos nocturnos en toda la relación laboral, así como la reliquidación de las prestaciones sociales y las cotizaciones al sistema de seguridad social considerando los mayores valores generados por estos conceptos.

A su turno , la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E10 50001333300320190039101 - NRDO

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“SOLUCIÓN SALUD” 5 interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, argumentando que no se demostró de manera inequívoca la existencia de subordinación continuada en la relación contractual con la

“SOLUCIÓN SALUD” 5 interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, argumentando que no se demostró de manera inequívoca la existencia de subordinación continuada en la relación contractual con la demandante, elemento esencial para establecer una relación laboral.

Destacó, que conforme con la jurisprudencia del Consejo de Estado, en particular la sentencia de unificación Radicado: 81001 -23-39-000-201700036-01, la subordinación implicaba la facultad del empleador de imponer órdenes, horarios y regulaciones, lo cual no había quedado probado en el caso bajo estudio , manifestando que la subordinación debía valorarse según la naturaleza de las actividades y que el mencionado elemento no se configuró.

Analizó los indicios de subordinación, como el lugar de trabajo, el horario y la dirección o control de las actividades, concluyendo que no se demostraba una influencia decisiva de la entidad sobre las condiciones de trabajo de la demandante. De este modo, aunque las funciones realizadas por la actora podían ser similares a las de los empleados de planta, esto no era suficiente para establecer una relación laboral, ya que debía acreditarse la concurrencia de todos los elementos esenciales de una relación laboral, como la prestación personal del servicio, la s ubordinación y la remuneración. Según su criterio, las pruebas aportadas no evidenciaban la subordinación requerida.

Sostuvo, que la entidad únicamente ejerció un control de coordinación sobre las actividades de la demandante, más no un poder disciplinante o de dirección que pudiera indicar una subordinación efectiva. Adicionalmente, señaló que no se demostró que las funciones d esempeñadas

coordinación sobre las actividades de la demandante, más no un poder disciplinante o de dirección que pudiera indicar una subordinación efectiva. Adicionalmente, señaló que no se demostró que las funciones d esempeñadas fueran iguales o equivalentes a las de los empleados de planta, ya que ni los testimonios ni las pruebas documentales presentadas permitía validar dicha afirmación.

En consecuencia, solicitó que reconsiderara la decisión adoptada en la primera instancia, se revocara la sentencia y se negaran las pretensiones de la demanda.

5 Ver índice 00034 registrado en primera instancia en el aplicativo digital -samai-11 50001333300320190039101 - NRDO

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Trámite en segunda instancia

En virtud de auto del 3 de julio de 2024 se admitieron los recursos de apelación 6 interpuestos por las partes contra la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio el 7 de noviembre de 2023.

La parte demandante, la parte demandada y el Agente Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.

CONSIDERACIONES:

No observándose causal de nulidad que afecte total o parcialmente lo actuado, asumirá esta Corporación el compromiso de resolver de fondo el debate propuesto.

Aclarado lo anterior, advierte la Sala que dada la controversia planteada entre la sentencia de primera instancia y las censuras que dieron lugar al reestudio de este asunto , el problema jurídico está referido a determinar si

debate propuesto.

Aclarado lo anterior, advierte la Sala que dada la controversia planteada entre la sentencia de primera instancia y las censuras que dieron lugar al reestudio de este asunto , el problema jurídico está referido a determinar si entre la señora ÁNGELA DAYAN RUBIANO RODRÍGUEZ y la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E “SOLUCIÓN SALUD” existió una verdadera relación laboral por haberse configurado los elementos esenciales del contrato de trabajo, especialmente el de la subordinación.

En caso de absolverse positivamente el anterior interrogante, deberá determinase si hay lugar al reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales reclamadas , particularmente, las horas extras, recargos nocturnos y las cotizaciones al sistema de seguridad social considerando los mayores valores generados por estos conceptos , tanto en el período del servicio social obligatorio (3 de agosto de 2015 al 16 de agosto de 2016) como en el período de prestación de servicios (1 de septiembre de 2016 al 19 de mayo de 2018).

Para dar respuesta al problema jurídico planteado por la Sala, es

6 Ver índice 00003 registrado en segunda instancia en el aplicativo digital -SAMAI-12 50001333300320190039101 - NRDO

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necesario establecer ciertos conceptos jurídicos y jurisprudenciales sobre el tema a tratar, como son:

Del contrato de prestación de servicios y el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades.

El Contrato Estatal de Prestación de Servicios se encuentra previsto

a tratar, como son:

Del contrato de prestación de servicios y el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades.

El Contrato Estatal de Prestación de Servicios se encuentra previsto en el Decreto 222 de 1983, la Ley 80 de 1993 y la Ley 190 de 1995. Sobre el particular el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, consagra:

“Art. 32.- De los contratos estatales. (…) 3º. Contrato de prestación de servicios. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable (…)” (Negrillas fuera de texto)

Se infiere de la norma transcrita que la configuración del contrato de prestación de servicios supone la observancia de dos elementos esenciales: (i) su objeto debe estar ligado necesariamente al desarrollo de actividades relacionadas con la administración o el funcionamiento de la entidad, (ii) pueden celebrarse con personas jurídicas o naturales. Sin embargo, frente a las últimas se fija una restricción, consistente en la procedencia de su contratación para desarrollar las actividades referidas, en dos ún icos eventos: cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o cuando se requieran los conocimientos especializados de esa persona natural.

Dicho en otros términos, esta última condición para suscribir contratos de prestación de servicios hace referencia a aquellos casos en los que

actividades no puedan realizarse con personal de planta o cuando se requieran los conocimientos especializados de esa persona natural.

Dicho en otros términos, esta última condición para suscribir contratos de prestación de servicios hace referencia a aquellos casos en los que la entidad pública contratante requiere adelantar labores ocasionales, extraordinarias o que temporalmente excede n su capacidad organizativa y funcional, pues, se desdibujaría la relación contractual cuando se contrata por prestación de servicios a personas que deben desempeñar exactamente las mismas funciones que de manera permanente se asignan a los demás servidores13 50001333300320190039101 - NRDO

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públicos de la entidad.

Adicionalmente, el legislador restringió el tiempo de celebración de estos contratos al estrictamente necesario, como se desprende de lo indicado en el inci