TA MET - Sentencia 50001-33-33-003-2019-00075-02 (23-01-2025)

Expediente: 50001-33-33-003-2019-00075-02 N Y R

Actor: ADRIANA DEL CARMEN ERASO GONZÁLEZ

Contra: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

1 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META Villavicencio, enero veintitrés (23) de dos mil veinticinco (2025)

S A L A D E D E C I S I Ó N

REFERENCIA: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: ADRIANA DEL CARMEN ERASO GONZÁLEZ

DEMANDADO: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

MAGISTRADA: TERESA HERRERA ANDRADE EXPEDIENTE: 50001-33-33-003-2019-00075-02

Decide la Sala el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la Entidad accionada contra la sentencia proferida por escrito por el JUZGADO 402 ADMINISTRATIVO TRANSITORIO DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO, el 29 de agosto de 2022, mediante la cual ACCEDIÓ a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

HECHOS:

1.- El demandante cuenta que presta sus servicios en la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN , desde el 16 de junio de 1995 . Que actualmente, ejerce el

cargo de FISCAL DELEGADO ANTE JUECES MUNICIPALES Y PROMISCUOS.

2.- Señala que el parágrafo del artículo 14, de la Ley 4ª de 1992 ordenó al GOBIERNO NACIONAL a hacer la nivelación salarial de los funcionarios y empleados

2.- Señala que el parágrafo del artículo 14, de la Ley 4ª de 1992 ordenó al GOBIERNO NACIONAL a hacer la nivelación salarial de los funcionarios y empleados de la RAMA JUDICIAL, atendiendo criterios de equidad.

3.- Que, el GOBIERNO NACIONAL incumplió de manera reiterada lo dispuesto en la anterior norma, lo que llevó a los empleados y funcionari os de la RAMA JUDICIAL y de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, hicieran un cese de actividades en el año 2012.

4.- Dice que, el 6 de noviembre de 2012, el GOBIERNO NACIONAL llegó a un acuerdo con los representantes de los funcionarios y empleados de la RAMA JUDICIAL y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, reconociéndoles el derecho a tener nivelación en la remuneración; acto jurídico que no determinó ningún tipo de excepción.Expediente: 50001-33-33-003-2019-00075-02 N Y R

Actor: ADRIANA DEL CARMEN ERASO GONZÁLEZ

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5.- Refiere que , en cumplimiento a dicho acuerdo, el GOBIERNO NACIONAL expidió el D ecreto 038 2 de 2013, con el que creó una BONIFICACIÓN JUDICIAL para los empleados de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN; pero dicho Decreto dispuso que esa bonificación constituiría únicamente factor salarial para la base de cotización al SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES Y SALUD, dejando por fuera su aplicación como factor salarial en la liquidación de otras prestaciones.

Decreto dispuso que esa bonificación constituiría únicamente factor salarial para la base de cotización al SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES Y SALUD, dejando por fuera su aplicación como factor salarial en la liquidación de otras prestaciones.

6.- Informa que, el 27 de diciembre de 2017, elevó reclamación administrativa ante la accionada, solicitando que se reconociera que la BONIFICACIÓN JUDICIAL es factor salarial para todos los efectos legales y, en consecuencia, se ordenará la liquidación y pago debidamente indexado a la demandante de todas las primas y prestaciones causadas y que se causen en el futuro; reclamación que se atendió negativamente a través del oficio 30900-050, del 9 de febrero de 2018, confirmado por la Resolución 2-1165, del 23 de abril de 2018, que atendió el recurso de apelación.

PRETENSIONES:

PRIMERA: Que se INAPLIQUE la expresión “(…) y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema General de pensiones y al Sistema General de Seguridad social en salud.”, contenida el artículo 1°, del Decreto 0382 de 2013.

SEGUNDA: Que se DECLARE la NULIDAD del oficio 30900-050, del 9 de febrero de 2018, y de la Resolución 2-1165, del 23 de abril de 2018.

TERCERA: Que, como consecuencia de lo anterior, a título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO , se ORDENE a la NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, reconocer que la BONIFICACIÓN JUDICIAL que percibe la actora es constitutiva de factor salarial para liquidar todas las prestaciones sociales

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO , se ORDENE a la NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, reconocer que la BONIFICACIÓN JUDICIAL que percibe la actora es constitutiva de factor salarial para liquidar todas las prestaciones sociales devengadas y las qu e se causen a futuro ; y, en consecuencia, se pague a la actora la reliquidación de todas sus prestaciones sociales debidamente indexadas, a partir del 1 de enero de 2013 y hasta que se haga efectivo el pago.

CUARTA: Que la Entidad accionada dé cumplimient o a la sentencia judicial en los términos de los artículos 187, 192 y 195 del C.P.A.C.A.Expediente: 50001-33-33-003-2019-00075-02 N Y R

Actor: ADRIANA DEL CARMEN ERASO GONZÁLEZ

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QUINTA: Que se CONDENE en costas a la Entidad demandada.

TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Con auto del 18 de diciembre de 2024, se ADMITE el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto la Entidad accionada , y se señala que el MINISTERIO PÚBLICO podría emitir su concepto desde la notificación del proveído y hasta antes de que ingresara el proceso al Despacho para sentencia. Que una vez quedara en firme esa providencia, y en caso de que no se formulara dentro del término de su ejecutoria solicitud de pruebas o cualquier otra que deba ser resuelta, se prescindiría de correr traslado para presentar alegatos de conclusión, según lo establecido en el numeral 5°, del artículo 247,

de pruebas o cualquier otra que deba ser resuelta, se prescindiría de correr traslado para presentar alegatos de conclusión, según lo establecido en el numeral 5°, del artículo 247, del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 67, de la Ley 2080 de 2021 (índice 15 SAMAI).

La parte demandante y el MINISTERIO PÚBLICO guardaron silencio en esta etapa procesal.

SENTENCIA APELADA

En sentencia del 29 de agosto de 2022 , e l JUZGADO 402 ADMINISTRATIVO TRANSITORIO DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO ACCEDIÓ a las pretensiones de la demanda.

Explica brevemente sobre el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN (dentro de lo cual analiza la BONIFICACIÓN JUDICIAL creada por el Decreto 38 2 de 2013), la noción del salario y la excepción de inconstitucionalidad.

Ya en el caso concreto, indica que está acreditado que la demandante ingresó a laborar a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN , el 16 de junio de 1995, y actualmente se desempeña como FISCAL DELEGADA ANTE JUECES MUNICIPALES Y PROMISCUO. Que, conforme a la fecha de vinculación y a la prueba documental, se establece, sin lugar a equívocos, que accionante percibe mensualmente, desde el año 2013, la bonificación Judicial de la que trata el Decreto 382 de 2013.

Aclara que, un servidor de la RAMA J UDICIAL o de la FISCALÍA

establece, sin lugar a equívocos, que accionante percibe mensualmente, desde el año 2013, la bonificación Judicial de la que trata el Decreto 382 de 2013.

Aclara que, un servidor de la RAMA J UDICIAL o de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN de régimen salarial y prestacional no acogido, no queda delExpediente: 50001-33-33-003-2019-00075-02 N Y R

Actor: ADRIANA DEL CARMEN ERASO GONZÁLEZ

Contra: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 4 todo privado de ser beneficiario de la BONIFICACIÓN JUDICIAL establecida en los Decretos 382 y 383 de 2013, pues , el artículo 2 de tales disposiciones consagraron la posibilidad de que estos servidores perciban tal bonificación como reconocimiento de la diferencia, siempre y cuando devenguen un ingreso total anual inferior al ingreso total anual, más esa bonificación que se creó respecto de quienes ejercen el mismo empleo y se encuentran regido por el régimen salarial y prestacional obligatorio o acogido

Sostiene que la BONIFICACIÓN JUDICIAL creada por el Decreto 382 de 2013, constituye salario, en contravía de lo establecido en la mencionada norma, toda vez que, se trata de una retribución habitual, periódica como contraprestación directa de los servicios prestados por el trabajador; por lo tanto, la negativa de la Entidad accionada de tenerla en cuenta como factor salarial para liquidar las p restaciones sociales del demandante, desconoce el derecho convencional, constitucional y legal que rige la materia.

Precisa que, del acta de Acuerdo, del 6 de noviembre de 2012, suscrita

demandante, desconoce el derecho convencional, constitucional y legal que rige la materia.

Precisa que, del acta de Acuerdo, del 6 de noviembre de 2012, suscrita entre el GOBIERNO NACIONAL y los representantes de los funcionarios y empleados de la RAMA JUDICIAL y de FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN , que reconoció a favor de estos la nivelación en la remuneración en los términos de la Ley 4ª de 1992, no se aprecia que se hubiere pactado que la BONIFICACIÓN JUDICIAL no tendría carácter salarial para la liquidación de las prestaciones sociales.  Y, en todo caso, no puede pasarse por alto que tales acuerdos no pueden ir en contra de los derechos mínimos fundamentales de los trabajadores consagrados en el artículo 53 de la Constitución, tales como la primacía de la realidad sobre las formalidades, la irrenunciabilidad del salario y la garantía de una remuneración mínima, vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad de trabajo

Inaplica por inconstitucional la expresión "se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud. ", contenida en el artículo 1 del Decreto 382 de 2013 y en los Decretos que lo modificaron. Declara la nulidad de los actos demandados y condena a la Entidad accionada, a que compute la BONIFICACIÓN JUDICIAL en las prestaciones sociales devengadas por el demandante.

Explica que, el reconocer carácter salarial a la mentada bonificación, no desconoce el principio de sostenibilidad fiscal, pues, si bien este principio es de estirpe

BONIFICACIÓN JUDICIAL en las prestaciones sociales devengadas por el demandante.

Explica que, el reconocer carácter salarial a la mentada bonificación, no desconoce el principio de sostenibilidad fiscal, pues, si bien este principio es de estirpe constitucional, el mismo no puede entenderse como un condicionamiento a los JuecesExpediente: 50001-33-33-003-2019-00075-02 N Y R

Actor: ADRIANA DEL CARMEN ERASO GONZÁLEZ

Contra: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 5 para responder al modelo económico del Estado sin importar la transgresión a los derechos que los compela a modificar o retardar los efectos de las sentencias que han dispuesto su necesaria protección.

Declara la NULIDAD de los actos demandados. Y CONDENA a la Entidad accionada a reliquidar y pagar todas las prestaciones sociales reconocidas y pagadas a la demandante, así como la liquidación y pago de las que se sigan causando, teniendo en cuenta la BONIFICACIÓN JUDICIAL como factor salarial.

Finalmente, frente a la PRESCRIPCIÓN adujo que, la reclamación administrativa se presentó el 27 de diciembre de 2017, por lo que, prescribieron las diferencias causadas entre el 1 de enero de 2013 y 26 de diciembre de 2014.

RECURSO DE APELACIÓN

PARTE DEMANDADA

La Entidad accionada sostiene los actos administrativos se limitaron a cumplir lo dispuesto en el Decreto 382 de 2013, el cual goza de plena vigencia y validez jurídica, al ceñirse a la Constitución y la Ley, en tanto que, es producto de la facultad legal

cumplir lo dispuesto en el Decreto 382 de 2013, el cual goza de plena vigencia y validez jurídica, al ceñirse a la Constitución y la Ley, en tanto que, es producto de la facultad legal otorgada al GOBIERNO NACIONAL en el artículo 150, de la Constitución y en la Ley 4ª de 1992, para la fijación del RÉGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL de los servidores públicos.

Expresa que en las sentencias C-521-1995, C-279-1996, C-052 de 1999, C-681-2003 y C-244-13, la CORTE CONSTITUCIONAL señaló que el Legislador o quien haga sus veces, cuenta con la discrecionalidad de determinar qué factores salariales deben ser tenidos en cuenta como bases para la liquidación de prestaciones sociales o demás conceptos laborales; es decir, que tiene la facultad de restringir el carácter salarial de algún emolumento que recibe el servidor público. Que ese mismo criterio lo ha tenido

el CONSEJO DE ESTADO.

Alega que no es desconoce el PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD, porque la BONIFICACIÓN JUDICIAL , es producto de un acuerdo colectivo, que llevó a la creación de la misma; tampoco, el PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD, como quiera dicha bonificación como una retribución adicional a lo que antes se había regulado.Expediente: 50001-33-33-003-2019-00075-02 N Y R

Actor: ADRIANA DEL CARMEN ERASO GONZÁLEZ

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6 Dice que en los Convenios de la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL

Actor: ADRIANA DEL CARMEN ERASO GONZÁLEZ

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6 Dice que en los Convenios de la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) y en la jurisprudencia constitucional, se reconoce la posibilidad de que los servidores públicos intervengan en la definición de sus “condiciones de empleo” sin que se alteren los mínimos legales; en virtud de ello en esta ocasión lo concertado fue la concesión de una retribución adicional que antes no ex istía; y los representantes de los trabajadores de la RAMA JUDICIAL, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y los del GOBIERNO NACIONAL acordaron que dicha bonificación judicial tendría efectos salariales restringidos, tal y como se puede advertir claramente en las actas de reunión de la mesa técnica paritaria.

Que, tanto en el acuerdo del 6 de noviembre de 2012, como en las actas de la mesa técnica paritaria, se puede observar que tal bonificación fue creada y diseñada sobre la base de unos recursos específicos que destinó el GOBIERNO NACIONAL para cubrir los efectos de dicha concertación, atendiendo el mandato constitucional de sostenibilidad fiscal; por lo que, afectar los efectos salariales que desde su creación se le otorgó a esta retribución, provocaría que se ordenará la disposición de recursos públicos adicionales para sufragar necesidades no proyectadas con anterioridad, desbordando el presupuesto destinado para solventar este emolumento adi cional, lo que podría llevar a una crisis fiscal del Estado.

Por último, dice que la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad

presupuesto destinado para solventar este emolumento adi cional, lo que podría llevar a una crisis fiscal del Estado.

Por último, dice que la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad sólo procede en aquellos casos en los que se presente una evidente y palmaria contradicción entre una disposición legal o reglamentaria y los preceptos constitucionales; de ahí que, las autoridades judiciales t engan el deber argumentar suficientemente en su providencia la evidente y palmaria contradicción entre la norma que pretende desconocer en el caso concreto y las disposiciones constitucionales.

II. CONSIDERACIONES

COMPETENCIA

El TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL META , es competente para conocer este asunto en 2ª instancia, de conformidad con el artículo 153 del C.P. A.C.A., teniendo en cuenta que se trata de una sentencia proferida en 1ª instancia, por el JUZGADO 402 ADMINISTRATIVO TRANSITORIO DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO y corresponde a esta Corporación su conocimiento como superior funcional.Expediente: 50001-33-33-003-2019-00075-02 N Y R

Actor: ADRIANA DEL CARMEN ERASO GONZÁLEZ

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PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde a la Sala determinar si la BONIFICACIÓN JUDICIAL regulada en el artículo 1º, del Decreto 382 de 2013, constituye factor salarial para todos los efectos de liquidación de prestaciones sociales.

La Sala procede a realizar un breve análisis normativo y jurisprudencial de la citada bonificación, con el fin de dar solución al caso materia de estudio.

los efectos de liquidación de prestaciones sociales.

La Sala procede a realizar un breve análisis normativo y jurisprudencial de la citada bonificación, con el fin de dar solución al caso materia de estudio.

DE LA BONIFICACIÓN JUDICIAL

La BONIFICACIÓN JUDICIAL para los servidores públicos de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN fue establecida por el GOBIERNO NACIONAL a través del Decreto 38 2, del 6 de marzo de 2013, con efectos fiscales a partir del 1 de enero de 2013. Esta norma en su artículo 1º , contempló que dicha bonificación se reconocería mensualmente al servidor público mientras que permanezca en servicio activo, y que constituiría factor salarial solamente para la base de cotización al SISTEMA

GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES y en SALUD.

Así que, el GOBIERNO NACIONAL determinó que la BONIFICACIÓN JUDICAL sólo es factor de salario para la cotización al SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENS IÓN y en SALUD, excluyendo tal naturaleza para la liquidación de las prestaciones sociales.

Para la Sala, la BONIFICACIÓN JUDICIAL creada en el Decreto 382 de 2013, tiene carácter salarial en la liquidación de las prestaciones sociales, al ser un pago que se hace mensual a los empleados públicos de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por la contraprestación de sus servicios; máxime que aquella se creó para materializar una nivelación salarial.

La Ley 4ª de 19921 en el parágrafo de su artículo 14, estipula: “Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la

materializar una nivelación salarial.

La Ley 4ª de 19921 en el parágrafo de su artículo 14, estipula: “Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la rama judicial sobre la base de la nivelación o reclasificac ión atendiendo criterios de equidad".

1 Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.Expediente: 50001-33-33-003-2019-00075-02 N Y R

Actor: ADRIANA DEL CARMEN ERASO GONZÁLEZ

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8 Tenemos que, la BONIFICACIÓN JUDICIAL, tuvo su génesis en el cese de actividades de unos funcionarios de la RAMA JUDICIAL y de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN , del año 2012, buscando precisamente llegar a un acuerdo con el GOBIERNO NACIONAL, tendiente a nivelar los salarios de los mismos, este acuerdo quedó pactado en acta del 6 de noviembre de 2012, y tuvo continuación en acta del 8 de enero de 2013, donde el GOBIERNO NACIONAL se comprometió a “ Reconocer el derecho de los empleados y funcionarios de la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación a la nivelación de su remuneración de conformidad con la Ley 4ª de 1992 ”

derecho de los empleados y funcionarios de la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación a la nivelación de su remuneración de conformidad con la Ley 4ª de 1992 ” (Se resalta).

Al tratarse la BONIFICACIÓN JUDICIAL de una nivelación en la remuneración mensual de los empleados públicos de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en los términos previstos en el parágrafo, del artículo 14, de la Ley 4ª de 1992, es innegable su naturaleza salarial; además, por ser u n pago habitual y periódico como contraprestación a los servicios prestados por el servidor público.

Dicho en otras palabras, la BONIFICACIÓN JUDICIAL, pretendía zanjar el desequilibrio evidenciado en los salarios percibidos entre los cargos de los distintos niveles jerárquicos, a quienes no se les había realizado el ajuste salarial respectivo.

Como lo ha recordado, e l CONSEJO DE ESTADO 2 el salario, es la remuneración que percibe el trabajador por la prestación de un servicio a favor del empleador, de forma personal, directa y subordinada, el cual, no sólo está integrado por una remuneración básica u ordinaria sino también, por todo lo que bajo cualquier otra denominación o concepto, en dinero o en especies, ingrese al patrimonio del traba jador en razón a la prestación de sus servicios.

La SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL del CONSEJO DE ESTADO3, mediante concepto 1393 del 18 de julio de 2002, expresó:

El salario "... aparece (...) como la remuneración social más inmediata o directa que el trabajador recibe por la transmisión que hace de su fuerza de trabajo para ponerla a disposición del empleador". En efecto, según el artículo

El salario "... aparece (...) como la remuneración social más inmediata o directa que el trabajador recibe por la transmisión que hace de su fuerza de trabajo para ponerla a disposición del empleador". En efecto, según el artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo (subrogado por el artículo 14 de la ley 50 de 1990) " constituye salario no solo la remunerativo ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie coma contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones

2 Sentencia de 8 abril de 2010. Rad. 1026-2008. M.P. Gerardo Arenas Monsalve. 3 Consejo de Estado – Saña de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 1393 de 18 de julio de 2002, M.P. Flavio Augusto Rodríguez ArceExpediente: 50001-33-33-003-2019-00075-02 N Y R

Actor: ADRIANA DEL CARMEN ERASO GONZÁLEZ

Contra: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 9 habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones." En similar sentido el artículo 42 del decreto 1042 de 1978 establece que además de la asign ación básica fijada por la ley para los diferentes cargos, del valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio, constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios. (Se resalta).

diferentes cargos, del valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio, constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios. (Se resalta).

Así mismo, la Alta Corporación en sentencia del 7 de diciembre de 20064, expresó que “(…) por salario debe entenderse no solo la remuneración básica mensual sino todo lo que el empleado percibe por concepto de salario, en otras palabras, todo lo que devengue periódicamente como retribución de sus servicios”.

La definición del SALARIO y los FACTORES QUE LO INTEGRAN, ha sido reiterado por la Sección SEGUNDA de esa Corporación, en sentencias del 1 de agosto de 2013, 6 de julio de 2015 y del 24 de enero de 20195.

Conforme a lo anterior, todas las SUMAS que de manera HABITUAL y PERIÓDICA perciba el trabajador (como sucede con la BONIFICACIÓN JUDICIAL), son factores que integran el salario que éste percibe lo que incide de manera directa en la forma cómo se establecen no sólo los ingresos base de cotización al SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, sino también en la liquidación de una prestación pensional.

En esas condiciones, aun cuando el Decreto 384 de 2013, le reste naturaleza salarial a la BONIFICACIÓN JUDICIAL para la liquidación de las prestaciones sociales (teniendo en cuenta que sol amente le dio ese carácter para integrar el ingreso base de cotización al SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIÓN Y SALUD), es indudable que la misma sí constituye salario para todos los efectos legales de liquidación prestacional, por ser un pago habitual y periódico que recibe el trabajador como

base de cotización al SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIÓN Y SALUD), es indudable que la misma sí constituye salario para todos los efectos legales de liquidación prestacional, por ser un pago habitual y periódico que recibe el trabajador como contraprestación al servicio prestado. Tal contraprestación, debe decirse, no puede desatender los valores constitucionales, PRINCIPIOS Y DERECHOS A LA IGUALDAD, LA GARANTÍA A UNA REMUNERACIÓN MÍNIMA, VITAL, MÓVIL Y PROPORCIONAL A LA CANTIDAD Y CALIDAD DE TRABAJO, A LA IRRENUNCIABILIDAD A LOS BENEFICIOS MÍNIMOS, LA PROGRESIVIDAD Y A LA PRIMACÍA DE LA REALIDAD

SOBRE LAS FORMAS.

4 Consejo de Estado – Sección Segunda, subsección B, Sentencia de 7 de diciembre de 2006, M.P. Jesús María Bustamante 5 Rad. 44001 -23-31-000-2008-00150-01 (0070 -2011), C.P. GERARDO ARENAS MONSALVE ; rad. 11001032500020110006700 (0192 -11), C.P. LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO y rad. 470012333000-2014-00088-01 (3208-2016), CARMELO PERDOMO CUÉTER.Expediente: 50001-33-33-003-2019-00075-02 N Y R

Actor: ADRIANA DEL CARMEN ERASO GONZÁLEZ

Contra: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

10 Así lo ha concluido el CONSEJO DE ESTADO en varias sentencias. Por ejemplo, en sentencia del 6 de abril de 2022, Sección SEGUNDA, Sala de CONJUECES,

Contra: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

10 Así lo ha concluido el CONSEJO DE ESTADO en varias sentencias. Por ejemplo, en sentencia del 6 de abril de 2022, Sección SEGUNDA, Sala de CONJUECES, radicado nro. 76001233300020180041401 (0470-2020), CONJUEZ Ponente CARMEN ANAYA DE CASTELLANOS, precisó sobre la BONIFICACIÓN JUDICIAL:

(…)

Pero bien, adicional al factor de la competencia, lo cierto es que la potestad legislativa radica en el Congreso de la República y, mediante la Ley marco lo que hace el legislador es fijar los objetivos y criterios que deben guiar al Gobierno Nacional para expedir un determinado régimen. Para el caso de la Ley 4ª de 1992, se trataba de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, entre ellos los de la Rama Judicial, para lo cual el legislador fijó el marco o reglas a las cual debía su jetarse el Gobierno Nacional para expedir el régimen salarial de dicho empleados, pautas y marco consagrados en los artículos 14 y 15 de la referida Ley, la que señaló expresamente en el parágrafo de su artículo 14 que la autoridad administrativa revisaría con sentido de equidad el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación. Luego, al señalar el legislador que esa revisión se realizaría a través de la nivelación o reclasificación de los empleos de la Rama, debió el Gobierno Nacional sujetarse a ese cuadro fijado por el legislador: nivelación o reclasificación, lo que conlleva a incremento salarial y

se realizaría a través de la nivelación o reclasificación de los empleos de la Rama, debió el Gobierno Nacional sujetarse a ese cuadro fijado por el legislador: nivelación o reclasificación, lo que conlleva a incremento salarial y no sólo crear una Bonificación ajena, según el Decreto que la creó, al salario, por cuanto el mismo indica que dicha Bonificación “sólo constituye factor salarial para efectos de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y en Salud”.

Así las cosas, al apartarse el Decreto 382 de 2013 al marco fijado por el legislador, al cual debió sujetarse, resulta violario de la misma, por lo que procede la inaplicación deprecada por el demandante: i) porque no ha debido hacer distinción en la forma de pago de dicha bonificación entre acogidos y no acogidos y, ii) porque al ser ésta continua, permanente y en retribución al trabajo, no ha debido sustraerse como factores salariales para liquidar las prestaciones sociales de los empleados.

Además de las anteriores consideraciones, la Sala no deja pasar por alto que existe una s ólida línea jurisprudencial creada por los Jueces y Magistrados de nuestra jurisdicción, la cual desarrolla el carácter salarial de dicha Bonificación al analizar el concepto de salario, la noción de factor salarial y los criterios que permiten su identifi cación, tomando como referencia lo que al respecto consagran la ley laboral colombiana y la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, indicando que según la ley laboral colombiana el salario lo constituye todo aquello que el trabajador recibe en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio prestado,

colombiana y la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, indicando que según la ley laboral colombiana el salario lo constituye todo aquello que el trabajador recibe en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio prestado, siempre que sea reconocido de forma habitual y no por mera liberalidad del empleador . Así tenemos, que la susodicha Bonificación Judicial reúne todos los requi sitos del salario y a que sin perjuicio de la denominación que se le atribuya, todo pago habitual que reciba el trabajador en contraprestación de su servicio personal constituye salario, incluidas las bonificaciones habituales5.

En este orden de ideas, par a la Sala es claro que la bonificación judicial […] al ser un pago que reciben los empleados y funcionarios […] de forma habitual y periódica en contraprestación a sus servicios, no habría motivo algunoExpediente: 50001-33-33-003-2019-00075-02 N Y R

Actor: ADRIANA DEL CARMEN ERASO GONZÁLEZ

Contra: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN 11 para desconocer su carácter salarial, máxime si se tiene en cuenta que fue creada precisamente para materializar una nivelación salarial dispuesta en una Ley marco, Aceptar lo contrario, implicaría desconocer abiertamente los límites a la facultad otorgada por el Congreso al Gobierno Nacional y desatentar principios de rango constitucional como la progresividad, la primacía de la realidad sobre las formas y los límites protectores señalados por el Constituyente en el artículo 53 de la Carta Política. (Se resalta).

Y, la Sección TERCERA, SALA DE CONJUECES , en sentencia del 21

protectores señalados por el Constituyente en el artículo 53 de la Carta Política. (Se resalta).

Y, la Sección TERC