TA MET - Sentencia 50001-33-33-002-2019-00356-02 (23-01-2025)

Expediente: 50001-33-33-002-2019-00356-02 N Y R Actor: JAIME ENRIQUE SALGADO BALCEIRO Contra: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

1 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META Villavicencio, enero veintitrés (23) de dos mil veinticinco (2025)

S A L A D E D E C I S I Ó N

REFERENCIA: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: JAIME ENRIQUE SALGADO BALCEIRO

DEMANDADO: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN

EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

MAGISTRADA: TERESA HERRERA ANDRADE EXPEDIENTE: 50001-33-33-002-2019-00356-02

Decide la Sala el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la Entidad demandada contra la sentencia proferida por escrito por el JUZGADO 404 ADMINISTRATIVO TRANSITORIO DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO, el 18 de marzo de 2024, mediante la cual ACCEDIÓ a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

HECHOS:

1.- El demandante cuenta que, como consecuencia del pago judicial que se adelantó entre los meses de octubre y noviembre de 2012, el sindicato ASONAL y la MINISTRA DE JUSTICIA de ese entonces, en calidad de representante del GOBIERNO NACIONAL, acordaron nivelar salarialmente a los servidores judiciales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, de la Ley 4ª de 1992.

MINISTRA DE JUSTICIA de ese entonces, en calidad de representante del GOBIERNO NACIONAL, acordaron nivelar salarialmente a los servidores judiciales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, de la Ley 4ª de 1992.

2.- Indica que, por medio del acuerdo del 6 de noviembre de 2012, se destinó la suma de D OSCIENTOS VEINTE MIL MILLONES DE PESOS ($220.000.000.000.) para hace tal nivelación salarial.

3.- Que con el Decreto 383 de 2013, se creó la BONIFICACIÓN JUDICIAL, cuya finalidad era llevar a cabo la referida nivelación salarial. Que, esa norma dispuso que la citada bonificación constituiría factor salarial exclusivamente para efectos de liquidar salud y pensión; lo que fue reproducido en los Decretos 1269 de 2015 y 246 de 2016.Expediente: 50001-33-33-002-2019-00356-02 N Y R Actor: JAIME ENRIQUE SALGADO BALCEIRO Contra: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 2 4.- Comenta que, el 1 de enero de 2013 (fecha en la que se material izó la BONIFICACIÓN JUDICIAL), se encontraba el actor vinculado a la RAMA JUDICIAL.

5.- Informa que el 17 de noviembre de 2015, presentó reclamación administrativa ante la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL VILLAVICENCIO, para que le reconociera la BONIFICACIÓN JUDICIAL como factor salarial; lo que fue resuelto negativamente por medio del oficio DESAJV153845, del 3 de diciembre de 2015.

SECCIONAL VILLAVICENCIO, para que le reconociera la BONIFICACIÓN JUDICIAL como factor salarial; lo que fue resuelto negativamente por medio del oficio DESAJV153845, del 3 de diciembre de 2015.

6.- Culmina diciendo que, contra la anterior decisión, interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación; el primer resuelto mediante oficio DESAJV16077, del 20 de enero de 2016, y respecto del segundo, no ha habido respuesta alguna.

PRETENSIONES:

PRIMERA: Que se INAPLIQUE PARCIALMENTE por INCONSTITUCIONAL e ILEGAL los artículos 1º, del Decreto 383 de 2013, 1º del Decreto 1269 de 2015 y 1º del Decreto 246 de 2016, en lo que concierne a la expresión "... y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de

Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud...”

SEGUNDA: Que se DECLARE la NULIDAD de los oficios DESAJV153845, del 3 de diciembre de 2015, DESAJV16077, del 20 de enero de 2016, y del acto ficto configurado frente al silencio de la Administración en resolver el recurso de apelación interpuesto en contra del acto primigenio.

TERCERA: Que para todos los efectos legales se RECONOZCA y PAGUE la BONIFICACIÓN JUDICIAL del artículo 1º del Decreto 383 de 2013, como factor salarial, para la liquidación de las prestaciones sociales, a partir del 1 de enero de

2013.

CUARTA: Que se INDEXEN los va lores correspondientes a las

factor salarial, para la liquidación de las prestaciones sociales, a partir del 1 de enero de 2013.

CUARTA: Que se INDEXEN los va lores correspondientes a las diferencias obtenidas a favor del demandante, por la reliquidación prestacional pretendida.

QUINTA: Que se disponga el pago de los INTERESES MORATORIOS, a título de sanción, por no haberse reconocido las prestaciones con sujeción a la Ley.Expediente: 50001-33-33-002-2019-00356-02 N Y R Actor: JAIME ENRIQUE SALGADO BALCEIRO Contra: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

3

SEXTA: Que se cancele al demandante la suma de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS ($4.687.450) por concepto de BONIFICACION JUDICIAL adeudada, desde el 1 de enero de 2013.

TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Con auto del 18 de diciembre de 2024, se ADMITE el RECURSO DE APELACIÓN, y se señala que el MINISTERIO PÚBLICO podría emitir su concepto desde la notificación del proveído y hasta antes de que ingresara el proceso al Despacho para sentencia. Que una vez qued ara en firme esa providencia , y en caso de que no se formulara dentro del término de su ejecutoria solicitud de pruebas o cualquier otra que deba ser resuelta, se prescindir ía de correr traslado para presentar alegatos de conclusión, según lo establecido en el numeral 5°, del artículo 247, del C.P.A.C.A.,

deba ser resuelta, se prescindir ía de correr traslado para presentar alegatos de conclusión, según lo establecido en el numeral 5°, del artículo 247, del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 67, de la Ley 2080 de 2021 (índice 14 SAMAI).

La parte demandante y el MINISTERIO PÚBLICO guardaron silencio en esta etapa procesal.

SENTENCIA APELADA

En sentencia del 18 de marzo de 2024, e l JUZGADO 404 ADMINISTRATIVO TRANSITORIO DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO ACCEDIÓ a las pretensiones de la demanda.

Indica que la tesis del Despacho es que la BONIFICACIÓN JUDICIAL reúne todos los requisitos del salario, ya que sin perjuicio de la denominación que se dé, todo pago habitual que reciba el trabajador en contraprestación de su servicio personal constituye salario, incluidas las bonificaciones habituales ; por lo que, procede inaplicar por inconstitucional, la expresión ‘únicamente’, contenida en el artículo 1, del Decreto 383 de 2013, así como en los demás Decretos que se expidieron reproduciendo tal disposición.

Expresa que el LEGISLADOR y el GOBIERNO NACIONAL tienen la facultad para regular y reglamentar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, pero tal potestad no es absoluta, dado que debe sujetarse a las normasExpediente: 50001-33-33-002-2019-00356-02 N Y R Actor: JAIME ENRIQUE SALGADO BALCEIRO Contra: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 4

Actor: JAIME ENRIQUE SALGADO BALCEIRO Contra: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 4 superiores que imponen la protección del salario como elemento trascendente y fundamental de los derechos laborales . Que, el GOBIERNO NACIONAL al regular la BONIFICACIÓN JUDICIAL , desconoció que ésta tenía como propósito lograr una nivelación salarial atendiendo cr iterios de equidad , según quedó estipulado en el parágrafo del artículo 14, la Ley 4ª de 1992.

Expresa que, aun cuando la anterior disposición no estableció de manera precisa y detallada, cómo debía efectuarse la nivelación de los empleados y funcionarios de la RAMA JUDICIAL y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN , no autorizó al GOBIERNO NACIONAL a suprimir o extraer el carácter salarial de la remuneración de sus empleados, como sí lo hizo con sus funcionarios frente a las prestaciones taxativas consagradas por e l Legislador, tal como ocurrió con la PRIMA ESPECIAL DE

SERVICIOS.

Que, atendiendo la naturaleza de la referida bonificación, era apenas lógico que en su fijación se observara n todas las garantías y derechos mínimos fundamentales establecidos en la Constitución a favor del trabajador; luego, la libertad de configuración legislativa y la potestad reglamentaria del GOBIERNO NACIONAL tenían como límite los derechos reconocidos en la Constitución, específicamente los estatuidos en su artículo 53.

Dice que, con el artículo 14, de la Ley 4ª de 1992, se instituyó la EQUIDAD como un límite material para el ejercicio de la potestad reglamentaria y, según

en su artículo 53.

Dice que, con el artículo 14, de la Ley 4ª de 1992, se instituyó la EQUIDAD como un límite material para el ejercicio de la potestad reglamentaria y, según una interpretación teleológica y sistemática de la referida disposición, lo pretendido era mejorar el régimen salarial y prestacional de todos los servidores públicos de la Administración de Justicia, quienes fueron incluidos como beneficiarios de la BONIFICACIÓN JUDICIAL , frente a la cu al la Ley no excluyó su carácter salarial. Lo anterior, con base en lo definido por la SALA DE CONJUECES del CONSEJO DE ESTADO, en sentencia del 6 de abril de 2022, radicado nro. 76001233300020180041401 (0470-2020).

Refiere que los Decretos 383 y 384, al determinar que la mencionada bonificación sólo constituiría factor salarial para la base de cotización al SISTEMA PENSIONAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL en SALUD (lo cual fue replicado por los Decretos expedidos con posterioridad), se desconoció el concepto propio de salario, en la medida que esa bonificación sí constituye una retribución habitual y periódica comoExpediente: 50001-33-33-002-2019-00356-02 N Y R Actor: JAIME ENRIQUE SALGADO BALCEIRO Contra: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 5 contraprestación directa por los servicios prestados por el servidor y, por ende, debe tenerse en cuenta en la liquidación de sus prestaciones sociales.

Precisa que, del acta de Acuerdo, del 6 de noviembre de 2012, suscrita

5 contraprestación directa por los servicios prestados por el servidor y, por ende, debe tenerse en cuenta en la liquidación de sus prestaciones sociales.

Precisa que, del acta de Acuerdo, del 6 de noviembre de 2012, suscrita entre el GOBIERNO NACIONAL y los representantes de los funcionarios y empleados de la RAMA JUDICIAL y de FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, que reconoció a favor de estos la nivelación en la remuneración en los términos de la Ley 4ª de 1992, no se aprecia que se hubiere pactado que la BONIFICACIÓN JUDICIAL no tendría carácter salarial para la liquidación de las prestaciones sociales. Y, en todo caso, no puede pasarse por alto que tales acuerdos no pueden ir en contra de los derechos mínimos fundamentales de los trabajadores consagrados en el artículo 53 de la Constitución, tales como la primacía de la realidad sobre las formalidades, la irrenun ciabilidad del salario y la garantía de una remuneración mínima, vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad de trabajo.

Explica que, el reconocer carácter salarial a la mentada bonificación, no desconoce el principio de sostenibilidad fiscal, pues, si bien este principio es de estirpe constitucional, el mismo no puede entenderse como un condicionamiento a los Jueces para responder al modelo económico del Estado sin importar la transgresión a los derechos que los compela a modificar o retardar los efectos de las sentencias que han dispuesto su necesaria protección.

Declara la NULIDAD PARCIAL de los actos administrativos demandados. Y CONDENA a la Entidad accionada a reliquidar y pagar todas las prestaciones sociales reconocidas y pagadas al demandante, así como la liquidación y pago de las que se sigan

Declara la NULIDAD PARCIAL de los actos administrativos demandados. Y CONDENA a la Entidad accionada a reliquidar y pagar todas las prestaciones sociales reconocidas y pagadas al demandante, así como la liquidación y pago de las que se sigan causando, teniendo en cuenta la BONIFICACIÓN JUDICIAL como factor salarial.

NEGÓ la pretensión de l pago de intereses a título de mora, al no configurarse el retardo de la Administración en el pago de las prestaciones sociales.

Finalmente, f rente a la prescripción adujo que, la reclamación administrativa se presentó, el 17 de noviembre de 2015, y la demanda se interpuso el 27 de marzo de 2017, por lo tanto, no operó el aludido fenómeno, como quiera que el derecho se reclamó dentro de los 3 años siguientes a su exigibilidad. De tal manera, que el pago de las diferencias que resulten de la reliquidación prestacional, se pagará desde el 1 de enero de 2013.

RECURSO DE APELACIÓNExpediente: 50001-33-33-002-2019-00356-02 N Y R Actor: JAIME ENRIQUE SALGADO BALCEIRO Contra: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

6

PARTE DEMANDADA

La Entidad accionada sostiene que la sentencia impugnada contraría el ordenamiento jurídico, por cuanto el Decreto 384 de 2013, dispuso, de manera clara que, la BONIFICACIÓN JUDICIAL no constituye factor salarial, excepto para la base de cotización al SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD y en

PENSIÓN.

la BONIFICACIÓN JUDICIAL no constituye factor salarial, excepto para la base de cotización al SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD y en

PENSIÓN.

Afirma que, es competencia exclusiva del GOBIERNO NACIONAL la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, según lo establece la Constitución y la Ley 4ª de 1992; por lo tanto, es a quien le corresponde la modificación, ajuste o variación de las normas que consagran la BONIFICACIÓN JUDICIAL.

Que, la CORTE CONSTITUCIONAL ha señalado que el Legislador puede disponer que determinadas prestaciones sociales se liquiden sin consideración al monto total del salario que devengue el servidor público. Así lo consideró e n sentencias C-279 de 1996, C-444 de 1997, C-681 de 2003 y SU-395 de 2017.

Estima que con la expedición de los Decretos 383 y 384 de 2013, no se ha vulnerado derecho adquirido alguno a la parte actora, como quiera que la BONIFICACIÓN JUDICIAL , creada sin carácter de factor salarial para liquidar las prestaciones sociales ( así lo concertaron las partes : RAMA JUDICIAL, ASONAL y el ejecutivo), no hizo parte de su patrimonio con antelación a la expedición de tales Decretos.

Esgrime que, el hecho de que cierta parte del salario no constituya factor para liquidar algunas prestaciones, como sucede con la BONIFICACIÓN JUDICIAL, no implica la vulneración de normas constitucionales, legales o internacionales.

Afirma que no procede aplicar la excepción de inconstitucionalidad frente a la expresión “constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema

implica la vulneración de normas constitucionales, legales o internacionales.

Afirma que no procede aplicar la excepción de inconstitucionalidad frente a la expresión “constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema de Seguridad Social en Salud ”, contenida en el artículo 1º, del Decreto 384 de 2013, en tanto que, no existe una flagrante contradicción a la Constitución , puesto la CORTE CONSTITUCIONAL ya ha establecido que el Legislador puede excluir determinados factores para liquidar las prestaciones sociales.Expediente: 50001-33-33-002-2019-00356-02 N Y R Actor: JAIME ENRIQUE SALGADO BALCEIRO Contra: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 7 Por último, argumenta que de reconocerse a la BONIFICACIÓN JUDICIAL el carácter salarial para todos los efectos legales, contravendría la prohibición del artículo 71, del Decreto 111 de 1996, compilatorio del artícul o 86, de la Ley 38 de 1989.

II. CONSIDERACIONES

COMPETENCIA

El TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL META , es competente para conocer este asunto en 2ª instancia, de conformidad con el artículo 153 del C.P. A.C.A., teniendo en cuenta que se trata de una sentencia proferida en 1ª instancia, por el JUZGADO 404 ADMINISTRATIVO TRANSITORIO DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO y corresponde a esta Corporación su conocimiento como superior funcional.

PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde a la Sala determinar si la BONIFICACIÓN JUDICIAL

VILLAVICENCIO y corresponde a esta Corporación su conocimiento como superior funcional.

PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde a la Sala determinar si la BONIFICACIÓN JUDICIAL regulada en el artículo 1º, del Decreto 382 de 2013, constituye factor salarial para todos los efectos de liquidación de prestaciones sociales.

La Sala procede a realizar un breve análisis normativo y jurisprudencial de la citada bonificación, con el fin de dar solución al caso materia de estudio.

DE LA BONIFICACIÓN JUDICIAL

La BONIFICACIÓN JUDICIAL para los servidores de la RAMA JUDICIAL y de la JUSTICIA PENAL MILITAR fue e stablecida por el GOBIERNO NACIONAL a través del Decreto 383, del 6 de marzo de 2013, con efectos fiscales a partir del 1 de enero de 2013. Esta norma en su artículo 1º , contempló que dicha bonificación se reconocería mensualmente al servidor público mientras que permanezca en servicio activo, y que constituiría factor salarial solamente para la base de cotización al SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES y en SALUD.

Con posterioridad, se expidieron los Decretos1269 de 2015, 246 de 2016, 1014 de 2017, 340 de 2018, 992 de 2019, 442 de 2020, 986 de 2021, 471 de 2022, 903Expediente: 50001-33-33-002-2019-00356-02 N Y R Actor: JAIME ENRIQUE SALGADO BALCEIRO Contra: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 8

Actor: JAIME ENRIQUE SALGADO BALCEIRO Contra: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 8 de 2023, 1581 de 2023 y 299 de 2024, los cuales hicieron el ajuste anual a la mencionada bonificación y reiteraron que la misma se pagaría mensualmente y constituye factor salarial únicamente para la cotización a pensiones y salud.

Así que, el GOBIERNO NACIONAL determinó que la BONIFICACIÓN JUDICAL sólo es factor de salario para la cotización al SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIÓN y en SALUD, excluyendo tal natura leza para la liquidación de las prestaciones sociales.

Para la Sala, la BONIFICACIÓN JUDICIAL creada en el Decreto 383 de 2013, tiene carácter salarial en la liquidación de las prestaciones sociales, al ser un pago que se hace mensual a los empleados públicos de la RAMA JUDICIAL y de la JUSTICIA PENAL MILITAR, por la contraprestación de sus servicios; máxime que aquell a se creó para materializar una nivelación salarial.

La Ley 4ª de 1992 1 en el parágrafo de su artículo 14, estipula: “ Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la rama judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad".

Tenemos que, la BONIFICACIÓN JUDICIAL, tuvo su génesis en el cese de actividades de unos funcionarios de la RAMA JUDICIAL y de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN , del año 2012, buscando precisamente llegar a un acuerdo con el

Tenemos que, la BONIFICACIÓN JUDICIAL, tuvo su génesis en el cese de actividades de unos funcionarios de la RAMA JUDICIAL y de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN , del año 2012, buscando precisamente llegar a un acuerdo con el GOBIERNO NACIONAL, tendiente a nivelar los salarios de los mismos, este acuerdo quedó pactado en acta del 6 de noviembre de 2012, y tuvo continuación en acta del 8 de enero de 2013, donde el GOBIERNO NACIONAL se comprometió a “ Reconocer el derecho de los empleados y funcionarios de la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación a la nivelación de su remuneración de conformidad con la Ley 4ª de 1992 ” (Se resalta).

Al tratarse la BONIFICACIÓN JUDICIAL de una nivelación en la remuneración mensual de los empleados públic os de la RAMA JUDICIAL , en los términos previstos en el parágrafo, del artículo 14, de la Ley 4ª de 1992, es innegable su naturaleza salarial; además, por ser un pago habitual y periódico como contraprestación a los servicios prestados por el servidor público.

1 Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo

150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.Expediente: 50001-33-33-002-2019-00356-02 N Y R Actor: JAIME ENRIQUE SALGADO BALCEIRO Contra: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 9

Dicho en otras palabras, la BONIFICACIÓN JUDICIAL, pretendía zanjar el desequilibrio evidenciado en los salarios percibidos entre los cargos de los distintos niveles jerárquicos, a quienes no se les había realizado el ajuste salarial respectivo.

Como lo ha recordado, e l CONSEJO DE ESTADO 2 el SALARIO, es la remuneración que percibe el trabajador por la prestación de un servicio a favor del empleador, de forma personal, directa y subordinada, el cual, no sólo está integrado por una remuneración básica u ordinaria sino también, por todo lo que bajo cualquier otra denominación o concepto, en dinero o en especies, ingrese al patrimonio del trabajador en razón a la prestación de sus servicios.

La SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL del CONSEJO DE ESTADO3, mediante concepto 1393 del 18 de julio de 2002, expresó:

El salario "... aparece (...) como la remuneración social más inmediata o directa que el trabajador recibe por la transmisión que hace de su fuerza de trabajo para ponerla a disposición del empleador". En efecto, según el artículo 127 del Código Sustantivo de Trabajo (subrogado por el artículo 14 de la ley 50 de 1990) " constituye salario no solo la remunerativo ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie coma contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o

50 de 1990) " constituye salario no solo la remunerativo ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie coma contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre ventas y comisiones." En similar sentido el artículo 42 del decreto 1042 de 1978 establece que además de la asignación básica fijada por la ley para los diferentes cargos, del valor del trabajo suplementario y del realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio, constituyen salario todas las sumas que habitual y periódicamente recibe el empleado como retribución por sus servicios. (Se resalta).

Así mismo, la Alta Corporación en sentencia del 7 de diciembre de 20064, expresó que “(…) por salario debe entenderse no solo la remuneración básica mensual sino todo lo que el empleado percibe por concepto de salario, en otras palabras, todo lo que devengue periódicamente como retribución de sus servicios”.

2 Sentencia de 8 abril de 2010. Rad. 1026-2008. M.P. Gerardo Arenas Monsalve. 3 Consejo de Estado – Saña de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 1393 de 18 de julio de 2002, M.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce 4 Consejo de Estado – Sección Segunda, subsección B, Sentencia de 7 de diciembre de 2006, M.P. Jesús María

BustamanteExpediente: 50001-33-33-002-2019-00356-02 N Y R

4 Consejo de Estado – Sección Segunda, subsección B, Sentencia de 7 de diciembre de 2006, M.P. Jesús María

BustamanteExpediente: 50001-33-33-002-2019-00356-02 N Y R Actor: JAIME ENRIQUE SALGADO BALCEIRO Contra: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

10 La definición del SALARIO y los FACTORES QUE LO INTEGRAN, ha sido reiterado por la Sección SEGUNDA de esa Corporación en sentencias del 1 de agosto de 2013, 6 de julio de 2015 y del 24 de enero de 20195.

Conforme a lo anterior, todas las sumas que de manera HABITUAL y PERIÓDICA perciba el trabajador (como sucede con la BONIFICACIÓN JUDICIAL), son factores que integran el salario que éste percibe lo que incide de manera directa en la forma cómo se establecen no sólo los ingresos base de cotización al SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, sino también en la liquidación de una prestación pensional.

En esas condiciones, aun cuando el Decreto 383 de 2013, le reste naturaleza salarial a la BONIFICACIÓN JUDICIAL para la liquidación de las prestaciones sociales (teniendo en cuenta que sol amente le dio ese carácter para integrar el ingreso base de cotización al SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIÓN Y SALUD), es indudable que la misma sí constituye salario para todos los efectos legales de liquidación prestacional, por ser un pago habitual y periódico que recibe el trabajador como contraprestación al servicio prestado. Tal contraprestación, debe decirse, no puede desatender los valores constitucionales, PRINCIPIOS Y DERECHOS A LA IGUALDAD,

prestacional, por ser un pago habitual y periódico que recibe el trabajador como contraprestación al servicio prestado. Tal contraprestación, debe decirse, no puede desatender los valores constitucionales, PRINCIPIOS Y DERECHOS A LA IGUALDAD, LA GARANTÍA A UNA REMUNERACIÓN MÍNIMA, VITAL, MÓVIL Y PROPORCIONAL A LA CANTIDAD Y CALIDAD DE TRABAJO, A LA IRRENUNCIABILIDAD A LOS BENEFICIOS MÍNIMOS, LA PROGRESIVIDAD Y A LA PRIMACÍA DE LA REALIDAD

SOBRE LAS FORMAS.

Así lo ha concluido el CONSEJO DE ESTADO en varias sentencias. Por ejemplo, en sentencia del 6 de abril de 2022, Sección SEGUNDA, Sala de CONJUECES, radicado nro. 76001233300020180041401 (0470-2020), CONJUEZ Ponente CARMEN ANAYA DE CASTELLANOS, precisó sobre la BONIFICACIÓN JUDICIAL:

(…)

Pero bien, adicional al factor de la competencia, lo cierto es que la potestad legislativa radica en el Congreso de la República y, mediante la Ley marco lo que hace el legislador es fijar los objetivos y criterios que deben guiar al Gobierno Nacional para expedir un determinado régimen. Para el caso de la Ley 4ª de 1992, se trataba de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, entre ellos los de la Rama Judicial, para lo cual el legislador fijó el marco o reglas a las cual debía sujetarse el Gobierno Nacional para expedir el régimen salarial de dicho empleados, pautas y marco consagrados en los artículos 14 y

o reglas a las cual debía sujetarse el Gobierno Nacional para expedir el régimen salarial de dicho empleados, pautas y marco consagrados en los artículos 14 y

5 Rad. 44001 -23-31-000-2008-00150-01 (0070 -2011), C.P. GERARDO ARENAS MONSALVE ; rad. 11001032500020110006700 (0192 -11), C.P. LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO y rad. 470012333000-2014-00088-01 (3208-2016), CARMELO PERDOMO CUÉTER.Expediente: 50001-33-33-002-2019-00356-02 N Y R Actor: JAIME ENRIQUE SALGADO BALCEIRO Contra: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 11 15 de la referida Ley, la que señaló expresamente en el parágrafo de su artículo 14 que la autoridad administrativa revisaría con sentido de equidad el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación. Luego, al señalar el legislador que esa revisión se realizaría a través de la nivelación o reclasificación de los empleos de la Rama, debió el Gobierno Nacional sujetarse a ese cuadro fijado por el legislador: nivelación o reclasificación, lo que conlleva a incremento salarial y no sólo crear una Bonificación ajena, según el Decreto que la creó, al salario, por cuanto el mismo indica que dicha Bonificación “sólo constituye factor salarial para efectos de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y en Salud”.

Así las cosas, al apartarse el Decreto 382 de 2013 al marco fijado por el

mismo indica que dicha Bonificación “sólo constituye factor salarial para efectos de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y en Salud”.

Así las cosas, al apartarse el Decreto 382 de 2013 al marco fijado por el legislador, al cual debió sujetarse, resulta violario de la misma, por lo que procede la inaplicación deprecada por el demandante: i) porque no ha debido hacer distinción en la forma de pago de dicha bonificación entre acogidos y no acogidos y, ii) porque al ser ésta continua, permanente y en retribución al trabajo, no ha debido sustraerse como factores salariales para liquidar las prestaciones sociales de los empleados.

Además de las anteriores consideraciones, la Sala no deja pasar por alto que existe una s ólida línea jurisprudencial creada por los Jueces y Magistrados de nuestra jurisdicción, la cual desarrolla el carácter salarial de dicha Bonificación al analizar el concepto de salario, la noción de factor salarial y los criterios que permiten su identifi cación, tomando como referencia lo que al respecto consagran la ley laboral colombiana y la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, indicando que según la ley laboral colombiana el salario lo constituye todo aquello que el trabajador recibe en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio prestado, siempre que sea reconocido de forma habitual y no por mera liberalidad del empleador . Así tenemos, que la susodicha Bonificación Judicial reúne todos los requisitos del salario ya que sin perjuicio de la denominación que se le atribuya, todo pago habitual que reciba el trabajador en contraprestación de su servicio

tenemos, que la susodicha Bonificación Judicial reúne todos los requisitos del salario ya que sin perjuicio de la denominación que se le atribuya, todo pago habitual que reciba el trabajador en contraprestación de su servicio personal constituye salario, incluidas las bonificaciones habituales5.

En este orden de ideas, para la Sala es claro que la bonificación judicial […] al ser un pago que reciben los empleados y funcionarios […] de forma habitual y periódica en contraprestación a sus servicios, no habría motiv