TA MET - Sentencia 500013333007-2022-00320-01 (13-03-2025)

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Medio de control: Nulidad y Restablecimiento Expediente: 500013333 007 2022 00320 01

Asunto: Sentencia de Segunda Instancia

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META

Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE ARDILA OBANDO

Villavicencio, trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

SALA DE DECISIÓN ORAL No. 2

ASUNTO: APELACIÓN DE SENTENCIA

REFERENCIA: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO

DEMANDANTE: VÍCTOR ARTURO MORENO RIVEROS DEMANDADO: NACIÓN –MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL –FOMAG -DEPARTAMENTO DEL META RADICACIÓN: 500013333007-2022-00320-01

I. SENTENCIA

Encontrándose el asunto al Despacho para proferir sentencia, procede la Sala a resolver el recurso de apelación formulado por la parte actora contra la sentencia proferida el 31 de mayo de 2024 por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio, que negó las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

El ciudadano VÍCTOR ARTURO MORENO RIVEROS, mediante apoderada judicial, promovió el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho 1 consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C.A 2, contra la NACIÓN -MINISTERIO DE EDUCACIÓNFOMAG y DEPARTAMENTO DEL META, con el fin de que estimen las siguientes:

1. Pretensiones.

consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C.A 2, contra la NACIÓN -MINISTERIO DE EDUCACIÓNFOMAG y DEPARTAMENTO DEL META, con el fin de que estimen las siguientes:

1. Pretensiones.

Solicita la apoderada del actor que se declare la nulidad parcial de la Resolución No. 1744 del 22 de abril de 2022, expedida por el Secretario de Educación del Departamento del Meta.

1 Folios 1 -20 archivo «001. Demanda -SAMAI índice 1 Juzgado » y folios 3 -22 archivo «003. Subsanación demanda -SAMAI índice 4 Juzgado» 2 “Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño”. (…)2

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Como consecuencia de lo anterior , requiere el reconocimiento y pago a favor del actor de la pensión de jubilación por aportes, equivalente al 75% de los salarios y las primas recibidas, anteriores al cumplimiento del estatus jurídico de pensionado, sin exigir el retiro definitivo del cargo para proceder a su cancelación, en compatibilidad con el salario en la docencia oficial ; y la inclusión en nómina de pensionados y el pago de las me sadas atrasadas, con el ajuste de valor a que haya lugar por la disminución del poder adquisitivo.

con el salario en la docencia oficial ; y la inclusión en nómina de pensionados y el pago de las me sadas atrasadas, con el ajuste de valor a que haya lugar por la disminución del poder adquisitivo.

También pretende que se dé cumplimiento a la sentencia como lo disponen los artículos 192 y 195 del C.P.A.C.A , el reconocimiento y pago de los intereses moratorios y que las demandadas sean condenadas en costas conforme al artículo 188 ibídem.

2. Hechos.

Se indica la demanda que el docente VÍCTOR ARTURO MORENO RIVEROS nació el 20 de agosto de 1960, y realizó aportes pensionales al antiguo ISS, encontrándose ahora las 786,86 semanas de cotización en Colpensiones.

Indica que se vinculó como docente oficial a partir del 3 de julio de 2008, ostentando dicha calidad hasta la presentación de la demanda . Agrega que conforme a la Ley 812 de 2013, tendría derecho a la pensión de jubilación, pero se le exigía el retiro del cargo de docente oficial, para incluirla en la nómina de pensionados.

Señala que mediante el acto administrativo demandado se le negó al actor la pensión de jubilación por aportes a la edad de 60 años, exigiéndole además 1300 semanas de cotización, cuando la ley contempla que solo debía cumplir 1000 semanas de aportes, sin exigir el retiro del cargo, como lo determina la Ley 71 de 1988.

3. Fundamentos de derecho.

Se invocan en la demanda como disposiciones quebrantadas: artículo 7 de la Ley 71

sin exigir el retiro del cargo, como lo determina la Ley 71 de 1988.

3. Fundamentos de derecho.

Se invocan en la demanda como disposiciones quebrantadas: artículo 7 de la Ley 71 de 1988, artículo 15 numerales 1 y 2 de la Ley 91 de 1989, artículo 6 de la Ley 60 de 1993, artículo 115 de la Ley 115 de 1993, artículo 279 de la Ley 100 de 1993, artículo 81 de la Ley 812 de 2003, y artículos 1 y 2 del Decreto 3752 de 2003.

Inicia los argumentos haciendo una relación cronológica de las normas aplicables a los docentes nacionalizados en la pensión ordinaria de jubilación, entre las cuales cita el artículo 17 inciso b) de la Ley 6 de 1945, el inciso 2 del artículo 1 de la Ley 3 3 de 1985, el artículo 7 de la Ley 71 de 1988, el numeral 1 del inciso segundo del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 y el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, refiriendo que este avance de orden jurídico le permitió a muchos trabajadores en el sector privado y/u oficial, completar los requisitos para obtener lo que más adelante seria la pensión por aportes.3

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Manifiesta que a los docentes vinculados con anterioridad al año 2003 se les aplican las normas anteriores a la expedición de la Ley 812, es decir, la Ley 71 de 1988 como trabajadores privados, o prestando el servicio público o privado con aportes al

las normas anteriores a la expedición de la Ley 812, es decir, la Ley 71 de 1988 como trabajadores privados, o prestando el servicio público o privado con aportes al antiguo ISS, pues se trataba de proteger a los docentes que con alguna edad se vinculaban al sector público después del 26 de junio de 2003, y que logra ban acreditar trabajo antes de mencionada fecha, de tal manera que todas las disposiciones legales vigentes anteriores a la entrada en vigencia de la mencionada ley, les son aplicables.

Por ello expone que el acto administrativo demandado desconoce el contenido de las normas transitorias señaladas en el presente asunto, y que le resultan aplicables al demandante al estar demostrado que se encontraba vinculado antes del 26 de junio de 200 3, incluso aportando al antiguo ISS, pues los docentes que logren acreditar requisitos de disposiciones aplicables al sector público, por haber realizado aportes antes de la fecha mencionada, se encuentran en las disposiciones vigentes antes de la entrada en vigencia del artículo 81 de la ley 71 de 1988; es decir, que a dichos docentes el reconocimiento pensional se les efectuará conforme al régimen prestacional que han venido gozando en la entidad territorial, y para el caso respetando los aportes realizados al ISS como docente del orden nacional, conforme al régimen de transición establecido en la citada Ley 71 de 1988.

Aclara que al momento en que fue expedida la Ley 812 de 2003, coincidió con una reforma al régimen salarial (estatuto docente Decreto 1278 de 2002) y según el Fondo Prestacional del Magisterio a todo docente del régimen del Decreto 1278 de 2002 se

reforma al régimen salarial (estatuto docente Decreto 1278 de 2002) y según el Fondo Prestacional del Magisterio a todo docente del régimen del Decreto 1278 de 2002 se le aplica la Ley 100 de 1993, cuando se trata de dos cuestiones distintas.

Menciona que reconocer la pensión de jubilación en aplicación de la Ley 100 de 1993 para el caso del accionante, vulnera las disposiciones establecidas en la normatividad docente y especialmente en la Ley 812 de 2003 que permite haber laborado antes del año 2003 para acogerse a las prerrogativas establecidas en la Ley 71 de 1988, norma anterior aplicable para los docentes que demuestren actividad laboral realizando aportes al antiguo ISS, antes del 26 de junio de 2003.

Explica que, aunque el accionante se hubiera vinculado después del año 2003, se le aplicaría el Decreto 2278 de 2002, en cuanto a escalafón docente y no el Decreto 2277 de 1979, pero esta circunstancia no tiene nada que ver con el régimen pensional de la Ley 812 de 2003, de los docentes que realizaron aportes al ISS y estaban esperando su vinculación al sector público para completar los 20 años de aportes que exige el artículo 7 de la Ley 71 de 1988 efectuados antes del 26 de junio del año 2003, a quienes s e les debe respetar el régimen anterior de esta disposición normativa. Concluye este aspecto citando jurisprudencia del Consejo de Estado.

4. Contestaciones de la demanda.4

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4. Contestaciones de la demanda.4

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4.1. Departamento del Meta.

La apoderada del Departamento del Meta se opone 3 a las pretensiones, argumentando que al demandante no le asiste el derecho pensional reclamado por no cumplir con los requisitos normativos exigidos para ello.

Alude la inexistencia de la relación laboral, legal y reglamentaria, explicando que el demandante fue nombrado el 3 de julio de 2008 y se posesionó hasta el 18 de julio del mismo año, por lo que «el primer debate objeto de la presente litis versará en el reconocimiento de la pensión de jubilación conforme a los requisitos de la Ley 812 de 2003 y la Ley 71 de 1988».

Menciona que el régimen legal aplicable para el otorgamiento de la pensión de vejez, es el de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres; y agrega frente a la fecha señalada por la actora para que le otorgue la pensión de jubilación -a partir del 20 de agosto de 2020que para ese entonces no cumplía con los requisitos exigidos de semanas cotizadas, por cuanto debería haber cotizado al sistema 1300 semanas, y solo tenía 786 semanas.

Arguye que no se evidencia la acreditación de los aportes para computar el número de semanas para el otorgamiento de la pensión de vejez, motivo por el cual se

cuanto debería haber cotizado al sistema 1300 semanas, y solo tenía 786 semanas.

Arguye que no se evidencia la acreditación de los aportes para computar el número de semanas para el otorgamiento de la pensión de vejez, motivo por el cual se desconoce si sus requerimientos se encuentran legítimamente acreditados para hacer efectivo su derecho ; y que lo anterior inhibe al despacho de tomar una decisión en derecho , si se tiene en cuenta que es deber de la parte acreditar el supuesto de hecho que alega.

Enuncia como excepciones i) falta de cumplimientos de requisitos formales para el otorgamiento de la pensión de jubilación, ii) inexistencia del presunto contrato realidad por carencia de elementos constitutivos como la subordinación, iii) inexistencia de órdenes de prestación de servicios por la ausencia de medios probatorios y la prueba de solemnidad del contrato estatal y v) actuación legítima y oportunidad de la entidad territorial, frente al no reconocimiento de la pensión de jubilación del demandante.

4.2. Nación -Ministerio de Educación– FOMAG.

El apoderado de la Nación -Ministerio de Educación – FOMAGmanifiesta4 su oposición a las pretensiones.

3 Folios 3-7 archivo «007. Contesta dda Dpto -SAMAI índice 10 Juzgado». 4 Archivo «008. Contestación FOMAG -SAMAI índice 11 Juzgado»5

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Realiza una exposición en torno al régimen pensional de los docentes oficiales ,

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Realiza una exposición en torno al régimen pensional de los docentes oficiales , resaltando que a los docentes vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 se les aplica la Ley 33 de 1985, y a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 se les aplica el régimen pensional de prima media establecido en la Ley 100 de 1993 modificada por la Ley 797 de 2003.

Hace referencia a la pensión de jubilación por aportes contenida en la Ley 71 de 1988, reglamentada por el Decreto 2709 de 1994, según la cual tienen derecho a la pensión de jubilación quienes al cumplir 60 años o más de edad si es varón, o 55 años o más si se es mujer, acrediten en cualquier tiempo, 20 años o más de cotizaciones o aportes continuos o discontinuos en el Instituto de Seguros Sociales y en una o varias de las entidades de previsión social del sector público, siendo una modalidad de pensión co mpatible con el régimen de transición pensional establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

En cuanto a la compatibilidad entre la pensión y el salario en el régimen docente, aduce que la posibilidad de tener dos erogaciones con cargo al tesoro público es exclusiva del sector docente, y tienen la posibilidad de percibir la pensión de jubilación, la pensión gracia y el salario siempre que el docente no tenga la edad de retiro forzoso y tenga aptitud física y mental para ejercer el cargo.

exclusiva del sector docente, y tienen la posibilidad de percibir la pensión de jubilación, la pensión gracia y el salario siempre que el docente no tenga la edad de retiro forzoso y tenga aptitud física y mental para ejercer el cargo.

Formula como excepciones i) inexistencia de la obligación o cobro de lo no debido afirmando que no resulta viable el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación por aportes, teniendo en cuenta que no tiene derecho a la misma en razón a la fecha de vinculación y la p érdida de continuidad de la relación laboral con el FOMAG, y ii) legalidad del acto administrativo expedido.

Respecto a la condena en costas, cita el artículo 188 del C.P.A.C.A y el artículo 365 del C.G.P, señalando que no es de carácter objetivo y que se debe tener en cuenta la buena fe en la actuación de la entidad demandada.

Frente al caso concreto manifiesta que al vincularse la demandante con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, sus derechos pensionales son los del régimen de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, por lo que no está llamada a prosperar la pensión por aportes bajo las previsiones de la Ley 71 de 1988.

5. Sentencia apelada.

El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Villavicencio, mediante sentencia del 31 de mayo de 2024 5 niega las pretensiones de la demanda y condena en costas a la parte actora en la suma de $1.053.899.

5 Archivo «024. Sentencia 31 mayo 2024 -SAMAI índice 29 Juzgado»6

en costas a la parte actora en la suma de $1.053.899.

5 Archivo «024. Sentencia 31 mayo 2024 -SAMAI índice 29 Juzgado»6

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Como fundamento, el a quo sostiene que el señor V ÍCTOR ARTURO MORENO RIVEROS para el 1 de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, acreditaba una edad de 33 años y un tiempo de servicios cotizados menor a dos años, por lo que no resulta beneficiario del régimen pensional dispuesto en la Ley 71 de 1988, en virtud del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la ley 100 de 1993.

Explica que si bien el demandante acredita los requisitos establecidos en el Decreto 2709 de 1994 , para acceder a la pensión de jubilación por aportes, por haber cumplido 60 años de edad y acreditar 20 años de servicios en el sector privado y público, esto es, como docente oficial durante 13 años y 7 meses y en servicios privados ante el antiguo ISS hoy COLPENSIONES, por un lapso de 15 años; dicho régimen no puede ser aplicado a su caso, al no ser beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 , y por ende, no le asiste derecho a la aplicación del régimen pensional de las Leyes 33 de 1985 y 71 de 1988.

Adicionalmente, alude que el demandante tampoco re unía los requisitos para que

derecho a la aplicación del régimen pensional de las Leyes 33 de 1985 y 71 de 1988.

Adicionalmente, alude que el demandante tampoco re unía los requisitos para que le fuera reconocida la prestación, pues para el momento en que agotó vía gubernativa, el 1 de marzo de 2022, no contaba con 62 años de edad ni 1300 semanas, como lo exige el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003.

Finalmente, sobre la condena en costas, menciona que se debe tener en cuenta que el artículo 188 del C.P.A.C.A, remite a las normas del C.G.P, en cuyo numeral 1 del artículo 365 indica que se condena en costas a la parte vencida, y la composición de estas a la luz del artículo 361 del C .G.P, es de expensas, gastos judiciales y agencias en derecho. Por tanto, bajo los parámetros del Acuerdo No. PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, al tenor del articulo 5 numeral 1, se condena ba en costas al demandante en razón al 2% de las pretensiones de la demanda (estimadas en $52.694.998), esto es $1.053.899.

6. Recurso de apelación.

Inconforme con la decisión del a quo, la apoderada del demandante interpuso de forma oportuna recurso de apelación 6, específicamente en lo concerniente a la condena en costas que le fue impuesta.

Señala que la demanda fue presentada sobre fundamentos de hecho y de derecho, y que en procesos similares, aun cuando se han negado las pretensiones de la demanda, se han abstenido de condenar en costas a la parte actora.

Señala que la demanda fue presentada sobre fundamentos de hecho y de derecho, y que en procesos similares, aun cuando se han negado las pretensiones de la demanda, se han abstenido de condenar en costas a la parte actora.

Afirma que la condena en costas es una facultad del juez que no opera de forma objetiva, sino que está sujeta a la valoración que se haga de la conducta de la parte vencida, en el entendido que esta se califique como temeraria o constitutiva de abuso

6 Archivo «026. Apelación parte actora -SAMAI índice 31 Juzgado»7

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de sus atribuciones y derechos procesales, y en el caso contrario, no puede el juez atribuirse la facultad de imponer cargas económicas tan altas para la parte vencida.

Indica que el juez de primera instancia no tuvo en cuenta la conducta asumida por la parte actora durante todo el proceso , refiriendo que el acudir al sistema judicial nunca fue de manera temeraria, ni tratando de evadir responsabilidades , pues si se supiera cuáles van a ser los resultados de un proceso no se acudiría al mismo, sin que sea culpa del actor que no se hubiese concedido lo pretendido. Aunado a lo cual, alude que actuó de forma oportuna en cada una de las etapas procesales, permitiendo el desarrollo normal del proceso, sin que tenga una razón justificada la condena en costas, y que no solo es valorativa la conducta al momento de imponer una condena en costas, sino que también debe apreciarse la posición del sujeto

permitiendo el desarrollo normal del proceso, sin que tenga una razón justificada la condena en costas, y que no solo es valorativa la conducta al momento de imponer una condena en costas, sino que también debe apreciarse la posición del sujeto procesal que se tenga por condenado, pues no siempre se cumple con la capacidad económica para hacer mérito ejecu tivo del pago, citando una providencia del Consejo de Estado.

Aduce que a diferencia de lo que sucede en otras jurisdicciones, donde la responsabilidad en materia de costas es siempre objetiva, en esta jurisdicción le corresponde al juez elaborar el juicio de ponderación subjetiva, invocando el inciso primero del artículo 79 del C.G.P, y el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, referente a que se puede condenar en costas a la parte vencida siempre y cuando la demanda se haya presentado con manifiesta carencia de fundamento legal , y que el numeral 8 del artículo 365 del C.G.P establece que solo habrá lugar a dicha condena cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.

Por último, manifiesta que la imposición de costas implica el menoscabo del derecho a acudir ante la jurisdicción para dirimir los conflictos y contraría la materialización de los principios de equidad y de acceso a la administración de justicia.

7. Trámite procesal.

Mediante proveído del 3 de septiembre de 20247, se admitió el recurso de apelación, y se dispuso el traslado previsto en el numeral 4 del artículo 247 del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

y se dispuso el traslado previsto en el numeral 4 del artículo 247 del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

Haciendo uso de esta oportunidad la parte actora reitera8 su inconformidad con la condena en costas impuesta en primera instancia , replicando en su integridad los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

Las entidades demandadas no se pronunciaron y el Ministerio Público no emitió concepto.

7 Archivo «030. Auto 30 sep 2024 admite apelación -SAMAI índice 3 TAM» 8 Archivo «028. Parte actora pronunciamiento recurso -SAMAI índice 36 Juzgado»8

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III. CONSIDERACIONES

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer de la presente apelación de conformidad con el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, teniendo en cuenta que se trata de una sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Villavicencio y corresponde a esta corporación su conocimiento como superior funcional. Así mismo se advierte, que se revisará el fallo del a quo únicamente en relación con los aspectos que fueron objeto de apelación, en virtud del artículo 328 del Código General del Proceso.

2. Oportunidad para promover el medio de control.

No opera para el presente asunto el análisis de caducidad, toda vez que de conformidad con el literal «C» del primer numeral del artículo 164 C.P.A.C.A,

del Código General del Proceso.

2. Oportunidad para promover el medio de control.

No opera para el presente asunto el análisis de caducidad, toda vez que de conformidad con el literal «C» del primer numeral del artículo 164 C.P.A.C.A, cuando la demanda se dirige contra actos que reconocen o niegan total o parcialmente prestaciones periódicas, puede presentarse en cualquier tiempo.

3. Problema Jurídico.

De acuerdo con el planteamiento del recurso de apelación, el problema jurídico se contrae a determinar si resulta procedente imponer la condena en costas al demandante tras la negativa de las pretensiones en primera instancia, conforme lo dispuso el a quo, o si, por el contrario, no debe imponerse dicha condena a cargo de la parte actora, al tenerse en cuenta, bajo un criterio subjetivo valorativo, que no actuó con temeridad o mala fe en el trámite del proceso, como lo solicita el recurrente.

Una vez planteado lo anterior, procede la Sala a delimitar el sub examine teniendo en cuenta lo siguiente:

4. Generalidades de la condena en costas.

Las costas procesales se relacionan, por una parte, con aquellos gastos en los cuales deben incurrir las partes en el desarrollo de una actuación judicial, correspondientes a las expensas por honorarios de peritos, notificaciones y en general gastos del proceso; y por otra, con las agencias en derecho, relativas al pago de honorarios de abogado, que son reconocidos a la parte vencedora del proceso judicial, en la medida que estén autorizadas por la ley y se encuentren demostradas.

La doctrina ha señalado que las costas procesales «…son la carga económica que debe

abogado, que son reconocidos a la parte vencedora del proceso judicial, en la medida que estén autorizadas por la ley y se encuentren demostradas.

La doctrina ha señalado que las costas procesales «…son la carga económica que debe afrontar quien no tenía la razón, motivo por el cual obtuvo la decisión desfavorable y comprende, a más de las expensas erogadas por la otra parte, las agencias en derecho, o sea el9

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pago de los honorarios de abogado que la parte gananciosa efectuó y a la que le deben ser reintegrados, pues supone que debe salir indemne del proceso».9

Para la jurisdicción contenciosa administrativa, el artículo 188 del C.P.A.C.A., establece:

“Artículo 188: Condena en costas: Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.”

Y en el entendido de que la remisión de que trata la norma citada, corresponde ahora al Código General del Proceso, el artículo 365 de dicho estatuto procesal reglamenta la condena en costas así:

“Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:

1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva

posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:

1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.

Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.

2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.

3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.

4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.

5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.

6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos.

7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de

condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos.

7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.

8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.

9 Hernán Fabio López Blanco, Código General del Proceso – Parte General, Dupré Editores, pág. 104610

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9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas.

Sin embargo podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción”.

El artículo 366 ibídem, en los numerales 3 y 4 establece los criterios que se deben tener en cuenta para su liquidación, como son los honorarios de auxiliares de justicia, y gastos judiciales en los que la parte beneficiada haya incurrido siempre que aparezcan demostrados, sean útiles y autorizados por la Ley. Frente a las agencias en derecho se debe acudir a las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura y t ener en cuenta la naturaleza, calidad y duración de la gestión del apoderado, la cu antía del proceso y demás circunstancias especiales sin que se exceda el quantum máximo establecido por tal autoridad.

Por su parte, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en los

apoderado, la cu antía del proceso y demás circunstancias especiales sin que se exceda el quantum máximo establecido por tal autoridad.

Por su parte, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en los Acuerdos 1887 de 2003, 2222 de 2003, PSAA-9943 de 2013 y PSAA16-10554 de 2016, ha fijado las tarifas de las agencias en derecho en los procesos declarativos, ejecutivos, de liquidación y de jurisdicción voluntaria.

Frente a la condena en costas, la Sección Segunda d el Consejo de Estado 10 precisó que el actual Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, cambió sustancialmente el criterio para la fijación de las costas, pasando de un criterio subjetivo que imponía el Código Contencioso Administrativo, a uno objetivo valorativo así:

“(…) a) El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCAa uno «objetivo valorativo» –CPACA-. b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá» sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP. c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de