TA MET - Sentencia 50001-33-33-007-2023-00042-01 (22-05-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META

Villavicencio, veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

S A L A D E D E C I S I Ó N No. 3

MAGISTRADO PONENTE: JUAN DARÍO CONTRERAS BAUTISTA

Resuelve el Tribunal el recurso de apelación interpuesto y sustentado por la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio contra la sentencia proferida el 30 de abril de 2024, por el Juzgado Séptimo (7° ) Administrativo de Villavicencio , que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda1

El señor Heriberto Palomino Humoa , por intermedio de apoderad o, acude ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y departamento del Meta , para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.

1 Expediente Digital, archivo 001DEMANDA.pdf.

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO

DEL DERECHO

DEMANDANTE: HERIBERTO PALOMINO HUMOA

DEMANDADO: NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

NACIONAL - FONDO NACIONAL DE

PRESTACIONES SOCIALES DEL

MAGISTERIO Y DEPARTAMENTO DEL META

DEL DERECHO

DEMANDANTE: HERIBERTO PALOMINO HUMOA

DEMANDADO: NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

NACIONAL - FONDO NACIONAL DE

PRESTACIONES SOCIALES DEL

MAGISTERIO Y DEPARTAMENTO DEL META EXPEDIENTE: 50001-33-33-007-2023-00042-01

SENTENCIA: No. TAM004 25-05-088

TEMA: SANCIÓN MORATORIA POR PAGO

TARDÍO DE CESANTÍAS2

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Demandante: Heriberto Palomino Humoa; Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otro

1.1 Pretensiones.

Se declare la nulidad del acto ficto o presunto negativo producto de la falta de respuesta a la petición de 11 de julio de 2022, orientada a obtener el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la cancelación tardía de sus cesantías definitivas.

A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la demandada sufragar, debidamente indexada, la sanción moratoria de que trata la Ley 1071 de 2006 y dar cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

1.2 Hechos.

Relata el accionante que, el 2 de agosto de 2019 “radicó solicitud de retiro de cesantías parciales y/o definitivas, ante [la] SECRETAR[Í]A DE EDUCACI[Ó]N DEL DEPARTAMENTO DEL META”, lo que fue atendido de manera favorable

cesantías parciales y/o definitivas, ante [la] SECRETAR[Í]A DE EDUCACI[Ó]N DEL DEPARTAMENTO DEL META”, lo que fue atendido de manera favorable mediante “Resolución 3194 del 2 de agosto de 2019”.

Que, “el FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO […] y su administradora LA FIDUPREVISORA S.A. […], puso a disposición el pago de los dineros derivados de las cesantías reconocidas […] el 14 de noviembre de 2019”.

Dice que, el 8 de noviembre de 2019 fenecieron “ los 70 días conforme a la norma contenida en la ley 244 de 1995 modificada por la ley 1071 del año 2006”, por lo que se incurrió en una mora de 5 días.

Sostiene que, el 11 de julio de 2022 “solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de la [s] cesantías pero las entidad es convocadas NO CONTESTARON la solicitud […]”.

1.3 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto.

Cita como normas violadas por los actos demandados los artículos 5° y 15 de la Ley 91 de 1989, 1° y 2° de la Ley 244 de 1995 y 4° y 5° de la Ley 10713

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Demandante: Heriberto Palomino Humoa; Demandada: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otro

de 2006.

Arguye que, con la expedición de la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley

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de 2006.

Arguye que, con la expedición de la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, se reguló “la situación en particular del pago de las cesantías parciales y definitivas de los servidores públicos”.

Que, dicha disposición prevé “ un término perentorio para el reconocimiento de [las c esantías] […] de […] 15 días [hábiles] después de radicada la solicitud” y, en lo que concierne al pagó, precisó que la Administración cuenta con 45 días [hábiles] para realizarlo; no obstante, “la jurisprudencia ha establecido que […] ha de entenderse qu e el reconocimiento y pago, no debe superar los 70 días hábiles después de haber radicado la solicitud, de confirma con el artículo 76 de la ley 1437” de 2011.

2. Contestación de la demanda

2.1 Departamento del Meta2

El Departamento del Meta , por intermedio de apoderad a, se op one a la prosperidad de las pretensiones del libelo introductorio; frente a los hechos manifiesta que unos son ciertos y otros no; y formula las excepciones denominadas falta de legitimación material en la causa por pasiva, inexistencia de la obligación, ausencia de vicios en el acto administrativo demandado.

Asevera que , “ los docentes integran la categoría de servidores públicos prevista en el artículo 123 de la Constit ución Política, y por tanto le son aplicables las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, que contemplan la sanción

Asevera que , “ los docentes integran la categoría de servidores públicos prevista en el artículo 123 de la Constit ución Política, y por tanto le son aplicables las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, que contemplan la sanción por mora en el reconocimiento y pago de las cesantías parciales o definitivas de los servidores públicos”.

Que, “[e]l decreto 2831 de 2005, estab leció el trámite para el reconocimiento de prestaciones económicas a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y otorg[ó] a las Secretar[í]as de Educación, la facultad de mera gestión, es decir de recibir, radicar, elaborar y remiti r el proyecto de

2 Expediente Digital, archivo: 003ContestacionDemandaDpto.pdf.4

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acto administrativo de reconocimiento, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud, a la sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para su aprobación y pago”.

Que, en ese orden de ideas, “ la Fiduciaria la Previsora SA, es la administradora de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y en desarrollo de estas acciones, son ellos los r esponsables de pagar la sanción en caso de haberla”.

2.2. Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional

administradora de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y en desarrollo de estas acciones, son ellos los r esponsables de pagar la sanción en caso de haberla”.

2.2. Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio3.

La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por conducto de abogado, solicitó se nieguen las pretensiones de la demanda. En cuanto a los hechos indicó que unos son ciertos, otros no le constan y los demás no constituyen situaciones fácticas. Como excepciones propuso las denominadas prescripción, culpa de un tercero aplicación Ley 1955 de 2019 e improcedencia de la indexación de la sanción moratoria.

Sostiene que, conforme a la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, “al momento de radicar la petición, la entidad que recibe la solicitud tiene un plazo de quince (15) días para reconocer las cesantías parciales y definitivas, y la entidad pagadora a partir de la firmeza del acto, esto es cinco (5) días de ejecutoria si la petición se realizó en vigencia de la ley del decreto 01 de 1984 o diez (10) si la misma se realizó en vigencia de la ley 1437 de 2011, la entidad pagadora contará con término de cuarenta y cinco (45) días hábiles para poner a disposición los recursos”.

Que, “[d]e conformidad con lo anterior, a partir del momento de la radicación de la solicitud de las cesantías parciales o definitivas por parte del servidor público, la administración cuenta con un total de sesenta y cinc o (65) días

Que, “[d]e conformidad con lo anterior, a partir del momento de la radicación de la solicitud de las cesantías parciales o definitivas por parte del servidor público, la administración cuenta con un total de sesenta y cinc o (65) días para poner a disposición los recursos si la solicitud se realizó antes del 2 de julio de 2012 o setenta (70) días si la misma se realizó con posterioridad a

3 Expediente Digital, archivo: 006.CONTESTACIONFOMAG.pdf5

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esa fecha, so pena de incurrir en la sanción establecida en el parágrafo del artículo 2 de la ley 1071 de 2006 […]”.

Que, “ ante las entidades territoriales debe realizarse la solicitudes de las prestaciones económicas de los miembros del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y estas deberán resolver a nombre de dicho fondo lo que a la postre permitiría concluir que todas las solicitudes que tengan que ver con el reconocimiento de derechos en cabeza del fondo, deben ser recibidas y resueltas por la Secretaría, incluidas aquellas que pretendan derechos inciertos y discutibles como son la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías”.

Que, conforme a lo anterior “ los pronunciamientos emitidos por esas entidades respecto de ese tipo de solicitudes y en general aquellos que sean expedidos con fundamento en solicitudes que ve rsen sobre derechos que tengan que reconocer el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del

Que, conforme a lo anterior “ los pronunciamientos emitidos por esas entidades respecto de ese tipo de solicitudes y en general aquellos que sean expedidos con fundamento en solicitudes que ve rsen sobre derechos que tengan que reconocer el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG, son verdaderos actos administrativos que deben ser objeto de control en el caso que estos resuelvan de manera desfavorable las peticiones, incluye ndo las de sanción moratoria por pago tardío de las cesantías, sin que el administrado pueda acudir al figura del silencio administrativo o la existencia de un acto ficto presunto negativo en el evento que exista respuesta por parte de esas entidades terri toriales respecto de esas solicitudes”.

Solicita que, en caso de “ imponerse condena sobre sanción por mora en la entidad […], esta sea con cargo a los Títulos de Tesorería emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y no con cargo a los recu rsos del FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, de acuerdo a lo plasmado en el parágrafo transitorio del mencionado Plan Nacional de Desarrollo, ya que la mora eventualmente se causó antes del mes de diciembre del año 2019”.

Que, “[e]n el presente caso, se solicita por parte del demandante se declare la nulidad del acto administrativo ficto configurado por la supuesta falta de respuesta a la solicitud presentada el 2 de agosto de 2019 para el reconocimiento de sanción moratoria por el su puesto pago no oportuno de la Resolución No. 3194 del 2 de agosto de 2019 , no obstante se incumplió6

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reconocimiento de sanción moratoria por el su puesto pago no oportuno de la Resolución No. 3194 del 2 de agosto de 2019 , no obstante se incumplió6

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con el ya mencionado requisito [refiriéndose al previsto en el artículo 166, numeral 1 de la Ley 1437 de 2011] al no presentar prueba que evidenciara que la administración no dio respuesta en el término correspondiente (3 meses según el artículo 83 de la Ley 1147 de 2011). Para ello, el accionante debió pedir mediante un derecho de petición dirigido a la administración, un informe sobre la respuesta a la solicitud de revocatoria del acto administrativo que se pretende controvertir en el presente, como lo es la respuesta de un derecho de petición en la que la administración le informe si efectivamente se le dio respuesta a la solicitud de revocatoria del acto administrativo”.

Que, “la Resolución No. 3194 de reconocimiento y pago de las cesantías fue emitida el 2 de agosto de 2019 , cuando el ente territorial ya había sobrepasado el límite de tiempo otorgado por la Ley, sin dejarle […] el término prudente y establecido por ley para el correspondiente trámite administrativo y así poder realizar el pago oportuno; situación que a la luz del artículo 57 de la ley 1955 de 2019, la responsabilidad recae en cabeza de la Secretaría de Educación Territorial correspond iente siendo necesaria su condena en la sentencia que ponga fin al litigio”.

la ley 1955 de 2019, la responsabilidad recae en cabeza de la Secretaría de Educación Territorial correspond iente siendo necesaria su condena en la sentencia que ponga fin al litigio”.

Advierte que, “ el pago de las cesantías se realizó el día 14 de [n]oviembre de 2019 , poniendo a disposición del aquí demandante los dineros ante la entidad financiera para que este los reclame, como es sabido el pago no es otra cosa que poner a disposición el dinero para ser reclamado por la parte demandante y otra cosa distinta es el reclamo del dinero ante la oficina bancaria”.

3. Sentencia Apelada4

El Juzgado Séptimo (7°) Administrativo de Villavicencio, mediante sentencia de 30 de abril de 2024 , accedió a las s úplicas de la demanda (sin condena en costas), al estimar:

1. En razón a que el acto administrativo de reconocimiento de la cesantía definitiva fue expedido en término -02/08/2019y notificado mediante aviso, deben contabilizarse los 10 días siguientes a la entrega del respectivo aviso -16/08/2019que corresponden a la ejecutoria del acto, en virtud de lo consagrado en la Ley 1437 de 2011, los cuales han debido culminar el 02 de septiembre de 2019.

4 Expediente Digital, archivo 012SENTENCIA1INST.pdf.7

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2. Y los cuarenta y cinco (45) días hábiles que tenía el FOMAG para realizar el pago fenecieron el 06 de noviembre de 2019.

3. El dinero fue puesto a disposición el 14 de noviembre de 2019, conforme con la certificación emitida por la Fiduciaria LA PREVISORA

S.A.

Por lo anterior, tenemos que la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías por parte del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio se causó desde el 07 de noviembre de 2019 –día siguiente a la fecha en que finalizaron los 55 díashasta el 13 de noviembre de 2019, esto es, un día antes de que el dinero fuera puesto a disposición del demandante, para un total de 7 días de mora.

En lo que concierne a la entidad responsable de la m ora generada, indicó que

De acuerdo con el acervo probatorio se acreditó que, una vez radicada la solicitud de pago de cesantía, la entidad territorial de manera oportuna profirió la resolución de reconocimiento y pago, por tanto, no le asiste responsabilidad al ente territorial demandado pues, fue diligente en su actuar ya que, expidió el mismo día de radicada la solicitud el acto administrativo de reconocimiento y realizo los trámites necesarios para lograr su notificación.

Por su parte, no puede apreciarse el mismo actuar por parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG a quien si le

necesarios para lograr su notificación.

Por su parte, no puede apreciarse el mismo actuar por parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG a quien si le asiste responsabilidad al haber demorado en el pago de la cesantía definitiva reconocida al demandante pues, muy a pesar de que la Secretaría de Educación del Departamento del Meta, profirió en el término previsto la resolución de reconocimiento y realizo todos los trámites para su notificación, se vislumbra que el pago fue realizado 7 días posteriores al término establecido, lo cual sin duda alguna genera consigo la sanción que hoy se reclama.

Por lo anterior, concluyó que “ la responsabilidad de efectuar el pago de la sanción moratoria en el caso sub lite recae indiscutiblemente sobre el FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES – FOMAG”. Asimismo, determinó que la asignación básica para efectuar la correspondiente liquidación “corresponde a la vigente al momento en que se produjo el retiro del servicio del docente, esto es lo devengado en el año 2019”.

4. Recurso de apelación5. La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones sociales del Magisterio, a través de apoderada, interpuso recurso de apelación, con el fin de que se revoque

5 Expediente Digital, archivo: 091_Memorial_Recurso.pdf.8

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la sentencia de primera instancia, toda vez que teniendo en cuenta que la solicitud de reconocimiento de cesantías fue el 2 de agosto de 2019, los 70 días vencieron el 15 de noviembre de 2019, por lo que en el presente caso no puede hablarse de mora pues, el pago estuvo disponible desde el 14 de noviembre de 2019.

Dice que, “la fecha de disposición es una fecha clave dentro de esta litis, como quiera que no podemos tener en cuenta la fecha en que el docente retira o cobra los dineros de las cesantías, porque esto sería un albedrio en el sentido de que si esperamos a que el docente decida cobrar y/o retirar los dineros de las cesantías se nos generan más días de mora si tenemos en cuenta esta fecha, por eso es importante y necesario tener en cuenta los parámetros que ya ha decantado el Consejo de Estado […] que debemos tener en cuenta del pago las cesantías no es la fecha en que el docente cobra los dineros sino la fecha de disposición de los dineros fecha que se encuentra acreditada en la certificación allegada en esta oportunidad emitida por Fiduprevisora S .A., cual debió tener en cuenta el Juzgado 007 Administrativo oral de Villavicencio” [sic].

Por lo anterior solicita “ DEROGAR Y/O MODIFICAR LA SENTENCIA DE

PRIMERA INSTANCIA Y NO IMPONER CONDENA EN COSTAS Y

AGENCIAS EN DERECHO EN SEGUNDA INSTANCIA”

5. Trámite de Segunda Instancia

Por lo anterior solicita “ DEROGAR Y/O MODIFICAR LA SENTENCIA DE

PRIMERA INSTANCIA Y NO IMPONER CONDENA EN COSTAS Y

AGENCIAS EN DERECHO EN SEGUNDA INSTANCIA”

5. Trámite de Segunda Instancia

Mediante providencia del 12 de febrero de 20256 n se admitió el recurso de apelación y teniendo en cuenta que aquel fue formulado en vigor de la Ley 2080 de 2021, se les advirtió a las partes y al Ministerio Público la oportunidad con la que contaban para pronunciarse respecto de la alzada y presentar el respectivo concepto, en su orden, etapa procesal en la que guardaron silencio.

6 Expediente Digital, archivo004AutoAdmite.pdf.9

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I. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Tribunal es competente para conocer este asunto en segunda instancia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta que se trata de una sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado Séptimo (7°) Administrativo de Villavicencio y corresponde a la Corporación su conocimiento como superior funcional.

2. Problema jurídico.

De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar si al demandante le asiste o no el derecho a la sanción

su conocimiento como superior funcional.

2. Problema jurídico.

De acuerdo con el recurso de apelación, corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar si al demandante le asiste o no el derecho a la sanción por mora en el pago de las cesantías definitivas, prevista en la Ley 244 de 1995 y sus normas complementarias.

3. Marco jurídico. Con el fin de dar solución al problema jurídico planteado en precedencia, procede este Tribunal Administrativo a realizar el correspondiente análisis normativo a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso concreto.

3.1 Análisis jurídico y jurisprudencial. El auxilio de cesantías es una prestación social reconocida a todos los empleados del Estado , cuya principal finalidad es “[…] cubrir o prever las necesidades que se originan para el trabajador con posterioridad al retiro de una empresa, p or lo que resulta un ahorro obligado orientado a cubrir el riesgo de desempleo ”7, que hoy en día también ayuda a los trabajadores a acceder a educación y vivienda.

De acuerdo con la Ley 115 de 19948 (artículo 115), los docentes oficiales se benefician del reconocimiento del auxilio de cesantías de acuerdo con los parámetros establecidos en la Ley 91 de 1989 (artículo 15 , numeral 3) , norma que distingue entre los que se benefician del régimen de cesantías retroactivas y aquellos a quienes les es aplicable el de cesantías anualizadas

7 Corte Constitucional, sentencia C-823 de 4 de octubre de 2006, M. P. Jaime Córdoba Triviño. 8 “Por la cual se expide la ley general de educación”10

7 Corte Constitucional, sentencia C-823 de 4 de octubre de 2006, M. P. Jaime Córdoba Triviño. 8 “Por la cual se expide la ley general de educación”10

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con pago de intereses y sin retroactividad, así:

3. Cesantías:

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 19 90, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplic ar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal

retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplic ar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumulados hasta el 31 de di ciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional.

Es decir, que a los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 se les conservaría el sistema de retroactividad por el cual se reconoce un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado liquidado sobre el último salario devengado, mientras que a los docentes nacionales y a los vinculados a partir del 1º de enero de 1990 se les aplicaría un sistema anualizado de cesantías sin retroactividad, con reconocimiento de intereses.

Sin embargo, tal distinción no hace inaplicables a los docentes oficiales las normas que regulan el procedimiento de reconocimiento de dicha prestación que para todos los empleados públicos fue previsto en la Ley 244 de 1995 9 modificada por la Ley 1071 de 2006 10, por cuanto que tales normas al establecer un término perentorio para la liquidación y pago de las cesantías definitivas y parciales, así como al consagrar una sanción si ese término se incumple, lo que buscaron fue que la administración expidiera la resolución

9 Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones.

incumple, lo que buscaron fue que la administración expidiera la resolución

9 Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones. 10 Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.11

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correspondiente en forma expedita y que el pago se hiciera de manera oportuna para evitar favorecimientos indebidos y perjuicios a los servidores del Estado, empleados públicos o trabajadores oficiales. Nótese que la Ley 91 de 1989 11 regula el sistema para la liquidación de cesantías de los docente s, es decir, el retroactivo y el anualizado, tema distinto al regulado por la Ley 1071 de 2006 cuyo propósito está claramente señalado desde el mismo título de la ley y en el artículo 1º que señala su objeto, tal como se explicó en precedencia.

Resulta claro entonces que la teleología de esta normatividad no fue señalar la forma de liquidar las cesantías o el régimen aplicable a los diferentes servidores del Estado, sino que hace alusión a un procedimiento unificado para todos, inclusive para tra bajadores oficiales y servidores de regímenes especiales. No de otro modo se explica el contenido del artículo 2º de la Ley

servidores del Estado, sino que hace alusión a un procedimiento unificado para todos, inclusive para tra bajadores oficiales y servidores de regímenes especiales. No de otro modo se explica el contenido del artículo 2º de la Ley 1071 de 2006, que señala como destinatarios de dicha ley a:

[…] los miembros de las Corporaciones Públicas, empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se aplicará a los miembros de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República y trabajadores particulares afiliados al Fondo Nacional de Ahorro.

Luego entonces, si la Ley 1071 de 2006 se refirió a todos los trabajadores y empleados del Estado y ésta norma es posterior a la Ley 91 de 1989, no puede decirse que el procedimiento y sanciones allí previstas no resultan aplicables a los docentes, pues no puede desconocerse su calidad de servidores del Estado; además, no existe una razón lógica para interpretar que esta reglamentación quiso discriminar justificadamente al sector de los docentes.

La anterior discusión fue definida por la Sección Segunda del Consejo de Estado a través de la Sentencia de Unificación del 18 de julio de 201812, en la cual se sentaron distintas reglas para efectos del reconocimiento de la sanción moratoria en virtud de lo dispuesto en las Leyes 244 de 1995 y 1071

11 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia de Unificación del 18 de Julio de

11 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia de Unificación del 18 de Julio de 2018, Radicación Número: 73001-23-33-000-2014-00580-01(4961-15) Ce-Suj2-012-18, Actor: Jorge Luis Ospina Cardona, Demandado: Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y Departamento Del Tolima, Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez.12

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de 2006, concluyendo que “los docentes integran la categoría de servidores públicos prevista en el artículo 123 de la Constitución Política, pues aunque el estatuto de profesionalización los defina como empleados oficiales13, lo cierto es que en ellos concurren todos lo