TA MET - Sentencia 50001-33-33-007-2023-00058-01 (06-03-2025)

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Medio de control: Nulidad y Restablecimiento Expediente: 500013333 007 2023 00058 01

Asunto: Sentencia de Segunda Instancia

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META

Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE ARDILA OBANDO

Villavicencio, seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

SALA DE DECISIÓN ORAL No. 2

ASUNTO: APELACIÓN DE SENTENCIA

REFERENCIA: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO

DEMANDANTE: FLOR MARÍA MURCIA RUIZ DEMANDADO: NACIÓN –MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL –FOMAG -DEPARTAMENTO DEL META RADICACIÓN: 50001-33-33-007-2023-00058-01

I. SENTENCIA

Encontrándose el asunto al Despacho para proferir sentencia, procede la Sala a resolver el recurso de apelación formulado por la parte demandada -NaciónMinisterio de Educación - FOMAGcontra la sentencia proferida el 30 de abril de 2024 por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES

La ciudadana FLOR MARÍA MURCIA RUIZ , mediante apoderada judicial, promovió el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho 1 consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C.A 2, contra la NACIÓN -MINISTERIO DE

La ciudadana FLOR MARÍA MURCIA RUIZ , mediante apoderada judicial, promovió el medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho 1 consagrado en el artículo 138 del C.P.A.C.A 2, contra la NACIÓN -MINISTERIO DE EDUCACIÓN –FOMAG y DEPARTAMENTO DEL META -, con el fin de que estimen las siguientes:

1. Pretensiones.

Solicita la apoderada de la actora que se declare la nulidad del acto ficto configurado el 28 de diciembre de 2022, frente a la petición presentada el día 28 de septiembre de 2022, en cuanto negó tanto el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de

1 Folios 1-21 archivo «002. Demanda -SAMAI índice 1 Juzgado» 2 “Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño”. (…)2

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jubilación de la demandante, como el reconocimiento del tiempo de servicio que laboró bajo la modalidad de órdenes y contratos de prestación de servicio, para efectos de pensión de jubilación.

Como consecuencia, requiere que: i) se ordene el reconocimiento de los tiempos de servicios para efectos de pensión de jubilación, desde el momento de su vinculación con este ente territorial hasta la fecha de la suscripción del último contrato, por haber

Como consecuencia, requiere que: i) se ordene el reconocimiento de los tiempos de servicios para efectos de pensión de jubilación, desde el momento de su vinculación con este ente territorial hasta la fecha de la suscripción del último contrato, por haber laborado con esta entidad territorial, bajo la continua dependencia y subordinación como docente oficial; ii) declarar que la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, equivalente al 75% de los salarios y las primas recibidas, anteriores al cumplimiento del status jurídico de pensionada -8 de febrero de 2022-.

También, pretende: iii) el envío de las cotizaciones para efectos pensionales al FOMAG, por los períodos anteriormente aludidos; iv) la inclusión en la nómina de pensionados, una vez sea reconocido este derecho y el respectivo pago de las mesadas atrasadas desde la consolidación del derecho, y v) el reconocimiento y pago de los ajustes de valor de cada una de las sumas adeudadas, con motivo de la disminución del poder adquisitivo.

Finalmente, requiere que se dé cumplimiento a la sentencia como lo disponen los artículos 192 y 195 del C.P.A.C.A y la liquidación de intereses comerciales y moratorios a que haya lugar; y que las entidades demandadas sean condenadas en costas conforme al artículo 188 ibídem.

2. Hechos.

Se indica en la demanda que la docente FLOR MAR ÍA MURCIA RUIZ, nacida el 7 de junio de 1965, fue vinculada por órdenes de prestación de servicios al municipio de Cubarral (Meta), como docente, en la Unidad Educativa José Eustasio Rivera,

de junio de 1965, fue vinculada por órdenes de prestación de servicios al municipio de Cubarral (Meta), como docente, en la Unidad Educativa José Eustasio Rivera, laborando: i) del 1 de febrero al 30 de abril de 1999; ii) del 1 de mayo al 30 de noviembre de 1999; y iii) del 1 de marzo al 30 de noviembre de 2000.

Indica que también se vinculó como docente, mediante órdenes de prestación de servicio,s en el municipio de El Dorado (Meta), donde laboró en la Unidad Educativa el Edén Vereda la Isla: i) del 1 de febrero al 30 de marzo de 2002; y ii) del 1 al 17 de abril de 2002.

Señala que igualmente tuvo su vinculación docente, por medio de órdenes de prestación de servicios, en el Departamento del Meta laborando: i) del 18 de abril al 30 de junio de 2002; ii) del 8 de julio al 30 de noviembre de 2002; iii) del 10 de febrero al 31 de marzo de 2003; iv) del 1 de abril al 20 de junio de 2003; y v) del 1 de julio al 30 de noviembre de 2003.3

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Menciona que la accionante desde el 22 de enero de 2004, se vinculó como docente al ente territorial del Departamento del Meta hasta el 25 de agosto de 2014 ; y que , posteriormente, fue vinculada a la docencia oficial , en propiedad , desde el 6 de

al ente territorial del Departamento del Meta hasta el 25 de agosto de 2014 ; y que , posteriormente, fue vinculada a la docencia oficial , en propiedad , desde el 6 de noviembre de 2015 permaneciendo allí incluso hasta la presentación de la demanda.

Asevera que, al completar 55 años de edad y 20 años de servicio oficial, solicitó la pensión ordinaria de jubilación a las entidades demandadas , para que le fuera reconocida a partir del 8 de febrero de 2022, cuanto obtuvo el status jurídico de pensionada; sin embargo, mediante el acto administrativo demandado, se le indica que no le asistía derecho a la pensión, por aplicación de la Ley 812 de 2003.

Finalmente, refiere que si se observa su actividad como docente oficial, posee más de 20 años de servicio a la docencia, más de 55 años de edad y fue vinculad a antes de 23 de junio de 2003, lo que le otorga derecho a la pensión de jubilación de conformidad con la Ley 812 de 2003, en compatibilidad con el salario por pertenecer al régimen anterior en cuanto a su pensión de jubilación.

3. Fundamentos de derecho.

Se señalan como fundamentos: Ley 33 de 1985 : artículo 1, inciso 2; Ley 91 de 1989 : artículo 15 numerales 1 y 2; Ley 60 de 1993: artículo 6; Ley 115 de 1993: artículo 115; Ley 100 de 1993 : artículo 279; Ley 812 de 2003 : artículo 81; Decreto 3752 de 2003 : artículos 1 y 2; y Ley 80 de 1993.

Aduce que para los servidores públicos docentes vinculados después de 1990, se

artículos 1 y 2; y Ley 80 de 1993.

Aduce que para los servidores públicos docentes vinculados después de 1990, se unificó el régimen de prestaciones económicas y sociales con el resto de empleados públicos del orden nacional, y que en el tema de pensiones, hasta el año 1989, solo se expidieron tres (3) disposiciones normativas, esto es, la Ley 6 de 1945, Ley 33 de 1985 y Ley 91 de 1989, y que en virtud del régimen de transición previsto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, a los docentes vinculados con anterioridad al año 2003 se les aplican las normas anteriores a la expedición de la Ley 812, es decir la Ley 33 de 1985 como servidores públicos regulares, o si se trataba de docentes que tenían aportes al sector privado la Ley 71 de 1988 para la pensión por aportes.

Afirma que estando vinculada la actora como docente en propiedad, la afiliación al FOMAG era obligatoria por orden legal, sin que ahora pueda alegarse que no se encontraba vinculad a a esa entidad, cuando lo que se debía hacer era cobrar las cuotas partes a la entidad a la que se encontraba afiliada o a la entidad territorial, sin que tenga que trasladarse este perjuicio como trabajadora, para proceder a negar la pensión.

Cita pronunciamientos del Consejo de Estado, de los que colige que se tienen en cuenta el tiempo de prestación de servicios, sin importar las modalidades de vinculación, reiterando que las órdenes de prestación de servicio son una figura que4

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vinculación, reiterando que las órdenes de prestación de servicio son una figura que4

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utilizaron las entidades territoriales para cumplir con el servicio de educación; y que si la educadora acredita el tiempo de servicio antes del año 2003 y, sumado al tiempo laborado con posterioridad al 26 de junio del mismo año, completa los 20 años de servicio, en su pensión de jubilación se le aplican las normas anteriores a la Ley 812 de 2003.

4. Contestaciones de la demanda.

4.1. Departamento del Meta.

La apoderada del Departamento del Meta se opone 3 a las pretensiones, argumentando que el vínculo contractual que subyace en los contratos de prestación de servicios no es contrario a la ley , pues la Ley 80 de 1993 , en su artículo 32 , en concordancia con la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 66 de 2008, permite esta forma de contratación. Así mismo, indica que dentro del presente asunto no existe identidad de la relación jurídica derivada del contrato , con la situación legal y reglamentaria , ya que, entre otras razones, el hecho de trabajar al servicio del Estado no confiere el estatus de empleado público sujeto a un especifico régimen legal y reglamentario.

Expresa que para que un contratista del Estado pueda cumplir con el objeto del contrato, en ciertas ocasiones debe ejercer esa actividad dentro del horario que la administración tenga para cumplir con sus cometidos estatales y someterse a ciertas instrucciones sin que eso genere subordinación, además, para la celebración de un

contrato, en ciertas ocasiones debe ejercer esa actividad dentro del horario que la administración tenga para cumplir con sus cometidos estatales y someterse a ciertas instrucciones sin que eso genere subordinación, además, para la celebración de un contrato de pre stación de servicios deben cumplirse unas características muy diferentes a las vinculaciones laborales reglamentarias , pues aquellos se generan mediante un acuerdo de v oluntades y se perfecciona n cuando ambas partes se encuentran de acuerdo con su objeto y remuneración, y las vinculaciones legales o reglamentarias se perfeccionan con el nombramiento unilateral y la posesión, debiendo informar la administración las funciones, horarios, requisitos y beneficios laborales, que están provistos en los reglamentos internos de la entidad.

Finalmente, prop one como excepciones las denominadas i) inexistencia del vínculo laboral subordinado entre la parte actora y la entidad demandada, bajo el entendido de que la actora no puede alegar una vinculación laboral porque si bien existe una contraprestación y el contrato lo desarrolla una persona natural, no existe subordinación; y ii) cobro de lo no debido asegurando que la entidad no adeuda ningún valor a la actora al haber pagado los contratos a la actora en su totalidad.

4.2. Nación -Ministerio de Educación– FOMAG.

El apoderado de la Nación -Ministerio de Educación – FOMAGmanifiesta4 su oposición a las pretensiones, señalando que el acto demandado se encuentra

3 Archivo «004. Contesta Dpto del Meta -SAMAI índice 4 Juzgado». 4 Archivo «007. Contesta FOMAG -SAMAI índice 7 Juzgado»5

3 Archivo «004. Contesta Dpto del Meta -SAMAI índice 4 Juzgado». 4 Archivo «007. Contesta FOMAG -SAMAI índice 7 Juzgado»5

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apegado a las normas que regulan el régimen prestacional para los docentes.

Agrega que para efectos de la liquidación pensional se debe tener en cuenta la fecha de vinculación o ingreso al servicio educativo oficial de cada docente, para establecer el régimen aplicable, señalando que para el caso , la vinculación al servicio de la demandante se realizó con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, siendo el régimen aplicable al contenido en la Ley 100 de 1993.

Propone como excepciones i) legalidad de los actos administrativos atacados de nulidad toda vez que la vinculación de la demandante a la docencia oficial fue posterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 ; ii) ineptitud de la demanda por carencia de fundamento jurídico al no cumplir con los requisitos previstos para el reconocimiento de la citada prestación, esto es, 57 años de edad y haber cotizado 1300 semanas; y iii) cobro de lo no debido, asegurando que la entidad no adeuda valor alguno por mesadas pensionales de la actora, ya que no ostenta el derecho para reclamar la prestación.

5. Sentencia apelada.

El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Villavicencio, mediante sentencia del 30 de abril de 2024 ,5 accedió a las pretensiones de la demanda i)

5. Sentencia apelada.

El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Villavicencio, mediante sentencia del 30 de abril de 2024 ,5 accedió a las pretensiones de la demanda i) declarando la existencia del acto administrativo ficto, ii) declarando la existencia de la relación laboral entre la actora y el Departamento del Meta durante varios periodos discontinuos que tuvieron lugar desde el 18 de abril de 2002 hasta el 30 de noviembre de 2003, iii) condenando al Departamento del Meta al reconocimiento a favor de la demandante de los periodos discontinuos laborados desde el 18 de abril de 2002 hasta el 30 de noviembre de 2003, como tiempo de servicio computable para el reconocimiento de su derecho pensional, teniendo como ingreso base de cotización el valor pactado en las diferent es órdenes de prestación de servicios, debiendo realizar los aportes que como empleador le corresponden ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y iv) condenando a la NaciónMinisterio de Educación - FOMAG a reconocer y pagar pensión de jubilación en favor de la señora FLOR MARÍA MURCIA RUIZ en cuantía equivalente al 75% del salario promedio percibido durante el año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus pensional, con la inclusión de los factores de liquidación enlistados en la Ley 62 de 1985 sobre los cuales la actora demuestre haber realizado las correspondientes cotizaciones.

Como fundamento, el a quo sostiene frente al reconocimiento de los periodos laborados mediante órdenes de prestación de servicios, que estaba acreditada la prestación de los servicios de la demandante a favor de varias entidades territoriales,

correspondientes cotizaciones.

Como fundamento, el a quo sostiene frente al reconocimiento de los periodos laborados mediante órdenes de prestación de servicios, que estaba acreditada la prestación de los servicios de la demandante a favor de varias entidades territoriales, entre ellas, el Departamento del Meta, de manera personal y continua como docente, y que dicha situación había sido aceptada por la referida entidad al contestar la demanda, lo que permitía establecer la prestación personal del servicio y por

5 Archivo «013. Sentencia 13 abril 2024 -SAMAI índice 18 Juzgado»6

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consiguiente la remuneración o salario pactado, y que el elemento de la subordinación también se enc ontraba acreditado, por cuanto, según el Consejo de Estado, la vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios no desvirtúa el carácter personal de su labor ni es ajena a la subordinación existente en el servicio público de educación.

Así sostiene que la señora FLOR MARÍA MURCIA nació el 7 de junio de 1965, y se desempeñó como docente, a través de órdenes de prestación de servicio, en periodos discontinuos desde el 1 de febrero de 1999 hasta el 30 de noviembre de 2003 y , posteriormente, fue nombrada en propiedad desde el 22 de enero de 2004 hasta el 25 de agosto de 2014 -en razón a una situación de invalidez-, y desde el 6 de noviembre de 2015 a la fecha -al ser ordenado su reintegro y reubicación -, tiempos

25 de agosto de 2014 -en razón a una situación de invalidez-, y desde el 6 de noviembre de 2015 a la fecha -al ser ordenado su reintegro y reubicación -, tiempos en los que fue afiliada al Fondo Prestacio nal del Magisterio; es decir que al ser vinculada como docente con anterioridad al 27 de junio de 2003 -fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 -, e s beneficiaria del régimen de transición consagrado en dicho cuerpo normativo, y su régimen pensional es el dispuesto en la Ley 62 de 1985 que establece el derecho a pensión de jubilación al cumplimiento de los 55 años de edad y 20 años de servicio, sin importar si este se dio de manera continua o discontinua.

6. Recurso de apelación.

Inconforme con la decisión del a quo , la apoderada de la Nación -Ministerio de Educación– FOMAG interpuso de forma oportuna recurso de apelación 6, específicamente en lo concerniente al numeral cuarto, relacionado con la condena en su contra ordenando el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a favor de la actora, en cuantía equivalente al 75% del salario promedio percibido durante el año anterior a la adquisición del estatus pensional, con la inclusión de los factores enlistados en la Ley 62 de 1985 sobre los cuales demuestre haber realizado las cotizaciones.

Realiza una exposición acerca del régimen de pensión docente, explicando que de conformidad con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, las personas vinculadas al servicio educativo a partir de la entrada en vigor de esta norma se encuentran amparadas por el régimen pensional de prima media contemplado en las Leyes 100

conformidad con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, las personas vinculadas al servicio educativo a partir de la entrada en vigor de esta norma se encuentran amparadas por el régimen pensional de prima media contemplado en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

También indica que para los educadores vinculados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2013 debe tenerse en cuenta que la Ley 33 de 1985 contempla en el artículo 1 como requisitos para acceder a la pensión de jubilación, contar con 55 años y tener 20 años de servicio, y para la liquidación solo se tendrá en cuenta los factores sobre los cuales se hubiese efectuado coti zación.

6 Archivo «017. Apelación FOMAG -SAMAI índice 20 Juzgado»7

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Adicionalmente, hace alusión al término de solución de continuidad de 15 días hábiles previstos en el artículo 10 del Decreto 1045 de 1978.

Frente al caso explica que la docente ingres ó con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 y por el ende, el régimen correspondiente es el contenido en la Ley 100 de 1993, por lo que el acto acusado se encuentra conforme a derecho y al contexto fáctico de la parte actora.

7. Trámite procesal.

Mediante proveído del 3 de septiembre de 20247, se admitió el recurso de apelación promovido por la entidad demandada, y se dispuso el traslado previsto en el

7. Trámite procesal.

Mediante proveído del 3 de septiembre de 20247, se admitió el recurso de apelación promovido por la entidad demandada, y se dispuso el traslado previsto en el numeral 4 del artículo 247 del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

Haciendo uso de esta oportunidad la parte actora solicita8 que se confirme la sentencia, reiterando que la demandante ingresó al servicio docente antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y le asiste derecho al reconocimiento y pago de una pensión de jubilación desde el cumplimiento del estatus, que corresponde al 8 de febrero de 2022, teniendo en cuenta que nació el 7 de junio de 1965, contando con más de 55 años de edad y de 20 años de servicio docente , conforme a lo establecido en las Leyes 33 de 1985 y 91 de 1989, además de los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, que contemplan una pensión equivalente al 75% como ingreso base de liquidación, q ue debe estar conformado por todos los factores salariales devengados en el último año de servicios y sin exigir el retiro definitivo del cargo para hacerla efectiva.

Agrega, que debe tenerse en cuenta el criterio del Consejo de Estado, relacionado con que el tiempo de servicios laborado bajo la modalidad de OPS se incluye para el reconocimiento pensional.

Las entidades demandadas no se pronunciaron y el Ministerio Público no emitió concepto.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer de la presente apelación de conformidad con el

Las entidades demandadas no se pronunciaron y el Ministerio Público no emitió concepto.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer de la presente apelación de conformidad con el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, teniendo en cuenta que se trata de una sentencia proferida en primera instancia por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Villavicencio y corresponde a esta corporación su conocimiento como superior

7 Archivo «021. Auto 3 sep 2024 admite apelación -SAMAI índice 3 TAM» 8 Archivo «024. Pronunciamiento parte actora apelación -SAMAI índice 8 TAM»8

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funcional. Así mismo, se advierte que se revisará el fallo del a quo únicamente en relación con los aspectos que fueron objeto de apelación, en virtud del artículo 328 del Código General del Proceso.

2. Oportunidad para promover el medio de control.

En el sub examine, se observa que la parte accionante pretende la nulidad del acto administrativo ficto o presunto, resultante del silencio administrativo negativo respecto de la reclamación administrativa realizada por la demandante el 28 de septiembre de 20229.

Se recuerda que el artículo 164 del C.P.A.C.A. dispone que « La demanda deberá ser presentada: 1. En cualquier tiempo, cuando: (…) d) Se dirija contra actos producto del silencio administrativo», y, en este sentido, concluye la Sala que al demandarse el

presentada: 1. En cualquier tiempo, cuando: (…) d) Se dirija contra actos producto del silencio administrativo», y, en este sentido, concluye la Sala que al demandarse el silencio administrativo negativo, no opera el fenómeno de la caducidad del medio de control en el asunto.

Aunado a lo anterior, el literal «C» del primer numeral del artículo 164 ibídem, señala que cuando la demanda se dirige contra actos administrativos que reconocen o niegan total o parcialmente prestaciones periódicas como la pensión de jubilación, esta puede presentarse en cualquier tiempo ; y, en consecuencia, bajo este precepto tampoco opera para el asunto el análisis de caducidad.

3. Problema Jurídico.

De acuerdo con el contenido del recurso de apelación, el problema jurídico en esta instancia se contrae a determinar si a la señora FLOR MARÍA MURCIA RUIZ le asiste derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación establecida en la Ley 33 de 1985, teniendo en cuenta en cuenta los contratos de prestación de servicios como docente suscritos antes de entrar en vigencia la Ley 812 de 2003, conforme lo dispuso el a quo, o si , por el contrario, dichos contratos no pueden ser tenidos en cuenta como tiempos de vinculación oficial y, por ende, se debe establecer el ingreso de la actora a la docencia oficial con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, siendo aplicable el régimen previsto en la Ley 100 de 1993, por lo que deben negarse las pretensiones de la demanda, como lo solicita la entidad recurrente.

Una vez planteado lo anterior, procede la Sala a delimitar el sub examine teniendo en cuenta lo siguiente:

deben negarse las pretensiones de la demanda, como lo solicita la entidad recurrente.

Una vez planteado lo anterior, procede la Sala a delimitar el sub examine teniendo en cuenta lo siguiente:

4. Régimen prestacional de los docentes oficiales.

9 Folios 25-33 archivo «002. Demanda -SAMAI índice 1 Juzgado»9

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La Ley 100 de 1993 « Por medio de la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones» 10, creó el sistema de seguridad social integral (salud, pensión y servicios complementarios). Por su parte, el sistema de pensiones, que es el que ocupa la atención de la Sala, tiene como finalidad garantizar a la población el amparo contra las contingencia s derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte a través del reconocimiento de pensiones.

Sin embargo, a pesar que la referida Ley 100 de 1993 reguló de manera general el sistema integral de pensiones, dicha normatividad estableció unas excepciones respecto de su aplicación a ciertos sectores que están amparados por normas de carácter especial, para lo cual estableció en el artículo 279 lo siguiente:

“Artículo. 279. Excepciones. El sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto Ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas.

Nacional, ni al personal regido por el Decreto Ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas.

Así mismo, se exceptúan a los afiliados del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales a favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación q ue para el efecto se expida (…)” (Subrayado fuera del texto).

Ahora, la normatividad que regula el sistema pensional del personal docente, se encuentra contenida principalmente en la Ley 91 de 1989, que en su artículo 15 señala lo siguiente:

“Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

1. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848

efectos de las prestaciones económicas y sociales, se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley. (…)”

Por su parte, la Ley 60 de 1993 dispuso en cuanto al régimen prestacional aplicable a los docentes nacionales o nacionalizados, que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad, que se les aplicaría la Ley 91 de 1989; y el personal docente de vinculación departamental, distrital o

10 Diario Oficial No. 41.148 de 23 de diciembre de 1993. Entró en vigencia el 1º de abril de 1994.10

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municipal, sería incorporado al Fondo Nacional del Magisterio, respetando el régimen prestacional de la entidad territorial.

En consideración a lo anterior, los educadores que se encontraban vinculados con anterioridad al 31 de diciembre de 1989, mantendrían el régimen prestacional que venían disfrutando antes de la expedición de la ley ibídem, es decir, el contenido en la Ley 33 de 1985 11, que establecía que todo empleado oficial que haya servido 20 años continuos o discontinuos y cumpliera 55 años edad, tenía derecho a que la Caja de Previsión le pagara una pensión mensual de jubilación.

Al respecto, señaló el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 lo siguiente:

años continuos o discontinuos y cumpliera 55 años edad, tenía derecho a que la Caja de Previsión le pagara una pensión mensual de jubilación.

Al respecto, señaló el artículo 1 de la Ley 33 de 1985 lo siguiente:

“Artículo. 1. El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco años (55) tendrá derecho a que por la respectiva caja de previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equiv alente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio.

No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones. (…) Parágrafo 2.- Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente ley hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de se