TA PUT - 86001 33 33 001 2023 00182 01-(15-10-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Sala Cuarta de Decisión

Neiva, diez de diciembre de dos mil veinticuatro

MAG. PONENTE: RAMIRO APONTE PINO

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTE: IDALI GONZÁLEZ GÓMEZ Y OTROS DEMANDADO: NACIÓN-RAMA JUDICIAL Y OTROS RADICACIÓN: 41 001 33 33 005 2017 00106 01

PROVIDENCIA: SENTENCIA – SEGUNDA INSTANCIA

ACTA: 103

I. EL ASUNTO.

Resuelve la sala el recurso de apelación instaurado por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva el 12 de junio de 2020, a través de la cual, negó las pretensiones de la demanda.

II. ANTECEDENTES.

1. La demanda.

Los señores Idali González Gómez (en nombre propio y en representación de Juan Camilo Valenciano González), Juan Pablo Valenciano González y Laura Camila Valenciano González , promueven el medio de control de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, en p rocura de que se declare que son administrativamente responsables de los perjuicios derivados del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

2. Fundamentación fáctica.

Como sustento de orden fáctico, refieren lo siguiente:

a. En el Juzgado Octavo Civil Municipal de Mínima Cuantía de Neiva se

la administración de justicia.

2. Fundamentación fáctica.

Como sustento de orden fáctico, refieren lo siguiente:

a. En el Juzgado Octavo Civil Municipal de Mínima Cuantía de Neiva se tramitó el proceso ejecutivo mixto promovido por Global de Colombia Sa contra los señores Aristóbulo Valencia no Parra (qepd ) e Idali González Gómez (rad. 41001 40 03 008 2013 00639 00).Idali González Gómez vs. Nación – Rama judicial y otro 41 001 33 33 005-2017-00106-01 2

b. El 27 de noviembre de 2013, el juzgado libró mandamiento de pago.

c. Ese mismo día se ordenó el embargo y secuestro del vehículo marca Chevrolet, de placas TBY-134, tipo furgón (línea Nrr Partner), modelo 2010, de propiedad del señor Aristóbulo Valenciano Parra.

d. Por conducto del oficio 2280 del 27 de noviembre de 2013, el juzgado comunicó la medida cautelar al director de la unidad de tránsito y transporte de Palermo.

e. Mediante oficio CE602013 del 16 de enero de 2014, dicha dependencia le informó al juzgado que la medida había sido “radicada a nivel nacional”, a través del Runt.

f. El 13 de mayo de 2014, el juzgado ordenó oficiar al jefe de policía judicial grupo automotores para que dispusiera la retención del vehículo y fuera puesto a disposición del despacho en el parqueadero Patios Las Ceibas de Neiva, librándose el mismo día la correspondiente comunicación (oficio 926).

grupo automotores para que dispusiera la retención del vehículo y fuera puesto a disposición del despacho en el parqueadero Patios Las Ceibas de Neiva, librándose el mismo día la correspondiente comunicación (oficio 926).

g. El juzgado omitió designar un secuestre para la debida y correcta custodia, conservación y administración del bien embargado, como lo dispone el artículo 10 del Cpc.

h. El vehículo fue inmovilizado el 3 de junio de 2014 por la “Policía Nacional Seccional de Tránsito y Transporte de Valle del Cauca”; encontrándose en perfectas condiciones.

1. Dicha secciona l no puso a disposición del juzgado el vehículo en el parqueadero Patios Las Ceibas de Neiva, sino que lo trasladó a un “aparente parqueadero” denominado “Los P rimos”, ubicado en el municipio de Yumbo

(Valle del Cauca).

j. Ante el “desacato” de la Policía; teniendo en cuenta los riesgos que corría el v ehículo, su eventual deterioro y el incremento de los costos de l parqueadero; el 6 de junio de 2014 la apoderada de la parte ejecutada le solicitó al juzgado el traslado del vehículo (prendado a favor de Global de Colombia Sa).

k. El 24 de julio de 2014, el juzgado negó la solicitud, considerando que “es al señor secuestre a quien le corresponde su administración conforme el numeral 4 del Art. 681 del C. de P. Civil y numeral 2 del Art. 684 de la misma obra”. Argumento que riñe con la realidad, porque en el proceso no se designó un secuestre de la lista de auxiliares de la justicia.

Art. 681 del C. de P. Civil y numeral 2 del Art. 684 de la misma obra”. Argumento que riñe con la realidad, porque en el proceso no se designó un secuestre de la lista de auxiliares de la justicia.

l. En el mismo auto comisionó al Juez Civil Municipal de Yumbo (reparto) para que procediera al secuestro del vehículo.Idali González Gómez vs. Nación – Rama judicial y otro 41 001 33 33 005-2017-00106-01 3

m. Durante el trámite del proceso ejecutivo falleció el señor Aristóbulo Valenciano Parra ( el 9 de febrero de 2014). H echo que fue puesto en conocimiento del juzgado el 1º de agosto de 2014.

n. El 11 de agosto de 2014, el juzgado libró el despacho comisorio 0011322014; el cual, fue asignado por reparto al Juzgado Primero Civil Municipal de Yumbo.

ñ. Por conducto del oficio 1197 del 22 de agosto de 2014, el juzgado comisionado le solicitó al juzgado comitente que lo autorizara para “subcomisionar a la inspección superior de la Policía de la localidad de Yumbo”. Petición que fue ignorada.

o. Global de Colombia Sa e Idali González Gómez llegaron a un acuerdo de pago y el 12 de septiembre de 2014 le solicitaron al juzgado la terminación del proceso ejecutivo , por pago total de la obligación; el consecuente levantamiento de las medidas cautelares y el archivo definitivo.

p. El juzgado accedió a dichas solicitudes el 15 de septiembre siguiente.

q. Previa solicitud de la parte ejecutada, el 17 de septiembre de 2014 el

levantamiento de las medidas cautelares y el archivo definitivo.

p. El juzgado accedió a dichas solicitudes el 15 de septiembre siguiente.

q. Previa solicitud de la parte ejecutada, el 17 de septiembre de 2014 el juzgado autorizó al señor Juan Pablo Valenciano González (hijo del señor Aristóbulo Valenciano Parra) que recibiera el vehículo.

r. Por medio de los oficios 2162, 2163 y 2164 librados en esa misma fecha, el juzgado comunicó la terminación del proceso ejecutivo y la referida autorización al grupo automotores de la Policía, al director de tránsito y transporte de Palermo y al parqueadero “Los Primos”.

s. En el momento de la entrega , el vehículo se encontraba desvalijado y saqueado (no contaba con alternador, filtros, stop, luces y direccionales traseras, baterías, parabrisas, entre otras partes faltantes); y fue imposible ponerlo en funcionamiento para poder retirarlo.

Es más, era menos costoso perder lo que quedaba del vehículo que pagar la suma exigida por el supuesto servicio de “parqueo”.

t. Ante tales hechos, el 24 de diciembre de 2014 la señora Idali Gonzále z Gómez radicó una denuncia en la Fiscalía (768926000190201402535).

u. Como consecuencia del embargo y secuestro del vehículo y su posterior deterioro, los demandantes han padecido una situación económica precaria, y para solventar sus necesidades básicas tuvieron que vender su vivienda, ubicada en la carrera 7 No. 10-05 de Timaná.

3. Fundamentación legal.Idali González Gómez vs. Nación – Rama judicial y otro

y para solventar sus necesidades básicas tuvieron que vender su vivienda, ubicada en la carrera 7 No. 10-05 de Timaná.

3. Fundamentación legal.Idali González Gómez vs. Nación – Rama judicial y otro 41 001 33 33 005-2017-00106-01 4

Como fundamento, se limitó a precisar que el presente medio de control se fundamenta en una “…típica responsabilidad por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y por la falla o falta del servicio”.

4. La oposición.

a. Rama Judicial.

Luego de referirse a cada uno de los hechos, se op uso a la prosperidad de las pretensiones, y como medios defensivos propuso las siguientes excepciones:

a. Inexistencia de perjuicios.

Las decisiones jurisdiccionales se soportaron en las normas constitucionales y legales vigentes , por lo tanto, no existen perjuicios que la entidad deba indemnizar.

b. Culpa exclusiva de la víctima.

La parte demandante no interpuso oportunamente los recursos procedentes (artículo 70 de la Ley 270 de 1996).

c. Hecho exclusivo de un tercero.

Se configura porque los daños del vehículo fueron causadas en el Parqueadero El Primo 10 -26, ubicado en Yumbo (Valle del Cauca), el cual, estaba debidamente autorizado por las autoridades de tránsito de esa localidad “…para prestar los servicios de parqueadero de aquellos veh ículos que sean inmovilizados por cont roversias a las normas de tránsito; reiterando que la orden

estaba debidamente autorizado por las autoridades de tránsito de esa localidad “…para prestar los servicios de parqueadero de aquellos veh ículos que sean inmovilizados por cont roversias a las normas de tránsito; reiterando que la orden impartida por el Juez fue ponerlo a disposición del parqueadero las ceibas de la ciudad de Neiva y no donde fue llevado.

Es decir que los supuestos da ños que reclama la parte actora, fueron ejecu tados al interior del parqueadero arriba referido, y el cual se encuentra con el aval del Municipio de Yumbo, por lo cual la participaci ón de este órgano Municipal fue determinante en el daño que reclama la parte actora”.

d. Innominada.

Las demás que el juzgador encuentre probadas.

b. Policía Nacional.

Luego de referirse a cada uno de los hechos, se opone a la prosperidad de las pretensiones, argumentando que en cumplimiento de la orden emitida por el Juzgado Octavo Civil Municipal de Neiva, el 3 de junio de 2014 laIdali González Gómez vs. Nación – Rama judicial y otro 41 001 33 33 005-2017-00106-01 5

entidad inmovilizó el vehículo de placas TBY -134, fue trasladado al parqueadero oficial del municipio de Yumbo y puesto a disposición de la autoridad judicial señalada; quien a partir de ese momento quedó a cargo de su guarda y custodia.

La Policía tiene como función principal la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, y en el sub judice su obligación se limitaba a entregar el vehículo a órdenes del juzgado; carga que fue cumplida.

La Policía tiene como función principal la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, y en el sub judice su obligación se limitaba a entregar el vehículo a órdenes del juzgado; carga que fue cumplida.

En efecto, en uno de los autos proferidos el referido juzgado indicó:

"... En consecuencia de lo anterior y como en este proceso se encuentra debidamente embargado el vehículo automotor distinguido con las placas TBY134, de servicio público, puesto a disposición por la Policía Nacional, desde el Municipio de Yumbo Departamento del Valle del cauca, desde el aparcadero “LOS PRIMOS YUMBO PATOS (sic) OFICIALES carrera 6º N°. 10-26, el Juzgado ordena su secuestro comisionándose para ello y con amplias facultades".

Así mismo, la autoridad judicial no formuló ningún reparo por el lugar donde fue ubicado el automotor, “lo cual, deja entrever que dicha situación no genera algún tipo de irregularidad o arbitrariedad”.

El daño alegado por los demandantes no provino de la acción de la Policía, sino de la omisión de la autoridad judicial en la guarda y custodia del bien. Incluso, el 4 de julio de 2014 el juzgado no había designado al secuestre que se encargara de su administración y cuidado (artículo 682 del Cpc).

Es más, el proceso terminó el 15 de septiembre de 2014 sin que el juzgado cumpliera con esa actuación.

Finalmente, solicita que se declare la falta de legitimación en la causa por activa, porque no se acreditó la propiedad del vehículo.

5. La audiencia inicial.

cumpliera con esa actuación.

Finalmente, solicita que se declare la falta de legitimación en la causa por activa, porque no se acreditó la propiedad del vehículo.

5. La audiencia inicial.

La audiencia inicial se llevó a cabo el 29 de noviembre de 2018. En la misma, el a quo defirió para la sentencia el estudio de la excepción falta de legitimación en la causa por activa, fijó el litio y decretó pruebas.

6. Alegatos de conclusión.

Practicadas las pruebas decretadas, el 1º de agosto de 2019 el a quo corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, quienes manifestaron lo siguiente:

a. Parte actora.

Reiteró los argumentos planteados en la demanda.Idali González Gómez vs. Nación – Rama judicial y otro 41 001 33 33 005-2017-00106-01 6

b. Rama Judicial.

Considera que no se encuentra acreditado que el juzgado incurriera en un error, pues sus actuaciones se ajustaron a derecho.

c. Policía Nacional.

Insiste en el razonamiento que esgrimió al descorrer el traslado de la demanda.

d. Agente del Ministerio Público.

No rindió concepto.

7.- El fallo impugnado.

El 12 de junio de 2020 el a quo declaró probadas las excepciones cumplimiento de un deber legal, inexistencia de perjuicios y culpa exclusiva de la víctima; negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas.

cumplimiento de un deber legal, inexistencia de perjuicios y culpa exclusiva de la víctima; negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas.

Con base en los artículos 66, 67 y 70 de la Ley 270 de 1996 , aclara que el error judicial se configura cuando se emiten providencias contrarias al ordenamiento jurídico y el afectado interpone los recursos “ordinarios de ley”, y que en el presente caso se cuestiona la omisión de designar secuestre en el auto que decretó el embargo.

Luego analizar los hechos probados , estima que los demandantes no agotaron los medios de defensa judicial que tenían a su alcance (recursos y nulidades); dando lugar a la configuración de la culpa exclusiva de la víctima.

De otro lado, la Policía actuó dentro del marco de sus facultades legales y constitucionales y en ejercicio de su competencia territorial en el momento de inmovilizar al vehículo. Máxime, si son las autoridades judiciales las que libran dichas órdenes y decretan los embargos y secuestros.

Argumentó “que la Seccional de Tránsito y Transporte del Valle del Cauca de ese Departamento de Policía, no podía excederse más allá del campo o radio de acción dentro de su perímetro o jurisdicción territorial, pues hacerlo, para conducir el vehículo hasta los patios de Neiva, implicaría extralimitarse en sus funciones y comp etencias; razón por la cual, a la luz de la sana crítica, éste Juzgado considera, que fue inmovilizado en los términos establecidos por el legislador para ello, en el parqueadero autorizado y aprobado

cual, a la luz de la sana crítica, éste Juzgado considera, que fue inmovilizado en los términos establecidos por el legislador para ello, en el parqueadero autorizado y aprobado por el organismo de tránsito competente dentro de su ju risdicción territorial, en un departamento lejano y diferente en donde se radicó la demanda, y teniendo en cuenta lo señalado por la Institución, que: “de acuerdo a comunicación telefónica con ese despacho judicial, solicita sea dejado a disposición de par queadero oficiales de esa jurisdicción, en ningún momento se ordenó traslado hasta el Departamento del Huila, porIdali González Gómez vs. Nación – Rama judicial y otro 41 001 33 33 005-2017-00106-01 7

los anterior se dejó a disposición del parqueadero los PRIMOS del municipio de YUMBOVALLE mediante oficio 258, siendo llevado por el mismo co nductor.” (Ver folio 117 del cuaderno principal No. 1.)”.

Así mismo, considera que el auto del 24 de julio de 2014, mediante el cual se comisionó al Juez Civil Municipal de Yumbo (reparto) para que practicara el secuestro del automotor (decisión que no fue recurrida) , no es una decisión arbitraria por no haber designado directamente el secuestre, “porque es en últimas el Juzgado Comisionado, quien señala fecha y hora para la realización de la diligencia de secuestro y nombra al auxiliar de la jus ticia inscrito en su jurisdicción territorial, para que funja como Secuestre al tener amplias facultades para ello, de conformidad con los artículos 9° y 10 del C. de P. Civil”.

territorial, para que funja como Secuestre al tener amplias facultades para ello, de conformidad con los artículos 9° y 10 del C. de P. Civil”.

En ejercicio de sus funciones, el 22 de agosto de 2014 el j uzgado comisionado solicitó facultades para subcomisionar a la inspección superior de policía de esa localidad para que atendiera la diligencia . Actuación que tampoco configurara un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

Aclaró que la anterior actuación solo fue conocida por el Juzgado Octavo Civil Municipal de Mínima Cuantía de Neiva el 17 de septiembre de 2014; cuando ya había terminado el proceso ejecutivo por pago total de la obligación (auto del 15 de septiembre de 2014). Por ese motivo la diligencia de secuestro no se alcanzó a realizar.

Destaca que dicho juzgado intervino para para proteger los derechos de los sucesores aquí demandantes, porque mediante auto del 17 de septiembre de 2014 le ordenó al parqueadero “Los Primos Yumbo patios oficiales” la entrega del automotor.

Seguidamente, considera que la parte demandante fue negligente durante el trámite del proceso ejecutivo: “i) Porque no manifestó en oportunidad legal alguna su intención de ser depositaria del carro, en los tér minos establecidos jurisprudencialmente por el Consejo de Estado, ii) De conformidad con el artículo 9° del C. de P. Civil literal d), Las partes podrán de consuno, en el curso del proceso, designar peritos y secuestres y reemplazar a éste, hecho que contr adice lo señalado en la demanda, cuando afirman que el Juzgado omitió realizar la designación del Secuestre,

peritos y secuestres y reemplazar a éste, hecho que contr adice lo señalado en la demanda, cuando afirman que el Juzgado omitió realizar la designación del Secuestre, cuanto estaban plenamente facultadas las partes para su designación y así subsanar esa “falencia”, iii) es evidente que el vehículo de la parte dem andante no se extravió ni se hurtó en su totalidad, pues conocían de su paradero y aun así omitieron reclamarlo formalmente, y iv) no obra prueba del pago del servicio de parqueadero en los términos establecidos para el presente caso, de conformidad con el artículo 128 de la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito), sustituido por el artículo 1 de la Ley 1730 de 2014, y así cumplir con el requisito legal de la realización del inventario a la salida del vehículo inmovilizado, en los términos del parágra fo 7° del artículo 125 de la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito)”.

La parte accionante no acreditó el eventual daño derivado de la presunta falta de entrega del vehículo , porque la orden de entrega se materializó mediante oficio 2164 del 17 de septiembre de 2014 , y al parecer, losIdali González Gómez vs. Nación – Rama judicial y otro 41 001 33 33 005-2017-00106-01 8

interesados solo se presentaron a reclamar el vehículo el 24 de diciembre de 2014, es decir, más de tres meses después de terminado el proceso.

Además, la prueba doc umental y testimonial permite colegir que los demandantes no han solicitado legalmente la entrega formal del vehículo al parqueadero, en los términos establecidos en el parágrafo 1º del artículo

Además, la prueba doc umental y testimonial permite colegir que los demandantes no han solicitado legalmente la entrega formal del vehículo al parqueadero, en los términos establecidos en el parágrafo 1º del artículo 125 de la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito)1.

Así mismo, “la parte actora se limita a manifestar que el hurto de las autopartes, dejaron inutilizable el vehículo y no apto para desarrollar cualquier tipo de actividad económica por pérdida total, ante lo cual, el Juzgado reitera que no se observa prueba en el plenario de éste hecho o del daño le causó la no entrega de lo que quedaba del vehículo, pues no obra inventario del vehículo de salida para poder determinarlo, por lo que está probada la pasividad de la parte actora ante una situación que conoció desde el primer momento, como lo era el embargo e i nmovilización del vehículo del causante ARISTÓBULO

VALENCIANO PARRA”.

8. La impugnación.

Inconforme con esa decisión, la apoderada de la parte actora interpuso el recurso de apelación, planteando los siguientes argumentos de disenso:

a. En el momento de abordar los presupuestos para declarar la responsabilidad (daño, nexo de causalidad e imputación), el a quo no analizó en conjunto de las pruebas documentales y testimoniales.

b. Le r estó valor probatorio a las fotografías aportadas ; las cuales, en cualquier caso, deben valorarse en armonía con los otros medios de prueba. Cuando el documento representativo no es desconocido o tachado, procede su valoración, al menos como indicio del estado del vehículo, dado que existe libertad probatoria.

cualquier caso, deben valorarse en armonía con los otros medios de prueba. Cuando el documento representativo no es desconocido o tachado, procede su valoración, al menos como indicio del estado del vehículo, dado que existe libertad probatoria.

c. En la sentencia, equivocadamente se aludió a jurisprudencia relacionada con la falla médica; lo cual, “…obliga a mirar con cautela el pronunciamiento que se apela, por cuento el mismo contiene una serie de yerros que desconocen la realidad fáctica y probatoria particular”.

d. El señor Aristóbulo Valenciano Parra falleció el 9 de febrero de 2014 y en ese momento no se hab ía notificado el mandamiento de pago del 27 de noviembre de 2013. La señora Idali González Gómez y sus hijos se enteraron de la existencia del proceso ejecutivo con la retención del vehículo (el 3 de junio de 2014); por lo que el interés que reclama el a quo no había surgido (la notificación se dio por conducta concluyente).

1 “ En todo caso, el ingreso del vehículo al lugar de inmovilización deberá hacerse previo inventario de los elementos contenidos en él y descripción del estado exterior. Este mismo procedimiento se hará a la salida del vehículo. En caso de diferencias entre el inventario de recibo y el de entrega, el propietario o administrador del parqueadero autorizado incurrirá en multa de veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes y, adicionalmente, deberá responder por los elementos extraviados, dañados o averiados del vehículo”.Idali González Gómez vs. Nación – Rama judicial y otro 41 001 33 33 005-2017-00106-01 9

averiados del vehículo”.Idali González Gómez vs. Nación – Rama judicial y otro 41 001 33 33 005-2017-00106-01 9

Antes de tener ese conocimiento no se puede reprochar la no interposición de nulidades o recursos.

e. La decisión del a quo “no se compadece con la administración de justicia” . Los demandantes no son propietarios de una flotilla de camiones ni empresarios del transporte de alimentos . Se trata de una familia que con el fin de asegurar su sustento , decidió comprometer su patrimonio y vender el inmueble donde residían para liberar el vehículo retenido.

f. El automotor fue puesto a disposición del Juzgado Octavo Civil Municipal de Neiva por conducto del oficio S-2014-258 del 3 de junio de 2014 (radicado en la oficina de correspondencia de la Oficina Judicial de Neiva el 5 de junio de 2014).

El 6 de junio de 2014 la parte ejecutante solicitó el traslado del automotor a la ciudad de Neiva , con el fin de evitar su deterioro y el aumento de los costos de parqueo. Petición denegada por el juzgado el 24 de julio de 2014, al comisionar a los “juzgados de Yumbo” (reparto) para que realizaran el secuestro del vehículo, otorgándoles amplias facultades.

Esa providencia no fue recurrida porque impulsaba el proceso (aspecto que interesaba a las partes) y en atención a los principios de confianza legítima y buena fe procesal ; amén de que impugnarlo implicaría dilatar la controversia.

g. No obstante, se configuró una mora judicial en la resolución de la referida

y buena fe procesal ; amén de que impugnarlo implicaría dilatar la controversia.

g. No obstante, se configuró una mora judicial en la resolución de la referida petición, pues la decisión legalmente no podía extenderse más de dos semanas (artículo 124 del Cpc), de acuerdo con la siguiente contabilización:

“1. Viernes 6 de junio de 2014: Fecha de presentación de memorial solicitando autorización para el traslado del vehículo y designación de secuestre. inhábiles 7 y 8 de junio y el 9 de junio llega la solicitud al despacho.

2. Martes 10 de junio de 2014: debió ser la fecha de elaboración del auto;

3. Miércoles 11 de junio de 2014: tenía que ser el día que permanecería en secretaria el auto;

4. Jueves 12 de junio de 2014: habría sido el día de fijación en lista de estado, y;

5. Viernes 13 de junio de 2014: sería el primer día a partir del cual se contarían los tres (3) días de ejecutoria de dicho auto;

6. Miércoles 18 de junio de 2014 : seria el día en que se expidiera la constancia de ejecutoria del auto notificado por estado”.

Es más, desde el momento en que el juzgado tuvo conocimiento de la retención del vehículo, debió proceder a designar un secuestre , lo cual no ocurrió. Retardo injustificado que “terminó por afectar los intereses sobre el vehículo”.

h. De acuerdo con el artículo 140 del CPC, no era procedente invocar ninguna de la s causales taxativas de nulidad; dado que el “proceso seguía su cursoIdali González Gómez vs. Nación – Rama judicial y otro

vehículo”.

h. De acuerdo con el artículo 140 del CPC, no era procedente invocar ninguna de la s causales taxativas de nulidad; dado que el “proceso seguía su cursoIdali González Gómez vs. Nación – Rama judicial y otro 41 001 33 33 005-2017-00106-01 10

normal, aunque con el retardo injustificado en la resolución y designación de secuestre para el vehículo”.

1. El a quo estima que el juzgado comitente solo conoció la solicitud del juzgado comisionado después de que el proceso ejecutivo finalizó ; lo cual, ratifica la configuración de un “defectuoso funcionamiento de acceso a la administración de justicia”.

j. En el presente caso se debe aplicar el título de responsabilidad objetivo de “daño especial por deficiente funcionamiento de la administración de justicia”, pues no se salvaguardaron los bienes y derechos de los aquí demandantes. Se configura lo que la jurisprudencia denomina “mal servicios administrativo de justicia”.

k. El juez de instancia aduce que “el secuestro del vehículo no quedó a órdenes del Juzgado Octavo Civil Municipal” por pago total de la obligación. Argumento que no exonera de responsabilidad a las demandadas, porque el secuestro no se realizó porque no se designó secuestre. Amén de que el Juzgado Primero Civil Municipal de Yumbo solicitó subcomisionar a la inspección de policía de esa localidad para la realización de la diligencia de secuestro ; sin que el juzgado comitente se hubiera pronunciado (decisión que no puede considerarse como un auto recurrible).

l. La orden de retener el vehículo y trasladarlo al parqueadero Las Ceibas2

juzgado comitente se hubiera pronunciado (decisión que no puede considerarse como un auto recurrible).

l. La orden de retener el vehículo y trasladarlo al parqueadero Las Ceibas2 no se materializó por parte de la Policía Nacional , porque se ubicó en el parqueadero Los Primos del municipio de Yumbo.

Se debió cumplir la orden judicial, en coordinación con el comando de policía de carreteras del Huila y no dejar el vehículo “en cualquier parqueadero y donde no se ordenó judicialmente”.

Así mismo, el artículo 125 de la Ley 769 de 2002 consagra la obligación legal de inmovilizar, pero no libera a la entidad del cumplimiento de las órdenes jurisdiccionales (aspecto no analizado).

m. “…el auto del 17 de septiembre de 2014 [levantamiento de medidas cautelares y entrega del vehículo] era una providencia de cumplimiento o ejecución de lo ordenado en el auto del 15 de septiembre de 2014, expedida por el Juzgado Octavo Civil Municipal de Neiva y ni mis mandantes, ni la ejecutan te en el proceso ejecutivo, insistieron en la designación de secuestre, dado que ya habían solucionado el proceso, por el pago de la obligación ejecutiva y mal harían las partes en incurrir en gastos adicionales que perjudicaran en mayor medida a los demandantes en este medio de control”.

n. Se configura un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, porque el Juzgado Octavo Civil Municipal de Neiva se “desentendió” de la comisión ordenada.

2 Auto del 13 de mayo de 2014 comunicado mediante el oficio 926 de la misma fecha.Idali González Gómez vs. Nación – Rama judicial y otro

de la comisión ordenada.

2 Auto del 13 de mayo de 2014 comunicado mediante el oficio 926 de la misma fecha.Idali González Gómez vs. Nación – Rama judicial y otro 41 001 33 33 005-2017-00106-01 11

ñ. Es contradictorio afirmar que los demandantes no fueron diligentes porque no llegaron a un acuerdo con la parte ejecutante sobre la designación de secuestre; pues en todo caso se requería la autorización del juez; “lo cual habría más la resolución de traslado y designación de secuestre para la administración del vehículo”.

9. Alegaciones de conclusión en segunda instancia.

a. Parte actora.

Insiste en el razonamiento expuesto en la alzada.

b. Rama Judicial.

Reitera que se configura la excepción de culpa exclusiva de la víctima, puesto que los demandantes no reclamaron el vehículo oportunamente.

c. Policía Nacional.

Se apoya en el planteamiento formulado al contestar la demanda.

d. Concepto del Ministerio Público.

No rindió concepto.

III. CONSIDERACIONES.

1. La competencia del ad quem.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 153 del CPACA, ésta corporación es competente para resolver el recurso de apelación, y en razón a que el único impugnante es la parte actora; al tenor de lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso3, sólo se abordará el análisis de los argumentos esbozados en el escrito contentivo del recurso.

3Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

Código General del Proceso3, sólo se abordará el análisis de los argumentos esbozados en el escrito contentivo