TA PUT - 86001 3333 002 2022 00091 01-(24-07-2025)

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

SALA SEXTA DE DECISIÓN

M. P.: Dr. JOSÉ MILLER LUGO BARRERO

Neiva, ocho (8) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO

DEMANDANTE GABRIEL FERNANDO GUZMAN

RODRIGUEZ

DEMANDADO NACIÓN -MINISTERIO DE DEFENSAPOLICÍA NACIONAL

PROVIDENCIA SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA RADICACIÓN 41001333300620230021501

APROBADA EN SALA ACTA DE LA FECHA

ASUNTO

Agotadas las etapas procesales correspondientes a la segunda instancia y no observando causal de nulidad que invalide lo actuado, decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante , contra la sentencia del 15 de mayo de 2024 , pro ferida por el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva, mediante la cual se negaron las suplicas de la demanda.

1. LA DEMANDA1

Gabriel Fernando Guzmán Rodríguez, a través de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , demanda la nulidad de los actos administrativos contenidos en i) el oficio S2020-040491/DITAH ANOPA -1.10 del 14 de septiembre de 2020; ii) la resolución 127 del 14 de febrero de 2022 y; iii) la resolución 747 del 3 de marzo de 2023; a través de los cuales se le negó el reconocimiento y pago del subsidio familiar liquidado sobre el 39% del salario básico devengado, durante los años

de 2023; a través de los cuales se le negó el reconocimiento y pago del subsidio familiar liquidado sobre el 39% del salario básico devengado, durante los años 2016 a junio de 2019, y de julio de 2019 al 2023 como partida en la asignación de retiro.

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Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento solicita se condene a la entidad demandada a reconocer y pagar el subsidio familiar que percibió en servicio activo y se le establezca como partida computable en la asignación de retiro, de conformidad con los artículos 82 y 140 del decreto 1212 de 1990; suma resultante que deberá indexarse a partir del 1 de enero de 2016 hasta que se haga efectivo el reconocimiento y pago correspondiente. Asimismo, que se condene a la entidad al pago de costas y agencias en derecho.

1.1. Sustenta lo anterior en los siguientes HECHOS:

• Que, el 27 de agosto de 2020 el actor solicitó el reconocimiento y pago del subsidio familiar equivalente al 39% teniendo en cuenta los salarios y demás emolumentos percibidos en su condición de intendente; además, que se le agregara como partida computable en la asignación de retiro, en igualdad de condiciones a los Suboficiales de la Policía Nacional, dado

y demás emolumentos percibidos en su condición de intendente; además, que se le agregara como partida computable en la asignación de retiro, en igualdad de condiciones a los Suboficiales de la Policía Nacional, dado que no se estableció de manera clara el porcenta je correspondiente para el pago de esa prestación, al expedirse el Decreto 1091 de 1995.

• Que, el 15 de septiembre de 2020 se le notificó el oficio S -2020040991/DITAH ANOPA -1.10 del 14 de septiembre de 2020, suscrito por la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional y, a través de cual, se le niega el reconocimiento y pago del subsidio familiar bajo el argumento de no ser destinatario del mismo, dado que su vinculación se realizó al nivel ejecutivo, cuyo régimen salarial y prestacional es el establecido en el Decreto 1091 de 1995.

• Y que, tal decisión fue objeto de recursos de reposición y en subsidio de apelación, los cuales se resolvieron de manera desfavorable por conducto de los demás actos censurados.

1.2. Normas violadas y concepto de violación

Invoca como normas vulneradas los artículos 1º, 2°, 4º, 5°, 6°, 13, 25, 44, 48, 53, 83, 93 y 2018 de la Constitución Política ; el Protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales “Protocolo de San Salvador”; los Convenios 95, 100, 111 y 151 de la OIT; la Convención Americana de derechos Humanos;

Convención Americana de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales “Protocolo de San Salvador”; los Convenios 95, 100, 111 y 151 de la OIT; la Convención Americana de derechos Humanos; las Leyes 4 de 1992, 2294 de 2023 y 2179 de 2021; y, los Decretos 1212 de 1990, 1091 de 1995, 466 de 2022 y 669 de 2002.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 3 de 28 Nulidad y Restablecimiento del Derecho

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En síntesis, exp one que el personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional ha sido discriminatorio en el reconocimiento y pago del subsidio familiar como partida computable en la asignación de retiro, en comparación con los demás miembros de la Fuerza Pública; ello, a l argüir que, como en el Decreto 1091 de 1995 no se especificó el porcentaje de reconocimiento del subsidio familiar, al hacerlo el Gobierno Nacional lo fija de forma discrecional sin ajustarlo a la realidad social de estas familias, desmejorando dicha prestación, por excluir como beneficiario a la cónyuge o compañera permanente y, no reconocerlo en igualdad de condiciones que a los Suboficiales de la Policía Nacional (Decreto 1212 de 1990), a pesar de tener equivalencias en su dimensión laboral.

Por su pa rte, cita al Consejo de Estado respecto de la inaplicación del artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, con relación a la inclusión del subsidio

dimensión laboral.

Por su pa rte, cita al Consejo de Estado respecto de la inaplicación del artículo 16 del Decreto 4433 de 2004, con relación a la inclusión del subsidio familiar en la asignación de retiro de los soldados profesionales, al evidenciarse un trato desigual frente a los suboficiales y oficiales.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA2

Al descorrer el traslado de la demanda, la entidad se opuso a la prosperidad de las pretensiones, argumentando, que los actos administrativos objetos de control judicial no se encuentran viciados de nulidad, dado que se ajustan al marco jurídico del régimen de carrera y prestacional aplicable al nivel ejecutivo de la Policía Nacional.

Puntualmente, deprecó que en desarrollo de la Ley 4 de 1992, se expidió el Decreto 1091 de 1995, por el cual se expi dió el Régimen de Asignaciones y Prestaciones para el personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, creado mediante Decreto 132 de 1995, disposición que en sus artículos 15 a 21 retomó lo atinente al reconocimiento y pago del subsidio familiar, reit erando que la cuantía del subsidio seria determinada por el Gobierno Nacional.

Asimismo, concluyó que si el dem andate estaba inconforme con la fijación del monto del subsidio familiar reconocido por el Gobierno Nacional mientras se encontraba en actividad , en su condición de miembro del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional para los años en que contrajo matrimonio y nacieron sus hijos, hasta la fecha de retiro, debió demandar la nulidad de los Decretos que establecieron su cuantía para cada vigencia desde dicha anualidad,

Ejecutivo de la Policía Nacional para los años en que contrajo matrimonio y nacieron sus hijos, hasta la fecha de retiro, debió demandar la nulidad de los Decretos que establecieron su cuantía para cada vigencia desde dicha anualidad,

2 Documento a índice No. 24 del expediente electrónico de primera instancia - Samai.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 4 de 28 Nulidad y Restablecimiento del Derecho

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pues fue en virtud de estos que se fijó, conforme la competencia constitucional y legal, el monto del subsidio familiar para dichas vigencias, por lo que, mientras dichos actos administrativos se mantengan vigentes la Policía Nacional está en la obligación de acatarlos

3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA3

Mediante sentencia dictada el 15 de mayo de 2024 , el Juzgado Sexto Administrativo de Neiva , resolvió negar las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas a la parte demandante.

Para llegar a dicha conclusión, e l A quo encontró que el actor prestó sus servicios a la Policía Nacional como miembro del Nivel Ejecutivo – Intendentey su régimen salarial y prestacional se encuentra regulado por el Decreto 1091 de 1995.

A su vez, señaló que respecto de la controversia planteada por el demandante, existe jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado (sentencia

Decreto 1091 de 1995.

A su vez, señaló que respecto de la controversia planteada por el demandante, existe jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado (sentencia del 15 de febrero de 2018, radicado 17001-23-33-000-2013-00081-01(43702013 y sentencia del 26 de agosto de 2021, radicado 25000-23-42-000-20140273-02 (5057 -19), que no accede a las pretens iones, al no avizorar una posible discriminación en la aplicación del decreto 1091 de 1995 al personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, con ocasión a su homologación, sin que resulte más favorable el régimen salarial y prestacional de los Suboficiales de la Institución.

Ante ello, concluyó existe una normatividad específica y especial para el personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional que regula su régimen salarial y sobre el cual no existe reparo; además, respecto del subsidio familiar, determinó que es claro que en los diferentes regímenes de personal de la fuerza pública tiene una reglamentación particular que pueden diferenciarse en cuanto al hecho generador como en su cuantificación, pero ello, no implica vulneración alguna constitucional a la igualdad pues, se trata de sujetos diferentes; así como, que una relación laboral pública tiene diferentes factores de reconocimiento salarial y prestacional que deben ser evaluados en su totalidad, y que en el caso del personal ejecutivo, la conclusión es que tiene aspectos más beneficiosos que el régimen salarial de agentes de la Policía Nacional.

3 Documento a índice No. 36 del expediente electrónico de primera instancia –Samai.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 5 de 28

agentes de la Policía Nacional.

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En esa línea, se decantó en que en la medida que el emolumento denominado subsidio familiar del personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional tiene una consagración legal y expresa contenida en el decreto 1091 de 1995, no es admisible acudirse al régimen salarial y prestacional de otros, dado que iría en contra del principio de inescindibilidad normativa.

4. RECURSOS DE APELACIÓN4

La mandataria actora solicita que se revoque el fallo de primera instancia y en su lugar se acceda a la totalidad de las pretensiones, arguyendo, a pesar de reiterar los argumentos de la demanda, que el a quo realizando una sustentación de su decisión de forma general, omitiendo pronunciarse respecto a los fundamentos y características especiales señaladas en el medio de control, como la vulneración del principio de progresividad, principio de prohibición de no regresividad, principio de prohibición de discriminación y principio de interdicción de la arbitrariedad y principio de equidad salarial, que se presentan en el artículo 15 del Decreto 1091 de 1995.

Por otra parte, alega que, no se consideró de forma detallada el reiterado “enfoque de género diferencial” en el me dio de control, frente a los aspectos

en el artículo 15 del Decreto 1091 de 1995.

Por otra parte, alega que, no se consideró de forma detallada el reiterado “enfoque de género diferencial” en el me dio de control, frente a los aspectos discriminatorios negativos establecidos en el Decreto 1091 de 1995 sobre el “subsidio familiar”; el primero relacionado con vulneración de “los derechos de la familia en su dimensión integral y la mujer como soporte vi tal para el desarrollo de está”, debido a que en el Decreto relacionado se excluye a la cónyuge o compañera permanente, de las personas a cargo que darán derecho al subsidio familiar del personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional en servicio activo; y, la segunda, en el desarrollo del ejercicio comparativo, donde se utilizaron dos funcionarios en regímenes diferentes, pero con igualdad de equivalencias en su dimensión laboral (grado y funciones del cargo).

A su vez, que se presenta una infracción a la prohibición de retroceso, a pesar de encontrasen gobernados por régimen de carácter especial, que requieren un trato diferencial por las connotaciones relacionadas con el desarrollo laboral, por lo que, al no establecerse en el Decreto 1091 de 1995, un porcentaje acorde con la realidad de las circunstancias especialísimas del personal del nivel ejecutivo, como determinarse tal emolumento como un factor salarial, se presenta una discriminación negativa y arbitraria por parte d el Ejecutivo.

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Demandante: Gabriel Fernando Guzmán Rodríguez

Demandado: Nación -Ministerio de Defensa-Policía Nacional

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Y, por último, depreca que a los únicos funcionarios que se les excluye como partida computable para efectos de asignación de retiro y pensión, es a los miembros del Nivel Ejecutivo.

5. TRÁMITE EN ESTA INSTANCIA

El recurso se admitió mediante auto del 2 de julio de 20245 y al no haber existido solicitud probatoria alguna en segunda instancia, el asunto ingresó para emitir sentencia (artículo 247-5 del CPACA modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 del 2021).

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. COMPETENCIA

La Sala es competente para conocer del presente proceso en segunda instancia de conformidad con los artículos 125, 153 y 243 de la Ley 1437 de 2011, por tratarse del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de primera instancia.

2. PROBLEMA JURÍDICO

Como el a quo negó las súplicas de la demanda y la parte demanda nte apeló tal decisión, la Sala procederá a decidir , conforme a los reparos presentado y el artículo 328 del CGP ¿si debe confirmarse la sentencia de primera instancia y de paso la negativa de declarar la nulidad de los actos censurados y a través de los cuales la Nación - Ministerio de DefensaPolicía Nacional, denegó la solicitud de reliquidación e inclusión del subsidio familiar

primera instancia y de paso la negativa de declarar la nulidad de los actos censurados y a través de los cuales la Nación - Ministerio de DefensaPolicía Nacional, denegó la solicitud de reliquidación e inclusión del subsidio familiar de conformidad con los artículos 82 y 140 del decreto 1212 de 1990, esto es, el equivalente al 39% sobre los salarios percibidos en servicio activo (a partir del 1 de enero de 2016 hasta junio de 2019) y como partida computable para efectos de la asignación de retiro (a partir de julio de 2019)? y si, en consecuencia, ¿tiene derecho a que reliquide tal prestación social con esa

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partida y que se le reconozca y pague las diferencias que resulten de esa inclusión?

Igualmente, será necesario resolver si la partida del subsidio familiar, en caso de ser procedente su inclusión, debe liquidarse con el porcentaje establecido para los agentes de la institución y no como miembro del nivel ejecutivo.

Para ello, la Sala inicialmente analizará el marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso en estudio; seguidamente, se procederá a establecer los hechos probados en el proceso y se abordará el estudio del caso concreto.

3. TESIS DE LA SALA

jurisprudencial aplicable al caso en estudio; seguidamente, se procederá a establecer los hechos probados en el proceso y se abordará el estudio del caso concreto.

3. TESIS DE LA SALA

La sentencia de primera instancia será confirmada, al constatarse que los actos administrativos demandados no se encuentran viciados de nulidad, toda vez que fueron expedidos con las normas en las que debían fundarse y estas no deben ser inaplicadas por vía de excepción de inconstitucionalidad, por cuanto no existe vulneración al derecho a la igualdad de la parte demandante, quien plantea una comparación entre las asignaciones prestacionales, salariales y de retiro devengadas por él y las reconocidas a otros miembros de la Policía Nacional, sin tener en cuenta que están reguladas por regímenes diferentes, que contienen aspectos sobre ingreso, ascenso, funciones, prestaciones y salarios específicos para Agentes, miembros del Nivel Ejecutivo, Suboficiales y Oficiales y que los regímenes salarial y prestacional establecidos para el Nivel Ejecutivo en el Decreto 1091 de 1995, fueron aceptados por él en su integridad en el momento en que decidió de manera voluntaria incorporarse a dicha categoría de policiales y a dicha normativa se encuentra sometido.

Por otra parte, como quiera que la demanda no se presentó con manifiesta carencia de fundamentación lega y ante la falta de elemento de convicción que demuestre la existencia de gastos o expensas, no era procedente la condena en costas.

4. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL APLICABLES

demuestre la existencia de gastos o expensas, no era procedente la condena en costas.

4. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL APLICABLES

4.1. De los uniformados del nivel ejecutivo de la Policía NacionalTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 8 de 28 Nulidad y Restablecimiento del Derecho

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Previo a la creación del nivel ejecutivo, la Policía Nacional se encontraba conformada por oficiales, suboficiales y agentes de la institución, cuyo estatuto de personal se encontraba regulado en los Decretos 1212 y 1213 de 1990.

En cuanto a los Agentes de la Policía Nacional –homologado al nivel ejecutivo el 1º de julio de 1996-, se encontraban regidos por el Decreto 1213 de 1990, el cual contemplaba en los artículos 100 y 104 las partidas computables para calcular la asignación de retiro, a saber, el “ sueldo básico, la prima de actividad en los porcentajes previstos en ese Decreto, la prima de antigüedad, 1/12 parte de la prima de navidad, el subsidio familiar en los términos allí indicados, y la bonificación por compensación regulada en el artículo 1º de la Ley 420 de 1998”, indicándose en el parágrafo del artículo 100 que ninguna de las otras primas, prestaciones, subsidios, auxilios y compen saciones, serían computables para efectos de la asignación de retiro.

Ley 420 de 1998”, indicándose en el parágrafo del artículo 100 que ninguna de las otras primas, prestaciones, subsidios, auxilios y compen saciones, serían computables para efectos de la asignación de retiro.

Asimismo, el Nivel Ejecutivo se creó a través del Decreto 041 del 10 de enero de 1994; no obstante, el mismo fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-417 del 22 de septiembre de 1994, con el argumento que el Gobierno Nacional había extralimitado el ejercicio de las atribuciones que le habían sido conferidas mediante la Ley 62 de 1993.

Antes de dicha sentencia, el 31 de enero de 1994 se había expedid o el Decreto 262 que modificó las normas del personal de agentes de la Policía Nacional y estableció para los agentes de la institución el ingreso al nivel ejecutivo previa solicitud dirigida a la Dirección General de la Policía Nacional con el cumplimiento de los requisitos allí establecidos; dicho ingreso implicaba el sometimiento al régimen salarial y prestacional determinado por el Gobierno Nacional para este nivel, según lo consignado en el artículo 8 de la misma norma.

Ante la declaratoria de inexeq uibilidad del Decreto 041 de 1994, se expidió la Ley 180 de 1995, otorgando facultades al Presidente de la República para desarrollar la carrera profesional del nivel ejecutivo, y en el artículo 7 se estableció que harían parte del nivel ejecutivo quienes ingresaran por primera vez a la institución, proceso conocido como incorporación directa, así como los miembros activos en la Policía Nacional en calidad de suboficiales o agentes, que voluntariamente solicitaran el ingreso a este nivel, proceso que se conoce como homologación.

vez a la institución, proceso conocido como incorporación directa, así como los miembros activos en la Policía Nacional en calidad de suboficiales o agentes, que voluntariamente solicitaran el ingreso a este nivel, proceso que se conoce como homologación.

Dicha norma consagró que la creación de este nivel “no podrá discriminar ni desmejorar, en ningún aspecto, la situación actual de quienes estando al servicio de la Policía Nacional ingresen al Nivel Ejecutivo”, de talTRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 9 de 28 Nulidad y Restablecimiento del Derecho

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suerte que se creó una protección especial respecto de quienes fueron homologados al nivel ejecutivo.

Teniendo en cuenta las facultades otorgadas, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 132 de 1995, el cual consagró en su artículo 13 la posibilidad que los agentes i ngresaran al nivel ejecutivo voluntariamente previa solicitud directa, en el artículo 15, se determinó que estos quedarían sometidos al régimen salarial y prestacional determinado para este nivel y en el artículo 82 reiteró que “el ingreso al Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional no podrá discriminar, ni desmejorar en ningún aspecto la situación de quienes están al servicio de la Policía Nacional”.

Luego se expide el Decreto 1091 de 1995, con el cual se fijó el régimen de asignaciones y prestaciones para el personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, estableciendo factores como: primas de servicio, de retorno a la

Luego se expide el Decreto 1091 de 1995, con el cual se fijó el régimen de asignaciones y prestaciones para el personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, estableciendo factores como: primas de servicio, de retorno a la experiencia, de vacaciones, y los subsidios de alimentación y familiar.

Concretamente, en lo que respecta al subsidio familiar, la citada norma previó:

"ARTÍCULO 15. DEFINICIÓN. El subsidio familiar es una prestación social pagadera en dinero, especie y servicios al personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional en servicio activo, en proporción al número de personas a cargo y de acuerdo a su remuneración mensual, con el fin de disminuir las cargas económicas que representa el sostenimiento de la familia. Esta prestación esta rá a cargo del Instituto para la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional.

PARÁGRAFO. El subsidio familiar no es salario, ni se computa como factor del mismo en ningún caso.

ARTÍCULO 16. PAGO EN DINERO DEL SUBSIDIO FAMILIAR. El subsidio familiar se pagará al personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional en servicio activo. El Gobierno Nacional determinará la cuantía del subsidio por persona a cargo.

ARTÍCULO 17. DE LAS PERSONAS A CARGO. Darán derecho al subsidio familiar las personas a cargo del personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional en servicio activo, que a continuación se enumeran:

a. Los hijos legítimos, extramatrimoniales, adoptivos e hijastros menores de doce (12) años. b. Los hijos legítimos, extramatrimoniales, adoptivos e hijastros mayores de doce

a. Los hijos legítimos, extramatrimoniales, adoptivos e hijastros menores de doce (12) años. b. Los hijos legítimos, extramatrimoniales, adoptivos e hijastros mayores de doce (12) años y menores de veintitrés (23 años, que acrediten estar adelantando estudios primarios, secundarios y postsecundarios en establecimientos docentes oficialmente aprobados. c . Los hermanos huérfanos de padre menores de dieciocho (18) años. d. Los hijos y hermanos huérfanos de padre que sean inválidos o de capacidad física disminuida, que hayan perdido más del 60% de su capacidad normal de trabajo.TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 10 de 28 Nulidad y Restablecimiento del Derecho

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e. Los padres mayor es de sesenta (60) años, siempre y cuando no reciban salario, renta o pensión alguna. Para efecto del pago del subsidio se consideran personas a cargo las enumeradas, cuando convivan y dependan económicamente del personal del nivel ejecutivo y se hallen dentro de las condiciones aquí estipuladas.”

Ahora bien, el Decreto 1212 de 1990 "por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional" consagra en su artículo 82 el subsidio familiar para los oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional, en los siguientes términos:

“ARTICULO 82. Subsidio familiar. A partir de la vigencia del presente Decreto los

artículo 82 el subsidio familiar para los oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional, en los siguientes términos:

“ARTICULO 82. Subsidio familiar. A partir de la vigencia del presente Decreto los Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional, en servicio activo, tendrán derecho al pago de un subsidio familiar que se liquidará mensualmente sobre el sueldo básico, así:

a. Casados el treinta por ciento (30%), más los porcentajes a que se tenga derecho conforme al literal c. de este artículo. b. Viudos, con hijos habidos dentro del matrimonio por los que exista el derecho a devengarlo, el treinta por ciento (30%), más los porcentajes de que trata el literal c. Del presente artículo. c. Por el primer hijo el cinco por ciento (5%) y un cuatro por ciento (4%) por cada uno de los demás, sin que se sobrepase por este concepto del diecisiete por ciento (17%).

PARAGRAFO lo. El límite establecido en el literal c. de este artículo no afectará a los Oficiales y Suboficiales que, por razón de hijos nacidos con anterioridad al 31 de octubre de 1969, estuviesen disfrutando o tuviesen derecho a disfrutar, de porcentajes superiores al diecisiete por ciento (17%), ya que en esa fecha tales porcentajes fueron congelados sin modificación.

PARAGRAFO 2o. La solicitud de reconocimiento o aumento del subsidio familiar, deberá hacerse dentro de los noventa (90) días siguientes al hecho que la motive; las que se eleven con posterioridad al plazo antes fijado, tendrán efectos fiscales a partir de la fecha de su presentación.”

A su vez, el Decreto 1213 de 1990 “Por el cual se reforma el Estatuto del

que se eleven con posterioridad al plazo antes fijado, tendrán efectos fiscales a partir de la fecha de su presentación.”

A su vez, el Decreto 1213 de 1990 “Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Agentes de la Policía Nacional” prevé el subsidio familiar para los Agentes de la policía Nacional, así:

“ARTICULO 46. Subsidio familiar. A partir de la vigencia del presente Decreto, los Agentes de la Policía Nacional en servicio activo, tendrán derecho al pago de un subsidio familiar que se liquidará mensualmente sobre el sueldo básico, así:

a. Casados el treinta por ciento (30%), más los porcentaje s a que se tenga derecho conforme al literal c. de este artículo. b. Viudos, con hijos habidos dentro del matrimonio por los que exista el derecho a devengarlo, el treinta por ciento (30%), más los porcentajes de que trata el literal c. del presente artículo. c. Por el primer hijo el cinco por ciento (5%) y un cuatro po r ciento (4%) por cada uno de los demás sin que se sobrepase por este concepto del diecisiete por ciento (17%).TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA Página 11 de 28 Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Gabriel Fernando Guzmán Rodríguez Demandado: Nación -Ministerio de Defensa-Policía Nacional Rad. 41 001 33 33 006 2023 00215 01

PARAGRAFO lo. El límite establecido en el literal c. de este artículo no afectará a los Agentes que por razón de hijos nacidos con anterioridad al 31 de octubre de 1969, estuvieren disfrutando, o tuvieren derecho a disfrutar de porcentajes superiores al

los Agentes que por razón de hijos nacidos con anterioridad al 31 de octubre de 1969, estuvieren disfrutando, o tuvieren derecho a disfrutar de porcentajes superiores al diecisiete por ciento (17%), ya que en esa fecha tales porcentajes fueron congelados sin modificación.

PARAGRAFO 2o. La solicitud de reconocim iento o aumento del subsidio familiar, deberá hacerse dentro de los noventa (90) días siguientes al hecho que la motive; las que se eleven con posterioridad al plazo antes fijado, tendrán efectos fiscales a partir de la fecha de su presentación.”

Por otro lado, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 2070 de 2003, mediante el cual se reguló, entre otros aspectos, la asignación de retiro del nivel ejecutivo de la Policía Nacional; sin embargo, la Corte Constitucional lo declaró inexequible mediante sentenci a C -432 de 2004, al considerar que la materia regulada era competencia exclusiva de Ley.

Por ello, se expidió la Ley mar