TA SAN - Auto 680013333012-2019-00054-01 (30-10-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrado Ponente. Iván Fernando Prada Macías

Bucaramanga, treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Ingresa a estudio de l Despacho el expediente de la referencia con el fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra del auto de fecha 26 de noviembre de 2024 proferido por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, mediante el cual se denegó la incorporación como prueba del documento allegado por la parte actora el 7 de septiembre del 2023.

I. El auto apelado.1

Mediante auto del de 26 de noviembre de 2024 el Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga decidió denegar la incorporación como prueba, del documento allegado el 7 de septiembre de 2023, que pretendía demostrar la calidad de desplazado del señor William David Blanco Garavito.

Para adoptar tal decisión el A quo indicó que, «no hay lugar a pronunciamiento alguno, como quiera que, se allegó de manera extemporánea. Si bien durante el interrogatorio de parte el demandante hizo alusión a su condición de desplazado al momento de la incorporación al servicio militar obligatorio, en el momento de la práctica del referido interrogatorio no hizo alusión a documento alguno sobre el particular; a más de ello, el documento aportado no da cuenta de la fecha de inscripción en el Registro Único de Víctimas, de modo que, no será valorado como prueba.»

II. La apelación2

La parte demandante presentó recurso de apelación cuestionando la decisión de negar la

Víctimas, de modo que, no será valorado como prueba.»

II. La apelación2

La parte demandante presentó recurso de apelación cuestionando la decisión de negar la incorporación como prueba, de la certificación emitida por la Unidad de Víctimas en la que consta que el demandante es desplazado por la violencia desde 30 de noviembre de 2008 por desplazamiento forzado en el municipio de La Esperanza, Norte de Santander.

Adujo que la mencionada certificación corresponde a una prueba importante que demuestra un hecho que fue expuesto por el demandante señor William David Blanco Garavito en diligencia de interrogatorio de parte y que a juicio del apoderado de la parte actora, se constituye en determinante para encontrar la verdad en este caso y demostrar la falla en el

1 SAMAI primera instancia, índice 00034 2 SAMAI primera instancia, Índice 00037 Expediente 680013333012-2019-00054-01 Medio de control Reparación Directa Demandantes William David Blanco Garavito Graciela Garavito León Ayda Yessenia Blanco Garavito Maribel Blanco Garavito Laura Cristina Blanco Garavito urifer72@hotmail.com Demandado Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional notificaciones.bogota@mindefensa.gov.co Ministerio Público Procuraduría 159 Judicial II para Asuntos Administrativos nmgonzalez@procuraduria.gov.co Referencia Auto decide apelación contra auto que deniega prueba documental - ConfirmaTribunal Administrativo de Santander Expediente 680013333004-2017-00179-02

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servicio en que incurrió la parte demandada al incorporar al servicio militar a una persona

documental - ConfirmaTribunal Administrativo de Santander Expediente 680013333004-2017-00179-02

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servicio en que incurrió la parte demandada al incorporar al servicio militar a una persona desplazada por la violencia, lo cual derivó en las lesiones y enfermedades mentales que se refieren en el presente medio de control.

Agregó que existen herramientas jurídicas en el CGP y el CPACA que le permiten al Juez de primera instancia ordenar la prueba e incorporarla, enfatizando en las disposiciones del artículo 213 del CPACA que habilita al Juez como director del proceso para decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para el esclarecimiento de la verdad.

II. Consideraciones

1. De la competencia.

Esta Corporación es competente para conocer de este recurso, según lo dispone el artículo 153 del CPACA y dada la naturaleza del auto impugnado, conforme a lo previsto en el artículo 243 del CPACA. En consecuencia, se procede a su estudio teniendo en cuenta que fue presentado y sustentado oportunamente.

2. Problema Jurídico.

Se contrae a determinar si es procedente la incorporación de la prueba documental allegada el 07 de septiembre de 2023 por la parte demandante, consistente en la constancia del Registro Único de Víctimas con la cual la parte actora pretende acreditar la condición de desplazado, manifestada por el señor William David Blanco Garavito en diligencia de interrogatorio de parte, o si, por el contrario, debe confirmarse la negativa de tenerla como prueba dentro del presente trámite por haberse allegado de manera extemporánea.

3. De las oportunidades probatorias.

interrogatorio de parte, o si, por el contrario, debe confirmarse la negativa de tenerla como prueba dentro del presente trámite por haberse allegado de manera extemporánea.

3. De las oportunidades probatorias.

De conformidad con el artículo 212 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), las oportunidades probatorias dentro del proceso ordinario varían dependiendo de la instancia en que el proceso se tramita; veamos:

“Artículo 212. Oportunidades probatorias. Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados en este Código.

En primera instancia, son oportunidades para aportar o solicitar la práctica de pruebas: la demanda y su contestación; la reforma de la misma y su respuesta; la demanda de reconvención y su contestación; las excepciones y la oposición a las mismas; y los incidentes y su respuesta, en este último evento circunscritas a la cuestión planteada.

Las partes podrán presentar los dictámenes periciales necesarios para probar su derecho, o podrán solicitar la designación de perito, en las oportunidades probatorias anteriormente señaladas.

En segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el término de ejecutoria del auto que admite el recurso, las partes podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente en los siguientes casos:

1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo. En caso de que existan terceros diferentes al simple coadyuvante o impugnante se requerirá su anuencia.

2. Cuando decretadas en la primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa

1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo. En caso de que existan terceros diferentes al simple coadyuvante o impugnante se requerirá su anuencia.

2. Cuando decretadas en la primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió, pero solo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su perfeccionamiento.Tribunal Administrativo de Santander Expediente 680013333004-2017-00179-02

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3. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos.

4. Cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

5. Cuando con ellas se trate de desvirtuar las pruebas de que tratan los numerales 3 y 4, las cuales deberán solicitarse dentro del término de ejecutoria del auto que las decreta.

Parágrafo. Si las pruebas pedidas en segunda instancia fueren procedentes se decretará un término para practicarlas que no podrá exceder de diez (10) días hábiles”. (Subrayas del Despacho).

Así, en los procesos de primera o única instancia, la oportunidad está dada en los siguientes casos: en la demanda, su contestación, la reforma de aquélla y su respectiva respuesta, la demanda de reconvención y su contestación, la presentación de las excep ciones y la oposición a las mismas, los trámites incidentales y su correspondiente respuesta, pero sólo circunscritas a lo concerniente al incidente.

demanda de reconvención y su contestación, la presentación de las excep ciones y la oposición a las mismas, los trámites incidentales y su correspondiente respuesta, pero sólo circunscritas a lo concerniente al incidente.

Por su parte, en los procesos que se conozcan en segunda instancia, se deben configurar las circunstancias específicas descritas para que el ad quem las decrete, como lo dice la norma, en el término de ejecutoria del auto que admite el recurso.

De ahí que las pruebas que se soliciten por fuera de estas oportunidades procesales o que no se enmarquen en las condiciones allí establecidas, deban ser rechazadas.

4. El caso concreto.

Como se indicó, el Juez de primera instancia consideró que la certificación sobre la condición de desplazado del demandante fue allegada de manera extemporánea y que si bien durante el interrogatorio de parte el demandante hizo alusión a su condición de desplazado al momento de la incorporación al servicio militar obligatorio, durante la práctica del interrogatorio de parte no hizo alusión a documento alguno sobre el particular, aunado que el mismo no da cuenta de la fecha de inscripción en el Registro Único de Víctimas, de modo que, no sería valorado como prueba.

Analizado el asunto bajo estudio se tiene que, como el trámite de la referencia es de primera instancia, la parte demandante tenía la posibilidad de presentar los documentos que quisiera hacer valer como prueba en las oportunidades procesales antes descritas, que, puestas en el contexto del caso concreto, no eran otra s que la demanda o su eventual reforma, resaltándose que en este caso no se hizo referencia alguna a la situación que se pretende acreditar, ni la incidencia que la misma podría tener sobre las resultas del proceso.

puestas en el contexto del caso concreto, no eran otra s que la demanda o su eventual reforma, resaltándose que en este caso no se hizo referencia alguna a la situación que se pretende acreditar, ni la incidencia que la misma podría tener sobre las resultas del proceso.

Ha de señalarse que, si bien el artículo 167 del CGP contempla la posibilidad que tienen las partes de probar su dicho aportando para el efecto los elementos que consideren pertinentes, tal atribución se encuentra, en todo caso, sometida a los términos que la propia Ley establece, que no son otros que los ya explicados e n líneas previas , sin que pueda procederse con la incorporación de medios de prueba en cualquier etapa procesal y menos sin mediar solicitud y decreto de los mismos, como ocurre en el sub lite.

De otro lado y frente al argumento del recurrente según el cual en todo caso el CGP y el CPACA permiten al Juez decretar la prueba e incorporarla, se precisa que como bien lo aduce la parte demandante, dicha facultad se encuentra atribuida de manera exclusiva al operador judicial quien en caso de considerarla necesaria para decidir la litis, podrá disponerTribunal Administrativo de Santander Expediente 680013333004-2017-00179-02

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su decreto oficioso dentro del marco de las garantías de los derechos de contradicción y debido proceso de los sujetos procesales, así como en la oportunidad procesal pertinente.

Acorde con lo expresado, se confirmará la decisión recurrida.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Santander,

Resuelve:

PRIMERO: Confirmar el auto de fecha 26 de noviembre de (2024, proferido por el Juzgado

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Santander,

Resuelve:

PRIMERO: Confirmar el auto de fecha 26 de noviembre de (2024, proferido por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Una vez en firme esta providencia, remítase el expediente al Juzgado de origen, previas las constancias de rigor en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.

Notifíquese y cúmplase.

[Firma Electrónica] Iván Fernando Prada Macías Magistrado