TA SAN - Sentencia 68001-33-33-007-2018-00075-02 (17-07-2025)

SIGCMA-SGC

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Bucaramanga, diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

EXPEDIENTE: 68001333300720180007502

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTES: SILVIA JULIANA PRIETO ORTIZ

JULIETH SAAB QUINTERO

alejandra.abogada16@gmail.com

DEMANDADO: NACIÓN - RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR

DE LA JUDICATURA – DIRECCION EJECUTIVA DE

ADMINISTRACION JUDICIAL

dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO: EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR

eavillamizar@procuraduria.gov.co

SENTENCIA No.: 182

TEMA: PRIMA ESPECIAL 30% - Laboral

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de fecha dos (02) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), proferida por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito de Bucaramanga , por medio de la cual se accedió a las pretensiones de la demanda, previa la siguiente reseña:

1. ANTECEDENTES

1.1. Hechos1

En la demanda de la referencia se expuso, en síntesis, que la señora Julieth Saab Quintero se desempeñó como Juez de la República entre los siguientes periodos:

1. ANTECEDENTES

1.1. Hechos1

En la demanda de la referencia se expuso, en síntesis, que la señora Julieth Saab Quintero se desempeñó como Juez de la República entre los siguientes periodos:

1 Expediente digital, Gestión en otras Corporaciones, actuación 000 24 SAMAI, Expediente ZIP , archivo 01ExpedienteFisicoEscaneadoCadena.PDF folio 9Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Silvia Juliana Prieto Ortiz y otro

Demandado: NaciónRama Judicial – Dirección Ejecutiva

de Administración Judicial

Radicado: 2018-00075-02

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16 de junio de 2015 al 3 de julio de 2015, 16 de julio de 2015 al 19 de octubre de 2015 y del 5 de noviembre de 2015 al 30 de noviembre de 2015 . Asimismo, que la señora Silvia Juliana Prieto Ortiz se desempeñó como Juez Municipal desde el 19 de diciembre de 2014 al 31 de octubre de 2015, y como Juez del Circuito desde el 1 de noviembre de 2015 al 30 de noviembre de 2015.

Por lo anterior, señalaron ser ben eficiarias de la prima especial de servicios equivalente al 30% creada mediante el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

El 8 de agosto de 2017 solicitaron ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial la reliquidación de la prima especial de servicio s del 30% como factor salarial, la cual fue resuelta de forma desfavorable a través de la Resolución No.

El 8 de agosto de 2017 solicitaron ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial la reliquidación de la prima especial de servicio s del 30% como factor salarial, la cual fue resuelta de forma desfavorable a través de la Resolución No. DESAJBUR-17-4619 del 10 de agosto de 2017, contra la cual se interpuso recurso de apelación, frente al cual operó el silencio administrativo negativo.

1.2. Las pretensiones2

Con la demanda se pretendió lo siguiente:

«PRIMERO: Aplicar de conformidad con el artículo 4° de la Constitución Política, la EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONAUDAD E ILEGALIDAD del artículo 8° de los decretos 0723 modificado por el Decreto 1252 de 2009, 1388 de 2010,1039 de 2011, 0874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014 modificado por los Decretos 1239 de 2014, 1257 de 2015, 245 de 2016 y los que en dicha materia ha expedido y profiera el Gobierno Nacional sustrayéndole a la prima especial del 30% su naturaleza de factor salarial, conforme lo referido en la parte motiva.

SEGUNDO: Declarar la nulidad total del Acto Administrativo contenido en la Resolución N° DESAJBUR17-4619, con fecha del 10 de agosto de 2017notificada a la suscrita el 17 de agosto de la misma anualidad , mediante la cual, la NACIÓNRAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - negó las peticiones solicitadas por mis poderdantes, la cual consiste en la reliquidación de todas las prestaciones

RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - negó las peticiones solicitadas por mis poderdantes, la cual consiste en la reliquidación de todas las prestaciones sociales, auxilio a las cesantías y demás emolumentos a que tiene d erecho

2 Expediente digital, Gestión en otras Corporaciones, actuación 000 24 SAMAI, Expediente ZIP , archivo 01ExpedienteFisicoEscaneadoCadena.PDF, folio 6 al 8Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Silvia Juliana Prieto Ortiz y otro

Demandado: NaciónRama Judicial – Dirección Ejecutiva

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(Diferencia salarial dejada de percibir) la Doctora JULIETH SAAB QUINTERO durante el tiempo que laboró como servidor Judicial, incluyendo en la base de reliquidación el 30% de la denominada prima especial de servicios que actualmente se viene excluyendo como factor salarial, de la misma forma a las que tiene derecho la Doctora SILVIA JULIANA PRIETO ORTIZ por el tiempo en que laboró como servidor judicial, incluyendo en la base de reliquidación el 30% de la denominada prima especial de servicios que a ctualmente se viene excluyendo como factor salarial.

TERCERO: Declarar la nulidad total del Acto Administrativo ficto o presunto del recurso de apelación interpuesto y sustentado dentro del término legal contra el acto administrativo contenido en la Resol ución EXTDESAJTUJ17-11304, con fecha del 12 de septiembre de 2017 - notificada a la suscrita el 22 de septiembre de la misma

administrativo contenido en la Resol ución EXTDESAJTUJ17-11304, con fecha del 12 de septiembre de 2017 - notificada a la suscrita el 22 de septiembre de la misma anualidad, por haber operado el silencio administrativo negativo.

CUARTO: de acuerdo con lo anterior y a título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO se condene a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a RELIQUIDAR todas las prestaciones sociales legales y demás emolumentos a que tiene derecho la Dra. JULIETH SAAB QUINTERO, por haber sido juez Municipal en las siguientes fechas : el 16 de junio de 2015 hasta 3 de julio de 2015,16 de julio de 2015 hasta 19 de octubre de 2015 y del 5 de noviembre de 2015 hasta 30 de noviembre de 2015 , incluyendo en la base de reliquidación el 30% de la prima especial que actualmente se viene excluyendo como factor salarial, con ocasión de los decretos anuales que para el efecto se expiden y, que desconocen que la referida prima es parte integral del salario que percibe a la luz de los pronunciamientos jurisprudenciales emitidos por el Honorable Consejo de Estado.

QUINTO: Igualmente que a título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO se condene a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRAQÓN JUDICIAL a REUQUIDAR todas las prestaciones sociales legales y demás emolumentos a que tiene derecho la Dra. SILVIA JULIANA PRIETO ORTIZ , por haber sido juez

JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRAQÓN JUDICIAL a REUQUIDAR todas las prestaciones sociales legales y demás emolumentos a que tiene derecho la Dra. SILVIA JULIANA PRIETO ORTIZ , por haber sido juez Municipal en la siguiente fecha ; 19 de diciembre de 2014 al 31 de octubre de 2015 , y Juez del circuito 1 de noviembre de 2015 al 30 de noviembre de 2015, incluyendo en la base de reliquidación el 30% de la prima especial que actualmente se viene excluyendo como factor salarial, con ocasión de los decretos anuales que para el efecto se expiden y, que desconocen que la referida prima es parte integral delNulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Silvia Juliana Prieto Ortiz y otro

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salario que percibe a la luz de los pronunciamientos Jurisprudenciales emitidos por el Honorable Consejo de Estado.

SEXTO: Como consecuencia de lo anterior, RECONOCER Y PAGAR a favor de la Dra. JUIETH SAAB QUINTERO y de la Dra. SILVIA JULIANA PRIETO ORTIZ, las diferencias que arroje la reliquidación de las prestaciones y demás emolumentos percibidos, debidamente indexadas, tal como lo ordena el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 y de conformidad con l a fórmula de liquidación desarrollada por el

Honorable Consejo de Estado.

SEPTIMO: Se reconozca la prima especial de servicios equivalente al 30% creada

1437 de 2011 y de conformidad con l a fórmula de liquidación desarrollada por el Honorable Consejo de Estado.

SEPTIMO: Se reconozca la prima especial de servicios equivalente al 30% creada con la Ley 4 de 1992, en adelante, dentro de la nómina la Dra. JUIETH SAAB QUINTERO y de la Dra. SILVIA JULIANA PRIETO ORTIZ, como parte integral de salario, para todos los efectos Jurídicos, en particular, para la liquidación de todas y cada una de las prestaciones sociales que tengan como base de liquidación el salario.

OCTAVO: Se RECONOZCA Y CANCELE LAS DIFERENCIAS SALARIALES adeudadas a mis poderdantes durante el tiempo que ha fungido como Juez de la República y las que ha futuro se causen, teniendo en cuenta lo devengado mensualmente sin deducir la denominada prima especial de Servicios del 30%.

NOVENO: Igualmente, solicito el reconocimiento de intereses corrientes y/o moratorios sobre las sumas que resulten a su favor desde que se hizo exigible el derecho, por no haberse reconocido el pago de las prestaciones sociales conforme a la Ley.

DÉCIMO: Reconocer a mi poderdante la SANCIÓN MORATORIA conforme el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 referida en la parte motiva.

UNDECIMO: Se condene en costas y agencias en derecho a la parte demandada de conformidad con el Acuerdo PSAA16-10554 proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y demás normas concordantes.»Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Silvia Juliana Prieto Ortiz y otro

Demandado: NaciónRama Judicial – Dirección Ejecutiva

del Consejo Superior de la Judicatura y demás normas concordantes.»Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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1.3. Normas violadas y concepto de violación3

Invocó como normas vulneradas el preámbulo, los artículos 2, 4, 13, 25, 29, 53, 150 numeral 19 literal «e» y el artículo 215 inciso 9 º de la Constitución Política ; los artículos 2 y 10 de la Ley 4 de 1992, el artículo 152 numeral 7 de la Ley 270 de 1996, Ley 270 de 1996, Ley 482 de 1998, artículos 4 y 127 del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 42 del Decreto 1042 de 1978, artículo 5 del Decreto 1045 de 1978, Ley 244 de 1995 y 344 de 1996, artículo 99 de la Ley 50 de 1990, Decreto 717 de 1978, Decretos de -Aumento Salarial y Prestacional de la Rama Judicialnúmeros 051 de 1993, 104 de 1994, 047 de 1995, 034 d e 1996, 047 de 1997, 057 de 1993 modificado por el Decreto 110 de 1993, 106 de 1994, 043 de 1995, 036 de

1996, 076 de 1997, 064 de 1998, 044 de 1999, 2740 de 2000,1475 derogado por el Decreto 2720 de 2001, 0673 de 2002, 3569 de 2003, 4172 de 2004, 0936 de 2005, 0389 de 2006, 0618 de 2007, 0658 modificado por el Decreto 3902 de 2008, 0723 modificado por el Decreto 1252 de 2009, 1388 de 2010, 1039 de 2011, 0874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014 modificado por los Decretos 1239 de 2014,1257 de 2015 y 245 de 2016.

Como concepto de violación , la parte actora hizo un recuento normativo y jurisprudencial sobre el tema . Además, señaló que el Consejo de Estado ha reiterado que la denominada prima especial del 30 % que perciben mensualmente los Jueces y Magistrados de la República constituye salario, razón por la cual debe tenerse en cuenta para la liquidación de prestaciones e inaplicar por inconstitucional cualquier norma legal que contraríe los postulados supralegales.

1.4. Contestación de la demanda

1.4.1. La parte demandada, Nación - Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 4, se opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda, por considerar que los salarios y prestaciones sociales fueron pagados con sujeción al régimen salarial y prestacional de los servidores públicos para la época que se causaron. Así mismo, señaló qu e los actos administrativos demandados fueron expedidos conforme derecho, atendiendo a la normatividad

con sujeción al régimen salarial y prestacional de los servidores públicos para la época que se causaron. Así mismo, señaló qu e los actos administrativos demandados fueron expedidos conforme derecho, atendiendo a la normatividad

3 Expediente digital, actuación 00029 SAMAI, One Drive, archivo 01 Expediente.PDF folio 8 al 12 4 Expediente digital, actuación 00029 SAMAI, One Drive, archivo 01 Expediente.PDF folio 68 al 77Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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vigente para el tiempo en que se presentó la solicitud de reconocimiento de prima especial.

Finalmente, propuso las siguientes excepciones: i) Inexist encia del demandado; ii) Ineptitud de la demanda; iii) Cobro de lo no debido ligado a no haberse ordenado la citación de otras personas que la ley dispone citar; iv) Falta de legitimación en la causa por pasiva; v) La demanda no comprende a todos los litis consortes necesarios; vi) De la prescripción trienal de los derechos reclamados; vii) Caducidad del medio de control y; viii) Innominada.

1.5. La sentencia apelada5

El Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de B ucaramanga, en providencia de fecha dos (02) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), resolvió:

«PRIMERO: DECLARAR la nulidad de los siguientes actos administrativos:

providencia de fecha dos (02) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), resolvió:

«PRIMERO: DECLARAR la nulidad de los siguientes actos administrativos:

-Resolución DESAJ BUR 17 -4619 del 10 de agosto de 2017 proferida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

-Del acto administrativo ficto negativo configurado por el silencio guardado por el ente demandado ante la interposición del recurso d e apelación presentado el 22 de agosto de 2017.

SEGUNDO: Como consecuencia de las anteriores declaraciones de nulidad y a título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a reconocer y pagar a favor de la parte demandante las diferencias que por concepto de la prima especial resulten a su favor teniendo en cuenta la prima como una adición al salario, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente y teniendo en cuenta que solo constituye factor salarial para aportes a pensión de jubilación; así mismo se ordena la reliquidación de las prestaciones sociales: la prima de servicios, la prima de vacaciones, la prima de navidad, bonificación por servicios prestados, las cesantías y los intereses a las cesantías, desde el 19 de diciembre de 2014 para

5 Expediente digital, actuación 00029 SAMAI, One Drive, archivo 31SentenciaPrimeraInstancia.pdfNulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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SILVIA JULIANA PRIETO ORTIZ y desde el 16 de junio de 2015 para JULIETH SAAB QUINTERO y por los periodos desempeñados c omo Juez de la República, con base en la asignación básica mensual, incluido el 30% de la prima especial de servicios.

Igualmente deberán revisarse los descuentos de ley y hacer los respectivos aportes al Sistema de Seguridad Social de salud y pensión, p agando las diferencias a que haya lugar, teniendo en cuenta el 100% del salario.

La suma que resulte a favor del demandante debe ajustarse de conformidad con el artículo 192 del CPACA hasta la ejecutoria de la sentencia.

La actualización ordenada se hará la aplicando la fórmula que ha sido desarrollada en la parte considerativa de esta sentencia.

TERCERO: DENEGAR las excepciones relacionadas con la prescripción de derechos laborales, cobro de lo no debido, legalidad del fundamento normativo, excepción de constitucionalidad y caducidad, por las razones expuestas

CUARTO: NO CONDENAR en COSTAS ni en AGENCIAS EN DERECHO […]».

Como fundamento de la anterior decisión, el a quo consideró que, los destinatarios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 tiene n derecho al reconocimiento de la prima especial como un agregado al salario , lo que implica que se deba efectuar una reliquidación de las prestaciones sociales teniendo en cuenta ese 30% que ha sido

del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 tiene n derecho al reconocimiento de la prima especial como un agregado al salario , lo que implica que se deba efectuar una reliquidación de las prestaciones sociales teniendo en cuenta ese 30% que ha sido disminuido de la remuneración mensual por considerarse prima especial sin efectos prestacionales para la pensión de jubilación.

Precisó que, no proceder con dicho reconocimiento pese a la reiterada jurisprudencia, vulneraría los principios constitucionales de igualdad y acceso a la administración de justicia. Así las cosas, señaló que, la parte demandante demostró haber ostentado la calidad de Juez de la República percibiendo la prima especial de servicios, y que, la demandada afectó la base para liquidar todas las prestaciones sociales y los otros factores sal ariales percibidos por la parte demandante, por lo que había lugar a acceder a las pretensiones de la demanda.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Finalmente, el a quo consideró que no había operado el fenómeno de la prescripción de los derechos reclamados.

1.6. El recurso de apelación

1.6.1. La parte demandada, Nación - Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial6, solicitó que se revoque los numerales primero, segundo y tercero de la sentencia de primera instancia , pues en su concepto constituye un fallo incongruente que vulnera los derechos de contradicción y defensa.

Administración Judicial6, solicitó que se revoque los numerales primero, segundo y tercero de la sentencia de primera instancia , pues en su concepto constituye un fallo incongruente que vulnera los derechos de contradicción y defensa.

Sostuvo que el reconocimiento de la prima esp ecial como factor salarial para la reliquidación de todas las prestaciones sociales pretendido en la demanda, es ilegal y contradice la Sentencia de Unificación SUJ -016-CE-S2-2019 de fecha 02 de septiembre de 2019, puesto que en ella se dispuso que: «I) las diferencias causadas por concepto de reliquidación de prestaciones sociales y laborales con la base en el 100% del salario básico mensual; y, II) el 30% adicional, calculado sobre el 100% del salario básico, por concepto de prima especial del artículo 1 4 Ley 4ª de 1992, pero sin carácter salarial.»

Precisó que, si bien en la parte resolutiva del fallo de primera instancia se aplica la sentencia de unificación, reconociendo que la prima especial solo constituye factor salarial para efectos de aportes a p ensión de jubilación , resulta incongruente y contradictorio la orden de reliquidación de prestaciones sociales, incluyendo el 30% de la prima especial de servicios.

Por otro lado, fundamentó las razones del recurso en: i) Falta de legitimación en la causa por pasiva y la demanda no comprende a todos los litisconsortes necesarios; ii) Caducidad del medio de control; iii) Inexistencia del demandado; iv) Ineptitud de la demanda; v) Cobro de lo no debido ligado a no haberse ordenado la citación de otras personas que la ley dispone citar; y vi) de la imposibilidad presupuestal de

la demanda; v) Cobro de lo no debido ligado a no haberse ordenado la citación de otras personas que la ley dispone citar; y vi) de la imposibilidad presupuestal de reconocer los derechos reclamados por la parte actora.

6 Expediente digital, actuación 00029 SAMAI, One Drive, archivo 34ApelacionSentenciaPrimerInatancia16Dic2021Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Finalmente, solicitó en primer lugar, confirmar lo r esuelto en relación con la no imposición de condena en costas y, en segundo lugar, que se declaren probadas las excepciones propuestas denegando las pretensiones de la demanda.

1.7. Trámite de segunda instancia

El proceso fue asignado en estricto reparto el día nueve (09) de junio de dos mil veinticinco (2025) al Despacho 09 del Tribunal Administrativo de Santander.

Acto seguido, mediante auto de fecha veinte (20) de junio de dos mil veinticinco (2025) se admitió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, sin que ninguna de las partes o el Ministerio público se haya pronunciado.

2. CONSIDERACIONES

Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación cumplida, y luego de verificar que se hallan estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo de la cuestión, procederá la Corporación a proferir el fallo de segunda instancia.

eficacia para invalidar la actuación cumplida, y luego de verificar que se hallan estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo de la cuestión, procederá la Corporación a proferir el fallo de segunda instancia.

2.1. Cuestión previa – manifestación de impedimento de la Magistrada Luisa Fernanda Flórez Reyes

Registrado el proyecto para revisión por parte de la Sala, a través de la plataforma Teams, la magistrada Luisa Fernanda Flórez Reyes manifestó impedimento para conocer del proceso de la referencia en calidad de miembro de la Sala.

La Magistrada Luisa Fe rnanda Flórez Reyes, adujo que actualmente adelanta proceso judicial en el que busca obtener idénticas pretensiones en relación con la prima especial del 30 %, motivo por el cual invocó la causal de impedimento prevista en el numeral 1º del artículo 141 del CGP.

Por lo anterior, considera la Sala que se configuran la causal alegada por la Magistrada. En tal sentido, se declarará fundado el impedimento por ellaNulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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manifestado y se procederá a separarla del conocimiento del presente asunto como miembro de la Sala de decisión.

2.2. Competencia

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial; razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda

conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Juzgados Administrativos de su jurisdicción territorial; razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

2.3. De los límites de la apelación

Para responder al problema jurídico que se planteará a continuación, la Sala, e n aplicación del principio dispositivo y de congruencia, limitará su competencia a l argumento expuesto por la parte demandada en el recurso de apelación. Además, se referirá a lo probado en el proceso exclusivamente en relación con los reproches formulados.

2.4. Problemas jurídicos

La Sala procede a fijar el siguiente problema jurídico teniendo en cuenta el objeto de la apelación7, el cual consiste en establecer si:

¿Tiene derecho las señoras Julieth Saab Quintero y Silvia Juliana Prieto Ortiz al reajuste de sus salarios y de sus prestaciones sociales, consistente en la diferencia entre el valor reconocido por la demandada, es decir, 70 % del salario básico mensual y el valor que resultaría de reconocerle tanto el salario como las prestaciones sociales, tomando como base de liquidación el salario básico más la prima especial de servicios? Y, en caso afirmativo, ¿desde cuándo?

7 Art. 328 del CGP.Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Con el propósito de resolver el problema jurídico planteado , la Sal a considera

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Con el propósito de resolver el problema jurídico planteado , la Sal a considera necesario referirse a los siguientes temas: (i) marco normativo y jurisprudencial, en el que se estudiarán la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, y (ii) se analizarán las pruebas de cara al planteamiento aquí señalado.

2.5. Marco normativo y jurisprudencial

2.5.1. La prima especial de servicios y forma de liquidación

La ley 4 de 1992 facultó al Gobierno Nacional para crear una prima especial de servicios no inferior al 30 % ni superior al 60 % del salario básico. El artículo 14 de dicha disposición señaló los servidores públicos que recibirían la referida prima, así:

«Artículo 14. El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácte r salarial, para los magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los jueces de la República, incluidos los magistrados y fis cales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1) de enero de 1993 […]».

En efecto, la norma previó que dicha prima, no constituiría factor salarial, disposición

los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1) de enero de 1993 […]».

En efecto, la norma previó que dicha prima, no constituiría factor salarial, disposición que fue declarada exequible por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C – 279 de 1996, en la que se adujo:

«El Legislador conserva una cierta libertad para est ablecer, qué componentes constituyen o no salario; así como definir y desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El considerar que los pagos por primas técnicas y especial no constituyen factor salarial, no l esiona los derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber de protección que el Estado Colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido con la comunidad internacional».Nulidad y Restablecimiento del Derecho Sentencia de Segunda Instancia

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El Gobierno Nacional, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, estableció que el régimen salarial ordinario de los servidores públicos sujetos al Decreto 57 de 1993 consistiría en una prima especial del 30 % de la remuneración mensual, la cual no tendría carácter salarial. En cuanto a los funcionarios mencionados en los artículos 5 y 7 de dicho decreto, la prima especial mensual sería equivalente al 30 % de la asignación básica y los ga stos de

remuneración mensual, la cual no tendría carácter salarial. En cuanto a los funcionarios mencionados en los artículos 5 y 7 de dicho decreto, la prima especial mensual sería equivalente al 30 % de la asignación básica y los ga stos de representación, también sin carácter salarial.

La Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante Sentencia del veintinueve 29 de abril de 2014 8 declaró la nulidad parcial de los decretos dictados por el Gobierno Nacional entre los años 1993 a 2007, mediante los cuales se había fijado en el 30 % la prima especial creada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, por haberla incluido dentro del salario básico de los servidores beneficiarios de la misma, en lugar de incrementarlo en ese porcentaje.

El mencionado fallo consideró que los decretos expedidos anualmente, con el fin de reglamentar la previsión del 30 % del salario denominada prima, no fueron claros, lo que conllevó a una interpretación errada por parte de las entidades encargadas de aplicarlos, toda vez que entendieron que dicho porcentaje hacia parte del salario, es decir, que el 100 % de este se discriminaría así: 30 % correspondía a prima y el 70 % restante al salario; y no de la manera correcta que obedece a reconocer como prima especial el 30 % del 100 % del salario, en otras palabras, como un adicional al salario básico o asignación básica.

Así las cosas, el Gobierno Nacional con la expedición de tales decretos contrario los criterios establecidos en la Ley 4 de 1992, que estableció que de ninguna manera se podrían desmejorar los salarios y prestaciones sociale