TA SAN - Sentencia 680013333008-2020-00032-01 (16-10-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

MAG. PONENTE: MARÍA EUGENIA CARREÑO GÓMEZ

Bucaramanga, dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 27 de junio de 2025 proferida por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga, mediante la cual se concedieron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, la señora Carmen Elisa Sierra Méndez formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso – administrativo, en

1 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 27 índice SAMAI, archivo 1 MEDIO DE CONTROL Nulidad y restablecimiento del derecho RADICADO 680013333008-2020-00032-01

DEMANDANTE

Carmen Elisa Sierra Méndez silviasantanderlopezquintero@gmail.com Notificacioneslopezquintero@gmail.com lopezquinterosantander@gmail.com DEMANDADO Municipio de Floridablanca notifcaciones@floridablanca.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO

silviasantanderlopezquintero@gmail.com Notificacioneslopezquintero@gmail.com lopezquinterosantander@gmail.com DEMANDADO Municipio de Floridablanca notifcaciones@floridablanca.gov.co

MINISTERIO PÚBLICO

Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos procjudadm47@procuraduria.gov.co ACTUACIÓN Sentencia de segunda instancia TEMA Contrato estatal de prestación de servicios docente. Relación laboral encubierta o subyacente.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia Demandante: Carmen Elisa Sierra Méndez Demandado: municipio de Floridablanca Radicado: 680013333008-2020-00032-01

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orden a que se declare la nulidad del oficio de fecha 23 de agosto de 2019 proferido por el secretario de educación del municipio de Floridablanca. En consecuencia, solicitó:

«1. Declarar la nulidad de la CARTA DEL 23 DE AGOSTO DE 2019, suscrita por el (la) Doctor (a) JUAN CARLOS OSTOS GUEVARA , SECRETARIO DE EDUCACIÓN, en cuanto negaron el reconocimiento de los tiempos de servicios para efectos pensionales de mi representado.

2. Se declare que entre mi representado y el Municipio y/o Departamento de FLORIDABLANCA existió una relación laboral, durante el tiempo que duró contratado por el sistema OPS el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y/o contrato de Prestación de Servicios.

FLORIDABLANCA existió una relación laboral, durante el tiempo que duró contratado por el sistema OPS el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y/o contrato de Prestación de Servicios.

3. Como consecuencia de tal declaración, se ordene reconocer al demandante los tiempos de servicios para efectos de pensión de jubilación, desde el mismo momento de su vinculación con este ente territorial hasta la fecha de la suscripción del último contrato, por haber laborado con esta entidad territorial, bajo la continua dependencia y subordinación como docente oficial.

A TÍTULO DE RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, SÍRVASE:

1. Que se ordene el envío de las cotizaciones para efectos pensional al MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, por los períodos reconocidos en los numerales PRIMERO y

SEGUNDO.

2. Ordenar a la entidad territorial que, sobre los aportes pensionales, aplique los reajustes de la Ley para cada año como lo ordena la Constitución Política de Colombia y la Ley.

3. Que se ordene a la entidad territorial dar cumplimiento al fallo que se dicte dentro de este proceso en el término de 30 días contados desde la comunicación de este tal como lo dispone el artículo 192 y siguientes del Código de Procedimiento Administrat ivo y de lo Contencioso Administrativo

C.P.A.C.A.

4. Que se expida el certificado de historial laboral y/o tiempo de servicios, a nombre de mi mandante, relacionando los tiempos laborados que son objeto de esta reclamación.» (sic en todo el texto)

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, la parte demandante señaló los siguientes:

nombre de mi mandante, relacionando los tiempos laborados que son objeto de esta reclamación.» (sic en todo el texto)

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, la parte demandante señaló los siguientes:

1. La señora Carmen Elisa Sierra Méndez laboró como docente por órdenes de prestación de servicio y/o contrato de prestación de servicios a cargo del municipio de Floridablanca, en los siguientes periodos:

Contrato Término Núm. 1 del 22 de abril de 1997 6 meses Núm. 2 del 22 de octubre de 1997 2 meses y 7 días Núm. 3 del 2 de febrero de 1998 11 meses Núm. 4 del 4 de febrero de 1999 10 meses y 27 días Núm. 5 del 12 de febrero de 2001 3 mesesNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia Demandante: Carmen Elisa Sierra Méndez Demandado: municipio de Floridablanca Radicado: 680013333008-2020-00032-01

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Núm. 6 del 17 de mayo de 2001 3 meses Núm. 6 del 17 de mayo de 2001 3 meses Núm. 7 del 17 de septiembre de 2001 3 meses Núm. 8 del 17 de febrero de 2002 3 meses Núm. del 10 de mayo de 2002 3 meses

1. Durante el tiempo en que la demandante prestó sus servicios al municipio de

Núm. 8 del 17 de febrero de 2002 3 meses Núm. del 10 de mayo de 2002 3 meses

1. Durante el tiempo en que la demandante prestó sus servicios al municipio de Floridablanca, no se le reconoció el tiempo laborado para efectos pensionales.

Esta omisión vulneró el artículo 53 de la Constitución Política, al desconocer el principio de primacía de la realidad sobre las formas, dado que la relación establecida correspondió a un verdadero vínculo laboral y no a una prestación de servicios independiente. En consecuencia, le asiste a la demandante el derecho a que se le contabilice la totalidad de l tiempo trabajado con fines pensionales.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

En el escrito de la demanda se invocaron como violados los artículo s 32 núm. 3 de la Ley 80 de 1993 y 53 de la Constitución Política.

En desarrollo del concepto de violación, la apoderada de la parte demandante expuso que el acto administrativo demandado adolece de nulidad, conforme a las siguientes razones:

1. Según la ley 80 de 1993, en el numeral 3º, de su artículo 32, son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, los cuales solamente podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

1. De acuerdo con la norma citada, la celebración de un contrato de prestación de servicios procede únicamente cuando la actividad a desarrollar por una persona natural no puede ser ejecutada por el personal de planta y exige,

conocimientos especializados.

1. De acuerdo con la norma citada, la celebración de un contrato de prestación de servicios procede únicamente cuando la actividad a desarrollar por una persona natural no puede ser ejecutada por el personal de planta y exige, además, conocimientos especializ ados, lo cual no se acreditó en el caso concreto.

1. La entidad territorial vulneró el principio fundamental de primacía de la realidad sobre las formalidades, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, al desconocer la verdadera naturaleza de la relación laboral sostenida con la demandante , la cual nunca actuó de manera independiente, sino que desempeñó sus funciones bajo condiciones propias de un contrato de trabajo, lo que le otorga el derecho a solicitar el reconocimiento y contabilización del tiempo de servicios para efectos de accede r a la pensión de jubilación. No le corresponde el reconocimiento de prestaciones propias de un servidor público, dado que no cumplió con los requisitos esenciales para adquirir dicha calidad, como el concurso, el nombramiento y la posesión.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia Demandante: Carmen Elisa Sierra Méndez Demandado: municipio de Floridablanca Radicado: 680013333008-2020-00032-01

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1. Durante la ejecución de los contratos suscritos, la demandante cumplió un horario, presentó informes, acató órdenes de sus coordinadores y no tuvo la posibilidad de escoger el lugar de prestación del servicio, el cual, al igual que

1. Durante la ejecución de los contratos suscritos, la demandante cumplió un horario, presentó informes, acató órdenes de sus coordinadores y no tuvo la posibilidad de escoger el lugar de prestación del servicio, el cual, al igual que en el caso de los demás docentes, estuvo sujeto a una programación establecida que regulaba y controlaba el estricto cumplimiento de su jornada habitual.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. Municipio de Floridablanca2

Por conducto de apoderad a la mencionada entidad allegó memorial de contestación en el cual propuso los siguientes medios exceptivos: excepciones innominadas: «inexistencia de la relación laboral, el accionante no probó la existencia de los elementos esenciales de una relación laboral» y «genérica».

Además, se opuso a las pretensiones de la demanda y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

1. La parte demandante sustenta su pretensión en la primacía de la realidad sobre las formalidades, pero no vinculó adecuadamente esta teoría a su vinculación con la entidad, ni aportó pruebas que permitan demostrar la existencia de una relación laboral, como quiera que, se limitó a transcribir normas y principi0os constitucionales.

1. Del análisis de los contratos de prestación de servicios suscritos entre la demandante y el municipio de Floridablanca, se concluye que las actividades no se realizaron de manera continua, toda vez que existieron interrupciones prolongadas entre los contratos. Además, no se evidencia una subordinación, ni el cumplimiento de órdenes directas, reglamentos internos o sometimiento a condiciones propias de una relación laboral.

prolongadas entre los contratos. Además, no se evidencia una subordinación, ni el cumplimiento de órdenes directas, reglamentos internos o sometimiento a condiciones propias de una relación laboral.

1. Según lo señalado por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, la configuración de un contrato realidad exige la presencia de tres elementos: prestación personal del servicio, remuneración y subordinación continua. En este caso, no se probó el eleme nto de subordinación, razón por la cual no se puede concluir la existencia de una relación laboral.

1. La demandante solamente demostró la existencia de contratos civiles regulados por la Ley 80 de 1993, sin desvirtuar su naturaleza jurídica ni comprobar que las funciones desempeñadas implicaran dependencia respecto a la entidad territorial.

1.3. La sentencia apelada3

2Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 27 índice SAMAI, archivo 9 3 Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 36 índice SAMAI,Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia Demandante: Carmen Elisa Sierra Méndez Demandado: municipio de Floridablanca Radicado: 680013333008-2020-00032-01

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El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante sentencia del 27 de junio de 2025, resolvió:

«PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en el

El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga mediante sentencia del 27 de junio de 2025, resolvió:

«PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio No. FRB2019EE004037 del 26 de octubre de 2019 expedido por el MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, mediante el cual se negó a la demandante el reconocimiento y pago de los aportes pensionales, de conformidad con las razones expuestas.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR al MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, a título de restablecimiento del derecho, a reconocer y pagar a favor de la señora CARMEN ELISA SIERRA MÉNDEZ, las sumas a que haya lugar por concepto de aportes pensionales adeudados al sistema integral de seguridad social derivados del contrato realidad, desde el año 1997 al 2002, para lo cual deberá determinar mes a mes si existe diferencia entre los aportes que se debieron efectuar por concepto de salud y pensión durante todo el tiempo que duró la relación laboral, y los realizados por la contratista, y cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador.

La demandante deberá acreditar las cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante su vínculo contractual y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador.

La suma a reconocer deberá ser actualizada ateniendo la fórmula señalada en la parte motiva, mes por mes para cada mesada prestacional.

o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador.

La suma a reconocer deberá ser actualizada ateniendo la fórmula señalada en la parte motiva, mes por mes para cada mesada prestacional.

El tiempo laborado por la demandante, se computará para efectos pensiónales, para lo cual la entidad hará las correspondientes cotizaciones.

TERCERO. Sin condena en costas. […]»

En lo correspondiente al fondo del asunto, el a quo concedió las pretensiones de la demanda con sustentó en los siguientes argumentos:

1. En el caso concreto, se acreditó que la señor a Carmen Elisa Sierra Méndez fue vinculada como docente al servicio del municipio de Floridablanca a través de los siguientes contratos de prestación de servicios: a) Contrato del 22 de abril de 1997, b) contrato del 22 de octubre de 1997; c) contrato del 30 de enero de 1998; d) contrato del 4 de febrero de 1999; e) contrato del 23 de marzo de 2000; f) contrato del 12 de febrero de 2001; g) contrato del 17 de mayo de 2001; h) contrato del 11 de septiembre de 2001; i) contrato núm. 310 del 7 de febrero de 2002 y; j) otro sí del contrato núm. 310 de 2002.

1. Los contratos mencionados fueron suscritos con el propósito de que la demandante prestara sus servicios personales como docente en la institución educativa asignada por el municipio de Floridablanca. De lo anterior, se desprende la existencia de órdenes de prestación de servicios firmadas con la entidad territorial, en las cuales se evidencian elementos que reflejan

educativa asignada por el municipio de Floridablanca. De lo anterior, se desprende la existencia de órdenes de prestación de servicios firmadas con la entidad territorial, en las cuales se evidencian elementos que reflejan subordinación, como el cumplimiento de horarios o turnos, y la renovación periódica de los contratos, bien fuera cada determinado mes o cada año. Estas renovaciones se dieron respecto de funciones permanentes de la entidad, loNulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia Demandante: Carmen Elisa Sierra Méndez Demandado: municipio de Floridablanca Radicado: 680013333008-2020-00032-01

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cual puede corroborarse en el contenido de los contratos, dado que el municipio no contaba con suficientes plazas para asegurar la prestación continua y permanente del servicio educativo.

1. En el sub examine se demostró, mediante copia de los contratos de prestación de servicios, la existencia de dos elementos propios de una relación laboral. En primer lugar, la prestación personal del servicio, dado que la demandante fue contratada por el municipio de Florida blanca para ejercer funciones como docente, lo que implica que fue ella quien efectivamente ejecutó la labor. En segundo lugar, la remuneración, toda vez que en los contratos se estableció expresamente un valor y una forma de pago con cargo a los recursos presupuestales del ente territorial, es decir, la suma que tenía derecho a recibir y la modalidad en que debía efectuarse, lo cual corresponde al pago mensual pactado por el servicio prestado.

estableció expresamente un valor y una forma de pago con cargo a los recursos presupuestales del ente territorial, es decir, la suma que tenía derecho a recibir y la modalidad en que debía efectuarse, lo cual corresponde al pago mensual pactado por el servicio prestado.

1. En cuanto al elemento subordinación, propio de una relación laboral, en el presente caso se advierte que, aunque la parte actora se vinculó como docente mediante contratos de prestación de servicios celebrados conforme a la Ley 80 de 1993, el desarrollo de sus funciones como ma estro exigió la prestación directa de sus servicios intelectuales y especializados, sin autonomía en el cumplimiento de sus tareas. Por el contrario, estuvo sujeta al cumplimiento de horarios y a los reglamentos propios del servic io público educativo, lo que generó una relación de dependencia y subordinación frente a la entidad territorial para la cual prestaba sus servicios , lo cual se ajusta a los criterios establecidos por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación CE–SUJ2– 005 del 25 de agosto de 2016.

1. Las funciones desarrolladas por la señora Carmen Elisa Sierra Méndez correspondieron a un empleo de carácter permanente y fueron ejecutadas de manera subordinada, conforme a la naturaleza del cargo docente y bajo las mismas condiciones que los maestros vinculados como servidores públicos. El material probatorio demostró que prestó sus servicios entre 1997 y 2002 sin interrupciones sustanciales, lo que evidencia un vínculo continuo con el municipio de Floridablanca, pese a haberse utilizado la figura de c ontratos de prestación de servicios y, por ende, se constituyó una verdadera relación laboral en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formas,

municipio de Floridablanca, pese a haberse utilizado la figura de c ontratos de prestación de servicios y, por ende, se constituyó una verdadera relación laboral en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formas, conforme a los artículos 13 y 53 de la Constitución Política.

1. Los aportes pensionales adeudados a la demandante, como consecuencia del contrato realidad, tienen carácter imprescriptible, según lo establecido por la sentencia de unificación CE–SUJ2–005 del 25 de agosto de 2016. Por tanto, su reconocimiento debe comprender la totalidad del tiempo laborado desde el inicio de la relación laboral; no obstante, dicha imprescriptibilidad no aplica a la devolución de los valores que la señora Sierra Méndez pagó en calidad de contratista, toda vez que ese reembolso representaría un beneficio económico independiente del derecho pensional que se pretende proteger.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia Demandante: Carmen Elisa Sierra Méndez Demandado: municipio de Floridablanca Radicado: 680013333008-2020-00032-01

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1. Para efectos del reconocimiento de los aportes pensionales, la demandante tiene la carga de acreditar las cotizaciones efectuadas durante su vínculo contractual y, en el evento de no haberlas realizado o de existir saldos a su cargo, deberá asumir el valor correspondiente al porcentaje que le competía como trabajadora. El tiempo laborado se computará para efectos pensionales, y la entidad efectuará las cotizaciones pertinentes.

cargo, deberá asumir el valor correspondiente al porcentaje que le competía como trabajadora. El tiempo laborado se computará para efectos pensionales, y la entidad efectuará las cotizaciones pertinentes.

1.4. El recurso de apelación

1.4.1. Municipio de Floridablanca4

La apoderada de la parte demandada en el recurso interpuesto solicitó revocar la decisión de primera instancia y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

1. El a quo fundamentó su decisión en la subordinación definida como el cumplimiento de órdenes, sujeción a horarios y directrices. Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia ha diferenciado entre coordinación y subordinación y, ha reconocido que ciertos contra tos civiles o comerciales pueden incluir control sin configurar subordinación. Además, la jurisprudencia ha precisado esta distinción y, ha especificado que la clave radica en la autonomía e independencia del trabajador independiente, quien se enfoca en resultados concretos más que en la disponibilidad de su fuerza laboral.

1. La Corte Constitucional, en la sentencia C -571 de 2017, defin ió a los trabajadores independientes como aquellos que actúan con completa independencia y autonomía, sin someterse a poder jurídico de subordinación o dependencia, destacando que el interés recae en el resultado logrado.

1. En el caso concreto, la demandante escogía sus horarios y descansos, prestaba sus servicios en una única jornada laboral y tenía libertad para realizar otras actividades fuera de ese tiempo, situación distinta a la de docentes de planta, quienes están sujetos a órdenes incluso en contra jornada. Además, no

prestaba sus servicios en una única jornada laboral y tenía libertad para realizar otras actividades fuera de ese tiempo, situación distinta a la de docentes de planta, quienes están sujetos a órdenes incluso en contra jornada. Además, no se evidencian reuniones, requerimientos o llamadas fuera de la jornada laboral de la demandante, ni prueba de ingresos adicionales que confirmen dependencia.

1. La subordinación debe ser continua y permanente, condición que no se cumple en el sub lite , dado que la demandante únicamente cumplía con el objeto contractual y no estaba sujeta a reglamentos ni instrucciones del municipio de Floridablanca. La sentencia de primera instancia señaló que, conforme al artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los contratos de prestación de servicios no generan relación laboral ni prestaciones sociales, y deben celebrarse por el término estrictamente indispensable; sin embargo, el a quo no analizó que la demandante tuvo contratos durante tres años, en un contexto en el cual la entidad territorial carecía de docentes suficientes.

4Expediente digital, gestión en otras corporaciones, actuación 41 índice SAMAI,Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia Demandante: Carmen Elisa Sierra Méndez Demandado: municipio de Floridablanca Radicado: 680013333008-2020-00032-01

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1. En el sub examine, aunque existen contratos suscritos con la demandante, no se demostró subordinación ni sometimiento a reglamentos y, por el contrario,

Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

1. En el sub examine, aunque existen contratos suscritos con la demandante, no se demostró subordinación ni sometimiento a reglamentos y, por el contrario, la señora Sierra Méndez cumplió únicamente con el objeto contractual. En ese sentido, la subordinación reconocida por la primera instancia corresponde más a una coordinación, lo cual permite establecer directrices para garantizar el cumplimiento del contrato sin que ello configure una relación laboral.

1.5. Trámite de segunda instancia

Por auto del 26 de septiembre de 2025 5 se admitió el recurso de apelación interpuesto y se ordenó la notificación personal al Ministerio Público y a las partes por estado.

1.6. Alegatos de conclusión

1.6.1. Parte demandante

No se presentaron.

1.6.2. Parte demandada

No se presentaron.

1.6.3. Concepto del agente del Ministerio Público

No se presentó.

2. Consideraciones

Concluido el trámite procesal sin que la Sala advierta irregularidad alguna con eficacia para invalidar la actuación adelantada, y luego de verificar que se hallan estructurados los presupuestos de ley para decidir el fondo del asunto , procederá la Corporación a proferir el fallo de segunda instancia.

2.1. Competencia.

Conforme al artículo 153 del CPACA, el Tribunal Administrativo es competente para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los juzgados administrativos de su jurisdicción territorial, razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los juzgados administrativos de su jurisdicción territorial, razón por la cual procede la Sala a desatar la presente controversia en segunda instancia.

2.2. Problema jurídico

De acuerdo con los argumentos planteados en el fallo de primera instancia y en el escrito de apelación, le corresponde a la Sala determinar si entre la señora

5 Expediente digital, actuación 7 Índice SAMAI.Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia Demandante: Carmen Elisa Sierra Méndez Demandado: municipio de Floridablanca Radicado: 680013333008-2020-00032-01

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Carmen Elisa Sierra Méndez y el municipio de Floridablanca existió una verdadera relación laboral encubierta o subyacente, que implique como consecuencia el reconocimiento de los aportes pensionales adeudados al sistema integral de seguridad social durante el periodo en que la demandante estuvo vinculada contractualmente como docente de la entidad.

2.3. Marco normativo

El Consejo de Estado, en sentencia de unificación SUJ-2-005-16 del 25 de agosto de 2016, 6 fijó criterios fundamentales sobre las relaciones laborales encubiertas en el sector docente. En ese pronunciamiento, definió con precisión las reglas aplicables respecto a la prescripción del derecho reclamado y los requisitos necesarios para determinar l a existencia de una relación laboral en la actividad docente.

encubiertas en el sector docente. En ese pronunciamiento, definió con precisión las reglas aplicables respecto a la prescripción del derecho reclamado y los requisitos necesarios para determinar l a existencia de una relación laboral en la actividad docente.

En primer lugar, respecto de la prescripción del derecho reclamado, el Consejo de Estado, en la sentencia referida, precisó que, conforme al artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, las acciones derivadas de derechos laborales prescriben en un término de tres años, contados a partir del momento en que la obligación se torna exigible. Este término admite una única interrupción mediante la presentación de un reclamo escrito por parte del trabajador ante la autoridad competente. Del mismo modo, el artículo 102 de l Decreto 1848 de 1969 regula esta materia en términos análogos, al reiterar que la interrupción de la prescripción opera por un período equivalente al del reclamo presentado.

En efecto, la prescripción, conforme a la interpretación doctrinal y jurisprudencial acogida por el Consejo de Estado y por este Tribunal, constituye un medio legal para la adquisición o extinción de derechos y acciones, derivado del transcurso del tiempo, siempre que se cumplan los requisitos previstos en la normativa aplicable. Si bien el artículo 53 de la Constitución Política consagra la irrenunciabilidad de los beneficios laborales mínimos, ello no excluye la validez de la prescripción extintiva como figura legítima dentro del ordenamiento jurídico, la cual tiene como finalidad garantizar la seguridad jurídica, estabilizar las relaciones laborales y evitar controversias judiciales originadas en omisiones prolongadas por parte de los trabajadores al ejercer sus derechos.

Sobre el particular expuso lo siguiente:

jurídico, la cual tiene como finalidad garantizar la seguridad jurídica, estabilizar las relaciones laborales y evitar controversias judiciales originadas en omisiones prolongadas por parte de los trabajadores al ejercer sus derechos.

Sobre el particular expuso lo siguiente:

«[…] En lo concerniente al término prescriptivo, advierte la Sala que no cabe duda acerca de su fundamento normativo, es decir, los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, que regulan el régimen prestacional de los empleados públicos, según los cuales aquel lapso es de tres (3) años, que se interrumpe por una sola vez con el reclamo escrito del trabajador, en razón a que lo que se reclama en este tipo de asuntos (contrato realidad) es el reconocimiento de las prestaciones a que se tendría derecho si la Administración no hubiese utilizado la figura del contrato de prestación de servicios para esconder en la práctica una verdadera relación laboral.

6 Sección segunda; consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter, radicado: 23001-23-33-0002013-00260-01(0088-15)CE-SUJ2-005-16, sentencia del 25 de agosto de 2016Nulidad y restablecimiento del derecho Sentencia de segunda instancia Demandante: Carmen Elisa Sierra Méndez Demandado: municipio de Floridablanca Radicad