TA SAN - Sentencia 680013333005-2025-00032-01 (10-04-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada ponente: CLAUDIA XIMENA ARDILA PÉREZ

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Bucaramanga, diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025)

ACCIÓN TUTELA

ACCIONANTE

LEIDY MARYURI CÁRDENAS PRADO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.098.615.667, en representación de sus hijos menores de edad J.L.G.C. y A.G.C. leidycardenas86@outlook.com;

ACCIONADOS

1. JORGE LEONARDO GUERRERO

GUERRERO

jorge.guerrero3757@correo.polia.gov.co

2. NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSAPOLICÍA NACIONAL - ÁREA NOMINAPAGADOR

desean.notificacion@policia.gov.co ditah.anopa-sec@policia.gov.co ditah.tutelas@policia.gov.co ditah.gruno-embargos@policia.gov.co ditah.gruem-jef@policia.gov.co

VINCULADOS

1. COESGERECABOPER

coboper@hotmail.com

2. JORGE ALIRIO VASQUEZ LAGOS

vasquezsj_@hotmail.com; arnulfovasquezabogado@hotmail.com;

3. JUZGADO NOVENO CIVIL

MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

j09cmbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co

4. JUZGADO PRIMERO PROMISCUO

3. JUZGADO NOVENO CIVIL

MUNICIPAL DE BUCARAMANGA

j09cmbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co

4. JUZGADO PRIMERO PROMISCUO

MUNICIPAL DE LEBRIJA

j01prmpallebrija@cendoj.ramajudicial.go v.co

5. JUZGADO SÉPTIMO CIVIL

MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE

BUCARAMANGA

j07ecmbuc@cendoj.ramajudicial.go v.co; RADICADO 680013333005-2025-00032-01 TEMAS

DERECHO DE ALIMENTOS DE MENORES

DE EDAD. PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. PRELACIÓN DE CRÉDITOS. En los casos donde se presente una concurrencia de créditos, se debe priorizar el pago total del monto correspondiente a la cuota alimentaria y disponer del dinero restante, hasta alcanzar el 50% permitido, para cubrir los otros créditos. Se confirma la sentencia de primera instancia.ASUNTO: SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN: TUTELA RADICADO: 680013333-005-2025-00032-01

ACCIONANTE: LEIDY MARYURI CARDENAS PRADO

ACCIONADOS: JORGE LEONARDO GUERRERO Y OTRO

VINCULADOS: COESGERECABOPER Y OTROS

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander Se decide la impugnación formulada por parte de l accionante contra la sentencia proferida el 24 de febrero de 202 5 por el Juzgado Quinto Administrativo de

Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander Se decide la impugnación formulada por parte de l accionante contra la sentencia proferida el 24 de febrero de 202 5 por el Juzgado Quinto Administrativo de Bucaramanga; remitida al Despacho ponente el 12 de marzo de 2025, según acta de reparto, la cual se muestra en la actuación 03 del expediente digital cargado en el sistema judicial SAMAI.1

I. ANTECEDENTES

A. El escrito de tutela2

1. Pretensiones La accionante, en representación de sus dos hijos menores de edad J.L.G.C. y A.G.C., solicita la protección de sus derechos fundamentales a la vida, la integridad física, la salud, la alimentación, la educación, la cultura, la recreación, al mínimo vital y dignidad humana, los cuales, a su juicio, fueron vulnerados por la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, por reducir el monto descontado del sueldo de su cónyuge, Jorge Leonardo Guerrero, correspondiente a la cuota alimentaria acordada mediante conciliación.

2. Hechos La accionante señala que está casada con el señor Jorge Leonardo Guerrero, quien en 2020 fue trasladado a otra ciudad por decisión de su empleador, la Policía Nacional, cuando su hijo J.L.G.C. tenía 18 meses. Refiere que mediante conciliación acordaron una cuota alimentaria de $1.100.000 a favor de su hijo, la cual sería descontada del salario de su progenitor.

Narra que en 2022 el señor Jorge Leonardo Guerrero fue trasladado nuevamente a Bucaramanga, lo que les permitió reanudar su convivencia como pareja . Tiempo

salario de su progenitor.

Narra que en 2022 el señor Jorge Leonardo Guerrero fue trasladado nuevamente a Bucaramanga, lo que les permitió reanudar su convivencia como pareja . Tiempo después, procrearon a su hija A.G.C., quien actualmente tiene 20 meses de edad.

Expone que su vínculo matrimonial ha experimentado un deterioro debido a diferencias con su cónyuge, las cuales están relacionadas principalmente con motivos económicos y su decisión de no trabajar para dedicarse al cuidado de sus hijos.

Indica que acordó con su cónyuge que se mantendría la cuota de alimentos y el descuento directo desde su nómina . A simismo, decidieron iniciar el trámite para modificar el acuerdo e incluir a su hija A.G.C. en la cuota alimentaria, lo cual, según dice, se realizará el 2 de julio de 2025 ante el ICBF.

Informa que, al revisar el certificado de sueldos del señor Jorge Leonardo Guerrero, observó que únicamente se le descontaron $897.000 como cuota alimentaria. Este monto, según señala, se redujo debido a la inclusión de dos embargos por orden de dos juzgados civiles con ocasión de unos créditos en los que el agente de policía actúa como fiador. Destaca que esta disminución en el descuento de nómina destinado a la cuota alimentaria vulnera los derechos fundamentales de sus hijos J.L.G.C. y A.G.C., dado que e l salario de su padre es el único ingreso con el que ellos cuentan para subsistir.

B. Informes de los accionados

1. El señor Jorge Leonardo Guerrero 3 corroboró los hechos expuestos en la demanda y manifestó su conformidad con el mantenimiento del pago de la cuota

subsistir.

B. Informes de los accionados

1. El señor Jorge Leonardo Guerrero 3 corroboró los hechos expuestos en la demanda y manifestó su conformidad con el mantenimiento del pago de la cuota alimentaria para sus hijos, conforme a lo establecido en la conciliación de 2020.

1 Expediente digital cargado en el aplicativo judicial SAMAI. Índice 03. 2 Expediente digital cargado en el aplicativo judicial SAMAI. Gestión en otros despachos. 2025 -00032-00. Índice 3, documento denominado: 1ConstanciaSecr_DEMANDA_14_2_20258_5 3 Expediente digital cargado en el aplicativo judicial SAMAI. Gestión en otros despachos. 2025 -00032-00. Índice 6.ASUNTO: SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN: TUTELA RADICADO: 680013333-005-2025-00032-01

ACCIONANTE: LEIDY MARYURI CARDENAS PRADO

ACCIONADOS: JORGE LEONARDO GUERRERO Y OTRO

VINCULADOS: COESGERECABOPER Y OTROS

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

2. La Ministerio de Defensa - Policía Nacional guardó silencio.

C. Sentencia de primera instancia4

Mediante providencia del 24 de febrero de 2025, el Juzgado Quinto Administrativo de

Bucaramanga resolvió:

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la vida, la integridad física, la salud, la alimentación, a la educación, la cultura, la recreación, al mínimo vital, dignidad humana e Integridad personal de los menores de edad

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales a la vida, la integridad física, la salud, la alimentación, a la educación, la cultura, la recreación, al mínimo vital, dignidad humana e Integridad personal de los menores de edad J.L.G.C. y A.G.C , representados por su madre la señora LEIDY MARYURI CARDENAS PRADO, conforme lo señalado en la parte motiva de este fallo.

SEGUNDO: ORDENAR a la POLICIA NACIONAL – ÁREA NOMINAPAGADOR, que dentro del término perentorio de cuarenta y ocho (48) horas, siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a actualizar el pago de nómina del señor JORGE LEONARDO GUERRERO, garantizando el pago total del monto de la cuota alimentaria pactada en audiencia de conciliación realizada en 2020, a los menores aquí accionantes, tal y como se indicó en la parte motiva de esta decisión, debiendo informar al Despacho sobre el cumplimiento d e lo ordenado, dentro de las 48 horas siguientes a las inicialmente conferidas.

El a quo precisó que, debido al silencio de la Policía Nacional, no fue posible verificar el origen de los nuevos embargos y, en aplicación del principio de veracidad, dio por cierto que los embargos son de carácter civil, conforme a los hechos expuestos por la accionante. Asimismo, destacó que, de acuerdo con la Constitución y el Código de Infancia y Adolescencia, el pago de la cuota alimentaria para los menores J.L.G.C. y A.G.C. tiene prioridad legal sobre cualquier otra obligación . P or tal motivo , concluyó, se debe garantizar que el pago de la cuota alimentaria se anteponga a otras deudas, como lo

prioridad legal sobre cualquier otra obligación . P or tal motivo , concluyó, se debe garantizar que el pago de la cuota alimentaria se anteponga a otras deudas, como lo exige la normativa vigente.

D. Impugnación5

El Ministerio de Defensa – Policía Nacional solicita que se revoque la decisión de primera instancia y, en su lugar, se declare improcedente la acción de tutela.

Advierte que el proceso presenta un vicio por indebida conformación del contradictorio, pues no se vinculó a la cooperativa COESGERECABOPER ni al señor Jorge Alirio Vásquez Lagos como litisconsortes necesarios, a pesar de que son los ejecutantes en los procesos ordinarios en los cuales se ordenaron los embargos por créditos en los que el señor Jorge Leonardo Guerrero firmó como fiador.

Añade que la accionante no acreditó el requisito de subsidiariedad, dado que existen mecanismos legales ordinarios disponibles para hacer cumplir las obligaciones alimentarias, los cuales deben ser resueltos por la jurisdicción competente como s on los jueces de familia. Además, sostiene que los únicos descuentos con prelación sobre los embargos relacionados con obligaciones civiles son aquellos destinados al cumplimiento de las obligaciones alimentarias, siempre que hayan sido ordenados por una autoridad judicial.

4 Expediente digital cargado en el aplicativo judicial SAMAI. Gestión en otros despachos. 2025 -00032-00. Índice 8. 5 Expediente digital cargado en el aplicativo judicial SAMAI. Gestión en otros despachos. 2025 -00032-00. Índice 12, documento denominado: 41_MemorialWeb_Respuesta-IMPUGNACIONFALLODEASUNTO: SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

41_MemorialWeb_Respuesta-IMPUGNACIONFALLODEASUNTO: SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN: TUTELA RADICADO: 680013333-005-2025-00032-01

ACCIONANTE: LEIDY MARYURI CARDENAS PRADO

ACCIONADOS: JORGE LEONARDO GUERRERO Y OTRO

VINCULADOS: COESGERECABOPER Y OTROS

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

E. Trámite en segunda instancia e intervenciones

Mediante auto del 20 de marzo de 2025, se negó la solicitud de nulidad formulada por la entidad accionada. En esa misma providencia, se vinculó a Coesgerecaboper, al señor Jorge Alirio Vásquez Lagos, al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Lebrija y al Juzgado Noveno Civil Municipal de Bucaramanga, como terceros con interés. 6 Asimismo, el 21 de marzo de 2025 se vinculó al Juzgado Séptimo Civil Municipal de Ejecución de Bucaramanga.7

También se llamó a declarar a los esposos Leidy Maryuri Cárdenas Prado y Jorge Leonardo Guerrero Guerrero, para el jueves 27 de marzo de 2025 a las 2:00 p.m. La diligencia se llevó a cabo el día programado.

Los terceros interesados intervinieron así:

1. COESGERECABOPER8 se opone a las pretensiones de la accionante, porque, a su juicio, la acción de tutela es improcedente por existir mecanismos ordinarios para proteger los derechos deprecados.

1. COESGERECABOPER8 se opone a las pretensiones de la accionante, porque, a su juicio, la acción de tutela es improcedente por existir mecanismos ordinarios para proteger los derechos deprecados.

Cuestiona cómo la accionante obtuvo acceso al certificado de sueldos del señor Jorge Leonardo Guerrero, dado que dicho documento está bajo reserva y solo se puede consultar a través de un usuario y contraseña asignado al agente. Aclara que la obligación del señor Guerrero no corresponde a la de fiador, sino en calidad de deudor del título suscrito.

Asimismo, precisa que los gastos de los niños deben ser distribuidos de manera equitativa entre ambos progenitores, lo cual no ha sido demostrado por la accionante, en particular, destaca la afirmación de esta sobre su pago de arriendo y servicios públicos, dado que , según afirma, su cónyuge goza del beneficio de vivienda fiscal gratuita proporcionado por la Policía Nacional, y ella reside con él y sus hijos.

2. El JUZGADO NOVENO CIVIL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 9 informa que remitió el expediente por competencia a los Juzgados de Ejecución Civil Municipal de Bucaramanga, y que, por reparto, el caso fue asignado al Juzgado Séptimo Civil

Municipal de Ejecución de Bucaramanga.

Los demás vinculados no se pronunciaron.

II. CONSIDERACIONES

A. Acerca de la Competencia

La competencia para resolver el recurso de impugnación recae en esta Corporación, según lo dispuesto en los artículos 1° del Decreto 1382 de 2000 y 37 del Decreto 2591

A. Acerca de la Competencia

La competencia para resolver el recurso de impugnación recae en esta Corporación, según lo dispuesto en los artículos 1° del Decreto 1382 de 2000 y 37 del Decreto 2591 de 1991, como quiera que se interpuso contra una sentencia de tutela de primera instancia proferida por un juez administrativo de esta sede judicial.

B. El problema jurídico y su resolución

De acuerdo con la reseña que antecede, la Sala plantea y resuelve el siguiente problema jurídico:

6 Expediente digital cargado en el expediente digital SAMAI. Índice 6. 7 Expediente digital cargado en el expediente digital SAMAI. Índice 18. 8 Expediente digital cargado en el expediente digital SAMAI. Índice 12. 9 Expediente digital cargado en el expediente digital SAMAI. Índice 15. Documento denominado: 15Constanciasecr_CONSTANCIADERECIBIDOASUNTO: SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN: TUTELA RADICADO: 680013333-005-2025-00032-01

ACCIONANTE: LEIDY MARYURI CARDENAS PRADO

ACCIONADOS: JORGE LEONARDO GUERRERO Y OTRO

VINCULADOS: COESGERECABOPER Y OTROS

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander ¿La Policía Nacional vulneró los derechos fundamentales de los niños J.L.G.C. y A.G.C. al reducir el valor del descuento que realiza del salario devengado por su progenit or, miembro de la institución, destinado al pago de la cuota

¿La Policía Nacional vulneró los derechos fundamentales de los niños J.L.G.C. y A.G.C. al reducir el valor del descuento que realiza del salario devengado por su progenit or, miembro de la institución, destinado al pago de la cuota alimentaria, con fundamento en la existencia de dos órdenes judiciales de embargo por deudas contraídas por el padre?

Tesis: Sí.

Fundamento: Los derechos de los niños deben prevalecer sobre los demás, especialmente en lo que respecta a la acreencia alimentaria, la cual tiene prelación frente a los derechos de otros acreedores , de conformidad con lo establecido en el artículo 134 del Código de la Infancia y Adolescencia; por tal motivo, en los casos donde se presente una concurrencia de créditos, se debe priorizar el pago total del monto correspondiente a la cuota alimentaria y disponer del dinero restante, hasta alcanzar el 50% permitido, para cubrir los otros créditos.

En relación con el asunto en cuestión, se observa que el señor Jorge Leonardo Guerrero concilió una cuota alimentaria y, por orden judicial, tiene embargos relacionados con dos créditos civiles, los cuales suman un total que supera el 50% del límite de embargo permitido por la ley. En ese contexto, la Policía Nacional debió priorizar el pago total del monto correspondiente a la cuota alimentaria y disponer del dinero restante, hasta alcanzar el 50% permitido, para cubrir los créditos civiles.

Para sustentar la tesis planteada, la Sala analizará el principio constitucional del interés superior de los niños, niñas y adolescentes . Luego, examinará la cuota alimentaria y la prelación de créditos y embargos . Finalmente, con base en las

Para sustentar la tesis planteada, la Sala analizará el principio constitucional del interés superior de los niños, niñas y adolescentes . Luego, examinará la cuota alimentaria y la prelación de créditos y embargos . Finalmente, con base en las pruebas válidamente recaudadas, establecerá que, por un lado, existe una obligación alimentaria a cargo del señor Jorge Leonardo Guerrero a favor de los niños J.L.G.C. y A.G.C., y, por otro, concluirá que la Policía Nacional, como pagador del agente, debe garantizar el pago de dicha cuota alimentaria

C. Marco jurídico

1. El principio constitucional del interés superior de los niños, niñas y adolescentes El artículo 44 de la Constitución Política10, los arts. 8 y 9 del Código de la Infancia y la Adolescencia11, y diferentes instrumentos internacionales12 consagran el principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Este principio ordena reconocer en favor de los menores «un trato preferente de parte de la familia, la sociedad y el

10 «ARTICULO 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, expl otación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derecho s consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia».

económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derecho s consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia». 11 «Artículo 8º. Interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes: Se entiende por interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes / Artículo 9º. Prevalencia de los Derechos: En todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona. En caso de conflicto entre dos o más disposiciones legales, adm inistrativas o disciplinarias, se aplicará la norma más favorable al interés superior del niño, niña o adolescente.» 12 En el contexto internacional, el principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes fue reconocido en la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 y en la Convención sobre los Derechos del Niño. El artículo 3.1 de este último instrumento prevé que en todas las medidas que tomen las autoridades, concernientes a los menores, «una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño». El Comité de los Derechos del Niño, en la Observación General No. 14 -soft law -, señ aló que este principio abarca tres dimensiones: i) es un derecho

sustantivo del niño a que su interés superior sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar dis tintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debati da, y la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una decisión que lo afecte; ii) es un principio jurídico interpretativo fundamental, pues si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se elegirá aquella que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño; y iii) es una norma de procedimiento, porque siempre que se deba tomar una decisión que afecte al menor, se deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones (positivas o n egativas) de la misma. Esta síntesis de la observación general fue consignada por la Corte Constitucional en la sentencia T -105 de 2020. Allí también señaló que, según la observación general mencionada, la evaluación de tal interés supone un estudio de las circunstancias concretas de cada menor (edad, sexo, grado de madurez, experiencia, pertenencia a un grupo minoritario, existencia de una discapacidad física, sensorial o intelectual, y el contexto social y cultural). En sentencia T -468 de 2018, la Corte a naliza de manera de manera sistemática los instrumentos internacionales que consagran el mencionado principio.ASUNTO: SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN: TUTELA RADICADO: 680013333-005-2025-00032-01

ACCIONANTE: LEIDY MARYURI CARDENAS PRADO

ACCIONADOS: JORGE LEONARDO GUERRERO Y OTRO

VINCULADOS: COESGERECABOPER Y OTROS

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado

ACCIONADOS: JORGE LEONARDO GUERRERO Y OTRO

VINCULADOS: COESGERECABOPER Y OTROS

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander Estado, procurando que se garantice siempre su desarrollo armónico e integral» 13. También dispone que todo conflicto que surja entre sus derechos y los de otro grupo poblacional «debe resolverse en su favor»14.

La Corte Constitucional ha afirmado de manera categórica que el principio del interés superior del menor no debe ser considerado como un mero adorno retórico de la Carta Fundamental. Su fuerza vinculante es «real y relacional», de manera que siempre que se presente una colisión con los derechos fundamentales de este grupo vulnerable se deben considerar «las circunstancias individuales, únicas e irrepetibles de cada menor de edad, que, en tanto sujeto digno debe ser atendido por la familia, la sociedad y el Estado con todo el cuidado que requiere su situación personal».15

No obstante, esa Corporación ha precisado que este principio no es absoluto, por lo que no existen reglas de precedencia incondicionales 16. En consecuencia, su aplicación debe ser ponderada en cada caso concreto, considerando la coexistencia con otros principios. Para ello, ha fijado pautas generales de carácter fáctico y jurídico que orientan la resolución de conflictos cuando están involucrados menores de edad.

Desde el ámbito fáctico, la jurisprudencia ha señalado como premisa fundamental la obligación de las autoridades de abstenerse de desmejorar las condiciones en las que se encuentra el menor al momento de la decisión17.

Desde el ámbito fáctico, la jurisprudencia ha señalado como premisa fundamental la obligación de las autoridades de abstenerse de desmejorar las condiciones en las que se encuentra el menor al momento de la decisión17.

Desde el ámbito jurídico, se han identificado mandatos generales derivados del principio del interés superior del menor, entre los que se destacan18:

(i) Garantizar el desarrollo integral del niño: lo que implica, «como regla general, asegurar el desarrollo armónico e integral». «El desarrollo es armónico cuando comprende las diferentes facetas del ser humano (intelectual, afectiva, social, cultural, políti ca, religiosa, etc.); y es integral cuando se logra un equilibrio entre esas dimensiones o cuando al menos no se privilegia ni se minimiza o excluye desproporcionadamente alguna de ellas».

(ii) Garantizar las condiciones para el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales: los derechos fundamentales de los niños además de los que tiene toda persona comprende los especificados en el artículo 44 Superior, a saber, la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Esta premisa implica «una i nterpretación de las normas que procure maximizar todos sus derechos.» (…)

(v) Garantizar un ambiente familiar apto para el desarrollo del menor de edad: «se le debe proveer una familia en la cual los padres o acudientes cumplan con los deberes derivados de su posición, [de tal forma que] le permitan desenvolverse adecuadamente e n un ambiente de cariño, comprensión y protección».

proveer una familia en la cual los padres o acudientes cumplan con los deberes derivados de su posición, [de tal forma que] le permitan desenvolverse adecuadamente e n un ambiente de cariño, comprensión y protección». (vi) La exigencia de una argumentación contundente para la intervención del Estado en las relaciones paterno y materno filiales. Sobre la prelación de créditos y embargos.

2. Sobre la cuota alimentaria y la prelación de créditos y embargos El derecho de alimentos implica la facultad que tiene una persona de exigir el dinero necesario para su subsistencia, cuando no se encuentre en las condiciones para procurárselos por sí misma. Esto a quien esté legalmente en la obligación de

13Corte Constitucional, sentencias C-019 de 1993, T-290 de 1993, T-278 de 1994, T-442 de 1994, T-408 de 1995, T-412 de 1995, T-041 de 1996, SU225 de 1998, T-514 de 1998, T-587 de 1998, T-715 de 1999, C-093 de 2001, C-814 de 2001, T-979 de 2001, T-189 de 2003, T-510 de 2003, T292 de 2004, C-507 de 2004, C-796 de 2004, T-864 de 2005, T-551 de 2006, C-738 de 2008, C-149 de 2009, C-468 de 2009, T-078 de 2010, T572 de 2010, C840 de 2010 y C-177 de 2014, T-741 de 2017, entre muchas otras. 14 Corte Constitucional, sentencia T-292 de 2016 15 Sentencias T-408 de 1995 y T-510 de 2003

572 de 2010, C840 de 2010 y C-177 de 2014, T-741 de 2017, entre muchas otras. 14 Corte Constitucional, sentencia T-292 de 2016 15 Sentencias T-408 de 1995 y T-510 de 2003 16 Alexy, Ob. Cit. 85 a 87 17 Sentencia T-292 de 2016 18 Los anteriores mandatos fueron sistematizados en la sentencia T -292 de 2016ASUNTO: SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN: TUTELA RADICADO: 680013333-005-2025-00032-01

ACCIONANTE: LEIDY MARYURI CARDENAS PRADO

ACCIONADOS: JORGE LEONARDO GUERRERO Y OTRO

VINCULADOS: COESGERECABOPER Y OTROS

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander suministrarlo.19 Al respecto, el artículo 411 del Código Civil señala quienes se encuentran en la obligación de suministrar alimentos a quienes no se encuentren en la capacidad de procurarse su propia subsistencia.20 La precitada disposición coloca en cabeza de los padres el deber constitucional de manutención y educación de los hijos, en determinadas circunstancias de debilidad manifiesta como son la minoría de edad y la incapacidad física o mental que impida el autosoporte. Los derechos de los niños deben prevalecer sobre los demás, especialmente en lo que respecta a la acreencia alimentaria, la cual tiene prelación frente a los derechos de otros acreedores, incluso por encima de aquellos considerados de primer orden según lo dispuesto en el artículo 249 5 del Código Civil ,21 de conformidad con lo

que respecta a la acreencia alimentaria, la cual tiene prelación frente a los derechos de otros acreedores, incluso por encima de aquellos considerados de primer orden según lo dispuesto en el artículo 249 5 del Código Civil ,21 de conformidad con lo establecido en el artículo 134 del Código de la Infancia y Adolescencia . La norma dispone: ARTÍCULO 134. PRELACIÓN DE LOS CRÉDITOS POR ALIMENTOS. Los créditos por alimentos a favor de los niños, las niñas y los adolescentes gozan de prelación sobre todos los demás. Pues bien, de conformidad con el anterior marco legal, es claro que la prelación de crédito por alimentos se predica a favor de los niños, niñas y adolescentes, esto es, los menores de 18 años.

3. La procedencia de la acción de tutela para asegurar el derecho de alimentos

El requisito de subsidiariedad de la acción de tutela exige que el accionante agote previamente los medios judiciales de defensa disponibles para la protección de sus derechos, conforme lo dispone el art. 6 del Decreto 2591 de 1991 y establece las siguientes dos excepciones a esta regla: (i) que la acción de tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, o (ii) que los recursos o medios de defensa no sean idóneos y eficaces para proteger los derechos del accionante, caso en el que procede como mecanismo definitivo.

En ese sentido, la jurisprudencia ha señalado que la tutela es un mecanismo judicial de carácter residual y subsidiario. 22 Entonces, el accionante debe adelantar de manera diligente todas las acciones que estén a su alcance dentro del marco de idoneidad y eficacia que estas puedan tener para la protección de sus derechos.23

de carácter residual y subsidiario. 22 Entonces, el accionante debe adelantar de manera diligente todas las acciones que estén a su alcance dentro del marco de idoneidad y eficacia que estas puedan tener para la protección de sus derechos.23

La Corte constitucional 24 ha sostenido que un mecanismo judicial resulta idóneo cuando (i) se encuentra regulado para resolver la controversia judicial y (ii) permite la protección de las garantías constitucionales. Además, es eficaz cuando asegura la oportunidad de la protección judicial25.

19 Sentencias C-919 de 2001, C-875 de 2003, C-156 de 2003 y T-1096 de 2008.

20 CÓDIGO CIVIL.

ARTÍCULO 411. <TITULARES DEL DERECHO DE ALIMENTOS>. Se deben alimentos: (…) 2º) A los descendientes. (…) 5º) A los hijos naturales, su posteridad y a los nietos naturales. 21 CÓDIGO CIVIL. ARTÍCULO ARTICULO 2495. <CRÉDITOS DE PRIMERA CLASE>. La primera clase de crédito comprende los que nacen de las causas que en seguida se enumeran:

1. Las costas judiciales que se causen en el interés general de los acreedores.

2. Las expensas funerales necesarias del deudor difunto.

3. Los gastos de la enfermedad de que haya fallecido el deudor.

Si la enfermedad hubiere durado más de seis meses, fijará el juez, según las circunstancias, la cantidad hasta la cual se ext ienda l