TA SAN - Sentencia 680013333011-2020-00203-02 (25-09-2025)

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander

SIGCMA-SGC

República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público Tribunal Administrativo de Santander

Bucaramanga, veinticinco (25) de septiembre de 2025

Sentencia de segunda instancia

Radicado: 680013333011-2020-00203-02

Enlace del expediente: https://samai.azurewebsites.net/Vistas/Casos/list _procesos.aspx?guid=680013333011202000203

006800133

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Demandante: Roberto Alexander Duarte Corzo Apoderado parte

demandante: Hernán Darío Rincón Espinel abogados@rinconperez.com

Demandado: Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la

Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial dsajbganotif@cendoj.ramajudicial.gov.co Ministerio público Jhon Carlos García Perea jcgarcia@procuraduria.gov.co Asunto: Sentencia de segunda instancia. Modifica y adiciona.

Tema: Bonificación judicial. La bonificación judicial debe ser reconocida como factor salarial para todos los efectos legales. Sin condena en costas en segunda instancia.

Sentencia No. 135

Magistrada ponente: Claudia Patricia Peñuela Arce

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia del 25 de marzo de 2025 , proferida por el

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de primera instancia del 25 de marzo de 2025 , proferida por el Juzgado 601 Administrativo Transitorio de Bucaramanga.Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Roberto Alexander Duarte Corzo

Demandado: Nación – Rama Judicial

Radicado No. 680013333011-2020-00203-02

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander La Sala es competente para resolver el recurso, de conformidad con lo previsto en el artículo 153 del CPACA, el cual fue admitido mediante auto del 28 de agosto de 20251.

1. Antecedentes

1.1. Posición de la parte demandante2

La parte demandante solicitó declarar la nulidad de la Resolución número 02428 del 7 de marzo de 2016 expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, y del acto ficto o presunto por la no contestación del recurso de apelación presentado el 25 de marzo de 2016, mediante la cual se negó la liquidación de todas las prestaciones sociales, incluyendo como factor salarial la Bonificación Judicial.

Formuló como pretensiones, de forma literal, las siguientes:

“1.1. INAPLICAR todas y cada una de las normas que, inconstitucionalmente y respecto de mi poderdante, han representado la merma y restricción de derechos laborales de mi prohijado, sustrayendo el carácter salarial de la BONIFICACIÓN JUDICIAL. En particular , los

inconstitucionalmente y respecto de mi poderdante, han representado la merma y restricción de derechos laborales de mi prohijado, sustrayendo el carácter salarial de la BONIFICACIÓN JUDICIAL. En particular , los Decretos N° 383 y 384 de 2013 (creadores de la Bonificación Judicial para la Rama Judicial) expedidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública; al igual que aquellos que lo modifican, como lo son los Decretos números 1269 de 2015, 246 de 2016, 1016 de 2017, 340 de 2018 y los que en lo sucesivo al respecto se expidan.

1.1. DECLARAR LA NULIDAD de los actos administrativos: i) Resolución N° 02428 del 07 de marzo de 2016 expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial y notificada el día 19 de mayo de 2016; y el ii) Acto Administrativo ficto que, conforme el artículo 86 de la Ley 1437 de 2011, surgió como consecuencia del silencio administrativo negativo procesal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, ante el recurso de apelación interpuesto el día 25 de mayo de 2016 en contra de la referida Resolución.

Actos Administrativos con los cuales, la entidad resolvió negativamente el derecho de petición presentado electrónicamente el día 07 de marzo de 2016, donde se pretendía el reconocimiento y pago de la diferencia prestacional dejada de percibir como consecuencia de la exclusión de la BONIFICACIÓN JUDICIAL como factor salarial, para la liquidación de las demás prestaciones sociales.

1.2. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, deberá

BONIFICACIÓN JUDICIAL como factor salarial, para la liquidación de las demás prestaciones sociales.

1.2. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, deberá RESTABLECER EL DERECHO de mi poderdante y PAGAR las diferencias prestacionales negadas en los actos administrativos i mpugnados y que corresponden a la reliquidación de las prestaciones sociales de mi prohijado con la inclusión como factor salarial, de la BONIFICACIÓN JUDICIAL, que legalmente ha percibido mi poderdante. Sumas las cuales deberán ser

1 Expediente digital de OneDrive, 002AutoAdmiteRecursoApelacion.pdf 2 Expediente digital de OneDrive, 01Demanda.pdfNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Roberto Alexander Duarte Corzo

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander indexadas, tal como lo ordena el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 y de conformidad con la fórmula de liquidación desarrollada por el Honorable Consejo de Estado.

1.3. Se reconozcan los respectivos intereses corrientes y/o moratorios sobre las sumas que resulten a su favor desde que se hizo exigible el derecho.

1.4. En lo sucesivo y para todos los efectos legales, se liquide la nómina de mi poderdante con la inclusión del reconocimiento prestacional objeto del presente medio de control, concerniente a reconocerse el carácter salarial

derecho.

1.4. En lo sucesivo y para todos los efectos legales, se liquide la nómina de mi poderdante con la inclusión del reconocimiento prestacional objeto del presente medio de control, concerniente a reconocerse el carácter salarial de la BONIFICACIÓN JUDICIAL. (…)”.

Las anteriores pretensiones se fundamentaron en las siguientes afirmaciones:

El demandante es servidor de la Rama Judicial en calidad de emple ado judicial y devenga mensualmente la bonificación judicial creada con el Decreto número 0383 de 2013.

El 7 de marzo de 2016, radicó petición ante la entidad demandada, mediante la cual solicitó la liquidación y pago de todas las prestaciones sociales con base en la bonificación judicial como factor salarial de los valores dejados de percibir y las que a futuro se generen.

En respuesta, la demandada emitió la Resolución número 02428 de 2016, en la que negó las pretensiones.

Inconforme con la decisión, interpuso recurso de apelación el 25 de marzo de 2016.

La demandada guardó silencio frente a la interposición del recurso de apelación.

Como fundamento de derecho y concepto de violación invocó los artículos 4 y 53, de la Constitución Nacional, la Ley 4 de 1992 , el Decreto 1042 de 1978 , el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo y el Decreto 0383 de 2013. Indicó que debe reconocerse la bonificación judicial para todos los efectos jurídicos propios del salario, dado que se percibe de manera periódica y constituye una contraprestación directa por la prestación del servicio.

1.2. Posición de la parte demandadaNulidad y Restablecimiento del derecho

del salario, dado que se percibe de manera periódica y constituye una contraprestación directa por la prestación del servicio.

1.2. Posición de la parte demandadaNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Roberto Alexander Duarte Corzo

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander La Nación – Rama Judicial3 se opuso a la prosperidad de las pretensiones en los siguientes términos:

Adujo que los actos administrativos acusados tienen sustento en las disposiciones legales contenidas en el Decreto 0383 de 2013, la Ley 4 a de 1992 y en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política; además, que el único con competencia para establecer el régimen prestacional y salarial de los empleados públicos de la Rama Judicial es el Gobierno nacional.

Señaló que, por expreso mandato legal, la Bonificación Judicial constituye factor salarial únicamente para efectos de constituir la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, y que hace parte de la libertad de configuración del legislador establecer qué parte de la remuneración de los empleados públicos constituye o no factor salarial y para qué fines.

Así mismo, refirió que los decretos por medio de los cuales el Gobierno nacional reguló los salarios y prestaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial cumplieron con los estándares legales y constitucionales para su

fines.

Así mismo, refirió que los decretos por medio de los cuales el Gobierno nacional reguló los salarios y prestaciones de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial cumplieron con los estándares legales y constitucionales para su expedición y, en consecuencia, la responsabilidad sobre la inaplicabilidad de la norma salarial no puede ser asumida por la Rama Judicial.

Propuso como excepciones: “caducidad”, “la inexistencia del demandado”, “ineptitud de la demanda”, “cobro de lo no debido”, “falta de legitimación en la causa por pasiva”, “de la integración del litisconsorcio” y la “prescripción trienal”.

1.3. Sentencia de primera instancia4

El juzgado de primera instancia, mediante sentencia de l 25 de marzo de 2025 , resolvió:

“PRIMERO: INAPLICAR por inconstitucional la expresión «constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud» contenida en el artículo 1 del Decreto 383 de 2013.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la Resolución No. 02428 del 7 de marzo de 2016 que negó el reconocimiento de la bonificación judicial como

3 Expediente digital de OneDrive, 013_RECEPCIONMEMORIALENOSJA_CONTESTACION202000.pdf 4Expediente digital de OneDrive, 035Sentenciaantic_20200020300BGASENTEN.pdfNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Rama Judicial del Poder Publico

Sentencia de Segunda Instancia

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander factor salarial por parte de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

TERCERO: ORDENAR a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que reconozca y pague como factor salarial, para todos los efectos legales, la bonificación judicial establecida por el artículo 1° del Decreto 383 de 2013. En co nsecuencia, deberá reliquidar las prestaciones sociales y demás emolumentos devengados a los que tiene derecho el señor el señor Roberto Alexander Duarte Corzo, incluyendo la bonificación judicial como factor salarial, a partir del 7 de marzo de 2013 por el tiempo que dure o duró su vinculación, descontando los aportes del sistema de seguridad social, si no se hubieren hecho, en la proporción que corresponda a la parte demandante.

CUARTO: DISPONER que la entidad demandada cumpla la sentencia en los términos previstos en el artículo 192 del C.P.A.C.A. QUINTO: Sin condena en costas.”

Indicó que el Decreto 0383 de 2013 vulneró los principios constitucionales de favorabilidad e irrenunciabilidad de los beneficios mínimos establecidos en la legislación laboral, al tiempo que transgredió los objetivos y principios señalados en la Ley 4 de 1992, en la medida en que desconoció los efectos salariales de la bonificación judicial.

legislación laboral, al tiempo que transgredió los objetivos y principios señalados en la Ley 4 de 1992, en la medida en que desconoció los efectos salariales de la bonificación judicial.

Consideró que la bonificación judicial fue otorgada de manera continua y mensual, lo que la convierte en una remuneración fija y directa, cumpliendo características de un salario, por lo que debe ser incluida en el cálculo de las demás prestaciones sociales.

Precisó que inaplicará la parte del primer inciso del artículo 1 del Decreto 0383 de 2013 que limita el reconocimiento de la bonificación judicial solo para efectos de cotización al sistema de salud y pensiones, en el entendido de que sus disposiciones contravienen la Constitución y la ley, al no reconocer la bonificación como factor salarial para calcular todas las prestaciones sociales y salariales.

Respecto de la prescripción trienal, señaló que el demandante presentó la reclamación administrativa el 7 de marzo de 2016 . Por tanto, las sumas causadas con anterioridad al 7 de marzo de 2013 se encuentran prescritas.

1.4. Recurso de apelaciónNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander La Nación-Rama Judicial 5 solicitó revocar la decisión de primera instancia con sustento en los siguientes argumentos:

La parte demandante no impugnó oportunamente los Decretos 0383 y 0384 de 2013

La Nación-Rama Judicial 5 solicitó revocar la decisión de primera instancia con sustento en los siguientes argumentos:

La parte demandante no impugnó oportunamente los Decretos 0383 y 0384 de 2013 cuando fueron expedidos, y por lo tanto no puede ahora pretender su inaplicabilidad. El plazo para demandar la nulidad de estos decretos ya caducó según el artículo 138 del CPACA, por lo que la demanda debería ser desestimada. Además, dado que la Resolución No. 2979 del 14 de febrero de 2019, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación, fue notificada el 13 de diciembre de 2019 ; el término de 4 meses con el que contaba la parte demandante para presentar la demanda caducó.

La acción de inaplicabilidad de los decretos salariales por inconstitucionalidad no es válida en este caso, ya que los decretos siguen vigentes hasta que sean declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional.

Refirió como excepciones “falta de legitimación en la causa por pasiva ”, “cobro de lo no debido ” y “no comprender a todos los litisconsortes necesarios ”. Así mismo, recalca que el juez de primera instancia ignoró que solo el Gobierno nacional puede fijar salarios y prestaciones para los servidores de la Rama Judicial. Impuso una carga excesiva y exigió algo imposible a la entidad, sin considerar la normativa que regula el pago de remuneraciones. Además, el pago de emolumentos no contemplados en las proyecciones presupuestales de la Rama Judicial debe gestionarse ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

La bonificación judicial otorgada por el Gobierno Nacional fue el resultado de una

contemplados en las proyecciones presupuestales de la Rama Judicial debe gestionarse ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

La bonificación judicial otorgada por el Gobierno Nacional fue el resultado de una negociación o acuerdo colectivo, mediante el cual se estableció que ciertos emolumentos no tendrían carácter salarial.

El demandante fue desvinculado de la Rama Judicial el 12 de mayo de 2022, fecha en la que recibió la liquidación y pago definitivo de cesantías y prestaciones sociales. No presentó objeción ni interpuso recurso contra dichos conceptos, por lo que se entiende que aceptó lo liquidado conforme al Decreto 383 de 2013.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

Sin pronunciamiento de las partes y del Ministerio Público.

5 Expediente digital de OneDrive, 036_MemorialWeb_Recurso-APELACION202000203.pdfNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Roberto Alexander Duarte Corzo

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2. Consideraciones 2.1. Asunto previo

En aplicación del inciso segundo del artículo 328 del Código General del Proceso6, la Sala se pronunciará únicamente sobre los motivos de inconformidad expresados en la apelación de la demandada.

En relación con los reparos de la parte demandada frente a las excepciones de “inexistencia del demandado”, “ineptitud de la demanda”, “falta de legitimación en la

en la apelación de la demandada.

En relación con los reparos de la parte demandada frente a las excepciones de “inexistencia del demandado”, “ineptitud de la demanda”, “falta de legitimación en la causa por pasiva ” y “no comprender a todos los litisconsortes necesarios ”, es preciso señalar que, mediante auto proferido el 21 de mayo de 20247, el juzgado de primera instancia las resolvió y declaró no probadas. En ese orden y dando aplicación al principio de preclusividad, no hay lugar a reabrir de nuevo el debate y, en esa medida, la Sala no emitirá pronunciamiento alguno sobre este aspecto.

Respecto de la excepción de caducidad, se resolverá en esta oportunidad, al no haberse resuelto en la sentencia y sin pronunciamiento previo del juzgado de primera instancia que permita aplicar el principio de preclusividad. En ese orden, se precisa que los actos acusados, al negar prestaciones periódicas, pueden ser demandados en cualquier tiempo, conforme lo señala el Art. 164, numeral 1, literal c) de la Ley 1437 de 2011. Por lo tanto, la acción para reclamar la reliquidaci ón de prestaciones laborales de tracto sucesivo no caduca, sino que, en su lugar, opera la prescripción de las mesadas o sumas individuales adeudadas, que se activa desde la fecha de la reclamación administrativa y solo respecto de aquellas prestaciones que estén sometidas al fenómeno prescriptivo.

Además, cabe señalar que, si bien el demandante no solicitó expresamente en sus pretensiones la nulidad de la Resolución No. 2979 del 14 de febrero de 2019, por

prestaciones que estén sometidas al fenómeno prescriptivo.

Además, cabe señalar que, si bien el demandante no solicitó expresamente en sus pretensiones la nulidad de la Resolución No. 2979 del 14 de febrero de 2019, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 136 del CPACA ; cuando un acto administrativo es objeto de recurso en sede administrativa, se entiende demandado el acto que lo resuelve.

2.2. Problemas jurídicos y tesis

6 « (...)...Cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso. (...)» 7 Expediente digital de OneDrive, 018Auto Resuelve E_JUZ11BUC2020203RESUE.pdfNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Con el fin de establecer si procede confirmar o, por el contrario, revocar la sentencia de primera instancia, se resolverán los siguientes interrogantes que surgen de los argumentos de impugnación de la parte demandada:

P.J.1: Competencia para modificar el régimen salarial y prestacional. ¿La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial tiene competencia para modificar el régimen salarial y prestacional establecido por el Gobierno nacional en los Decretos 0383 y 0384 de 2013?

Tesis: No, si bien la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no tiene

régimen salarial y prestacional establecido por el Gobierno nacional en los Decretos 0383 y 0384 de 2013?

Tesis: No, si bien la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no tiene competencia para modificar el régimen salarial y prestacional fijado por el Gobierno nacional, sí tiene la facultad de interpretar y aplicar las normas en materia salarial dentro de los límites establecidos. Además, la inaplicación del artículo 1 del Decreto 0383 de 2013 no implica una modificación del régimen salarial, sino la correcta aplicación del principio “in dubio pro operario” en favor de los servidores judiciales, garantizando sus derechos constitucionales.

P.J.2: De la excepción de inconstitucionalidad. ¿En el caso concreto proced e inaplicar los decretos salariales por considerarlos inconstitucionales, a pesar de que se encuentran vigentes , no han sido declarados inexequibles por la Corte Constitucional y no se solicitó de forma explícita en las pretensiones de la demanda?

Tesis: Sí, resulta procedente inaplicar el artículo 1 del Decreto 0383 de 2013 por inconstitucionalidad, por desatender principios de rango constitucional como la progresividad, la primacía de la realidad sobre las formas y los límites protectores señalados por el Constituyente en el artículo 53 de la Carta Política. Así mismo, l a jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional ha reconocido que el concepto de salario no depende de la denominación que le dé el empleador, sino de su naturaleza y periodicidad, lo que confirma que la bonificación judicial debe ser considerada factor salarial. Por lo tanto, su exclusión como factor salarial resulta

el concepto de salario no depende de la denominación que le dé el empleador, sino de su naturaleza y periodicidad, lo que confirma que la bonificación judicial debe ser considerada factor salarial. Por lo tanto, su exclusión como factor salarial resulta contraria a la Constitución, a la Ley 4a de 1992, a los principios mínimos del derecho laboral y a los Tratados Internacionales.

P.J.3 Estudio oficioso d e la prescripción. ¿Se debe adicionar y modificar la sentencia de primera instancia, porque en la parte considerativa se indicó queNulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander estaban prescritas las sumas causadas con anterioridad al 7 de marzo de 2013 mientras que en la parte resolutiva no se declaró probado este fenómeno?

Tesis. Si, porque dicha omisión constituye incongruencia interna en la sentencia que debe ser corregida de oficio por el juez.

Además, se evidencia que la solicitud presentada el 7 de marzo de 2016 interrumpió la prescripción respecto de las prestaciones causadas con anterioridad a l 7 de marzo de 2013, y con la posibilidad de presentar la demanda dentro de los 3 años siguientes, es decir, hasta el 7 de marzo de 2019.

Como la presentación de la demand a fue radicada el 19 de octubre de 2020, se entiende que prescribieron las mesadas anteriores al 19 de octubre de 2017, de

siguientes, es decir, hasta el 7 de marzo de 2019.

Como la presentación de la demand a fue radicada el 19 de octubre de 2020, se entiende que prescribieron las mesadas anteriores al 19 de octubre de 2017, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968.

2.3. Metodología de la decisión

Para resolver los problemas jurídicos, la Sala estudiará los siguientes temas: i) La bonificación judicial creada mediante el Decreto 0383 de 2013; ii) Igualdad en la liquidación y pago de la bonificación; iii) Naturaleza salarial de la bonificación judicial; y iv) La excepción de inconstitucionalidad.

Por último, se analizará el caso concreto: hechos relevantes probados y su análisis crítico. Además, se llevará a cabo el estudio oficioso de la prescripción.

2.3.1. Bonificación judicial creada mediante el Decreto 0383 de 2013

La Ley 4 de 1992 establece el marco normativo para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, incluyendo los de la Rama Judicial, en cumplimiento del mandato constitucional del artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política de 1991.

Por su parte, el Gobierno nacional, en desarrollo de las preceptivas y orden de nivelación salarial de la Ley 4ª de 1992, expidió el Decreto 0383 de 6 de marzo de 2013, el cual creó la bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar.Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Roberto Alexander Duarte Corzo

2013, el cual creó la bonificación judicial para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar.Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

Demandante: Roberto Alexander Duarte Corzo

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander De acuerdo con el artículo 1°. del Decreto 0383 de 2013 , dicho emolumento se reconoce mensual y únicamente constituye factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y Salud, y se le excluyó como factor para liquidar otros emolumentos8.

Uno de los objetivos centrales de la Ley 4 de 1992 fue abordar la falta de proporcionalidad en la estructura salarial del sector judicial, que se caracterizaba por marcadas disparidades entre los diferentes niveles jerárquicos. Específicamente, los artículos 14 y 15 de esta ley buscaron implementar una nivelación salarial más equitativa y comprensiva.

Así, en el artículo 14, parágrafo, se señaló: “Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la rama judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad”.

2.3.2. Igualdad en la liquidación y pago de la bonificación

Es imperativo garantizar un trato igualitario en la liquidación y pago de la bonificación judicial. Por tanto, se determina que:

a. Para los funcionarios y empleados no acogidos al régimen de los Decretos

Es imperativo garantizar un trato igualitario en la liquidación y pago de la bonificación judicial. Por tanto, se determina que:

a. Para los funcionarios y empleados no acogidos al régimen de los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y normas complementarias, el tope de la bonificación judicial será equivalente al 100% del salario mensual devengado por sus homólogos acogidos a dicho régimen. b. La bonificación debe liquidarse y pagarse mensualmente para todos los servidores, independientemente de su régimen, asegurando así su carácter de factor salarial al ser una remuneración periódica y permanente.

2.3.3. Naturaleza salarial de la bonificación judicial

Se enfatiza que la bonificación judicial, al ser pagada de forma periódica y permanente, constituye factor salarial para todos los efectos legales. Esta interpretación se alinea con el propósito del Constituyente y del Legislador de “nivelar o reclasificar con sentido de equidad el sistema de remuneración de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial”.

8 Decreto 0383 de 2013: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=64648Nulidad y Restablecimiento del derecho Sentencia de Segunda Instancia

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Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander 2.3.4. Excepción de inconstitucionalidad

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa de Santander 2.3.4. Excepción de inconstitucionalidad

La excepción de inconstitucionalidad o el control de constitucionalidad por vía de excepción deviene del imperio y fuerza vinculante de la Constitución Política, cuya vigencia y aplicación real en el ordenamiento están señalados en su artículo 4. Esta institución jurídica consiste en la inaplicación de una norma en un caso concreto ante la evidencia del desco nocimiento de otra de raigambre constitucional en un contexto en particular, y por ello sus efectos se circunscriben únicamente al preciso asunto que se somete a conocimiento del funcionario competente.

La Corte Constitucional y el Consejo de Estado han señalado que corresponde al juez oficiosamente inaplicar actos administrativos lesivos al ordenamiento superior en virtud de la denominada excepción de inconstitucionalidad.9

3. Caso concreto 3.1. Hechos relevantes probados

De conformidad con el material probatorio que consta en el proceso, se tiene por acreditado lo siguiente:

3.1.1. El 11 de enero de 2013, Roberto Alexander Duarte Corzo ingresó a la Rama Judicial, según consta en la certificación expedida el 20 de diciembre d e 2023 por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga – Santander. Pertenece al régimen de “acogidos” y desempeñó los siguientes cargos hasta el 12 de mayo de 202210:

la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucarama