TA SAN - Sentencia 680813333001-2019-00171-02 (13-03-2025)

1

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada Ponente: LUISA FERNANDA FLÓREZ REYES

Bucaramanga, trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Se decide la apelación interpuesta por la Fiscalía General de la Nación contra la sentencia proferida el diecisiete (17) de julio de dos mil veinticuatro (2024) por el Juzgado Primero Administrativo Ad Hoc del Circuito Judicial de Barrancabermeja previa la siguiente reseña:

I. LA DEMANDA1

A. Pretensiones

1 Expediente Digital incorporado OneDrive Archivo No. 001.

Radicado:

680813333001-2019-00171-02

Demandante:

JOHANA OLIVA LOZADA OLMOS con cédula de ciudadanía No. 46.641.932

Correo electrónico: anibalcarvajalvasquez@hotmail.com

Demandado:

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Correo electrónico: jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co

Ministerio

Público:

EDDY ALEXANDRA VILLAMIZAR SCHILLER, Procuradora 158 Judicial ll para Asuntos Administrativos.

Correo electrónico: eavillamizar@procuraduria.gov.co

Medio de control:

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DEL

DERECHO DE CARÁCTER LABORAL

Tema:

Bonificación judicial empleados de la Fiscalía General de la

Medio de control:

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DEL

DERECHO DE CARÁCTER LABORAL

Tema:

Bonificación judicial empleados de la Fiscalía General de la Nación Decreto 382 de 2013 / Se confirma la sentencia de primera instanciaTribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Johana Oliva Lozada Olmos. vs Fiscalía General de la Nación. Rad. No. 680813333001-2019-00171-02. 2

SIGCMA-SGC

La aquí demandante pretende que se declare la nulidad de l acto administrativo contenido en: (i) el Oficio No. 31200-20610-77 del 22 de marzo de 2018 suscrito por la Subdirectora de Apoyo – Nororiental de la Fiscalía General de la Nación que negó el reconocimiento y pago de la bonificación judicial como factor salarial y, (ii) de la Resolución No. 21659 del 05 de junio de 2018 que resolvió el recurso de apelación contra el precitado oficio del 22 de marzo de 2018 confirmándolo en todas sus partes. Como consecuencia de la declaración de nulidad de los anteriores actos administrativos, pretende se ordene a la entidad demandada reconocer la bonificación judicial del Decreto 382 de 2013 como factor salarial y prestacional, así mismo que se condene en costas y que, se ajuste la condena tomando como base el IPC.

B. Hechos2

Como fundamento de las pretensiones, afirma, en síntesis, que labora en la Fiscalía General de la Nación Seccional Santander desde el 23 de agosto de 1994 y que

el IPC.

B. Hechos2

Como fundamento de las pretensiones, afirma, en síntesis, que labora en la Fiscalía General de la Nación Seccional Santander desde el 23 de agosto de 1994 y que actualmente ejerce el cargo de Asistente de Fiscal I en la Subdirección Seccional de Fiscalías del Magdalena MedioBarrancabermeja.

Dice que, en ejercicio de la facultad conferida por el legislador en el art. 14 de la Ley 4 de 1992, el Gobierno Nacional creó a favor de los servidores de la Fiscalía General de la Nación la denominada bonificación judicial a través del Decreto 0382 del 6 de marzo de 2013, en cuyo art . 1 se dispuso que la bonificación judicial sería reconocida mensualmente y restringió sus efectos salariales al prever que constituiría únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

El 31 de enero de 2018 la demandante presentó petición ante la Fiscalía General de la Nación, mediante la cual solicitó el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial y la consecuente reliquidación y pago de las prestaciones sociales y demás emolumentos a que tiene derecho. El 22 de marzo de 2018, mediante el oficio No. 31200-20610, la entidad demandada dio respuesta a la petición de manera negativa. La anterior decisión fue recurrida y,

2 Pág. 3 Archivo No. 001.Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Johana Oliva Lozada Olmos. vs Fiscalía General de la Nación. Rad. No. 680813333001-2019-00171-02. 3

de segunda instancia. Demandante. Johana Oliva Lozada Olmos. vs Fiscalía General de la Nación. Rad. No. 680813333001-2019-00171-02. 3

SIGCMA-SGC

en consecuencia, la Fiscalía General de la Nación expide la Resolución No. 21659 del 05 de junio de 2018 a través de la cual se confirmó la decisión denegatoria.

C. Normas violadas y concepto de violación

Se invocan como como violados los arts. 2, 4, 13, 25, 29, 53, 150 numeral 19 literal e) y, 152 numeral 7 de la Constitución Nacional, la Ley 4 de 1992, el art. 4 del Código Sustantivo del Trabajo, los Decretos 053 de 1993 y, 875 de 2012 contentivos de normas relativas al régimen salarial y prestacional de los servido res de la Fiscalía General de la Nación.

En desarrollo del concepto de violación, expone que, l os actos administrativos demandados resultan violatorios a las normas nacionales y más aún a los tratados internacionales, razón por la cual se debe inaplicar la expresión «constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud», contenida en el art. 1º del Decreto 382 de 2013.

Arguye que, deben darse todos los efectos jurídicos de salario a la bonificación judicial, toda vez que esta se devenga en forma periódica y como contraprestación directa del servicio, tal y como se estableció por el Consejo de Estado frente al asunto relacionado con la pr ima especial creada por el artículo 14 de la Ley 4 de

judicial, toda vez que esta se devenga en forma periódica y como contraprestación directa del servicio, tal y como se estableció por el Consejo de Estado frente al asunto relacionado con la pr ima especial creada por el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, antecedente que no solo resulta pertinente y necesario, sino que deja sin argumentos cualquier negativa que en contrario intente erigirse. Manifiesta que, l a bonificación judicial es un incremento salarial con efectos salariales no únicamente para la cotización a seguridad social en salud y pensiones, sino para la liquidación de las prestaciones sociales y demás emolumentos devengados por la demandante y por tanto, s e debe inaplicar el Decreto 382 de 2013 por ser violatorio de la Constitución Política y las Leyes.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La Fiscalía General de la Nación -numeral 006 archivo No. 018ContestaciónFiscalia OneDriove-, p or intermedio de apoderado judicial, se opone a la totalidad de las pretensiones de la demanda.Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Johana Oliva Lozada Olmos. vs Fiscalía General de la Nación. Rad. No. 680813333001-2019-00171-02. 4

SIGCMA-SGC

Como fundamento de su oposición afirma que, se presenta una constitucionalidad de la restricción del carácter salarial de la bonificación judicial porque, el Decreto 382 de 2013 se expidió en desarrollo de la Ley 4 de 1992, mediante la cual se señalan las normas y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores públicos. La ley

382 de 2013 se expidió en desarrollo de la Ley 4 de 1992, mediante la cual se señalan las normas y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores públicos. La ley precitada tiene como sustento los literales e) y f) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política, esto es, que le corresponde al Congreso hacer las leyes.

En ese sentido anota que, el texto constitucional habilita a las normas jurídicas con inferior jerarquía a que modulen los factores remuneradores habituales que recibe el empleado sin que prima facie se reputen como salario o incluso cuando se imputan como salario se excluyan o no del reconocimiento del pago de prestaciones sociales sobre su base.

Por otro lado, manifiesta que, debe aplicarse el mandato de sostenibilidad fiscal de que habla el art. 334 modificado por el Art. 1 del acto legislativo 3 de 2011, que debe ser atendido por todas las ramas y órganos del poder público. Dice que, de ampliarse el carácter salarial de la bonificación judicial, se rompería el equilibrio entre recursos disponibles y gastos de la nación, lo que produciría una crisis fiscal.

Pone de presente que, es el legislador y/o Gobierno Nacional, según sea el caso, el facultado para regular el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, siendo así, tanto la creación, como la modificación o eliminación de cualquier emolumento laboral debe estar dispuesto en normas, ya sea denominadas Leyes o Decretos, en las cuales se discrimina de forma particular para cada factor salarial o prestacional: i) el periodo de liquidación, ii) el modo de liquidación, iii) el

cualquier emolumento laboral debe estar dispuesto en normas, ya sea denominadas Leyes o Decretos, en las cuales se discrimina de forma particular para cada factor salarial o prestacional: i) el periodo de liquidación, ii) el modo de liquidación, iii) el momento en que debe realizarse su pago, y iv) la base de liquidación de cada rubro.

Agrega que, dio estricto cumplimiento a lo ordenado por el Decreto 382 de 2013, el cual a la fecha goza de presunción de legalidad y se encuentra vigente en el ordenamiento jurídico. Propone la excepción de cobro de lo no debido con fundamento en que, dio aplicación a lo que en materia salarial y prestacional debe seguirse para susTribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Johana Oliva Lozada Olmos. vs Fiscalía General de la Nación. Rad. No. 680813333001-2019-00171-02. 5

SIGCMA-SGC

servidores, de acuerdo con el régimen vigente, y en consecuencia no le es dable entrar a reconocer lo que la ley no le concede.

Solicita se aplique la prescripción de los derechos laborales, en particular para el presente caso, la norma prevé que el plazo máximo para solicitar el reconocimiento de dichos derechos es de 3 años contados desde su exigibilidad. Finalmente dice, que ha actuado de buena fe porque, ha tenido en cuenta las normas legales vigentes, los principios aceptados por la doctrina y jurisprudencia y debe ser exonerada de cualquier condena.

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA3

Resuelve: «PRIMERO: INAPLICAR por inconstitucional el precepto “(…) constituirá

debe ser exonerada de cualquier condena.

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA3

Resuelve: «PRIMERO: INAPLICAR por inconstitucional el precepto “(…) constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud" contenido en el artículo 1 del Decreto 382 de 2013, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos contenidos en el Oficio No. 31200-20610-177 del 22 de marzo de 2018 y en la Resolución 21659 del 05 de junio de 2018, por medio de los cuales se negó la solicitud de reliquidación de las prestaciones sociales de la señora Johana Oliva Lozada Olmos con inclusión de la bonificación judicial creada con el Decreto 382 de 2013, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DECLÁRASE PROBADA la prescripción trienal de derechos laborales para las sumas causadas con anterioridad al 31 de enero de 2015, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

CUARTO: CONDENAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación a reliquidar y pagar, a favor de Johana Oliva Lozada Olmos, identificada con cedula de ciudadanía No. 46.641.953, todas las prestaciones sociales y factores salariales reconocidos, pagados y causados desde el 31 de enero de 2015, incluyendo en la base de liquidación como factor salarial, la bonificación creada mediante el Decreto 382 de 2013, hasta su desvinculación de la entidad. Igualmente deberán revisarse los

pagados y causados desde el 31 de enero de 2015, incluyendo en la base de liquidación como factor salarial, la bonificación creada mediante el Decreto 382 de 2013, hasta su desvinculación de la entidad. Igualmente deberán revisarse los descuentos de ley y hacer los resp ectivos aportes al Sistema de Seguridad Social de salud y pensión, pagando las diferencias a que haya lugar, teniendo en cuenta el 100% del salario. La suma que resulte a favor de la demandante debe ajustarse de conformidad con el artículo 192 del CPACA hasta la ejecutoria de la sentencia.

3 Índice No. 030 SAMAI – Gestión Documental.Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Johana Oliva Lozada Olmos. vs Fiscalía General de la Nación. Rad. No. 680813333001-2019-00171-02. 6

SIGCMA-SGC

QUINTO: NEGAR la procedencia de las excepciones de constitucionalidad de la restricción del carácter salarial, cumplimiento de un deber legal, cobro de lo no debido y buena fe, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva.

SEXTO: ABSTENERSE DE CONDENAR en costas a la Nación – Fiscalía General de la Nación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEPTIMO: La Nación – Fiscalía General de la Nación, dará cumplimiento a la sentencia de conformidad con los arts. 192 y 195 del CPACA.[…]»

Para tomar la decisión que atrás se reseña, sostiene la Juez de primera instancia que, l a bonificación judicial le ha sido cancelada en forma continua, mensual y habitual a la demandante , sin que esta haya sido considerada factor salarial al

Para tomar la decisión que atrás se reseña, sostiene la Juez de primera instancia que, l a bonificación judicial le ha sido cancelada en forma continua, mensual y habitual a la demandante , sin que esta haya sido considerada factor salarial al momento de la liquidación de las demás prestaciones sociales devengadas y reconocidas, situación que es aceptada por la entidad demandada cuando afirma que, el hecho de no computar los valores en la forma en que lo depreca la parte actora, obedece al estricto cumplimiento de lo dispuesto en el decreto cuando indica que este emolumento solo constituye factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Explica que , resulta claro que al reconocerse en forma mensual y constante la bonificación judicial, es factible concluir que dicho reconocimiento no obedece a la mera liberalidad del empleador, sino que consiste en una remuneración directa del servicio, circunstancia que permite considerarla entonces como elemento constitutivo de salario, máxime cuando la propia norma estableció que tal bonificación constituye un pago mensual y por lo tanto habitual y periódico, de manera que cumple las características de ser una remuneración fija en dinero y establecida como contraprestación directa del servicio.

Recaba en que, la bonificación judicial tiene naturaleza salarial en tanto fue creada para nivelar los ingresos y reconocida como un incremento del salario de los servidores de la Fiscalía General de la Nación, pero al limitarle los efectos que ella causa en la liquidación de las demás prestaciones, constituye una disminución final del monto reconocido, por lo tanto se constituye en una desmejora en las prestaciones sociales, lo cual se vislumbra como una omisión por parte del Gobierno

causa en la liquidación de las demás prestaciones, constituye una disminución final del monto reconocido, por lo tanto se constituye en una desmejora en las prestaciones sociales, lo cual se vislumbra como una omisión por parte del Gobierno Nacional de cumplir con el deber contemplado en la Ley 4 de 1992.Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Johana Oliva Lozada Olmos. vs Fiscalía General de la Nación. Rad. No. 680813333001-2019-00171-02. 7

SIGCMA-SGC

Itera que, e l límite advertido en la incidencia de la liquidación de las prestaciones percibidas por los servidores de la Fiscalía General de la Nación , a pesar de tratarse la bonificación otorgada de una remuneración directa percibida como contraprestación a sus servicios, constituye una restricción que va en contra de su calidad de reconocimiento económico de carácter habitual pagado con ocasión o causa de la labor encomendada, lo que constituye en sí mismo salario y tiene incidencia para reliquidar las demás prestaciones sociales.

Concluye afirmando que, la bonificación judicial, reviste un carácter salarial y tiene incidencia prestacional a partir de su reconocimiento y de forma sucesiva a futuro y hace parte de la asignación mensual, motivo por el ostenta el carácter permanente de la remuneración y genera, por tanto, la obligación de reliquidar las prestaciones sociales y demás factores salariales con base en la totalidad del salario devengado.

De allí que en atención al precedente expuesto se determine que la misma es factor salarial y en este sentido la expresión «no constituye factor salarial » deberá ser

sociales y demás factores salariales con base en la totalidad del salario devengado.

De allí que en atención al precedente expuesto se determine que la misma es factor salarial y en este sentido la expresión «no constituye factor salarial » deberá ser inaplicada por desconocer el concepto de salario en los términos señalados.

V. EL RECURSO DE APELACIÓN4

La Fiscalía General de la Nación, por intermedio de apoderado judicial, solicita se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se nieguen la totalidad de las pretensiones de la demanda.

Como fundamento de su solicitud expone que, las pretensiones carecen de fundamentos facticos y jurídicos, por cuanto los actos demandados se limitaron a señalar el cumplimiento de un deber legal que le impuso el legislador a la Fiscalía General de la Nación a través del Decreto 0382 de 2013, el cual cuenta con plena vigencia y validez jurídica, al ceñirse a la Constitución y la Ley.

Explica que, las disposiciones contenidas en el Decreto 0382 de 2013, son producto de la facultad legal que es otorgada al Gobierno Nacional desde la Constitución Política de Colombia en su art. 150, regidas a su vez por los criterios señalados por el Congreso de la República en la Ley 4 de 1992, para la fijación del Régimen Salarial y Prestacional de los servidores públicos, entre ellos, los de la Fiscalía

4 Archivo No. 031 SAMAIGestión Documental.Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Johana Oliva Lozada Olmos. vs Fiscalía General de la Nación.

4 Archivo No. 031 SAMAIGestión Documental.Tribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Johana Oliva Lozada Olmos. vs Fiscalía General de la Nación. Rad. No. 680813333001-2019-00171-02. 8

SIGCMA-SGC

General de la Nación, por lo que de manera formal esta disposición goza de plena validez y eficacia jurídica, la cual se encuentra amparada por el principio de legalidad, más aún bajo el entendido que a la fecha dicha disposición no ha sido objeto de derogación o declaratoria de inconstitucionalidad o ilegalidad, por lo que a la Entidad que representa no le es posible modificar de alguna forma la norma, la interpretación o la aplicación de esta norma.

Dice que, al efectuar el estudio correspondiente sobre el tema no se encontró aparte normativo alguno a nivel nacional en el que se indique que todo lo que devengue un trabajador tenga que hacer parte de la base de liquidación de todos los factores salariales y prestacionales q ue este reciba. Al contrario, puntualmente frente al alcance de la definición internacional de salario, contenida en el artículo 1 del Convenio 095 de la OIT, se observa que la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 15 de marzo de l 2017, identificada con radicación No. 48001, indicó que dicho concepto de salario debe ser adoptado únicamente para determinar el alcance de las disposiciones de ese convenio, por lo cual no es dable otorgarle un alcance mayor; cómo se puede observar que el juzgador en este caso lo realizó, puesto que determinó que la definición de salario de dicho Convenio configuraba una razón

las disposiciones de ese convenio, por lo cual no es dable otorgarle un alcance mayor; cómo se puede observar que el juzgador en este caso lo realizó, puesto que determinó que la definición de salario de dicho Convenio configuraba una razón principal por la cual se debía tener como factor salarial a la bonificación judicial, sin que sea consecuencia de ampliar un car ácter salarial estuviera prevista en el alcance y contenido literal del convenio.

Refiere que, las disposiciones contenidas en el Decreto 0382 de 2013 y demás que reglamentan la materia, son producto de la facultad legal otorgada al Gobierno Nacional para la fijación del Régimen Salarial y Prestacional entre otros de la Fiscalía General de la Nación, razón por la cual dicha disposición goza de plena validez y eficacia jurídica y se encuentra amparada por el principio de legalidad, por lo que no es viable darle otro alcance o interpretación.

Así mismo pone de presente que, el Decreto 382 de 2013, tuvo su origen no en una iniciativa del Gobierno Nacional, sino como un acuerdo de voluntades, fruto de las negociaciones con las asociaciones sindicales de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación, las cuales, fueron integral y ampliamente debatidas por las distintas partes, como lo demuestran las actas de las reuniones de negociaciónTribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Johana Oliva Lozada Olmos. vs Fiscalía General de la Nación. Rad. No. 680813333001-2019-00171-02. 9

SIGCMA-SGC

celebradas para el efecto, dando lugar finalmente a la expedición del Decreto debatido.

Rad. No. 680813333001-2019-00171-02. 9

SIGCMA-SGC

celebradas para el efecto, dando lugar finalmente a la expedición del Decreto debatido.

Recaba en que, la decisión negativa de los actos acusados se derivó en cumplimiento de un deber legal, al aplicar estrictamente lo regulado por el Decreto 0382 de 2013 y demás normas concordantes, puesto que no podría ser otro el obrar de la entidad que realizar el pago conforme a lo estipulado en el Decreto 382 de 2013, y consecuentemente emitir respuesta a los requerimientos de la parte actora conforme a la normatividad, que como se demostró es totalmente l egal y constitucional tanto de manera formal como de su contenido.

VI. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El proceso es se reparte al Despacho Ponente de esta providencia el 18.09.2024actuación No. 0 1-, se admite el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada el 11.02.2025 -actuación No. 06-. El 03.03.2025 -actuación No. 012reingresa el expediente al Despacho Ponente para fallo , cuyo proyecto se registra el 05.03.2025, para ser aprobado por la Sala de Decisión al día siguiente. Finalmente, es aprobada en Sala No. 08. De trámite se destacan los alegatos conclusivos de la p. demandante allegados en memorial del 18.02.2025 -actuación No. 011-, en los que se ratifica en los hechos y pretensiones de la demanda alegando que, la bonificación judicial devengada junto con su salario es un factor que debe tenerse en cuenta para la liquidación de

memorial del 18.02.2025 -actuación No. 011-, en los que se ratifica en los hechos y pretensiones de la demanda alegando que, la bonificación judicial devengada junto con su salario es un factor que debe tenerse en cuenta para la liquidación de prestaciones sociales. Refiere que, esa conclusión tiene como referente lo establecido en el Convenio No. 095 de la OIT que define el concepto de salario. Ni la p. demandada ni el Ministerio Público actuaron en esta instancia.

VII. CONSIDERACIONES

A. Acerca de la Competencia para conocer en segunda instancia Se trata de providencia susceptible de apelación, correspondiendo a este Tribunal en Sala, desatarla. Arts. 153 y 243 Ley 1437/2011.

B. Cuestión procesal previa de la suscrita Ponente en este asuntoTribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Johana Oliva Lozada Olmos. vs Fiscalía General de la Nación.

Rad. No. 680813333001-2019-00171-02. 10

SIGCMA-SGC

Se hace necesario traer a colación que en las pretensiones del escrito de demanda la señora Johana Oliva Lozada Olmos únicamente solicita la declaración de la nulidad del acto administrativo a través del cual le fue negada la bonificación judicial dispuesta en el Decreto 382 de 2013 como factor salarial y prestacional.

A la fecha se encuentra en trámite proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que como demandante pretendo el reconocimiento de la prima especial del 30% como factor salarial, el cual, es conocido por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito de Bucaramanga encontrándose en etapa de

derecho, en el que como demandante pretendo el reconocimiento de la prima especial del 30% como factor salarial, el cual, es conocido por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito de Bucaramanga encontrándose en etapa de resolución de excepciones previas propuestas por esta entidad en la contestación de la demanda. Al respecto es pertinente advertir, como lo ha sostenido el Consejo de Estado, que la prima especial del 30% que devengué como Juez de la República es íntegramente diferente al régimen salarial de los empleados judiciales, por lo que nada tiene que ver este beneficio salarial con la bonificación judicial dispuesta en el Decreto 382 de 2013, tema que se debate en el presente proceso judicial.

Por otra parte, si bien presenté demanda de nulidad y restablecimiento del derecho solicitando el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial, dicho proceso tiene como radicado al No. 680013333014-2016-00019-00 y ya culminó con sentencia de segunda instancia el 12.04.2024, encontrándose debidamente ejecutoriado. Ello significa, que si bien pudo existir un interés, este ya no es actual, toda vez, que dicho proceso ya terminó. Tal como también lo ha precisado el Consejo de Estado al declar ar infundados los impedimentos, en los casos en los que los procesos ya han culminado, razón por la que los devuelve para que sean conocidos por quien realizó la manifestación de impedimento. Veamos:

En reiterada jurisprudencia el H. Consejo de Estado a decidir en casos con hechos similares, ha declarado infundado los impedimentos. Así puede verse en auto del 12 de septiembre de 2024, radicación:200013333002-2022-00570-01 (2358-2024),

similares, ha declarado infundado los impedimentos. Así puede verse en auto del 12 de septiembre de 2024, radicación:200013333002-2022-00570-01 (2358-2024), Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, consejero ponente Rafael Francisco Suárez Vargas, en el que sostuvo que las razones del juez para apartarse del conocimiento de un asunto, deben ser claras, explícitas y actuales, y que debe existir correspondencia entre el hecho que las origina y el supuesto fáctico establecido por el legislador, concluyendo que : (i) respecto de la ma nifestación de impedimento de losTribunal Administrativo de Santander. Magistrada Ponente: Luisa Fernanda Flórez Reyes. Sentencia de segunda instancia. Demandante. Johana Oliva Lozada Olmos. vs Fiscalía General de la Nación. Rad. No. 680813333001-2019-00171-02. 11

SIGCMA-SGC

magistrados la Doris Pinzón Amado, José Antonio Aponte Olivella y Carlos Mario Arango Hoyos, quienes fundaron el mismo al considerar que el carácter salarial de la bonificación judicial también se podría reclamar respecto de la prima especial de servicios y la bonificación por compensación, señaló que el interés que se plantea no guarda identidad con la bonificación objeto de debate en ese proceso; y (ii) frente a la manifestación de impedimento del magistrado Carlos Mario Arango Hoyos, quien fundo el imped imento en atención a que ya había presentado demanda con similar causa, sostuvo que no constituye un hecho actual, toda vez que dicho proceso cuenta con fallo de segunda instancia. Nótese:

«Lo anterior comoquiera que, por un lado, los magistrados Doris Pinzón Amado,

similar causa, sostuvo que no constituye un hecho actual, toda vez que dicho proceso cuenta con fallo de segunda instancia. Nótese:

«Lo anterior comoquiera que, por un lado, los magistrados Doris Pinzón Amado, José Antonio Aponte Olivella y Carlos Mario Arango Hoyos afirmaron que el carácter salarial que se debate también podría predicarse respecto de otros emolumentos que hacen parte de su remuneración, ello quiere decir que el interés que se plantea no guarda identidad con la bonificación objeto de debate en este proceso y, en ese sentido, no se vislumbra la manera en que la resolución de la controversia les podría generar provecho o perjuicio.

Por otro lado, aunque los magistrados Carlos Mario Arango Hoyos y Manuel Fernando Guerrero Bracho afirmaron haber laborado, previamente, en el cargo de juez de la república y haber formulado reclamaciones judiciales , de la exposición realizada se hace evidente que la iniciada por el primero de ellos ya fue decidida en segunda instancia y, por ende, no constituye un hecho actual; en cuanto a lo expuesto por el segundo, se trata de una afirmación genérica, en la que no se precisa el emolumento que se discute en la causa judicial que presentó, ni se logra identificar si se trata de un proceso vigente, o si este ya finalizó y, por ende, ninguna de ellas cumple con los requisitos antes descritos, que dé lugar a separarlos del conocimiento de