TA SAN - Sentencia 680813333001-2014-00358-01 (21-08-2025)

SIGCMA-SGC

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Mag. Ponente IVÁN MAURICIO MENDOZA SAAVEDRA

Bucaramanga, agosto veintiuno (21) de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Expediente No. 680813333001-2014-00358-01

MEDIO DE CONTROL: REPETICIÓN

DEMANDANTE: Nación – Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional

notificaciones.bucaramanga@mindefensa.gov.co1

Apoderado: Martha Astrid Torres Reyes

chatica2812@hotmail.com

DEMANDADO: Jairo Alberto Prieto Rivera

Luis Enrique Pineda Matallana

Curadora Ad-Litem: Genny Carima Escobar

Rodríguez gecaesro@hotmail.com

MINISTERIO PUBLICO: JESÚS RODRÍGUEZ OROZCO

PROCURADOR 47 JUDICIAL II

procjudadm47@procuraduria.gov.co

Se decide el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Barrancabermeja, el día 14 de septiembre de 2022, que denegó las súplicas de la demanda, previo los siguientes antecedentes.

De la Demanda

Pretensiones:

La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejercito Nacional, acudió a la jurisdicción con el fin de repetir contra los señores Jairo Alberto Prieto Rivera y Luis Enrique Pineda Matallana, como responsables de la condena que le fue impuesta a la entidad demandante mediante sentencia de fecha 30 de junio de 2011,

jurisdicción con el fin de repetir contra los señores Jairo Alberto Prieto Rivera y Luis Enrique Pineda Matallana, como responsables de la condena que le fue impuesta a la entidad demandante mediante sentencia de fecha 30 de junio de 2011, proferida en curso del proceso de Reparación Directa radicado al número 199713175, que fue de conocimiento del Juzgado Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Barrancabermeja . De manera concreta se plasman como pretensiones, las siguientes:

“1. Que los señores JAIRO ALBERTO PRIETO RIVERA y LUIS ENRIQUE PINEDA MAT ALLANA, SON RESPONSABLES por Dolo o culpa grave en su actuar del día tres (03) de septiembre de 1995 en el casco urbano del Municipio de Barrancabermeja, como consecuenci a de una actuación irregular de los agentes estatales en ejercicio pleno de sus funciones, los cuales desconocieron los derechosExpediente No. 680813333001-2014-00358-01

2 fundamentales al señor JOSÉ GREGORIO ROMERO YEPES le causaron la muerte; de acuerdo a la sentencia del 30 de Junio de 2011 proferida por el Juzgado Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Barrancabermeja, debidamente ejecutoriada el 29 de Julio de 2011, donde se declaró responsable a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL por los perjuicios ocasionados a los demandantes, condena que a la fecha de ejecutoria de la providencia en mención ascendió a la suma de $107.120.000 cancelada en mayor valor por sumatoria de intereses en cuantía de $131.963.564,92.

ocasionados a los demandantes, condena que a la fecha de ejecutoria de la providencia en mención ascendió a la suma de $107.120.000 cancelada en mayor valor por sumatoria de intereses en cuantía de $131.963.564,92.

2. Que como consecuencia de la anterior declarac ión se condene a los señores

JAIRO ALBERTO PRIETO RIVERA y LUIS ENRIQUE PINEDA MATALLANA al pago de CIENTO SIETE MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS MCTE ($107.120.000), (valor al cual ascendió la condena impuesta) que la NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL, pagó en mayor valor a los perjudicados, de acuerdo a lo ordenado en la sentencia emitida por el Juzgado Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Barrancabermeja, según resolución No 5480 del día quince (15) de Agosto de 2012. o del monto que le correspondiere, según lo estime la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pago que deberá efectuar en favor de la NACIÓN MINISTERIO DE DEFENSAEJERCITO NACIONAL.

3. Que la sentencia que ponga fin al proceso, sea de a quellas que reúna los requisitos de tos arts. 99, y 187 del Código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo (ley 1437 cíe 2011), que en ella conste una obligación ciara, expresa y actualmente exigible a fin de que preste mérito ejecutivo.

4. Que el monto de la condena que se profiera contra del demandado sea actualizado hasta el monto del pago efectivo de conformidad con las normas legales.”

Hechos.

4. Que el monto de la condena que se profiera contra del demandado sea actualizado hasta el monto del pago efectivo de conformidad con las normas legales.”

Hechos.

La parte actora fundamenta su demanda en los siguientes hechos: • El día 3 de septiembre de 1995, aproximadamente a las 7:00 p.m., el señor José Gregorio Romero Reyes salió de su residencia en bicicleta con destino a una fiesta en el barrio La Esperanza de Barrancabermeja, acompañado por sus amigos Albeiro Ramírez Jorge y Wilfredo Quiñonez Bárcenas. • En el trayecto, al pasar por un retén militar ubicado en inmediaciones del Colegio Camilo Torres Restrepo, en el barrio Versalles, efectivos del Ejército Nacional efectuaron un disparo al aire y procedieron a requisarlos, conduciéndolos posteriormente a una tanqueta militar. • Desde ese momento se perdió todo rastro del señor José Gregorio Romero Reyes, hasta que el día siguiente, 4 de septiembre de 1995, fue hallado sin vida en la vía que conduce al aeropuerto, cerca del centro recreacional El Oasis, con evidentes signos de tortura y una herida de bala en la cabeza.Expediente No. 680813333001-2014-00358-01

3 • Las investigaciones identificaron como responsables de la muerte a los entonces miembros del Ejército, Teniente Jairo Alberto Prieto Rivera y el Soldado Luis Enrique Pineda Matallana. • La Justicia Penal Militar asumió inicialmente el conocimiento del caso y profirió sentencia condenatoria en contra de los mencionados militares, al hallarlos penalmente responsables del delito de homicidio.

Soldado Luis Enrique Pineda Matallana. • La Justicia Penal Militar asumió inicialmente el conocimiento del caso y profirió sentencia condenatoria en contra de los mencionados militares, al hallarlos penalmente responsables del delito de homicidio. • En sede de segunda instancia, el Tribunal S uperior Penal Militar ordenó remitir el proceso a la jurisdicción ordinaria. El Tribunal Superior de Bucaramanga, al asumir el conocimiento, declaró la nulidad de lo actuado y remitió el expediente a la Fiscalía de Barrancabermeja, la cual, a su vez, trasladó el caso a la Fiscalía Delegada para los Derechos Humanos, quedando finalmente asignado a la Fiscalía 67 de DDHH con sede en Bucaramanga. • Finalizada la etapa de investigación, la actuación fue remitida a juicio, siendo asignada al Juzgado Segundo Penal del Circuito con funciones de Conocimiento de Barrancabermeja, bajo el radicado 630813104002201200005. • En ejercicio de la acción de reparación directa, la señora Myriam Elena Reyes Muñoz y otros familiares de la víctima acudieron a la jurisdicción contencioso administrativa en demanda de indemnización por los perjuicios derivados de la muerte del señor José Gregorio Romero Reyes. La demanda fue radicada bajo los números 1997-13175 y 1997-13176, acumulados posteriormente. El proceso culminó con sentencia de primera instancia proferida el 30 de junio de 2011 por el Juzgado Administrativo de Descongestión de Barrancabermeja, en la que se declaró responsable a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, condenando al pago de perjuicios

de 2011 por el Juzgado Administrativo de Descongestión de Barrancabermeja, en la que se declaró responsable a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, condenando al pago de perjuicios por va lor de ciento siete millones ciento veinte mil pesos ($107.120.000), providencia que quedó en firme el 29 de julio de 2011. • En cumplimiento de dicha sentencia, el Ministerio de Defensa Nacional expidió la Resolución No. 5480 del 15 de agosto de 2012, ordenando el pago a favor de Myriam Elena Reyes Muñoz y demás beneficiarios, por la suma de ciento treinta y un millones novecientos sesenta y tres mil quinientos sesenta y cuatro pesos con noventa y dos centavos ($131.963.564,92), valor que fue efectivamente pagado el 28 de agosto de 2012. • Para la época de los hechos, el teniente Prieto Rivera y el Soldado Pineda Matallana estaban adscritos orgánicamente al Batallón de Contraguerrilla No. 45 “Héroes del Majagual”. • Finalmente, mediante decisión adoptada en sesió n del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Defensa Nacional el 22 deExpediente No. 680813333001-2014-00358-01

4 mayo de 2014, se resolvió iniciar acción de repetición contra los señores Jairo Alberto Prieto Rivera y Luis Enrique Pineda Matallana.

Contestación a la Demanda

La Curadora Ad litem de los demandados no dio contestación a la demanda.

Sentencia de Primera Instancia

La sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral de

Contestación a la Demanda

La Curadora Ad litem de los demandados no dio contestación a la demanda.

Sentencia de Primera Instancia

La sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Barrancabermeja el 14 de septiembre de 2022, denegó las pretensiones formuladas por la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional dentro de la acción de repetición presentada contra los exmilitares Jairo Alberto Prieto Rivera y Luis Enrique Pineda Matallana, porque no se probó que los demandados hubieran cometido la conducta específica que originó la condena patrimonial impuesta al Estado.

Como argumentos de la decisión, el Juez de primera instancia consideró que aunque quedó acreditado que los demandados eran miembros activos del Ejército Nacional y que participaron en la retención de José Gregorio Romero Reyes el 3 de septiembre de 1995, no se demostró que hubieran sido los autores directos de su muerte, hecho que dio lugar a la condena contra la Nación en la sentencia de reparación directa.

Si bien existió una sentencia penal condenatoria por el homicidio de Wilfredo Quiñones Bárcenas, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, en decisión del 6 de abril de 2017, expresamente indicó que no había prueba suficiente para atribuirles a los demandados responsabilidad penal por la muerte de José Gregorio Romero Reyes . La sentencia penal descartó que existiera prueba directa o indirecta que vinculara a los exmilitares con ese homicidio.

El A-quo destacó que la jurisprudencia del Consejo de Estado exige que, para que proceda esta acción, se pruebe que el agente estatal ejecutó la conducta concreta

El A-quo destacó que la jurisprudencia del Consejo de Estado exige que, para que proceda esta acción, se pruebe que el agente estatal ejecutó la conducta concreta que generó el daño antijurídico que motivó la condena contra la entidad pública. En este caso, el Juzgado consideró que no se cumplió ese primer presupuesto esencial, pues no se acreditó que los aquí demandados fueran los responsables del homicidio por el que se condenó a la Nación.

Agregó que la presunción de dolo prevista en el artículo 5 de la Ley 678 de 2001 noExpediente No. 680813333001-2014-00358-01

5 era aplicable, porque los hechos ocurrieron en 1995, antes de la vigencia de dicha norma. Por tanto, debía aplicarse el régimen del Código Civil y la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre culpa grave y dolo, sin que se probara en este caso que los demandados hubieran incurrido en tales conductas frente al hecho dañoso objeto de la condena.

El despacho resaltó que la única muerte p or la que se acreditó responsabilidad penal directa de los demandados fue la de Wilfredo Quiñones Bárcenas, más no la de José Gregorio Romero Reyes, lo cual hace improcedente la repetición por este último hecho.

Recurso de Apelación

La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional interpone recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, acorde con los siguientes argumentos:

Se señala que el juzgado incurrió en una interpretación equivocada del material probatorio, al desconocer que la responsabilidad de los agentes estatales

de apelación contra la sentencia de primera instancia, acorde con los siguientes argumentos:

Se señala que el juzgado incurrió en una interpretación equivocada del material probatorio, al desconocer que la responsabilidad de los agentes estatales demandados sí se encontraba acreditada con base en:

• La sentencia condenatoria proferida en el proceso penal, en la que se evidenció su participación en la retención arbitraria de la víctima. • El hecho de que la muerte de José Gregorio Romero Reyes fue consecuencia directa del accionar arbitrario e irregular de los uniformados en desarrollo de un operativo militar. • Las pruebas documentales, testimoniales y periciales que dan cuenta del abuso de poder y la actuación fuera de los fines del servicio.

Se argumenta que el fallo apelado malinterpretó el alcance de la sentencia penal del 6 de abril de 2017, en la cual, si bien no se condenó expresamente a los exmilitares por el homicidio de José Gregorio Romero Reyes, sí se reconoció su participación directa en la retención arbitraria de este junto con otras dos personas, una de las cuales (Wilfredo Quiñones Bárcenas) f ue asesinada por los mismos agentes.

El recurso enfatiza que la sentencia penal no descartó la participación de los demandados en los hechos, sino que señaló que no se logró una plena prueba penal sobre su responsabilidad directa en la muerte de Romero Re yes. No obstante, el mismo fallo penal reconoció que los tres jóvenes fueron subidos a un vehículo militarExpediente No. 680813333001-2014-00358-01

6 y llevados al Batallón Nueva Granada, lo que sí es relevante dentro del estándar

6 y llevados al Batallón Nueva Granada, lo que sí es relevante dentro del estándar probatorio propio de la acción de repetición (esto es, la culpa grav e), aunque no bastare para una condena penal.

El apoderado sostiene que el juzgado de primera instancia confundió el estándar probatorio de la responsabilidad penal con el de la acción de repetición, al exigir certeza en grado de prueba penal para declara r la conducta dolosa o gravemente culposa.

En ese sentido, se argumenta que la sentencia del 6 de abril de 2017 sí contenía elementos probatorios suficientes para acreditar la conducta gravemente culposa de los agentes, al haber incurrido en una actuación al margen de sus funciones, con abuso de poder y sin orden judicial.

La parte apelante argumenta que el juzgado ignoró que la conducta de los agentes fue contraria a los fines del servicio público y causó un daño antijurídico que generó la condena contra la Nación, lo que configura el presupuesto subjetivo (dolo o culpa grave) exigido por el ordenamiento jurídico para la procedencia de la acción de repetición.

Se critica que el fallo de primera instancia exigiera certeza penal sobre la autoría de los hechos cuando la acción de repetición, por su naturaleza civil y administrativa, se rige por la prueba de los hechos conforme al estándar de la culpa grave y no por la prueba penal más allá de toda duda razonable.

Trámite de Segunda Instancia

Una vez concedido el recurso de apelación, y repartido el expediente, se dispuso su admisión sin que se contara con la intervención de las partes o el Ministerio Público en esta etapa.

Trámite de Segunda Instancia

Una vez concedido el recurso de apelación, y repartido el expediente, se dispuso su admisión sin que se contara con la intervención de las partes o el Ministerio Público en esta etapa.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con lo establecido en el Art. 153 del CPACA, esta Corporación es competente para decidir el recurso de apelación propuesto.

Problema JurídicoExpediente No. 680813333001-2014-00358-01

7 ¿Se encuentran acreditados, con el acervo probatorio disponible, los elementos necesarios para establecer el presupuesto subjetivo de responsabilidad —dolo o culpa grave — en la conducta desplegada por los exintegrantes del Ejército Nacional, Jairo Alberto Prieto Rivera y Luis Enrique Pineda Matallana, frente a los hechos que originaron la condena impuesta por la jurisdicción contenciosa administrativa a cargo de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, dentro de los procesos acumulados 1997-13175 y 1997-13176, de conformidad con los criterios previstos en el artículo 90 de la Constitución Política y la Ley 678 d e 2001?

Tesis: No.

Desarrollo del problema jurídico:

En desarrollo del problema jurídico, la Sala se ocupará de analizar los reparos planteados por el apelante y que se concretan en establecer la concurrencia del presupuesto subjetivo, necesario para la prosperidad de las pretensiones y que, en términos de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional-, se estructura en la sentencia penal del 6 de abril de 2017.

presupuesto subjetivo, necesario para la prosperidad de las pretensiones y que, en términos de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional-, se estructura en la sentencia penal del 6 de abril de 2017.

En el caso bajo análisis, los hechos que dieron lugar a la interpo sición de la demanda de repetición acaecieron antes de la entrada en vigencia de la Ley 678 de

2001. Por tanto, el estudio del elemento subjetivo de la conducta del demandado debe realizarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa anterior, esto es ,

a la luz del artículo 63 del Código Civil:

Artículo 63. Culpa y dolo. La ley distingue tres especies de culpa o descuido.

Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.

Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariament e en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.Expediente No. 680813333001-2014-00358-01

8 El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa.

Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o

responsable de esta especie de culpa.

Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.

El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro.”

En el análisis de los elementos de procedencia de la acción de repetición, el Honorable Consejo de Estado ha señalado 1 que con suficiente claridad que los conceptos de culpa grave y dolo previstos en el Código Civil deben armonizarse con lo establecido en el artículo 6 de la Constitución Política en referencia a la responsabilidad de los servidores públicos, al igual que con la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos. Debe además tenerse en cuenta el postulado de la buena fe, al cual deben ceñirse las actuaciones de tanto de los particulares como de las autoridades públicas.

Es así que, en materia de responsabilidad subjetiva, el análisis de la conducta del agente juega se encuentra ubicado en un plano trascendental para la prosperidad de la acción de repetición. Bajo esta línea de pensamiento, como lo ha sostenido la Máxima Corporación de lo Contencioso Administrativo, no cualquier equivocación, no cualquier error de juicio, no cualquier actuación que desconozca el ordenamiento jurídico permite al operador judicial deducir su responsabilidad y por es por tal razón que resulta necesario verificar la gravedad de la falla en su conducta2. Ha explicado la jurisprudencia:

(…) no puede ser irrelevante el hecho de que la norma constitucional (art. 90) haya establecido expresamente que el deber de las entidades

que resulta necesario verificar la gravedad de la falla en su conducta2. Ha explicado la jurisprudencia:

(…) no puede ser irrelevante el hecho de que la norma constitucional (art. 90) haya establecido expresamente que el deber de las entidades estatales de repetir contra sus funcionarios o ex funcionarios, solo surge en la medida en que el daño a cuya reparación patrimonial hayan sido condenadas, pueda imputarse a la conducta dolosa o gravemente culposa de los mismos, lo cual, por otra parte, se explica por la necesidad de ofrecer unas mínimas garantías a los servidores públicos, en el sentido de que no cualquier error en el que puedan incurrir de buena fe,

1 Ver, entre otras, la sentencia del 31 de julio de 1997, expediente 9894, M.P. Ricardo Hoyos Duque. 2 Sentencia del 9 de septiembre de 2016, expediente 05001 -23-31-000-2008-00380-01(49764), M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.Expediente No. 680813333001-2014-00358-01

9 podrá servir para imputarles responsabilidad patrimonial ante la respectiva entidad estatal, lo cual podría conducir a un ejercicio temeroso, ineficiente e ineficaz de la función pública3.

Acorde con lo indicado, en aquellos eventos regidos por la normativa anterior a la Ley 678 de 2001 4, la determinación de una conducta como dolosa o gravemente culposa le impone al demandante una carga probatoria ineludible, de modo que es a quien promueve la acción de repetición quien debe probar tal circunstancia y solo en este evento -de haberse aportado los elementos de juicio necesarios para la

culposa le impone al demandante una carga probatoria ineludible, de modo que es a quien promueve la acción de repetición quien debe probar tal circunstancia y solo en este evento -de haberse aportado los elementos de juicio necesarios para la demostración de la conducta dolosa o gravemente culposahabrá lugar a endilgarle responsabilidad patrimonial al demandado. De ahí que en sede de repetición la responsabilidad del agente estatal solo puede declararse en la medida en que se compruebe su actuación dolosa o gravemente culposa.

Así, consultado el plenario se tiene que, e n la sentencia dictada el 30 de junio de 2011 por el Juzgado Administrativo de Descongestión de Barrancabermeja, se concluyó la existencia de responsabilidad patrimonial del Estado en cabeza de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, por la muerte del señor José Gregorio Romero Reyes, a partir del análisis del material probatorio recaudado en dicho proceso y que llevó a tener como hechos probados, los siguientes:

• Que el día 3 de septiembre de 1995, el señor José Gregorio Romero Reyes salió en bicicleta en compañía de Albeiro Ramírez Jorge y Wilfredo Quiñones Bárcenas, con destino a una fiesta que se celebraba en el barrio La Esperanza del municipio de Barrancabermeja. • Que durante su trayecto, los tres jóvenes cruzaron por un retén militar ubicado cerca del Colegio Camilo Torres, en el barrio Versalles, donde integrantes del Ejército realizaron un disparo al aire, los interceptaron para practicarles una requisa y posteriorm ente los condujeron a una tanqueta militar; desde ese momento se perdió todo rastro de José Gregorio Romero

Reyes.

integrantes del Ejército realizaron un disparo al aire, los interceptaron para practicarles una requisa y posteriorm ente los condujeron a una tanqueta militar; desde ese momento se perdió todo rastro de José Gregorio Romero Reyes. • Que el 4 de septiembre de 1995, el cuerpo sin vida del señor Romero Reyes fue hallado en la vía al aeropuerto, en las cercanías del centro re creacional El Oasis, presentando evidentes signos de tortura y una herida de bala en la cabeza.

3 Ibídem. 4 Como se indicó, la Ley 678 de 2001 definió los conceptos de dolo y culpa grave con los cuales se califica la conducta del agente, al tiempo que estableció algunas presunciones legales con incidencia en materia de la carga probatoria dentro del proceso.Expediente No. 680813333001-2014-00358-01

10 Así, puede evidenciarse que la sentencia proferida por la jurisdicción contencioso administrativa emitió condena por los perjuicios derivados del deceso del señor José Gregorio Romero Reyes, indicando que la responsabilidad del Estado, en este caso, de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional estaba demostrada al concluir que el daño se produjo como consecuencia de una “…ejecución extrajuicio perpetrada por efectivos del Ejército Nacional…”, afirmación que se realiza sin ahondar en la identificación de los uniformados que perpetraron el hecho.

Se encuentra demostrado que, en efecto, tal y como lo menciona el apelante, con ocasión del homicidio del señor José Gregorio Romero Reyes se adelantó investigación penal en contra de los señores Luis Alberto Enrique Pineda Matallana

Se encuentra demostrado que, en efecto, tal y como lo menciona el apelante, con ocasión del homicidio del señor José Gregorio Romero Reyes se adelantó investigación penal en contra de los señores Luis Alberto Enrique Pineda Matallana y Jairo Alberto Prieto Rivera, actuación que cursó igualmente por el homicidio del señor Wilfredo Quiñonez Bárcenas, cuyo conoc imiento en primera instancia correspondió al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Barrancabermeja, despacho judicial que profirió sentencia el 06 de febrero de 2015 en la que absolvió a los sindicados de los cargos de homicidio agravado, en concurso homog éneo y sucesivo.

Se demostró igualmente que la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de Bucaramanga decidió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Barrancabermeja, mediante sentencia del la sentencia de fecha 06 de abril de 2017, proferida en segunda instancia por la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de Bucaramanga, la cual dispuso “…mantener incólume la absolución de Luis Enrique Pineda Matallana y Jairo Alberto Prieto Rivera, respecto de las muertes de Albeiro Ramírez Jorge y José Gregorio Romero… ” condenándolos solo por el homicidio agravado en la persona de Wilfredo Quiñones Bárcenas. La decisión de segunda instancia estuvo motivada en la ausencia de elementos de juicio que permitieran establecer que los señores Luis Alberto Enrique Pineda Matallana y Jairo Alberto Prieto Rivera habían ejecutado el homicidio de José Gregorio Romero, destacando que este hecho pudo haber sido cometido por otras personas. Explicó el Tribunal Superior – Sala Penalseñores Luis Alberto Enrique Pineda Matallana y Jairo Alberto Prieto Rivera habían ejecutado el homicidio de José Gregorio Romero, destacando que este hecho pudo haber sido cometido por otras personas. Explicó el Tribunal Superior – Sala Penal- : “De otra parte, probatoriamente no se puede a estos militares endilgársele responsabilidad por el deceso de Albeiro Ramírez y José Gregorio Romero, pues distante de lo que aluden los recurrentes la Colegiatura encuentra que aunque ellos también fueron subidos a vehículo militar y lamentablemente resultaron asesinados, el plenario no vincula con soporte suficiente de manera directa ni indirecta a ninguno de los encartados con estos decesos. En primer lugar, porque no está demostrado que su patrulla los haya detenido y, en segundo, porque estos crímenes pudieron ser perpetrados por otros, sin que se tenga conocimiento más allá de toda duda razonable acerca de los responsables de estos De tal manera, si bien pudieron tener un mismo comienzo y una misma suerte fatal, inclusive conExpediente No. 680813333001-2014-00358-01

11 características similares ello no indica que indefectiblemente hayan sido finiquitados por los mismos militares que fulminaron a Quiñones Bárcenas.

Así las cosas, se encuentra acreditada la responsabilidad penal en cabeza de los encartados quienes admitieron haber atentado contra la vida de Wilfredo quiñones Bárcenas, sin que su conducta pueda circunscribirse a ninguna causa l de justificación ni siquiera en exceso lo que de pasó refuerza la condición de inferioridad en que se encontraba la víctima como se explicó ut supra.”

Para confirmar la sentencia de primera instancia, es preciso partir del marco jurídico

siquiera en exceso lo que de pasó refuerza la condición de inferioridad en que se encontraba la víctima como se explicó ut supra.”

Para confirmar la sentencia de primera instancia, es preciso partir del marco jurídico y probatorio que gobierna la acción de repetición y el análisis de los hechos del caso concreto, con el fin de demostrar que no se acreditó el dolo o la culpa grave de los demandados respecto del hecho que generó la condena patrimonial contra la Nación.

En el presente asunto, la condena que dio lugar al pago por parte de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional corresponde a la muerte del señor José Gregorio Romero Reyes, ocurrida entre el 3 y el 4 de septiembre de 1995, y así fue reconocido en la sentencia de reparación directa del 30 de junio de 2011. Para que prospere la acción de repetición, era indispensable probar que los demandados, en su calidad de militares activos, ejecutaron con dolo o culpa grave la conducta determinante de este daño, es decir, que fueran responsables directos de la muerte de Romero Reyes.

Ahora bien, la parte actora sustenta su recurso de apelación en la sentencia del 6 de abril de 2017 proferida por la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de Bucaramanga, buscando derivar de ella la existencia de dolo. No obstante, un análisis detallado de dicha providencia evidencia que la responsabilidad penal de Luis Enrique Pineda Matallana y Jairo Alberto Prieto Rivera se circunscribió al homicidio de Wilfredo Quiñones Bárcenas, manteniendo la absolución frente a los homicidios de José Gregorio Romero y Albeiro Ramírez Jorge. La propia sentencia

homicidio de Wilfredo Quiñones Bárcenas, manteniendo la absolución frente a los homicidios de José Gregorio Romero y Albeiro Ramírez Jorge. La propia sentencia penal señala que, aunque se acreditó qu