TA SAN - Sentencia 680813333003-2023-00281-01 (27-03-2025)

SIGCMA-SGC

Rama Judicial del Poder Publico Consejo Superior de la Judicatura Consejo de Estado Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de Santander

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Magistrada Ponente: CLAUDIA XIMENA ARDILA PÉREZ SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Bucaramanga, veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025).

MEDIO DE

CONTROL

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DE CARÁCTER LABORAL

DEMANDANTE OLGA CECILIA MENDOZA MERIÑO identificada con C.C. No. 37.935.590 silviasantanderlopezquintero@gmail.com

DEMANDADO NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO

NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL

MAGISTERIO (FOMAG)

procesosjudicialesfomag@fiduprevisora.com.co; notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co;

MINISTERIO

PÚBLICO

XIRYS MARÍA MORA ALVARADO

PROCURADORA 160 JUDICIAL II PARA ASUNTOS

ADMINISTRATIVOS

xmora@procuraduria.gov.co;

RADICADO Y

LINK DE L EXPEDIENTE 680813333003-2023-00281-01

TEMA Se c onfirma sentencia / La demandante goza del régimen de transición previsto en la Ley 812 del 2003, por ende, es beneficiari a de la pensión de jubilación prevista en la Ley 33 de 1985 Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto oportunamente por la parte

2003, por ende, es beneficiari a de la pensión de jubilación prevista en la Ley 33 de 1985 Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto oportunamente por la parte demandada contra la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2024 por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Barrancabermeja, que concedió las pretensiones sin condena en costas.

I. ANTECEDENTES

A. La demanda1

1. Pretensiones La demandante solicita la nulidad del acto administrativo ficto, configurado el 11 de octubre de 2023, por la falta de respuesta frente a la petición presentada el 11 de julio de 2023, en la que se le negó el reconocimiento de la pensión de jubilación. En cuanto al restablecimiento de derecho, solicita que se le reconozca y pague una

1 Expediente digital SAMAI. Gestión en otros despachos. Índice 00014. 2_680813333003202300281002PROCESOABONAD20240116135859.pdfRadicado: 680813333003-2023-00281-01

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pensión equivalente al 75% de los salarios y las primas recibidas hasta el 23 de junio de 2023, fecha en la cual adquirió el estatus jurídico de pensionada, conforme

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pensión equivalente al 75% de los salarios y las primas recibidas hasta el 23 de junio de 2023, fecha en la cual adquirió el estatus jurídico de pensionada, conforme a lo establecido en la Ley 33 de 1985. Además, pide que la condena se actualice de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que se cumpla lo dispuesto en el artículo 192 de la misma ley, y que se impongan las costas a la parte demandada.

2. Hechos La docente sostiene que nació el 23 de junio de 1966, por lo que a la fecha cuenta con más de 55 años de edad. Expone que fue vinculada inicialmente por orden de prestación de servicios en el Municipio de Simacota, desempeñándose como empleada pública desde el 22 de abril de 2003 hasta el 21 de julio de 2003.

Posteriormente, refiere que fue vinculada nuevamente en el mismo municipio, e n periodos comprendidos entre el 1 de agosto y el 30 de octubre de 2003, y entre el 1 de noviembre y el 20 de diciembre del mismo año. Señala que, desde el 7 de junio de 2004, fue vinculada en propiedad como docente en la Institución Educativa Técnico Agropecuario y Comercial de San Pablo, Bolívar, cargo en el que permaneció hasta el 31 de enero de 2016. Asimismo, agrega que el 22 de enero de 2016 fue nuevamente vinculada en propiedad como docente en la Institución Técnico Superior de Barrancabermeja, Santander, donde laboró hasta el 10 de agosto de 2023.

el 22 de enero de 2016 fue nuevamente vinculada en propiedad como docente en la Institución Técnico Superior de Barrancabermeja, Santander, donde laboró hasta el 10 de agosto de 2023. Finalmente, menciona que, al cumplir los 55 años de edad y los 20 años de servicio oficial, solicitó la pensión ordinaria de jubilación, para que le fuera reconocida a partir del 23 de junio de 2023, fecha en la que adquirió el estatus jurídico de pensionada. Ante esta solicitud, guardó silencio la parte demandada.

3. Normas violadas y concepto de violación Se enlistan en la demanda como normas violadas los artículos: 1, 2, 4, 6, 13, 25, 29, 48, 53, 58 y 243 de la Constitución Política de Colombia; 81 de la Ley 812 de 2003; 279 de la Ley 100 de 1993; 15 de la Ley 91 de 1989; 1 de la Ley 33 de 1985; 1, 2 y 36 literal f del Decreto 2277 de 1979.

La demandante advierte que los docentes vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, como ocurre en su caso, se rigen por la normativa anterior, es decir, la Ley 33 de 1985 o la Ley 71 de 1988; esta última, para quienes buscan completar el tiempo de servicio con vinculaciones en entidades públicas o privadas. Afirma que se encontraba vinculada con anterioridad al 23 de junio de 2003, circunstancia que, conforme a lo previsto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, permite mantener el régimen presta cional anterior a esa fecha . En ese sentido,Radicado: 680813333003-2023-00281-01

circunstancia que, conforme a lo previsto en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003, permite mantener el régimen presta cional anterior a esa fecha . En ese sentido,Radicado: 680813333003-2023-00281-01

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sostiene que el régimen aplicable para el reconocimiento pensional es el consagrado en la Ley 33 de 1985.

B. Contestación2

La parte demandada sostiene que la docente fue vinculada en propiedad a partir del 7 de junio de 2004. Debido a que la vinculación ocurrió después de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, el régimen pensional aplicable es el de prima media, establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. Sostiene que los períodos de vinculación de la demandante mediante contratos de prestación de servicios no deben ser considerados para efectos pensionales, ya que la naturaleza del contrato es civil y no laboral. Además, señala que no se ha demostrado que se hayan efectuado los aportes correspondientes a la seguridad social. Aduce que, p ara acreditar una relación laboral, deben cumplirse los elementos esenciales de la misma, tales como la subordinación, la remuneración y la prestación personal del servicio, los cuales no se encuentran acreditados en este caso. Solicita que se vincule a la Secretaría de Educación al proceso, por cuanto fue la

elementos esenciales de la misma, tales como la subordinación, la remuneración y la prestación personal del servicio, los cuales no se encuentran acreditados en este caso. Solicita que se vincule a la Secretaría de Educación al proceso, por cuanto fue la entidad que expidió el acto administrativo impugnado y ostenta la competencia para verificar la vinculación de la demandante. Argumenta que no se acreditan los presupuestos necesarios para acceder a la pensión solicitada, al no cumplirse los requisitos exigidos para su reconocimiento. Adicionalmente, sostiene que el derecho se encuentra prescrito, toda vez que la demanda fue presentada por fuera del término previsto en la normatividad vigente. Advierte que se debe presumir la legalidad de los actos administrativos que rechazaron la pensión, y afirma que estos fueron emitidos conforme a la legislación aplicable. En consecuencia, solicita que se desestimen todas las pretensiones de la demanda, se confirme la validez de los actos impugnados y se dicte sentencia anticipada.

C. La sentencia recurrida3

El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Barrancabermeja, en sentencia del 19 de diciembre de 2024, resolvió: PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto ficto o presunto que negó la solicitud de pensión de jubilación presentada por Olga Cecilia Mendoza Meriño radicada el 11 de julio de 2023

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, a título de Restablecimiento del Derecho, ORDENAR a la Nación - Ministerio de

2 Expediente digital SAMAI. Gestión en otros despachos. Índice 00008. 6_680813333003202300281002MemorialWeb202431203846.pdf

Restablecimiento del Derecho, ORDENAR a la Nación - Ministerio de

2 Expediente digital SAMAI. Gestión en otros despachos. Índice 00008. 6_680813333003202300281002MemorialWeb202431203846.pdf 3 Expediente digital SAMAI. Gestión en otros despachos. Índice 00014. Documento 17_Sentencia_68081333300320230028_0_20250116162800097Radicado: 680813333003-2023-00281-01

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Educación Nacional - Fondo Nacional de prestaciones Sociales del Magisterio - Fomag - a reconocer y pagar a favor de la señora Olga Cecilia Mendoza Meriño, identificado con cédula de ciudada nía No. 37.935.590 pensión de vejez, conforme a lo establecido en la Ley 33 de 1985 a partir del 04 de agosto de 2023 hasta la inclusión de la demandante en la respectiva nómina de pensionados, con el 75% de la asignación básica, la bonificación mensual y la doceava parte de la bonificación pedagógica, que sirvieron de base para los aportes durante el año anterior a la adquisición del status pensional (04 de agosto de 2022 al 04 de agosto de 2023), de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

aportes durante el año anterior a la adquisición del status pensional (04 de agosto de 2022 al 04 de agosto de 2023), de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

TERCERO: ORDENAR a la demandante señora Olga Cecilia Mendoza Meriño, acreditar documentalmente y manifestar al momento de solicitar el cumplimiento de la sentencia, a cuál entidad de previsión y por qué valores efectuó cotizaciones a pensión por los períodos durante los cuales fungió como docente contratista del Departamento de Santander, en caso de haberlas hecho. De lo contrario, si no realizó tales aportes, indicar lo propio al Fondo

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

CUARTO: ORDENAR a la Nación, Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, repetir en contra de la entidad de previsión a la cual el demandante acredite que se encontraba afiliado durante el la pso que subsistió la relación contractual con el Departamento de Santander, con el fin de solicitar el reembolso de las cotizaciones a pensión efectuadas por la señora Mendoza Meriño en esa oportunidad, siempre y cuando así lo demuestre o asegure el demandante. En todo caso, se autoriza al citado Fondo, descontar de los valores adeudados al libelista en virtud de la condena, los saldos pendientes parciales o totales en su contra, si existen después del cumplimiento del precepto anterior, por concepto de aportes a pensión que en la proporción como trabajador le correspondía efectuar por el periodo como contratista.

De igual manera, iniciar los trámites administrativos correspondientes ante el Departamento de -Santander para la recuperación del valor de las cotizaciones

de aportes a pensión que en la proporción como trabajador le correspondía efectuar por el periodo como contratista. De igual manera, iniciar los trámites administrativos correspondientes ante el Departamento de -Santander para la recuperación del valor de las cotizaciones que debían haber realizado como empleadores durante el tiempo que el accionante estuvo vinculado a a través de contratos de presiones de servicios, esto es, en el año 2003 (dentro de sus respectivos intervalos o duración de los contratos) Como fundamento de su decisión, el a quo considera que, en los casos donde se evidencian actividades y funciones desempeñadas como docente bajo vínculos contractuales con entidades de derecho público o a su servicio, es posible configurar los elementos constitutivos de una relación laboral. Esto se fundamenta en que la labor educativa, por su naturaleza, debe ser personal, remunerada y sometida a reglamentaciones, instrucciones y lineamientos de obligatorio cumplimiento, dada la función pública esencial que repr esenta la educación. Con base en esto, concluye que la vinculación de la demandante con el Departamento de Santander mediante los contratos de prestación de serviciosRadicado: 680813333003-2023-00281-01

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configuró una relación laboral encubierta, lo que implica que dicho vínculo debe ser tenido en cuenta para acumular el tiempo trabajado como docente estatal, lo que

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configuró una relación laboral encubierta, lo que implica que dicho vínculo debe ser tenido en cuenta para acumular el tiempo trabajado como docente estatal, lo que genera las consecuencias correspondientes conforme al marco normativo aplicable. No obstante, aclara que esta relación se limita exclusivamente al impacto en el derecho a la pensió n y no se extiende a otras prestaciones o derechos laborales propios de un vínculo legal y reglamentario con los docentes oficiales. En este sentido, manifiesta que, de acuerdo con la norma que regula la situación pensional de la demandante, corresponde ap licar el régimen de la Ley 33 de 1985 a los docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003. Precisa que la vinculación con el Departamento de Santander mediante los contratos de prestación de servicios abarcó un total de 229 días, los cuales deben ser contabilizados para el tiempo de servicio, además del tiempo trabajado tras la vinculación en propiedad con el Magisterio. A la fecha en que la demandante cumplió 55 años, el 23 de junio de 2021, se registraron 6 .341 días de tiempo de servicio, por lo que no cumplía los requisitos para acceder a la pensión. Sin embargo, indica que, a la fecha en que presentó la solicitud de pensión el 11 de julio de 2023, la demandante había acumulado 7 .103 días, de los cuales 229 correspondían a los contratos de prestación de servicios. Por ende, señala que aún no se completaban los 7,200 días necesarios para este fin. En el mismo sentido, sostiene que, conforme a la sentencia de unificación del 31 de enero de 2024, la Corte Suprema de Justicia modificó su postura sobre la

no se completaban los 7,200 días necesarios para este fin. En el mismo sentido, sostiene que, conforme a la sentencia de unificación del 31 de enero de 2024, la Corte Suprema de Justicia modificó su postura sobre la equivalencia de los tiempos cotizados al Sistema General de Seguridad Social en pensiones y dispuso que cada día calendario debe ser considerado para la contabilización de la pensión, en lugar de aplicar un período mensual de trabajo de 30 días. Así, conforme a esta nueva postura, indica que, para la fecha de expedición del certificado laboral, el 4 de agost o de 2023, la demandante había cumplido 7.216 días laborados, superando el tiempo de servicio requerido. Finalmente, el a quo establece que el régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 es el aplicable a la demandante, dado que su vinc ulación al servicio público educativo oficial ocurrió antes de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003. En consecuencia, reconoce la pensión solicitada, a partir del 5 de agosto de 2023, fecha en la que la demandante adquirió el estatus de pensionada. Finalmente, concluye que la pensión es compatible con el ejercicio de la docencia, por lo que no es necesario el retiro del servicio para su goce.

D. La apelación4

La entidad demandada solicita que se deje en firme el acto demandado y como consecuencia se declare que no se debe reconocer la pensión de jubilación. Sostiene que, para determinar el régimen pensional aplicable a la demandante, debe tenerse en cuenta la fecha de su vinculación al servicio educativo oficial. En

consecuencia se declare que no se debe reconocer la pensión de jubilación. Sostiene que, para determinar el régimen pensional aplicable a la demandante, debe tenerse en cuenta la fecha de su vinculación al servicio educativo oficial. En

4 Expediente digital SAMAI. Gestión en otros despachos. Índice 00020. Documento 18_680813333003202300281002Radicado: 680813333003-2023-00281-01

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ese sentido, refier e que fue nombrada como docente provisional en una vacante definitiva adscrita a la Secretaría de Educación de Barrancabermeja, cargo en el cual tomó posesión el 3 de junio de 2004, conforme a lo señalado en los hechos y corroborado por la certificación de afiliación al FOMAG. Expone que el concepto de «solución de continuidad» reviste relevancia jurídica en el presente caso, por cuanto permite establecer la existencia o interrupción de derechos laborales según el intervalo entre dos períodos de vinculación . Al respecto, advierte que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 del Decreto 1045 de 1978, se configura solución de continuidad cuando la interrupción entre vinculaciones supera los quince (15) días hábiles. Precisa que, al examinar las vinculacio nes reportadas por la demandante, se

de 1978, se configura solución de continuidad cuando la interrupción entre vinculaciones supera los quince (15) días hábiles. Precisa que, al examinar las vinculacio nes reportadas por la demandante, se identifican varios períodos de interrupción superiores al límite legal, lo cual, en su criterio, incide en el régimen jurídico aplicable para efectos de determinar la procedencia del reconocimiento pensional. En consecuencia, afirma que la demandante se encuentra cobijada por el régimen de prima media previsto en la Ley 100 de 1993, toda vez que su vinculación ininterrumpida al servicio se consolidó en el año 2004. Sostiene que, bajo este régimen, el reconocimiento de la pensión exige el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley: una edad mínima de 57 años, un mínimo de 1.300 semanas cotizadas y un monto de pensión que oscila entre el 65 % y el 85 % del salario base. Finalmente, argumenta que, de conformidad con el parágrafo transitorio 4º del Acto Legislativo 01 de 2005, el régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no puede extenderse más allá del 31 de julio de 2010, salvo para aquellos trabajadores que, al momento de entrar en vigencia dicho régimen, acreditaran al menos 750 semanas cotizadas o su equivalente en tiempo de servicios.

E. Trámite de segunda instancia Mediante auto del 18 de marzo de 202 55, se admitió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia y se ordenó notificar al Ministerio Público y a las partes para su conocimiento, guardando silencio durante el termino de ejecutoria.

interpuesto contra la sentencia de primera instancia y se ordenó notificar al Ministerio Público y a las partes para su conocimiento, guardando silencio durante el termino de ejecutoria.

II. CONSIDERACIONES

A. Acerca de la competencia Conforme al artículo 153 del CPACA, este Tribunal es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas por los juzgados administrativos de su distrito judicial.

5 Expediente digital en SAMAI. Índice 00002. Documento: 3_Autoadmiterec_AUTO_20230028101AUTOADMIT_0_20250318104755273.pdfRadicado: 680813333003-2023-00281-01

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B. El problema jurídico y su resolución De acuerdo con la reseña que anteced e, la Sala plantea y resuelve el siguiente problema jurídico: Pj1 ¿La demandante se vinculó a la docencia oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y, en consecuencia, tiene derecho al reconocimiento de su pensión de jubilación de conformidad con la Ley 91 de 1989 y las demás normas a las que ésta remite, entre ellas la Ley 33 de

1985?

Tesis: Sí.

Fundamento jurídico: El régimen jurídico aplicable a los docentes oficiales

de 1989 y las demás normas a las que ésta remite, entre ellas la Ley 33 de 1985?

Tesis: Sí.

Fundamento jurídico: El régimen jurídico aplicable a los docentes oficiales vinculados antes del 27 de junio de 2003, fecha de entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, es el establecido en la Ley 91 de 1989, normativa especial de los docentes, que remite a la Ley 33 de 1985 o a la Ley 71 de 1988, de acuerdo con la naturaleza de los aportes realizados o tiempos de servicios. La primera, consagra una pensión de jubilación para aquellas personas que acre diten 20 años de servicios públicos y 55 años de edad en el caso de las mujeres, y, la segunda, consagra una pensión por aportes para aquellas personas que no lograron acumular 20 años de tiempos al servicio del Estado, pero sí acumularon aportes durante e l mismo tiempo en el sector público y privado.

En el presente caso, el 22 de abril de 2003 la demandante fue vinculad a al Municipio de Simacota como docente mediante orden de prestación de servicios . Posteriormente, el 07 de junio de 2004, se vinculó como docente en propiedad. La fecha de vinculación al servicio público docente es aquella y no esta, puesto que, según la jurisprudencia, los tiempos laborados con ocasión de contratos de prestación de servicios celebrados para ejercer la docencia oficial tienen efectos pensionales. De acuerdo con esto, la vinculación al magisterio fue anterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. Asimismo, la demandante tiene 59 años y cuenta con más de 20 años de serv icios prestados al magisterio, es decir, reúne

entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. Asimismo, la demandante tiene 59 años y cuenta con más de 20 años de serv icios prestados al magisterio, es decir, reúne los requisitos para acceder a la pensión de jubilación de la Ley 33 de 1985. Pj2 ¿La solución de continuidad es un elemento determinante para establecer el régimen pensional aplicable a la docente?

Tesis: No.

Fundamento jurídico: El parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005 y la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del Consejo de Estado establece que existen dos regímenes prestacionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). La aplicación de cualquiera de estos regímenes depende exclusivamente de la fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial, siendo este el factor determinante. En consecuencia, la conclusión planteadaRadicado: 680813333003-2023-00281-01

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por la parte demandada resulta errada, toda vez que el régimen pensional aplicable no exige la continuidad en el servicio com o requisito adicional para su reconocimiento.

C. Marco jurídico

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por la parte demandada resulta errada, toda vez que el régimen pensional aplicable no exige la continuidad en el servicio com o requisito adicional para su reconocimiento.

C. Marco jurídico El régimen aplicable a los docentes afiliados al Fomag para adquirir una pensión de jubilación El Consejo de Estado, en sentencia de unificación SUJ -014-CE-S2-20196, determinó que existen dos regímenes prestacionales que regulan el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), aplicables a cada docente según su fecha de ingreso o vinculación al servicio educativo oficial.

Para los docentes afiliados al Fomag con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, les es aplicable lo dispuesto en las Leyes 91 de 1989, 33 de 1985 o 71 de 1988, y 62 de 1985. A este grupo de docentes no le es aplicable la Ley 100 de 1993 ni su régimen de transición previsto en el art 36, comoquiera que el art. 279 ibidem 7 dispuso que el Sistema Integral de Seguridad Social contenido en esa norma, no era aplicable a las personas afiliadas al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio8. Ahora, aquellos docentes vinculados a partir del 27 de junio de 2003, cuando entró en vigencia la mencionada Ley 812, están sujetos a las disposiciones contenidas en las Leyes 812 de 2003, 100 de 1993, 797 de 2003 y el Decreto 1158 de 1994.

en vigencia la mencionada Ley 812, están sujetos a las disposiciones contenidas en las Leyes 812 de 2003, 100 de 1993, 797 de 2003 y el Decreto 1158 de 1994. El Consejo de Estado, en sentencia del 18 de marzo de 2021 9, aclaró que los docentes a quienes les aplica el régimen anterior al 27 de junio de 2003, están «exceptuados del Sistema Integral de Seguridad Social por mandato del artíc ulo 279 de la Ley 100 de 1993». La misma Corporación 10, en sentencia de tutela del 6 de septiembre de 2021, amparó los derechos fundamentales de una docente a quien se le había negado en segunda instancia el reconocimiento de la pensión por aportes prevista en la Ley 71 de 1985, bajo el argumento de que no cumplía con el régimen de transición de la Ley 100.

6 Consejo de Estado. Sentencia de unificación del 25 de abril de 2019. Sección Segunda, C. P: César Palomino Cortés. Rad.: 6800 1233300020150056901, N.I: 0935-2017. 7 ARTÍCULO 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas. Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio , creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones

Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas. Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio , creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida. 8 Consejo de Estado. Sentencia de unificación del 25 de abril de 2019. Sección Segunda, C. P: César Palomino Cortés. Rad.: 68001233300020150056901, N.I: 0935-2017. 9 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, CP. William Hernández Gómez, Bogotá, D. C., dieciocho (18) de marzo de dos mil veintiuno (2021).

Radicación número: 63001-23-33-000-2014-00249-01(0249-16) 10 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,

Consejero ponente: ALBERTO MONTAÑA PLATA, Bogotá D. C., seis (6) de septiembre de dos mi l veintiuno (2021), Radicación número: 11001-0315-000-2021-03766-00(AC)Radicado: 680813333003-2023-00281-01

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Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - FOMAG

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El alto tribunal reiteró que los docentes vinculados con anterioridad a la Ley 812 de 2003 tienen derecho a que se les aplique la Ley 91 de 1989 que remite a la Ley 71 de 1988. Recordó que no puede aplicarse la Ley 100 ni su régimen de transición a los docentes oficiales, porque estos fueron exceptuados en el artículo 279 de ese estatuto. Con base en lo anterior, concluyó que la interpretación que hizo el Tribunal derivó en la vulneración de los derechos fundamentales de la docente accionante. En línea con lo anterior, el Consejo de Estado, en sentencia del 25 de agosto de 202211, reconoció la pensión por aportes a una docente oficial vinculada antes de la Ley 812 de 2003, quien cumplía los requisitos de la Ley 71 de 1988. Consideró que no era posible exigir al personal docente los requisitos de la transición de la Ley 100, por ser una norma inaplica