TA VAL - Sentencia 19001-33-33-001-2020-00087-01 (28-03-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

SALA TRANSITORIA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

PROCESO: 19001-33-33-001-2020-00087-01

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL

DERECHO

DEMANDANTE: ORLANDO ESPINOSA BENACHI

DEMANDADO: NACIÓNRAMA JUDICIAL

ASUNTO: BONIFICACIÓN JUDICIAL COMO FACTOR

SALARIAL PARA LOS NO ACOGIDOS.

MAGISTRADA PONENTE: MARÍA EUGENIA CLAVIJO ARISTIZABAL

Santiago de Cali, veintiocho (28) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

La Sala decidirá la impugnación presentada por la parte demandada contra la sentencia 348 del 31 de octubre de 2023, proferida por el Juzgado Administrativo Transitorio de Cali, que resolvió:

PRIMERO: INAPLICAR por inconstitucional la frase “a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose p or el decreto 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan” y la expresión “y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud”, contenidas en el artículo 1° de los Decreto

y la expresión “y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud”, contenidas en el artículo 1° de los Decreto 383 y 384 de 2013 y en los demás decretos que lo modifican y sustituyan, y en su lugar, se aplica el artículo 53 de la Constitución Política y el principio constitucional de equidad, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia..

SEGUNDO: DECLARAR probada parcialmente la excepción “Prescripción”, propuesta por la entidad demandada, de conformidad con lo expuesto y en los términos de la parte motiva de esta sentencia. NEGAR la excepción adicional propuesta.

TERCERO: DECLARAR la nulidad del acto presunto por la ausencia de resolución a la petición radicada el día 13 de diciembre de 2018, el cual negó la solicitud de reconocimiento con carácter salarial y prestacional de la bonificación judicial contemplada en los Decretos 383 y 384 de 2013.Proceso:2020-0087-01

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho - Laboral

Demandante: Orlando Espinosa Benachi Demandado: NaciónRama Judicial Sentencia de segunda instancia

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CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la entidad demandada, a reconocer y pagar en favor del señor ORLANDO ESPINOSA BENACHI, identificado con CC. 16.609.560, la diferencia respectiva a título de bonificación judicial, que trata el artículo 2 del Decreto 383 de 2013, que no le hayan sido canceladas, a partir de la fecha

ESPINOSA BENACHI, identificado con CC. 16.609.560, la diferencia respectiva a título de bonificación judicial, que trata el artículo 2 del Decreto 383 de 2013, que no le hayan sido canceladas, a partir de la fecha en que sean exigibles y atendiendo los periodos estrictamente laborados.

Se aclara que el pago de lo aquí ordenado se hará teniendo en cuenta los periodos estrictamente laborados por la demandante.

QUINTO: CONDENAR a la entidad demandada a reliquidar y pagar en favor del señor ORLANDO ESPINOSA BENACHI, identificado con CC. 16.609.560, sus prestaciones sociales , como primas, vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías y bonificaciones, incluyendo en su base de liquidación el valor correspondiente a la diferencia de la bonificación judicial de que trata el artículo 2° del Decreto 383 de 2013, como factor sal arial, a partir de la fecha en que sean exigibles y atendiendo los periodos estrictamente laborados.

SEXTO: DECLARAR la prescripción trienal de los emolumentos causados con anterioridad al 13 de diciembre de 2015, conforme se expuso en las consideraciones de esta providencia

SEPTIMO: ORDENAR a la entidad demandada dar cumplimiento a esta sentencia de conformidad con los artículos 192 a 195 del CPACA, ajustando el valor que resulte a su cargo aplicando para el efecto la

siguiente formula:

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑅=𝑅ℎ×____________ 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑅=𝑅ℎ×____________ 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

Si existieran valores sobre los cuales no se aportó a la seguridad social, la entidad podrá realizar los respectivos descuentos en la proporción que le corresponda a la parte demandante

OCTAVO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

NOVENO: NEGAR la condena en costas conforme lo expuesto en la presente providencia

(…)

1. ANTECEDENTES

1. 1. Pretensiones

El Señor ORLANDO ESPINOSA BENACH I presentó demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho contra la Nación, Rama Judicial con las siguientes pretensiones:

“2.1. DECLARAR que existe el acto ficto o presunto negativo expedido por la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, nacido del silencio administrativo frente a la petición identificada con el Código EXTDESAJPO18-13658, radicada el 13 de diciembre de 2018.Proceso:2020-0087-01

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2.2. DECLARAR la NULIDAD DEL ACTO FICTO O PRESUNTO NEGATIVO, expedido por la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, como consecuencia del silencio administrativo frente a la petición identificada con el Código EXTDESAJPO18 - 13658, radicada el 13 de

expedido por la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, como consecuencia del silencio administrativo frente a la petición identificada con el Código EXTDESAJPO18 - 13658, radicada el 13 de diciembre de 2018.

2.3. Se tendrá la bonificación judicial creada por el Decreto 383 de 2013, para el caso concreto, desde su creación y en lo sucesivo, como parte de la asignación básica y será tenida en cuenta para la liquidación de todas las prestaciones soc iales y emolumentos laborales, tales como primas, bonificaciones, cesantías y seguridad social.

2.4. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, reconocer y pagar al doctor ORLANDO ESPINOSA BENACHI, desde el 1 de enero de 2013 hasta el pago total de la obligación, la suma que resulte como diferencia existente entre lo pagado y la reliquidación de todas sus prestaciones y emolumentos laborales, tales como Cesantías, Prima de Navidad, Prima de Vacaciones, Vacaciones, Prima de Prestación de Servicios, Prima de Productividad, Bonificación por Servicios Prestados, incluyendo la bonificación judicial creada por el decreto 383 de 2013 como parte de su asignación básica legal. (…)”

1. 2. Hechos probados

El demandante sostiene una relación legal y reglamentaria con la Rama Judicial. Presentó reclamación administrativa ante la Rama Judicial Direccional Seccional de Administración Judicial, el día 13 de diciembre de 2018, solicitando se reconociera y pagará la bonificación judicial, contemplada en el Decreto 383 de 2013 y las demás normas que lo modifiquen, como constitutiva de factor salarial

de Administración Judicial, el día 13 de diciembre de 2018, solicitando se reconociera y pagará la bonificación judicial, contemplada en el Decreto 383 de 2013 y las demás normas que lo modifiquen, como constitutiva de factor salarial para todos los efectos legales. A la fecha de presentación de la demanda no se emitió respuesta a su solicitud radicada ante la entidad demandada, por lo que se configuró el silencio administrativo negativo. Mediante oficio DESAJPOO19 -1480 del 13 de mayo de 2019 la Dirección Seccional de Administración Judicial allega: Acuerdo, acta de posesión y certificación de sueldos del demandante, (fls 21-47 de la demanda).

1. 3 normas violadas y concepto de violación

La parte demandante argumentó que, por el proceder de la administración, fueron vulnerados los artículos, 2, 13, 25, 53, 54, 83, 93, 209 de la CP; La ley 270 de 1996 Articulo 152 numeral 7 artículo 152 de la Ley 270 de 1996 y demás normas concordantes. En su concepto de violación, en síntesis, manifestó que, el acto administrativo ficto o presunto negativo enjuiciado, trasgrede el numeral 7° del artículo 152 de la Ley Estatutaria para la Administración de Justicia, que contempla el derecho a los funcionarios y empleados judiciales a percibir una remuneración acorde con su función, dignidad y jerarquía, la que no podrá ser disminuida de manera alguna. Asimismo, señala que al no dar el carácter de factor salarial a una prima que se cancela directamente como contraprestación del trabajo, equivale a desconocerProceso:2020-0087-01

alguna. Asimismo, señala que al no dar el carácter de factor salarial a una prima que se cancela directamente como contraprestación del trabajo, equivale a desconocerProceso:2020-0087-01

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todo el ordenamiento jurídico, ya que se vulneran principios constitucionales superiores, que rigen el derecho laboral público en nuestro territorio nacional. De igual manera, concretó como concepto de violación que la bonificación judicial es constitutiva de factor salarial para liquidar y pagar las demás prestaciones sociales que percibe el actor y que, al negar su carácter retributivo al trabajo, le impide al demandante el mejoramiento de sus condiciones económicas.

1.4 Sentencia de primera instancia

El Juzgado Transitorio Administrativo de Cali accedió a las pretensiones de la demanda con fundamento en las siguientes consideraciones:

Dijo que el actor está vinculado a la Rama Judicial desde el 01 de agosto de 1983, que el último cargo que desempeñó fue el de secretario Municipal en propiedad y que pertenece al régimen de los no acogidos a los decretos 57 de 1993, 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y 874 de 2012.

Que, del Informe histórico acumulado de salarios, se acredita que la entidad demandada ha realizado algunos pagos a la parte demandante por el concepto denominado diferencia por concepto de bonificación judicial establecida en el artículo 2° del Decreto 383 de 2013 y que de ello se puede concluir no ha sido

demandada ha realizado algunos pagos a la parte demandante por el concepto denominado diferencia por concepto de bonificación judicial establecida en el artículo 2° del Decreto 383 de 2013 y que de ello se puede concluir no ha sido tenida en cuenta como un factor salarial para la liquidación de todas las prestaciones sociales, tal y como se corrobora de los actos administrativos acusados.

Dejado claro lo anterior y conforme lo expuesto en la parte considerativa en el punto 3.4., se entra a resolver la pretensión de inaplicar el contenido del artículo 2 del Decreto No. 383 de 2013, señalando esta Juzgadora que dicha norma no es contraria al derecho a la igualdad puesto que las condiciones que establece la norma para efectos del reconocimiento y pago de la bonificación judicial para el personal no acogido, obedecen a que existe una diferencia en su régimen salarial y prestacional respecto del personal acogido.

Adujo que al no predicarse situaciones de igualdad entre el régimen de los servidores acogidos y el de los no acogidos, resulta improcedente inaplicar el artículo 2 del Decreto 383 de 2013 ya que cada régimen contiene condiciones especiales y autónomas para ser aplicadas a cada uno de sus destinatarios, de ahí que no sea posible pretender que se apliquen las ventajas de ambos regímenes pues ello implicaría desconocer el principio de inescindibilidad de la norma.

Por lo anterior, este Despacho considera que en este caso no es posible ordenar el pago de la bonificación judicial a los empleados denominados como no acogidos, en la misma cuantía y periodicidad que el personal acogido. Por tanto, se negarán las pretensiones de la demanda relacionadas con dicha solicitud.

ordenar el pago de la bonificación judicial a los empleados denominados como no acogidos, en la misma cuantía y periodicidad que el personal acogido. Por tanto, se negarán las pretensiones de la demanda relacionadas con dicha solicitud.

Sin embargo, como quiera que el artículo 2º del Decreto 383 de 2013, consagró el pago de una diferencia por concepto de bonificación judicial en beneficio del personal que no se encuentra acogido a los referidos decretos, la misma, en el evento de haberse causado o causarse a futuro, debe incluirse también como factor salarial, pero solo para efectos de liquidar sus prestaciones sociales.Proceso:2020-0087-01

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Teniendo en cuenta lo anterior, también se considera que la estipulación contenida en el artículo 1° del Decreto 383 de 2013, por parte del Gobierno Nacional, al tener en cuenta la bonificación mencionada “únicamente” para determinados fines no prestacionales como factor salarial, se circunscribe a una actuación que contraría en gran medida la ley, la jurisprudencia y demás normas de mayor fuerza vinculante, constituyendo la comentada potestad reglamentaria en una disposición que carece de legalidad al no ir de la mano la Constitución Política.

En este orden de ideas, respecto de la frase “a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el decreto 874 de 2012 y las

salarial y prestacional establecido en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el decreto 874 de 2012 y las disposiciones que lo mod ifiquen o sustituyan” y la expresión “y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud”, contenidas en el artículo 1° de los Decretos 383 y 384 de 2013 y e n los demás decretos que lo modifican y sustituyan, el Despacho ordenará inaplicar por inconstitucional las frases referenciadas por cuanto carecen de legalidad al no ir de la mano con el principio de igualdad y los principios de protección al salario esta blecidos en el artículo 53 de la Constitución Política y de lo consagrado en el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

Por consiguiente, el acto administrativo acusado, debe declararse nulo, en la medida en que se ha desvirtuado su presunción de legalidad, en razón a que su expedición se fundó en una norma que será inaplicada parcialmente por ser inconstitucional e ilegal.

En consecuencia, se debe reconocer y pagar a favor de la parte demandante, la diferencia respectiva a título de bonificaci ón judicial, que trata el artículo 2 del Decreto 383 de 2013, que no le hayan sido canceladas y mientras permanezca vinculada al servicio. Así mismo, se ordenará reliquidar y pagar sus prestaciones sociales incluyendo en su base de liquidación el valor cor respondiente a la diferencia de la bonificación judicial de que trata el artículo 2 del Decreto 383 de 2013.

vinculada al servicio. Así mismo, se ordenará reliquidar y pagar sus prestaciones sociales incluyendo en su base de liquidación el valor cor respondiente a la diferencia de la bonificación judicial de que trata el artículo 2 del Decreto 383 de 2013.

En cuanto a la excepción “Prescripción” propuesta por la entidad demandada, se advierte que la misma está llamada a prosperar parcialmente

1.5 Sobre la apelación

La Rama Judicial solicitó que se revoque la sentencia y que en su lugar se nieguen las pretensiones de la demanda exponiendo:

Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 57 del 7 de enero de 1993, que en su artículo segundo estableció que los servidores públicos vinculados a la Rama Judicial y a la Justicia Penal Militar podrán optar por una sola vez, antes del 28 de febrero de 1993, por el régimen salarial y prestacional establecido en el mencionado decreto, y que lo s servidores públicos que no opten por dicho régimen, continuaran rigiéndose por lo dispuesto en las normas legales vigentes a la fecha de su promulgación.

Que, en el caso concreto, el demandante optó por no acogerse al régimen salarial y prestacional es tablecido en el Decreto 57 de 1993, razón por la cual, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley, continuó rigiéndose por lo dispuesto en el Decreto 51 del 7 de enero de 1983.Proceso:2020-0087-01

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El Gobierno Nacional a través del Departamento Administrativo de la Función Pública, órgano competente para conceptuar en materia salarial y prestacional, expidió el Decreto 0383 del 6 de marzo de 2013, mediante el cual creó para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el Decreto 874 de 2012, una bonificación judicial, la cual será reconocida de manera mensual mientras el servidor público permanezca en el servicio y solo constituirá factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

El artículo segundo del decreto 0383 de 2013, estableció:

“ARTICULO 2º. Los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar que no optaron por el régimen establecido en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994 y 43 de 1995 y que vienen regidos por el Decreto 848 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, de percibir en el año 2013 y siguientes, un ingreso total anual inferior al ingreso total anual más la bonificación judicial que se crea en el presente decreto, respecto de quien ejerce el mismo empleo y se encuentra regido por el régimen salarial y prestacional

anual inferior al ingreso total anual más la bonificación judicial que se crea en el presente decreto, respecto de quien ejerce el mismo empleo y se encuentra regido por el régimen salarial y prestacional obligatorio señalado en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994 y 43 de 1995, percibirán la diferencia respectiva a título de bonificación judicial, mientras permanezcan vinculados al servicio”

En consideración a lo anterior, para determinar la bonificación judicial correspondiente a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, que no optaron por el régimen establecido en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994 y 43 de 1995, se les deben proyectar los ingresos anuales correspondientes al año 2013, del cargo equivalente al de la peticionaria, con uno que si opto por acogerse al régimen establecido en los mencionados decretos, más la bonificación judicial y en el evento de que los ingresos anuales del no acogido resulten inferiores a los calculados para el mismo cargo pero en el régimen acogido, percibirá tal diferencia, a título de bonificación judicial, mientras permanezca vinculado al servicio.

Una vez, efectuada la proyección del ingreso total anual, de quien ejerce el mismo empleo de la peticionario pero en el régimen acogido, se encuentra que, frente al cargo equivalente del peticionario, se logró determinar, que los ingresos anuales del no acogido, no fueron afectados a los ingresos que percibió en su cargo equivalente en el régimen de los acogidos, razón por la cual, quedo plenamente probado dentro del proceso que nos ocupa y conforme a lo establecido en el artículo segundo del

no acogido, no fueron afectados a los ingresos que percibió en su cargo equivalente en el régimen de los acogidos, razón por la cual, quedo plenamente probado dentro del proceso que nos ocupa y conforme a lo establecido en el artículo segundo del Decreto 0383 del 6 de marzo de 2013, que el señor ORLANDO ESPINOSA BENACHI, Secretario Municipal del Juzgado Promiscuo Municipal de Caloto Cauca – no acogido - no tiene derecho a la bonificación judicial establecida en el citado Decreto.

…

De manera que, sobre las prete nsiones de los servidores judiciales dirigidas a que se les reconozca como factor salarial para todos los efectos legales la Bonificación Judicial contemplada en el Decreto 383 y 384 de 2013, y que como consecuencia se les reliquiden desde el 01 de enero de 2013 hasta la fecha y en adelante todas las primas y prestaciones sociales, no tienen respaldo constitucional y evidencia que la Administración Judicial ha venido aplicando correctamente el contenido de las citadas prescripciones legales, en cumplimiento además de la formalidad consagrada en su artículo 3º, razón por la que no se puede acceder a lo solicitado, pues si seProceso:2020-0087-01

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hiciera, se estaría desacatando el ordenamiento legal vigente, con las consecuencias penales, fiscales y disciplinarias que una decisión en ese sentido conlleva.

…Se tiene que ante lo indicado por la sentencia de primera instancia frente a que la liquidación de las prestaciones sociales se incluya como factor de salario el 100%

penales, fiscales y disciplinarias que una decisión en ese sentido conlleva.

…Se tiene que ante lo indicado por la sentencia de primera instancia frente a que la liquidación de las prestaciones sociales se incluya como factor de salario el 100% del valor devengado como Bonificación Judicial, ello implicaría para la entidad el no aplicar la previsión legal contemplada en el Decreto 383 y 384 de 2013 y 1269 de 2015, en cuanto regló que la Bonificación Judicial, que se reconoce mensualmente constituye únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, más no para liquidar prestaciones sociales a los empleados judiciales.

Con respecto a ello se debe observar y reiterar al fallo judicial que con base en las facultades conferidas por la Ley 4ª de mayo 18 de 1992, el Ejecutivo expide el mencionado decreto y crea la citada Bonificación Judicial, a la cual sólo le otorga de manera expresa el carácter de factor salarial para efectos de hacer aportes a los sistemas de salud y pensi ón, lo que significa que dicha bonificación tiene carácter restringido y no constituye factor de salario para la liquidación y pago de las primas de servicios, navidad, vacaciones, auxilio de cesantía y bonificación por servicios prestados.

Comoquiera que el Decreto 383 y 384 de 2013, que crea la Bonificación Judicial y regula su liquidación está vigente, en virtud del principio de legalidad contemplado en el artículo 6 de la Carta Política, debemos como autoridades acatarlo y cumplirlo, hasta tanto no haya sido anulada o suspendida esta norma en sus efectos por la Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo, máxime cuando de su lectura no se

en el artículo 6 de la Carta Política, debemos como autoridades acatarlo y cumplirlo, hasta tanto no haya sido anulada o suspendida esta norma en sus efectos por la Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo, máxime cuando de su lectura no se genera duda con respecto a la interpretación y alcance del mismo.

En virtud de lo anterior ruego a l Superior se sirva revocar la sentencia de primera instancia No. 348 del 31 de octubre de 2023, proferida por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Cali, toda vez que el Decreto 383 de 2013 constituye factor salarial únicamente para efectos de constituir la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud

1.6 Trámite en segunda instancia

La sentencia 348 del 31 de octubre de 20231, proferida por el Juzgado Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Cali, fue notificada por correo electrónico el día 31 de octubre de 20232; la parte demandada instauró recurso de apelación el 16 de n oviembre de 2023, dentro de los 10 días siguientes a su notificación pues término que vencía el 20 de noviembre de 2023

Correspondió al despacho 404 (hoy 601 ) por reparto el 23 de febrero de 2024, quien mediante auto del 28 de febrero 2024, admite el recurso de apelación e informa a las partes que pueden pronunciarse en relación con el recurso de apelación formulado hasta la ejecutoria del auto.

Según la plataforma SAMAI, no se observa que las partes se hayan pronunciado de nuevo, salvo memorial de la parte actora vis to en el índice 10 donde solicita impulso procesal.

ejecutoria del auto.

Según la plataforma SAMAI, no se observa que las partes se hayan pronunciado de nuevo, salvo memorial de la parte actora vis to en el índice 10 donde solicita impulso procesal. (radicado 11 de noviembre de 2024)Proceso:2020-0087-01

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El Ministerio Público también guardó silencio.

2. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

Mediante acuerdo PCSJA25-12255 del 24 de enero de 2025, el Consejo Superior de la Judicatura adoptó medidas transitorias creando tribunales y juzgados administrativos especializados a nivel nacional a fin de resolver los procesos originados por las reclamaciones salariales y prestacionales promovidas por los servidores judiciales y otros servidores públicos con régimen similar. En consecuencia, se creó en el Departamento del Valle del Cauca, una sala transitoria, con competencia especial para conocer los a suntos en primera y segunda instancia promovidos por servidores judiciales y que son provenientes de los distritos judiciales administrativos de Caldas, Caquetá, Cauca, Huila, La Guajira, Meta, Nariño, Risaralda y Valle del Cauca.

Por otra parte, según lo establece el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, este Tribunal Administrativo es competente para conocer de la apelación interpuesta contra la sentencia proferida por el Juzgado Transitorio Administrativo de Cali.

2.2 Problema jurídico

Tribunal Administrativo es competente para conocer de la apelación interpuesta contra la sentencia proferida por el Juzgado Transitorio Administrativo de Cali.

2.2 Problema jurídico

La Sala debe determinar si al señor Orlando Espinosa Benachi, por pertenecer al régimen salarial de los "no acogidos i", se le debe reconocer y pagar la bonificación judicial mensual como un factor salarial que afecta todas las prestaciones sociales, y no solo la base de cotización al sistema general de pensiones y salud. En caso afirmativo, se debe aclarar cuándo corresponde realizar dicho pago.

Para resolver el problema jurídico se analizará: (i) el marco normativo y jurisprudencial de la bonificación judicial dispuesta en el decreto 383 de 2013 y (ii) el caso concreto.

2.3 Desarrollo

El marco normativo y jurisprudencial de la bonificación judicial

El literal e), numeral 19, del artículo 150 de la CP estableció que corresponde al legislador dictar las normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los que debe sujetarse el Gobierno para fijar el régimen salarial y prestacionalProceso:2020-0087-01

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de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública.

En desarrollo de ese mandato se expidió la Ley 4 de 1992 que, de acuerdo con el Consejo de Estado (2022) 1, tenía como eje central lograr una nivelación adecuada de los sa larios del sector judicial, ante la falta de proporcionalidad

En desarrollo de ese mandato se expidió la Ley 4 de 1992 que, de acuerdo con el Consejo de Estado (2022) 1, tenía como eje central lograr una nivelación adecuada de los sa larios del sector judicial, ante la falta de proporcionalidad salarial entre los Magistrados de las altas cortes con el resto de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial. Por ende, dijo que se incluyó el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 que estableció:

…" PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad”.

Para el año de 1997, el Gobierno nacional expidió el decreto 57 por medio del cual se ofrecía un nuevo régimen salarial y prestacional para los servi dores de la Rama Judicial y de la justicia Penal Militar el cual dispuso en los artículos 1o y 2o que:

"ARTICULO 1o. El régimen salarial y prestacional establecido en el presente Decreto será de obligatorio cumplimiento para quienes se vinculen al servicio con posterioridad a la vigencia del mismo y no se tendrá en cuenta para la determinación de la remuneración de otros funcionarios de cualquiera de las ramas del Poder Público, organismo s o instituciones del Sector Público.

ARTICULO 2o. Los servidores públicos vinculados a la Rama Judicial y a la Justicia Penal Militar podrán optar por una sola vez, antes del 28 de febrero de 1993, por el régimen salarial y prestacional establecido en el presente Decreto. Los servidores públicos que no opten por el régimen

a la Justicia Penal Militar podrán optar por una sola vez, antes del 28 de febrero de 1993, por el régimen salarial y prestacional establecido en el presente Decreto. Los servidores públicos que no opten por el régimen aquí establecido continuarán rigiéndose por lo dispuesto en las normas legales vigentes a la fecha.

Por lo tanto, de ahí en adelante se establecieron dos formas de remuneración:

a) Los servidores públicos del régimen de los acogidos, para aquellos que se vinculan a la Rama Judicial a partir del 7 de enero de 1993. Conocido también como el rég