TA VAL - Sentencia 76-001-33-33-002-2018-00143-01 (06-03-2025)

Tribunal Administrativo de Valle del Cauca

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Detalles

Título
TA VAL - Sentencia 76-001-33-33-002-2018-00143-01 (06-03-2025)
Autor
Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Santiago de Cali, seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

RADICACIÓN No.: 76-001-33-33-002-2018-00143-01

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y REST. DEL DERECHO - LABORAL

DEMANDANTE: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES

- COLPENSIONES.

notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co; paniaguacali1@gmail.com

DEMANDADO: JOSE ANTONIO SILVA MARQUEZ

dardiaz1993@gmail.com

MAGISTRADO PONENTE: OSCAR A. VALERO NISIMBLAT

Se procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia No. 43 del 14 de junio de 2023 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Cali (V), por medio de la cual fueron negadas las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

COLPENSIONES, a través de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho consagrado en el artículo 138 del CPACA, presentó demanda contra el señor JOSE ANTONIO SOLVA MARQUEZ, solicitando lo siguiente:

Se declare la nulidad de la Resolución No. GNR 109213 del 26 de mayo de 2013, mediante la cual se ordenó la reliquidación de la pensión de vejez del demandado sin considerar que se trataba de una pensión compartida con el Municipio de Santiago de Cali.

mediante la cual se ordenó la reliquidación de la pensión de vejez del demandado sin considerar que se trataba de una pensión compartida con el Municipio de Santiago de Cali.

En consecuencia, se solicita ordenar la reliquidación de la asignación pensional compartida a favor del señor Silva Márquez, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 049 de 1990. Asimismo, se requiere la devolución de las sumas pagadas en exceso respecto de lo que corresponda según la reliquidación efectuada. Sobre dichos valores, se solicita expresamente la no procedencia de indexación ni del reconocimiento de intereses.Radicación No. 2018-00143-01/ Nulidad y Rest. Del Derecho

Dte: COLPENSIONES /Ddo: Jose Antonio Silva Marquez

2

Como fundamento de lo anterior, se indicó que el señor José Antonio Silva Márquez nació el 31 de mayo de 1947 y que su pensión “tiene como fecha de causación el 9 de febrero de 2009”.

Se expuso que, mediante Resolución No. 6825 del 12 de octubre de 2001, el Municipio de Santiago de Cali reconoció al demandado una pensión de jubilación por un valor de $1.228.789, efectiva a partir de octubre de 2001.

Posteriormente, mediante Resolución No. 1697 de 2004, el Municipio de Santiago de Cali ordenó el reajuste de dicha pensión, fijándola en $1.556.564, efectiva a partir de diciembre de 2004.

Asimismo, se señaló que el Instituto de Seguros Sociales, a través de la Resolución No. 005278 del 4 de junio de 2010, reconoció al señor Silva Márquez

partir de diciembre de 2004.

Asimismo, se señaló que el Instituto de Seguros Sociales, a través de la Resolución No. 005278 del 4 de junio de 2010, reconoció al señor Silva Márquez una pensión de vejez de carácter compartido, en cuantía de $973.137, con efectos desde el 9 de febrero de 2009.

La parte demandante manifestó que el 22 de septiembre de 2012, el señor Silva presentó una solicitud de reliquidación de su asignación pensional, la cual fue resuelta mediante la Resolución No. GNR 109213 del 26 de mayo de 2013, por la cual COLPENSIONES ordenó la reliquidación de la pensión de vejez en cuantía de $1.264.664, efectiva a partir del 15 de noviembre de 2009.

Asimismo, se indicó que el 30 de julio de 2014, el señor José Antonio Silva solicitó una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, solicitud que fue negada por COLPENSIONES mediante Resolución No. GNR 413386 del 28 de noviembre de 2014.

Finalmente, se señaló que, mediante auto de pruebas APSUB 5223 del 11 de diciembre de 2017, COLPENSIONES solicitó al señor Silva su consentimiento para revocar el acto administrativo hoy impugnado. No obstante, al no haberse recibido autorización alguna en el término estipulado, la entidad emitió la Resolución No. SUB91593 del 9 de abril de 2018, mediante la cual remitió el expediente a la Dirección de Procesos Judiciales.

Como NORMAS VIOLADAS se invocaron las siguientes:

  • Constitución Política de Colombia.

SUB91593 del 9 de abril de 2018, mediante la cual remitió el expediente a la Dirección de Procesos Judiciales.

Como NORMAS VIOLADAS se invocaron las siguientes:

  • Constitución Política de Colombia. - Acto legislativo 01 de 2005 - Ley 100 de 1993. - Decreto 758 de 1990. - Acuerdo 049 de 1990.

Dentro del CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN, la parte demandante argumentó que la figura de la compartibilidad implicaba que el pensionado tenía derecho a recibir dos prestaciones: una pensión extralegal por un monto determinado mientras continuaba cotizando a COLPENSIONES y, una vez cumplidos los requisitos legales, el reconocimiento y pago de la pensión de vejez a cargo deRadicación No. 2018-00143-01/ Nulidad y Rest. Del Derecho

Dte: COLPENSIONES /Ddo: Jose Antonio Silva Marquez

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COLPENSIONES. Sin embargo, si la pensión otorgada por el empleador no tenía el carácter de compartida, el pensionado tenía derecho a recibir ambas mesadas al tratarse de pensiones compatibles.

Refirió que, en el caso concreto, el acto administrativo impugnado no consideró el carácter compartido de la asignación pensional. En consecuencia, al reliquidarse la prestación, se generaron valores superiores a los que correspondían al demandado. Además, el retroactivo pensional se giró a favor del afiliado en lugar de serlo al empleador jubilante, lo que contravenía las normas sobre pensiones compartidas.

Explicó, finalmente, que tras realizar un nuevo estudio de la prestación actualizado al año 2018, se determinó que la mesada que debía recibir el demandado

de serlo al empleador jubilante, lo que contravenía las normas sobre pensiones compartidas.

Explicó, finalmente, que tras realizar un nuevo estudio de la prestación actualizado al año 2018, se determinó que la mesada que debía recibir el demandado ascendía a $1.505.322 con carácter de compartida, monto inferior a la mesada que efectivamente devengaba para esa fecha, la cual era de $1.426.699. Lo anterior evidenció que la prestación no fue reconocida conforme a los requisitos legales aplicables.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA1

Por medio de curador ad litem, el demandado contestó la demanda. En relación con los hechos, manifestó que en su mayoría no le constaban y se atuvo a lo que se probara dentro del proceso. No obstante, indicó que los hechos expuestos en la demanda encontraban su respaldo en la carpeta de anexos del expediente digital.

Propuso como excepciones de mérito las de “cobro de lo no debido” y la “innominada o genérica”.

Y se opuso a la prosperidad de las pretensiones, argumentando la inexistencia de fundamentos fácticos y probatorios que permitieran demostrar lo alegado por la parte demandante respecto a la responsabilidad del tercero vinculado.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA2

El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Cali, mediante Sentencia No. 42 del 14 de junio de 2023, negó las pretensiones de la demanda.

Para arribar a dicha decisión, realizó un recuento de los hechos relevantes del caso y examinó las pruebas obrantes en el expediente. Posteriormente, hizo alusión al sistema general de pension es, al régimen de transición, a la unificación

Para arribar a dicha decisión, realizó un recuento de los hechos relevantes del caso y examinó las pruebas obrantes en el expediente. Posteriormente, hizo alusión al sistema general de pension es, al régimen de transición, a la unificación jurisprudencial efectuada por el Consejo de Estado en sentencia del 28 de agosto de 2018 y, finalmente, analizó la figura de la compartibilidad pensional.

El despacho explicó que, en el presente asunto, no es taba en discusión la condición del demandado como beneficiario del régimen de transición. El debate se centraba en que no se había tenido en cuenta el carácter compartido de la

1 Ver archivo 19_RECEPCIONMEMORIALOAALDESPACHO_7600133330022018.pdf del expediente de SAMAI. 2 Ver archivo 26_SENTENCIA.pdf del expediente de SAMAIRadicación No. 2018-00143-01/ Nulidad y Rest. Del Derecho

Dte: COLPENSIONES /Ddo: Jose Antonio Silva Marquez

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pensión reconocida. No obstante, el juez de primera instancia concluyó que dicha afirmación carecía de sustento jurídico y probatorio, señalando que “(…) además de que no existe argumentación al respecto ni una relación detallada entre el argumento mencionado y la norma presuntamente violada. La norma no reglamenta lo atinente a la efectividad o cuantía de la pensión, y la carencia de argumentos pertinentes convierte el decir en una simple afirmación que no permite evidenciar las razones por las cuales el cálculo efectuado para determinar el monto de la pensión está errado, que dicho sea de paso en principio se consideró correcta y conforme a la normatividad existente (…)”.

permite evidenciar las razones por las cuales el cálculo efectuado para determinar el monto de la pensión está errado, que dicho sea de paso en principio se consideró correcta y conforme a la normatividad existente (…)”.

En consecuencia, el juzgado señaló que COLPENSIONES se limitó a citar el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, así como los Decretos 758 de 1990 y 1813 de 1994, además de algunos apartes jurisprudenciales. Sin embargo, no desarrolló de manera suficiente el concepto de violación con la pertinencia y claridad requeridas. Bajo dicho razonamiento, el juzgado negó las pretensiones de la demanda.

DEL RECURSO DE APELACIÓN3

La parte demandante interpuso recurso de apelación, argumentando que la Resolución No. GNR 109213 del 26 de mayo de 2013, mediante la cual se reliquidó la pensión de vejez, no tuvo en cuenta el carácter compartido de dicha prestación. En consecuencia, al haberse liquidado incorrectamente, el valor de la mesada resultó superior al que realmente correspondía.

Sostuvo, tal como lo expuso en el concepto de violación, que la compartibilidad pensional implica que el empleador reconozca a su exempleado una pensión de jubilación, ya sea convencional, legal o extralegal, según las condiciones particulares del caso. No obstante, dicha prestación se comparte con la que posteriormente otorga el Instituto de Seguros Sociales (I.S.S.) como pensión de vejez. En este escen ario, el empleador continúa realizando los aportes de seguridad social en pensiones hasta que el trabajador cumple con los requisitos de

posteriormente otorga el Instituto de Seguros Sociales (I.S.S.) como pensión de vejez. En este escen ario, el empleador continúa realizando los aportes de seguridad social en pensiones hasta que el trabajador cumple con los requisitos de ley. Indicó que, una vez el I.S.S. reconoce la pensión de vejez, el empleador queda liberado de pagar la pensión de jubilación. Sin embargo, si el valor de la pensión otorgada por el I.S.S. es menor al valor que el empleador reconoció como pensión extralegal, el empleador deberá asumir la diferencia.

Señaló que ignorar este aspecto afecta la sostenibilidad financiera del sistema, al generarse pagos superiores a los debidos y retroactivos indebidamente reconocidos. Por lo tanto, solicitó la revocatoria del acto administrativo demandado y que se ordene la devolución de los valores recibidos en exceso.

Asimismo, argumentó que la buena fe se desvirtuó cuando COLPENSIONES solicitó al señor Silva su consentimiento para revocar el acto administrativo y este no atendió el requerimiento, a pesar de conocer el error que dio lugar a dicha actuación. Ello obligó a la demandante a acudir a la vía judicial.

3 Ver archivo 28_RECEPCIONMEMORIALOAALDESPACHO_RECURSOAPELACIONCO.pdf del expediente de SAMAI.Radicación No. 2018-00143-01/ Nulidad y Rest. Del Derecho

Dte: COLPENSIONES /Ddo: Jose Antonio Silva Marquez

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Por las razones expuestas, solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia y, en su lugar, que se accediera a las pretensiones de la demanda.

TRÁMITE EN LA SEGUNDA INSTANCIA

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Por las razones expuestas, solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia y, en su lugar, que se accediera a las pretensiones de la demanda.

TRÁMITE EN LA SEGUNDA INSTANCIA

El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Cali, mediante Auto No. 803 del 14 de julio de 2023 4, concedió el recurso de apelación en el efecto suspensivo y ordenó la remisión del expediente al Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, siendo asignado por reparto al despacho del magistrado ponente.

El recurso de apelación fue admitido mediante Auto No. 470 del 15 de diciembre de 20235, a través del cual se notificó a las partes la posibilidad de pronunciarse respecto del recurso interpuesto.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN SEGUNDA INSTANCIA

Según la constancia secretarial del 18 de enero de 20246, dentro del término concedido, las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

Agotada la tramitación de la segunda instancia y no advirtiéndose causal de nulidad procesal que afecte la validez de la ac tuación, se procede a proferir sentencia, conforme a las siguientes:

CONSIDERACIONES

Corresponde a la Sala dilucidar si el fallo proferido por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Cali, a través del cual se negaron las pretensiones de la demanda, se encuentra ajustado a derecho.

PROBLEMA JURÍDICO

¿Debe la Sala revocar la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Cali, que negó las pretensiones de

pretensiones de la demanda, se encuentra ajustado a derecho.

PROBLEMA JURÍDICO

¿Debe la Sala revocar la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Cali, que negó las pretensiones de COLPENSIONES, y en su lugar declarar la nulidad de la Resolución No. GNR 109213 del 26 de mayo de 2013, al haberse omitido el carácter compartido de la pensión de vejez reconocida al señor José Antonio Silva, lo cual presuntamente generó una mesada pensional superior a la que legalment e correspondía, afectando la sostenibilidad financiera del sistema y dando lugar a pagos indebidos?

ARGUMENTOS DEL FALLO

MARCO JURÍDICO DE LA COMPARTIBILIDAD PENSIONAL.

La naturaleza de compartibilidad en materia pensional alude al aspecto práctico de

4 Ver archivo 030_AUTO CONCEDE APELACION SENTENCIA.pdf del expediente de SAMAI. 5 Ver archivo 006_AUTOADMITERECURSOAPELACION.pdf del expediente de SAMAI de segunda instancia. 6 Ver archivo 009_ALDESPACHOPARAFALLO_20180014301OAVN1.pdf del expediente de SAMAI de segunda instancia.Radicación No. 2018-00143-01/ Nulidad y Rest. Del Derecho

Dte: COLPENSIONES /Ddo: Jose Antonio Silva Marquez

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la asunción del pago del monto de la misma, en armonía con la existencia de un reconocimiento previo de naturaleza convencional, seguido del cumplimiento de los requisitos legales de la prestación

En tal sentido, cuando una pensión convencional y una legal, llegado el momento del cumplimiento de los requisitos legales para esta última, tienen la naturaleza de

reconocimiento previo de naturaleza convencional, seguido del cumplimiento de los requisitos legales de la prestación

En tal sentido, cuando una pensión convencional y una legal, llegado el momento del cumplimiento de los requisitos legales para esta última, tienen la naturaleza de compartidas, implica que la entidad administradora de pensiones reconocía la pensión de vejez de origen legal y reemplaza al empleador en la obligación de pagar la pensión de jubilación por él reconocida, de origen convencional; y además, si la mesada de la pensión originalmente reconocida por el empleador era mayor a la reconocida por la administradora, el empleador conservaba la obligación de continuar pagando los mayores valores; mientras que si el monto era igual o menor, el empleador quedaba totalmente subrogado en su obligación pensional.

El marco normativo de dicha figura se encuentra previsto en el Acuerdo 029 de 1985 y en el Acuerdo 049 de 1990 del Instituto de Seguros Sociales (ISS), aprobados mediante el artículo 5° del Decreto 2879 de 1985 y el artículo 18 del Decreto 758 de 1990, respectivamente.

El artículo 5° del Decreto 2879 de 1985 previó:

“ARTÍCULO 5o. Los patronos inscritos en el Instituto de Seguros Sociales, que a partir de la fecha de publicación del decreto que apruebe este Acuerdo, otorguen a sus trabajadores afiliados pensiones de jubilación reconocidas en Convención Colectiva, Pacto Colectivo, Laudo Arbitral o voluntariamente, continuarán cotizando para los seguros de Invalidez, Vejez y Muerte, hasta cuando los asegurados cumplan los requisitos exigidos por el Instituto para

Convención Colectiva, Pacto Colectivo, Laudo Arbitral o voluntariamente, continuarán cotizando para los seguros de Invalidez, Vejez y Muerte, hasta cuando los asegurados cumplan los requisitos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de Vejez y en este momento el Instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta del patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía siendo pagada por el patrono. La obligación de seguir cotizando al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, de que trata este artículo, sólo rige para el patrono inscrito en el Instituto de Seguros Sociales. PARÁGRAFO 1o. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando en la respectiva Convención Colectiva, Pacto Colectivo, Laudo Arbitral o acuerdo entre las partes, se haya dispuesto expresamente, que las pensiones en ellos reconocidas, no serán compartidas con el Instituto de Seguros Sociales.”

Por su parte, el artículo 18 del Decreto 758 de 1990 dispuso:

“ARTÍCULO 18. COMPARTIBILIDAD DE LAS PENSIONES EXTRALEGALES. Los patronos registrados como tales en el Inst ituto de Seguros Sociales, que otorguen a sus trabajadores afiliados pensiones de jubilación reconocidas en convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o voluntariamente, causadas a partir del 17 de octubre de 1985, continuarán cotizando para los seguros de invalidez, vejez y muerte, hasta cuando los asegurados cumplan los requisitos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de vejez y en este

causadas a partir del 17 de octubre de 1985, continuarán cotizando para los seguros de invalidez, vejez y muerte, hasta cuando los asegurados cumplan los requisitos exigidos por el Instituto para otorgar la pensión de vejez y en este momento, el Instituto procederá a cubrir dicha pensión, siendo de cuenta delRadicación No. 2018-00143-01/ Nulidad y Rest. Del Derecho

Dte: COLPENSIONES /Ddo: Jose Antonio Silva Marquez

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patrono únicamente el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión otorgada por el Instituto y la que venía cancelando al pensionado. PARÁGRAFO. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando en la respectiva convención colectiva, pacto colectivo, laudo arbitral o acuerdo entre las partes, se haya dispuesto expresamente, que las pensiones en ellos reconocidas, no serán compartidas con el Instituto de Seguros Sociales.”

Por otro lado, la jurisprudencia del Consejo de Estado tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre dicha figura, considerando al respecto que “(…) Se trata de la figura mediante la cual se permite a los empleadores que tienen a su cargo el reconocimiento de pensiones, compartir su pago con el extinguido Instituto de Seguros Sociales, siempre y cuando coticen durante el tiempo exigido para que el trabajador cumpla los requisitos para acceder a la pensión legal, en cuyo momento la referida entidad asumirá su pago y el empleador quedará a cargo de las diferencias, en caso de que ellas existieren”.7

Y con más detalle refirió la misma Corporación:

“(…) Cuando una entidad oficial había afiliado a sus funcionarios públicos al Instituto de los Seguros Sociales, se tenía esta situación: los servidores tenían

las diferencias, en caso de que ellas existieren”.7

Y con más detalle refirió la misma Corporación:

“(…) Cuando una entidad oficial había afiliado a sus funcionarios públicos al Instituto de los Seguros Sociales, se tenía esta situación: los servidores tenían derecho a la pensión de jubilación pues laboraban bajo una relación legal y reglamentaria y el hecho de la afiliación al ISS no cambiaba su régimen laboral, pero este Instituto, reconocía la pensión de vejez, de manera que era necesario hacer compatibles los dos regímenes pensionales, el de jubilación con el de vejez. La armonización de estos regímenes se obtuvo aplicando a esta situación el mecanismo de la subrogación de la pensión de jubilación o de la compartibilidad, según el cual era el empleador quien reconocía y pagaba la pensión a que estaba obligado antes de lo previsto en los reglamentos del Seguro quien además seguía cotizando al ISS hasta que el trabajador tuviera derecho a la pensión de vejez, y reconocida la de vejez, el Instituto de los Seguros Sociales se subrogaba en el pago d e la pensión. Si la pen sión reconocida inicialmente por el empleador era superior a la de vejez reconocida por el ISS, entonces aquel pagaba el mayor valor entre ambas. (…)”

La Corte Constitucional se pronunció sobre la figura de la compartibilidad, indicando que su propósito es proteger el ingreso pensional del jubilado cuando este cumple con todos los requisitos para acceder al pago de la pensión vitalicia de vejez por parte de la entidad administradora de dichos recursos.

En estas circunstancias, el antiguo empleador debe asumir el pago de las mesadas hasta que el empleado cumpla con la edad y el tiempo de

pensión vitalicia de vejez por parte de la entidad administradora de dichos recursos.

En estas circunstancias, el antiguo empleador debe asumir el pago de las mesadas hasta que el empleado cumpla con la edad y el tiempo de cotización exigidos por la ley para todas las personas.

En la Sentencia T-618 de 2017, el alto tribunal constitucional realizó un análisis detallado sobre la compartibilidad pensional, en los siguientes términos:

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 12 de septiembre de 2019, Exp. 19001-23-33-000-2013-00357-01 (1869-15).Radicación No. 2018-00143-01/ Nulidad y Rest. Del Derecho

Dte: COLPENSIONES /Ddo: Jose Antonio Silva Marquez

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“(…) “En efecto, según se precisó por la Sala Plena, la pensión compartida tiene lugar en aquellos eventos en los cuales el empleador le reconoció a su ex trabajador una pensión que buscaba amparar el riesgo de vejez, en virtud de una convención o acuerdo extra legal por un monto determinado, que es más favorable que el régimen común. Sin embargo, el empleador asume el pago de las mesadas hasta que el trabajador cumpla con la edad y el tiempo de cotizaciones del régimen general. En este último caso, el empleador sólo deberá concurrir al mayor valor, si a ello hubiere lugar: “En suma, cuando el Instituto de Seguros Sociales reconocía la pensión de vejez al trabajador después de constatar el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para tal fin, el empleador quedaría relevado de seguir con el pago de la pensión de jubilación siempre y cuando no hubiera un mayor valor

vejez al trabajador después de constatar el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para tal fin, el empleador quedaría relevado de seguir con el pago de la pensión de jubilación siempre y cuando no hubiera un mayor valor que cancelar entre la mesada pensional reconocida por el Instituto y aquella que pagaba la empresa”

31. La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la compartibilidad pensional y ha fijado varias reglas relevantes para resolver este tipo de casos: 31.1. Antes de suspender o de reducir el monto de la pensión, el antiguo empleador a cargo de dicha prestación debe verificar que tal decisión se sustente en un criterio objetivo. En la sentencia T -1117 de 2003, esta Corporación se pronunció en favor de tres personas que desde hacía varios años recibían una pensión vitalicia de jubilación, la cual había sido reconocida por la empresa de Licores de Chocó y cuyo pago se encontraba a cargo del Fondo Territorial de Pensiones del Chocó. No obstante, el pago de dicha prestación fue suspendido unilateralmente por la Empresa de Licores por considerar que, en este caso, existía una indebida acumulación por el supuesto reconocimiento que había efectuado el Instituto de Seguros Sociales de la pensión de vejez. Asimismo, en la resolución que suspendió el pago de las mesadas, se ordenó la devol ución de los dineros cancelados de forma

“irregular”. En esta oportunidad, la Corte consideró que cuando se da lugar a la figura de compartibilidad, la decisión unilateral de suspender o de reducir el monto que paga el empleador –por la existencia de una eventual subrogación por una entidad de seguridad socialse puede poner en peligro el derecho pensional y,

compartibilidad, la decisión unilateral de suspender o de reducir el monto que paga el empleador –por la existencia de una eventual subrogación por una entidad de seguridad socialse puede poner en peligro el derecho pensional y, por tanto, el empleador debe proceder con “(…) un elemento de prueba objetivo que muestre que se ha producido la subrogación o que es necesaria la reducción del monto de la pensión que continúa a cargo del ex patrón, con el fin de garantizar el respeto al artículo 128 Superior”. 31.2. El comportamiento del pensionado y la relevancia de la buena fe. Asimismo, en la anterior providencia se precisó que, en relación con el deber de informar acerca del nuevo reconocimiento pensional en favor de quien percibe una pensión de jubilación, ante el silencio del régimen legal, la Corte concluyó que -sin perjuicio de la diligencia que debe existir para fortalecer el canal de información entre el empleador y la entidad de seguridad socialla actuación del particular debe ajustarse a los siguientes parámetros: (i) Si a una persona se le reconoce la pensión de vejez y comunica de esta situación al empleador, estará obrando conforme al principio de buena fe; (ii) Si el beneficiario de la pensión de vejez guarda silencio, en relación con la situación ya descrita, “(...) y calladamente percibe de manera completa ambas prestaciones por un período de meses o de años, no podríamos presumir por este simple hecho que ha obrado de mala fe, pues como beneficiario puede estar plenamente convencido que tiene derecho a percibir de manera completa ambas prestaciones”2. Sin embargo, como así también se precisó por estaRadicación No. 2018-00143-01/ Nulidad y Rest. Del Derecho

Dte: COLPENSIONES /Ddo: Jose Antonio Silva Marquez

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ambas prestaciones”2. Sin embargo, como así también se precisó por estaRadicación No. 2018-00143-01/ Nulidad y Rest. Del Derecho

Dte: COLPENSIONES /Ddo: Jose Antonio Silva Marquez

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Corporación, pese a que no existe un precepto legal que obligue al beneficiario de una pensión a informar al ex empleador o a la entidad de seguridad social sobre un nuevo reconocimiento o pago que efectúe otra entidad, “(…) se trataría de un comportamiento ajeno al que debe asumir una persona proba frente a sus iguales y frente al Estado, el silencio que acompaña su actuación, puede poner en duda la presunción de buena fe a la cual se hizo mención”. (iii) Si, de manera expresa, el ex empleador manifiesta al beneficiario de una prestación a su cargo que deberá informarle del futuro reconocimiento pensional que efectúe la correspondiente entidad de seguridad social y el beneficiario, de todos modos, guarda silencio cuando dicha situación se produce, se podrá entender que hay una conducta contraria a la buena fe, y que el interés del particular es desconocer el postulado constitucional contenido en el artículo 95 de la Carta, referente al respeto de los derechos ajenos y a la prohibición de no abusar de los propios. (…)”

Conforme a lo anterior, queda claro que la compartibilidad pensional es una figura cuyo propósito es garantizar el ingreso pensional de aquellos trabajadores que, en su momento, fueron pensionados por su empleador en virtud de lo dispuesto por la ley, como consecuencia de una sanción por despido injusto, en cumplimiento de una convención o pacto colectivo, laudo arbitral o de manera voluntaria.

De este modo, cuando dichos trabajadores cumplan con los requisitos para

la ley, como consecuencia de una sanción por despido injusto, en cumplimiento de una convención o pacto colectivo, laudo arbitral o de manera voluntaria.

De este modo, cuando dichos trabajadores cumplan con los requisitos para acceder al pago de la pensión vitalicia de vejez por parte del ISS, o de la entidad que lo reemplace, y esta asuma el pago de la prestación, no deberá haber variación en el monto de la misma.

Si la pensión reconocida por el ISS resulta inferior a la inicialmente otorgada por el empleador, este último deberá continuar cubriendo la diferencia. La aplicación de esta figura no afecta la determinación del monto de la prestación ni el régimen pensional aplicable al beneficiario.

CASO CONCRETO

Descendiendo al caso en particular, se aprecian los siguientes medios probatorios:

En el expediente consta el registro civil de nacimiento del señor José Antonio Silva8, en el cual se acredita que nació el 31 de mayo de 1947.

Asimismo, obra la Resolución No. 6825 del 12 de octubre de 2001, emitida por el Municipio de Santiago de Cali9, mediante la cual se reconoció a favor del señor José Antonio Silva una pensión de jubilación anticipada, efectiva a partir de octubre de 2001, por un monto de $1.228.789, con fundamento en las siguientes

consideraciones:

“(…) Que teniendo en cuenta la decisión libre y voluntaria del señor (a) SILVA MARQUEZ JOSE ANTONIO identificado (a) con cédula de ciudadanía No.

8 Ver folio 7 del archivo reliquida.pdf de la ruta \01Cprincipal\ 02AnexosDemanda\CC-14932944\ del expediente de SAMAI de segunda instancia.

MARQUEZ JOSE ANTONIO identificado (a) con cédula de ciudadanía No.

8 Ver folio 7 del archivo reliquida.pdf de la ruta \01Cprincipal\ 02AnexosDemanda\CC-14932944\ del exp

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