TA VAL - Sentencia 76-001-33-33-006-2020-00212-01 (20-02-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Santiago de Cali, veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

RADICACIÓN No.: 76-001-33-33-006-2020-00212-01

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y REST. DEL DERECHO - LABORAL

DEMANDANTE: ARNUBIO RAMIREZ SANCHEZ.

abogadoligantelaboral@hotmail.com

DEMANDADO: INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO

SOCIAL Y ECONÓMICO DE PALMIRA –

IMDESEPAL.

juridico@imdesepal.gov.co

MUNICIPIO DE PALMIRA (V).

notificaciones.judiciales@palmira.gov.co

MAGISTRADO PONENTE: OSCAR A. VALERO NISIMBLAT

Se procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia No. 051 del 20 de marzo de 2024 proferida por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Cali (V), por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor Arnubio Ramírez Sánchez, actuando mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), presentó demanda contra el Municipio de Palmira y el Instituto Municipal para el Desarrollo Social y Económico de Palmira

(IMDESEPAL).

consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), presentó demanda contra el Municipio de Palmira y el Instituto Municipal para el Desarrollo Social y Económico de Palmira

(IMDESEPAL).

En su demanda, solicitó que se declare la nulidad del acto administrativo ficto o presunto de 31 de enero de 2020, emitido por IMDESEPAL, mediante el cual fue despedido. Asimismo, pidió la nulidad del acto administrativo de 10 de marzo de 2020, expedido por la misma entidad, que le negó el pago de sus prestaciones sociales.

Como consecuencia, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene su reintegro al mismo cargo que ocupaba o a uno equivalente, así como el pago de los salarios y demás prestaciones sociales causadas entre el 6 de julio de 2018 y el 31 de enero de 2020. Asimismo, reclamó el pago de indemnizacionesRadicación No. 2020-00212-01/ Nulidad y Rest. Del Derecho

Dte: Arnubio Ramirez Sanchez /Ddo: Mpio. de Palmira - IMDESEPAL

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por la falta de pago de cesantías, la devolución de los aportes al sistema de seguridad social y la indexación de las sumas reconocidas. Finalmente, solicitó la imposición de costas procesales a la parte demandada.

Como fundamento de lo anterior, se indicó que el demandante ingresó a laborar en IMDESEPAL mediante sucesivos contratos de prestación de servicios a partir del 6 de julio de 2018, desempeñando funciones de vigilancia en el Centro Comercial Villa de las Palmas de Palmira (Valle). Su jornada laboral se extendía de

en IMDESEPAL mediante sucesivos contratos de prestación de servicios a partir del 6 de julio de 2018, desempeñando funciones de vigilancia en el Centro Comercial Villa de las Palmas de Palmira (Valle). Su jornada laboral se extendía de lunes a sábado, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m., y los domingos de 7:00 a. m. a 2:30 p. m., bajo subordinación de la entidad contratante y con una remuneración mensual inicial de $500.000.

Se afirmó que el señor Ramírez Sánchez permaneció vinculado a IMDESEPAL de manera ininterrumpida hasta el 31 de enero de 2020, fecha en la que fue despedido verbalmente a través de una llamada telefónica.

Asimismo, expresó que al actor no le fueron canceladas las prestaciones sociales, la indemnización moratoria por el no pago oportuno de estas ni los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social. En consecuencia, el 3 de marzo de 2020, presentó una reclamación administrativa ante el Alcalde Municipal de Palmira con el fin de obtener el pago de los conceptos adeudados.

Finalmente, adujo que, el 10 de marzo de 2020, la directora de IMDESEPAL negó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales e indemnizaciones reclamadas, argumentando que el demandante tenía la calidad de contratista independiente.

Como NORMAS VIOLADAS se invocaron las siguientes:

• Artículos 2, 13, 25, 48, 49 y 53 de la Constitución Política de Colombia. - Artículos 65 y s.s. y 90 de la Ley 50 de 1990 - Artículo 32 de la Ley 80 de 1993. - Ley 1122 de 2007.

• Artículos 65 y s.s. y 90 de la Ley 50 de 1990 - Artículo 32 de la Ley 80 de 1993. - Ley 1122 de 2007. - Ley 100 de 1993.

Dentro del CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN, argumentó que se vulneró el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades pactadas en la relación de trabajo, dado que el demandante prestó sus servicios de manera continua al ente territorial, bajo un régimen de subordinación y dependencia constantes, configurándose así una auténtica relación laboral.

En consecuencia, en el caso objeto de estudio, afirmó que se cumplen los elementos esenciales de la relación de trabajo establecidos en el Código Sustantivo del Trabajo.Radicación No. 2020-00212-01/ Nulidad y Rest. Del Derecho

Dte: Arnubio Ramirez Sanchez /Ddo: Mpio. de Palmira - IMDESEPAL

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CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

MUNICIPIO DE PALMIRA.1

El Municipio de Palmira contestó la demanda dentro del término establecido, argumentando que, si bien el IMDESEPAL es un establecimiento público del orden municipal adscrito a esta entidad demandada, lo cierto es que, mediante el Acuerdo Municipal 012 de 2015 y el Decreto Municipal 388 de 2015, adquirió personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.

En cuanto al caso del señor Arnubio Ramírez, alegó que no constan los hechos expuestos en la demanda, dado que no fue contratado por esta parte. En consecuencia, sostuvo que no se cumplen los presupuestos legales para inferir la existencia de una relación laboral entre el demandante y el Municipio de Palmira,

expuestos en la demanda, dado que no fue contratado por esta parte. En consecuencia, sostuvo que no se cumplen los presupuestos legales para inferir la existencia de una relación laboral entre el demandante y el Municipio de Palmira, por lo que se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda.

Finalmente, propuso las excepciones de: "falta de legitimación en la causa por pasiva del Municipio de Palmira", "inexistencia de solidaridad", "inexistencia de la obligación", "prescripción", "buena fe" y, por último, la excepción denominada "declaratoria de otras excepciones", que corresponde a la innominada.

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

DEL MUNICIPIO DE PALMIRA - IMDESEPAL2

El IMDESEPAL, por su parte, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, argumentando que las mismas se fundamentaban en una inexistente relación laboral, lo que impedía el reconocimiento del restablecimiento solicitado.

Indicó que los hechos expuestos por el actor, en su mayoría, no son ciertos, ya que entre el demandante y esta entidad existieron contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión administrativa y operativa, cuya naturaleza no guardaba relación alguna con la vigilancia del Centro Comercial Villa de las Palmas, sino con la administración del mencionado centro. En este contexto, no existía subordinación, sino una relación de coordinación y apoyo en las funciones desempeñadas por el demandante. Asimismo, sostuvo que la labor contratada no fue continua, sino que se desarrolló en períodos específicos. Bajo este entendimiento y en virtud de la naturaleza de la vinculación, al actor no le

desempeñadas por el demandante. Asimismo, sostuvo que la labor contratada no fue continua, sino que se desarrolló en períodos específicos. Bajo este entendimiento y en virtud de la naturaleza de la vinculación, al actor no le correspondía el pago de prestaciones sociales ni los aportes al sistema integral de seguridad social. Finalmente, reconoció la veracidad de las reclamaciones presentadas por el actor y las respuestas consecuentes.

Propuso, como excepción previa, la de “inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones” y, como excepciones de mérito, las siguientes: “inexistencia de actuación administrativa”, “inexistencia de vinculación legal y reglamentaria”, “concurrencia de elementos del contrato de prestación de servicios de apoyo a la

1 Ver archivo 18ContestaciónMunicipioPalmira.pdf de la carpeta 1_ED_EXPELECTRO_202000212.zip del expediente de SAMAI. 2 Ver archivo CONTESTACION DE DEMANDA RAD. 76001 -33-33-006-2020-00212-00.pdf de la ruta 17Contestación Imdesepal/1_ED_EXPELECTRO_202000212.zip del expediente de SAMAIRadicación No. 2020-00212-01/ Nulidad y Rest. Del Derecho

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gestión en la vinculación del demandante con el IMDESEPAL”, “inexistencia de relación laboral subordinada – mera relación de coordinación y apoyo a la gestión entre Arnubio Sánchez Ramírez y el IMDESEPAL”, “prescripción”, “compensación” y la excepción “genérica”.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Cali mediante sentencia No.

y la excepción “genérica”.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Cali mediante sentencia No. 051 del 20 de marzo de 2024, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda3.

Para llegar a la decisión mencionada, el juez realizó un análisis de los presupuestos jurisprudenciales necesarios para la configuración del contrato realidad y de la situación particular de los vigilantes.

En relación con la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva planteada por el Municipio de Palmira, consideró que, de acuerdo con el Acuerdo Municipal 012 de 2015 y el Decreto Municipal 388 de 2015, el IMDESEPAL goza de personería jurídica propia, autonomía administrativa y patrimonio independiente. A ello se sumó que los actos administrativos cuestionados fueron suscritos por el IMDESEPAL, lo que implica que el Municipio de Palmira no participó, ni directa ni indirectamente, en la relación contractual objeto de escrutinio, por lo que no estaba legitimado en la causa por pasiva. En consecuencia, se declaró fundada dicha excepción.

En cuanto al análisis de las pruebas del expediente, destacó que el objeto de los contratos suscritos entre las partes era idéntico. Tras revisar las pruebas testimoniales recaudadas en el proceso, advirtió que el demandante prestó personalmente sus servicios a la entidad entre 2018 y principios de 2020. Además, de los distintos contratos de prestación de servicios, se concluyó que la remuneración pactada en cada uno de ellos fue debidamente pagada al actor.

También se concluyó, con base en los testimonios, que el trabajo realizado por el

Además, de los distintos contratos de prestación de servicios, se concluyó que la remuneración pactada en cada uno de ellos fue debidamente pagada al actor.

También se concluyó, con base en los testimonios, que el trabajo realizado por el señor Arnubio, por su propia naturaleza, requería el cumplimiento de un horario permanente y continuo en las instalaciones del Gran Centro Comercial Villa de las Palmas. Además, la demandada no acreditó que las tareas asignadas al señor Arnubio pudieran llevarse a cabo desde otro lugar o que pudieran desarrollarse a voluntad del actor en cualquier sitio, mucho menos que pudieran ejecutarse de acuerdo con su conveniencia temporal. Por tanto, no se consideró que la supervisión del contrato se realizara a través de instrucciones o actos de coordinación para el cumplimiento del objeto contractual, ya que la naturaleza de la función requería la imposición de horarios y órdenes. Así, para el A quo, el demandante acreditó los tres presupuestos esenciales para la existencia de una relación laboral con el IMDESEPAL.

3 Ver archivo 034SENTENCIADEPR_SENTENCIA_NRDL202000212ARNUBIO.pdf del expediente de SAMAIRadicación No. 2020-00212-01/ Nulidad y Rest. Del Derecho

Dte: Arnubio Ramirez Sanchez /Ddo: Mpio. de Palmira - IMDESEPAL

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En relación con la prescripción, indicó que entre la finalización del primer contrato y el inicio del segundo transcurrieron 30 días hábiles, entre el segundo y el tercero, 5 días hábiles, y entre el tercero y el cuarto, 6 días hábiles. Por tanto, ninguna de las interrupciones superó el plazo establecido en la sentencia de

tercero, 5 días hábiles, y entre el tercero y el cuarto, 6 días hábiles. Por tanto, ninguna de las interrupciones superó el plazo establecido en la sentencia de unificación del Consejo de Estado. Además, la reclamación administrativa fue presentada dentro de los tres años siguientes a la finalización del vínculo contractual, y la demanda fue radicada el 20 de octubre de 2020. Así, se concluyó que no se configuró el fenómeno jurídico de la prescripción respecto de los derechos causados en todos los periodos de vinculación del actor.

Por otro lado, argumentó que no era posible el pago de intereses moratorios, dado que la relación laboral sostenida entre las partes se entiende liquidada al concluir el término contractual y surte efectos a partir del reconocimiento judicial de la relación laboral. Tampoco fue posible acceder al reintegro, ya que no puede reintegrarse a quien no ha sido desvinculado de un empleo público.

Por lo expuesto, declaró la nulidad del oficio de fecha 10 de marzo de 2020, suscrito por la directora del IMDESEPAL, y se reconoció la existencia de una relación laboral entre el señor Arnubio Ramírez Sánchez y el IMDESEPAL. Se ordenó a esta última reconocer, liquidar y pagar las prestaciones sociales legales correspondientes a los empleados públicos de la entidad, así como computar, para efectos pensionales, los periodos de tiempo específicos. Si existiera diferencia entre los aportes realizados como contratista y los que debieron haberse efectuado, se ordenó cotizar la suma faltante al f ondo de pensiones correspondiente, además de ordenar la indexación de las sumas condenadas.

DEL RECURSO DE APELACIÓN

efectuado, se ordenó cotizar la suma faltante al f ondo de pensiones correspondiente, además de ordenar la indexación de las sumas condenadas.

DEL RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandada IMDESEPAL presentó recurso de apelación4, se opuso concretamente a los numerales tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno del fallo por cuanto el demandante desarrollo un contrato de prestación de servicios y todos los trámites pertinentes correspondieron a este tipo de vinculación. Refirió que no existe una prueba en el expediente que de cuenta de la subordinación del actor a la demandada, subordinación que entiende como memorandos, llamados de atención o comunicación de horarios pre-establecidos por el contratante, lo que a su criterio configura una posible vía de hecho por defecto fáctico.

Expresó que IMDESEPAL desvirtuó los 3 elementos que configuran el contrato de trabajo, puesto que; los horarios en que el actor desempeñaba sus obligaciones contractuales fueron establecidos por el mismo y la entidad se ajustó a dichos horarios; los contratos suscritos no tienen relación con vigilancia sino que existe una relación de apoyo a los diferentes procesos del Centro Comercial Villa de las Palmas, tales como la conservación del bien inmueble reportes de necesidades de mantenimiento o reparación; no existía subordinación por cuanto los informes

4 Ver archivo 037RECEPCIONMEMOR_RECURSODEAPELACIONJU.pdf del expediente de SAMAI.Radicación No. 2020-00212-01/ Nulidad y Rest. Del Derecho

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presentados por el demandante buscaban verificar el cumplimiento del contrato

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presentados por el demandante buscaban verificar el cumplimiento del contrato suscrito.

Luego de hacer referencia a una serie de decisiones del Consejo de Estado, concluyó que con los testimonios rendidos no se podía inferir todo lo que el A quo consideró probado, testigos que alude además no fueron claros ni precisos, ahora bien en cuanto a cada testigo señaló;

1.- Que la señora Maria Esperanza Hidalgo, no sabía si el demandante pedía permisos o si le pagaban prestaciones, aludió ser compañera del señor Ramirez pero realmente vendía desayunos y el señora Ramirez era contratista de IMDESEPAL, y su afirmación en cuanto a las funciones del actor no están sujetas a la interpretación del testigo. 2.- Que el señor Marco Aurelio Echeverry al ser quien elaboraba contratos tenia intereses en la actuación y no se tuvo en c uenta que era el quien pagaba seguridad social y entregaba informes de gestión cada mes, así pues “su testimonio y credibilidad se torna penumbroso pues es el quien debió velar por la seguridad jurídica de la entidad teniendo este intereses por los mismos hechos que se discuten en el presente asunto.”

3.- Que respecto a la señora Luzby Caldas Gonzalez no tuvo en cuenta la decisión que el demandante se sometía a la estipulado en el contrato, que no le constaba la solicitud de permiso para ausentarse del actor, no tuvo en cuenta la afirmación de que no existe ningún documento donde se haya ordenado a algún contratista el cumplimiento de horarios y que los horarios est ablecidos lo eran para el personal de planta.

la solicitud de permiso para ausentarse del actor, no tuvo en cuenta la afirmación de que no existe ningún documento donde se haya ordenado a algún contratista el cumplimiento de horarios y que los horarios est ablecidos lo eran para el personal de planta.

4.- Respecto a Dolly Johana Mosquera, el A quo no tuve en cuenta que el demandante era contratista de la entidad, que dentro de la planta de personal no existe el cargo de vigilante y que nuevamente los horarios establecidos lo eran para el personal de planta.

Así pues, a su criterio, no se dio valor alguno a las afirmaciones de testigos en cuanto que ningún funcionario de la Entidad daba órdenes y que los horarios eran coordinados no fijados entre el contratista e IMDESEPAL, razones estas por las que solicita revocar la sentencia de primera instancia y en su lugar se declare la inexistencia del contrato realidad entre el accionante y la entidad accionada.

TRÁMITE EN LA SEGUNDA INSTANCIA

El Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Cali (V) mediante auto No. 330 de 15 de abril de 20245, concedió el recurso de apelación en el efecto suspensivo y ordenó remitir el expediente al Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, correspondiendo por reparto a este magistrado.

5 Ver archivo 039AUTOCONCEDEAP_CONCEDEAP_NDRL202000212ARNUBIO.pdf del expediente de SAMAI.Radicación No. 2020-00212-01/ Nulidad y Rest. Del Derecho

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El recurso de apelación fue admitido mediante auto No. 170 del 09 de mayo de

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El recurso de apelación fue admitido mediante auto No. 170 del 09 de mayo de 20246, mismo en el que se informó a las partes que podían pronunciarse frente al recurso de apelación.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN SEGUNDA INSTANCIA

De acuerdo con la constancia secretarial de 17 de mayo de 20247 y dentro del término concedido, las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

Tramitada la segunda instancia, y no observándose causal de nulidad procesal que invalide la actuación, se procede a dictar sentencia, conforme a las siguientes,

CONSIDERACIONES

Corresponde a la Sala dilucidar si el fallo proferido por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Cali, a través del cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda se encuentra ajustado a derecho.

PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico que le corresponderá dilucidar a esta Sala será determinar si en el presente asunto se presentaron los elementos esenciales de una relación laboral existente entre el señor ARNUBIO RAMIREZ SANCHEZ y el INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE PALMIRA - IMDESEPAL para los años 2018 a 2020, debido a la celebración de diversos contratos de prestación de servicios suscritos en dicho periodo, pues de corroborarse tal situación, sería procedente el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y demás emolumentos que de ello se deriven, confirmándose la sentencia apelada.

ARGUMENTOS DEL FALLO

corroborarse tal situación, sería procedente el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y demás emolumentos que de ello se deriven, confirmándose la sentencia apelada.

ARGUMENTOS DEL FALLO

Teniendo en cuenta el problema jurídico planteado, debe realizarse un análisis de la normatividad y jurisprudencia aplicable al presente asunto, iniciando con los elementos característicos de una relación laboral, y comprobar si cada uno de ellos se acredita con el recaudo probatorio efectuado.

En principio debe señalarse que el artículo 53 constitucional estableció lo siguiente:

“Artículo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo;

6 Ver archivo 010Auto admite rec_20200021201NRDadmite.pdf del expediente de SAMAI de segunda instancia. 7 Ver archivo 013Constancia secr_20200021201ADMITEAPE.pdf del expediente de SAMAI de segunda instancia.Radicación No. 2020-00212-01/ Nulidad y Rest. Del Derecho

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irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones

situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los d erechos de los trabajadores.” (Resalta la Sala)

En este orden de ideas, se avizora que por mandato constitucional en materia laboral existe una primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de la relación de trabajo; es decir que, en caso de desacuerdo entre los hechos y lo establecido en los distintos documentos, va predominar lo que surge en la práctica.

Aunado a lo anterior, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo establece los elementos esenciales de un contrato de trabajo, los cuales deberán ser acreditados por quien alegue la existencia de una relación laboral:

“Artículo 23. Elementos esenciales. <Artículo subrogado por el artículo 1o. de la Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>

1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres

elementos esenciales:

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;

de la Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>

1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres

elementos esenciales:

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;

b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país; y

c. Un salario como retribución del servicio.

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen.”

De manera que, una relación laboral se caracteriza por: i) la actividad personal del trabajador; ii) la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador; y iii) un salario como retribución del servicio (contraprestación); y a pesar de que se le dé otro nombre al contrato, o se le sean agregadas otrasRadicación No. 2020-00212-01/ Nulidad y Rest. Del Derecho

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condiciones o modalidades, al cumplirse los precitados elementos se evidencia la existencia de un contrato de trabajo, primando la realidad sobre las formalidades.

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condiciones o modalidades, al cumplirse los precitados elementos se evidencia la existencia de un contrato de trabajo, primando la realidad sobre las formalidades.

Por otro lado, en vista de que se alega que se ha disfrazado una relación laboral con la cel ebración de contratos de prestación de servicios, resulta también necesario saber con qué finalidad éstos se suscriben.

Así las cosas, respecto al contrato de prestación de servicios el artículo 32 numeral 3 de la Ley 80 de 1993 estableció:

“3o. Contrato de Prestación de Servicios.

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.”

Se aprecia que, el contrato de prestación de servicios que celebra una entidad del Estado se efectúa con la finalidad de desarrollar actividades que tengan relación con su funcionamiento o administración, pudiéndose celebrar con personas naturales cuando dichas actividades no puedan llevarse a cabo con el personal de planta o cuando se requieran conocimientos especializados, sin que se genere una relación laboral, ni derecho al reconocimiento de prestaciones sociales.

Ahora bien, en cuanto a las diferencias entre ambos contratos, la Corte Constitucional en Sentencia C-154 de 1997 expuso:

“3. Características del contrato de prestación de servicios y sus diferencias con el contrato de trabajo.

Ahora bien, en cuanto a las diferencias entre ambos contratos, la Corte Constitucional en Sentencia C-154 de 1997 expuso:

“3. Características del contrato de prestación de servicios y sus diferencias con el contrato de trabajo.

El contrato de prestación de servicios a que se refiere la norma demandada, se celebra por el Estado en aquellos eventos en que la función de la administración no puede ser suministrada por personas vinculadas con la entidad oficial contratante o cuando requiere de conocimientos especializados, para lo cual se establecen las siguientes características:

a. La prestación de servicios versa sobre una obligación de hacer para la ejecución de labores en razón de la experiencia, capacitación y formación profesional de una persona en determinada materia, con la cual se acuerdan las respectivas labores profesionales.

El objeto contractual lo conforma la realización temporal de actividades inherentes al funcionamiento de la entidad respectiva, es decir, relacionadas con el objeto y finalidad para la cual fue creada y organizada. Podrá, por esta razón, el contrato de prestación de servicios tener también por objeto funciones administrativas en los términos que se establezcan por la ley, de acuerdo con el mandato constitucional contenido en el inciso segundo del artículo 210 de la Constitución Política, según el cual “...Los particulares pueden cumplir funciones administrativas en las condiciones que señale la ley.”.Radicación No. 2020-00212-01/ Nulidad y Rest. Del Derecho

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b. La autonomía e independencia del contratista desde el punto de vista técnico y científico, constituye el elemento esencial de este contrato. Esto significa que el contratista dispone de un amplio margen de discrecionalidad en

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b. La autonomía e independencia del contratista desde el punto de vista técnico y científico, constituye el elemento esencial de este contrato. Esto significa que el contratista dispone de un amplio margen de discrecionalidad en cuanto concierne a la ejecución del objeto contractual dentro del plazo fijado y a la realización de la labor, según las estipulaciones acordadas.

Es evidente que por regla general la función pública se presta por parte del personal perteneciente a la entidad oficial correspondiente y sólo, excepcionalmente, en los casos previstos, cuando las actividades de la administración no puedan realizarse con personal de planta o requieran de conocimientos especializados, aquellas podrán ser ejercidas a través de la modalidad del contrato de prestación de servicios.

c. La vigencia del contrato es temporal y, por lo tanto, su duración debe ser por tiempo limitado y el indispensable para ejecutar el objeto contractual convenido. En el caso de que las actividades con ellos atendidas demanden una permanencia mayor e indefinida, excediendo su carácter excepcional y temporal para convertirse en ordinario y permanente, será necesario que la respectiva entidad adop