TA VAL - Sentencia 76001-33-33-003-2018-00193-02 (14-03-2025)

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, catorce (14) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 031

Magistrado Ponente: GONZALO PERDOMO CABRERA

Radicación: 76001333300320180019302

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho laboral

Demandante: Nubia Pérez Tovar

Apoderado: Alexander Quintero Penagos

agp323@yahoo.com;

Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación

Apoderada: Angélica María Liñán Guzmán

jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co;

Ministerio Público: Procurador 136 Judicial II para Asuntos

Administrativos ochaves@procuraduria.gov.co Asunto: Bonificación judicial – Decreto 382 de 2013

Decide la Sala Transitoria el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la Sentencia No. 59 del 20 de marzo de 2024 , proferida por el Juzgado 404 Administrativo Transitorio del Circuito de Cali, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda.

1.- ANTECEDENTES

Por conducto de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento el derecho, establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, la señora Nubia Pérez Tovar interpuso demanda, con el fin de que se acceda a las siguientes declaraciones y condenas:

1.1.- Se inaplique la frase “Y constituirá únicamente factor salarial para la base de

la señora Nubia Pérez Tovar interpuso demanda, con el fin de que se acceda a las siguientes declaraciones y condenas:

1.1.- Se inaplique la frase “Y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al sistema general de pensiones” registrada en el artículo 1 del Decreto 382 de 2013, para el caso de la demandante.

1.2.- Se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos: (i) Oficio No. SRAP-31000-050 del 22 de enero de 2018 que negó el reconocimiento y pago de la bonificación judicial con carácter salarial ; (ii) Resolución No. 2 0385 del 9 de2

febrero de 2018 mediante la cual se resuelve negativamente el recurso de apelación interpuesto contra la decisión anterior.

1.3.- A título de restablecimiento del derecho se condene a la Fiscalía General de la Nación a “reconocer que la bonificación judicial que percibe [la demandante] constituye factor salaria, para liquidar todas las prestaciones sociales actualmente por [ella] devengadas, las que se causen a futuro y como consecuencia se le pague (…) el producto de la reliquidación de todas sus prestaciones debidamente indexadas desde el 1 de enero de 2013, hasta que se haga efectivo el reconocimiento y pago total de la obligación, con el retroactivo que no se ha cancelado hasta la fecha. (…) …Como consecuencia de la declaratoria de nulidad del acto administrativo, que se condene a la FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, al reconocimiento y pago a favor de: NUBIA PEREZ TOVAR, del valor sobre las sumas pedidas, los intereses moratorios causados sobre las sumas a deber y la in dexación de todos los valores

condene a la FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, al reconocimiento y pago a favor de: NUBIA PEREZ TOVAR, del valor sobre las sumas pedidas, los intereses moratorios causados sobre las sumas a deber y la in dexación de todos los valores conforme al IPC al momento del pago. (…) …se condene a la FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN, a cancelar las agencias en derecho, costas procesales y los honorarios del Abogado que representa a la [demandante]”.

2.- Como fundamento de sus pretensiones, la parte demandante expuso los siguientes HECHOS, en síntesis:

2.1.- La señora Nubia Pérez Tovar se encuentra vinculada a la Fiscalía General de la Nación en el cargo de Fiscal Delegada ante los Jueces Penales del Circ uito en esta ciudad.

2.2.- la demandante elevó reclamación administrativa solicitando considerar la bonificación judicial de que trata el Decreto 382 de 2013 como factor salarial para todos los efectos legales y, en consecuencia, ordenar el reajuste y pago indexado de las primas y prestaciones causadas y las que se causen a futuro.

2.3.- Mediante Oficio No. SRAP-31000-050 del 22 de enero de 2018 la demandada negó la petición elevada. Contra esta decisión se interpuso recurso de apelación que fue resuelto a través de la Resolución N o. 2 0385 del 9 de febrero de 2018 confirmando el acto administrativo apelado.

3.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La parte demandada 1 se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, proponiendo los medios exceptivos denominados: “Constitucionalidad de la

confirmando el acto administrativo apelado.

3.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La parte demandada 1 se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, proponiendo los medios exceptivos denominados: “Constitucionalidad de la restricción del carácter salarial” – “Aplicación del mandato de sostenibilidad fiscal en el Decreto 382 de 2013” – “Legalidad del fundamento normativo particular” –

1 Apoderada Angélica María Liñán Guzmán3

“Cumplimiento de un deber legal” – “Cobro de lo no debido” – “Prescripción de los derechos laborales” - “Buena fe” – “La Genérica” con sustento en los siguientes argumentos:

− Aunque un pago laboral puede incluir se dentro de la definición de “salario” que prevé el ordenamiento jurídico nacional e internacional, per se no significa que esos valores deban computarse automáticamente en la base de liquidación de las prestaciones sociales y demás emolumentos que percib e un empleado. El legislador es el competente para determinar ese aspecto.

− La restricción del carácter salarial de la bonificación judicial no vulnera ni desmejora los derechos del trabajador, puesto que la misma así fue concebida desde su creación.

− El reconocimiento pretendido por la parte demandante contraviene el mandato de sostenibilidad fiscal, porque el Gobierno Nacional eventualmente deberá disponer de recursos públicos no previstos para solventar unos gastos que en ningún momento concibió.

− La ampliación del carácter salarial de la bonificación judicial interfiere en la facultad discrecional del legislador y el Gobierno Nacional de aplicar lo dispuesto en el Decreto 382 de 2013, y vulnera normas particulares que

− La ampliación del carácter salarial de la bonificación judicial interfiere en la facultad discrecional del legislador y el Gobierno Nacional de aplicar lo dispuesto en el Decreto 382 de 2013, y vulnera normas particulares que regulan los diferentes factores percibidos por los servidores públicos.

− La Fiscalía General de la Nación ha adelantado todas sus actuaciones en cumplimiento de un deber legal, tal como lo exige el artículo 10 del CPACA, puesto que los actos administrativos demandados se ciñeron a lo consagrado en el Decreto 382 de 2013.

− En caso de que se acceda a las pretensiones de la demanda, deben declararse prescritos los derechos causados tres años atrás, desde la fecha de presentación de la reclamación administrativa.

4.- SENTENCIA APELADA

El Juzgado 404 Administrativo Transitorio del Circuito de Cali a través de la providencia No. 59 del 20 de marzo de 2024 , accedió a las pretensiones de la demanda y denegó la condena en costas en contra de la parte demandada. El sustento de esta decisión se encuentra en los siguientes argumentos:

La bonificación judicial reconocida a los servidores de la Rama Judicial a través del Decreto 382 de 2013 constituye un emolumento de naturaleza salarial intrínseca, en la medida en que lo perciben de manera habitual y periódica, como retribución directa del servicio personal prestado.

La exclusión de la bonificación judicial como factor salarial para efectos de la liquidación de las prestaciones sociales desconoce principios como la primacía de4

la realidad sobre las formalidades, la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales y la garantía a una remuneración mínima, vital,

liquidación de las prestaciones sociales desconoce principios como la primacía de4

la realidad sobre las formalidades, la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales y la garantía a una remuneración mínima, vital, móvil y proporcional a la cantidad y calidad del trabajo, previstos en el artículo 53 de la Carta Política.

Podría oponerse a lo anterior, la tesis expuesta por la Corte Constitucional mediante la sentencia C – 279 de 1996, que examina la constitucionalidad de los artículos 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992, preceptos que crean primas especiales en favor de los servidores judiciales, y que por mandato del legislador no pueden tenerse en cuenta como factor salarial.

No obstante, la tesis de la Corte Constitucional se desarrolló frente a normas contenidas en leyes de la República, de frente a la libertad de configuración del Legislador para determinar que ciertas remuneraciones no se consideren como factor salarial, por ende, desde una perspectiva diferente a la que se presenta en el caso concreto, pues si bien es cierto, el Decreto 38 2 de 2013 se creó en virtud de las facultades discernidas por la Ley 4ª de 1992 al Gobierno Nacional para fijar el régimen salarial y prestacional de los servidores judiciales en virtud del parágrafo del artículo 14 ejusdem, no existe en la Ley ningún fundamento para restarle sus plenos efectos salariales, como si se plantea específicamente para la prima especial de servicios.

En ese orden de ideas, el Decreto 38 2 de 2013 se expidió dentro del marco de competencia reglamentaria del ejecutivo, que de ninguna manera puede sustituir al

de servicios.

En ese orden de ideas, el Decreto 38 2 de 2013 se expidió dentro del marco de competencia reglamentaria del ejecutivo, que de ninguna manera puede sustituir al legislador en la materia, y, por ende, abrogarse competencias que no son de su resorte, en tal sentido, establecida la bonificación judicial, al ejecutivo le estaba vedado introducir condiciones que lesionan los principios y derechos mínimos del trabajador, más allá de la Ley Marco.

En consecuencia, tiene vocación de prosperidad la pret ensión de la nulidad de los actos administrativos acusados, a través de los cuales la entidad demandada denegó el pago y reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial para todos los efectos legales, como quiera que su expedición se fundó en una norma que debía ser aplicada parcialmente por ser inconstitucional e ilegal. Por tanto, considera pertinente ordenar la reliquidación de las prestaciones sociales de la demandante para que se tenga en cuenta como factor salarial la bonificación judicial de que trata el artículo 1° del Decreto 382 de 2013.

Declaró no probadas las excepciones de mérito propuestas por la entidad, y frente a la excepción de prescripción la tuvo como probada parcialmente, debido a que la parte demandante radicó su reclamación administrativa el 19 de enero de 2018 , esto es, cuando ya habían transcurrido más de tres años desde la entrada en vigencia del Decreto 383 de 2013 – 1 de enero de 2013 -. Por tanto, las sumas causadas con anterioridad al 19 de enero de 2015 se encuentran prescritas.5

No procede la condena en costas en contra de la parte demandada, si se tiene en

causadas con anterioridad al 19 de enero de 2015 se encuentran prescritas.5

No procede la condena en costas en contra de la parte demandada, si se tiene en cuenta que no se comprobó que hubiere actuado de mala fe o de manera temeraria, máxime que no se probaron los presupuestos de su causación.

5.- EL RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme la parte demandada2 con el fallo de primera instancia interpuso recurso de apelación en su contra, con fundamento en los siguientes argumentos:

5.1.- La competencia atribuida al Gobierno Nacional en materia salarial se predica de los empleados públicos activos, de acuerdo con lo previsto en los artículos 150.19 y 189.14 de la Constitución Política y en la sentencia del 16 de junio de 2009 proferida por el Consejo de Estado.

5.2.- La bonificación judicial se creó para los servidores de la Fiscalía General de la Nación que a la puesta en vigencia del Decreto 382 de 2013 se estuvieran rigiendo salarial y prestacionalmente por lo establecido en el Decreto 53 de 1993 y consecuencialmente por el Decreto 875 de 2012 o por las normas que lo llegaren a modificar o a sustituir.

5.3.- La creación de la bonificación judicial encuentra fundamento en la Ley 4ª de 1992 y responde al desarrollo de las atribuciones que el orden jurídico le confiere al legislativo y consecuentemente al ejecutivo en relación con el tema del salario del trabajador. Por esta razón, el Decreto 382 de 2013 goza de plena validez y eficacia jurídica y del amparo del principio legalidad.

5.4.- Ninguno de los apartes de los decretos que regulan la bonificación judicial

trabajador. Por esta razón, el Decreto 382 de 2013 goza de plena validez y eficacia jurídica y del amparo del principio legalidad.

5.4.- Ninguno de los apartes de los decretos que regulan la bonificación judicial indica que todo lo que devengue un trabajador deba servir de base para la liquidación de los factores salariales y prestacionales.

5.5.- La bonificación judicial establecida en el Decreto 382 de 2013 responde a un proceso de negociación adelantado con los representantes de agremiaciones sindicales de la Rama Judicial , quienes manifestaron estar de acuerdo con la sustracción del carácter salarial de la bonificación judicial para efectos de la liquidación de las prestaciones sociales.

Por tal motivo , la declaración de nulidad dentro del caso concreto conllevaría a desconocer el contenido del Acuerdo del 06 de noviembre de 201 2 y del Acta No. 25 del 08 de enero de 2013, pese a que no pueden ser desconocidos por las autoridades, al no haber sido demandados dentro de la presente causa , ni mucho menos declarados nulos, más aún cuando gozan de protección especial al tenor de lo previsto en los Convenios de la OIT ratificados por Colombia.

2 Abogada Angelica María Liñan Gúzman.6

5.6.- El Decreto 382 de 1993 no es ilegal ni mucho producto del indebido ejercicio de las competencias del ejecutivo, este aserto encuentra respaldo en las sentencias C – 279 de 1996 y C – 052 de 1999.

5.7.- A la Fiscalía no le corresponde cuestionar los Decretos expedidos por el Gobierno Nacional en uso de sus facultades constitucionales y legales, máxime que

C – 279 de 1996 y C – 052 de 1999.

5.7.- A la Fiscalía no le corresponde cuestionar los Decretos expedidos por el Gobierno Nacional en uso de sus facultades constitucionales y legales, máxime que son el fruto de negociaciones colectivas.

De donde se sigue que la entidad actuó en cumplimiento del deber legal y por ende, pagó los dineros que legamente procedían, al extremo demandante.

5.8.- En este caso, tiene plena aplicabilidad el artículo 3º del Decreto 382 de 2013, por cuanto dispone que ninguna autoridad puede modificar el régimen salarial estatuido en dicho Decreto, en concordancia con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992. Por tanto, si se acepta que la bonificación judicial tiene carácter salarial y efectos prestacionales se está desconociendo el artículo 127 del CST y las sentencias del Consejo de Estado.

5.9.- En vista de la presunción de legalidad que ampara al Decreto 382 de 2013, en el presente caso, nada más puede dirimirse a través de un proceso de nulidad. Luego entonces, el mencionado Decreto goza de la presunción de legalidad y se encuentra vigente dentro del ordenamiento jurídico.

6.- TRÁMITE DE INSTANCIA

El recurso de apelación fue concedido mediante auto No. 1 99 del 17 de abril de 2024 del Juzgado 404 Administrativo Transitorio del Circuito de Cali y recibido por reparto en esta instancia el 27 de mayo del mismo año.

Con posterioridad, el 1 2 de julio del año inmediatamente anterior por auto interlocutorio No. 242, se admitió el recurso de alzada, concediendo a las partes e

reparto en esta instancia el 27 de mayo del mismo año.

Con posterioridad, el 1 2 de julio del año inmediatamente anterior por auto interlocutorio No. 242, se admitió el recurso de alzada, concediendo a las partes e intervinientes la posibilidad de pronunciarse sobre el mismo, hasta antes de la ejecutoria de tal pro videncia, y al agente del Ministerio Público hasta antes del ingreso del expediente para fallo, para emitir concepto.

Dentro de esa oportunidad la parte demandante no se pronunció y el Ministerio Público emitió concepto , bajo la siguiente tesis: “…hay lugar a confirmar la sentencia de primer grado, teniendo en cuenta que la misma se ciñe a los parámetros interpretativos y jurisprudenciales, esto, respecto al reconocimiento y pago de la bonificación judicial mensual, como factor salarial, para la respectiva liquidación de la diferencias salariales y prestacionales de la demandante. (Sic)”.7

7.- CONSIDERACIONES

7.1.- Competencia y marco de análisis en segunda instancia

En los términos del artículo 153 de la Ley 1437 de 2011 y del Acuerdo PCSJA2512255 del 24 de enero de 2025 , el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

De conformidad con lo previsto en el artículo 328 del Código General del Proceso, la Corporación debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio.

No obstante, en el evento en que ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló se hubiere adherido al recurso, el Tribunal se encuentra facultado para resolver sin limitaciones.

No obstante, en el evento en que ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló se hubiere adherido al recurso, el Tribunal se encuentra facultado para resolver sin limitaciones.

7.2.- Problema jurídico

En el presente caso, la Sala debe determinar si debe inaplicarse el artículo 1º del Decreto 382 de 2013, bajo la premisa de que la bonificación judicial creada para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación debe constituirse como factor salarial para efectos de la liquidación de las prestaciones socia les; o por si, por el contrario, tal y como lo sostiene la parte demandada debe revocarse la decisión de primera instancia porque su actuación está enmarcada en el principio de legalidad.

Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, se abordará el estudio de los siguientes puntos: 7.3.- El control de constitucionalidad por vía de excepción; 7.4.- Naturaleza y parámetros de la Ley 4ª de 1992; 7.5.- Creación y carácter de la bonificación judicial para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación; 7.6.- Pruebas relevantes; 7.7.- Análisis del caso concreto; 7.8.- Condena en costas.

7.3.- El control de constitucionalidad por vía de excepción.

En los términos del artículo 4º de la Constitución Política, el modelo de control de constitucionalidad colombiano es de carácter mixto, por cuanto armoniza dos tipos de control: concentrado y difuso o por vía de excepción.

El precepto citado dispone: “… La Constitución es norma de normas. En todo caso

constitucionalidad colombiano es de carácter mixto, por cuanto armoniza dos tipos de control: concentrado y difuso o por vía de excepción.

El precepto citado dispone: “… La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales…”.

El control de constitucionalidad concentrado le compete a la Corte Constitucional, y en forma residual al Consejo de Estado. Esta Corporación debe asumir el conocimiento de las demandas formuladas en ejercicio del medio de control de nulidad por inconstitucionalidad, respecto de los decretos dictados por el Gobierno8

Nacional, cuya competencia no le corresponda a la Corte Constitucional, de acuerdo con lo previsto en el numeral 2º del artículo 237 de la Constitución Política.

El control por vía de excepción recae en cabeza de cualquier au toridad ya sea judicial o administrativa, incluso sobre particulares que deban aplicar una norma en un caso concreto.

La jurisprudencia constitucional ha definido que dicha herramienta jurídica comprende una facultad – deber para los autoridades y particu lares, en el primer caso “…en tanto no tiene que ser alegada o interpuesta como una acción; pero se configura igualmente como un deber en tanto las autoridades no pueden dejar de hacer uso de ella en los eventos en que detecten una clara contradicción entre la disposición aplicable a un caso concreto y las normas constitucionales…”3.

El control mediante la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad le permite a la autoridad o al particular inaplicar aquella norma o ley que se oponga de manera palmaria a una norma constitucional, de oficio o a petición de parte, con el objeto de

El control mediante la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad le permite a la autoridad o al particular inaplicar aquella norma o ley que se oponga de manera palmaria a una norma constitucional, de oficio o a petición de parte, con el objeto de salvaguardar la supremacía de la Constitución. Los efectos que produce esta determinación son inter partes, respecto del caso concreto, mas no anulan o le restan valor jerárquico y validez de manera definitiva a la norma exceptuada por el hecho de ser contraría a la Constitución.

La Corte Constitucional mediante Sentencia T – 681 de 2016, precisó que la facultad enunciada puede ser ejercida cuando concurra cualquiera de los siguientes presupuestos:

“…(i) La norma es contraria a los cánones superiores y no se ha producido un pronunciamiento sobre su constitucionalidad (…);

(ii) La regla formalmente válida y vigente reproduce en su contenido otra que haya sido objeto de una declaratoria de inexequibili dad por parte de la Corte Constitucional o de nulidad por parte del Consejo de Estado, en respuesta a una acción pública de inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad según sea el caso; o,

(iii) En virtud, de la especificidad de las condiciones del caso particular, la aplicación de la norma acarrea consecuencias que no estarían acordes a la luz del ordenamiento iusfundamental. En otras palabras, puede ocurrir también que se esté en presencia de una norma que, en abstracto, resulte conforme a la Constitución, pero no pueda ser utilizada en un caso concreto sin vulnerar disposiciones constitucionales”.

Dentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el control por vía de

una norma que, en abstracto, resulte conforme a la Constitución, pero no pueda ser utilizada en un caso concreto sin vulnerar disposiciones constitucionales”.

Dentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el control por vía de excepción está consagrado en el artículo 148 de la Ley 1437 de 2011. En virtud de este mecanismo, el juez goza de la prerrogativa discrecional para inaplicar actos administrativos que vulneren la Constitución Política o la ley. El funcionario judicial o las partes se encuentran legitimados para formular este medio exceptivo.

3 Sentencia SU-132 de 2013.9

La doctrina enseña que, en la praxis, la excepción de ilegalidad o inconstitucionalidad tiene aplicación cuando la parte demandante interpone una demanda en ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 148 de la Ley 1437 de 2011, y pretende la declaración de nulidad de un acto administrativo particular expedido con fundamento en un acto administrativo general que contraviene la ley o la Carta Política y por ende resulta necesario inaplicarlo.

Así mismo, la doctrina precisa que al juez administrativo le corresponde pronunciarse en la sentencia sobre la excepción formulada, la cual también puede declarar de oficio si lo estima indispensable. En este caso, el estudio debe estar enfocado en constatar si se presenta una contradicción entre una norma superior y otra inferior sin que se requiera que se advierta en forma flagrante o evidente4.

7.4.- Naturaleza y parámetros de la Ley 4ª de 1992

El artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política asignó al Congreso la función de dictar normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a

7.4.- Naturaleza y parámetros de la Ley 4ª de 1992

El artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política asignó al Congreso la función de dictar normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para efectos de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública.

En desarrollo de la función citada, el Congreso expidió la Ley 4ª de 1992, cuya naturaleza es la de una norma Marco o Cuadro, con el objeto de que el Gobierno Nacional fijara, entre otros, el régimen salarial y prestacional de la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial y el Ministerio Público.

La Corte Constitucional en Sentencia C – 312 de 1997 precisó que la Ley 4ª de 1992 “…constituye la ley marco necesaria para que el Gobierno cumpla con la misión que le fue confiada en los literales e) y f) del numeral 19 del artículo 150 de la Carta. En efecto, como bien se expresa en su encabezamiento, la referida ley fue dictada con el objeto de cumplir con el mandato de la Constitución acerca de que el Congreso debe dictar las normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el gobierno al momento de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos y el régimen prestacional mínimo de los trabajadores oficiales…”.

De acuerdo con los artículos 1º y 2º de la Ley citada, al Gobierno Nacional le corresponde diseñar y fijar, entre otros, los regímenes salariales y prestacionales

trabajadores oficiales…”.

De acuerdo con los artículos 1º y 2º de la Ley citada, al Gobierno Nacional le corresponde diseñar y fijar, entre otros, los regímenes salariales y prestacionales de los empleados de la Rama Judicial, el Ministerio Público y la Fiscalía General de la Nación, considerando los criterios de equ idad, el respeto de los derechos adquiridos y la prohibición de desmejorar sus remuneraciones y prestaciones sociales.

4 ARBOLEDA PERDOMO, Enrique José. Comentarios al Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Editorial Legis. Segunda edición. Bogotá: 2012.10

Al tenor de lo previsto en el artículo 4º ibidem, los sistemas salariales y prestacionales de los empleados referidos deben modificarse con base en los criterios indicados, determinándose el aumento de sus remuneraciones.

En consecuencia, el régimen salarial o prestacional que contravenga las disposiciones previstas en la Ley 4ª de 1992, o en los decretos que dicte el Gobierno Nacional en desarrollo de la misma, será a todas luces ineficaz, por cuanto carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos, conforme con lo establecido en su artículo 10.

Ahora bien, sobre el objetivo trazado por el Legislador con la expedición de la Ley Cuadro, la Corte Constitucional en Sentencia C – 244 de 2013, -a través de la cual se pronunció sobre la demanda de inconstitucionalidad formulada en contra del artículo 15 de la mencionada Ley -, señaló que está encaminado a lograr una nivelación salarial adecuada y más comprensiva de los salarios del sector judicial,

se pronunció sobre la demanda de inconstitucionalidad formulada en contra del artículo 15 de la mencionada Ley -, señaló que está encaminado a lograr una nivelación salarial adecuada y más comprensiva de los salarios del sector judicial, en atención a incoherencias internas y externas advertidas:

“… en términos de coherencia externa con las ot ras ramas del poder público, los altos funcionarios judiciales recibían sueldos menores que los percibidos por los congresistas y por los altos cargos del ejecutivo; y, en segundo lugar, al interior de la rama, había falta de proporcionalidad salarial en la pirámide salarial ya que los sueldos de los magistrados de las cortes de cierre estaban muy distantes del segundo nivel salarial (conformado por los magistrados de Tribunal y magistrados auxiliares de Altas Cortes) y, a fortiori, con un extendido tercer nivel salarial conformado por el resto de jueces unipersonales que atienden el grueso de la demanda judicial del país…”.

En línea con el objetivo señalado, mediante el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, el Legislador le ordenó al Gobierno Nac ional revisar el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la Nación sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad.

7.5.- Creación y carácter de la bonificación judicial para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación

En desarrollo de las normas generales de la Ley 4ª de 1992, el Presidente de l a República expidió el Decreto 382 del 06 de marzo de 2013, por intermedio cual creó una bonificación judicial para los servidores públicos de la Fiscalía General de la

En desarrollo de las normas generales de la Ley 4ª de 1992, el Presidente de l a República expidió el Decreto 382 del 06 de marzo de 2013, por intermedio cual creó una bonificación judicial para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación, con efectos fiscales a partir del 1º de enero de 2013, en los siguientes términos:

“…ARTÍCULO 1. Créase para los servidores de la Fiscalía General de la Nación a quienes se aplica el régimen salarial y prestacional establecido en el Decreto 53 de 1993, y que vienen rigiéndose por el decreto 875 de 2012 y por las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reco nocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud. La bonificación judicial se reconocerá a partir del 1 de enero de 2013, se percibirá mensualmente, mientras el servidor público permanezca en el servicio y corresponde para cada año, al valor que se fija en la siguiente tabla: …11

ARTÍCULO 2°. Los funcionarios y emplead