TA VAL - Sentencia 76001-33-33-012-2019-00287-01 (14-02-2025)

Santiago de Cali, catorce (14) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

MAGISTRADA PONENTE: PAOLA ANDREA GARTNER HENAO

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA EXPEDIENTE: 76001-33-33-012-2019-00287-01

DEMANDANTE: MAURICIO GONZALEZ LUENGAS Y OTROS notificaciones.procesal@gmail.com

DEMANDADOS:

NACIÓN – RAMA JUDICIAL

dsajclinotif@cendoj.ramajudicial.gov.co

NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Jur.notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co

NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA–POLICÍA NACIONAL

deval.notificacion@policia.gov.co

ASUNTO: APELACIÓN DE SENTENCIA - PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD

DECISIÓN: CONFIRMA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Sentencia de segunda instancia nro. 20

1. Objeto de la decisión

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actua do, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida el 6 de diciembre de 2022, por el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Cali, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

2. Antecedentes

Los hoy demandantes1 a través d e apoderado judicial, solicitaron en su calidad de víctimas, que sea declarada la responsabilidad del Estado por el daño ocasionado a raíz de la privación injusta de la libertad a la que fue sometido el señor Mauricio González Luengas en el periodo comprendido entre el 24 de noviembre

declarada la responsabilidad del Estado por el daño ocasionado a raíz de la privación injusta de la libertad a la que fue sometido el señor Mauricio González Luengas en el periodo comprendido entre el 24 de noviembre de 2012 hasta el 11 de octubre de 2013.

Como consecuencia de la anterior declaración, solicita que se condene a la Nación -Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación y Ministerio de Defensa ( Policía Nacional), al pago de los siguientes perjuicios: (i) materiales en la modalidad de lucro cesante la su ma de $73.564.302.00, (ii) morales en la suma de $124.217.400, y (ii) daños en la vida de relación la suma de $124.217.400.

3. Fundamentos fácticos

Que el 25 de noviembre de 2012 ante el Juzgado 27 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantía de Cali, se realizó el procedimiento de legalización de captura del señor Mauricio González Luengas Puerta, formulación de imputación en su contra como presunto autor del delito Hurto Calificado Agravado, sin aceptar cargos, y se le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Que el 3 de mayo de 2013 se realizó la audiencia preparatoria para dar inicio al juicio oral; posteriormente el 26 de mayo de 2015 como la otra persona capturada junto con el hoy demandante, esto es, el señor Jefferson Ocampo Bedoya realizó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, se dio ruptura de la unidad procesal, en virtud de lo anterior se continuó el proceso en contra del señor González Luengas.

Ocampo Bedoya realizó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, se dio ruptura de la unidad procesal, en virtud de lo anterior se continuó el proceso en contra del señor González Luengas.

1 Mauricio González Luengas Puerta, David Santiago Luengas, Aristarco Luengas, Leonardo Fabio Luengas Puerta, Dana Valentina Luengas Puerta, Efraín Alberto Luengas Puerta, Fabian Hernán Luengas Puerta, Fabio Enrique Quimbaya, Fernando Montoya Torres, Amparo Puerta, Mónica Galíndez, Carol Lizeth Ruiz Galíndez, Viviana Andrea Rojas Reina Quien y Esteban Heyder Luengas Rojas.76001-33-33-012-2019-00287-01

Que para el 11 de octubre del 2013 el Juzgado Penal Municipal con función de control de Garantías de Cali, realizó la audiencia preliminar de libertad por vencimiento de termino a favor del señor Mauricio González Luengas, ello debido a que pasaron más de 200 días sin que se diera inicio al juicio oral y por consiguiente se ordenó la libertad inmediata del accionante . Se efectuó la boleta de libertad ante el centro carcelario de Villa Hermosa.

Que mediante Sentencia N° 193 del 26 de octubre de 2017, el Juzgado Séptimo Penal Municipal de Conocimiento, absolvió al señor Mauricio González Luengas como presunto autor del delito Hurto Calificado Agravado, puesto que el representante de la fiscalía como ente acusador no logró demostrar la responsabilidad del procesado y las pruebas allegadas al proceso fueron deficientes para corroborar su teoría del caso.

Que el señor Mauricio González Luengas estuvo privado de su libertad desde el 24 de noviembre de 2012

responsabilidad del procesado y las pruebas allegadas al proceso fueron deficientes para corroborar su teoría del caso.

Que el señor Mauricio González Luengas estuvo privado de su libertad desde el 24 de noviembre de 2012 hasta el 11 de octubre de 2013, correspondiente a 71 meses y 2 días, incurriendo en varios gastos para su defensa durante el proceso penal.

4. Fundamentos de derecho y concepto de violación

Como fundamentos de derecho se invocaron las siguientes normas: artículo 28 y 90 de la Constitución Política de Colombia, también la sentencia del Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, C.P. María Adriana Marín, Bogotá D.C., 31 de enero de 2019 con Rad. 76001-23-31-0002011-01727-01 (55155).

Afirma la parte actora, que la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad resultaba antijurídica al no encontrar acreditada relación alguna del proceder del actor -activo u omisivo - con la conducta imputada, es decir, como en este caso que no se probó que el señor Mauricio González Luengas hubiere incurrido en una conducta reprochable , que justificara atribuirle el daño que padeció con la medida de aseguramiento que le fue impuesta.

5. Contestación de la demanda

5.1. La Nación - Rama Judicial2 contestó la demanda en tiempo oportuno, afirmando que no se trató de una privación injusta de la libertad, puesto que la medida de aseguramiento se ajustó tanto a los aspectos sustantivos como procedimentales, siguiendo principios de proporcionalidad y necesidad. En el momento de

privación injusta de la libertad, puesto que la medida de aseguramiento se ajustó tanto a los aspectos sustantivos como procedimentales, siguiendo principios de proporcionalidad y necesidad. En el momento de la audiencia preliminar ante el juez de garantías se contaba con suficientes indicios como fue la investigación de camp o y el informe de la policía que presentó la captura en flagrancia donde se señalaba la posible implicación del acusado en el delito de hurto calificado y agravado de acuerdo a lo estipulado en los artículos 239, 240 inc. final del Código Penal; es decir, se impuso la medida de aseguramiento de detención preventiva solicitada por la fiscalía, conforme a los artículos 313 numeral 2 artículo 308 numerales 2 y 3, en concordancia con los artículos 310 y 312 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 25 de la Ley 1142 de 2007.

Sin embargo, el juez de conocimiento al revisar el caso encontró deficiencias en la gestión de la fiscalía , y que la falta de comparecencia del único testigo presencial y víctima del delito, el señor Palmenides Muñoz López, fue un f actor importante, pues este testigo podría haber aclarado los hechos. Además, se destacó que la versión del policía Juan Guillermo Sarmiento cambió considerablemente a lo largo de la investigación y el juicio.

Finalmente, propuso como excepciones las que determino: Inexistencia de daño antijurídico, ausencia de nexo causal entre el daño alegado y la actuación de los jueces de la república, inexistencia de perjuicios y falta de legitimación en la causa por pasiva.

5.2 La Nación - Fiscalía General de la Nación 3 contestó la demanda de manera oportuna, indicando su

falta de legitimación en la causa por pasiva.

5.2 La Nación - Fiscalía General de la Nación 3 contestó la demanda de manera oportuna, indicando su oposición a las súplicas de la demanda.

2 Expediente digital de primera instancia - índice 00034 Samai - 10.5 CONTESTACION DEMANDA RAMA JUDICIAL 3 Expediente digital de primera instancia - índice 00034 Samai – 12. ContestacionFiscalia76001-33-33-012-2019-00287-01

Expresa no puede responder por el presunto daño solicitado, toda vez que la entidad actuó con diligencia durante la investigación penal e n contra del señor Maur icio González Luengas , puesto que el 24 de noviembre de 2012 cerca de la finca la Olaya, ubicada en la ver eda bajo aguacatal, entre las 6:30 y 8: 00 p.m., fue capturado en flagrancia por agentes de la policía nacional, quienes después de ser notificados por la central del 123, acudieron al lugar de los hechos hallando unos EMP y evidencia física que concluían en el hurto de unos bienes valorados en 4 millones de pesos, ello utilizando un arma de fuego para amedrantar al señor Palmenides Muñoz López, por lo tanto no puede afirmarse que la detención haya sido injusta, toda vez que existían unos hechos reprochables que debían ser investigados.

Afirma que le corresponde al Juez de Control de Garantías decidir sobre la solicitud de privación de la libertad de los capturados, ello evaluando las pruebas presentadas por el ente acusador; dicho lo anterior, la Fiscalía no puede ser considerada responsable de una detención ilegal p uesto que no fue quien dictó la medida de

de los capturados, ello evaluando las pruebas presentadas por el ente acusador; dicho lo anterior, la Fiscalía no puede ser considerada responsable de una detención ilegal p uesto que no fue quien dictó la medida de aseguramiento. Además, aunque surjan circunstancias que favorezcan a los acusados, como pruebas que sugieren su inocencia, eso no implica automáticamente que la detención haya sido injusta.

Por último, formuló como excepciones: Falta de legitimación en la causa por pasiva, falta de integración del litisconsorcio necesario, ausencia de falla en el servicio.

5.3 Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional4, contestó de manera oportuna solicitando se nieguen en su totalidad las pretensiones de la parte actora y se a exonerada de responsabilidad dado que no se configuran los requisitos que contempla la norma superior y demás normatividad para que se configure la responsabilidad de la entidad.

Indica que no se presentó una falla en el servicio, por que se establece la excepción de falta de legitimidad en la causa por pasiva, esto significa que la responsabilidad del daño no recae sobre la institución demandada, sino sobre la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, que son las entidades responsables del acto que causó el daño, teniendo en cuenta que para que se pueda atribuir responsabilidad administrativa a la Policía Nacional, se deben cumplir ciertos requisitos legales, incluyendo pruebas que demuestren la responsabilidad civil extracontractual del estado vinculados con el daño la imputación y el fundamento de la imputación.

Manifiesta que cuando se alega una privación injusta de la libertad, se debe contabilizar el tiempo de caducidad de la acción desde cuando la persona recobra su libertad, en este caso, el señor Mauricio

fundamento de la imputación.

Manifiesta que cuando se alega una privación injusta de la libertad, se debe contabilizar el tiempo de caducidad de la acción desde cuando la persona recobra su libertad, en este caso, el señor Mauricio González Luenga fue liberado el 11 de octubre de 2013, y el plazo para presentar la demanda finalizó el 12 de octubre de 2015, sin embargo, la demanda se presentó el 25 de octubre de 2019, fuera del plazo legal.

Para finalizar, planteó como excepciones: Caducidad de la acción y falta de legitimación en la causa por pasiva.

6. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 6 de diciembre de 2022, e l Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Cali, negó las pretensiones de la demanda argumentando que la parte actora no logró acreditar la antijuridicidad del daño alegado , es decir que l a detención preventiva de Mauricio Gonzá lez Luengas fue legalmente fundamentada en los elementos probatorios aportados por la Fiscalía, los cuales permitieron inferir razonablemente que el imputado podría haber sido coautor o partícipe del delito de hurto calificado y agravado, y se ajustó a los requisitos legales establecidos en el Código de Procedimiento Penal para imponer una medida cautelar en la fase inicial del proceso penal , no obstante, al no lograrse reunir las pruebas necesarias para una sentencia condenatoria, el juez absolvió al procesado.

Teniendo en cuenta que, durante la audiencia preliminar del 25 de noviembre de 2012, la Fiscalía presentó como prueba la denuncia de Parménides Muñoz, quien relató el hurto en su finca, y testimonios adicionales,

Teniendo en cuenta que, durante la audiencia preliminar del 25 de noviembre de 2012, la Fiscalía presentó como prueba la denuncia de Parménides Muñoz, quien relató el hurto en su finca, y testimonios adicionales, como el de Manuel Santos, quien también estuvo presente en el momento del hurto, asimismo, se presentó el informe de captura en flagrancia de los patrulleros que atendieron el caso, indicando que se encontraron

4 Expediente digital de primera instancia - índice 00034 Samai - 13 ContestacionDemandaPoliciaNacional76001-33-33-012-2019-00287-01

los elementos hurtados avaluados en $4.500.000. en un vehículo ro jo y en una motocicleta, esta última conducida por Mauricio González, quien intentó huir al ver la presencia policial del cual se aportó el acta de incautación de los vehículos involucrados.

Finalmente, declaró no probadas las excepciones propuestas por las entidades demandadas, especialmente la excepción de caducidad propuesta por la Policía Nacional.

7. Recurso de apelación

La parte demandante dentro del término oportuno presentó recurso de apelación5 en contra de la sentencia de primera instancia, basando su inconformidad en el punto “4.4. Análisis del caso concreto ”, en el que se evaluó si la privación de libertad impuesta a Mauricio González Luengas por el Juzgado 27 Penal Municipal de garantías de Cali, fue conforme las exigencias del Código Penal (Ley 906 de 2004).

Manifiesta no estar de acuerdo con la decisión del a quo, por: (i) el informe policivo de captura en flagrancia usado como prueba fundamental al momento de la imposición de la medida de aseguramiento , fue

Manifiesta no estar de acuerdo con la decisión del a quo, por: (i) el informe policivo de captura en flagrancia usado como prueba fundamental al momento de la imposición de la medida de aseguramiento , fue desvirtuado en la sentencia que conllevó a la absolución, (ii) no hubo evidencia de la captura en flagrancia, (iii) la medida de aseguramiento fue arbitraria, desmedida y resultado de acciones policías que hicieron informes falsos, los cuales llevaron a decisiones judiciales que vulneraron el derecho a la libertad de Mauricio Luengas, (i) el juez no consideró adecuadamente lo ocurrido en el proceso penal.

Afirmó que en el proceso penal la carga de la prueba recaía sobre la Fiscalía, quien debió presentar pruebas contundentes a lo largo del juicio, sin embargo, presentó el testimonio de dos patrulleros que afirmaron haber capturado al acusado en flagrancia, que posteriormente fueron impugnados por las contradicciones y errores en sus versiones. Resaltó que como uno de los patrulleros cambió su declaración sobre el momento de la captura, es decir, presentó incoherencias que comprometieron la validez de su testimonio, fue debido a tales contradicciones que el juez decidió no acreditar las versiones de los testigos, lo que llevó a la absolución del acusado. Además, ordenó investigar posibles faltas disciplinarias o delitos relacionados con los testimonios de los agentes involucrados.

8. Trámite en segunda instancia

Mediante auto de sustanciación nro. 1 56 del 14 de julio de 2023 6, fue admitido el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en el que además se informó a las partes y al Ministerio Público que podían

Mediante auto de sustanciación nro. 1 56 del 14 de julio de 2023 6, fue admitido el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, en el que además se informó a las partes y al Ministerio Público que podían pronunciarse al respecto; en estos términos.

La Fiscalía General de la Nación7 indicó: “De otra parte, tal y como lo sostuvo el a quo, en el caso objeto de estudio, la solicitud de imposición de la medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra MAURICIO GONZÁLEZ LUENGAS presentada por el ente acusador, cumplió con la exigencias legales y constitucionales establecidas para proceder en este sentido, debiéndose recordar que se cumplieron los requisitos objetivos y subjetivos para que fuera impuesta. En efecto, para la época de los hechos la conducta punible investigada - HURTO AGRAVADO Y CALIFICADO - era sancionable con pena privativa de la libertad cuyo quantum excedía más de 4 años, al tenor de lo dispuesto en el artículo 240 del Código Penal, y los elementos materiales probatorios, como la denuncia, entrevistas presentadas por las víctimas del ilícito, el informe de captura en flagrancia, la incautación de la camioneta y motocicleta incautadas, y que en una de ellas se encontraron los elementos hurtados, permitían inferir razonablemente que el aquí demandante y otros podían ser los coautores o participes del hecho delictivo investigado.

Además, debe quedar claro, que en el presente evento, tampoco se configuró un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia ni error judicial, ya que, se insiste, la Fiscalía obró en cumplimiento de un deber legal, de

Además, debe quedar claro, que en el presente evento, tampoco se configuró un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia ni error judicial, ya que, se insiste, la Fiscalía obró en cumplimiento de un deber legal, de conformidad con el contenido normativo y finalidad de la Ley 906 de 2004, bajo el control de legalidad impartido por los jueces de la república, en concordancia con los artículos 250 y 251 de la Constitución Política.”

Ahora, según se observa de la constancia secretarial que obra en la plataforma Samai 8, tenemos que: (i) las otras partes guardaron silencio, y (ii) el ministerio público no se pronunció.

5 Índice 003 Samai (Expediente digital) 1_ED_01PRIMERAINSTANCIAP(.pdf) NroActua 3 6 Índice 00006 Samai 7 Índice 00011 Samai 8 Índice 00012 Samai76001-33-33-012-2019-00287-01

9. Consideraciones

9.1. Competencia

De conformidad con el artículo 153 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esta Corporación es competente para conocer en segunda instancia del proceso. De acuerdo con lo establecido en el artículo 3209 del Código General del Proceso, la Sala se suscribirá al estudio de las razones de disenso planteadas y expuestas contra la decisión de primera instancia formuladas por la parte demandante.

9.2. Validez de la prueba recaudada

El material probatorio que se adjuntó con la demanda, la contestación y auto de pruebas, fue sometido a contradicción de las partes, por lo tanto, será valorado con base en el principio de la comunidad de la prueba,

El material probatorio que se adjuntó con la demanda, la contestación y auto de pruebas, fue sometido a contradicción de las partes, por lo tanto, será valorado con base en el principio de la comunidad de la prueba, las reglas de la sana crítica, la lógica y la experiencia.

Lo anterior conforme con la providencia proferida por la Sal a Plena del Consejo de Estado el 28 de agosto de 201310, según la cual: «en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas».

9.3. Problema jurídico

La Sala debe establecer con fundamento en el recurso de apelación, si se debe revocar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, es decir, establecer si la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial y la Policía Nacional, son administrativamente responsables por los daños y perjuicios causados a los demandantes con ocasión de la privación de la libertad de que fue objeto del señor Mauricio González Luengas.

9.4. Tesis de la Sala

Se confirmará la sentencia de primera instancia, ya que no está probado que las entidades demandadas hubieran incurrido en una falla del servicio, consistente en un actuar contrario a sus deberes legales que lleve a considerar que la pr ivación de la libertad del accionante pueda catalogarse como injusta , toda vez que la medida restrictiva fue necesaria, proporcional y razonable debido a la gravedad del delito por el cual estaba siendo investigado.

9.5. Marco normativo y jurisprudencial

que la medida restrictiva fue necesaria, proporcional y razonable debido a la gravedad del delito por el cual estaba siendo investigado.

9.5. Marco normativo y jurisprudencial

La responsabilidad del Estado en Colombia tuvo sus inicios en providencia de la Corte Suprema de Justicia del año 1896, en donde se determinó que todas las naciones deben protección a sus habitantes, nacionales y extranjeros, y si bien es cierto que un Estado, como persona jurídica, no es susceptible de responsabilidad penal, sí está obligado a las reparaciones civiles por los daños que resultan por un perjuicio imputable a sus funcionarios públicos.

El Constituyente de 1991 se encargó de integrar este aspecto de responsabilidad estatal, en el artículo 90 de la Constitución, de la siguiente manera:

Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.

9 Artículo 320. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión. 10 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto de 2013, expediente: 05001-23-31-000-1996-00659-01 (25.022), M.P.: Enrique Gil Botero.76001-33-33-012-2019-00287-01

El Consejo de Estado sobre este tópico ha dicho:

Con la Carta Política de 1991 se produjo la “constitucionalización” de la responsabilidad del Estado y se erigió como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación e interés. De esta forma se reivindica el sustento doctrinal según el cual la “acción administrativa se ejerce en interés de todos: si los daños que resultan de ella, para algunos, no fuesen reparados, éstos serían sacrificados por la colectividad, sin que nada pueda justificar tal discriminación; la indemnización restablece el equilibrio roto en detrimento de ellos”.

(…) Según lo prescrito en el artículo 90 de la Constitución Política, la cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado, y la imputación del mismo a la administración pública tanto por la acción, como por la omisión de un deber normativo11.

Como quiera que en el presente caso se aduce la causación de daños con ocasión de la privación injusta de la libertad, encontramos que la misma se encuentra regulada por los artículos 65 y 68 de la Ley 270 de 199612, que establecen:

Artículo 65. De la responsabilidad del Estado. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.

En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.

Artículo 68. Privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios.

Frente al alcance las anteriores normas, el Consejo de Estado explicó lo siguiente13:

(…) para concretar el alcance del artículo 68 de la Ley 270 de 1996 resulta imperioso conectarlo con el enunciado normativo contenido en el artículo 65 ibídem, de acuerdo con el cual ‘el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales’, norma que no introduce limitación o condicionamiento alguno encaminado a impedir el juzgamiento o la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado como consecuencia de la actividad de la Administración de Justicia, distinto de la causación de un daño antijurídico. No podía preverlo, por lo demás, co mo quiera que con ello conculcaría la regulación efectuada por el artículo 90 de la Carta, que igualmente constituye el concepto de ‘daño antijurídico’ en el elemento central cuya concurrencia debe evidenciarse para que proceda el reconocimiento de la responsabilidad estatal –siempre, claro está, que ese daño pueda imputarse jurídicamente a una autoridad pública– .

No es viable, en consecuencia, considerar que un precepto contenido en una ley estatutaria pudiera restringir los alcances que a la responsabi lidad del Estado le vienen determinados desde el artículo 90 de la Constitución. Al

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No es viable, en consecuencia, considerar que un precepto contenido en una ley estatutaria pudiera restringir los alcances que a la responsabi lidad del Estado le vienen determinados desde el artículo 90 de la Constitución. Al remarcarlo así, la propia Corte Constitucional no hace otra cosa que señalar que, más allá de las previsiones contenidas en la comentada Ley 270 de 1996, los parámetros a l os cuales se ciñe la responsabilidad patrimonial de las autoridades públicas son los estructurados por el artículo 90 de la Carta, que pueden ser precisados, mas no limitados, por una norma infraconstitucional (…).

Ahora bien, frente a los presupuestos que deben acreditarse para que una privación de la libertad pueda ser considerada como injusta, el Consejo de Estado indicó que14:

(…) la privación de la libertad (y dentro de ella la medida de detención preventiva) debe ser adecuada, esto es, cumplir los requisitos que se desprenden directamente de la norma constitucional, pues, de no hacerlo se vulnera el derecho fundamental a la libertad personal. Los condicionamientos a los que se hace referencia son:

11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. C.P. Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Bogotá, 26 de febrero de 2015.

Radicación: 68001-23-15-000-1999-02617-01. 12 Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.

13 Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, sentencia del 25 de febrero de 2009, expediente 25000 -23-26-000-19980581-01 (25508). 14 Consejo de Estado, Sección Tercera. C.P. Enrique Gil Botero, sentencia del 14 de abril de 2010, radicación: 25000-23-26-000-1995-00595-01 (18960).76001-33-33-012-2019-00287-01

1. Debe fundamentarse en una causa que esté previamente prevista en la ley. En otras palabras, la autoridad que asume la medida en todo momento está sujeta al más estricto principio de legalidad. Se exige como presupuesto la existencia de indicios y medios pr obatorios que desde un punto de vista racional arrojen una posible responsabilidad penal del individuo inculpado.

2. No puede ser indefinida, debe tener un límite temporal que se relaciona directamente con el tiempo indispensable para la averiguación de los hechos que dieron lugar a la asunción de la medida.

3. Al ser una medida cautelar su finalidad no es represiva, se encamina principalmente a prevenir diferentes circunstancias: la fuga del sindicado, su presencia en el proceso, la efectividad de la sentencia o impedir la continuación de su actividad delictiva15.

4. La medida tiene una naturaleza jurisdiccional en sus diferentes fases: en la toma de decisión, en su control y en su finalización.

(…) la absolución o preclusión de la investigación que emana de falencias probatorias en la instrucción o juicio penal, se traduce en una falla del servicio . Por consiguiente, al demandante en este evento, le

y en su finalización.

(…) la absolución o preclusión de la investigación que emana de falencias probatorias en la instrucción o juicio penal, se traduce en una falla del servicio . Por consiguiente, al demandante en este evento, le corresponde demostrar en el proceso contencioso administrativo de reparación, de manera clara, que la privación de la libertad se produjo a partir del error del funcionario, o del sistema, derivado éste de una ausencia probatoria que sustentara la detención preventiva (…) (negrilla y subrayado de la Sala).

Debe precisarse que la responsabilidad del Estado por priv ación injusta de la libertad no ha sido un tema pacífico a nivel jurisprudencial, pues en un primer momento, el Consejo de Estado optó por considerar que debía aplicarse el régimen subjetivo de la falla del servicio, como quiera que la referida privación d ebía sobrevenir con ocasión de una decisión judicial debidamente acreditada como ilegal o arbitraria, y por consiguiente constitutiva de un error judicial.

En un segundo momento, donde figura como protagonista la sentencia de unificación del 28 de agosto de 201316, el máximo Tribunal de esta Jurisdicción consideró que el régimen aplicable era el objetivo para aquellos casos expresamente establecidos en el artículo 414 del Decreto Ley 2700 de 1991 como configurativos de detención injusta por haber tenido lugar la ab solución del sindicado o la preclusión de la investiga