TA VAL - Sentencia 76111-33-33-004-2023-00041-01 (27-03-2025)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

SALA DE ORALIDAD

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

MAGISTRADA PONENTE: PATRICIA DEL PILAR FEUILLET PALOMARES

RADICADO: 76111-33-33-004-2023-00041-01

MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTES:

MANUEL ENRIQUE CARO PUIN Y OTROS

(gerencia@componentelegal.com)

DEMANDADOS: (NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

(notificacionesjudiciales@fiscalia.gov.co)

NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA

NACIONAL

(deval.notificacion@policia.gov.co)

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y

CARCELARIO

(notificaciones@inpec.gov.co)

MINISTERIO PÚBLICO: PROCURADURÍA 19 JUDICIAL II PARA ASUNTOS

ADMINISTRATIVOS DE CALI

(procjudadm19@procuraduria.gov.co)

TEMA: PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD .

AUSENCIA PROBATORIA PARA ACREDITAR

ANTIJURIDICIDAD DEL DAÑO . CONFIRMA

DECISIÓN DE NEGAR PRETENSIONES.

Santiago de Cali, veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

1. La Sala decide el recurso de apelación presentado por la parte actora contra la sentencia 152 del 10 de octubre de 20 24, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Buga, que negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

sentencia 152 del 10 de octubre de 20 24, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Buga, que negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

2. En ejercicio del medio de control de reparación directa, Manuel Enrique Caro Puin (perjudicado directo) , Leidy Johanna Caro Castillo (hija del perjudicado directo), Luis Enrique Caro Castillo (hijo del perjudicado directo), Segundo Manuel Caro Sosa (padre del perjudicado directo) , María Lilia Puin de Caro (madre delRadicado: 76111-33-33-004-2023-00041-01

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perjudicado directo), Antonio René Caro Puin (hermano del perjudicado directo) , José Raúl Caro Puin (hermano del perjudicado dire cto), Rosa Miryam Caro Puin (hermana del perjudicado directo) y Nancy Liliana Caro Puin (hermana del perjudicado directo) demandaron a la Nación – Fiscalía General de la Nación, a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) , para que se declarara la responsabilidad administrativa de esas autoridades por la privación de la libertad a la que se vio sometido Manuel Enrique Caro Puin.

3. Como consecuencia de esa declaración, pidieron que se condenara a las entidades demandadas a pagar: i) por concepto de perjuicios morales, el valor equivalente a

sometido Manuel Enrique Caro Puin.

3. Como consecuencia de esa declaración, pidieron que se condenara a las entidades demandadas a pagar: i) por concepto de perjuicios morales, el valor equivalente a 80 salarios mínimos mensuales legales vigentes para cada uno de los demandantes; ii) por concepto «daño constitucional», el valor equivalente a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes a favor de Manuel Enrique Caro Puin, y iii) por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, el valor de $ 29’673.291 a favor de Manuel Enrique Caro Puin , por los honorarios de defensa técnica en el proceso penal.

2. Hechos

4. En un operativo militar, un integrante de la banda criminal «Los Rastrojos» se entregó voluntariamente y suministró 3 memorias USB que contenían información sobre esa organización delincuencial. En la información entregada, aparecían documentos que mostraban que la banda «Los Rastrojos » entregaba dinero a miembros de la fuerza púbica y también había un video en el que aparecía el agente de policía Manuel Enrique Caro Puin, junto con personas de la banda Los Rastrojos, al parecer en una de las presuntas entregas de dinero.

5. Por esos hechos, la Fiscalía General de la Nación, en audiencia del 11 de febrero de 20 111, le imputó a Manuel Enrique Caro Puin el delito de concierto para delinquir agravado.

6. Luego de evacuado el trámite correspondiente, el Juzgado Segundo Penal Especializado del Circuito de Buga , por sentencia del 13 de octubre de 201 72, absolvió a Manuel Enrique Caro Puin del delito de concierto para delinquir

Especializado del Circuito de Buga , por sentencia del 13 de octubre de 201 72, absolvió a Manuel Enrique Caro Puin del delito de concierto para delinquir agravado. Esa decisión fue confirmada en segunda instancia, mediante providencia del 9 de junio de 20203, dictada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga.

7. Manuel Enrique Caro Puin estuvo privado de la libertad desde el 11 de febrero

1 Así se hace saber en la sentencia penal de segunda instancia: folio 67 del documento descrito como «2_AGREGAESCRITO_DEMANDAY_DEMANDAYANEXOS(.pdf) NroActua 3 », visible en el índice 3 del expediente de primera instancia colgado en Samai (Consultar radicado 76111333300420230004100 en Juzgados Administrativos de Buga). 2 Folios 89-91 del documento descrito como «2_AGREGAESCRITO_DEMANDAY_DEMANDAYANEXOS(.pdf) NroActua 3», visible en el índ ice 3 del expediente de primera instancia colgado en Samai (Consultar radicado 76111333300420230004100 en Juzgados Administrativos de Buga). 3 Folios 66-88 del documento descrito como «2_AGREGAESCRITO_DEMANDAY_DEMANDAYANEXOS(.pdf) NroActua 3», visible en el índice 3 del expediente de primera instancia colgado en Samai (Consultar radicado 76111333300420230004100 en Juzgados Administrativos de Buga).Radicado: 76111-33-33-004-2023-00041-01

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de 2011 hasta el 25 de octubre de 20114.

3. Fundamentos de las pretensiones

8. De manera preliminar, la parte actora invocó los artículos 21 (honra) y 28 (libertad personal) de la Constitución Política e hizo alusión a sentencias sobre responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad 5 y la forma de indemnizar los perjuicios en esos casos6.

9. Sostuvo que la Fiscalía General de la Nación incurrió en una «actuación administrativa errónea y apresurada », porque, con base en meras especulaciones, vinculó a Manuel Enrique Caro Puin a un proceso penal y solicitó medida de aseguramiento en su contra —que fue concedida e implicó la restricción del derecho a la libertad—.

10. Afirmó que «la actuación administ rativa de iniciar una investigación basada en la especulación de señalar haber visto al señor MANUEL ENRIQUE CARO PUIN en un video junto a la banda delincuencial de los rastrojos fue el inicio de toda esta situación motivo por el cual fue vinculado, indiciado, imputado y condenado en primera instancia del proceso penal, llevando lo anterior a la decisión de privar de la libertad al hoy demandante».

11. Manifestó que «se evidencia que en razón de la no existencia del proceso penal que fue basado en un señalamiento hipotético sin una prueba veraz del sustento de la misma se produjo el daño antijurídico que fue materializado en la privación injusta de la libertad del

basado en un señalamiento hipotético sin una prueba veraz del sustento de la misma se produjo el daño antijurídico que fue materializado en la privación injusta de la libertad del señor MANUEL ENRIQUE CARO PUIN. Por ello se evidencia que el nexo causal se encuentra pro bado entre la actuación administrativa desplegada por las entidades demandadas, y la privación injusta de libertad, teniendo en cuenta que posteriormente en el año 2020, fue absuelto de todo cargo y condena el señor MANUEL ENRIQUE CARO PUIN en segunda instancia».

12. Aseguró que la privación de la libertad del Manuel Enrique Caro Puin ocasionó daños materiales e inmateriales a todos los demandantes (según lo pedido en las pretensiones de la demanda).

4. Contestaciones de la demanda

4.1. Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario7

13. Por conducto de apoderada judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda.

Alegó la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto el

4 Folio 94 del documento descrito como « 2_AGREGAESCRITO_DEMANDAY_DEMANDAYANEXOS(.pdf) NroActua 3», visible en el índice 3 del expediente de primera instancia colgado en Samai (Consultar radicado 76111333300420230004100 en Juzgados Administrativos de Buga). 5 Sentencia del 8 de noviembre de 2016, expediente 25000 -23-26-000-2005-01327-01(38144), dictada por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado. 6 Sentencia del 28 de agosto de 2014, expediente 68001 -23-31-000-2002-02548-01(36149), proferida por la Sala

Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado. 6 Sentencia del 28 de agosto de 2014, expediente 68001 -23-31-000-2002-02548-01(36149), proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado. 7 Índice 11 del expediente de primera instancia colgado en Samai (Consultar radicado 76111333300420230004100 en Juzgados Administrativos de Buga).Radicado: 76111-33-33-004-2023-00041-01

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Inpec no participó en la adopción de la decisión de privar de la libertad a Manuel Enrique Caro Puin. Indicó que el Inpec no emite órdenes de encarcelación, se limitó a acatar una orden judicial y que el señor Caro Puin no sufrió algún daño físico durante la privación de la libertad.

4.2. Fiscalía General de la Nación8

14. Por conducto de apoderada judicial, solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda. En primer lugar, se opuso a los perjuicios reclamados, toda vez que, a su juicio, no estaban demostrados y, en todo caso, debían sujetarse a los parámetros fijados por la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

15. En cuanto a la responsabilidad propiamente dicha, propuso como excepciones: i) la falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que la medida de aseguramiento fue decretada por un juez de control de garantías (Rama Judicial), y

15. En cuanto a la responsabilidad propiamente dicha, propuso como excepciones: i) la falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que la medida de aseguramiento fue decretada por un juez de control de garantías (Rama Judicial), y no por la Fiscalía General de la Nación; ii) la inexistencia de daño antijurídico, por cuanto la imposición de la medida de aseguramiento no fue arbitraria, irrazonable y/o desproporcionada, que, de acuerdo con la jurisprudencia vigente de la Sección Tercera del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, son los criterios que permiten calificar la privación de la libertad como injusta; iii) la inexistencia de falla del servicio, pues la Fiscalía General de la Nación actuó en cumplimiento de un deber constitucional y legal, le correspondía investigar los hechos que tenían la connotación de delito, y, además, era procedente solicitar la medida de aseguramiento porque concurrían las condiciones para ello, y iv) la causal eximente de responsabilidad del hecho de un tercero, debido a que fue el integrante de la banda criminal «Los Rastrojos» el que inicialmente señaló al señor Caro Puin como uno de los miembros que recibía dinero, pero luego, en la etapa de juicio oral, cambió la versión y declaró no reconocerlo.

4.3. Policía Nacional9

16. Por conducto de apoderado judicial, pidió que las pretensiones de la demanda fueran desestimadas. Básicamente, adujo que esa entidad carecía de legitimación en la causa por pasiva, «toda vez que no se ha acreditado su participación en el procedimiento donde fue capturado el señor MANUEL ENRIQUE CARO PUIN, y en caso de haber

la causa por pasiva, «toda vez que no se ha acreditado su participación en el procedimiento donde fue capturado el señor MANUEL ENRIQUE CARO PUIN, y en caso de haber participado obedecía a un deber legal y constitucional ajustado a derecho, pues es claro que después de la aprehensión del demandante se procedió a legalizar de su captura surtiéndose las demás etapas procesales como presunto responsable del delito de concierto para delinquir, situación que demuestra la legalidad del procedimiento, luego entonces, la absolución o no del imputado no es del resorte de la Policía Nacional como quiera que no le compete la función de administrar justicia y en consecuencia no está legitimada por pa siva para afrontar las pretensiones de la demanda». Agregó que la parte demandante no aportó las pruebas que demostraran la existencia del daño antijurídico y mucho que este fuera imputable a la Policía Nacional.

8 Índice 12 del expediente de primera instancia colgado en Samai (Consultar radicado 76111333300420230004100 en Juzgados Administrativos de Buga). 9 Índice 15 del expediente de primera instancia colgado en Samai (Consultar radicado 76111333300420230004100 en Juzgados Administrativos de Buga).Radicado: 76111-33-33-004-2023-00041-01

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5. Sentencia de primera instancia10

17. El Juzgado Cuarto Administrativo de Buga, mediante sentencia 152 del 10 de

Demandados: Nación –Fiscalía General de la Nación y otros Sentencia de segunda instancia

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5. Sentencia de primera instancia10

17. El Juzgado Cuarto Administrativo de Buga, mediante sentencia 152 del 10 de octubre de 2024, negó las pretensiones de la demanda, porque no advertía alguna arbitrariedad o irregularidad que permitiera predicar una falla del servicio de las entidades demandadas.

18. A partir de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, estimó que actualmente la responsabilidad del Estado por privación de la libertad exige analizar si la medida de aseguramiento fue legal, razonable y proporcionada, pues de ello dependerá de que pueda ser considerada justa o injusta.

19. Al abordar el caso concreto , advirtió que el material probatorio obrante en el expediente se limitaba a la sentencia penal de segunda instancia, al acta de audiencia de lectura de l fallo penal de primera instancia y a una certificación de tiempo de permanencia del señor Car o Puin en el centro de reclusión , esta última que acreditaba que el señor Caro Puin estuvo privado de la libertad del 11 de febrero hasta el 25 de octubre de 2011.

20. Argumentó que, si bien a la Fiscalía General de la Nación se le atribuía una actuación errónea y apresurada, lo cierto es que la parte demandante no explicó las acciones u omisiones concretas en las que incurrió esa autoridad y ello, en principio, impedía verificar la existencia o inexistencia de una falla del servicio. Añadió que, por otra parte, la Fiscalía General de la Nación no era responsable de la privación

acciones u omisiones concretas en las que incurrió esa autoridad y ello, en principio, impedía verificar la existencia o inexistencia de una falla del servicio. Añadió que, por otra parte, la Fiscalía General de la Nación no era responsable de la privación de la libertad del señor Caro Puin, por cuanto, al amparo de la Ley 906 de 2004, la medida de aseguramiento fue impuesta por un juez de control de garantías.

21. Puntualizó que la parte actora no demandó a la Rama Judicial y, por ende, no podía emitirse pronunciamiento frente a esa entidad.

22. Expuso que al Inpec no se le imputó acción u omisión concreta que configurara falla del servicio y, en todo caso, esa autoridad no tuvo injerencia en las decisiones de encarcelación.

23. Finalmente, afirmó que respecto de la Policía «no se efectuó reproche alguno en el escrito de demanda, y fue sólo al momento de descorrer el traslado de las excepciones y en los alegatos de conclusión que se le endilga una omisión en su deber de acompañamiento hacia sus miembros activos, al advertir que es una responsabilidad de la institución que debe cumplir para garantizar la seguridad y el bien estar de su personal en el desempeño de sus funciones».

6. Recurso de apelación11

10 Índice 29 del expediente de primera instancia colgado en Samai (Consultar radica do 76111333300420230004100 en Juzgados Administrativos de Buga). 11 Índice 31 del expediente de primera instancia colgado en Samai (Consultar radicado 76111333300420230004100 en Juzgados Administrativos de Buga).Radicado: 76111-33-33-004-2023-00041-01

11 Índice 31 del expediente de primera instancia colgado en Samai (Consultar radicado 76111333300420230004100 en Juzgados Administrativos de Buga).Radicado: 76111-33-33-004-2023-00041-01

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24. La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia, p idió que se revocara y que, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda.

25. Precisó que en el presente caso confluían dos títulos de imputación distintos. «En primer lugar, en cuanto a la Fiscalía General de la Nación se busca la declaratoria de responsabilidad bajo el título de imputación de privación injusta de la libertad, bajo su papel como co-generador del daño. Por otra parte, el título de falla en servicio se le imputa al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPECy a la Nación - Ministerio de Defensa, Policía Nacional de Colombia, lo anterior en los términos de la ley 270 de 1996».

26. Explicó que, en el marco de la Ley 906 de 2004, la Fiscalía General de la Nación sí contribuía a la causación del daño de privación de la libertad, porque era esa autoridad la que, de manera exclusiva, podía solicitar la imposición de medida de aseguramiento y, además, era quien presentaba los elementos materiales probatorios para persuadir al juez de control de garantías.

27. Citó los requisitos para la procedencia de la medida de aseguramiento y

aseguramiento y, además, era quien presentaba los elementos materiales probatorios para persuadir al juez de control de garantías.

27. Citó los requisitos para la procedencia de la medida de aseguramiento y mencionó que «de los elementos materiales probatorios que dieron origen al proceso penal en contra de mi poderdante, y de los presupuestos de hecho que motivaron la puesta en marcha del ente acusador, de ninguna forma se podía concluir que mi poderdante estaba inmerso en una de las causales en cit a, el señor Caro Puin no tenía los medios para obstaculizar la justicia, su libertad no ponía en peligro ni a la sociedad ni a la víctima, y mucho menos había elementos de juicio para pensar que este no comparecería al proceso. No obstante, al momento de imponerse la medida de aseguramiento, tanto el ente acusador como el juez de control de garantías fallaron al evaluar los elementos fácticos y probatorios».

28. Por último, afirmó que «el señor Caro Puin era un agente de policía, que duró años al servicio de la sociedad, desarrollando sus funciones con esmero y dedicación, ni de su expediente como funcionario público ni de los elementos obrante en el expediente del proceso penal había elementos para concluir que era necesario la imposición de una medida de aseguramiento, máxime cuando con posterioridad mi prohijado fue absuelto en primera y segunda instancia de los delitos por los cuales fue acusado. Corolario, la indebida valoración probatoria y sobre los presupuestos de hecho por parte del ente acusador (la Fiscalía General de la Nación) falló gravemente al solicitarle al juez de control de garantías la imposición de una medida de aseguramiento cuando esta era a todas luces improcedente».

7. Trámite de segunda instancia

de la Nación) falló gravemente al solicitarle al juez de control de garantías la imposición de una medida de aseguramiento cuando esta era a todas luces improcedente».

7. Trámite de segunda instancia

29. El 6 de febrero de 202512, el Despacho admitió el recurso de apelación y advirtió que durante la ejecutoria de esa providencia las partes podían pronunciarse sobre el recurso de apelación, mientras que el Ministerio Público podía emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara a despacho para fallo.

12 Índice 6 del expediente de segunda instancia colgado en Samai (Consultar radicado 76111333300420230004101 en Tribunal Administrativo del Valle del Cauca).Radicado: 76111-33-33-004-2023-00041-01

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30. La Fiscalía General de la Nación , la Policía Nacional y el Inpec guardaron silencio. El Ministerio Público emitió concepto extemporáneo13.

CONSIDERACIONES

1. Competencia

31. Según lo establece el artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, este tribunal administrativo es competente para conocer de la apelación interpuesta contra la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Buga.

2. Problema jurídico

32. Determinar si debe confirmarse la sentencia de primera instancia, que denegó las pretensiones de la demanda porque no se advertía alguna arbitrariedad o irregularidad que permitiera predicar una falla del servicio de las entidades

2. Problema jurídico

32. Determinar si debe confirmarse la sentencia de primera instancia, que denegó las pretensiones de la demanda porque no se advertía alguna arbitrariedad o irregularidad que permitiera predicar una falla del servicio de las entidades demandadas, o si, por el contrario, como lo alega el recurso de apelación, debió condenarse a la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de Manuel Enrique Caro Puin, por haber solicitado la medida de aseguramiento, y condenarse al Inpec y a la Policía Nacional, por falla del servicio.

3. Solución del caso

33. La Sala confirmará la decisión de negar las pretensiones de la demanda, porque la parte actora no aportó las pruebas que permitieran analizar la antijuridicidad de la privación de la libertad del señor Caro Puin y/o las actuaciones de la Policía Nacional o del Inpec.

34. Previo a abordar el caso concreto, la Sala se referirá a la responsabilidad del Estado por privación de la libertad.

3.1. La responsabilidad del Estado por privación de la libertad

35. La primera norma que expresamente estableció indemnización por privación injusta de la libertad fue el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 14. Ese artículo disponía que « quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave».

conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave».

13 Índice 13 del expediente de segunda instancia colgado en Samai (Consultar radicado 76111333300420230004101 en Tribunal Administrativo del Valle del Cauca). 14 Código de Procedimiento Penal para la época.Radicado: 76111-33-33-004-2023-00041-01

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36. Luego, la Ley Estatutaria de Administración de Justicia (Ley 270 de 19 96), al regular la responsabilidad patrimonial del Estado por acciones u omisiones de los agentes judiciales, incluyó la privación injusta de la libertad como uno de los eventos que comprometía la responsabilidad del Estado. En efecto, el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 menciona que «quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios».

37. Esa norma fue condicionada por la Corte Constitucional (1996) 15 en los

siguientes términos:

Este artículo, en princ ipio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término “injustamente” se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma

conviene aclarar que el término “injustamente” se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los c asos en que una persona fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio del Estado, que es el co mún de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención.

38. Conviene anotar que el Decreto 2700 de 1991 fue derogado por la Ley 600 de 2000 y esta, a su vez, por la Ley 906 de 2004. Estos dos últimos códigos de procedimiento penal no incluyeron norma alguna sobre privación injusta de la libertad.

39. En cuanto al tratamiento jurisprudencial de la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, la Sección Tercera del Consej o de Estado ha discurrido en varios sentidos. Veamos.

40. En un principio 16, estimaba que la indemnización de perjuicios solo era procedente en aquellos casos en los que la medida de aseguramiento fuera producto de un error judicial. Esto implicaba abordar los casos bajo un régimen

40. En un principio 16, estimaba que la indemnización de perjuicios solo era procedente en aquellos casos en los que la medida de aseguramiento fuera producto de un error judicial. Esto implicaba abordar los casos bajo un régimen subjetivo, pues era necesario acreditar un error ostensible de la autoridad judicial

(falla del servicio).

41. Más adelante 17, sostuvo que la privación de la libertad era injusta en aquellos eventos descritos en el artículo 414 d el Decreto 2700 de 1991: cuando la persona fuera exonerada porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta era atípica. En esos supuestos operaba un régimen de responsabilidad objetivo y,

15 C-037 de 1996. 16 Sentencia de 1° de octubre de 1992 (expediente 7058). 17 Ver sentencia del 12 de diciembre de 1996, expediente 10.229.Radicado: 76111-33-33-004-2023-00041-01

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por ende, el perjudicado tenía derecho a indemnización, salvo que hubiera actuado con dolo o culpa grave. Los demás supuestos (distintos a los descritos en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991) debían ser analizados bajo el régimen subjetivo de la falla del servicio.

42. Posteriormente, en sentenc ia de unificación del 17 de octubre de 2013 18, la Sección Tercera del Consejo de Estado aclaró que la privación de la libertad también era injusta cuando la absolución o preclusión se decretaba por aplicación del in

42. Posteriormente, en sentenc ia de unificación del 17 de octubre de 2013 18, la Sección Tercera del Consejo de Estado aclaró que la privación de la libertad también era injusta cuando la absolución o preclusión se decretaba por aplicación del in dubio pro reo . Bajo ese nuevo escenario, se aplicaba un régimen objetivo de responsabilidad cuando la absolución o preclusión se diera por alguno de estos cuatro eventos: el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, la conducta era atípica o en aplicación del in dubio pro reo . En los demás ca sos debía aplicarse un régimen subjetivo.

43. Sin embargo, en julio de 2018 19, la Corte Constitucional abordó, desde una perspectiva constitucional, el tema de la responsabilidad del Estado por privación de libertad y realizó algunas observaciones a la ju risprudencia que, hasta ese momento, sostenía el Consejo de Estado.

44. Señaló que, a pesar de la significativa importancia dentro del Estado Social de Derecho, la libertad podía ser restringida por razones de prevención y persecución de delitos, protección a las víctimas, comparecencia de presuntos infractores a la ley, entre otras razones de interés general, circunstancias que en nada afectaban el principio de presunción de inocencia en materia penal. Agregó que la privación preventiva de la libertad resulta válida a la luz de la Constitución si se respetan los criterios de necesidad y proporcionalidad.

45. Explicó que la mera privación de la libertad y la posterior absolución o preclusión del proceso penal no eran suficientes para asumir la exi stencia de un

criterios de necesidad y proporcionalidad.

45. Explicó que la mera privación de la libertad y la posterior absolución o preclusión del proceso penal no eran suficientes para asumir la exi stencia de un daño antijurídico, pues la restricción de la libertad sí podía resultar válida —y, por ende, jurídica— en términos de la Constitución. A partir de lo anterior, indicó que, en los casos de privación de la libertad, el análisis del daño antijur ídico no puede circunscribirse a la forma de terminación del proceso penal, sino que debe recaer sobre la legalidad, la necesidad y la proporcionalidad de la medida restrictiva de la