TSDJ CTG - Auto 13001310300920250022301 de 2026

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL CARTAGENA

SALA CIVIL –FAMILIA

Magistrado Sustanciador

MARCOS ROMÁN GUÍO FONSECA

Asunto: Apelación de auto

Proceso: Ejecutivo singular

Demandante: Red Medihos S.A.S.

Demandado: Promotora Bocagrande S.A

Rad. Único: 13001310300920250022301

Cartagena de Indias D.T. y C., siete (07) de septiembre de dos mil veintiséis (2026). Se resuelve el recurso de apelación interpuesto por los extremos procesales, contra el auto de 20 de enero pasado, proferido por el JUZGADO NOVENO CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA dentro del proceso de la referencia.

EL AUTO RECURRIDO

1. Mediante el auto apelado, el juzgado de instancia decretó el embargo de las cuentas bancarias de la demandada, solicitado por la ejecutante, pero lo negó respecto d e las otras medidas pedidas por ésta, es decir, los derechos económicos que PROBOCA S.A. tiene en el encargo fiduciario con SERVITRUST GNB SUDAMERIS, así como sobre las sumas que le adeudan COOSALUD EPS, el DADIS y laAsunto: Apelación de Auto

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Secretaría de Salud Dep artamental de Bolívar , al considerar que corresponden a recursos del Sistema General de Participaciones y de Seguridad Social en Salud , los que son, por regla general,

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Secretaría de Salud Dep artamental de Bolívar , al considerar que corresponden a recursos del Sistema General de Participaciones y de Seguridad Social en Salud , los que son, por regla general, inembargables (art. 594-1 CGP; art. 25 Ley 1751/2015); y aun cuando las sentencias C -1154/2008 y C -543/2013 de la Corte Constitucional establecen algunas excepciones , entre ellas cuando corresponde a obligaciones cuya fuente sea una actividad destinada a salud, el crédito en recaudo no califica como tal, pues aunque corresponde a insumos y bienes de naturaleza médica, PROBOCA S.A. no obra como EPS, ARL o entidad responsable del pago dentro del sistema, sino como simple compradora privada de insumos frente a un proveedor , también privado, además de que no obra prueba sumaria de que el suministr o estuviera destinado a afiliados del sistema (STC1647-2024, CSJ).

Inscrito el embargo del establecimiento "Nuevo Hospital Bocagrande" ante la Cámara de Comercio, mediante el mismo auto se designó secuestre y se comisionó al alcalde de Cartagena para la diligencia respectiva.

2. Contra dicha decisión, los extremos procesales presentaron recurso de reposición y, en subsidio, apelación , siendo resuelto el primero mediante auto de 15 de julio de los corrientes, manteniendo la decisión en cuanto negó las medidas cautelares sobre los derechos y recursos a que se refiere la petición de la ejecutante, reiterando que la prestación de servicios de salud y el suministro de medicamentos o insumos hospitalarios, no son actividades equivalentes, pues al paso

la decisión en cuanto negó las medidas cautelares sobre los derechos y recursos a que se refiere la petición de la ejecutante, reiterando que la prestación de servicios de salud y el suministro de medicamentos o insumos hospitalarios, no son actividades equivalentes, pues al paso que la primera es privativa de las instituciones prestadoras de servicios de salud, el suministro de bienes e insumos es una actividadAsunto: Apelación de Auto

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comercial de apoyo jurídicamente distinta , luego no se configura la excepción jurisprudencial invoc ada, que hace embargables dichos recursos. Así, mantuvo la negativa contenida en el numeral 4° del proveído apelado y concedió el recurso de apelación, a l ser apelable conforme al numeral 8° del artículo 321 del CGP, en el efecto devolutivo.

LA APELACIÓN

La recurrente concreta sus reparos en los siguientes términos: i) el despacho se equivocó al no hacer distinción entre los recursos de PROBOCA como parafiscales inembargables, cuando esta sociedad figura ante la ADRES como IPS en estado "habilitada", condición que incide directamente en el régimen de embargabilidad aplicable a lo que recibe por prestación de servicios de salud; ii) se configura la excepción reconocida por la Corte Constitucional (C1154/2008, C-543/2013, C-313/2014) porque la inembargabilidad a que se refiere la jurisprudencia cede cuando la obligación ejecutada tiene como causa la prestación misma del servicio de salud, como

1154/2008, C-543/2013, C-313/2014) porque la inembargabilidad a que se refiere la jurisprudencia cede cuando la obligación ejecutada tiene como causa la prestación misma del servicio de salud, como ocurre aquí, donde el título ejecutivo son facturas de RED-MEDIHOS a PROBOCA por servicios prestados; iii) el juzgad o desconoció que el artículo 594 del CGP no impone una prohibición absoluta sobre la embargabilidad, sino un procedimiento para invocar el fundamento legal de la excepción, lo que no hizo el auto recurrido, que negó el embargo sin analizar la procedencia de las excepciones planteadas; iv) el Tribunal, en casos análogos —Equipos Médicos Hospitalarios contra el Hospital Local San Pablo y Gestión Salud contra Cajacopi EPS—, decretó el embargo de sumas adeudadas por entidades territoriales a un prestador de salud; v) la medida solicitada no recaeAsunto: Apelación de Auto

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sobre las cotizaciones de los afiliados al SGSSS, porque se sabe que conforme a la sentencia T -053/2022, son inembargables , sin excepción.

CONSIDERACIONES

1. Las medidas cautelares se erigen dentro del ordenamiento constitucional, como el mecanismo apropiado para garantizar un verdadero derecho de acceso a la justicia -Art. 228 C.N.-, buscando en grado sumo la tutela jurisdiccional efectiva del derecho prevista en el artículo 2º del Código General del Proceso.

verdadero derecho de acceso a la justicia -Art. 228 C.N.-, buscando en grado sumo la tutela jurisdiccional efectiva del derecho prevista en el artículo 2º del Código General del Proceso.

De la misma manera, los artículos 2488 y 2492 del Código Civil, precisan que toda obligación personal, le confiere al acreedor el derecho de perseguir los bienes de su deudor, con el propósito salvaguardar su crédito y no hacer nugatoria la obligación, siendo el embargo y secuestro una de esas medidas.

No obstante, algunas de las medidas cautelares presentan restricción constitucional y legal. Es así como el artículo 63 de la Constitución Política consagra el principio de inembargabilidad de los recursos públicos, desarrollado particularmente en el artíc ulo 594 de Código General del Proceso, que enlista aquellos bienes que por su naturaleza son inembargables, en contrándose dentro de ellos los bienes de uso público y los destinados a un servicio público.

En términos precisos, en materia de salud, el art ículo 25 de la Ley 1751 de 2015 señaló que “los recursos públicos que financian la salud son inembargables, tienen destinación específica y no podrán ser dirigidos a fines diferentes a los previstos constitucional y legalmente” ; norma sometida aAsunto: Apelación de Auto

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control previo de constitucionalidad mediante sentencia C-313 de 2014;

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control previo de constitucionalidad mediante sentencia C-313 de 2014; en ese mismo sentido, el artículo 2.6.4.1.4. del Decreto 780 de 2016, adicionado al Decreto 2265 de 2017 por el apartado 2º , refiere de igual forma la inembargabilidad de los recursos de la ADRES , y el artículo 21 del Decreto No. 028 de 2008 que determina los servicios que se cubren con recursos del Sistema General de Participaciones, como la salud, se tornan inembargables, con el fin de evitar situaciones que afecten la calidad y cobertura de est os servicios esenciales, derivadas de decisiones judiciales de embargo.

A la par de este marco normativo, la jurisprudencia de las Altas Cortes ha venido recabando que los recursos que pertenecen al Sistema General de Participaciones son por regla genera l inembargables, dada la necesidad de preservar, defender y proteger los recursos financieros que se requieren para cubrir las necesidades esenciales de la población1.

Conforme a dicho principio, se propende por una adecuada provisión, manejo y administración de los fondos básicos para la salvaguarda de derechos fundamentales y en general para el cumplimiento de los fines del Estado, razones de más, esgrimidas por las Cortes para legitimar la inembargabilidad de los recursos del Sistema General de Participaciones destinados de manera específica para la salud.

1 La línea jurisprudencial sobre el tema se encuentra en las sentencias de la Corte Constitucional

las Cortes para legitimar la inembargabilidad de los recursos del Sistema General de Participaciones destinados de manera específica para la salud.

1 La línea jurisprudencial sobre el tema se encuentra en las sentencias de la Corte Constitucional C-546 de 1992, C-013, C-017, C-107, C-337, C-555 de 1993, C-103 y C-263 de 1994, C-354 y C402 de 1997, T -531 de 1999, C -427 de 2002, T -539 de 2002, C -793 de 2002, C -566, C-871 y C1064 de 2003, C-192 de 2005, C-1154 de 2008, C-539 de 2010. C-543 de 2013 y C -313 de 2014, entre otras . Así lo reitera la Corte Suprema de Justicia, en tre muchas otras en sentencias STC14198-2019, STC2705-2019, STC15986-2019, STC245-2020, STC263-2020, STC2508-2020, STC1479-2020, STL6430-2018, STL3466-2018, STL7686-2019, STL1942-2020.Asunto: Apelación de Auto

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2. Del mismo modo, la jurisprudencia ha referido que el principio de inembargabilidad sobre estos recursos no aplica de manera absoluta, debido a que existirán casos puntuales que ameritan su aplicación, en aras de evitar poner en riesgo principios, valores y derechos constitucionales de carácter particular. Así, en sentencia Cde inembargabilidad sobre estos recursos no aplica de manera absoluta, debido a que existirán casos puntuales que ameritan su aplicación, en aras de evitar poner en riesgo principios, valores y derechos constitucionales de carácter particular. Así, en sentencia C543 de 2013 precisó como excepciones:

“(i) [La] satisfacción de créditos u obligaciones de origen laboral con el fin de hacer efectivo el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas2 (…)”. “(ii) [El] pago de sentencias judiciales para garantizar la seguridad jurídica y la realización de los derechos en ellas contenidos3 (…)”. “(iii) [La extinción de] títulos emanados del Estado que reconocen una obligación clara, expresa y exigible4 (…)”. “(iv) Las anteriores excepciones son aplicables respecto de los recursos del SGP, siempre y cuando las obligaciones reclamadas tuvieran como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados dichos recursos (educación, salud, agua potable y saneamiento básico) 5 (…)” (subraya fuera de texto).

Conforme a esa línea jurisprudencial establecida por la Corte Constitucional, en especial, en las sentencias C-354 de 1997, C-402 de 1997, C-566 de 2003, C-793 de 2002, C-1154 de 2008, C-543 de 2014, se prohijaron excepciones puntuales a la regla general de inembargabilidad, en concreto, para satisfacer acreencias laborales, el pago de sentencias judiciales o títulos eman ados del estado, admitiendo una cuarta categoría, cuando el coercitivo se sustenta en el

2 Corte Constitucional. Sentencia C-546 de 1992

pago de sentencias judiciales o títulos eman ados del estado, admitiendo una cuarta categoría, cuando el coercitivo se sustenta en el

2 Corte Constitucional. Sentencia C-546 de 1992 3 Corte Constitucional. Sentencia C-354 de 1997. “Precisó que tratándose de los créditos a cargo del Estado, bien sean que consten en sentencias o en otros títulos legalmente válidos, deben ser pagados mediante el procedimiento que indica la norma acusada [artículo 19 del Decret o 111 de 1996] y que transcurridos 18 meses después de que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecución, con embargo de recursos del presupuesto -en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de títulos - y sobre los bienes de las entidades u órganos respectivos (…)”. 4 Corte Constitucional. Sentencia C -103 de 1994 “(…) [S]e estableció una segunda excepción a la inembargabilidad del Presupuesto General de la Nación, así: para hacer efectiva una obligación que conste en un acto administrativo que preste mérito ejecutivo, esto es, que sea expresa, clara y exigible, procederá la ejecución después de los diez y ocho (18) meses (…)”. 5 Corte Constitucional. Sentencia C-793 de 2002Asunto: Apelación de Auto

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incumplimiento de obligaciones derivadas de la prestación del servicio público respectivo6.

Luego, esta cuarta excepción admite la posibilidad de embargar recursos provenientes del Sistema General en Participación

incumplimiento de obligaciones derivadas de la prestación del servicio público respectivo6.

Luego, esta cuarta excepción admite la posibilidad de embargar recursos provenientes del Sistema General en Participación direccionados a cumplir un fin específico –salud-, sea prestado por entidad pública o privada, cuando la obligación surge de la prestación de un servicio de esa naturaleza7.

En la mayoría de los casos abordados por la Corte Suprema de Justicia, tanto en la Sala Civil como Laboral, se trata de acciones de tutela promovidas por entidades particulares en donde el tema central es precisamente la inembargabilidad de dichos recursos, concluyendo, que la medida se torna procedente, siempre y cuando las obligaciones reclamadas tuvieren como fuente la actividad a la cual estaban destinados los recursos.

Así, en la tutela promovida por Clínica Materno Infantil San Luis S.A. de Bucaramanga, conforme al ejecutivo se guido contra SALUD VIDA EPS, la Corte afirmó:

“A la luz de las anteriores elucubraciones, es clara la vía de hecho contenida en la providencia cuestionada, por cuanto el tribunal estimó la inexistencia de excepciones al principio de inembargabilidad de los dineros con destinación específica o derivados del SGP. Así, omitió, particularmente, la exclusión referente a la posibilidad de sufragar obligaciones con dinero del Estado, consignadas en sentencias y títulos ejecutivos, cuando éstos tienen “(…) como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados dichos recursos (educación, salud, agua potable y saneamiento básico) (…)”. La alzada incoada contra las medidas dispuestas por el a quo, esto

actividades a las cuales estaban destinados dichos recursos (educación, salud, agua potable y saneamiento básico) (…)”. La alzada incoada contra las medidas dispuestas por el a quo, esto es, la retención sobre los dineros que la Admin istradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -ADRESStenga “(…)

6 STC STC3118-2020 7 STC 3842-2021Asunto: Apelación de Auto

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pendientes por pagar a favor de la sociedad demandada Saludvida E.P.S. (…)”, imponía surtir un estudio del régimen de excepciones atrás analizado, para establecer si los títulos base del recaudo que, incluso, ya fueron definidos como una obligación a cargo de la deudora, mediante sentencia, tienen “(…) como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados dichos recursos (educación, salud, agua potable y saneamiento básico) (…)”, lo cual permitiría mantener las cautelas reseñadas (STC14198-2019)8

3. En el caso particular, se debate si la obligación ejecutada se enmarca en alguna de esas excepciones, como presupuesto para activar medidas cautelares aun sobre aquellos bienes o recursos inembargables.

Y la respuesta es clara, las facturas que sustentan la ejecución provienen del suministro de insumos hospitalarios a la ejecutada, que es una entidad que presta servicios de salud, pues, PROBOCA S.A. opera el Nuevo hospital Bocagrande, lo que indica que las obligaciones

provienen del suministro de insumos hospitalarios a la ejecutada, que es una entidad que presta servicios de salud, pues, PROBOCA S.A. opera el Nuevo hospital Bocagrande, lo que indica que las obligaciones vertidas en las facturas guardan una relación directa con la prestación del servicio de salud.

Y es lógico entenderlo de ese modo , debido a que la entidad ejecutada no ti ene como objeto social la comercialización de los productos relacionados en las facturas, sino que, constituyen los insumos necesarios para desarrollar su labor misional. Dice su objeto social (fl. 91 C1):

“La sociedad tendrá como objeto principal las sig uientes actividades: Operación, Administración, Comercialización, Explotación y Prestación de todos los Servicios Integrales de Salud. En desarrollo del mismo podrá la sociedad ejecutar todos los actos o contratos que fueren convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social y que tengan relación directa con el objeto mencionado, tales como: construir y/o

8 En esos mismos términos se pronunció en las sentencias STC2705-1999, STC15986 de 1999, STC2508-2020, STC1479-2020, STC38422021, STC4663-2021, entre otras.Asunto: Apelación de Auto

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administrar Centros de Diagnóstico, de Servicios Médicos Integrales Generales y Especializados, Clínicos y Quirúrgicos, de Laborator io, de Apoyo Terapéutico y de Diagnóstico, de Promoción de la Salud y

administrar Centros de Diagnóstico, de Servicios Médicos Integrales Generales y Especializados, Clínicos y Quirúrgicos, de Laborator io, de Apoyo Terapéutico y de Diagnóstico, de Promoción de la Salud y Prevención de la enfermedad, Comprar, vender, distribuir, todos los instrumentos, elementos y medicamentos médico quirúrgicos y de laboratorio, así como prestar todo tipo de servicios de salud y atención Clínica y Hospitalaria. Para tal efecto podrá fundar, construir, alquilar, administrar, adquirir, enajenar Centros o Unidades Médicas, Clínicas, Laboratorios, Hospitales, pudiendo para el montaje (…)”

En verdad, no es posible desconocer que la obligación vertida en las facturas se contrajo, precisamente, para atender el servicio de salud prestado para la ejecutada, luego, el embargo sería procedente dentro del marco de las excepciones prevista por la Jurisprudencia referida en líneas precedentes.

4. Y es que la profusa jurisprudencia ha referido que, si bien los recursos del Sistema General de Participaciones destinados de manera específica para la salud no pueden ser, en principio, objeto de medidas cautelares; lo cierto es que también ha especificado que de presentarse cualquiera de las excepciones jurisprudenciales, es preciso efectuar su análisis para establecer la viabili dad de cautelar tales rubros, siendo para el caso plenamente aplicable la cuarta excepción establecida por la juri sprudencia, la que precisa que cuando las obligaciones reclamadas tuvieran como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados los recursos del Sistema General de Participación, es procedente la medida.

la juri sprudencia, la que precisa que cuando las obligaciones reclamadas tuvieran como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados los recursos del Sistema General de Participación, es procedente la medida.

A vuelta de ser reiterativo, es menester recordar que en sentencia C-1154 de 2008 la Corte precisó:

“En las providencias referidas, esta Corporación aclaró que las reglas de excepción al principio de inembargabilidad del Presupuesto eran aplicables respecto de los recursos del SGP, sie mpre y cuando las obligacionesAsunto: Apelación de Auto

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reclamadas tuvieran como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados los recursos del SGP (educación, salud, agua potable y saneamiento básico). Al respecto, en la Sentencia C-793 de 2002, MP. Jaime Córdoba Triviño, se analizó el artículo 18 de la Ley 715 de 2001, relativo a la inembargabilidad de los recursos del SGP destinados a la educación. La Corte declaró la constitucionalidad de dicha norma, pero la condicionó precisando que si bien era válida la re gla general de inembargabilidad, también debía proceder el embargo en casos excepcionales.”

Y más adelante agregó:

“Siguiendo esta línea, en la Sentencia C-566 de 2003, MP. Álvaro Tafur Gálvis, la Corte declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 91 de la Ley 715 de 2001, según el cual los recursos del SGP no harían unidad de

Gálvis, la Corte declaró la constitucionalidad condicionada del artículo 91 de la Ley 715 de 2001, según el cual los recursos del SGP no harían unidad de caja con los demás recursos del presupuesto y serían inembargables [53]. La Corte insistió en que la regla general es la inembargabilidad, pero de nuevo aceptó el embargo excepcional para garantizar obligaciones derivadas de actividades relacionadas con la destinación de los recursos del SGP (salud, educación, saneamien to básico y agua potable). No obstante, excluyó tal condición para el embargo de recursos de propósito general.” Por su parte, en sentencia STC3797 de 2018 la Corte Suprema recordó:

Una de dichas excepciones es la concerniente con «la viabilidad de disponer la retención de esos valores cuando el recaudo ejecutivo “(…) tiene como fuente alguna de las actividades a la cual están destinados los recursos del SGP (…)” [Corte Constitucional. Sentencia C-566 de 2003]»

En virtud de dichas excepciones, resulta jurídicamente aceptable que bienes o recursos de la ejecutada puedan ser objeto de embargo, siempre que la finalidad de la medida cautelar sea asegurar el cumplimiento de obligaciones derivadas del sistema de seguridad social. Así, se permite que l a protección de derechos fundamentales, como el acceso y la prestación de servicios de salud, prevalezca sobre la regla general de inembargabilidad, siempre y cuando la obligación reclamada tenga como origen actividades directamente vinculadas a la destinación de dichos recursos.Asunto: Apelación de Auto

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destinación de dichos recursos.Asunto: Apelación de Auto

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5. Ahora, en un pronunciamiento más reciente, la Corte Constitucional en sentencia T-053 de 2022 señaló que los dineros depositados por el Estado a las EPS bajo la figura de cuenta maestra de recaudo son inembargables, por cuanto son dineros de los aportes a la seguridad social en salud, ya que es utilizada exclusivamente para el recaudo de cotizaciones del régimen contributivo del SGSSS, al respecto esto dijo el Alto Tribunal: “En concordancia con lo anterior, el Decreto 2265 de 2017 –mediante el cual se establecen las condiciones generales para la operación de la ADRES y se fijan los parámetros para la administración de los recursos del SGSSS y su flujo– en su artículo 2.6.4.1.4. dispone que se hallan amparados por el principio de inembargabilidad los recursos públicos que financian la salud administrados por la citada entidad, incluidos los de las cuentas maestras de recaudo del régimen contributivo, así como los destinados al cumplimiento de su objeto, a la luz del artículo 25 de la Ley 1751 de 2015; en su artículo 2.6.4.1.5. alude a la destinación de los recursos de la seguridad social en salud precisando que son de naturaleza fiscal y parafiscal y por lo tanto no pueden ser objeto de ningún gravamen; al tiempo que en su artículo 2.6.4.2.1.2. contempla que el recaudo de las cotizaciones al SGSSS se hará

salud precisando que son de naturaleza fiscal y parafiscal y por lo tanto no pueden ser objeto de ningún gravamen; al tiempo que en su artículo 2.6.4.2.1.2. contempla que el recaudo de las cotizaciones al SGSSS se hará a través de la cuenta maestra registrada por las EPS ante la ADRES, cuenta que debe ser utilizada exclusivamente para el recaudo de cotizaciones del régimen contributivo del SGSSS y será independiente de aquellas en las que las EPS manejen los demás recursos.”

Y, si ninguna de las medidas se relaciona con las cuentas maestras de la demandada, no tendría cabida la excepción de la excepción. En todo caso, para evitar cualquier confusión, la medida se debe decretar con la salvedad que no se puede tratar de cuenta maestra de la ejecutada ante el ADRES. En mérito de lo expuesto, se RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR el numeral 4 ° del auto calendado el 20 de enero del corriente a ño, proferido por el JUZGADO SEXTO CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA , en cuanto neg ó las medidasAsunto: Apelación de Auto

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cautelares solicitadas por la ejecutante sobre los derechos económicos que la demandada, PROBOCA S.A., tiene en el encargo fiduciario con Servitrust GNB Sudameris, y sobre las sumas que le adeudan Coosalud EPS, el DADIS y la Secretar ía de Salud Departamental de Bolívar, teniendo en cuenta las razones expresadas en esta decisión.

fiduciario con Servitrust GNB Sudameris, y sobre las sumas que le adeudan Coosalud EPS, el DADIS y la Secretar ía de Salud Departamental de Bolívar, teniendo en cuenta las razones expresadas en esta decisión.

SEGUNDO: DECRETAR el embargo de los derechos económicos que la demandada, PROBOCA S.A., tiene en el encargo fiduciario con Servitrust GNB Sudameris, así como el de las sumas que le adeudan Coosalud EPS, el DADIS y la Secretar ía de Salud Departamental de Bolívar, con la salvedad anotada en la parte motiva de la decisión. Por la secretaría del a-quo líbrense las comunicaciones correspondientes.

TERCERO: Sin costas, por haber prosperado el recurso.

CUARTO: DEVOLVER oportunamente el expediente digital al Juzgado de origen, previa anotaci ón en el aplicativo Justicia XXITYBA.

QUINTO: NOTIFÍQUESE esta pro videncia por estado. Contra esta providencia no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase,

Firmado Por:

Marcos Roman Guio Fonseca Magistrado Tribunal O Consejo Seccional Sala 003 Civil Familia Tribunal Superior De Cartagena - Bolivar

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12Asunto: Apelación de Auto

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