TSDJ CTG - Sentencia 47001312100220160007201 de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE CARTAGENA

CIVIL ESPECIALIZADA EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS

SALA 001 DE DESCONGESTIÓN

Cartagena de Indias D. T. y C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

PROCESO: Formalización y Restitución de Tierras Despojadas o Abandonadas Forzosamente SOLICITANTE: Dairo Roberto Fandiño Gámez, Ed uin Gutiérrez Gutiérrez Robinson Augusto Álvarez Gutiérrez, Manuel Basilio Vargas Vargas, Temilda Rosa Cervantes Ternera PREDIOS: El Playón o Julepe (FMI 228-8178), Mientras Tanto (FMI 228-3651), FMI 228-243.

OPOSITOR: Banco Agrario de Colombia S.A., Alexander Nieva Acosta, Linda Luz Nieva Acosta y

Jorge Yin Lafaurie Andrade y otros.

RADICADO 47001312100220160007201

Aprobación Aprobado por Acta No. 141 del 27 de octubre de 2025

1. OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

Procede la Sala a dictar sentencia, de conformidad con el procedimiento especial previsto en el Capítulo IV de la Ley 1448 de 2011, respecto de las solicitudes de restitución y formalización de tierras promovidas por los señores Dairo Roberto Fandiño Gámez y Eduin Gutiérrez Gutiérrez, en relación con el predio denominado El Playón o Julepe (FMI 228 -8178); Robinson Augusto Álvarez Gutiérrez, sobre el predio Mientras Tanto (FMI 228-3651); Manuel Basilio Vargas Vargas , respecto del

El Playón o Julepe (FMI 228 -8178); Robinson Augusto Álvarez Gutiérrez, sobre el predio Mientras Tanto (FMI 228-3651); Manuel Basilio Vargas Vargas , respecto del predio Playón del Loro (FMI 228-243 y 228-8178); y Temilda Rosa Cervantes Ternera, frente al predio La Fe (FMI 228-8178).

Estas reclamaciones fueron presentadas por intermedio de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas – UAEGRTD–, y en su momento fueron instruidas por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta.

1. ANTECEDENTES

1.1. Síntesis de la solicitud de Dairo Roberto Fandiño Gámez

El señor Dairo Roberto Fandiño Gámez relató que ingresó al predio denominado El Playón o Julepe hacia el año de 1986, tratándose de un terreno baldío ubicado en el corregimiento de Guáimaro, municipio de Salamina, al que arribó junto con su padre y un grupo de campesinos provenientes del corregimiento El Carmen del Magdalena (Pivijay). Inicialmente ocupó el fundo en calidad de colono, hasta que en 1996 adquirió una hectárea de tierra al señor Alejandro García por un valor de $1.800.000, con recursos obtenidos de la venta de las cosechas familiares.Radicado No. 47001312100220160007200

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Indicó que el inmueble era destinado a labores agrícolas, principalmente siembra de yuca, maíz, tomate, fríjol, ají y melón, actividad que desarrollaba de

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Indicó que el inmueble era destinado a labores agrícolas, principalmente siembra de yuca, maíz, tomate, fríjol, ají y melón, actividad que desarrollaba de manera cotidiana mientras residía en El Carmen del Magdalena. Sin embargo, a partir de junio de 1997 la región comenzó a padecer graves hechos de violencia atribuibles a grupos armados ilegales, quienes ejecutaron asesinatos selectivos de campesinos, desapariciones forzadas y otras conductas intimidatorias que alteraron de manera definitiva la vida comunitaria.

Señaló que, en particular, el 20 de mayo de 2000 los paramilitares ordenaron el desplazamiento forzado de todo el corregimiento de Guáimaro, hecho que lo obligó a abandonar el predio junto con su núcleo familiar. Posteriormente, el 17 de febrero de 2002 fue objeto de agresiones físicas y de una amenaza directa de muerte, lo que lo llevó a desplazarse hacia Buturama (Aguachica, Cesar), permaneciendo allí hasta 2005.

De regreso a El Carmen, encontró su vivienda ocupada por paramilitares y el predio bajo control de terceros. Manifestó que, ante la precariedad económica derivada del desplazamiento, su padre vendió el terreno al señor Edilberto Bolaños, terrateniente de l a zona, por el mismo valor que había pagado ($1.800.000). Desde entonces, el señor Bolaños se ha mantenido en la explotación del predio.

Refirió además que los años de violencia y abandono ocasionaron la pérdida de su vivienda y cultivos, incluso con afectaciones posteriores derivadas de

entonces, el señor Bolaños se ha mantenido en la explotación del predio.

Refirió además que los años de violencia y abandono ocasionaron la pérdida de su vivienda y cultivos, incluso con afectaciones posteriores derivadas de inundaciones en 2007 y 2008. En la actualidad se dedica a oficios varios en el casco urbano, señalando q ue la parcela, al momento del abandono, se encontraba inundada e inhabitable.

1.2. Síntesis de solicitud de Eduin Gutiérrez Gutiérrez

El señor Gutiérrez Gutiérrez expuso que ingresó al predio denominado El Playón o Julepe en el año 1990, tras adquirir media hectárea de tierra al señor Juan Pedroza por un valor de $700.000. Desde entonces, residió en el corregimiento El Carmen de Magdalena junto con su esposa e hijos, dedicándose a labores agrícolas de subsistencia en el terreno adquirido.

Refirió que hacia 1999 su parcela resultó gravemente afectada por el desbordamiento del río Magdalena, lo cual ocasionó la pérdida de sus cultivos y lo obligó a suspender la explotación durante aproximadamente un año, debido a que las tierras quedaron totalmente anegadas e inhabitables.

Posteriormente, en el año 2000, el accionar violento de los grupos armados ilegales que operaban en la zona desencadenó el desplazamiento forzado de su familia. Recordó de manera particular la desaparición de cinco jóvenes y un adulto —Gil Álvarez, Juan Ca rlos Pertuz, “El Monito” Sierra, Walmer Álvarez, Nazcario Álvarez y el hijo de Miladys Camacho —, hechos que sembraron el terror en la

—Gil Álvarez, Juan Ca rlos Pertuz, “El Monito” Sierra, Walmer Álvarez, Nazcario Álvarez y el hijo de Miladys Camacho —, hechos que sembraron el terror en la comunidad y precipitaron su salida del territorio.

Indicó que tras el desplazamiento se trasladó a la Guajira, donde debió dedicarse a la albañilería para sostener a su familia. Aclaró que nunca celebróRadicado No. 47001312100220160007200

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negocio jurídico alguno respecto del predio, el cual permanece bajo ocupación de terceros, y que su pretensión actual es recuperar el goce material y jurídico del mismo.

1.3. Síntesis solicitud de Robinson Augusto Álvarez Gutiérrez

El señor Robinson Augusto Álvarez Gutiérrez indicó que ingresó al inmueble en el año 1993 junto con su padre, quien adquirió dos hectáreas al señor Cristóbal Gómez y otras dos al señor Luis Gutiérrez, por un valor total de $2.000.000. El predio fue destinado a cultivos de pancoger, especialmente yuca, maíz, melón, guayaba y ají, actividades que desarrollaba su padre con el apoyo de la familia, residenciada en el corregimiento El Carmen del Magdalena. Relató que, en un primer momento, la presencia de grupos guerrilleros en la zona generó zozobra, al utilizar el lugar como sitio de descanso y abastecimiento; posteriormente, el ingreso de grupos paramilitares agravó la situación, pues comenzaron a asesinar a los campesinos que hubiesen colaborado con la insurgencia.

Señaló que, por estar el predio ubicado en la entrada al caserío de Playón, su

paramilitares agravó la situación, pues comenzaron a asesinar a los campesinos que hubiesen colaborado con la insurgencia.

Señaló que, por estar el predio ubicado en la entrada al caserío de Playón, su familia quedó particularmente expuesta a la presión de los actores armados, lo que llevó a su padre a abandonar el inmueble y trasladarse a Venezuela hacia el año 2003, mientras su madre permaneció en el corregimiento de Paraco. Indicó que el terreno quedó abandonado y posteriormente fue afectado por inundaciones, lo que dificultó aún más la posibilidad de retorno.

Aclaró que su padre nunca celebró negocio jurídico alguno respecto del predio y que, tras un prolongado periodo de abandono, en el año 2005 regresó al inmueble, encontrándose desde entonces dedicado a su explotación.

1.4. Síntesis de la solicitud de Manuel Basilio Vargas Vargas

Manifestó que ingresó al predio denominado Playón del Loro en el año de 1985, con el apoyo del Sindicato de Agricultores de Guáimaro, dado que se trataba de terrenos baldíos sobre los cuales el INCORA adelantó el procedimiento de deslinde y delimitación. En ese contexto, le fue asignado un frente de trabajo que d estinó al cultivo de yuca, maíz, ají, ajonjolí y arroz, así como a la cría de animales. Aunque no residía en el predio, vivía en Guáimaro junto con su compañera permanente Inés María Torres y sus hij os, desde donde se desplazaba diariamente para atender la explotación agrícola. Sin embargo, en 1999 el desbordamiento del río Magdalena

María Torres y sus hij os, desde donde se desplazaba diariamente para atender la explotación agrícola. Sin embargo, en 1999 el desbordamiento del río Magdalena produjo una inundación que arrasó con sus cultivos, lo que obligó a abandonar temporalmente el terreno durante un año. Posteriormente, el recrudecimiento de la violencia en la zona, con asesinatos selectivos y la desaparición forzada de campesinos, derivó en el desplazamiento masivo del corregimiento de Guáimaro el 20 de mayo de 2000, cuando los grupos paramilitares ordena ron el abandono del caserío en un plazo de 24 horas. Indicó además que en 2002 fue asesinado el campesino Nicolás Pabón Bonet, hecho que lo llevó a trasladarse a Ponedera (Atlántico), donde permaneció bajo condiciones precarias en compañía de su hermana.

El solicitante refirió que nunca celebró negocio jurídico alguno sobre elRadicado No. 47001312100220160007200

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inmueble. Indicó que hacia el año 2004 retomó la explotación del terreno, el cual se encuentra bajo su administración y posesión material hasta la fecha.

1.5. Síntesis de solicitud Temilda Rosa Cervantes Ternera

La señora Cervantes Ternera refirió que contrajo matrimonio en 1975 con el señor Antonio Pacheco Pasión, vínculo a partir del cual conformaron su núcleo familiar en el corregimiento de Guáimaro, municipio de Salamina, departamento del Magdalena. Según las declaraciones allegadas al trámite administrativo, en el año

señor Antonio Pacheco Pasión, vínculo a partir del cual conformaron su núcleo familiar en el corregimiento de Guáimaro, municipio de Salamina, departamento del Magdalena. Según las declaraciones allegadas al trámite administrativo, en el año 1985 el señor Pacheco Pasión ingresó al terreno junto con su pariente Joaquín Pasión Gutiérrez, ocupando un área aproximada de cuatro hectáreas, dedicadas principalmente a labores de agricultura, con cultivos de yuca, maíz, guayaba, guineo, ajonjolí y arroz.

La situación de violencia en la región afectó de manera directa a los solicitantes. Para 1997 y 1998, miembros de grupos paramilitares perpetraron homicidios y desapariciones forzadas de varios habitantes, además de imponer medidas de control territorial q ue incluyeron el corte de cercas para facilitar su acceso a los predios. El 20 de mayo del año 2000 se produjo un desplazamiento masivo de la población del corregimiento de Guáimaro, lo cual obligó a la familia Pacheco Cervantes a abandonar forzosamente su inmueble y trasladarse al municipio de Ponedera (Atlántico). Si bien el señor Antonio Pacheco intentó retornar meses después, las amenazas y homicidios selectivos —entre ellos el de Nicolás Pabón, ocurrido en su parcela — le impidieron consolidar nuevament e la permanencia en el predio.

En 2007, el señor Pacheco retomó labores agrícolas en el inmueble; no obstante, las crecientes del río entre 2007 y 2008 destruyeron los predios de la zona,

permanencia en el predio.

En 2007, el señor Pacheco retomó labores agrícolas en el inmueble; no obstante, las crecientes del río entre 2007 y 2008 destruyeron los predios de la zona, lo que derivó en un nuevo desplazamiento. Solo en el año 2012 la familia retornó y reanudó la explo tación del terreno, esta vez mediante la cría de semovientes. Posteriormente, el 5 de octubre de 2019, Antonio Pacheco Pasión falleció en el municipio de Pivijay (Magdalena).

2. Síntesis de las pretensiones

En primer lugar, los solicitantes piden que se declare su condición de titulares del derecho fundamental a la restitución de tierras, con ocasión de los hechos de despojo y abandono forzado sufridos en el corregimiento de Guáimaro, municipio de Salamina, departamento del Magdalena. En ese marco , reclaman la restitución jurídica y material de los predios denominados El Playón o Julepe (FMI 228-8178), Mientras Tanto (FMI 228-3651), Playón del Loro (FMI 228-243 y 228-8178) y La Fe (FMI 228-8178), a favor de los señores Dairo Roberto Fandiño Gámez, Edwin Gutiérrez Gutiérrez, Robinson Augusto Álvarez Gutiérrez, Manuel Basilio Vargas Vargas y Temilda Rosa Cervantes Ternera, junto con sus núcleos familiares, en los términos de los artículos 3, 74, 75, 82 y 91 de la Ley 1448 de 2011.

En desarrollo de esa pretensión, se solicita ordenar a la Agencia Nacional de

de los artículos 3, 74, 75, 82 y 91 de la Ley 1448 de 2011.

En desarrollo de esa pretensión, se solicita ordenar a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) la adjudicación y formalización de los mencionados inmuebles, expidiendo las resoluciones correspondientes y remitiéndolas de inmediato a laRadicado No. 47001312100220160007200

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Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Sitionuevo para su inscripción, con aplicación del principio de gratuidad registral. Asimismo, se requiere la cancelación de todo antecedente registral contrario al derecho de restitución —gravámenes, limitaciones de dominio, títulos de falsa tradición, arrendamientos y medidas posteriores al abandono —, así como la actualización de los folios de matrícula en cuanto a área, linderos y titulares . También se demanda que se oficie al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para que, con fundamento en la actualización registral, adelante las actuaciones catastrales necesarias, de manera que se restituya plenamente la seguridad jurídica de los predios.

De manera subsidiaria, deprecan que, en caso de no ser posible la restitución material de alguno de los inmuebles, se ordene la restitución por equivalencia, o en su defecto la compensación económica, conforme a lo previsto en el artículo 72 de la Ley 1448 de 2011 y en los decretos reglamentarios aplicables. En concordancia, piden que se disponga la entrega material de los bienes cuya restitución resultare imposible al Fondo de la Unidad de Restitución de Tierras, para su administración

Ley 1448 de 2011 y en los decretos reglamentarios aplicables. En concordancia, piden que se disponga la entrega material de los bienes cuya restitución resultare imposible al Fondo de la Unidad de Restitución de Tierras, para su administración y disposición, junto con la práctica de avalúos por el IGAC o por lonjas de propiedad raíz, a efectos de tasar la compensación.

Como pretensiones complementarias, solicitaron disponer medidas de alivio de pasivos relacionados con impuestos prediales, tasas, contribuciones y servicios públicos domiciliarios, causados durante el tiempo de despojo y abandono, así como la condonación de eventuales deudas financieras asociadas a los predios restituidos. De igual modo, solicitan su inclusión en programas de proyectos productivos, con acompañamiento técnico y capacitación por parte de la Unidad de Restitución de Tierras y del Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA–, a fin de garantizar la sostenibilidad económica de los beneficiarios.

Adicionalmente, se pretende que los solicitantes y sus familias sean incorporados en el Registro Único de Víctimas (RUV) y que, a través de la Unidad para las Víctimas, el ICBF, los entes territoriales y el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integra l a las Víctimas, se activen medidas de atención integral en salud, educación, vivienda, acceso a crédito, programas de inclusión laboral y acompañamiento psicosocial. Todo ello bajo un enfoque diferencial, teniendo en cuenta condiciones de edad, género, discapacidad y vulnerabilidad socioeconómica.

3Actuación procesal Mediante el auto de 5 de diciembre de 2016 1, el Juzgado Segundo Civil del

cuenta condiciones de edad, género, discapacidad y vulnerabilidad socioeconómica.

3Actuación procesal Mediante el auto de 5 de diciembre de 2016 1, el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta dispuso la admisión de trece (13) solicitudes de restitución y formalización de tierras, que comprendían diez (10) predios ubicados en el corregimiento de Guáimaro, municipio de Salamina, departamento del Magdalena. En dicho proveído, además de ordenar la inscripción y publicación correspondiente, se decretaron medidas de protección propias del proceso de restitución.

De otro lado, por auto del 27 de agosto de 20212, resolvió acumular la solicitud

1 Consecutivo 5 del Portal de Tierras, expediente 47001312100220160007201 2 Consecutivo 51 del Portal de Tierras, expediente 47001312100220160007201Radicado No. 47001312100220160007200

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de restitución presentada por Temilda Rosa Cervantes Ternera, respecto del predio denominado “La Fe”. Asimismo, se dispuso el emplazamiento de los herederos indeterminados de Antonio Pacheco Pasión y se comisionó la práctica de diligencias ambientales y catastrales.

Posteriormente, mediante auto de 19 de diciembre de 2022 3, acumuló la solicitud presentada por Manuel Basilio Vargas Vargas , en relación con el predio denominado “Playón del Loro” (FMI 228-243 y 228-8178). Mediante proveído de 29 de junio de 2018, el Juzgado instructor dispuso la

solicitud presentada por Manuel Basilio Vargas Vargas , en relación con el predio denominado “Playón del Loro” (FMI 228-243 y 228-8178). Mediante proveído de 29 de junio de 2018, el Juzgado instructor dispuso la remisión de las solicitudes de Víctor Cantillo Pasión (Predio La Esperanza, FMI 228227); Merilza Isabel Paola de la Rosa (Predio La Esperanza, FMI 228 -227), Abelardo Orozco Ternera (Predio La Esperanza, FMI 228 -228), Rut Rada Moreno (Predio La Esperanza, FMI 228 -228) y Holmer Enrique Álvarez Valle (Predio La EsperanzaLas Mercedes, FMI 228-696) al Juzgado Primero Civil del Circuito. Con el contradictorio completamente integrado, mediante auto del 1 de diciembre de 2023, el Juzgado decretó la apertura del periodo probatorio y reactivó la continuidad del proceso primigenio. En este proveído se decretaron y practicaron pruebas documentales, oficios a entidades, testimonios e interrogatorios de parte de los solicitantes. Posteriormente, por auto de 5 de diciembre de 2023, se reprogramaron las pruebas declarativas para el 11 de diciembre de 2023, incluyendo los interrogatorios de los oposit ores representados por curador ad litem , en corrección a un yerro involuntario del auto anterior. Finalmente, por auto de 14 de diciembre de 2023, el Juzgado procedió a cerrar el periodo probatorio. Se constató el cumplimiento de las pruebas decretadas, incluyendo las inspecciones judiciales a los predios "Playón El Loro" y "La Fe" realizadas el 13 de diciembre de 2023, y los

cumplimiento de las pruebas decretadas, incluyendo las inspecciones judiciales a los predios "Playón El Loro" y "La Fe" realizadas el 13 de diciembre de 2023, y los interrogatorios de parte de los solicitantes. Sin embargo, el despacho decidió prescindir de las diligencias declarativas de los opos itores Edilberto Bolaños, Alexander Nieva Acosta, Linda Luz Nieva Acosta y Jorge Yin Lafaurie Andrade, dado que sus representantes ad litem manifestaron no contar con datos de contacto.

Agotada la etapa probatoria, se ordenó la remisión del expediente a la Sala Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena para proferir sentencia, de conformidad con el artículo 79 de la Ley 1448 de 2011.

Mediante proveído de 3 de octubre de 2025, se decretó la ruptura de la unidad procesal de las solicitudes de restitución y formalización de tierras correspondiente a las solicitudes de Germán Fandiño Gómez (predio El Playón, FMI 228 -8171), Manuel José Ternera Ordoñez (predio El Playón, FMI 228-8174), Pedro Manuel de la Rosa Camargo (predio Lote Rural, FMI 228 -8176 y 228 -8177) y Dubys Rosa Montenegro Polo (predio La Calamidad, FMI 228 -8172, en virtud de la incompetencia funcional por la ausencia de oposición reconocida; además, se dispuso la ruptura de la unida d procesal respecto de la solicitud presentada por la señora Nevis Escorcia Charris, vinculada al predio denominado El Perro , identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 228 -4115, en atención a las

señora Nevis Escorcia Charris, vinculada al predio denominado El Perro , identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 228 -4115, en atención a las

3 Consecutivo 92 del Portal de Tierras, expediente 47001312100220160007201Radicado No. 47001312100220160007200

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inconsistencias advertidas sobre la extensión real del predio y la legitimación.

3.2. Oposiciones

3.2.1. Oposición del Banco Agrario

El Banco manifestó que no le constaban los hechos relativos al desplazamiento forzado de los solicitantes, ni la tradición de los bienes reclamados, dado que su interés se centraba en la existencia de una hipoteca abierta en cuantía indeterminada sobre el predio identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 228 -3651 del Círculo Registral de Sitionuevo (municipio de Salamina, Magdalena). correspondiente al inmueble denominado “Mientras Tanto”, objeto de la solicitud elevada por el señor Robinson Augusto Álvarez Gutiérrez . Indicó que l a hipoteca fue constituida por Jorge Luis Orozco Gutiérrez mediante escritura pública No. 42 del 27 de marzo de 2003, de la Notaría Única de Salamina, como garantía de un crédito identificado con el No. 725042400033318, cuyo saldo ascendía a $68.008.200

Por lo anterior, la entidad Bancaria se opuso a las pretensiones en cuanto a la cancelación de gravámenes, limitaciones de dominio y demás anotaciones posteriores al despojo, invocando la naturaleza de la hipoteca como derecho real de

Por lo anterior, la entidad Bancaria se opuso a las pretensiones en cuanto a la cancelación de gravámenes, limitaciones de dominio y demás anotaciones posteriores al despojo, invocando la naturaleza de la hipoteca como derecho real de garantía dotado de los atributos de persecución y preferencia previstos en el artículo 2452 del Código Civil. Sostuvo que, aun en el evento de prosperar la restitución, subsiste la obligación principal garantizada, por lo cual la garantía hipotecaria no puede ser extinguida sino por la extinción del crédito.

Adicionalmente, la entidad invocó la buena fe exenta de culpa (artículo 98 de la Ley 1448 de 2011), destacando que el Banco obró con diligencia al momento de constituirse la garantía, realizando los estudios de títulos respectivos, por lo que sus actuaciones deben ser amparadas bajo el principio de confianza legítima.

Finalmente, en calidad de solicitud subsidiaria, pidió que, de decretarse la restitución del inmueble, se reconozca al Banco una compensación económica equivalente al valor de la obligación garantizada, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 91 liter al j) de la Ley 1448 de 2011, con el fin de salvaguardar los recursos públicos administrados por la entidad y evitar un perjuicio irremediable a su patrimonio.

3.2.2. Oposición de Alexander Nieva Acosta, Linda Luz Nieva Acosta y Jorge Yin Lafaurie Andrade.

El curador ad-litem manifiesta que, en cuanto a los hechos expuestos en la demanda, no le constan y, por lo mismo, se atiene a lo que sea probado en el proceso. Enfatiza que corresponde a los solicitantes demostrar su condición de víctimas, la

El curador ad-litem manifiesta que, en cuanto a los hechos expuestos en la demanda, no le constan y, por lo mismo, se atiene a lo que sea probado en el proceso. Enfatiza que corresponde a los solicitantes demostrar su condición de víctimas, la temporalidad exigida por la Ley 1448 de 2011, el vínculo con los predios reclamados y la pérdida o afectación de estos a causa del conflicto armado o de actores armados ilegales. En lo relativo a las pretensiones de los solicitantes, el apoderado se opone expresamente a su prosperidad. Si bien reconoce que la Ley 1448 de 2011 consagra un régimen probatorio favorable a las víctimas, recuerda que ello no exime de la carga mínima de acreditar la calidad de víctimas y, especialmente, la condición deRadicado No. 47001312100220160007200

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ocupantes de los predios solicitados. En su criterio, el proceso debe fundamentarse en pruebas que soporten la legitimación de los solicitantes y no únicamente en afirmaciones genéricas.

3.2.3. Oposición Jorge Luis Orozco Gutiérrez y María Manuela Barranco

La curadora ad litem de Jorge Luis Orozco Gutiérrez y María Manuela Barranco de Cantillo, se opuso a las pretensiones en relación con los predios “Mientras Tanto” (FMI 228-3651) y “El Playón o Julepe” (FMI 228-8178). Señaló que sus representados son titulares de derechos registrales válidamente inscritos. Con fundamento en ello, solicitó que se denieguen las pretensiones de restitución y, en subsidio, se reconozca

son titulares de derechos registrales válidamente inscritos. Con fundamento en ello, solicitó que se denieguen las pretensiones de restitución y, en subsidio, se reconozca a sus representados la protección derivada de la buena fe, con las medidas de compensación previstas en la Ley 1448 de 2011.

3.3. Terceros Intervinientes

3.3.1. La curadora ad litem de los herederos indeterminados del señor Antonio Pacheco Pasión ( q.e.p.d.) reconoce como notorios los hechos de violencia generalizados ocurridos en la región y en la época que motivaron la solicitud de restitución, por lo cual no los controvierte. Sin embargo, en relación con los hechos particulares descritos en la demanda, manifiesta que no le constan, y que será labor de los solicitantes demostrar la calidad de víctimas conforme a la Ley 1448 de 2011, por lo que se atiene a lo que se pruebe en el proceso.

3.3.2. La curadora ad litem designada para representar a los herederos indeterminados de la señora Inés María Torres (q.e.p.d.) manifestó que en relación con los hechos narrados en la demanda acepta como ciertos aquellos respaldados por las pruebas obrantes en el expediente y se atiene a lo que se demuestre respecto de los demás. Frente a las pretensiones, expresó que no formula oposición de fondo, adhiriéndose a lo que por derecho corresponda reconocer a los solicitantes. No obstante, solicitó que se valor e la buena fe en la ocupación ejercida por la causante y su compañero hasta el momento de su fallecimiento, recordando que la posesión se mantuvo sin vulnerar derechos de terceros, por lo que sus herederos conservan los derechos que en ley les corresponden.

y su compañero hasta el momento de su fallecimiento, recordando que la posesión se mantuvo sin vulnerar derechos de terceros, por lo que sus herederos conservan los derechos que en ley les corresponden.

4. CONSIDERACIONES

4.1. Presupuestos procesales.

Se evidencian debidamente configurados los presupuestos de ley para proferir sentencia, al proceso se vincularon y comparecieron todas las personas a quienes les asiste interés en la relación sustancial que se define; al paso que no se observan irregularidades que puedan nulitar lo actuado.

4.2. Competencia y requisito de procedibilidad

Conforme a lo dispuesto en los artículos 79 y 80 de la Ley 1448 de 2011, la Sala es competente para conocer del presente asunto, dado que se presentaron oposiciones dentro del trámite y los inmuebles objeto de reclamación se encuentran ubicados en el municipio de Salamina, departamento de Magdalena, circunscripciónRadicado No. 47001312100220160007200

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territorial cuya competencia ha sido asignada en virtud del Acuerdo PCSAA1510410 del 23 de noviembre de 2015.

4.3. Problema jurídico: En el presente caso, se deben resolver las siguientes cuestiones jurídicas: i) Determinar si los hechos alegados por los solicitantes se encuentran enmarcados dentro del conflicto armado interno y si ocurrieron durante el período señalado en el artículo 75 de la Ley 1448 de 2011; ii) Establecer si los solicitantes reúnen los requisitos legales para la protección del derecho fundamental a la restitución, conforme a lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011; iii) Verificar si se cumplen los

requisitos legales para la protección del derecho fundamental a la restitución, conforme a lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011; iii) Verificar si se cumplen los supuestos de hecho previ stos en el artículo 77 ibidem, para que procedan las presunciones legales de despojo o abandono forzado y las consecuencias jurídicas que de ellas se derivan; iv) Analizar los argumentos expuestos por los opositores, valorando si lograron desvirtuar las presunciones a través de la acreditación de su buena fe exenta de culpa y, en caso afirmativo, determinar si procede una compensación de conformidad con las disposi ciones legales aplicables; y, de ser el caso, verificar si se cumplen los presupuestos para qu e aquellos sean amparados bajo la connotación de segundos ocupantes.

4.1. El derecho fundamental a la restitución de tierras El derecho fundamental a la restitución de tierras en Colombia está concebido como una medida de reparación integral para las víctimas del conflicto armado interno, cuyo objetivo principal es restablecer los derechos vulnerados a causa del despojo y abandono forzado de sus predios.

En términos históricos, los primeros esfuerzos del Estado colombiano para abordar el fenómeno del desplazamiento forzado se materializaron con la expedición de la Ley 387 de 1997, mediante la cual se reconocieron como causas del desplazamiento el conflicto armado interno, los disturbios y tensiones interiores, la violencia generalizada, las violaciones masivas de los d