TSDJ CUC - Sentencia 54001310500220170034302 de 2025

REPUBLICA DE COLOMBIA

Departamento Norte de Santander

TRIBUNAL SUPERIOR

Distrito Judicial de Cúcuta

E D I C T O

LA SECRETARÍA DE LA SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL

DISTRITO JUDICIAL DE CUCUTA,

H A C E S A B E R:

Que el trece (13) de noviembre dos mil veinticinco (2025), se ha proferido providencia en el proceso que a continuación se relaciona:

RADICACIÓN: 54-001-31-05-002-2017-00343-02 P.T. n.° 21.814

NATURALEZA: ORDINARIO.

DEMANDANTE BERTILDA RINCON DE JIMENEZ

DEMANDADO: COLPENSIONES, MUNICIPIO DE LOURDES, ICBF Y

ASOCIACIÓN DE PADRES DE HOGARES

COMUNITARIOS DE BIENESTAR FAMILIAR DEL

MUNICIPIO LOURDES.

FECHA PROVIDENCIA: TRECE (13) DE NOVIEMBRE DE 2025.

DECISION: “PRIMERO: REVOCAR los numerales tercero, cuarto y quinto de la sentencia del 20 de junio de 2025 proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Cúcuta, por las razones expuestas en la parte motiva; en su lugar, ABSOLVER a las demandadas MUNICIPIO DE LOURDES y COLPENSIONES, de las pretensiones incoadas en su contra, declarando probadas las exc epciones INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, COBRO DE LO NO DEBIDO y FALTA DE CAUSA PARA PEDIR.

SEGUNDO: SIN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA. TERCERO: CONDENAR EN

incoadas en su contra, declarando probadas las exc epciones INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, COBRO DE LO NO DEBIDO y FALTA DE CAUSA PARA PEDIR.

SEGUNDO: SIN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA. TERCERO: CONDENAR EN COSTAS DE PRIMERA INSTANCIA a la demandante. Fijar como agencias en derecho la suma de $350.000 a favor de cada una de las apelantes.”

El presente EDICTO se fija de forma electrónica en la página de la Corporación link edictos por el término de tres (3) días hoy veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

REINALDO GUTIÉRREZ VELASCO

SECRETARIO

El presente edicto se desfija hoy veinticuatro (24) de noviembre de 2025, a las 6:00 p.m.

REINALDO GUTIÉRREZ VELASCO

SECRETARIO1

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

SALA DECISIÓN LABORAL

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA

Trece (13) de Noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025)

PROCESO: ORDINARIO LABORAL

RADICADO ÚNICO: 54-001-31-05-002-2017-00343-01

RADICADO INTERNO: 21.814

DEMANDANTE: BERTILDA RINCÓN JIMÉNEZ

DEMANDADO: COLPENSIONES, MUNICIPIO DE

LOURDES, ICBF Y ASOCIACIÓN DE

PADRES DE HOGARES

COMUNITARIOS DE BIENESTAR

FAMILIAR DEL MUNICIPIO LOURDES

DEMANDADO: COLPENSIONES, MUNICIPIO DE

LOURDES, ICBF Y ASOCIACIÓN DE

PADRES DE HOGARES

COMUNITARIOS DE BIENESTAR

FAMILIAR DEL MUNICIPIO LOURDES

MAGISTRADA PONENTE:

DRA. NIDIAM BELÉN QUINTERO GELVES

Procede la Sala, dentro del proceso ordinario laboral de la referencia, a resolver el recurso de apelación y el Grado Jurisdiccional de Consulta a favor de las demandadas COLPENSIONES y MUNICIPIO DE LOURDES sobre la sentencia del 20 de junio de 2025 proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Cúcuta.

1. ANTECEDENTES

La señora BERTILDA RINCÓN JIMÉNEZ interpuso demanda ordinaria laboral

contra COLPENSIONES, EL MUNICIPIO DE LOURDES, el INSTITUTO

COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR y la ASOCIACIÓN DE PADRES DE

FAMILIA DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR DEL MUNICIPIO

LOURDES, solicitando que se declare lo siguiente:

1. Que como concejal del municipio de Lourdes del 1 de enero de 1986 al 31 de diciembre de 1994 se le debe emitir el bono pensional respectivo a COLPENSIONES, para que lo redima y contabilice esas semanas, ii) Que se declare un contrato de trabajo conel ICBF desde el 1 de enero de 1996 a la fecha en cali dad de Madre Comunitaria, para que ese ordene la consignación del cálculo actuarial para cubrir los períodos no cotizados de 1996 a 2013 en diferentes períodos omitidos,

de 1996 a la fecha en cali dad de Madre Comunitaria, para que ese ordene la consignación del cálculo actuarial para cubrir los períodos no cotizados de 1996 a 2013 en diferentes períodos omitidos, iii) Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene a COLPENSIONES dejar sin efecto la resolución GNR337485 del 28 de octubre de 2015 que negó su pensión de vejez y proceda a su reconocimiento a partir del 20 de febrero de 2018.

Expone como fundamentos de hecho los siguientes:

• Que la señora BERTILDA RINCÓN nació el 20 de febrero de 1953, y ejerció como concejal del Municipio de Lourdes desde el 1 de enero de 1986 al 31 de diciembre de 1994 sin que se le cotizara al fondo de pensiones respectivo las 416 semanas respectivas.2

• Que post eriormente laboró como madre comunitaria del ICBF en el hogar Semillitas desde el 1 de enero de 1996 a la fecha, pese a su avanzada edad y estado de salud, cotizando en el fondo COLPENSIONES desde esa fecha un total de 680.71 semanas, pero en el reporte se evidencian sin completar los siguientes períodos: enero a abril, junio, julio, octubre a diciembre de 1996; enero a diciembre de 1997; marzo, mayo, junio y agosto a diciembre de 1998, enero a diciembre de 1999, 2000 y 2001; febrero y diciembre de 2005; en ero, y agosto de 2006; julio a septiembre de 2007; febrero y agosto de 2012, y febrero de 2013 por 308 semanas.

y agosto de 2006; julio a septiembre de 2007; febrero y agosto de 2012, y febrero de 2013 por 308 semanas.

• Que ha solicitado su pensión de vejez a COLPENSIONES, siendo negada mediante Resolución GNR337485 del 28 de octubre de 2015, sin tener en cuenta que sumando el tiempo ya cotizado y el aquí reclamado como omitido, alcanza la densidad de semanas necesarias.

La demandada COLPENSIONES contestó a los hechos indicando que acepta lo referente a la edad, cotizaciones y actos administrativos emanado s, pero lo demás no le consta o debe probarse; se opone a las pretensiones por cuanto lo concejales solo tienen reconocimiento de honorarios por asistencia a sesiones, seguro de vida y asistencia médico asistencial, por lo que las solicitudes carecen de su stento y las decisiones se han adoptado con las semanas efectivamente cotizadas . Propone como excepciones COBRO DE LO NO

DEBIDO, BUENA FE, PRESCRIPCIÓN e INNOMINADA.

La ALCALDÍA MUNICIPAL DE LOURDES , se opuso a las pretensiones, señalando que la entidad no debe expedir el bono pensional por el período de 1986 a 1994 que se alega como concejal, en la medida que no existió una relación laboral directa pues el artículo 65 de la ley 136 de 1994 establece los reconocimientos de honorarios, seguro de vida y atención médico -asistencial, acorde a lo reglamentado en el Decreto 3171 de 2004, donde se resalta que la afiliación eventual a seguridad social cuando sea más costoso el seguro, no genera la calidad de e mpleados públicos o trabajadores oficiales. De manera

acorde a lo reglamentado en el Decreto 3171 de 2004, donde se resalta que la afiliación eventual a seguridad social cuando sea más costoso el seguro, no genera la calidad de e mpleados públicos o trabajadores oficiales. De manera que no es procedente ordenar la expedición de bono pensional alguno. Propone como excepción la FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA.

El I.C.B.F. contestó que la relación de las madres comunitar ias con los programas de hogares comunitarios de Bienestar se deriva de la ejecución de un programa social donde se suscriben contratos de aportes con asociaciones de padres de familias o entidades sin ánimo de lucro, conforme la normativa que impide predi car la existencia de un vínculo laboral con esa entidad directamente y que la jurisprudencia ha reconocido procede es con el Programa de Hogar Comunitario respectivo, no con el ICBF. Señala que está acreditado que la actora laboró de 1996 a 2013 con una AS OCIACIÓN D EPADRES DE HOGARES COMUNITARIOS del municipio de Lourdes, luego de septiembre de 2013 a diciembre de 2014 con CORPORACIÓN SOCIAL EDUCATIVA FORMADORES SIGLO XXI, de enero a diciembre de 2015 con UNIÓN TEMPORAL NUTRIOCCIDENTE y de febrero a octubr e de 2016 con CORPORACIÓN DE SERVICIO PASTORAL SOCIAL DE LA DIOCESIS DE CÚCUTA; aclara que esas entidades sin ánimo de lucro suscriben contratos de aportes con el ICBF y desarrollan su actividad dentro de sus obligaciones legales. Propone como excepciones:, FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA,

CÚCUTA; aclara que esas entidades sin ánimo de lucro suscriben contratos de aportes con el ICBF y desarrollan su actividad dentro de sus obligaciones legales. Propone como excepciones:, FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA,

INEXISTENCIA DE CONTRATO LABORAL, IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE

CELEBRAR CONTRATO DE TRABAJO, FALTA DE CAUSA PARA DEMANDAR,

COBRO DE LO NO DEBIDO , INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN,

INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD, LEGALIDAD DEL AC TO, INTERPRETACIÓN DE NORMAS DEL SISTEMA DE BIENESTAR FAMILIAR , PRESCRIPCIÓN y GENÉRICA. Igualmente, solicitó el llamamiento en garantía de SEGUROS DEL ESTADO, por haber expedido la póliza que cubre el contrato de aporte No. 216 de 2016 suscrito con la COR PORACIÓN DE SERVICIO

PASTORAL SOCIAL DE LA DIOCESIS DE CÚCUTA3

SEGUROS DEL ESTADO contestó al llamamiento señalando que no se cumplen los requisitos para declarar un contrato de trabajo de la actora con el ICBF y tampoco responsabilidad solidaria, por lo q ue se opone a las pretensiones. Propone como excepciones AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD DEL ICBF, ACTIVIDAD DEL TRABAJADOR EXTRAÑA AL OBJETO SOCIAL, IMPOSIBILIDAD DE CONDENAR AL ICBF POR RELACIÓN LABORAL, BUENA FE. Señala que el llamamiento en garantía no est á llamado a prosperar por haber vencido el término para su debida notificación, ausencia de cobertura de la póliza, imposibilidad de afectación a la cobertura, inexistencia de la obligación.

haber vencido el término para su debida notificación, ausencia de cobertura de la póliza, imposibilidad de afectación a la cobertura, inexistencia de la obligación.

Durante audiencia señalada para el 11 de diciembre de 2019, se adelantaron las etapas procesales correspondientes a conciliación, saneamiento, fijación del litigio y decreto de pruebas, y finalmente el 6 de abril de 2021, se profirió sentencia de primera instancia, declarando probadas las excepciones propuestas por las demandadas y absolviéndolas de las pretensiones incoadas en su contra, a lo cual se presentó recurso de apelación por la apoderada de la parte demandante; al avocar conocimiento, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta declaró la nu lidad de lo actuado por falta de integración del litisconsorcio, al evidenciar que no se notificó e integró a la ASOCIACIÓN DE PADRES DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR DEL MUNICIPIO DE LOURDES, pese a que aparecía como accionada en la demanda.

Mediante auto del 4 de mayo de 2022 se dispuso obedecer y cumplir lo resuelto, y desde entonces no se pudo materializar la notificación de la demandada. En audiencia del 26 de noviembre de 2024, el ICBF reportó la información actualizada del HOGAR y su representan te legal, procediendo a su notificación por correo electrónico, sin que contestara la demanda.

2. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

2.1. Identificación del Tema de Decisión

Mediante sentencia del 20 de junio de 2025 proferida por el Juzgado Quinto

2. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

2.1. Identificación del Tema de Decisión

Mediante sentencia del 20 de junio de 2025 proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Cúcuta se resolvió:

PRIMERO. – DECLARAR probada la excepción de mérito promovida por el instituto colombiano de bienestar familiar ICBF denominada INEXISTENCIA DE LA RELACIÓN LABORAL, de conformidad a los argumentos esbozados en la parte considerativa de esta sentencia

SEGUNDO. – ABSOLVER al instituto colombiano de bienestar familiar ICBF de todas y a la llamada en garantía Seguros del estado S.A. de cada una de las pretensiones incoadas en su contra, de conformidad a los argumentos esbozados en la parte considerativa de esta sentencia..

TERCERO.- CONDENAR a la persona jurídica de derecho público ALCALDIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LOURDES NORTE DE SANTANDER a solicitar el cálculo actuarial ante la Administradora Colombiana de Pensiones Colpen siones para el periodo comprendido entre enero de 1986 y hasta diciembre de 1994 en un término no superior a 30 días calendario a partir de la ejecutoria de esta providencia, una vez se haya efectuado el cálculo actuarial, tiene un término de 30 días calendarios para cancelar a colpensiones dicho calculo actuarial de conformidad a los argumentos esbozados en la parte considerativa de esta sentencia

CUARTO.- CONDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones al reconocimiento y pago a favor d e la demandante BERTILDA RINCON DE JIMENEZ la pensión de vejez en cuantía de 14

esta sentencia

CUARTO.- CONDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones al reconocimiento y pago a favor d e la demandante BERTILDA RINCON DE JIMENEZ la pensión de vejez en cuantía de 14

S.M.L.M.V con fecha de efectividad desde el 1 de junio del 2019, de conformidad a los argumentos esbozados en la parte considerativa de esta sentencia.

QUINTO.- CONDENAR en cos tas a las demandadas MUNICIPIO DE LOURDES NORTE DE SANTANDER Y COLPENSIONES. Liquídense por secretaría incluyendo en ellas la suma de $1’000.000 pesos a colpensiones y $2.000.000 al municipio de Lourdes Norte de Santander.,

2.2. Fundamento de la Decisión.

El juez a quo, fundamenta la decisión de primera instancia en lo siguiente:

• Que los problemas jurídicos a determinar son, en primer lugar, si existió un vínculo laboral entre la demandada y el ICBF que de lugar a ordenar el pago de aportes por los períodos d e enero de 1996 a febrero de 2013; en segundo lugar, si hay lugar a ordenar la expedición de bono pensional por el período de concejal de 1986 a 1994 a cargo del Municipio de LOURDES y en tercer lugar, si hay lugar a reconocer pensión de vejez a cargo de

COLPENSIONES.

• Sobre el primer problema jurídico, señala que no es objeto de discusión que la actora prestó servicios en favor del BIENESTAR FAMILIAR como madre comunitaria desde 1996 a febrero de 2013, por lo que ello da lugar a aplicar la presunción del artículo 24 del C.S.T., lo cual rechaza la demandada

que la actora prestó servicios en favor del BIENESTAR FAMILIAR como madre comunitaria desde 1996 a febrero de 2013, por lo que ello da lugar a aplicar la presunción del artículo 24 del C.S.T., lo cual rechaza la demandada señalando que acorde al Decreto 1340 de 1995, la vinculación de las madres comunitarias es una contribución voluntaria que no implica relación laboral con las administradoras ni la entidad, situación que fue analizada por la Corte Constitucional en 2012 ordenando una protección progresiva y una vez reglamentado esto, desde el año 2014 se han formalizado los servicios de las madres comunitarias. Es decir, que al tratarse de períodos anteriores a la orden de formalización , no hay lugar a reconocimiento alguno a favor de la actora.

• Respecto del período como Concejal está demostrado que la actora ejerció este papel en el Municipio de Lourdes desde enero de 1986 a diciembre de 1994, respecto de lo cual se generan dos situaci ones diferentes que deben analizarse: la omisión de afiliación y la mora en el pago de cotizaciones; como en este caso se verifica que existe la afiliación, lo correspondiente es que se ordene el pago de los períodos no cotizados mediante el respectivo cál culo actuarial.

• Resuelto lo anterior, señala sobre el derecho a pensión de vejez, identifica que la actora pertenece al régimen de transición por tener 41 años a la fecha de entrada en vigencia del sistema, sin embargo sumados los tiempos de servicio coti zados y los declarados como concejal, solo alcanza 619.22 semanas antes del Acto Legislativo 01 de 2005, por lo que debe demostrar los

la fecha de entrada en vigencia del sistema, sin embargo sumados los tiempos de servicio coti zados y los declarados como concejal, solo alcanza 619.22 semanas antes del Acto Legislativo 01 de 2005, por lo que debe demostrar los requisitos de la Ley 100 de 1993; en ese caso, indica que sumando las semanas cotizadas con las 416 no pagadas para el añ o 2019 se superan las 1300 semanas para acceder al reconocimiento pensional, a partir del 1 de junio de 2019.

3. DE LA IMPUGNACIÓN

3.1 Del Municipio de Lourdes

El apoderado del Municipio de Lourdes interpuso recurso de apelación contra la condena impuesta, señalando que la misma carece de sustento probatorio basada en una certificación pero no analiza, como si hiciera con el período del ICBF, las normas que regían para la época las relaciones de los concejales en5

Colombia y la clase de beneficios a que tení an derecho, omitiendo que no subsiste en esos casos ninguna calidad como empleado público o trabajador oficial, pues se trata de una Corporación, sin subordinación a la Alcaldía y con normativa propia, por lo que no existe ninguna norma que ampare la condena impuesta.

3.2 De COLPENSIONES

El apoderado de COLPENSIONES interpuso recurso de apelación, señalando que frente a los tiempos de servicio con el Municipio de Lourdes, estos debían ser certificados mediante formatos CLEP elaborados por el nivel territo rial respectivo, solo imputables para ser contabilizados cuando hay lugar al mismo y así poder verificar la persona reúne los requisitos de tiempos de servicios para la pensión solicitada. Considera que con la densidad de semanas

respectivo, solo imputables para ser contabilizados cuando hay lugar al mismo y así poder verificar la persona reúne los requisitos de tiempos de servicios para la pensión solicitada. Considera que con la densidad de semanas demostrada, no se acreditan los requisitos para adquirir el derecho reconocido y solo podría esperar la actora a que efectivamente se redima el bono pensional ordenado, para iniciar una nueva reclamación administrativa. Finalmente, se opone a la condena en costas.

4. GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA

Como quiera que la sentencia fue adversa a COLPENSIONES y al MUNICIPIO DE LOURDES , se conocerá el Grado Jurisdiccional de Consulta de la sentencia, en virtud de lo establecido en el artículo 69 del C.P.T y S.S., modificado por el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007.

5. ALEGATOS

Dentro de la oportunidad legal concedida, las partes presentaron sus alegatos de conclusión que se resumen de la siguiente manera:

• PARTE DEMANDADA: El apoderado judicial del Municipio de Lourdes presenta alegatos de conclusión solicitando la revocatoria de la sentencia de primera instancia que ordenó la expedición de un bono pensional a favor de la señora Bertilda Rincón Jiménez por su periodo como concejal entre 1986 y 1994, argumentando que, dicha pretensión parte de una premisa errada, pues el cargo de concejal es de naturaleza política y no laboral, no genera vínculo jurídico que obligue al municipio a cotizar al sistema pensional, y su remuneración se limita al pago de honorarios por asistenc ia a sesiones, sin que exista subordinación, jornada laboral ni reglamento interno aplicable.

jurídico que obligue al municipio a cotizar al sistema pensional, y su remuneración se limita al pago de honorarios por asistenc ia a sesiones, sin que exista subordinación, jornada laboral ni reglamento interno aplicable. Sostiene que el marco normativo delimita los derechos de los concejales, restringiéndolos a cobertura en salud y honorarios, sin contemplar aportes pensionales. Por tanto, no se cumplen los requisitos legales para la expedición de un bono pensional, ya que no existió vínculo laboral ni obligación de cotización. En consecuencia, se solicita negar las pretensiones de la demanda y declarar que el municipio no está leg almente facultado para expedir bonos pensionales a favor de concejales, ni para destinar recursos públicos a ese fin, por carecer de sustento normativo y presupuestal.

La apoderada judicial de COLPENSIONES solicita la revocatoria de la sentencia de primer a instancia que favoreció a la señora Bertilda Rincón Jiménez, argumentando que no cumple los requisitos legales para acceder a la pensión de vejez, si bien, la demandante nació en 1953 y cumple con el requisito de edad, solo acredita 774.71 semanas cotiza das, lejos de las 1.300 exigidas por el artículo 33 de la Ley 100 de 1993. Además, no estaba afiliada al ISS antes de la entrada en vigencia del sistema general de pensiones, por lo que no puede acogerse al régimen de transición ni al Decreto 758 de 1990, ya que solo puede reconocer prestaciones cuando exista certeza del cumplimiento de requisitos, y que los tiempos como concejal deben ser certificados mediante formatos CLEBP para ser considerados válidos. Así mismo, aclara que la

que solo puede reconocer prestaciones cuando exista certeza del cumplimiento de requisitos, y que los tiempos como concejal deben ser certificados mediante formatos CLEBP para ser considerados válidos. Así mismo, aclara que la obligación de cotizar corresponde al empleador, quien debe responder por los6

aportes omitidos mediante cálculo actuarial si se declara la existencia de relación laboral ya que COLPENSIONES no puede adelantar cobro coactivo sin deuda expresa, y cualquier omisión en afiliación o coti zación es responsabilidad exclusiva del empleador.

La apoderada judicial del ICBF solicita confirmar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la señora Bertilda Rincón Jiménez, argumentando que, no existe vínculo laboral, legal ni r eglamentario entre la demandante y el Instituto ya que el ICBF actúa como coordinador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, pero no contrata directamente al personal de los Hogares Comunitarios, cuya vinculación laboral corresponde exclusivamente a l as asociaciones administradoras. Señala que, la demandante suscribió contrato con la Asociación de Padres de Hogares Comunitarios de Lourdes, lo que excluye al ICBF de cualquier responsabilidad patronal o pensional, conforme al artículo 3.º del Decreto 289 de 2014. La autonomía administrativa y presupuestal de las asociaciones implica que el ICBF no interviene en la contratación, pago de salarios ni aportes a seguridad social de sus trabajadores. Por tanto, al no existir prueba de nombramiento, posesión o vínculo directo con el Instituto, se solicita declarar la ausencia de relación laboral y exonerar al ICBF de cualquier obligación frente a las pretensiones de la demandante.

posesión o vínculo directo con el Instituto, se solicita declarar la ausencia de relación laboral y exonerar al ICBF de cualquier obligación frente a las pretensiones de la demandante.

6. PRESUPUESTOS PROCESALES Y SANEAMIENTO

En el presente asunto no se observan deficiencia en los presupuestos procesales ya que la demanda se presentó en forma, existe competencia tanto del Juez de primera instancia como de este Tribunal , hay capacidad para ser parte y capacidad procesal.

7. PROBLEMA JURÍDICO

De conformidad con lo expuesto, la Sala identifica como problemas jurídicos a resolver:

¿Si la demandante BERTILDA RINCÓN JIMÉNEZ tiene derecho a que el MUNICIPIO DE LOURDES cubra los períodos no cotizados en su calidad de concejal municipal de 1986 a 1994? En caso positivo, si con estos aportes l a actora tiene derecho a que COLPENSIONES le reconozca pensión de vejez.

8. CONSIDERACIONES

El eje central del presente litigio radica en determinar si la señora BERTILDA RINCÓN JIMÉNEZ tiene derecho a que el MUNICIPIO DE LOURDES le reconozca mediante cálculo actuarial las cotizaciones correspondientes a períodos no cotizados en su calidad de concejal municipal de 1986 a 1994 y si con estos, hay lugar a que COLPENSIONES le reconozca y cancele pensión de vejez.

Al respecto el juez a quo señaló que como estaba demostrada la actividad prestada por la actora como concejal en los períodos señalados, se suscitaba una omisión en el pago de aportes a seguridad social que debía ser subsanada

vejez.

Al respecto el juez a quo señaló que como estaba demostrada la actividad prestada por la actora como concejal en los períodos señalados, se suscitaba una omisión en el pago de aportes a seguridad social que debía ser subsanada por la entidad a cargo que sería el MUNICIPIO DE LOURDES ; conclusiones que serán objeto de estudio bajo el Grado Jurisdiccional de Consulta a favor de las demandadas y en función de los argumentos de las demandadas como apelantes, señalando el municipio LOURDES que se desconocen las normas que rigen la calidad de concejal y que excluye una naturaleza laboral pública de cualquier tipo que implique el deber de cotizarles, mientras que COLPENSIONES reitera que la actora no cumple requisitos aun para su pensión de vejez.7

De conformidad con el principio de consonancia establecido en el artículo 66A del C.P.T.Y.S.S., esta Sala solo está habilitada para pronunciarse en segunda instancia de los asuntos apelados y que son materia del Grado de Consulta; en ese sentido, la parte demandante no interpuso recurso de apelación y por ende las pretensiones que fueron negadas como el cálculo actuarial reclamado al ICBF y el HOGAR COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE LOURDES, ya no son objeto de discusión. El debate se delimita exclusivame nte en las condenas impuestas al MUNICIPIO DE LOURDES y a COLPENSIONES.

Son hechos demostrados en este asunto:

• La señora BERTILDA RINCÓN MELGAREJO nació el 20 de febrero de 1953 acorde a registro civil de nacimiento 14016152. • Mediante certificación del 10 de septiembre de 2015 expedida por

• La señora BERTILDA RINCÓN MELGAREJO nació el 20 de febrero de 1953 acorde a registro civil de nacimiento 14016152. • Mediante certificación del 10 de septiembre de 2015 expedida por CONCEPCIÓN GÓMEZ OVALLOS, en calidad de Presidente del Concejo Municipal de Lourdes, se indica que la señora BERTILDA RINCÓN ejerció como concejal en los períodos del 1 de enero de 1986 al 31 de diciembre de 1994. • Mediante solicitud del 11 de febrero de 2017, la actora solicitó al MUNICIPIO DE LOURDES el reconocimiento del bono pensional para cubrir los aportes a pensión por su período como concejal de 1986 a 1994; lo cual fue negado en oficio del 25 de febrero de 2017. • Mediante Resolución GNR337485 del 28 de octubre de 2015, COLPENSIONES negó solicitud de pensión de vejez a la actora por solo contar con 663 semanas cotizadas.

Se tiene entonces que lo pretendido por la parte actora es el reconocimiento de la pensión de vejez a cargo de COLPENSIONES , incluyendo el período de cotizaciones no realizados en su oportunidad por el MUNICIPIO DE LOURDES cuando ejerció como CONCEJAL y por el cual no se realizaron los aportes respectivos; por lo que previo a resolver sobre el dere cho pensional se establecerá este aspecto y en caso de salir avante la pretensión, se procederá a analizar el recurso de apelación de la parte actora.

a. De los períodos alegados como no cotizados

La demandante planteó que ejerció como CONCEJAL del MUNICIPIO DE

a analizar el recurso de apelación de la parte actora.

a. De los períodos alegados como no cotizados

La demandante planteó que ejerció como CONCEJAL del MUNICIPIO DE LOURDES en los períodos anuales de sesiones de 1986 a 1994, sin que se realizaran los respectivos aportes pensionales; vínculo que es demostrado con la certificación emitida por la Presidenta de dicha Corporación y no es objeto de discusión. S in embargo, se discute por el MUNICIPIO DE LOURDES que dicha vinculación generara a favor de la actora el derecho a que se cotizaran aportes a pensiones, pues considera que la normativa que regula las prestaciones de los concejales no contempla ese deber a cargo del ente municipal.

Sobre la competencia de la jurisdicción ordinaria laboral para resolver este asunto, por tratarse de una controversia derivada de la aplicación del principio de la primacía de la realidad, y atendiendo a que la demandada es una entidad de naturaleza pública, debe señalarse que tratándose de los Concejales, la Corte Constitucional en providencia A1214 de 2022 estableció que sus conflictos debían tramitarse por la jurisdicción ordinaria señalando, en ese caso donde se discutía un e jecutivo por los honorarios de las sesiones de un concejal que “al no existir un régimen especial sobre la materia, el título materia de ejecución se encuadra en la cláusula general de competencia residual que se asigna a la Jurisdicción Ordinaria, conforme con el artículo 12 de la Ley 270 de 1996” y que “ los concejales no tienen una relación de carácter prestacionallaboral con la administración pública, como se deriva de lo previsto en los

asigna a la Jurisdicción Ordinaria, conforme con el artículo 12 de la Ley 270 de 1996” y que “ los concejales no tienen una relación de carácter prestacionallaboral con la administración pública, como se deriva de lo previsto en los artículos 312 de la Constitución y 65 de la Ley 136 de 1994 y como lo señaló8

esta corporación en la sentencia T -130 de 2011, por lo que el asunto objeto de controversia deberá ser tramitado por la especialidad ordinaria civil y no laboral”. En dicha decisión al ser honorarios se asignó a la especialidad civil, pero como en este caso se reclaman aportes a seguridad social, este es un tema exclusivo de esta especialidad laboral y por ende, se constituye la facultad de pronunciarse sobre lo solicitado.

Al respecto debe señalarse, que la Ley 100 de 1993, creó el Siste ma General de Pensiones, con el objetivo de garantizar el amparo de las contingencias de la vejez, la invalidez y la muerte, a través del reconocimiento de las prestaciones pensionales respectivas; por ende se trata de un sistema contributivo, cuya fuente principal de financiación corresponde a las cotizaciones sufragadas periódicamente por sus afiliados, lo cual materializa realmente los principios especiales que enmarcan la garantía de la seguridad social; acceso oportuno a la prestación, universalidad, solidaridad y eficiencia.

Es así como en el marco de relaciones de trabajo, surgen distintas obligaciones alrededor de la financiación mencionada, en consideración del vínculo pensional tripartita, del que participan (i) el trabajador, (ii) el empleador y (iii) la entidad administradora de pensiones. La situación en la que se halla el

alrededor de la financiación mencionada, en consid