CC - C025-2020

Sentencia C-025/20

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Competencia de la Corte Constitucional DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Cargas argumentativas que debe asumir el ciudadano CONCEPTO DE VIOLACION EN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA CODIGO NACIONAL DE POLICIA-Inhibición por ineptitud sustantiva de la demanda

Referencia: Expediente D-13323

Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 159 (parcial) de la Ley 1801 de 2016, “Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia.”

Accionante: Juan Camilo Quiroz Corredor

Magistrado Ponente:

JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veinte (2020) La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las previstas en el artículo 241.4 de la Constitución Política, y cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados en el Decreto ley 2067 de 1991, profiere la siguiente

SENTENCIA

I. ANTECEDENTES

1. En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, se presentaron dos demandas contra el artículo 159 (parcial) de la Ley 1801 de 2016, “Por la cual se expide 1 el Código Nacional de Policía y Convivencia” las cuales fueron acumuladas .

1 D-13295 y 13323. 2

2. Por medio del auto del 27 de junio de 2019 el Magistrado Sustanciador 3 dispuso la inadmisión y posterior rechazo de la demanda radicada con el número D-13295 por no cumplirse los requisitos de certeza, especificidad y suficiencia. Con relación a la demanda D-13323, se consideró que, en principio, satisfacía los requisitos para ser admitida, por lo que ordenó correr traslado al Procurador General de la Nación con el fin de que rindiera el concepto de que trata el artículo 278.5 de la Constitución Política y comunicó el inicio del proceso al presidente del Congreso de la República, y a los Ministerios de Justicia y del Derecho, del Interior y de Defensa Nacional.

3. En la misma decisión se invitó a participar a las Facultades de Derecho de las

Universidades de Los Andes, de Antioquia, Libre de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Externado de Colombia, Nacional de Colombia, Militar Nueva Granada y de Caldas; a la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Rosario; al Instituto Colombiano de Derecho Procesal; a la Academia Colombiana de Jurisprudencia; y a la Dirección General de la Policía, para que intervinieran dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de recibo de la comunicación respectiva, explicando las razones que sustentan la exequibilidad o inexequibilidad de las disposiciones acusadas. Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de esta clase de procesos, la Corte decidirá sobre la demanda admitida.

I. TEXTO DE LAS NORMAS DEMANDADAS

1. El texto demandado se resalta a continuación: “LEY 1801 DE 2016

(julio 29) Diario Oficial No. 49.949 de 29 de julio de 2016 Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia.

El Congreso de Colombia DECRETA: ARTÍCULO 159. REGISTRO A PERSONA. El personal uniformado de la Policía Nacional podrá registrar personas y los bienes que posee, en

los siguientes casos:

1. Para establecer la identidad de una persona cuando la persona se resista a aportar la documentación o cuando exista duda sobre la fiabilidad de la identidad. 2 Folios 31 a 38. 3 Auto del 10 de julio de 2019.

2

2. Para establecer si la persona porta armas, municiones, explosivos, elementos cortantes, punzantes, contundentes o sus combinaciones, que amenacen o causen riesgo a la convivencia.

3. Para establecer si la persona tiene en su poder un bien hurtado o extraviado, o verificar que sea el propietario de un bien que posee, existiendo dudas al respecto.

4. Para establecer que la persona no lleve drogas o sustancias prohibidas, de carácter ilícito, contrarios a la ley.

5. Para prevenir la comisión de una conducta punible o un comportamiento contrario a la convivencia.

6. Para garantizar la seguridad de los asistentes a una actividad compleja o no compleja o la identidad de una persona que desea ingresar a un lugar.

PARÁGRAFO 1o. El registro de personas y sus bienes podrá realizarse en las vías públicas, en los espacios públicos, en establecimientos de

comercio o de otra naturaleza abiertos al público, en espacios privados con acceso o con servicios al público, y en las zonas comunes de inmuebles de propiedad horizontal o similares, o dentro de domicilio privado si el propietario, poseedor o inquilino, así lo autoriza. PARÁGRAFO 2o. El registro de personas y sus bienes podrá incluir el contacto físico de acuerdo a los protocolos que para tal fin establezca la Policía Nacional. El registro deberá ser realizado por persona del mismo sexo. Si la persona se resiste al registro o al contacto físico, podrá ser conducido a una unidad de Policía, donde se le realizará el registro, aunque oponga resistencia, cumpliendo las disposiciones señaladas para la conducción. PARÁGRAFO 3o. El registro de personas por parte de las empresas de servicios de vigilancia y seguridad privada no se realizarán mediante contacto físico, salvo que se trate del registro de ingreso a espectáculos o eventos de conformidad con la reglamentación que para tal efecto establezca el Gobierno nacional, o salvo que el personal uniformado de la Policía Nacional lo solicite, en apoyo a su labor policial. PARÁGRAFO 4o. El personal uniformado de la Policía Nacional y el personal de las empresas de vigilancia y seguridad privada, podrán utilizar medios técnicos o tecnológicos para el registro de personas y bienes tales como detector de metales, escáner de cuerpo entero, sensores especiales y caninos entrenados para tal fin. El Gobierno nacional reglamentará el uso de ese tipo de medios y sus protocolos.” 3

II. LA DEMANDA

2. El ciudadano Juan Camilo Quiroz Corredor presentó demanda de inconstitucionalidad en contra del parágrafo 2º (parcial) del artículo 159 de la

Ley 1801 de 2016, al estimar conculcados los artículos 15 y 29 de la C. Pol. Primer cargo. Aseguró que se desconoce la intimidad personal y familiar por cuanto “al ser conducido a una unidad de policía por rehusarse al registro físico, se presenta, una investigación ilegítima de los hechos de su propia vida. 4 A la vez que se vulnera la libertad de las personas” . En esos términos, planteó que atendiendo que el monopolio de la fuerza se ejerce por el Estado a través de la Policía, se presenta una desigualdad ante la inexistencia de protocolos que limiten la actividad del Estado, para el registro de la persona que se rehúsa. Reiteró que los pronunciamientos de este Tribunal han destacado que el derecho a la intimidad supone la garantía de una esfera de privacidad en la vida personal y familiar de los individuos que esté libre de intervenciones arbitrarias del Estado o de terceros, es decir, con el mínimo de injerencias exteriores. Así, el mentado derecho es un prerrequisito para la construcción de la autonomía individual, rasgo esencial del sujeto en una sociedad democrática. De tal forma, coligió que se viola el artículo 15 superior en conjunto con el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, toda vez que “se presenta una investigación ilegitima (sic) de los hechos de la vida de las personas, se manifiesta un atentado contra este derecho por parte del [E]stado, ya que la delimitación del derecho a la intimidad está presente en el ordenamiento jurídico, a través de leyes que ordenan los deberes y derechos de los ciudadanos, y las obligaciones del [E]stado, sin degradar su integridad

física, intimidad y dignidad personal, que protegen no solo la [C]onstitución sino además, el bloque de constitucionalidad y la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se tienen por el simple hecho de ser persona y que son 5 inalienables, inembargables e imprescindibles” . Segundo cargo. De otro lado, planteó que la norma demandada contraviene el derecho al debido proceso por cuanto desconoce el principio de legalidad. Al respecto, resaltó que no existe una ley preexistente que determine las formas apropiadas que garanticen los derechos de las personas en cada caso, en tal medida la disposición bajo examen “no es clara en mostrar, cuales (sic) son los protocolos que se deben llevar a cabo para el registro de una persona que se rehúsa, ya que no es clara la manera de hacerlo, los instrumentos físicos que deben ser utilizados y los tiempos que deben tenerse en cuanta (sic) para 6 este procedimiento” . Destacó que es “demasiado amplia la discrecionalidad” 4 Folio 20. 5 Folio 21. 6 Folio 23. 4 que se le confiere a la Policía Nacional para determinar tiempos y herramientas a utilizar en tales registros, lo cual puede provocar episodios de uso desmedido de la fuerza y vulneración de los derechos fundamentales de los afectados con la medida policiva. Afirmó que “en el caso concreto no está permitido utilizar la analogía por parte del personal de policía, se establece también que la ley debe ser cierta, 7 clara y precisa” . A su juicio, estos requisitos no se reúnen en la preceptiva examinada, que desatiende la necesidad de que la ley sea previa y por consiguiente las sanciones y los métodos de requisa para las personas que se

rehúsen deben estar prestablecidas. Aunado a ello, consideró infringida la presunción de inocencia en razón a que la norma impugnada habilita para conducir a quien se rehúse al registro personal a una unidad de policía ante una mera sospecha, lo cual no es suficiente para justificar tal medida, pues en el marco constitucional se deben recaudar pruebas para presentarlas ante el juez competente, por lo que además el parágrafo acusado resulta ineficaz. Sobre el particular, aseguró que “no se está probando previamente un tipo penal en específico, y si se sospecha que el ciudadano está actuando ilícitamente, el [E]stado está facultado y obligado a 8 investigar a dicho individuo” . Advirtió inobservado además el derecho a la defensa pues no se le brinda al ciudadano la oportunidad de manifestar los motivos que soportan su determinación de rehusarse al registro, los cuales pueden estar relacionados con “condiciones de una enfermedad grave, malformaciones físicas o discapacidades, situaciones que las personas prefieran mantener la reserva de su intimidad, así como razones religiosas trayendo a colación como ejemplo la doctrina Taoísta, o el caso del registro a personas trans - género que podría (sic) rehusarse, si el registro no se efectúa por una persona del sexo con que 9 ellos se sienten identificados” . Conforme a lo anterior, aseguró que se menoscaba el componente de defensa material en el procedimiento policivo en cuestión, puesto que no se contempló la posibilidad de explicar la justificación que tiene el ciudadano para rehusarse al registro. En suma, concluyó que la disposición examinada contraviene el régimen

constitucional “al no garantizar que la persona, sea oída en sus razones para no hacerlo, ejerza el derecho a la contradicción y pueda sustentar las razones de sus derechos, así como la inobservancia de los métodos para realizar dicho procedimiento, en el cual se le da amplia autonomía y discrecionalidad a la policía para llevar a cabo el registro a persona, sin garantizar el debido proceso, el derecho a la intimidad, y sin tener un límite claro sobre el uso de 7 Ibídem. 8 Folios 23 y 24. 9 Folio 25. 5 la fuerza, que posee la policía como institución a la que le fue conferido el monopolio de las armas, se menoscaba (sic) gravemente las libertades individuales, que construyen el interés colectivos, y las bases del estado social 10 de derecho” .

IV. INTERVENCIONES Intervenciones oficiales

1. Ministerio de Justicia. La Directora de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico del mencionado Ministerio presentó escrito por medio del cual le solicitó a la Corte declararse inhibida por ineptitud sustancial de la demanda al considerar que el accionante omitió que un análisis sistemático de la norma según la ley en la que se inserta y a la luz de la Jurisprudencia Constitucional, permite evidenciar que los registros personales no conllevan una afectación de derechos fundamentales, dado que estos solo se concretan en exámenes exteriores y no es reconocimientos o inspección físicas internas.

En ese sentido, se enunciaron en el concepto una serie de reglas y subreglas 11 jurisprudenciales sobre la materia, destacando además que el Código de Policía ofrece a quien ejerce la actividad de policía todos los criterios que le

permiten concretar un procedimiento que es usual y que debe ser “sobrellevado” por los asociados para poder disfrutar de condiciones de seguridad y tranquilidad. Destaca entonces que se trata de una medida no excesiva pues no implica auscultar zonas de intimidad natural del individuo. Se aseguró en la intervención que los cargos “surgen como fruto de una lectura aislada y no sistemática de la disposición acusada, en relación con otras 12 disposiciones de la misma Ley” por lo que “…la lectura conjunta del artículo 159 de la Ley 1801 y las demás disposiciones relacionadas del 13 Código…desvirtúan por si mismas los cargos planteados” . Como petición subsidiaria solicitó la inexequibilidad de la norma al considerar que existen suficientes reglas jurisprudenciales que delimitan este tipo de registros personales y que además demuestran que los mismos no afectan el derecho de defensa, ni la presunción de inocencia, ni se trata de una intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho a la intimidad.

2. Policía Nacional. El jefe del área jurídica de la Secretaría General de la Policía Nacional presentó concepto por medio del cual le solicitó a la Corte declararse inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo respecto de los cargos admitidos. 10 Folio 27. 11 Tanto de la Corte Constitucional como de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. 12 Folio 72.

13 Ibidem. 6 Al respecto consideró que las razones que presentó el demandante no son claras pues “postula en forma amplia que la norma es inconstitucional porque no existe un postulado táctico que explique el procedimiento que los uniformados

14 de la Policía Nacional deben seguir para realizar un registro a personas…” , para lo cual asegura el interviniente, confunde los conceptos de inspección corporal realizada en el marco del derecho penal y el registro a persona en materia del derecho de policía. Aseguró además que los cargos no son ciertos pues “la demanda no contiene argumentos que le permitan una base sólida a (sic)los cargos, surgiendo por antonomasia la carencia de conexidad entre las manifestaciones u opiniones allí plasmadas y el contenido real de la norma cuya inconstitucionalidad se 15 depreca, haciendo que el escrito adolezca por completo de justificación”. De otro lado, con relación al requisito de especificidad, se aseguró por el interviniente que en la demanda se equiparan conceptos diferentes (requisa de carácter preventivo y procedimiento en el marco penal) razón por la cual los cargos se construyen de forma vaga, indeterminada e imprecisa, sin que logren generar dudas sobre la constitucionalidad del precepto demando. Finalmente advierte que no se cumplen los requisitos de pertinencia y suficiencia dado que en la demanda en estudio se presentaron argumentos puramente legales y doctrinales que no permiten percibir una duda que desvirtúe la constitucionalidad de la norma. Concluye que en el caso en estudio no se advierte el cumplimiento de los criterios que construyan de manera correcta el concepto de violación, por lo que es necesario en su concepto, emitir un fallo inhibitorio. De manera subsidiaria presenta algunos argumentos que le permiten concluir que la norma no desconoce el parámetro de control que se alega vulnerado.

Intervenciones académicas

3. Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Uno de sus miembros designado para esos efectos presentó concepto, por medio del cual solicitó se emita un fallo inhibitorio, por cuanto advierte que la demanda no cumplió con el requisito de suficiencia dado que los argumentos no tienen alcance persuasivo para despertar una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma.

Destacó además que no hay prueba de que no existan protocolos dentro de la policía nacional para la realización de los fines descritos por el apartado demando. 14 Folio 88. 15 Folio 88 respaldo 7 Finalmente afirmó que el cargo por desconocimiento de la presunción de inocencia se construye confundiendo conceptos que son propios del proceso penal y no de los actos de policía, pues entiende erradamente el actor que para proceder con una requisa primero debe probarse la comisión de una conducta punible, afirmación que en su criterio “dejaría sin sustento los indicios, los motivos razonablemente fundados, las actuaciones preliminares y un sin número de actos propios de dicho sistema procesal” dado que la presunción de inocencia solo se desvirtúa según el caso después del juicio oral.

4. Universidad Externado de Colombia. El director del Departamento de Derecho Administrativo de la mencionada universidad presentó concepto por medio del cual consideró que la demanda no contiene argumentos que permitan su “prosperidad”.

Al respecto señaló que el procedimiento que se ataca es de carácter preventivo, el cual se ejecuta en cumplimiento del artículo 218 constitucional, y específicamente al aparte atacado regula un registro personal que es ajeno al

proceso penal. Señaló además que en otras oportunidades esta Corte se ha pronunciado sobre los registros personales y sus parámetros de concreción, concluyendo que el mismo no implica una afectación grave e injustificada de la intimidad, pues se trata de una exploración superficial, lo cual además tiene como fin y límite la conservación de condiciones de seguridad y tranquilidad de la comunidad. Dado lo anterior advirtió que el registro personal es un ejemplo del correcto ejercicio de las funciones constitucionales asignadas a la Policía Nacional. Finalmente encontró que la presunción de inocencia no se afecta pues se trata de actuaciones preventivas que no son propias del proceso penal.

V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN El Procurador General de la Nación, en ejercicio de la potestad establecida en el artículo 278.5 de la Constitución Política, rindió concepto en el presente asunto, en el cual solicitó a la Corporación se declare inhibida para pronunciarse sobre los cargos planteados.

Inicialmente el Ministerio Público destacó que el demandante plantea que el contacto físico para realizar el procedimiento de registro de personas vulnera el derecho a la intimidad, pero no explica las razones por las cuales se afecta tal contenido fundamental, pues se limita a trascribir apartes genéricos de fallos de la Corte, razón por la cual el cargo carece del requisito de suficiencia. Aseguró además que los cargos carecen del requisito de claridad dada la formulación confusa de los mismos y para eso presentó ejemplos de algunos apartados de la demanda. 8 Destacó seguidamente que la acusación parte de una consideración subjetiva y

es que los protocolos que se expidan desconocen el debido proceso, lo cual no puede derivarse de la lectura de la norma, incumpliendo así el requisito de certeza. Finalmente se advirtió que la presente demanda es idéntica a una previamente rechazada por la Corte en el expediente D-12376 y en ambas aparece el sello del Consultorio Jurídico de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia “razón por la cual para el ministerio público es evidente que esta institución tenía pleno conocimiento de presentar la misma demanda con el 16 nombre de otro estudiante” ; dado lo anterior traslitera un apartado de la sentencia C-112 de 2018 en el que la Corte llamó la atención sobre un asunto similar.

VI. CONSIDERACIONES

Competencia

1. Atendiendo lo dispuesto en el artículo 241.4 de la Constitución Política, esta Corporación es competente para conocer y decidir la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, toda vez que la norma acusada parcialmente hace parte de una ley de la República.

Metodología de la decisión

2. La Sala Plena de manera inicial procederá con el estudio de la aptitud de la demanda, teniendo en cuenta que la totalidad de intervinientes y el Procurador General de la Nación, plantearon en el presente asunto la ineptitud sustantiva de la demanda por considerar que el desarrollo argumentativo no es claro, y no se logró demostrar cómo el aparte demandado vulnera la Carta Política para lo cual es necesario se aduzcan argumentos ciertos, claros, específicos, pertinentes y suficientes.

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Cuestión preliminar: la aptitud de la demanda

3. El control de las leyes por parte de este Tribunal suscita tensiones entre diferentes intereses constitucionales. Al ser indiscutible la responsabilidad de este Tribunal de guardar la integridad y supremacía de la Carta (art. 241), la acción pública de inconstitucionalidad ocupa un importante papel instrumental 18 para su cumplimiento . Bajo esa perspectiva la definición de las condiciones 16 Folio 112. 17 La síntesis comprehensiva de este precedente se encuentra en la sentencia C-292 de 2019. Para el caso de la presente decisión, se utiliza la exposición efectuada en la mencionada sentencia.

17 Sentencias C-309 de 2017, C-494, C-372, C-179 y C-183 de 2016; C-497, C-387, C-227 y C-084 de 2015; C-584 y C091 de 2014, C-531, C-403, C-253 y C-108 de 2013; C-636, C-620 y C-132 de 2012; C-102 de 2010; C-761 de 2009; C1089 y C-032 de 2008, entre otras. 18 La sentencia C-1052 de 2001 -que ha ocupado un papel central después de la sentencia C-447 de 1997 en la delimitación de la acción pública de inconstitucionalidadindico: “De esta manera, se desarrolla una de las herramientas más preciadas para la realización del principio de democracia participativa que anima la 9 cuya verificación es necesaria para hacer posible un pronunciamiento de fondo de la Corte, ha tomado nota de la tensión que el ejercicio de dicha acción puede provocar con el principio democrático -al que se anuda la presunción de 19

constitucionalidad de las normas adoptadas por el Congreso - y el carácter rogado que, por regla general, se atribuye al ejercicio de las competencias de 20 control abstracto .

4. Esa tensión recibe diferentes respuestas en el ordenamiento jurídico vigente.

Una de ellas ha consistido en imponer, con fundamento en el numeral 3º del artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, algunas exigencias argumentativas cuando se formula un cargo de inconstitucionalidad. Para definirlas la Sala Plena se ha fundado en una premisa: la impugnación de una ley no puede sujetarse a estándares tan complejos que impliquen reservar la acción solo a ciudadanos con especial formación en métodos de interpretación legal y constitucional, pues ello la privaría de su naturaleza pública y, al mismo tiempo, desconocería el derecho de participar en el control del poder político (art. 40.6) 21 y de acceder a la administración de justicia (art. 229) . En todo caso ha estimado necesario que las acusaciones en contra de normas adoptadas por órganos representativos se apoyen en razones con aptitud para poner en duda la validez constitucional de la regulación, de modo que pueda apreciarse, al menos prima facie, un riesgo para la supremacía de la Constitución. Constitución (artículo 1 C.P.), permitiendo a todos los ciudadanos, a través de la acción pública de inconstitucionalidad, ejercer un derecho político reconocido por el propio Ordenamiento Superior (artículo 40 C.P.) y actuar como control real del poder que ejerce el legislador cuando expide una ley”. 19 Acerca de la presunción de constitucionalidad existen múltiples pronunciamientos. La sentencia C-042 de

2018 destacó que la existencia de requisitos mínimos para la presentación de una demanda de inconstitucionalidad tenía entre sus fundamentos “evitar que la presunción de constitucionalidad que protege al ordenamiento jurídico se desvirtúe a priori, en detrimento de la labor del Legislador, mediante acusaciones infundadas, débiles o insuficientes”. La sentencia C-076 de 2012 señaló que “cuando falta certeza respecto de algún hecho debe privilegiarse la validez de la ley elaborada por el Congreso de la República –in dubio pro legislatoris-, pues es la que resulta acorde con la presunción de constitucionalidad que se predica de la misma”. 20 Sobre el carácter excepcional del control oficioso, la sentencia C-257 de 2016 indicó: “De una parte, se proscribió el control oficioso de la legislación, pues por regla general éste se activa mediante una demanda que puede presentar cualquier ciudadano (arts. 242.1, 241.1, 241.4, 241.5 C.P.), y excepcionalmente opera de manera automática cuando recae sobre proyectos de leyes estatutarias (art. 241.8 C.P), tratados internacionales y sus leyes aprobatorias (art. 241.10 C.P.), decretos legislativos (art. 241.7 C.P.), leyes objetadas por el gobierno nacional por razones de inconstitucionalidad (art. 241.8 C.P.), convocatorias a referendo o a Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Carta Política (art. 241.2 C.P.), referendos sobre leyes y consultas populares y plebiscitos del orden nacional (art. 241.3 C.P.). Así pues, el escrutinio

judicial nunca se activa por iniciativa del juez constitucional, sino por una demanda ciudadana o excepcionalmente por ministerio de la ley”. 21 En el auto 241 de 2015 la Corte Constitucional, al modificar su doctrina relativa a la ausencia de legitimación de las personas cuyos derechos políticos se encontraban suspendidos por decisión judicial, precisó que la acción pública de inconstitucionalidad tenía ese doble fundamento. Al resumir su postura señaló: “(i) La Constitución sólo exige ostentar la calidad de ciudadano para ejercer el derecho a instaurar acciones de inconstitucionalidad. (ii) Si bien este es un derecho político, es también fruto del derecho fundamental a acceder a la administración de justicia, que en el marco político es además universal. Dado que el acceso a la justicia es esencial para garantizar el goce efectivo de los demás derechos y libertades, y para definir los límites de las instituciones estatales, la suspensión parcial del derecho a interponer acciones públicas no es sólo la restricción de un derecho político, sino la reducción de la efectividad de todos los demás derechos constitucionales, lo cual es inadmisible. (iii) Es necesario ser coherente con el desarrollo institucional de la acción pública de inconstitucionalidad, y esto supone no detener la ampliación del grupo de ciudadanos colombianos titulares de ese derecho fundamental, aunque es preciso aclarar que no se trata de ampliar el catálogo de derechos de las personas condenadas, sino de garantizar su acceso a la justicia constitucional. (iv) Es necesario actualizar el entendimiento de la Constitución para comunicarlo con la realidad penitenciaria y el derecho internacional de los derechos humanos”.

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5. El esfuerzo por armonizar los intereses constitucionales referidos, a través 22 de la fijación de “condiciones argumentativas mínimas” como presupuesto para activar la competencia de la Corte, cristaliza varias finalidades del proceso constitucional. En efecto, una correcta precisión del debate a partir del cumplimiento de tales requerimientos, de una parte (i) concreta el derecho de los intervinientes a participar en las decisiones que los afectan, puesto quedesde el principiose delimita la materia alrededor de la cual tendrá lugar la discusión constitucional favoreciendo así la calidad del diálogo público que la 23 demanda propone ; y, de otra, (ii) favorece una reflexión calificada que permite superar las dificultades asociadas a la interpretación constitucional.

Esta Corporación ha señalado que las normas vigentes ponen de presente “un modelo específico de control constitucional en el que los procesos deliberativos, abiertos, democráticos y participativos confieren legitimidad, 24 racionalidad, validez y justicia material a las decisiones judiciales” . En dicho modelo la tarea de la Corte “no consiste en construir oficiosa, aislada y unilateralmente las decisiones sobre la constitucionalidad del sistema jurídico, sino en liderar un proceso de construcción colectiva en un asunto esencialmente público, precisando y orientando el debate y la deliberación pública, organizando y sistematizando los insumos que resulten de este proceso de reflexión colectiva, valorando y sopesando las distintas opciones y alternativas que surgen de este mismo proceso, y finalmente, adoptando una 25 decisión” .

6. Asumir el proceso de constitucionalidad como un verdadero foro para el

diálogo público encaminado a establecer si la Constitución fue vulnerada por alguno de los órganos del Estado, implica que se trata de la expresión de una forma de democracia deliberativa. Tal circunstancia exige de ciudadanos, organizaciones y autoridades, la presentación de razones orientadas a poner de presente asuntos relevantes para juzgar la validez constitucional de la ley. No todos los argumentos son relevantes para que la Corte cumpla esta tarea. Su relevancia depende, en suma, de la contribución que puedan prestar para (i) definir el significado del objeto de control e (ii) identificar lo que la Constitución ordena, prohíbe o permite.

7. Las exigencias de claridad, certeza, pertinencia, especificidad y suficiencia como presupuestos de admisibilidad del cargo no tienen un valor en sí mismas.

Su importancia se establece en función de la capacidad para materializar los fines del proceso constitucional. Por ello, la verificación de su cumplimiento tiene como propósito establecer si la demanda, en tanto punto de partida del 22 Sentencia C-752 de 2015. 23 Desde sus primeros pronunciamientos la Corte había destacado esta idea. Refiriéndose a la ineptitud de la demanda sostuvo, en la sentencia C-447 de 1997, que “l