CC - C098-2020

Sentencia C-098/20

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA DE

TRATADOS Y LEYES APROBATORIAS DE TRATADOSCompetencia de la Corte Constitucional

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LEY

APROBATORIA DE TRATADO-Características CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA DE TRATADOS Y LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS-Control formal y material LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS INTERNACIONALES-Procedimiento de formación previsto para leyes ordinarias LEYES APROBATORIAS DE TRATADOS INTERNACIONALES-Procedimiento de formación previsto para leyes ordinarias

LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Control formal

DERECHO FUNDAMENTAL A LA CONSULTA PREVIA DE COMUNIDADES INDIGENAS Y GRUPOS ETNICOS-Convenio 169 de la OIT, bloque de constitucionalidad y jurisprudencia constitucional En consecuencia, al seguir las reglas jurisprudenciales mencionadas, es claro que la ley aprobatoria de un tratado internacional deberá cumplir con el procedimiento de consulta con las comunidades indígenas y étnicas, cuando su implementación pueda generar una afectación directa a la vida y a las costumbres de estos pueblos. En tales casos será necesario evaluar los contenidos y objetivos del instrumento internacional, para identificar esta eventual afectación a los grupos protegidos. TRATADO INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Control material El control material que realiza esta Corporación, en consecuencia, ha sido entendido tradicionalmente en la jurisprudencia constitucional como un estudio eminentemente jurídico del convenio y de su ley aprobatoria, que no

examina las ventajas u oportunidad práctica del acuerdo a nivel económico, social, ni su conveniencia política, o las razones de oportunidad, utilidad o eficiencia del instrumento, o las consecuencias prácticas de su celebración, por tratarse de reflexiones que le competen al Presidente de la República y al Congreso, respectivamente. CONVENIO INTERNACIONAL-Examen material 2

LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONALAspectos formales

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Negociación, celebración y aprobación ejecutiva CONVENCION DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS TRATADOS ENTRE ESTADOS-Validez en la representación de un Estado CONSULTA PREVIA DE COMUNIDADES Y GRUPOS ETNICOS-No se requiere cuando la normatividad no dispone intervención específica a los pueblos o comunidades étnicas PROYECTO DE LEY-Trámite en el Congreso/LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Trámite legislativo/LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Cumplimiento de requisito de inicio de trámite por aprobación en primer debate sesión conjunta de comisiones de Senado y Cámara/REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Contenido y alcance PROYECTO DE LEY-No consideración en más de dos legislaturas

LEY APROBATORIA DE ACUERDO INTERNACIONAL-Sanción

presidencial/LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Remisión a la Corte Constitucional TRATADO INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIACumplimiento de requisitos constitucionales y legales en su trámite legislativo

ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL

DESARROLLO ECONOMICO-OCDE-Antecedentes

ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL

DESARROLLO ECONOMICO-OCDE-Fines

ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL

DESARROLLO ECONOMICO-OCDE-Conformación

ADHESION DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA A LA

ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y DESARROLLO ECONOMICO-OCDE-Beneficios

3 ADHESION A TRATADO INTERNACIONAL-Efectos TRATADO INTERNACIONAL-Manifestación del consentimiento del Estado a través de la adhesión ACUERDO INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIADescripción del contenido El objetivo del presente acuerdo es el de establecer un marco jurídico de privilegios e inmunidades en favor de la OCDE, que se presenta como necesario para el cumplimiento de la misión de esa Organización Internacional en el territorio nacional. En este contexto, el tratado -como lo establece claramente su artículo 2º- busca facilitar la cooperación entre la OCDE y el Estado colombiano mediante la fijación de directrices que le permitan a aquella entidad garantizar condiciones adecuadas de autonomía, para el desarrollo de sus funciones en Colombia, en particular, en lo concerniente a la visita de agentes y expertos, la organización de conferencias o reuniones, la celebración de futuros acuerdos internacionales o el eventual establecimiento de una oficina de la OCDE en el país.

ACUERDO SOBRE LOS PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE

LA OCDE-Contenido

ACUERDO SOBRE LOS PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE

LA OCDE-Finalidad (…) para el Estado colombiano son dos las finalidades últimas que se derivan de la suscripción del presente acuerdo: fijar un marco normativo para el reconocimiento a los privilegios e inmunidades que le son conferidas a la OCDE para cumplir su misión en Colombia y lograr, a partir de la ratificación del acuerdo, el ingreso definitivo a la OCDE ACUERDOS DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES-Jurisprudencia constitucional ACUERDO SOBRE LOS PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LA OCDE-Se ajusta a la constitución Luego del análisis concreto a las disposiciones del acuerdo sobre privilegios, inmunidades y facilidades para la OCDE, concluye la Corte que se trata de normas que, conforme a lo previamente señalado, se encuentran ajustadas a la Carta y, por ende, superan materialmente el análisis de constitucionalidad (…) LEY APROBATORIA DE ACUERDO INTERNACIONALConstitucionalidad 4

Referencia: Expediente LAT-459

Asunto: Revisión de constitucionalidad de la Ley 1958 de 2019 “Por medio de la cual se aprueba el Ácuerdo entre la República de Colombia y la Organización para la

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) sobre privilegios, inmunidades y facilidades otorgados a la Organización, suscrito en Punta Mita, México, el 20 de junio de 2014”.

Magistrada Ponente:

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Bogotá, D. C., tres (3) de marzo de dos mil veinte (2020) La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones

constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente SENTENCIA Dentro del proceso de revisión de constitucionalidad de la Ley 1958 de 2019 “Por medio de la cual se aprueba el Ácuerdo entre la República de Colombia y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) sobre privilegios, inmunidades y facilidades otorgados a la Organización, suscrito en Punta Mita, México, el 20 de junio de 2014”.

I. ANTECEDENTES La Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República, el 27 de junio de 2019, remitió a la Secretaría General de esta Corporación el oficio número OFI1900072357/IDM 1201000 de la misma fecha y la copia auténtica de la Ley 1958 del 18 de junio de 2019 para su revisión constitucional, de conformidad con el numeral 10º del artículo 241 de la Constitución Política.

El proceso fue repartido a la Magistrada Sustanciadora el 19 de julio de 2019, quien, mediante auto del 25 de julio de 2019, avocó conocimiento de la ley de la referencia y ordenó la práctica de pruebas, varias de las cuales tuvieron que ser requeridas nuevamente al Congreso, mediante auto del 28 de agosto de 2019. Vencido el periodo probatorio y constatada la recepción completa de la documentación solicitada, la Magistrada Sustanciadora, con auto del 23 de septiembre de 2019, ordenó: (i) correr traslado al Procurador General de la

5 Nación; (ii) fijar en lista el proceso de la referencia para lo de su competencia; (iii) comunicar la iniciación del proceso al Presidente de la República, al Presidente el Congreso, a los Ministros del Interior, de Justicia y del Derecho, de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público, del Trabajo y de Defensa, para que intervinieran si lo consideraban procedente; (iv) invitar a la Academia Colombiana de Derecho Internacional (ACOLDI), la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a la facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, a las facultades de Jurisprudencia y de Ciencia Política y Gobierno y Relaciones Internacionales del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, a las facultades de Derecho de la Universidad de los Andes, de la Universidad de Nariño, de la Universidad Libre (seccional Bogotá) y de la Universidad Externado de Colombia, a la facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte y a la facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Pontificia Javeriana de Cali, para que intervinieran si lo consideraban oportuno. Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de esta clase de juicios y previo concepto del Procurador General de la Nación, procede la Corte a realizar el estudio de constitucionalidad del instrumento internacional y de su ley aprobatoria.

II. TEXTO DE LA NORMA BAJO EXAMEN La Ley 1958 de 2019 aprobatoria del Acuerdo cuya revisión de constitucionalidad se realiza, fue publicada en el Diario Oficial número 50.988 del 18 de junio de 2019 y, por su extensión, se presenta como anexo de

esta providencia.

III. INTERVENCIONES

1. Ministerio de Relaciones Exteriores La Directora de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó a la Corte Constitucional, la declaratoria de EXEQUIBILIDAD del instrumento internacional en mención y de la Ley 1958 de 2019.

En su escrito, recordó en primer lugar, la importancia de la OCDE como una organización enfocada en el apoyo de los países miembros para establecer políticas públicas que promuevan el desarrollo económico, el bienestar de los mercados laborales, el impulso de la inversión y el comercio, el fomento del desarrollo sostenible y el incremento del nivel de vida y funcionamiento de los mercados. En segundo lugar, señaló que el Acuerdo que se revisa, es uno de los elementos del proceso de adhesión de Colombia a la OCDE conforme a la “Hoja de Ruta” establecida para el efecto, en la que se detallaron los términos, condiciones y 6 procedimientos necesarios para que el país fuera invitado formalmente a pertenecer a esa Organización. Así, una vez extendida la invitación formal, Colombia y la OCDE suscribieron el “Acuerdo sobre los términos de la adhesión de la República de Colombia a la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico”, en Paris el 30 de mayo de

2018. En dicho acuerdo, que recogió la Declaración Final (“Final Statement”) hecha por Colombia, se estableció que, para poder adherirse a la OCDE, el país debía ratificar previamente el "Acuerdo entre la República de Colombia y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) sobre privilegios, inmunidades y facilidades otorgados a la Organización", suscrito

en Punta Mita, México, el 20 de junio de 2014. En otras palabras, indicó que, para concluir el proceso de adhesión a la organización internacional mencionada, Colombia requería ratificar previamente el acuerdo que es hoy objeto de revisión. Ahora bien, en lo que concierne al Acuerdo de la referencia en sí mismo considerado, el Ministerio concluyó que éste no presentaba vicio formal alguno, pues: (i) en virtud de lo establecido en el artículo 241 de la Constitución Política, el Gobierno remitió a esta Corporación copia auténtica de la Ley 1958 de 2019 el 18 de junio de 2019; (ii) el Acuerdo fue firmado por el entonces Presidente de la República, Juan Manuel Santos, por lo que, de acuerdo con el artículo 7° de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, no requería presentar plenos poderes para su suscripción; (iii) el instrumento internacional contó con aprobación ejecutiva del Presidente, el 16 de octubre de 2014, quien ordenó someterlo a consideración del Congreso de la República para su aprobación, de conformidad con el artículo 150-16 superior; y (iv) el trámite legislativo se inició en el Senado de la República, con sujeción a lo dispuesto en la Carta Política. En lo que concierne al contenido del Acuerdo, adujo el Ministerio que la OCDE es una organización internacional que cuenta con personería jurídica internacional, por lo que requiere de un régimen de privilegios e inmunidades para ejecutar sus actividades de manera neutral e independiente, sin el involucramiento del Estado en donde se desarrollen sus funciones. Por lo

anterior, se trata de prerrogativas que la jurisprudencia constitucional ha aceptado y que, en este caso, “son estrictamente funcionales, y están limitadas 1 a aquellos asuntos requeridos para asegurar su independencia” . Resaltó que, para otorgar prerrogativas especiales a una organización y sus funcionarios, en la práctica debe mediar un instrumento jurídico específicoesto es un tratado solemne-, mediante el cual se determinen los privilegios e inmunidades que el Estado receptor quiera reconocerle a una organización internacional en particular, dentro de su territorio. En el presente asunto, señaló que el artículo 2° del Acuerdo, enuncia precisamente que el objeto del convenio es “establecer un marco general de privilegios e inmunidades para la Organización, según sean necesarios para el cumplimiento de su misión”. 1 Cuaderno No 1, folio 148 7 Bajo este supuesto, se trata de un régimen de privilegios e inmunidades que a juicio del Ministerio no es absoluto, porque se encuentra limitado atendiendo el principio de inmunidad de jurisdicción restringida, como se desprende del artículo 19 del Acuerdo, que impide el abuso de tales prerrogativas a partir de la cooperación de la Organización en facilitar la debida administración de justicia. Además, señaló que como la Corte Constitucional ha avalado el régimen de privilegios e inmunidades en otros acuerdos, se consagraron cláusulas muy similares en esta oportunidad a las ya incluidas en otros tratados previos, por lo que se trata de disposiciones que se encuentran en principio ya aprobadas por el Estado colombiano. Sin perjuicio de lo anterior, aclaró que como la OCDE no

cuenta con una sede en Colombia y no existe acuerdo alguno para el establecimiento de una sede alterna en territorio nacional, varias disposiciones del instrumento internacional en revisión no serán aplicables sino hasta que la respectiva oficina sea establecida en el país. En este orden de ideas, aseguró que el Acuerdo tendrá aplicación, en principio, solo para los funcionarios de la OCDE que ingresen al territorio nacional en desarrollo de alguna misión específica de la Organización o cuando se realicen reuniones particulares a las que deban asistir representantes de los Estados miembros. De esta forma, concluyó el Ministerio que el Acuerdo en mención cumple con los requisitos formales previstos en la Constitución Política para su suscripción y aprobación legislativa, sumado a que su contenido se encuentra acorde con los principios y postulados del ordenamiento jurídico nacional, por lo que solicitó la declaratoria de exequibilidad del instrumento internacional en revisión.

2. Ministerio del Interior La delegada del Ministerio del Interior solicitó a la Corte Constitucional declarar la EXEQUIBILIDAD de la Ley 1958 de 2019 aprobatoria del acuerdo internacional de la referencia, al considerar que no adolece de vicio de forma alguno, ni tampoco contradice la Constitución.

En lo que respecta al análisis formal correspondiente, aseguró que tanto el trámite de negociación del instrumento internacional como su procedimiento de aprobación en el Congreso, se ajustaron a las normas constitucionales vigentes, pues, como está acreditado, el Estado estuvo debidamente representado en el momento de la negociación y firma del Acuerdo, sumado a que el trámite de aprobación se inició en el Senado de la República, específicamente en la

Comisión Segunda, tal y como lo determinan los artículos 154 de la Constitución y 2° de la Ley 3° de 1992. Aunado a lo anterior, el Presidente de la República, por conducto de la ministra del interior -quien actuaba como delegataria de funciones presidenciales en virtud del Decreto 1065 del 13 de junio de 2019-, sancionó la ley aprobatoria 8 del instrumento internacional objeto de examen y la remitió a la Corte Constitucional dentro del término de seis (6) días siguientes a la sanción de la ley, de conformidad con el artículo 241-10. De este modo, para el ministerio interviniente, se cumplieron las diferentes etapas del procedimiento de aprobación del acuerdo por parte del Congreso de la República, de conformidad con lo establecido en la Carta Política. Sobre los aspectos de fondo de la ley y del instrumento internacional en mención, precisó el organismo que la Ley 1958 de 2019 encuentra sustento en los artículos 9, 226 y 228 de la Carta. Además, dado que la OCDE es una entidad con personalidad jurídica internacional, requiere del reconocimiento de un régimen de privilegios e inmunidades para ejecutar sus actividades de manera neutral e independiente. Estas prerrogativas no son en principio contrarias a la 2 Carta. La Corte Constitucional en la sentencia C-859 de 2007 avaló la introducción de cláusulas de este tipo para asegurar la independencia de los representantes diplomáticos; garantías que se han extendido a las organizaciones internacionales, a sus bienes y funcionarios. Así las cosas, para el Ministerio del Interior el contenido material de la Ley

1958 de 2019 se compagina con lo dispuesto en la Carta Política y responde a la necesidad de la OCDE y de Colombia, de lograr un entendimiento concreto, bajo parámetros claros de participación y cooperación internacional.

3. Ministerio de Justicia y del Derecho La Directora de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico del Ministerio, solicitó a la Corte Constitucional declarar la EXEQUIBILIDAD del Acuerdo entre la República de Colombia y la OCDE sobre privilegios, inmunidades y facilidades otorgadas a la Organización, suscrito en Punta Mita, México, el 20 de junio de 2014 y su ley aprobatoria.

Respecto a las razones para una declaratoria de constitucionalidad formal, ese Ministerio señaló entre otras, que: (i) el Acuerdo y su ley aprobatoria fueron remitidos de manera oportuna a la Corte Constitucional; (ii) el instrumento internacional fue suscrito en su momento por el Presidente de la República, quien estaba debidamente habilitado para el efecto y (iii) el trámite legislativo, esto es su iniciación en el Senado, la publicación del texto correspondiente, los debates, la votación y los anuncios previos, se surtieron en debida forma. En ese sentido, el proyecto de ley fue publicado adecuadamente en el Congreso antes de darle curso en la comisión respectiva; fue aprobado en primer y segundo debate en las correspondientes comisiones y plenarias de cada Cámara, y recibió la respectiva sanción presidencial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 157, numeral 1° de la Constitución Política. Además, entre la

aprobación del proyecto en el Senado y la iniciación del debate en la Cámara de Representantes, transcurrieron menos de 15 días, acorde con lo establecido en el artículo 160 superior; y las sesiones de comisión y plenaria se realizaron 2 Sentencia C-859 de 2007 (M.P. Mauricio González Cuervo). 9 con el quórum requerido, lo que contribuyó, adicionalmente, a que el proyecto fuera aprobado por la mayoría de los asistentes. Ahora bien, en cuanto a la constitucionalidad material del Acuerdo, el Ministerio de Justicia sostiene que su contenido defiende fines superiores de la Carta, en la medida en que establece el marco general de privilegios, inmunidades y facilidades de la OCDE, necesarios para que esta Organización pueda cumplir de manera independiente con “su misión de prestar 3 colaboración y apoyo en el territorio colombiano” . Las prerrogativas concedidas a la OCDE en el Acuerdo, tienen el propósito de salvaguardar el ejercicio de sus funciones y no se reconocen a título personal, lo que para el ministerio se encuentra en consonancia con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Además, según esa entidad, el Acuerdo se encuentra en armonía con la jurisprudencia constitucional vigente, especialmente con lo establecido en la Sentencias C-259 de 2014 y C-578 de 2002. Sobre esta última, la delegada del Ministerio recordó que la Corte Constitucional ha sostenido, que una de las condiciones para que los acuerdos de privilegios e inmunidades resulten compatibles con la Carta, tiene que ver con que los “beneficios y exclusiones de jurisdicción concedidas por el Estado estén unívocamente dirigidas a permitir

la normal ejecución de las actividades de la organización correspondiente”. Con base en lo anterior, tales acuerdos deben comprenderse como 4 “modalidades de inmunidad restringida” , lo que supone que las exclusiones de jurisdicción se predican solo en el marco del ejercicio de las actividades propias de la organización internacional, por lo que los tratamientos diferenciados no configuran inmunidad absoluta, en la medida en que no facultan a sus beneficiarios a desconocer el ordenamiento jurídico nacional ni a favorecer la impunidad en relación con delitos y demás comportamientos antijurídicos y, en cualquier caso, en virtud del artículo 90 de la Constitución Política, es el Estado el llamado a reparar patrimonialmente el daño causado por terceros, cuando ante la exclusión de la jurisdicción, estos no puedan reclamar judicialmente el perjuicio causado por el beneficiario responsable. Por último, manifestó que el Estado colombiano está obligado internacionalmente a cumplir con la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas, incorporada en el ordenamiento jurídico colombiano mediante la Ley 62 de 1973. De manera tal que se trata de prerrogativas aceptadas en el derecho internacional público como un régimen aplicable al personal diplomático, que no genera, en principio, una afectación a la soberanía nacional.

4. Ministerio de Defensa Nacional 3 Intervención del Ministerio de Justicia y del Derecho. Cuaderno 1, folio 171.

4 Ibídem. 10 El Ministerio de Defensa Nacional intervino a través de apoderada, con el fin de solicitar la declaratoria de EXEQUIBILIDAD del “Acuerdo entre la República de Colombia y la Organización para la Cooperación y Desarrollo

Económicos (OCDE) sobre Privilegios, Inmunidades y Facilidades otorgados a la Organización” y de su ley aprobatoria, ante el pleno cumplimiento de los requisitos formales previstos en la Constitución Política para su suscripción y aprobación legislativa, y por tener un contenido material ajustado a la Carta, que en principio, respeta los postulados que gobiernan al Estado colombiano y su política exterior. Así, al iniciar su intervención, el Ministerio explicó que el Acuerdo que se analiza tiene la naturaleza jurídica de un tratado y recordó las precisiones y consideraciones que sobre tales instrumentos existen, en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. Más adelante, enumeró los artículos de la Constitución Política en los que se mencionan las competencias de la Presidencia de la República y el Congreso en materia de negociaciones internacionales y de aprobación de acuerdos, respectivamente. Y recordó que en el “Acuerdo sobre los Términos de la Adhesión de la República de Colombia a la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, suscrito en París el 30 de mayo de 2018”, se estableció que Colombia no podría concluir su proceso de adhesión, hasta tanto no se encuentre vigente el instrumento internacional que se analiza, por lo que su ratificación es importante y necesaria, para cumplir con ese objetivo. Sobre este punto precisó que, con el fin de acceder a la cooperación y hacer parte de la OCDE, Colombia, desde el año 2011, ha manifestado su intención de ingresar a esa Organización; y que, en el 2018, fue aceptado su ingreso en

23 Comités en los que se había propuesto lograrlo, ninguno de ellos relacionado con el sector defensa directamente. Sin embargo, la delegada ministerial aclaró que los puntos de contacto entre la OCDE y el Ministerio de Defensa Nacional son el Viceministerio del Grupo Social y Empresarial del sector. Ahora bien, en lo que tiene que ver con el contenido material del Acuerdo, afirmó que en sus 23 artículos hace referencia al régimen particular de privilegios e inmunidades pactado con Colombia, que se ajusta a la práctica común entre los Estados y organizaciones internacionales. Sumado a lo anterior, algunas de las disposiciones del Acuerdo objeto de revisión, consagran la renunciabilidad de la inmunidad, con el fin de no obstruir investigaciones, facilitar la acción de la administración de justicia y cooperar con el país receptor. Se trata entonces de prácticas que se han adoptado en otros instrumentos internacionales suscritos por Colombia con organizaciones internacionales, como es el caso de: (i) la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas de 1946; (ii) la Convención de las Naciones Unidas sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados de 1947; (iii) el Convenio entre la República de Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo de 1968; (iv) el Acuerdo sobre privilegios e inmunidades de la Corte 11 Penal Internacional de 2002; y (v) el Protocolo sobre los privilegios e inmunidades de la autoridad internacional de los fondos marinos de 1998, entre otros. Por lo anteriormente expuesto, solicitó que tanto el Acuerdo de la referencia como la Ley 1958 de 2019, fueran declarados exequibles.

IV. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN El Procurador General de la Nación en concepto número 6679 del 7 de noviembre de 2019, solicitó a la Corte Constitucional declarar la EXEQUIBILIDAD del “Acuerdo entre la República de Colombia y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) sobre privilegios, inmunidades y facilidades otorgados a la organización”, y de la Ley aprobatoria 1958 de 2019, en “el entendido de que ninguna de las disposiciones que se refieran a ‘cargos para efectos de pensión o seguridad social’ dará lugar al desconocimiento del derecho constitucional fundamental a la seguridad social de los nacionales colombianos o residentes permanentes en Colombia”.

El Ministerio Público consideró que la ley aprobatoria del Acuerdo objeto de análisis, honra los parámetros constitucionales de tipo formal exigibles por la Carta para la aprobación de instrumentos internacionales y que su contenido, en principio, no contraviene los preceptos de la Carta Política. En cuanto al trámite, la Vista Fiscal realizó un análisis de la fase prelegislativa, en la que corroboró, de acuerdo con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, las facultades o poderes del suscriptor del instrumento internacional. Luego analizó el trámite legislativo correspondiente, ante el Senado de la República y ante la Cámara de Representantes, y concluyó que la mencionada ley obtuvo la aprobación necesaria en el término pertinente y de acuerdo con las formalidades previstas en la Constitución. En lo que concierne al análisis material, el Procurador advirtió que el Acuerdo

es compatible con los principios constitucionales que rigen la política internacional y que responde a la jurisprudencia constitucional sobre los acuerdos celebrados en materia de privilegios e inmunidades. Sin embargo, el Procurador señaló que algunos de los artículos del instrumento internacional debían ser analizados de forma separada, en lo que concierne a su contenido. Estos son: “Artículo 1

Para efectos de este Acuerdo: (…)

(b) ‘cargos para efectos de pensión o seguridad social’ significa todos los cargos relacionados con cubrimiento pensional o de seguridad social, bien sea o no que tales cargos se refieran al empleo de agentes por parte de la Organización, e incluidos todos 12 los cargos inherentes a pensiones o beneficios de retiro, beneficios de desempleo, seguro de salud y beneficios familiares; (…) (h) “agentes” significa las categorías de personal a las que se aplican las disposiciones de este Acuerdo, según especificación por el Secretario General de la Organización; (…) Artículo 10 La organización y sus bienes estarán exentos de: (a) cualquier forma de tributación directa, incluidos cargos para efectos de pensión o seguridad social: sin embargo, la Organización no reclamará exención de tarifas e impuestos que constituyan no más que el pago por servicios públicos; (…) Artículo 14

1. Los agentes de la Organización: (…)

(c) estarán exentos de toda forma de tributación directa, incluidos cargos para efectos de pensión o seguridad social, sobre salarios, emolumentos, indemnizaciones, pensiones u otro elemento de 5 remuneración que les sean pagados por la Organización; (…)” .

(Subrayas de la cita) Sobre las disposiciones transcritas, la Vista Fiscal estima que la posible amplitud conceptual de la expresión “cargos para efectos de pensión o seguridad social”, puede resultar contraria a los artículos 48 y 49 de la Constitución Política, que consagran la seguridad social como derecho fundamental. Al respecto, afirmó que las referidas cláusulas no proporcionan claridad sobre la situación en que se encontrarán los nacionales colombianos o residentes permanentes en Colombia respecto de la Organización o sus agentes ante una eventual relación laboral o de prestación de servicios, pues se podría interpretar que las cotizaciones exigidas en el Sistema General de Seguridad Social “están incluidas en los referidos costos exentos y que en el Acuerdo no se contempla 6 sistema alguno de seguridad social” . Para el Procurador, si bien es usual que los organismos internacionales cuenten con privilegios y exenciones, “no lo es que es estén exentos de manera general de hacer aportes a los sistemas de seguridad sociales cuando ellos procederían de conformidad con las leyes locales”. Otros instrumentos internacionales similares no tienen tales restricciones, como ocurre con la Convención de Privilegios e Inmunidades de la ONU, o la de la OEA o la del Banco Interamericano de Desarrollo. De hecho, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomátic