CC - C452-2020

Sentencia C-452/20

TESTIMONIO DE MENORES DE SIETE AÑOS EN PROCESO DISCIPLINARIO-Inexequibilidad (…) en relación con el cargo formulado contra la expresión “que tengan más de siete años”, contenida respectivamente en el inciso segundo (parcial) del artículo 194 del Código Disciplinario Militar y en el inciso segundo (parcial) del artículo 164 del Código General Disciplinario, la Sala considera que en efecto dicha expresión viola el derecho fundamental y prevalente de los niños y niñas a ser escuchados en los procedimientos judiciales y administrativos relacionados con asuntos que los afecten, y a que la expresión libre de su opinión en tales escenarios sea tenida en cuenta, al privar a los menores de siete años de la facultad de rendir testimonio en los procedimientos disciplinarios, ya sea como meros testigos o en calidad de sujetos procesales en razón de su condición de víctimas de las faltas disciplinarias que los habilitan para ello. DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos Para que exista aptitud sustantiva de la demanda, se deben estructurar los cargos de inconstitucionalidad de manera que satisfagan los requisitos exigidos en el artículo 2 del Decreto Ley 2067 de 1991, de conformidad con el cual deberán señalar: (i) las disposiciones acusadas de inconstitucionales; (ii) las normas constitucionales que se consideran violadas; (iii) las razones por las cuales las disposiciones acusadas se consideran inconstitucionales; (iv) el trámite quebrantado, en caso de que se alegue un vicio de procedimiento en la formación de las disposiciones demandadas; y (v) la

razón por la cual la Corte es competente. DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Concepto de violación/ CONCEPTO DE VIOLACION EN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA-Incumplimiento de requisitos de certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia en los cargos VICTIMAS EN DERECHO DISCIPLINARIO-No existencia como regla general/VICTIMAS DE FALTA DISCIPLINARIA-Existencia excepcional

VICTIMAS DE FALTA DISCIPLINARIA QUE DESCONOCE EL

DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO-Calidad en que intervienen/VICTIMAS DE FALTA DISCIPLINARIA QUE

DESCONOCE EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS

DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO-Sujetos procesales

PROCESO DISCIPLINARIO-Sujetos procesales PROCESO DISCIPLINARIO-Pruebas DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD DE NORMA INEFICAZ-No conlleva a fallo inhibitorio DERECHO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A SER OIDOS Y A QUE SUS OPINIONES SEAN TENIDAS EN CUENTAReiteración de jurisprudencia La jurisprudencia constitucional ha indicado a este propósito que la edad de los niños y niñas no puede ser tenida como criterio para evaluar su madurez a efectos de ejercer este derecho.

DERECHOS DE LOS NIÑOS E INTERES SUPERIOR DEL MENOR-Instrumentos internacionales/BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Instrumentos internacionales que reconocen los derechos de los niños DERECHO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A SER OIDOS Y A QUE SUS OPINIONES SEAN TENIDAS EN CUENTA-En función de la edad y del grado de madurez DERECHO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A SER OIDOS EN PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS-Contenido En este sentido, los niños y niñas deben poder expresar sus opiniones sin presión y escoger si quieren o no ejercer su derecho a ser escuchados y, si deciden hacerlo, deben recibir toda la información y el asesoramiento necesario para que su decisión favorezca su interés superior. "Libremente" significa también que no pueden ser manipulados ni estar sujetos a influencias o presiones indebidas, razón por la que debe tenerse en cuenta su situación individual y social y un entorno en que se sientan respetados y seguros cuando expresen libremente sus opiniones. DERECHO DE LOS MENORES DE DIECIOCHO (18) AÑOS A SER ESCUCHADOS-Protección constitucional e internacional 2

Referencia: Expedientes D-13569 y D-13570 AC.

Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 194 de la Ley 1862 de 2017 y 164 de la Ley 1952 de 2019

Accionante: Diego Humberto Rendón Gómez

Magistrado sustanciador:

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Bogotá D.C., quince (15) de octubre de dos mil veinte (2020) La Sala Plena de la Corte Constitucional, con fundamento en el artículo 241-4 de la Constitución Política y agotado el procedimiento1 previsto en el Decreto Ley 2067 de 19912, decide sobre las demandas presentadas por el ciudadano Diego Humberto Rendón Gómez en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en el artículo 40-6 de la Constitución, contra los artículos 194 (parcial) de la Ley 1862 de 20173 y 164 (parcial) de la Ley 1952 de 20194, cuyos textos son del siguiente tenor:

I. DISPOSICIONES DEMANDADAS “LEY 1862 DE 2017 1 Consta en el expediente que el ciudadano Diego Humberto Rendón Gómez presentó demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 194 (parcial) de la Ley 1862 de 2017, “[p]or la cual se establecen las normas de conducta del Militar Colombiano y se expide el Código Disciplinario Militar” (expediente D-13569). En escrito separado, demandó el artículo 164 (parcial) de la Ley 1952 de 2019 “[p]or medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario” (expediente D-13570). En sesión del 5 de noviembre de 2019, la Sala Plena resolvió acumular las mencionadas demandas, y posteriormente, mediante Auto del 22 de noviembre del mismo año, el magistrado sustanciador las admitió en aplicación

del principio pro actione. En el mismo proveído dispuso (i) fijar en lista; (ii) comunicar el inicio del proceso al Procurador General de la Nación para lo de su competencia; (iii) comunicar el inicio del proceso al Presidente del Congreso de la República y, con fundamento en el inciso segundo del artículo 11 del Decreto Ley 2067 de 1991, a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Ministerio del Interior y al Departamento Administrativo de la Función Pública; y (iv) a efectos de rendir concepto, invitar a diferentes entidades públicas y privadas, organismos internacionales, expertos en la materia, y a las facultades de derecho de varias universidades con el fin de resolver las siguientes preguntas: ¿El límite de siete años de edad para la intervención como testigos en procesos judiciales supone una protección a los niños, niñas y adolescentes o una restricción a sus derechos? ¿Debería limitarse la intervención de la autoridad disciplinaria en el interrogatorio de un menor de edad? Tratándose de casos en los que intervenga la autoridad disciplinaria militar, ¿deben aplicarse criterios especiales? ¿Cómo se mide, entonces, el interés del testigo? ¿Cuál es el valor probatorio del testimonio rendido por un menor de edad en procesos judiciales y administrativos? 2 Mediante el cual se regula el “régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional”, conforme a las disposiciones señaladas en el artículo 242 de la Constitución.

3 “[p]or la cual se establecen las normas de conducta del Militar Colombiano y se expide el Código Disciplinario Militar”. 4 “[p]or medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario” 3 (agosto 4) Diario Oficial No. 50.315 de 4 de agosto de 2017 Por la cual se establecen las normas de conducta del Militar Colombiano y se expide el Código Disciplinario Militar.

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA: (…) ARTÍCULO 194. DEBER DE RENDIR TESTIMONIO. Toda persona está en la obligación de rendir bajo juramento, el testimonio que se le solicita en la actuación procesal, salvo las excepciones constitucionales y legales.

Los menores de edad que tengan más de siete años podrán rendir testimonio, diligencia que solo podrá ser recibida por el Defensor de Familia, en su despacho o a través de audio y video cuando las circunstancias así lo determinen. El menor absolverá el cuestionario enviado para el caso por la autoridad disciplinaria. El disciplinado o su defensor podrán formular preguntas que no sean contrarias al interés del declarante. La autoridad disciplinaria podrá intervenir en el interrogatorio del menor para conseguir que este responda a la pregunta que se le ha formulado o que lo haga de manera clara y precisa.” “LEY 1952 DE 2019 (enero 28) Diario Oficial No. 50.850 de 28 de enero de 2019 Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se

derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario.

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA: (…)

CAPÍTULO II.

TESTIMONIO.

4 ARTÍCULO 164. DEBER DE RENDIR TESTIMONIO. Toda persona está en la obligación de rendir bajo juramento el testimonio que se le solicita en la actuación procesal, salvo las excepciones constitucionales y legales. Los menores de edad que tengan más de siete años podrán rendir testimonio, diligencia que solo podrá ser recibida ante el Defensor o Comisario de Familia, en su despacho o a través de audio y video cuando las circunstancias así lo determinen. El menor absolverá el cuestionario enviado para el caso por la autoridad disciplinaria. El disciplinado o su defensor podrán formular preguntas que no sean contrarias al interés del declarante”.

II. LAS DEMANDAS En las demandas acumuladas se formularon dos cargos de inconstitucionalidad, a saber: 2.1. Cargo formulado contra el inciso tercero del artículo 194 del Código Disciplinario Militar (D-13569) El accionante sostiene que el inciso tercero del artículo 194 del Código Disciplinario Militar vulnera, por un lado, el artículo 29 superior porque permite que la autoridad disciplinaria intervenga en el interrogatorio del menor de edad para conseguir que este responda a la pregunta que se le ha formulado o que lo haga de manera clara y precisa, lo cual contradice (i) el inciso segundo del mismo artículo porque “sin excepción alguna establece la

discrecionalidad que tiene la autoridad disciplinaria de interrogar al menor cuando bien le parezca” para así “cumplir con el propósito de la diligencia, así no sea la voluntad del niño o niña rendirla, o no tenga la capacidad de atender determinadas preguntas”; y (ii) “las formas propias en que debe ser practicado su testimonio”, establecidas en el segundo inciso del artículo 150 de la Ley 1098 de 2006 “[p]or la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”, en el sentido de que “[e]xcepcionalmente, el juez podrá intervenir en el interrogatorio del niño, la niña o el adolescente para conseguir que este responda a la pregunta que se le ha formulado o que lo haga de manera clara y precisa. Dicho interrogatorio se llevará a cabo fuera del recinto de la audiencia y en presencia del Defensor de Familia, siempre respetando sus derechos prevalentes”. Por otro lado, argumenta que la disposición demandada también vulnera el artículo 44 superior y la Convención sobre los Derechos del Niño5 (en adelante, CDN) pues “pese a la posición tajante y garantista de practicar la deposición del niño únicamente a través del defensor de familia, hace la permisión general de la intervención de la autoridad disciplinaria”; en ese 5 Aprobada mediante la Ley 12 de 1991 “[p]or medio de la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos Del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989". 5 entendido, “[n]ada más violatorio a los derechos superiores del niño y niña y su no revictimización el haberse eliminado por parte del legislador dos

obligaciones impajaritables en la práctica del testimonio del menor de edad, una atinente a (i) realizar la diligencia fuera del recinto de la audiencia, y otra que tiene que ver con (ii) la presencia del Defensor de Familia en la diligencia”. 2.2. Cargo formulado contra el inciso segundo (parcial) del artículo 194 del Código Disciplinario Militar y el inciso segundo (parcial) del artículo 164 del Código General Disciplinario (D-13569 y D-13570) El accionante indica que la expresión “[l]os menores de edad que tengan más de siete años podrán rendir testimonio”, contenida respectivamente en el inciso segundo del artículo 194 del Código Disciplinario Militar y en el inciso segundo del artículo 164 del Código General Disciplinario, vulnera los artículos 44 superior y 12 de la CDN porque impide que los niños y niñas menores de siete años rindan testimonio en los procedimientos disciplinarios, incluso siendo víctimas de aquellas faltas disciplinarias que los habilitarían como sujetos procesales. A su juicio, esto “viola alevemente los postulados universales que dan cuenta del derecho que tiene todo menor inmerso en una investigación judicial o administrativa a ser escuchado y sus opiniones tenidas en cuenta, condición normativa discriminatoria que contraria (sic) la capacidad que se presume de todo niño de rendir su testimonio sin límites mínimos de edad (…) siendo una manera de reparar las consecuencias dañinas de la conducta” y choca “abruptamente con el orden jurídico nacional y tratados internacionales, con lo que además se desconoce su condición de sujeto pasivo de los comportamientos disciplinarios, en muchas

ocasiones faltas gravísimas cuando se involucran menores de edad”.

III. INTERVENCIONES

3.1. Ministerio de Defensa Nacional6 Solicita declarar la inhibición por ineptitud sustantiva de las demandas o, en su defecto, la exequibilidad de las disposiciones acusadas. Sostiene que las demandas incumplen los requisitos de claridad, certeza, pertinencia y suficiencia. Y, sin realizar algún tipo de consideración sobre la imposibilidad de que los menores de siete años rindan testimonio, centra su argumentación en la protección que el sistema ofrece a los testigos mayores de siete años, quienes siempre estarán acompañados del Defensor de Familia por lo que “el impúber no quedará expuesto al arbitrio de la autoridad disciplinaria de ser requerida su participación”. 3.2. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar7 6 Folio 111. Intervención radicada el 18 de diciembre de 2019. 7 Folio 90. Intervención radicada el 18 de diciembre de 2019. 6 Solicita declarar la exequibilidad condicionada de las disposiciones demandadas “en el entendido que la expresión ‘los menores de edad que tengan más de 7 años podrán rendir testimonio’ no excluye la participación en estas diligencias de los menores de 7 años; y que el aparte ‘[L]a autoridad disciplinaria podrá intervenir en el interrogatorio del menor para conseguir que este responda a la pregunta que se le ha formulado o que lo haga de manera clara y precisa’ (i) es excepcional; (ii) no excluye el acompañamiento de un profesional idóneo al menor de edad en el desarrollo de la diligencia, como los Defensores de familia y, cuando a ello hay lugar, de sus

representantes legales; (iii) debe observar los principios constitucionales de la prevalencia de sus derechos fundamentales sobre los derechos de los demás y el del interés superior del niño/a; y que (iv) toda entrevista que se adelante a un niño, niña o adolescente dentro de un proceso judicial, debe regirse por las normas del Código de Infancia y Adolescencia, para el caso específico el artículo 194 de la Ley 1098 del 2006, que establece los límites de las autoridades para llevar a cabo la diligencia de interrogatorio de un niño, niña o adolescente”. En efecto, considera que el principio del interés superior de los menores de edad “es puente de realización de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, pues se aplica en contextos concretos de protección de manera relacional y real”. Es así como el artículo 12 de la CDN y la Observación General Nro. 12 del Comité de los Derechos del Niño se refieren al derecho de los niños y niñas a ser escuchados y expresar su opinión libremente. A nivel interno, lo anterior se ve reflejado en varias disposiciones legales, entre ellas, los artículos 26 y 105 del Código de Infancia y Adolescencia, y agrega que el contenido de este derecho también ha sido objeto de análisis de la Corte Constitucional. Todos coinciden en que “la edad no resulta un factor clave a la hora de ejercer por parte de los niños y niñas la garantía de ser escuchados, pues el argumento central resulta ser la madurez que este tenga, la capacidad de formarse un juicio propio con los elementos de contexto que pueda percibir y que (…) resulta necesario examinar caso a caso esta situación, de cara a garantizar los derechos de los

niños/as en virtud del principio de interés superior del menor de edad”. Así, la intervención de niños y niñas como testigos no supone en sí misma protección o vulneración de sus derechos, por cuanto lo que se exige es que, atendiendo su interés superior, se garantice el acompañamiento de un profesional idóneo. Al respecto indica que el artículo 150 del Código de Infancia y Adolescencia establece las formas que deben seguirse para citarlos como testigos, y el artículo 193 de la misma normativa, las formas cuando sean ellos mismos víctimas de la conducta investigada. 3.3. Universidad de los Andes8 8 Folio 70. Concepto radicado el 13 de diciembre de 2019 y suscrito por Ángela María Yepes en su calidad de directora del consultorio jurídico. 7 En concepto técnico allegado al proceso, explica que con base en el artículo 3.1 de la CDN, y las directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos (aprobadas por la ONU mediante Resolución Nro. 2005/20), la edad no debería ser obstáculo para el reconocimiento de “la capacidad de los niños para intervenir como testigos en procesos judiciales (…) [lo que supone] la observancia de reglas especiales derivadas precisamente de esa especial protección de la que gozan”. Lo anterior, por cuanto el único límite aceptable para su participación, con independencia de la jurisdicción de la que se trate, es su propia seguridad y tranquilidad en tanto su derecho a la integridad personal prevalece sobre el derecho de los demás. En consecuencia, “el límite de siete (7) años para la intervención de un niño

o niña como testigo en procesos judiciales o administrativos, supone una restricción a sus derechos, teniendo en cuenta que, por una parte, los cohíbe de pronunciarse acerca de aspectos que pueden resultar vitales trascendentales para su vida o entorno y, por la otra, les impide poner de presente acontecimientos o situaciones vividas que pueden resultar pertinentes y conducentes en el marco del proceso administrativo o judicial que se adelante”. En todo caso, el testimonio rendido por un menor de edad habrá de valorarse en conjunto con los otros medios probatorios que reposen en el expediente. 3.4. Pontificia Universidad Javeriana9 Solicita declarar la inexequibilidad del aparte “que tengan más de siete años”, contenido en el inciso segundo del artículo 194 del Código Disciplinario Militar, e inhibirse frente a la pretensión formulada por el accionante frente al contenido del inciso tercero del mismo artículo. Sostiene, por un lado, que “dado que las personas mayores de edad tienen el derecho a ser escuchadas en los procesos disciplinarios que se adelantan en contra de los miembros de las Fuerzas Militares, con más razón, el principio de la “prevalencia del interés del menor” demanda que los menores de siete (7) años de edad, no solo tengan esa misma posibilidad, sino además, que se adelanten acciones adicionales para lograr dicha participación, y que la misma se haga asegurando la protección de todos sus derechos fundamentales”. Y, por otro, expone que los argumentos esgrimidos contra el inciso tercero del artículo 194 del Código Disciplinario Militar carecen de certeza, dado que su contenido “no tiene la vocación de consagrar una

excepción de las medidas de protección previstas en el inciso anterior -no solo porque no corresponde a la redacción formulada por el Legislador-, sino porque además, se trataría de una interpretación que arrojaría un significado a la norma contrario a postulados constitucionales que ordenan proteger de manera especial a los niños, niñas y adolescentes en los procesos judiciales y administrativos en los que deban intervenir”, y de pertinencia, en tanto el 9 Folio 102. Intervención radicada el 18 de diciembre de 2019. 8 accionante asume que el Código de Infancia y Adolescencia es parámetro de constitucionalidad. 3.5. Universidad Externado de Colombia10 Solicita declarar la inexequibilidad de las disposiciones demandadas. Al efecto, recuerda las razones por las cuales el legislador suprimió cualquier tipo de limitación relacionada con la edad del testigo en la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso, ya que “los niños y niñas de hoy en día son personas que gozan de gran información desde muy temprana edad y por lo tanto desarrollan muy pronto competencias y estructuras mentales que les permiten rápidamente diferenciar entre sus fantasías infantiles y lo que observan en la realidad”. Concluyen que, en consecuencia, los menores de siete años pueden ser testigos siempre que se les garantice participar en presencia del Defensor de Familia y, de ser necesario, de un psicólogo. 3.6. Instituto Colombiano de Derecho Procesal y expertos Jairo Parra Quijano y Ulises Canosa Suárez11 Solicitan declarar la inexequibilidad de las disposiciones demandadas. Advierten que el artículo 12 de la CDN “reconoce el derecho del menor a

expresar su opinión y a ser oído en todo procedimiento judicial y administrativo que lo afecte sin restricción por razón de su edad”, lo que además fue desarrollado en la Observación General Nro. 12 del Comité de los Derechos del Niño. Explican que, a nivel interno, “diferentes normas establecen la necesidad de recaudar la declaración del niño por el Defensor o el Comisario de Familia o en otras condiciones especiales (ver, entre otros, los artículos 383 del Código de Procedimiento Penal y 150 de la Ley 1098 de 2006) (…) [además de que] precisamente por eso el artículo 210 del CGP derogó la limitación que el artículo 215 No. 1 del CPC traía en el sentido de conceder habilidad para testimoniar únicamente a los mayores de doce años”. Así las cosas, el límite de edad contenido en las disposiciones demandadas resulta discriminatorio y restrictivo de los derechos de los niños y niñas, lo que no es óbice para que el funcionario valore el testimonio rendido por el menor de edad en conjunto con los demás medios de prueba. Ahora bien, con respecto a la intervención de la autoridad disciplinaria en el interrogatorio rendido por un menor de edad, sostuvieron que “debe realizarse de manera indirecta, con medidas especiales, es decir mediante el Defensor o Comisario de Familia o de un psicólogo que obtenga dichas 10 Folio 106. Intervención radicada el 18 de diciembre de 2019. 11 Folio 80. Intervención radicada el 16 de diciembre de 2019 en sus propios nombres y en representación del Instituto Colombiano Derecho Procesal. 9 precisiones y claridades sin afectación para el infante o adolescente, aunque

al mismo tiempo respetuosa de las garantías del debido proceso y del derecho a la contradicción de la prueba que tiene el disciplinado”. 3.7. Oscar Mauricio Molina y Cristian Javier Vélez12 Dicen coadyuvar las demandas pero lo que realmente pretenden es que se declare la inconstitucionalidad de las disposiciones acusadas no porque el límite de siete años pueda resultar discriminatorio, sino porque ni siquiera los mayores de siete años “cumple[n] con las garantías del desarrollo integral del menor, por considerar que se vulnera la integridad emocional, y física a (sic) a un menor mayor de 7 años de edad a rendir testimonio, toda vez, que el menor no tiene la madurez para comprender lo solicitado por las normas demandadas”. 3.8. Intervenciones extemporáneas Vencido el término al que se refiere el artículo 11 del Decreto 2067 de 1991, el Ministerio del Interior allegó su intervención13, solicitando declarar la inhibición por ineptitud sustantiva de las demandas o, en su defecto, la exequibilidad de las disposiciones acusadas.

IV. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN Mediante concepto Nro. 6703 de 5 de febrero de 202014, el Procurador General de la Nación solicita a la Corte declararse inhibida por ineptitud sustantiva de las demandas.

Sostiene que el cargo elevado contra el inciso segundo (parcial) del artículo 194 del Código Disciplinario Militar y el inciso segundo (parcial) del artículo 164 del Código General Disciplinario no es cierto porque “parte de una premisa que no se desprende de los enunciados normativos acusados”, en

tanto dichos enunciados “vulneran el derecho de los niños y niñas a ser escuchados en los procesos judiciales o administrativos de los que hacen parte, a pesar de que la norma regula el deber de rendir testimonio, en sentido estricto, esto es, dar fe de hechos que por alguna razón le constan al testigo, sin que este sea parte del proceso o resulte afectado por una investigación”. En su opinión, el accionante confunde el testimonio con la declaración “que tiene por objeto que una persona que es parte del mismo o una víctima entregue su versión de los hechos objeto de investigación (…) caso en el cual, sin lugar a dudas, los niños y niñas tienen derecho a ser escuchados sin límites de edad, con las garantías propias y adecuaciones necesarias para buscar la verdad sin revictimizarlos, a través de los medios 12 Folio 73. Intervención radicada el 16 de diciembre de 2019. 13 Folio 118. Intervención presentada el 19 de diciembre de 2019. 14 Folio 159. Concepto radicado el 6 de febrero de 2020. 10 idóneos para acceder a la verdad y los profesionales especializados en la materia”. Agrega que los argumentos también carecen de pertinencia ya que “el reproche formulado contra el inciso tercero del artículo 194 de la Ley 1862 de 2017 no es de naturaleza constitucional y además parte de una premisa que desconoce la integralidad de la norma. En el caso bajo análisis el demandante interpreta que la intervención de la autoridad disciplinaria en el interrogatorio del menor supone inaplicar las exigencias para la recepción de un testimonio de esta naturaleza, contenidas en la Ley 1098 de 2006 y en la

misma Ley 1862 de 2017, razón por la cual se trata de argumentos en el plano legal que no son de naturaleza constitucional”.

V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 5.1. Competencia De conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 241 de la Constitución, la Corte Constitucional es competente para conocer las demandas de inconstitucionalidad de la referencia por cuanto se dirigen contra contenidos materiales de las leyes 1862 de 2017 y 1952 de 2019. 5.2. Plan de decisión La Sala (i) se declarará inhibida respecto del cargo formulado contra el inciso tercero del artículo 194 del Código Disciplinario Militar por ineptitud sustantiva de la demanda; y (ii) declarará inexequible la expresión “que tengan más de siete años”, contenida en el inciso segundo del artículo 194 del Código Disciplinario Militar y en el inciso segundo del artículo 164 del Código

General Disciplinario. Al efecto, reiterará la jurisprudencia sobre los requisitos generales de los cargos de inconstitucionalidad (5.3) y explicará las razones por las que, de un lado, el cargo contra el inciso tercero del artículo 194 del Código Disciplinario Militar los incumple (5.4) y, de otro, el cargo formulado contra la expresión “que tengan más de siete años”, contenida respectivamente en el inciso segundo del artículo 194 del Código Disciplinario Militar y el inciso segundo del artículo 164 del Código General Disciplinario, los cumple (5.5). Posteriormente, la Sala analizará el contenido y alcance del derecho de los

niños y niñas a expresar libremente su opinión y a que ésta sea tenida en cuenta (5.7) para, finalmente, abordar el caso en concreto y declarar la inexequibilidad anunciada (5.8). 5.3. Requisitos generales de los cargos de inconstitucionalidad. Reiteración de jurisprudencia. 11 El artículo 241 de la Constitución Política establece que a la Corte Constitucional se le confía la guarda de su integridad y supremacía y, en los numerales 4 y 5, le atribuye la función de decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes y los decretos con fuerza de ley, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación. Esta Corporación, con fundamento en el Decreto Ley 2067 de 1991, ha indicado que los cargos de inconstitucionalidad contra una ley se someten a exigencias de tipo formal y material, con la finalidad de garantizar la formulación de un verdadero problema de constitucionalidad que permita adelantar una discusión a partir de la confrontación del contenido verificable de una disposición legal con el enunciado de un mandato superior. En reiterada jurisprudencia constitucional se ha señalado que la competencia para ejercer control de constitucionalidad sobre disposiciones demandadas está atada al cumplimiento de dos presupuestos básicos e insustituibles: (i) que la demanda ciudadana reúna los requisitos mínimos señalados en el artículo 2 del Decreto Ley 2067 de 199115; y (ii) que las disposiciones sometidas a control estén vigentes o que, si no lo están, produzcan efectos o tengan

vocación de producirlos16. En consecuencia, para que exista aptitud sustantiva de la demanda, se deben estructurar los cargos de inconstitucionalidad de manera que satisfagan los requisitos exigidos en el artículo 2 del Decreto Ley 2067 de 1991, de conformidad con el cual deberán señalar: (i) las disposiciones acusadas de inconstitucionales; (ii) las normas constitucionales que se consideran violadas; (iii) las razones por las cuales las disposiciones