CC - SU461-2020

Sentencia SU461/20 PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA-La acción de tutela debe ser entendida de conformidad con este principio ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALESRequisitos generales y especiales de procedibilidad SUSTITUCION PENSIONAL O PENSION DE SOBREVIVIENTESRequisitos que deben cumplir el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite/SUSTITUCION PENSIONAL-Convivencia al momento de la muerte DERECHO A LA SUSTITUCION PENSIONAL-Conflictos entre cónyuge y compañera permanente ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN MATERIA DE SUSTITUCION PENSIONAL-Improcedencia por no configurarse defectos sustantivo, fáctico o desconocimiento del precedente alegados

Referencia: Expediente T-7.136.220

Acción de tutela instaurada por Brenda Lucía Alviar de Navia contra la Sala de Descongestión N°4 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Procedencia: Corte Suprema de Justicia –Sala

de Casación Civil.

Asunto: Carácter excepcional de la tutela contra providencias judiciales, sustitución pensional, defecto fáctico, sustancial y desconocimiento del precedente.

Magistrada sustanciadora:

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Bogotá, D. C., veintidós (22) de octubre de dos mil veinte (2020). En ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, la Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Alberto Rojas Ríos, Diana

Fajardo Rivera, Jorge Enrique Ibáñez Najar, Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Cristina Pardo Schlesinger, Richard S. Ramírez Grisales y José Fernando Reyes Cuartas, ha proferido la siguiente SENTENCIA En el trámite de revisión del fallo de segunda instancia del 3 de octubre de 2018, en el que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión adoptada el 4 de septiembre del mismo año por la Sala de Casación Penal de la misma Corporación, en la que negó el amparo solicitado por considerarlo improcedente. El asunto llegó a la Corte Constitucional por remisión que hizo el juez colegiado de segunda instancia, en virtud de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 86 de la Constitución y del inciso 2° del artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. Fue escogido para revisión por la Sala de Selección N°1 de 2018, mediante auto del 28 de enero de ese mismo año.

I. ANTECEDENTES

A. Hechos y pretensiones

1. Brenda Lucía Alviar estuvo casada con Luis Lisandro Navia Madriñán y de esa unión nacieron dos hijos. Según la accionante, el vínculo entre la pareja se mantuvo hasta el 31 de diciembre de 1994, cuando su esposo falleció. Para ese entonces el Instituto de Seguros Sociales (en adelante, ISS) ya le había reconocido una pensión de vejez al señor Navia.

2. Tras la muerte de su esposo, la accionante le solicitó al ISS la sustitución

pensional1. Ella hizo énfasis en que dicha entidad le reconoció el derecho prestacional porque acreditó cumplir los requisitos legales para obtenerlo2, esto es, ser la esposa del causante y haber convivido con él hasta el momento de su deceso.

3. El 18 de abril de 19963, “súbitamente apareció una abogada, Margarita Escobar Concha, quien había sido aceptada por la esposa del causante como supuesta sanadora espiritual”4 del señor Navia. Reclamó la sustitución pensional, pero lo hizo en calidad de compañera permanente del causante, con el argumento de haber convivido con él durante sus dos últimos años de vida. Sin embargo, ante el ISS, Margarita Escobar Concha aseguró que su convivencia con 1 Si bien la accionante, en su escrito de tutela no informó en qué momento reclamó la sustitución pensional, entre las pruebas aportadas en el proceso se advierte que tal solicitud fue hecha el 11 de septiembre de 1995. Expediente del proceso ordinario laboral. Cuaderno 1, Folio 119. 2 Tal reconocimiento, según lo registra la Resolución N°9231 del 31 de octubre de 1996, fue hecho el 24 de enero de 1996 a través de la Resolución N°262. Expediente del proceso ordinario laboral. Cuaderno 1, Folio 114. 3 A pesar de que la accionante no dio información sobre el momento de radicación de la solicitud pensional de Margarita Escobar Concha, del expediente ordinario laboral pudo extraerse esta información. Expediente del proceso ordinario laboral. Cuaderno 1, Folio 114. 4 Cuaderno principal. Folio 2.

Luis Navia inició en agosto de 1993 por lo que, según la accionante, resulta imposible que aquella se hubiere registrado por más de dos años.

4. Sin tener presente lo afirmado por la señora Escobar, el ISS le suspendió el pago de la mesada pensional a la señora Alviar5, hasta tanto la jurisdicción ordinaria resolviera el conflicto entre ambas reclamantes.

5. Tanto Margarita Escobar Concha como la accionante promovieron procesos ordinarios laborales, que fueron acumulados entre sí6. El 14 de marzo de 2008, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cali profirió sentencia de primera instancia en la que le otorgó la sustitución pensional a la actora. Lo anterior en la medida en que encontró que Brenda Lucía Alviar fue esposa del causante y tuvo dos hijos con él; además planteó que el apoyo mutuo entre la pareja perduró por cerca de 24 años.

Sin embargo –según el relato de la tutelante-, mediante sentencia de segunda instancia del 18 de noviembre de 2008, el Tribunal Superior de Cali aplicó la ley en forma indebida y dedujo que la pensión sustitutiva era un derecho de Margarita Escobar Concha. Al respecto el Tribunal destacó que la pareja de esposos se había separado desde 1991 y que solo la compañera permanente había demostrado la convivencia con el causante. La accionante argumentó que tal decisión judicial se fundó en un yerro probatorio, pues ella y su esposo, de común acuerdo, decidieron que la actora atendería los negocios de la pareja en Cali, mientras él se ocuparía de una finca ubicada en Sevilla (Valle), desde donde cada fin de semana se dirigía al hogar que

había conformado con la actora.

6. Margarita Escobar Concha y Brenda Lucía Alviar promovieron recurso extraordinario de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Cali7. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia lo tuvo en conocimiento desde abril de 2009 hasta diciembre de 2017, para cuando el asunto fue remitido a la Sala de Descongestión N°4 de la Sala de Casación Laboral de esa misma Corporación. Allí le correspondió sustanciar el asunto al Magistrado Omar de Jesús Restrepo Ochoa, quien registró proyecto de fallo el 25 de mayo de 2018 y finalmente la Sala de Descongestión Laboral emitió sentencia “en el tiempo record de 4 días”8, pues la decisión data del 29 de mayo siguiente.

En esa sentencia, la mencionada Sala de Descongestión Laboral resolvió no casar la decisión judicial del Tribunal Superior de Cali, al encontrar que quien tenía el derecho a la sustitución pensional era Margarita Escobar Concha. Lo anterior, conforme los argumentos de la tutelante, a pesar de que la pareja de esposos Navia-Alviar había construido conjuntamente la prestación pensional. 5 Dicha suspensión se registró el 30 de enero de 1997, mediante la Resolución N°900. Expediente del proceso ordinario laboral. Cuaderno 1, Folio 486. 6 Si bien la acción de tutela no da cuenta de este hecho, la información se desprende del expediente. Expediente del proceso ordinario laboral. Cuaderno 1, Folio 715 vto. 7 Así se desprende del expediente que contiene el proceso ordinario laboral. 8 Cuaderno principal. Folio 4.

Adicionalmente, según la accionante, “contra toda evidencia probatoria [la Sala de Descongestión N°4 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia] sesgó su decisión con base en las siguientes consideraciones; que la convivencia entre los esposos se rompió; que la convivencia por dos años se comprobó por parte de la sanadora; que entre el causante en vida y la sanadora se conformó un nuevo hogar que duró al menos dos años”9. La Magistrada Ana María Muñoz Segura salvó el voto en relación con la sentencia cuestionada. Según su postura, en materia de sustitución pensional la legislación prefiere a la esposa respecto de la compañera permanente. A su juicio, el acuerdo sobre el manejo de los negocios por parte de la pareja de esposos Navia-Alviar, así como sus desavenencias, no pueden servir por sí mismos para demostrar la fractura de la convivencia.

7. A partir de lo anterior, la accionante identificó en la sentencia del 29 de mayo de 2018 de la Sala de Descongestión N°4 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia varios defectos, en el siguiente sentido: 7.1. Tuvo por demostrada la separación entre la pareja de esposos cuando del expediente se desprendía lo contrario. Lo hizo al margen de las pruebas documentales y testimoniales que acreditan la convivencia ininterrumpida de la pareja, durante 24 años, misma que finalizó solo en el momento de la muerte del causante.

La accionante consideró que la Sala de Descongestión Laboral empleó un manuscrito que ella presentó con el fin de demostrar la convivencia entre los

esposos, para concluir una separación que nunca ocurrió. Para la actora, la Sala de Descongestión N°4 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia inventó “de mala fe conclusiones de ese documento sin base ni fundamento alguno carentes de toda veracidad, mintiendo incluso y haciendo aparecer ese documento básico para los intereses de la viuda como todo lo contrario”10. El manuscrito, suscrito por el causante, se refería a una desavenencia entre la pareja, pero no a su separación. En él, el señor Navia fue enfático en sostener que no había tenido “el menor interés de formar hogar alterno” y que no había compartido lecho con ninguna otra mujer distinta a su esposa, la señora Alviar. A pesar de ello, la sede judicial accionada infirió que entre la pareja hubo un problema relacionado con Margarita Escobar Concha que afectó la convivencia; incluso la accionada destacó que para cuando se escribió dicha carta, la pareja llevaba 35 días sin comunicarse entre sí. Para la actora, ello no es indicativo de una separación y se trata de una conclusión forzada que se aleja del contenido y del sentido del escrito aportado al expediente; la accionante estimó que, aunque dicho documento refuerza la idea de que la convivencia en el matrimonio no se interrumpió, la Sala de Descongestión Laboral que decidió el asunto llegó a conclusiones totalmente opuestas y con ello distorsionó la prueba. 9 Cuaderno principal. Folio 4. 10 Cuaderno principal. Folio 7. La actora sostuvo que la Sala de Descongestión N°4 de la Sala de Casación

Laboral de la Corte Suprema de Justicia advirtió que el manuscrito en mención contenía referencias a Margarita Escobar que fueron tachadas, sin que ello sea cierto puesto que “en ese documento ni se menciona a Margarita ni aparecen por ningún lado las tachaduras de Margarita que afirma mentirosamente el magistrado Ponente”11. 7.2. Para la actora, el fallo que resolvió no casar la sentencia del Tribunal Superior de Cali tergiversó su declaración. Cuando en realidad lo que ella manifestó en el trámite del proceso ordinario daba cuenta de la permanencia del vínculo entre los esposos y de su convivencia, sus manifestaciones se utilizaron para concluir una ruptura que nunca existió. 7.3. La decisión judicial atacada asumió la convivencia del causante con la presunta compañera permanente sin ningún elemento de juicio que respaldara ese hecho. Además, no se tuvo en cuenta que Margarita Escobar sostuvo que su convivencia con el causante había iniciado en agosto de 1993, de modo que, dado que el actor murió el 1° de enero de 1995, no pudo registrarse por más de dos años, como lo exige la ley. 7.4. La señora Alviar argumentó que la Sala de Descongestión Laboral erró al descartar el informe desprendido de la investigación que hizo el ISS. Conforme su contenido, la esposa fue quien demostró los requisitos de la convivencia con el causante. En contravía con ello, pero aparentemente con sustento en dicho documento, la accionada dedujo que la cónyuge no pudo demostrar la convivencia con su esposo.

7.5. Según la esposa del causante, la sentencia de casación cuestionada incurrió en un error protuberante al desestimar los testimonios en los que se fundó el recurso extraordinario. A juicio de la señora Alviar, la Sala de Descongestión Laboral encontró que los testimonios presentados por Margarita Escobar Concha no podían ser objeto de valoración a través del recurso extraordinario, a pesar de que fueron objeto de censura en la demanda correspondiente, lo que evidencia una “parcialización descarada”12 por parte del juez. Concluyó que los testimonios no habían sido objeto de cuestionamiento en la demanda mediante la cual se formuló el recurso, cuando sí lo fueron. Con ello, la Sala de Descongestión Laboral también perdió de vista que el cuestionamiento de los interrogatorios no había sido el único motivo para formular la solicitud de casación13. Adicionalmente, la interesada sostuvo que Sala de Descongestión N°4 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia desconoció que los cuestionamientos sobre la sentencia del Tribunal Superior de Cali se enfocaron en la interpretación equivocada del manuscrito ya referido, a partir de documentos que prueban pagos hechos por la accionante, a favor del causante, por concepto 11 Cuaderno principal. Folio 8. 12 Cuaderno principal. Folio 10. 13 Ídem. de (i) servicios médicos, (ii) servicios exequiales, (iii) atención médica, como también de documentos asociados a la empresa Alviar de Navia (de propiedad de la actora) de la cual dependió el señor Navia durante sus últimos años de vida y

con cargo a la cual se hicieron sus cotizaciones al Sistema de Seguridad Social con el ánimo de que “no le fuera a ser negada al causante en vida su pensión”14. Tampoco tuvo en cuenta que el causante estuvo afiliado a la empresa de atención médica EMI y sus aportes fueron pagados por la accionante, a través de su empresa, para asegurarle el mayor nivel de salud posible. 7.6. Por último, la accionante plantea que los artículos 47 (literal A) de la Ley 100 de 1993 y 7° del Decreto 1889 de 1994 fueron aplicados en forma errónea. Dichas disposiciones apuntan a señalar que “prevalece la cónyuge frente a la compañera, así ésta demuestre la convivencia por dos años antes del deceso del causante, ya que la norma señalada establece que la convivencia que se le exige a la esposa, de dos años, se suple si existe el matrimonio y han existido hijos en el mismo, por lo que en tal caso prefiere la cónyuge para la adjudicación del derecho pensional de sobreviviente”15. No lo entendió así el juez accionado.

8. Según lo afirmó la actora, en este caso ella demostró haber (i) convivido con el causante por más de 24 años hasta el momento de su muerte, (ii) aportado a la pensión de aquel a través de su empresa, (iii) pagado los gastos de las exequias,

(iv) adquirido una camioneta para los desplazamientos de su esposo, con la que pagó los servicios como cuidadora a Margarita Escobar Concha y (v) recibido los restos de su difunto esposo, en calidad de cónyuge.

La postura de la accionante, conforme ella misma lo señaló, está respaldada por el salvamento de voto a la sentencia de casación. Además, la conclusión sobre la prevalencia de la esposa en los eventos en los que existe una convivencia simultánea fue defendida por la Sala de Descongestión Laboral accionada en un fallo proferido en diciembre de 2017 con radicación interna N°48.094 y general N°76001310500220040048501; en esa decisión, al resolver un caso análogo al suyo, la autoridad judicial demandada le entregó el 100% de la prestación pensional a la esposa del causante.

9. Por lo anterior, el 17 de agosto de 2018 y a través de apoderado judicial, Brenda Lucía Alviar de Navia acudió al juez de tutela, a quien le solicitó amparar sus derechos al debido proceso y a la seguridad social. Para ese efecto, solicitó (i) vincular a la acción de tutela al Tribunal Superior de Cali, a Margarita Escobar Concha y a COLPENSIONES; (ii) reconocer su derecho pensional en el 100% de la pensión del causante; y (iii) dejar sin efecto tanto el fallo de casación cuestionado, como la sentencia de instancia del Tribunal Superior de Cali.

Como medida provisional, le solicitó al funcionario judicial suspender la ejecución de la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia hasta que se defina esta acción de tutela. 14 Ídem. 15 Cuaderno principal. Folio 11.

B. Actuación procesal Repartido el escrito de tutela a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, esta admitió la demanda mediante auto del 27 de agosto de 2018. En esa

decisión además se dispuso (i) vincular “al Juzgado Segundo Laboral del circuito de Cali, a la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa capital, al representante legal de COLPENSIONES o a quien haga sus veces y a Margarita Escobar Concha”16 y (ii) acceder a la medida provisional solicitada con el propósito de “no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor de la solicitante”17. Adicionalmente, en el auto admisorio, el juez de tutela le solicitó a la Sala de Descongestión Laboral accionada remitir la copia de la providencia objeto de censura. Respuesta de las entidades y personas demandadas y vinculadas

1. La Sala de Descongestión N°4 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia informó que la accionante y el Instituto de Seguros Sociales interpusieron el recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Cali dentro del proceso ordinario en el marco del cual se profirieron las decisiones cuestionadas.

Informó que el recurso extraordinario fue admitido el 8 de febrero de 201118 y el 27 de mayo de 200919 fue remitido al despacho del Magistrado a cargo, pero en vista de la implementación de las medidas de descongestión previstas en la Ley 1781 de 2016 y en el Acuerdo N°48 del 16 de noviembre de 2016, 2.310 procesos (entre los que se cuenta el que dio origen a la sentencia cuestionada) fueron reasignados a los magistrados de la Sala de Descongestión Laboral en la que este asunto fue definido a través de la sentencia del 29 de mayo de 2018. En cumplimiento de lo ordenado por el juez de tutela, la Sala de Descongestión

Laboral accionada adjuntó copia de la sentencia acusada e informó que el expediente fue devuelto el 30 de julio de 2018.

2. Margarita Escobar Concha se pronunció y destacó que el amparo es improcedente porque la accionante pretende “censurar la actuación desplegada por la H. Corte Suprema de Justicia por fuera de los canales dispuestos por el legislador”20 y busca en la acción de tutela una instancia adicional. Sus argumentos no son más que alegatos subjetivos que dan cuenta de un criterio interpretativo distinto, que en realidad no ataca los fundamentos de la providencia 16 Cuaderno principal. Folio 23 17 Cuaderno principal. Folio 24. 18 Sin embargo, la información suministrada sobre este dato no corresponde con los términos en los que se formuló el recurso, de conformidad con el expediente ordinario laboral. Verificado el aplicativo de consulta de procesos de la Rama Judicial, se tiene que el recurso fue admitido el 27 de mayo de 2009. 19 La fecha de remisión al despacho del Magistrado sustanciador, es anterior a la fecha de admisión del mismo y conforme la nota a pie de página anterior, coincide con el momento de admisión del recurso extraordinario y no de la reasignación del asunto que, verificado el aplicativo de consulta de procesos de la Rama Judicial, ocurrió el 14 de diciembre de 2017. 20 Cuaderno principal. Folio 63 vto. judicial censurada.

3. El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cali informó que le era imposible pronunciarse en forma concreta sobre este asunto, en la medida en que para el 30 de agosto de 2018 y desde el año 2008 no disponía del expediente.

4. COLPENSIONES guardó silencio en relación con los hechos y pretensiones del escrito de tutela.

C. Decisiones objeto de revisión Sentencia de primera instancia El 4 de septiembre de 2018, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia profirió decisión en la que negó el amparo. Encontró que el escrito de tutela no hizo alusión a la satisfacción de los requisitos formales de procedencia y concluyó que “lo pretendido es reabrir un debate judicial, en el que la accionante no se encuentra en una posición de debilidad manifiesta, desamparo o desprotección, dado que tiene dos hijos mayores y una situación económica solvente”21.

La Sala de Casación Penal resaltó que en la tutela se mencionó genéricamente que se presentaron varias vías de hecho, pero no se identificó el defecto concreto que se le atribuye a la decisión atacada, cuando esa es una carga propia del demandante. Con todo, la Sala abordó el caso desde el punto de vista de los defectos fáctico, sustancial y desconocimiento del precedente. Para el a quo, la accionante cuestiona la valoración probatoria del juez ordinario (de segunda instancia y de casación) y le da la connotación de vía de hecho a un desacuerdo con la sentencia. Sobre el particular, recordó que la inconformidad con las razones que sustentan la providencia judicial no estructura un defecto que pueda ser objeto de la acción de tutela. Destacó que el manuscrito referido (elaborado por el señor Navia en enero de 1991) sí da cuenta de una ruptura entre la pareja y fue esta circunstancia la que llevó al causante a manifestar que no tenía

otro hogar. Además, señaló que el documento que lo contiene presenta tachaduras, visibles incluso con la dificultad que representa para su lectura que se haya aportado en copia simple. Por lo tanto, enfatizó que el manuscrito no descarta la conformación de una relación sentimental con posterioridad a su emisión. Respecto de la presunta indebida aplicación de los artículos 47 de la Ley 100 de 1993 y 7° del Decreto 1889 de 1994, el juez de tutela destacó que no le asiste razón a la accionante, pues no es cierto que, de conformidad con esas normas, el derecho de la cónyuge prevalezca sobre el de la compañera permanente por el vínculo jurídico que le une al causante. 21 Cuaderno principal. Folio 74. Finalmente, el juez de primera instancia señaló que, si bien se denuncia el desconocimiento de un precedente emitido por la misma Sala accionada, la sentencia de la que presuntamente se habría apartado el juez accionado se fundamentó en hechos totalmente distintos a los que ahora se analizan; en ese caso se acreditó una convivencia simultánea, mientras en este asunto no la hubo. De conformidad con todo lo anterior, el a quo negó el amparo deprecado en tanto (i) no encontró un asunto de relevancia constitucional, (ii) no se configuró ninguno de los defectos alegados y (iii) la decisión judicial atacada es razonable. Impugnación A través de correo electrónico del 12 de septiembre de 2018 la accionante impugnó la decisión de primera instancia, sin explicar el fundamento de sus

reparos, pese a que anunció que lo haría ante el ad quem22. Este recurso fue concedido mediante auto del 17 de septiembre siguiente. Sentencia de segunda instancia El 3 de octubre de 2018, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión de primera instancia, pues el que “la convocante no comparta los (…) argumentos [de la accionada] (…) no convierte esa determinación en caprichosa o antojadiza”23 pues el juez accionado tuvo en cuenta las normas, los criterios jurisprudenciales y las pruebas practicadas en este asunto. El ad quem encontró que, en efecto la accionante no acreditó la convivencia con el causante. Adicionalmente, consideró que la sentencia atacada tampoco contraviene la Convención Americana de Derechos Humanos y que no se le puede declarar contraria a dicho instrumento internacional. Sobre este último punto aclararon el voto los magistrados Álvaro Fernando García Restrepo, Luis Alfonso Rico Puerta y Ariel Salazar Ramírez en el sentido de que tales conclusiones no eran pertinentes en este caso concreto.

II. ACTUACIONES ADELANTADAS EN SEDE DE REVISIÓN Una vez sorteado el asunto de la referencia en la Corte Constitucional y adjudicado a la Magistrada sustanciadora, COLPENSIONES solicitó información sobre su participación en el trámite constitucional y documentos contenidos en el expediente. En respuesta a lo anterior, el 26 de febrero de 2019, se le informó que dicha entidad había sido vinculada por el juez de primera instancia al asunto de la referencia y se le suministró copia digital de la acción de tutela y de las sentencias

emitidas en él. 22 Cuaderno principal. Folio 100. No obstante lo anterior, el escrito de sustentación de la impugnación fue radicado extemporáneamente y con posterioridad a la emisión de la sentencia de segunda instancia, el 4 de octubre de 2018 (Cuaderno 2. Folio 18) por lo que su contenido no se registra en estos antecedentes. 23 Cuaderno 2. Folio 6. Posteriormente, a través de decisión del 13 de marzo de 2019, se le solicitó al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cali el expediente original del proceso ordinario laboral que dio origen a la sentencia cuestionada, en calidad de préstamo. Se le pidió remitirlo directamente al despacho de la Magistrada sustanciadora e informar, mediante correo electrónico, el número de guía de correo para ubicarlo al interior de esta Corporación. No obstante, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cali remitió el expediente a la Secretaría General de la Corte Constitucional y adjuntó una planilla de envío ilegible. Ante la imposibilidad de localizar el expediente en esas condiciones, la Secretaría insistió en la solicitud contenida en el auto mencionado, a través de correo electrónico24. Para responder a él, el Juzgado en cuestión reenvió la comunicación inicial. Fue enviado un segundo correo electrónico en el que se le solicitó al mencionado juzgado una copia legible de la planilla y, adicionalmente, la guía de correo, como también un contacto telefónico para agilizar la localización del expediente en esta Corporación. Sin embargo, no se obtuvo ninguna respuesta.

En vista de la dificultad para localizar el expediente dentro de los múltiples asuntos que recibe a diario esta Corporación, el 9 de abril de 2019, la Sala Sexta de Revisión resolvió suspender los términos para fallar. Posteriormente, el apoderado de la accionante se pronunció sobre las pruebas recaudadas, durante el término en que, de haber sido recibidas, estas habrían sido puestas a disposición de las partes. En su comunicación reiteró los argumentos inicialmente expuestos en el texto de la demanda. Además, envió un mensaje electrónico en el que señaló que la guía de correo era la N°833 del 26 de marzo de 2019 y que el expediente ordinario fue recibido por la Corte Constitucional el 29 de marzo siguiente. Su comunicación fue enviada al despacho de la Magistrada sustanciadora mediante oficio secretarial del 9 de abril de 2019. Mediante informe del 22 de abril de 2019, la Secretaría General de esta Corporación remitió al despacho de la Magistrada sustanciadora una comunicación suscrita por el Gerente de Defensa Judicial de COLPENSIONES, quien sostuvo que la accionante no logró la sustitución pensional porque no acreditó los requisitos para ello. Así las cosas, destacó que las decisiones del Tribunal y de la Corte Suprema de Justicia se ajustan a las reglas de la sana crítica y no pueden considerarse fruto de un examen probatorio arbitrario, irracional o caprichoso. COLPENSIONES llamó la atención sobre el hecho de que la accionante confesó en el interrogatorio de parte que no convivía con el señor Navia al momento de su

muerte, conclusión que se soporta en otros elementos de juicio, como aquellos que dan cuenta del lugar de residencia del causante, cuya dirección era la misma que registraba para ese entonces Margarita Escobar Concha. Destacó que Brenda Lucía Alviar no identificó las vías de hecho que denuncia y que ella no se encuentra en una condición de debilidad que amerite la protección constitucional, 24 Cuaderno de Revisión. Folio 64. pues recibió una póliza de seguro por valor de $4.000.000.000, por lo que la acción de tutela debe declararse improcedente. Finalmente, mediante informe secretarial del 23 de abril de 2019 se le informó a la Magistrada sustanciadora que la Secretaría de esta Corporación encontró el expediente ordinario “como parte de los expedientes que serían devueltos, por no corresponder a un proceso de acción de tutela y no tener oficio remisorio para poder ser identificado”25 y, en consecuencia, se envió a su despacho. Ahora bien, como quiera que el artículo 61 del Acuerdo 02 de 2015 “Por medio del cual se unifica y actualiza el Reglamento de la Corte Constitucional” prevé que “después de haber sido escogidos autónomamente por la Sala de Selección competente, los fallos sobre acciones de tutela instauradas contra providencias de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado deberán ser llevados por el magistrado a quien le corresponda en reparto a la Sala Plena, la cual determinará si asume su conocimiento con base en el informe mensual que le sea presentado a partir de la Sala de Selección de marzo de 2009”, la Magistrada sustanciadora así lo hizo. En consecuencia, la Sala Plena en sesión del 10 de abril

de 2019 optó por no asumir el conocimiento de este asunto y dejarlo a cargo de la Sala Sexta de Revisión. El 8 de mayo de 2019, se recibió informe secretarial en el que consta la remisión de un documento por parte del apoderado judicial de la señora Margarita Escobar Concha. En él la interesada destacó que la accionante cuenta con nueve bienes, sin que haya perjuicio irremediable que habilite la intervención del juez constitucional, ni un asunto novedoso para ser estudiado por la Corte. Informó que la accionante omitió advertir que mediante Sentencia T-967 de 2002 se declaró improcedente una tutela que había promovido para lograr el reconocimiento pensional que también pretende ahora. Adicionalmente, la señora Escobar señaló que la accionante plantea un “criteri