CC - T008-2020

Sentencia T-008/20

ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALESRequisitos generales y especiales de procedibilidad

ENTREVISTA Y TESTIMONIO DE NIÑOS, NIÑAS Y

ADOLESCENTES VICTIMAS DE DELITOS CONTRA LA

LIBERTAD, INTEGRIDAD Y FORMACION SEXUAL EN PROCESOS PENALES-Contenido y alcance

DEBIDA DILIGENCIA DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES EN PROCESOS DE VIOLENCIA SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES-Garantía a ser escuchados y que se tenga en cuenta su opinión

TESTIMONIO EN LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL DE NIÑOS,

NIÑAS Y ADOLESCENTES VICTIMAS DE DELITOS CONTRA LA LIBERTAD, INTEGRIDAD Y FORMACION SEXUAL-Alcance de las leyes 1098 de 2006 y 1652 de 2013

La jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, con la Ley 1652 de 2013 se establecieron medidas orientadas a evitar la revictimización de los niños, niñas y adolescentes que comparecen a la actuación penal en la calidad de probables víctimas de abuso sexual, entre la que se encuentra la posibilidad de utilizar sus declaraciones anteriores como prueba de referencia. No obstante, el ordenamiento jurídico no prohíbe que ellos rindan su testimonio en la audiencia de juicio oral, ni determina que dicha prueba constituya, en sí misma, una revictimización. Lo que se contempla es que su práctica se encuentra sometida a condiciones estrictas y medidas específicas de protección.

TESTIMONIO EN LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL DE NIÑOS,

NIÑAS Y ADOLESCENTES VICTIMAS DE DELITOS CONTRA LA LIBERTAD, INTEGRIDAD Y FORMACION SEXUAL-No existe prohibición de decretar testimonio a menor El testimonio de los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales no está prohibido si no condicionado, y su práctica depende de las particularidades de cada caso. DEBIDA DILIGENCIA DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES EN PROCESOS DE VIOLENCIA SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES-Valoración de los medios de prueba, la determinación de la ocurrencia del delito y de la responsabilidad penal individual corresponde única y exclusivamente al juez penal ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALESImprocedencia por cuanto no se incurrió en defecto sustantivo y fáctico, al decretar como medio de prueba el testimonio de menor en el marco del proceso penal 1

Referencia: expediente T-7.521.422

Acción de tutela instaurada por Joaquín1 contra el Juzgado Cuarenta y Ocho Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá

Magistrada Ponente:

DIANA FAJARDO RIVERA

Bogotá, D.C., veinte (20) de enero de dos mil veinte (2020) La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo y la magistrada Diana Fajardo Rivera, quien la preside; en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los

artículos 86 y 241 -numeral 9de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2591 de 1991, profiere la siguiente SENTENCIA En el trámite de revisión del fallo expedido el 27 de marzo de 2019 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá - que denegó la acción de tutela-, el cual fue revocado el 8 de mayo de 2019 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que concedió el amparo.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos El 25 de febrero de 2019, Joaquín instauró acción de tutela2, en nombre propio y en representación de Ángela -su hija-, contra el Juzgado Cuarenta y Ocho Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá. Lo anterior, con fundamento en los siguientes hechos -narrados por el accionante-: Generales 1 Con el fin de proteger los derechos a la intimidad, buen nombre y honra de la niña involucrada en el presente caso, en aplicación del artículo 62 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional, se remplazará su nombre

(por Ángela), así como el de sus padres (por Joaquín y Gabriela) y otras personas implicadas en el asunto, cuya identificación podría develar la identidad de la menor. De acuerdo con el artículo 13 de la Ley 1719 de 2014, esta protección es irrenunciable para las víctimas menores de 18 años. 2 Cuaderno 1, folios 1 a 46. 2 1.1. El 1 de diciembre de 2008 contrajo matrimonio con Gabriela. De esa unión

nació Ángela (10 de mayo de 2011). 1.2. En marzo de 2013, como pareja decidieron “efectuar una separación de cuerpos”.3 El 24 de abril de ese año acudieron a una audiencia de conciliación “ante la Procuraduría Sesenta y Uno Judicial II de Familia en aras de convenir los aspectos concernientes al ejercicio de los derechos y al cumplimiento de las obligaciones respecto a nuestra hija (…).”4 1.3. El 14 de noviembre de 2014 Gabriela le envió un mensaje por WhatsApp en el que le reclamó que -supuestamentele estaba “dando besos con lengua” a Ángela.5 El accionante señaló que “como padre [sintió] la mayor preocupación y angustia dada la gravedad de la situación y de los señalamientos (…)”6, por lo que respondió que esos hechos no eran ciertos. Agregó que Gabriela “ha sido manifiestamente imprecisa respecto de los nombres de la madre de la amiga de [Ángela] y de la psicóloga a los que hace referencia en el WhatsApp transcrito (…)”.7 1.4. El 18 de marzo de 2015 Gabriela acudió donde la psicóloga Aglaia, para que valorara a Ángela. Esa profesional rindió su concepto8 dos días después, en donde plasmó -entre otras cosasque la niña “ha estado sometida a situaciones inadecuadas para su edad en el ámbito familiar paterno por lo que se recomienda que se tomen las medidas necesarias para evitar que vuelva a estar expuesta a las mismas.”9

3 Ibidem., folio 3. 4 Idem. 5 El accionante transcribe el mensaje: “Hola, te quería decir que me llamo (sic) una mamá de una amiga de [Ángela] y me dijo que esta semana [Ángela] lamiendo y dando besos con lengua porque tú le habías dicho que tú le dabas los besos así, le pregunté a la psicóloga y me dijo que como el papá le va a dar un beso con lengua a la hija, que eso para [Ángela] y su crecimiento normal no debía ser así. Quería comentarte esto que es importante ya que estas (sic) con ella. Por lo demás que les vaya muy bien (…)” (ibidem., folio 4). 6 Idem. El accionante precisa que, al asistir a una segunda citación en la Comisaría de Familia (ver infra, antecedente N° 1.7.) Gabriela contestó que “[a]mbas personas tanto la psicóloga, es una amiga mía, porque como yo dije en la pregunta anterior, fue un hecho al cual no le vi, no lo vi entonces no le di la mayor importancia y simplemente me limité a preguntar si esos actos estaban bien hechos o no, en los cuales mi amiga me dijo dile a él que no, que eso de lamerle la cara no está bien hecho y le pregunte (sic). La procuradora solicita a la señora [Gabriela] que responda la pregunta ante la pregunta en el nombre de la psicóloga en el nombre de la psicóloga. Es una amiga que se llama María Ángela, revisa su celular para corroborar el nombre completo y responde que es que no sé el apellido y el de la mamá es [Urania]. Manifiesta que no se sabe el

apellido. Solicita la apoderada del señor [Joaquín] para que amoneste a la señora [Gabriela] acerca de los efectos de la renuncia al contestar las preguntas. Se le autoriza a consultar los contactos en su celular y dice que la mamá es [Urania Cabral] y de María Ángela no la tiene en sus contactos de teléfono, pero me parece importante decir que, si este no hubiera sido un caso no cierto, no se lo hubiera mandado a [Joaquín] por Watss App (sic), por correo, sino que se lo hubiera dicho a él telefónicamente” (ibidem., folio 7). Esa información se encuentra corroborada en el acta expedida el 29 de septiembre de 2015 por la Comisaría Segunda de Familia de Bogotá (ibidem, folios 65 a 74, especialmente folio 69). Joaquín agregó que con posterioridad a esa declaración acudió “tanto al jardín infantil donde [Ángela] estuvo inicialmente como al colegio al que asiste y no pudo (sic) constatar que hubiere registro de una madre que responda al nombre de [Urania Cabral].” 7 Ibidem., folio 4. 8 Ibidem., folios 60 a 64. 9 Ibidem., folio 61. En particular, narró que “[d]urante el desarrollo del Test de la Familia comentó que le gusta mucho que le den besos, que ‘con la madre se los dan en el cachete y con el padre en la boca con lengua’. Dice que ‘ahora no me da besos en la boca con lengua pero si (sic) me los da en la boca’, ante la pregunta de la psicóloga de por qué el padre le daba besos con lengua en la boca, ella responde que porque ‘estaba loco’.

3 El accionante resalta que, con motivo de esa valoración, la referida psicóloga fue sancionada disciplinariamente por el Colegio Colombiano de Psicólogos.10 1.5. El 6 de agosto de 2015, Gabriela formuló ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) una denuncia contra Joaquín y solicitó una medida cautelar orientada a proteger la integridad de Ángela. Lo anterior, con fundamento en el informe de la psicóloga Aglaia. 1.6. El ICBF remitió el asunto a la Comisaría Segunda de Familia de Bogotá, la cual fijó el 20 de agosto de 2015 como fecha para una primera audiencia. En la misma, la Comisaría le impuso a Joaquín un régimen de visitas vigiladas, las que debían realizarse en lugares públicos. 1.7. El 29 de septiembre de 2015 se llevó a cabo una segunda audiencia en la Comisaría, donde Gabriela justificó que, a partir del informe de la psicóloga Aglaia, “había que tomar una medida de protección inmediatamente (…)”.11 Proceso penal 1.8. Joaquín señaló que la Comisaría “ordenó rendir traslado del caso a la Fiscalía General de la Nación”12, siendo asignado a la Fiscalía 230 SeccionalUnidad de Delitos Sexuales, la cual inició indagación preliminar y elaboró programa metodológico. 1.9. El 22 de septiembre de 2015, una psicóloga del Cuerpo Técnico de Investigación realizó entrevista forense a Ángela (de conformidad con “el artículo 206A del Código de Procedimiento Penal”13), quien se encontraba

acompañada de Gabriela. Acepta con tranquilidad que los padres estén separados y no le genera conflicto. // Es importante tener en cuenta que la niña, durante el juego con los muñecos que representaban al padre, la madre y la niña, hacía que el muñeco que representaba al padre le pasara las manos por las piernas a la niña. Comentó que el padre ‘le tocaba la cuca y las piernas a la niña’. Llega la muñeca que representa a la madre y le dice que eso no está bien entonces la niña responde que ‘es un secreto con el papá’. La psicóloga interviene y le explica que esos no son juegos para realizar con nadie, ni siquiera con el papá. Entonces la muñeca que representa a la niña se pone brava y le pega a los muñecos que representan a los bebés. La muñeca que hace de mamá le explica que eso no se hace y la muñeca que hace de niña se calma. Se le pregunta por qué la niña se puso brava y le pegó a los bebés y responde que porque ‘la niña es mala por hacer esos juegos con el papá.’. (sic) Todo lo anterior es el juego realizado por [Ángela] la niña desarrolla los diálogos y las acciones. La psicóloga interviene para aclarar y recomendar. De acuerdo con todo lo anterior se puede inferir que la niña ha estado sometida a actuaciones que ponen en riesgo su desarrollo y estabilidad emocional, sin embargo y debido a su corta edad, hasta el momento no le han generado conflicto, pero se hace necesario protegerla y evitar que siga expuesta a las mismas. Es una niña que cuenta con adecuados recursos internos y con una personalidad

tranquila lo cual le permite responder a las exigencias de su entorno en general. Percibe a la figura materna como acogedora y protectora. La figura paterna es percibida como agresiva y poco tolerante, especialmente con la madre. [Ángela] es consciente del conflicto que existe entre sus padres pero no le afecta (…)” (idem). 10 El accionante aduce que presentó una petición solicitando copias del expediente, la cual le fue negada el 1 de agosto de 2018 en tanto no estaba en firme el fallo sancionatorio proferido en primera instancia (ibidem., folios 117 a 121). De acuerdo con la certificación del Colegio Colombiano de Psicólogos de 23 de octubre de 2019, actualmente esa persona no tiene “antecedentes deontológicos disciplinarios” (cuaderno de revisión, folio 245). 11 Cuaderno 1., folio 6. 12 Ibidem., folio 8. 13 Idem. 4 Esa entrevista fue valorada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que emitió un dictamen el 29 de enero de 201614 en el que concluyó que: (i) al momento de la evaluación Ángela presentaba “un desarrollo cognitivo acorde a su edad, procedencia sociocultural y nivel de instrucción escolar”; (ii) se le identifica un trastorno de ansiedad, “que probablemente esté asociado a la dinámica relacional conflictualizada entre los padres, y a la exposición de la menor a las situaciones de orden legal, que se han desencadenado tras la acusación contra el progenitor”; (iii) su relato respecto de los presuntos hechos “no cuenta con las características que sustenten su

consistencia interna y externa. Las manifestaciones de la niña se advierten inespecíficas, poco claras y espontáneas, incluyen información inconsistente, desorganizada y descontextualizada, además de no acompañarse de un respaldo ideoafectivo adecuado”; (iv) “[c]onsiderando el contexto familiar en el que surge la acusación, el acusado conflicto entre los padres y las características del relato proporcionado por la peritada frente a los hechos en estudio, no es preciso desde la perspectiva forense, caracterizar y argumentar una dinámica abusiva de índole sexual, ni establecer fundamentadamente que los hechos que narra, correspondan con un fenómeno de victimización de esa índole”; (v) se recomienda evitar la exposición de la niña “a situaciones de orden legal y diligencias judiciales, dado su estado emocional y el riesgo latente de empeorar el cuadro actual”; (vi) también requiere iniciar de manera prioritaria un proceso de intervención por psicología clínica y psiquiatría infantil para manejo de síntomas emocionales emergentes; y (vii) se recomienda ordenar una valoración psiquiátrica de los padres “con el fin de determinar su estado de salud mental y las condiciones psicoafectivas bajo las que ejercen el cuidado parental de la menor”.15 14 Ibidem., folios 77 a 90. 15 Ibidem., folios 89 y 90. En el Informe e detalla que “la revelación de los supuestos incidentes por parte de la niña no surge de manera espontánea, sino que se presenta tras la consulta a un servicio particular de psicología clínica, al que la madre afirma haber acudido luego de identificar sutiles cambios comportamentales y

emocionales en la niña (hostilidad, agresividad con la madre y otros cuidadores, desconcentración y distraibilidad), posterior a las visitas con el progenitor. Aunque tales cambios son situados por la progenitora desde el año 2015, ésta niega haber advertido en [Ángela] conductas sexualizadas u otras llamativas que sugirieran una sospecha de índole sexual. No obstante, los datos del expediente registran que finalizando el 2014 la señora informó al progenitor sobre la supuesta conducta de la niña de intentar ‘besar con lengua’ a otra; siendo llamativo que desde entonces no se consultaran los servicios de psicología (…). // Considerando el nivel de desarrollo de la evaluada y las características de las presuntas conductas sexuales que se alegan, resulta cuanto menos sugerente que no se hayan advertido anteriormente en ella, síntomas ni signos propios de un fenómeno de victimización (indicadores directos o indirectos de los presuntos hechos), y sin embargo, se establezca de manera contundente a partir de la evaluación de psicología clínica, el escenario de los supuestos incidentes sexuales. // No menos importante desde el punto de vista pericial, es considerar las incongruencias en la información aportada por la progenitora sobre el proceso de evaluación psicológica del que fue objeto la menor, y los datos proporcionados por la profesional que lo llevó a cabo. Afirma la madre en entrevista judicial que la niña fue valorada por esta profesional una única oportunidad y por un lapso de una hora, aplicándosele cuatro instrumentos de los que se extrae el informe final. La psicóloga por su lado manifiesta que tuvo contacto con la madre en varios encuentros, donde se trabajó en pautas de crianza, y que solamente

al culminar el informe, le manifiesta la preocupación sobre sus hallazgos. Esto refleja una serie de datos imprecisos sobre la forma en que se habría dado el descubrimiento de los hechos en estudio, elemento fundamental para comprender el contexto y progresión de la acusación. (…) // En esta línea, es relevante anotar que la examinada devela apego y vinculación afectiva hacia sus dos progenitores, sin que se identifiquen elementos de conflicto, ambivalencia, aversión, hostilidad o rechazo haca el padre, lo que es indispensable identificar en el examen mental en un menor (…). // Para conceptuar sobre las características actuales del relato de la menor, deben considerarse algunos hallazgos frente al dicho que aportó en la instancia inicial del proceso; esto es, en la entrevista realizada por la Policía Judicial (…). Se advierte en la niña en ese momento marcada resistencia para relatar los presuntos hechos, sin que surja relato antes las invitaciones iniciales y 5 Finalmente, advirtió que la conclusión del informe “se refiere únicamente a la situación que existía en el momento de practicarse el estudio y con los elementos sumariales dispuestos por la autoridad, y por ello, los resultados no pueden extrapolarse a otras circunstancias o condiciones ambientales, por esta razón en caso de producirse variación sustancial o modificación de tales circunstancias, convendría una nueva evaluación y efectuar un nuevo análisis situacional.”16 1.10. El 9 de diciembre de 2015 se adelantó audiencia preliminar ante el Juzgado Sesenta y Cuatro Penal Municipal con Funciones de Garantías de Bogotá. En esa

oportunidad, la Fiscalía 230 Seccional advirtió que la Comisaría Segunda de Familia de Bogotá pretendía entrevistar de nuevo a Ángela lo que constituía una forma de revictimización, lo que contrariaría el artículo 206A del Código de Procedimiento Penal (en adelante también “CPP”). Al respecto, el Juzgado envió un oficio17 a la Comisaría informándole que se adoptaron como medidas de protección suspender provisionalmente el régimen de visitas de Joaquín, ordenándole que debía abstenerse de ingresar a cualquier lugar donde se encontrara Ángela o sus familiares (madre o abuelos maternos). Por otra parte, le comunicó que no era “procedente autorizar una valoración psicológica a la menor [Ángela] ante el Psiquiatra y/o Psicólogo de la Universidad Nacional, por lo que en el caso de requerir elementos materiales probatorios para establecer lo que tiene que ver con el estado psicológico de la niña, podrá valerse de la Entrevista que esta rindió ante la Psicóloga [Aglaia] y de la valoración que haga el Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias forenses (sic), documentos de los cuales correrá traslado la Fiscalía General de la Nación.”18 abiertas que contempla el protocolo específico empleado (SATAC). Así, se encuentra que la narración se da solamente cuando la niña entra en contacto con la madre, de lo que se anota: ‘pide ir al baño, se lleva a donde su progenitora a quien se le explica la necesidad de la niña de ir al baño, una vez está con su mamá deja de pedir que la lleven al baño y su mamá le pide que hable conmigo ya que se negaba a entrar a la sala de

entrevistas, una vez ingresáramos la menor manifiesta su deseo de que se apague la cámara y luego dice es que mi mami me dice que hable contigo y te lo dijera… Lo de él… mira me daba besos en la boca con lengua y en la cuquita’. Posteriormente [Ángela] responde a las preguntas directas que va planteando la entrevistadora, sin que se observe un relato libre y espontáneo, acorde a sus capacidades cognitivas. En oposición a ello, la niña incorpora a su narración elementos confusos, inconsistentes y que se tornan inverosímiles, como aseverar la presencia materna durante los presuntos incidentes o la negativa del padre a cesar su supuesta conducta a pesar de la advertencia materna. (…) // No menos importante es señalar que [Ángela] manifiesta en su discurso general, elementos de tipo fantasioso, que probablemente obedezcan a mecanismos defensivos del psiquismo ante la tensión y el estrés. (…) Por otro lado, llama la atención la actitud altamente litigante y querellante por parte de la madre contra el indiciado, así como el hecho de que se afirme como prioridad la estabilidad y bienestar de la niña, y ésta no haya tenido intervenciones por servicios de salud mental a los que podría de tener acceso. Como se ha expuesto, (…) el progenitor ha intentado propiciar la relación paterno-filial, sin lograr normalizarla. Al contrario, llama la atención que acercándose la fecha de que la niña cumplía cuatro años se inicie el proceso por el presunto punible, cuando esta era la edad indicada por la madre, para permitir la pernocta en el entorno del progenitor. // (…) En contra parte, se encuentra que

[Ángela] atraviesa por una situación de estrés intenso que deviene del conflicto interparental, siendo expuesta a múltiples situaciones lesivas, que desbordan su psiquismo en formación. De persistir esta situación, continúa latente el riesgo de precipitar síntomas más importantes de tipo ansioso y/o depresivo, capaces de interferir significativamente en su funcionamiento (…).” (ibidem., folios 86 a 89). 16 Ibidem., folio 90. 17 Ibidem., folios 153 y 154. 18 Ibidem., folio 154. 6 1.11. En abril de 2016, el apoderado de la presunta víctima solicitó a Nicolás, cirujano y psiquiatra con especialidad en adolescentes, que realizara una “valoración de psiquiatría infantil para contradicción y refutación del dictamen emitido por el INL y CF”19, quien concluyó que el “padre de esta menor puede estar exhibiendo ‘frecuentes conductas de seducción con su hija’ realizando juegos que tienen el potencial psicosexual agresivo hacia la niña y pueden inducir el desarrollo de riesgos en materia de alteración o desviación grave del desarrollo psicosexual de la menor [Ángela], quien requiere de un padre responsable y que reconozca la etapa del desarrollo psicosexual de su hija y fortalezca el crecimiento saludable y no exponga un riesgo innecesario a la menor como ocurrido (sic) (…).”20 Al respecto, Joaquín afirmó “bajo la gravedad de juramento” no conocer a ese profesional, que jamás tuvo ningún tipo de entrevista con él y que esa descripción

se formuló sin que se le hubiere practicado evaluación o valoración alguna. 1.12. El accionante comentó que a finales de 2015 acudió a Nastasia, que “para esa fecha se presentaba como psicóloga experta en temas de abuso sexual contra menores de edad”21, quien le recomendó esperar los resultados del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Posteriormente esa profesional fue contratada por Gabriela para que realizara un “dictamen pericial de contradicción”, el cual rindió el 23 de junio de 201622, en donde concluyó que “el informe dado por Medicina Legal emite el concepto con graves fallas de forma y de fondo, lo que repercute en errores técnicos y científicos, y que desde [su] análisis se puede afirmar con una alta probabilidad que efectivamente [Ángela] fue víctima de violencia sexual y que existen evidencias suficientes para determinar que el presunto agresor es [Joaquín].”23 Respecto de esa persona, Joaquín resaltó que, en respuesta a la queja que él formuló, el 10 de julio de 2018 el Tribunal Departamental Deontológico y Bioético de Psicología del Colegio Colombiano de Psicólogos le informó que “se declaró inhibido de iniciar una investigación contra [Nastasia] dado que dicha persona no es psicóloga”.24 1.13. “Ante la pluralidad de valoraciones psicológicas cuyos contenidos resultaban manifiestamente contradictorias (sic) entre sí, La (sic) Fiscal decidió ordenar un informe adicional al Colegio Colombiano de Psicólogos”.25 En ese Concepto26 se concluyó que (i) el “informe psicológico presentado por la

Dra. [Aglaia] no da cuenta de una metodología completa de evaluación, se 19 Ibidem., folio 12. 20 Idem. 21 Ibidem., folio 13. 22 Ibidem., folios 91 a 116. 23 Ibidem., folio 116. 24 Ibidem., folios 122 a 130. De acuerdo con la constancia del Director Ejecutivo Nacional del Colegio Colombiano de Psicólogos de 23 de octubre de 2019, esa persona solo obtuvo su tarjeta profesional de psicóloga el 25 de julio de 2019 (cuaderno de revisión, folio 246). 25 Cuaderno 1, folios 13 y 14. 26 Ibidem., folios 149 y 150. 7 circunscribe al ámbito de la psicología clínica y presenta errores técnico científicos. Las conclusiones a las que llega no cuentan con soporte teórico, y no constituye una prueba de tipo pericial”; (ii) el informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses “presenta falencias metodológicas, desde la psicología forense no sigue los presupuestos para una evaluación rigurosa, siendo incompleta la labor realizada, toda vez que no se hace aplicación de instrumentos psicométricos, técnicas de observación conductuales, entrevistas con colaterales distintos a la madre, entre otros”; (iii) “[d]dentro de los documentos revisados no hay evidencia científica de un proceso riguroso de evaluación que permitiera un diagnóstico de la psicopatología en la niña [Ángela], es decir no hay soporte científico para un diagnóstico de trastorno de ansiedad. Solo se observa en los documentos

allegados la enunciación de la presencia de síntomas, pero sin un proceso idóneo de evaluación no es posible corroborar si se presenta o no un trastorno. La información dada por la primera psicóloga (Dra. [Aglaia]) Indica (sic) que no encontró elementos para hablar de una afectación”; (iv) existe un conflicto familiar que puede estar impactando la salud mental de Ángela y “generando la posibilidad de una contaminación en su testimonio”; y (v) al “contrastar la información brindada por la niña [Ángela] tanto en la entrevista con la psicología clínica, la entrevista forense y el proceso de valoración por psiquiatría y psicología, se encuentran inconsistencias en las versiones sobre el presunto abuso sexual que disminuyen por tanto la validez como la fiabilidad del relato. Aparecen elementos de fantasía en la narración sobre supuestos hechos ocurridos con la policía y con un hermano.”27 1.14. El 25 de agosto de 2017, ante el Juzgado Sesenta y Seis Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, la Fiscalía formuló imputación a Joaquín “por el delito de actos sexuales con menor de catorce años agravado en concurso homogéneo y sucesivo, tipificado en los artículos 209 y 211-5 del Código Penal, cargos que no fueron aceptados.”28 1.15. La audiencia de formulación de acusación se llevó a cabo el 25 de enero de 2018. El accionante menciona que, a partir de ese momento, “el proceso comienza a ser gestionado por el Fiscal 196 Seccional Unidad de Delitos Sexuales (…).”29 Audiencia preparatoria

1.16. El Juzgado Cuarenta y Ocho Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá inició la audiencia preparatoria el 10 de julio de 2018, la cual continuó los días 10 de agosto y 13 de septiembre del mismo año. 1.17. En la sesión de 10 de julio de 2018, la Defensa enunció los elementos probatorios que haría valer en el juicio oral. La audiencia fue suspendida debido a ese descubrimiento, con el fin de que la Fiscalía lo estudiara y se pronunciara 27 Ibidem., folios 151 a 152. 28 Ibidem., folio 270. 29 Ibidem., folio 15. 8 al respecto.30 1.18. En la sesión de 10 de agosto de 2018, la defensa descubrió otros elementos materiales probatorios. En igual sentido procedió la Fiscalía que solicitó -entre otrosel testimonio de Ángela.31 Se le concedió la palabra a la Defensa para que argumentara la pertinencia de sus solicitudes probatorias. La Fiscalía presentó observaciones al respecto. A su vez, el Ministerio Público se pronunció para solicitar la inadmisión de unas pruebas de la defensa y la admisión de otras. El representante de las víctimas también intervino. Por su parte, la Defensa presentó observaciones respecto de las pruebas solicitadas por la Fiscalía. En concreto, pidió excluir el testimonio de Ángela “y a cambio del mismo se dé aplicación a lo dispuesto en el artículo 438 de la Ley 906 del 2004 que establece, específicamente en el literal ‘e’, adicionado por la Ley 1652 del 2013, artículo tercero: ‘Es menor de dieciocho (18) años y víctima

de los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales tipificados en el Título IV del Código Penal, al igual que en los artículos 138, 139, 141, 188a (…)”.32 Lo anterior, porque existe en el informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses una recomendación para que la niña no sea revictimizada, pues ha sido sometida a diversas valoraciones. El abogado resaltó que así también se pronunció el 9 de diciembre de 2015 el Juzgado Sesenta y Cuatro Penal Municipal con Funciones de Garantías de Bogotá. En ese sentido, destacó que el artículo 438 de la Ley 906 de 2004 indica que esa situación es “una excepción a la prueba de referencia”. En este caso, podría acudir a la entrevista que está grabada. 1.19. En la sesión de 13 de septiembre de 2018, el Juzgado decretó pruebas en favor de la Fiscalía (entre ellas el testimonio de Ángela) y de la Defensa. La Defensa solicitó la nulidad del proceso porque se inició la audiencia sin su presencia -petición coadyuvada por el Ministerio Público-, la cual no fue admitida.33 Por otra parte, la Defensa apeló la decisión de no decretar algunas de sus pruebas. La Fiscalía presentó observaciones (siendo coadyuvada por la representación de 30 Ibidem., folio 196. 31 La Fiscalía justificó su pertinencia en que pretende demostrar “las circunstancias de tiempo, modo y lugar respecto de la ocurrencia de los hechos que son materia de juzgamiento. La víctima su Señoría soportó directamente la conducta que se enjuicia, luego,