CC - T214-2020

Sentencia T-214/20

ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALESRequisitos generales y especiales de procedibilidad ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIALCausal de procedibilidad de la tutela ESTANDARES PROBATORIOS APLICABLES A GRAVES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS-Jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional El Consejo de Estado y la Corte Constitucional han enfatizado en la necesidad de que los jueces aligeren o dinamicen la carga probatoria en casos en los que se discute la reparación integral a las víctimas de los daños materiales causados en forma antijurídica por el Estado, en tratándose de graves violaciones a los derechos humanos. ESTANDARES PROBATORIOS APLICABLES A GRAVES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS-Reglas jurisprudenciales En materia de procesos que involucran graves violaciones de derechos humanos, el juez debe, entre otros; (i) flexibilizar los estándares probatorios; (ii) reconocer la preponderancia de la prueba indiciaria; (iii) hacer uso de las inferencias judiciales razonables; (iv) aumentar el estándar probatorio del Estado como demandado en el proceso de reparación directa; (v) eventualmente exigirle al Estado que demuestre que no cometió una ejecución extrajudicial; y (vi) hacer uso de las pruebas aportadas a los procesos penales y disciplinarios correspondientes.

ESTANDARES PROBATORIOS APLICABLES A GRAVES

VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS-Jurisprudencia de la

Corte Interamericana de Derechos Humanos La Corte Interamericana de Derechos Humanos (“CIDH”) ha adoptado una postura de flexibilización de los medios de prueba ante graves violaciones a los derechos humanos. En ese sentido, ha señalado que “para efectos de la determinación de la responsabilidad internacional de un Estado por violación de derechos de la persona, [debe aplicar] una amplia flexibilidad en la valoración de la prueba rendida ante ellos sobre los hechos pertinentes, de acuerdo con las reglas de la lógica y con base en la experiencia”. Adicionalmente, la CIDH ha sostenido que es el Estado quien tiene el control de los medios para desvirtuar una situación fáctica, pues “es el Estado quien tiene el control de los medios para aclarar hechos ocurridos dentro de su territorio”. FLEXIBILIZACION DE LOS ESTANDARES PROBATORIOS EN MATERIA DE VIOLACIONES GRAVES A LOS DERECHOS HUMANOS-En caso de falsos positivos ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALESProcedencia por defecto fáctico al no valorar pruebas en proceso de reparación directa por ejecuciones extrajudiciales -falsos positivosReferencia: Expedientes T-7.395.090 y T7.477.406 (acumulados) Acciones de tutela interpuestas por (i) Irma Olaya y otros, en contra del Tribunal Administrativo del Huila; y (ii) Rodolfo Montano Correa y otros, en contra del Tribunal Administrativo del Huila.

Magistrado Ponente:

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Bogotá D.C., primero (1º) de julio de dos mil veinte (2020)

La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado y los magistrados Antonio José Lizarazo Ocampo y Alejandro Linares Cantillo, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente SENTENCIA En el trámite de revisión de los fallos proferidos (i) por las Secciones Segunda y Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en primera y segunda instancia respectivamente, dentro de la acción de tutela presentada por Irma Olaya y otros, en contra del Tribunal Administrativo del Huila (T-7.395.090) y (ii) por las Secciones Tercera y Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en primera y segunda instancia respectivamente, dentro de la acción de tutela instaurada por Rodolfo Montano Correa y otros, en contra del Tribunal Administrativo del Huila (T7.477.406).

I. ANTECEDENTES

A. LAS DEMANDAS DE TUTELA

Expediente T-7.395.090 2

1. El 27 de agosto de 2018, Irma Olaya, Jhon David Espinosa Olaya, Emilce Espinosa Olaya, Martha Cecilia Espinosa Olaya, Otilia Espinosa Olaya y Maritza Espinosa Olaya1, actuando mediante apoderado2, interpusieron acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Huila. Según indicaron, dicho Tribunal les vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, al proferir la sentencia de segunda instancia dictada el 7 de febrero de 2018, en el marco del proceso de

reparación directa promovido por aquellos en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional. Alegaron que el Tribunal incurrió en un defecto fáctico (i) por no valorar la totalidad del acervo probatorio; y (ii) por valorar defectuosamente las pruebas aportadas al proceso. En consecuencia, solicitaron dejar sin efectos “la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila” y que, en consecuencia, “se ordene al Tribunal Contencioso Administrativo del Huila proferir sentencia en la cual se declare administrativamente responsable a la nación colombiana”3. Expediente T-7.477.406

2. El 8 de noviembre de 2018, Rodolfo Montano Correa, Jhon Deimer Montano Correa, Anselmo Montano Correa y Clara Lucía Montano Correa4, actuando por intermedio de apoderado5, presentaron acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Huila. Según indicaron, dicho Tribunal les vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la defensa y a la igualdad al proferir sentencia de segunda instancia dentro del medio de control de reparación directa que los accionantes adelantaron en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional. Alegaron que el Tribunal incurrió en un defecto fáctico (i) por no valorar la totalidad del acervo probatorio; y (ii) por valorar defectuosamente las pruebas aportadas al proceso. En consecuencia, los accionantes le pidieron al juez constitucional que deje “sin efecto la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila”; “ordene al

Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, proferir sentencia en la cual se confirme la Sentencia de Primera Instancia (…)” y que, en consecuencia, “ordene la liquidación de los perjuicios morales a [su] favor”6.

B. HECHOS RELEVANTES

Expediente T-7.395.090

3. El 22 de octubre de 2007, los señores Diego Armando Cárdenas Sánchez, Marlio Mauricio Murillo Quintero y Luis Ernesto Vargas Olaya, residentes en la ciudad de Neiva, fueron vistos en horas de la tarde por última vez en esa 1 Familiares del señor Luis Ernesto Vargas Olaya. 2 Ver cuaderno principal, folios 2-4. Expediente T-7.395.090. 3 Ver cuaderno principal, folio 16. Expediente TT-7.395.090. 4 Hermanos del señor Teódulo Montano Correa. 5 Ver cuaderno principal, folios 16-20. Expediente T-7.477.406.

6 Ibídem. 3 ciudad y, fueron posteriormente encontrados muertos en el municipio de Gigante, Huila.

4. Los familiares de los fallecidos interpusieron demanda de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional7 por haber incurrido en una falla del servicio al ocasionar la muerte de los señores Cárdenas, Murillo y Vargas. Sostuvieron que ellos fueron asesinados extrajudicialmente por miembros del Ejército Nacional. En ese sentido, cuestionaron la veracidad del informe del Batallón de Infantería Nº 26 “Cacique Pigoanza”, en que el Ejército reportó que ellos fueron dados de baja

en un enfrentamiento. Al respecto, los 5. demandantes señalaron que los fallecidos se desempeñaban en labores de albañilería y de mecánica y no tenían antecedentes judiciales8. Adicionalmente, indicaron que el fallecimiento fue ocasionado con armas de dotación oficiales pertenecientes al Ejército Nacional, que no hubo combate9 y que los fallecidos “no acostumbraban a cargar ningún tipo de arma, sin embargo sus cadáveres aparecieron con armas, presumiblemente puestas después de su muerte”10.

6. El 28 de noviembre de 2014, el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Neiva profirió sentencia de primera instancia, mediante la cual no accedió a las pretensiones de la demanda. En efecto, declaró que no se configuró una falla del servicio en los hechos que culminaron con la muerte de los señores Cárdenas, Murillo, y Vargas. Esto, por cuanto a los demandantes les correspondía probar el actuar irregular de los agentes del Estado. Sin embargo, en este caso, “se demostró que el deceso fue producto del cruce de disparos por parte de los [fallecidos] y el Ejército Nacional, como consecuencia del operativo desarrollado por el Ejército”11.

7. El 15 de enero de 2015, los demandantes interpusieron recurso de apelación. Ellos solicitaron que fuera revocada la sentencia de primera instancia y que, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda.

Aseguraron que el Juzgado no probó la vinculación de los señores Cárdenas, Murillo y Vargas a una organización criminal. Asimismo, argumentaron que

las diferentes pruebas aportadas al proceso permitían concluir que se trataba de ciudadanos que nunca infringieron la ley y que fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales12.

8. El 7 de febrero de 2018, la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila, confirmó la providencia de primera instancia. Dicha 7 Por la muerte del señor Luis Ernesto Vargas Olaya, demandaron al Estado colombiano los señores Claudia Milena Montaño Rodríguez, Irma Olaya, Ernesto Vargas, Jon David Espinosa Olaya, Jazmín Espinosa Olaya, Otilia Espinosa Olaya y Maritza Espinosa Olaya. 8 Ver folios 4-18 del cuaderno principal. De conformidad con lo afirmado en el escrito de tutela Expediente T7.395.090. 9 Ver folios 12-24 del cuaderno principal N° 1 del proceso 2008-00143. Expediente TT-7.395.090. 10 Ver folios 3-18 del cuaderno principal. Escrito de tutela. Expediente T-7.392.090. 11 Ver folios 71-79 del cuaderno principal. Sentencia de primera instancia. Expediente TT-7.395.090. 12 Ver folios 424-436 del cuaderno principal N° 3 del proceso de reparación directa, identificado con radicado 2008-00143. Recurso de apelación. Expediente TT-7.392.090. 4 corporación consideró que la muerte de los señores Cárdenas, Murillo y Vargas ocurrió como consecuencia de la maniobra desarrollada por los militares para repeler el enfrentamiento armado promovido por aquellos,

cuando advirtieron la presencia de la Fuerza Pública en el lugar de los hechos.

9. En su sentencia, el Tribunal decidió darle plena validez a la prueba trasladada. En ese sentido, decidió valorar los elementos que obraban tanto en el proceso penal como en el disciplinario que se adelantó en contra de los militares que participaron en la operación13. Asimismo, consideró que “si bien es cierto que en este proceso las mencionadas pruebas trasladadas fueron solicitadas única y exclusivamente por la parte demandante, lo que conllevaría a que sólo se pueda valorar la prueba documental que contenga el proceso penal que se adelantó (…), también es cierto que se está frente a un asunto de violación grave de derechos humanos, caso en el cual la valoración probatoria debe ser más flexible (…)”14.

10. Frente a la prueba indiciaria, el Tribunal sostuvo que “[l]os jueces pueden encontrar acreditados los supuestos de hecho de una demanda por vía de medios probatorios indirectos, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que dicho análisis exige”15.

11. Adicionalmente, el Tribunal hizo mención, entre otras, a las siguientes pruebas16: (i) la orden de operaciones 004/2007 ESPADA I dictada por el comandante del Batallón de Infantería N° 26 “Cacique Pigoanza”; (ii) el informe ejecutivo de la Fiscalía General de la Nación realizado el día 23 de octubre de 2007 sobre la diligencia de inspección al lugar de los hechos y a los cadáveres; (iii) las entrevistas realizadas a los familiares de los fallecidos; (iv) las entrevistas realizadas a los militares que participaron en los hechos; (v) la

constancia del 16 de noviembre de 2007, mediante la cual la Fiscalía Seccional envía por competencia la investigación al Juzgado 65 de Instrucción Penal Militar de Pitalito; (vi) los informes periciales de necropsia realizados por el Hospital San Antonio de Gigante el día 23 de octubre de 2007; (vii) el análisis de la prueba de residuo de disparo realizado a los cadáveres el 30 de octubre de 2007 por el grupo de química de la Fiscalía General de la Nación; (viii) el informe pericial de alcoholemia de fecha 18 de marzo de 2008 practicado por el Instituto Nacional de Medicina Legal; y (ix) la investigación disciplinaria abierta mediante auto del 24 de octubre de 2007 al interior del Batallón.

12. Con base en lo anterior, el Tribunal dio por probado lo siguiente:

(i) El operativo en el que fallecieron los señores Cárdenas, Murillo y Vargas fue producto de una orden operacional emitida por el Ejército Nacional, cuya finalidad era la de verificar una serie de denuncias que los habitantes del sector habían interpuesto sobre atracos en la zona. 13 Folio 1, CD, página 27 del cuaderno principal. Expediente T-7.395.090. 14 Ibídem. 15 Folio 1, CD, páginas 28-30 del cuaderno principal. Expediente T-7.395.090. 16 Folio 1, CD, páginas 28-30 del cuaderno principal. Expediente T-7.395.090. 5 (ii) Los cadáveres fueron puestos en conocimiento de manera inmediata a la Fiscalía Seccional de Gigante y se dejó constancia que vestían prendas

que coincidían con las descritas por los familiares la última vez que los vieron con vida. (iii) Los informes de los oficiales que participaron en el operativo demuestran que los fallecidos murieron por impactos de proyectiles de bala. (iv) En el lugar de los hechos fueron encontradas tres armas tipo revolver, un celular, un bolso con objetos personales y la suma de 9.000 pesos. (v) El resultado positivo de la prueba de absorción atómica por la presencia de pólvora en la mano del fallecido Luis Ernesto Vargas Olaya. (vi) No hubo evidencias de alteración de la escena de los hechos. (vii) De acuerdo con los informes técnicos, las heridas no fueron hechas a corta distancia17.

13. Así, el Tribunal concluyó que “la valoración conjunta de estos hechos permite concluir que Diego Armando, Marlio Mauricio y Luis Ernesto no fueron víctimas de una ejecución extrajudicial, sino que estaban infringiendo la ley (…) y que al sentirse intimidados reaccionaron con disparos cuando observaron la presencia de la fuerza pública por lo que el Ejército Nacional respondió en legítima defensa”18. Por lo anterior, consideró la decisión de instancia que no existía responsabilidad del Estado.

14. El proceso penal se encuentra activo y la investigación está a cargo de la Fiscalía 115 Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la ciudad de Neiva19.

Expediente T-7.477.406

15. El señor Teódulo Montano Correa, quien residía en el municipio de Gigante, en el departamento del Huila, padecía graves problemas de adicción a

sustancias psicoactivas, razón por la cual inhalaba constantemente bóxer, situación que había afectado gravemente sus facultades mentales20.

16. El 16 de enero de 2008 a las 5:30 PM fue visto por última vez en cercanías del restaurante “La Casona”, lugar que frecuentaba en búsqueda de alimentación. Al día siguiente, es decir, el 17 de enero de 2008, el señor 17 Ver folio 1, CD, páginas 43-44 del cuaderno principal. Expediente T-7.395.090 18 Ver folio 1, CD, página 44 del cuaderno principal. Expediente T-7.395.090. 19 https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/consultas/#153685162025561ce92ac-374f. 20 Hecho 2 de la demanda de reparación directa. Folio 11 del cuaderno 1 del proceso identificado con radicado

2010-00081-00. Expediente T-7.477.406. 6 Teódulo Montano Correa (en adelante, “TMC”) murió en la vereda El Piñal del municipio de Gigante, Huila21.

17. El 1 de marzo de 2010, varios familiares22 de TMC interpusieron demanda de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por haber incurrido en una falla del servicio al ocasionar la muerte del señor Montano. Sostuvieron que él fue asesinado extrajudicialmente por miembros del Ejército Nacional. En ese sentido, cuestionaron la veracidad del informe del Batallón de Infantería No. 26, en

que el Ejército reportó al señor Montano como un miembro de las FARC, quien fue dado de baja en combate y que portaba material de guerra. Al respecto, los demandantes señalaron que TMC era “farmacodependiente y habitante de la calle” y que había perdido casi todas sus facultades mentales y físicas, por lo que era incapaz de manejar armas y de enfrentarse al Ejército.

18. El 27 de febrero de 2015, el Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Neiva profirió sentencia de primera instancia y declaró “la responsabilidad patrimonial y administrativa de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional por la muerte

de Teódulo Montano Correa”23.

19. De manera preliminar, el Juzgado declaró la falta de legitimación en la causa por activa respecto de varios de los demandantes. Según advirtió, “dentro del expediente no existe prueba alguna que permita establecer que entre los señores Teódulo Montano Correa y Constanza Triana Trujillo existiera algún tipo de relación [ni que] el señor Montano Correa respondía económicamente por los menores [demandantes]”24.

20. Por otra parte, el Juzgado encontró probado que (i) “[e]l 16 de enero de 2008 falleció el señor Teódulo Montano Correa”25; y (ii) en las veredas aledañas al departamento del Huila se llevó a cabo la misión táctica Faraón “que consistía en desarrollar misión […] ofensiva de neutralización sobre corredores de movilidad área general del municipio de Gigante”26.

21. Señaló que, según los testimonios de los miembros del Ejército (i) 16 de enero “la sección segunda al mando del SS Herrera inició movimiento táctico pedestre hacia un objetivo trazado por el comando del batallón”27; (ii) que a las 19:20 horas (…) el puntero se encuentra de frente a unos cuarenta metros de los sujetos en civil quienes al percatarse que era tropa disparan con sus 21 Ver folios. 100-103 del cuaderno principal. El informe de necropsia señala como fecha de muerte el 17 de enero de 2008. Ver cuaderno principal, folio 97. Expediente T-7.477.406. 22 La demanda la presentaron Constanza Triana Trujillo en nombre propio y en representación de sus hijos Silvia Yolanda, Milton, Daniela y Rosa Katerine Paredes Triana, en su calidad de compañera permanente y de hijos de crianza de TMC; Anselmo Montano Ipuz, en calidad de su padre; Jhon Deimer, Anselmo, Clara Lucía, María Isabel, Rodolfo Montano Correa y Priscila Correa, hermanos de TMC, y Arturo Correa Osorio, abuelo de TMC. Ver cuaderno principal, folio 196, CD, páginas 2-84. Expediente T-7.477.406. 23 Radicada bajo el número 41001-33-31-002-2010-00081-00. Ver cuaderno principal, folio 196, CD, páginas 2-26 de 84. Expediente T-7.477.406. 24 Ver folio 196, CD, página 9 de 84 del cuaderno principal. Expediente T-7.477.406.

25 Ver folio 196, CD, página 10 de 84 del cuaderno principal. Expediente T-7.477.406. 26 Ibídem. 27 Ibídem. 7 armas de fuego hacia los soldados, de inmediato el personal reacciona y (…) se genera un cambio de disparos”28; (iii) “en el registro (…) se halla un cuerpo sin vida y se puede percatar que el sujeto portaba un revolver y un radio scanner”29; y (iv) que ningún miembro de la sección resultó herido o lesionado. Por otro lado, ocho testimonios de personas que conocían al señor TMC, afirmaron que “el consumo de las sustancias psicoactivas era de tipo permanente y dan cuenta de [sus] condiciones sociales, psicológicas y familiares del señor Teódulo Montano”30.

22. En relación con el fondo del asunto, el Juzgado sostuvo que encontró “acreditados todos los presupuestos necesarios para que pueda predicarse la falla del servicio de la conducta asumida por el Ejército Nacional por intermedio de sus agentes, en la medida en que las pruebas arrimadas al proceso dan pie para concluir que los militares participantes en el operativo llevado a cabo el 16 de enero de 2008, le quitaron la vida el señor Teódulo Montano Correa, en situaciones ajenas al desarrollo de un enfrentamiento armado que nunca existió, e hicieron aparecer al mencionado señor como si se tratara de un guerrillero dado de baja durante un combate”31. En consecuencia, condenó a la Nación a reparar al padre y a los cinco hermanos del fallecido.

23. El 1 de enero de 2015, el Tribunal Administrativo del Huila admitió los

recursos de apelación interpuestos por las partes.

24. Por una parte, la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional solicitó que se revoque la decisión y, en su lugar, que se nieguen las pretensiones de los demandantes. En su escrito, reiteró que la muerte del señor TMC se produjo exclusivamente por culpa de la víctima. En concreto, señaló que los miembros del ejército reaccionaron al ataque con armas de fuego realizado por el señor TMC y unos compañeros, quienes se encontraban desarrollando actividades delictivas y portaban material de guerra. Alegó que no hay prueba de un comportamiento irregular de los militares que participaron en la muerte del señor TMC.

25. Por otra parte, el apoderado de los demandantes también impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó que se modifique su parte resolutiva.

Primero, discrepó de la condena impuesta por considerar que los montos señalados no se ajustan a la jurisprudencia del Consejo de Estado. Segundo, le solicitó al juez de segunda instancia que condene a la demandada a pagar los perjuicios materiales y morales a favor de la compañera permanente, del hijo de crianza y del abuelo de TMC. 28 Ibídem. 29 Ver folio 196, CD, página 11 de 84 del cuaderno principal. Expediente T-7.477.406. 30 Ibídem. 31 Folio 196, CD, página 21 de 84 del cuaderno principal. Expediente T-7.477.406. 8

26. El 18 de abril de 2018, el Tribunal Administrativo del Huila revocó la sentencia de primera instancia y negó las pretensiones de los demandantes,

porque “no se logró establecer la existencia de una falla del servicio”32.

27. Primero, el Tribunal estudió el valor de las pruebas aportadas al caso. En concreto, afirmó que valoró y tuvo en cuenta “los procesos disciplinario y penal que se adelantó (sic) por la muerte del señor Teódulo Montano Correa”33. Al respecto sostuvo que “[s]i bien es cierto que en este proceso las mencionadas pruebas trasladas fueron solicitadas única y exclusivamente por la parte demandante, lo que en principio conllevaría a que solamente se pueda valorar la prueba documental que contengan los procesos disciplinarios y penal que se adelantó por la muerte del señor Teódulo Montano Correa, también es cierto que se está frente a un asunto de violación grave de derechos humanos, caso en el cual la valoración probatoria debe ser más flexible”34. Adicionalmente, aclaró que “las diligencias de declaración libre y espontánea que obren en el expediente trasladado (…) y que no se practicaron bajo la gravedad de juramento, serán tenidas en cuenta como indicios”35.

28. Segundo, en línea con lo anterior, determinó el alcance de la prueba indiciaria. Así, señaló que “[l]os jueces pueden encontrar acreditados los supuestos de hecho de una demanda por vía de medios probatorios indirectos, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que dicho análisis exige”36.

29. Tercero, hizo mención, entre otras, a las siguientes pruebas: (i) la orden de operaciones Dragón, misión táctica No. 008/2007 Faraón informes riesgos Nos. 022/07 y 025/07 expedida por el Comandante del Batallón de Infantería

No. 2637; (ii) el informe ejecutivo realizado por la Fiscalía 21 Seccional de Garzón38; (iii) el acta de inspección al cadáver del señor TMC No. 006 del 17 de enero de 200839; (iv) el informe de necropsia del señor TMC40; (v) los testimonios de los militares Mauricio Chante, Edilberto Vera, Luis Fernando Palechor, Mauricio Figueroa y Anuar Herrera que participaron en los hechos, y del señor Rodolfo Montano Correa, hermano de TMC41; (vi) el oficio DS.SHUI.GOPE-96271 del Departamento Administrativo de Seguridad42; (vii) los informes de inteligencia 342, 357 y 00743; y (viii) la investigación No. 017/08 adelantada por el Comandante del Batallón de Infantería No. 26 en contra de los militares que participaron en los hechos44; 32 Radicada bajo el número 41001-33-31-002-2010-00081-01. Ver cuaderno principal, folio 196, CD, páginas 29-71 de 84. Expediente T-7.477.406. 33 Folio 196, CD, página 52 de 84 del cuaderno principal. Expediente T-7.477.406. 34 Ver folio 196, CD, página 50 de 84 del cuaderno principal. Expediente T-7.477.406. 35 Ver folio 196, CD, página 52 de 84 del cuaderno principal. Expediente T-7.477.406. 36 Ibídem. 37 Ver folio 196, CD, páginas 55-57 de 84 del cuaderno principal. Expediente T-7.477.406.

38 Ver folio 196, CD, páginas 57-58 de 84 del cuaderno principal. Expediente T-7.477.406. 39 Ver folio 196, CD, páginas 58-59 de 84 del cuaderno principal. Expediente T-7.477.406. 40 Ver folio 196, CD, páginas 59-60 de 84 del cuaderno principal. Expediente T-7.477.406. 41 Ver folio 196, CD, páginas 60-61 de 84 del cuaderno principal. Expediente T-7.477.406. 42 Ver folio 196, CD, páginas 61-62 de 84 del cuaderno principal. Expediente T-7.477.406. 43 Ver folio 196, CD, páginas 62-63 de 84 del cuaderno principal. Expediente T-7.477.406. 44 Ver folio 196, CD, páginas 63-64 de 84 del cuaderno principal. Expediente T-7.477.406. 9

30. Cuarto, indicó las pruebas que obran en el expediente dan cuenta de que:

(i) “Miembros de las milicias de las FARC pretendían atentar contra la estación de policía de Silvania o la infraestructura eléctrica de la zona”45. (ii) “El día 16 de enero de 2008 a las 19:20 horas, el soldado puntero se encontró de frente a un grupo de 4 a 5 sujetos que en el momento que identificaron que era la tropa abrieron fuego contra los soldados (…) se escuchó una explosión muy fuerte”46. (iii) “La muerte del señor Teódulo Montano fue producida por miembros del Ejército Nacional”47. (iv) “En la inspección del lugar de los hechos encontraron un arma tipo

revólver, un cuchillo, un radio de comunicaciones y una billetera con un bosquejo a lapicero del sector de Silvania y unos papeles con unos números de celulares”48. (v) TMC “estaba infringiendo la ley –al portar armas sin salvoconducto– y que al sentirse abrumado, reaccionó con disparos cuando observaron la presencia de la fuerza pública”49. (vi) TMC disparó el arma “según se infiere del informe de la Policía Judicial de inspección al cadáver que da cuenta de las vainillas encontradas al lado del cuerpo del fallecido”50. (vii) “La escena de los hechos no tenía indicios de haber sido alterada”51. (viii) “Las heridas propinadas por los miembros de la fuerza pública tienen diferentes trayectorias en los cuerpos de acuerdo a los orificios de entrada y a la ausencia de residuos de disparo”52. (ix) “[L]os militares accionaron sus armas de fuego desde la carretera hacia un costado de la misma y mientras el fallecido estaba de entre espalda y lado izquierdo (sic)”53. (x) “[D]el análisis de la posición dinámica del cuerpo del señor Montano Correa se deduce que recibe los disparos cuando se hallaba parado, en la parte posterior - anterior con heridas de tórax, riñón y brazo izquierdo y los disparos a una distancia mayor a un metro por lo que no dejó tatuaje”54. 45 Ver folio 196, CD, página 65 de 84 del cuaderno principal. Expediente T-7.477.406. 46 Ver folio 196, CD, páginas 65-66 de 84 del cuaderno principal. Expediente T-7.477.406.

47 Ibídem. 48 Ibídem. 49 Ver folio 196, CD, página 67 de 84 del cuaderno principal. Expediente T-7.477.406. 50 Ver folio 196, CD, página 66 de 84 del cuaderno principal. Expediente T-7.477.406. 51 Ibídem. 52 Ibídem. 53 Ver folio 196, CD, página 67 de 84 del cuaderno principal. Expediente T-7.477.406. 54 Ibídem. 10 (xi) “Las declaraciones juradas rendidas por los militares que participaron en los hechos (…) son coincidentes con las demás pruebas técnicas practicadas al interior de los procesos penal y disciplinario”55. (xii) “A través del acta No. 057 del 15 de febrero de 2008, la demandada le canceló el dinero acordado al informante por el suministrado de los datos que ayudaron la ejecución de la operación militar”56. (xiii) “El DAS informó que [TMC] tenía antecedentes penales, y se constató que desde el año 2002 tuvo varias condenas por el delito de hurto calificado y agravado y por extorsión (…) sin que en el transcurso de esos procesos penales los familiares demandantes o inclusive el mismo infractor haya mencionado su inimputabilidad por consumir sustancias alucinógenas o padecer de algún trastorno mental”57. (xiv) No hay “ningún otro testigo que dé cuenta del supuesto estado de adicción que padecía el occiso, [ni] tampoco obra certificado del centro de rehabilitación ‘el shaddai’ donde estuvo recibiendo ayuda”58. (xv) Tampoco hay prueba de “lo dicho por los demandantes cuando señalan

que los militares habían engañado al señor Teódulo Montano Correa ofreciéndole trabajar con ellos para llevárselo al lugar donde le dieron muerte”59.

31. El Tribunal concluyó que TMC “no fue víctima de una ejecución extrajudicial, sino que fue muerto en un enfrentamiento con el Ejército Nacional, al responder los disparos realizados por él y otras personas que los acompañaba (sic)”. En criterio de dicha corporación, la muerte de TMC tuvo lugar, por cuanto, este “disparó el arma que portaba, por lo que los miembros de la Fuerza Pública reaccionaron produciéndose un enfrentamiento armado para salvaguardar su vida en legítima defensa”. Por lo tanto, determinó que el Estado no está llamado a responder porque la muerte se produjo por “culpa exclusiva de la víctima”.

32. Finalmente, el proceso penal se encuentra en etapa de investigación por parte de la Fiscalía 115 Especializada en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, dependencia a la cual fue asignado en el año

201860.

C. RESPUESTA DE