CC - T283-2020

Sentencia T-283/20

DEBIDO PROCESO EN EL MARCO DE LA IMPOSICION DE SANCIONES POR PARTICULARES-Caso en que se sancionó a la accionante por conductas íntimas realizadas en un ámbito privado en Central de Abastos DEBIDO PROCESO EN EL MARCO DE LA IMPOSICION DE SANCIONES POR PARTICULARES-Posibilidad de los particulares, de imponer sanciones conforme a los reglamentos de propiedad horizontal REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL-Características Las personas jurídicas organizadas bajo régimen de propiedad horizontal tienen la facultad de crear sus propios reglamentos, que en general, buscan armonizar el dominio privado con los espacios públicos o comunes. Los reglamentos regulan los derechos y obligaciones de los copropietarios y establecen cuáles actividades se encuentran permitidas en los espacios de uso común, además de las formas para financiar su mantenimiento. Estas disposiciones, al operar como principal fuente para resolver y ordenar los asuntos de la copropiedad, deben enmarcarse dentro de la legalidad propia del Estado de derecho y por ende, deben respetar los derechos de los copropietarios así como los de terceros y demás sujetos interesados. REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL-Límites a la potestad sancionatoria Teniendo claro que las personas jurídicas organizadas bajo el régimen de propiedad horizontal tienen plena autonomía para adoptar reglamentos y establecer su forma de aplicación, la jurisprudencia constitucional ha intervenido dicha facultad cuando ha encontrado que no se ajusta al orden constitucional, o afecta derechos fundamentales. REGLAMENTO INTERNO DE PROPIEDAD HORIZONTALRespeto de derechos constitucionales fundamentales/REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL-Sujeción a la Constitución

DEBIDO PROCESO EN LAS RELACIONES ENTRE

PARTICULARES-Alcance/DEBIDO PROCESO-Garantías mínimas REGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL-Imposición de sanciones deben respetar el debido proceso DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL, A LA HONRA Y AL BUEN NOMBRE-Reiteración de jurisprudencia VENDEDOR INFORMAL-Protección especial de las personas que se dedican a las ventas ambulantes debido a su situación de vulnerabilidad Los trabajadores informales que, como la accionante, desempeñan sus labores en el espacio público han sido reconocidos por la Corte como personas en condición de vulnerabilidad, en virtud de la ausencia de garantías laborales a la que se enfrentan, las cuales, como se acaba de ver, les exponen a diferentes formas de violencia tales como el acoso y abuso verbal, físico y sexual, desalojos, arrestos violentos y en general a graves violaciones de sus derechos fundamentales. ACCION DE TUTELA PARA PROTEGER EL DERECHO A LA INTIMIDAD, AL BUEN NOMBRE Y A LA HONRA-Improcedencia por cuanto las imputaciones cuestionadas se produjeron en un ámbito reservado

Referencia: Expediente T7.184.275

Acción de tutela instaurada por Violeta1 contra la Central de Abastos y Federico

Magistrada Ponente:

DIANA FAJARDO RIVERA

Bogotá, D.C., tres (3) de agosto de dos mil veinte (2020) La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los

magistrados Alejandro Linares Cantillo, Luis Guillermo Guerrero Pérez y la magistrada Diana Fajardo Rivera, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente: SENTENCIA Dentro del proceso de revisión de los fallos dictados en el asunto de la referencia por el Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples, el 12 de septiembre de 2018, en primera instancia y, el Juzgado Quinto Civil del Circuito, el 23 de octubre de 2018, en segunda instancia.

I. ANTECEDENTES El 29 de agosto de 2018, Violeta interpuso acción de tutela buscando la protección de sus derechos “a la dignidad humana, a la libertad, a la 1 Como medida para proteger la intimidad de la accionante en este asunto, la Sala suprimirá de esta providencia y de toda futura publicación de la misma su nombre verdadero, así como los de las demás personas involucradas en el proceso. 2 igualdad de oportunidades sin ninguna discriminación, a la intimidad personal, familiar y buen nombre, a la honra, a la libre circulación, al trabajo y a no ser desterrada”, que considera vulnerados por la Central de Abastos (en adelante, la Central de Abastos o la Central) y el señor Federico. A continuación la Sala resumirá los hechos narrados y probados durante el

proceso:

1. Hechos 1.1. Violeta tenía 21 años de edad para el momento en que acudió a la acción de tutela, es madre cabeza de familia y solía trabajar como vendedora ambulante de tintos en la Central de Abastos desde el año 2017. En ese lugar

conoció al señor Federico, propietario de dos locales en los que comercia cítricos, con quien, afirmó, mantuvo una relación. Unos meses después de haberle conocido, se enteró de que estaba casado y le estaba siendo infiel a su compañera con ella. A partir de ese momento, aseguró, empezó a recibir llamadas y mensajes en su celular por parte de la pareja del accionado “insultándo[la] y tratándo[la] mal, acusándo[la] [de ser] trabajadora sexual, [de] ofre[cer] servicios sexuales entre otros insultos”. Esa situación “ha afectado todo [su] entorno, tanto en el ámbito laboral como en [su] estado psicológico, emocional, [su] honra y buen nombre”.2 1.2. El 17 de julio de 2018, el señor Federico le pidió a la administración de la Central de Abastos expulsar a la accionante de sus instalaciones. En concreto, solicitó que se le prohibiera entrar, circular y realizar su actividad laboral como vendedora ambulante. La solicitud presentada fue la siguiente: “Yo FEDERICO propietario del local 57 del Bloque A y propietario del local A 24-13 de la central, con el debido respeto que me caracteriza me dirijo a ustedes con el fin de solicitar la expulsión de la central de abastos de a la señora VIOLETA la cual se desempeña como vendedora ambulante dentro de las instalaciones de la Central. La señora Violeta valiéndose de artimañas me ofreció sus servicios de índole sexual logrando obtener beneficios económicos y de paso acabando con la paz que había en mi hogar, ya que la señora

mencionada se dedicó a dañar el buen nombre que me caracteriza tanto como comerciante como persona dentro de la central. Y de paso llamar a mi esposa, con el fin de atormentarla haciendo comentarios que no son verdaderos y que además están fuera de tono, con el fin de indisponerla aún más en contra mía. El propósito de la señora, es acabar totalmente con mi matrimonio. Yo como comerciante mayorista por más de 12 años de cítricos de la Central de Abastos, espero se me apoye en un 100% con mi solicitud. Y evitemos de paso que personas como estas le estén ocasionando problemas personales y familiares a los demás 2 Folio 2, cuaderno 1, escrito de tutela. 3 comerciantes de la central.”3 1.3. El 6 de agosto de 2018, la Central puso en conocimiento de Violeta la petición antes citada y, le informó que contaba con tres días para “brindar las respectivas aclaraciones por escrito sobre los hechos mencionados por el peticionario.” 4 1.4. La accionante se defendió enviando un escrito el 10 de agosto siguiente, en el que aclaró (i) que no prestó servicios sexuales al señor Federico sino que mantuvo con él una relación sentimental, (ii) que no era cierto que lo hubiese contactado por teléfono y (iii) que el accionado “se ha ensañado en afectar[la] tanto emocionalmente, psicológicamente, económicamente y está atentando contra [su] paz y contra el hogar que est[á] tratando de formar […]”5 1.5. El 11 de agosto de 2018, la Central de Abastos resolvió la petición del

señor Federico y encontró que ambas partes habían cometido faltas según el reglamento interno de la propiedad. Por lo tanto, le impuso a la accionante una sanción de 5 años de suspensión como vendedora ambulante y al señor Federico una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes. La Central argumentó que las sanciones tenían un fin preventivo y correctivo pues tanto la accionante como el señor Federico habrían incurrido en faltas graves y gravísimas, según los estatutos de la copropiedad.6 1.6. La actora considera vulnerados sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la libertad, a la igualdad de oportunidades sin ninguna discriminación a la intimidad personal, familiar y buen nombre, a la honra, a la libre circulación, al trabajo y a no ser desterrada. Afirmó que se siente “discriminada y atropellada por [su] condición de mujer y posición socio económica”7. En su opinión, el señor Federico utilizó en su contra la posición de comerciante mayorista de la Central de Abastos, entidad que no tuvo en cuenta sus condiciones personales. Explicó que es una persona en condición de vulnerabilidad económica y madre cabeza de familia; hizo énfasis en que ha “sido ofendida y agredida, tanto psicológicamente, verbalmente y con mensajes de texto vía celular […] acusándo[la] de mujer prestadora de servicios sexuales entre otras ofensas”.8 1.7. La petición está encaminada a (i) que la Central de Abastos revoque la decisión de suspender su ingreso como vendedora ambulante durante 5 años,

3 Folio 10, cuaderno 1. 4 Folio 9, cuaderno 1, comunicación enviada por la Central a la accionante. 5 Folio 11, cuaderno 1, descargos de la accionante dentro del trámite iniciado en su contra por la Central. 6 En particular, identificó las siguientes: “El reglamento interno de funcionamiento establece en el numeral 2 del parágrafo 1 del artículo 31 que ‘realizar hechos de violencia física o moral, contra los copropietarios, arrendatarios, comerciantes, auxiliares de carga, vendedores autorizados, clientes o visitantes y en general contra cualquier usuario de LA CENTRAL’. El reglamento interno de funcionamiento establece en numeral 3 del parágrafo 2 del artículo 31 que ‘La violación del principio de convivencia pacífica y solidaridad social’. El reglamento interno de funcionamiento establece en el numeral 7 del parágrafo 2 del artículo 31 que ‘Los hechos que sean catalogados como tales por parte del Consejo de Administración, al reconocer de hechos o circunstancias no contempladas en el presente Reglamento’.” Folios 12 y 13, cuaderno de primera instancia. 7 Folio 4, cuaderno 1, escrito de tutela. 8 Folio 5, cuaderno 1, escrito de tutela. 4 para así proteger sus derechos al trabajo y a la libre movilización y, (ii) que se ordene al señor Federico y a su compañera sentimental cesar las agresiones en su contra, con el fin de salvaguardar sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la honra y al buen nombre.9

2. Trámite de primera instancia y respuesta de la accionada

El 29 de agosto de 2018, el Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples asumió el conocimiento de la acción de tutela, y notificó a los accionados con el fin de que se pronunciaran sobre los hechos de la demanda. - Central de Abastos 2.1. Mediante comunicación del 4 de septiembre de 2018, el representante legal de la Central de Abastos contestó la acción de tutela y solicitó negar el amparo. En primer lugar, aseguró que la señora Violeta no hace parte de las vendedoras ambulantes autorizadas por la Central. Señaló que aunque la vida personal de los usuarios y copropietarios que ingresan a la Central no es de su interés, la convivencia pacífica en las instalaciones sí son de su competencia. En este sentido, el señor Federico les dio a conocer una situación que afectaba su ejercicio como comerciante y, por lo tanto, iniciaron un procedimiento sancionatorio que se llevó a cabo con todas las garantías del debido proceso tal como lo dispone el artículo 27 del reglamento interno de la propiedad. Así, sostuvo que a la accionante se le permitió el ejercicio de su derecho de defensa, de contradicción y se respetó su dignidad humana. Aseguró que “el comportamiento de la accionante se pudo corroborar con las mismas conversaciones aportadas por ella, en los [sic] cuales sostiene que tuvo relaciones sexuales con el señor FEDERICO y que lo hizo por dinero.”10 Por último, advirtió que según la Ley 675 de 2001 del régimen de propiedad horizontal, la Central de Abastos tiene plena autonomía para establecer su

reglamento y las sanciones que estime necesarias. Precisamente, en virtud de lo anterior tiene prohibido el ofrecimiento de servicios sexuales por dinero al interior de la Central. - Federico 2.2. En escrito presentado el 4 de septiembre de 2018, el señor Federico dio respuesta a la acción de tutela y pidió no acceder a las pretensiones planteadas por la accionante, pues considera que no ha vulnerado ninguno de los derechos fundamentales invocados. Afirmó que todo el procedimiento sancionatorio al que alude la actora se adelantó respetando las garantías del debido proceso y que la decisión de la Central de Abastos se fundamentó en el material probatorio que recaudó durante el mismo. Sostuvo que son él y su compañera sentimental quienes se han visto afectados por las acciones de la accionante, con quien tuvo una relación que se limitó a hacer uso de los 9 Folios 6 y 7, cuaderno 1, escrito de tutela. 10 Folio 28, cuaderno 1, contestación de la Central de Abastos a la acción de tutela. 5 servicios sexuales que ofrecía, pagando una tarifa convenida entre ellos dos. El señor Federico relató que en el mes de marzo de 2018 la accionante le ofreció sus servicios sexuales y, fijó un pago de $100.000 por cada encuentro íntimo. Tras algunas citas, afirmó, la señora Violeta lo persiguió y hostigó en su lugar de trabajo y telefónicamente, a tal punto que tuvo que cambiar su línea de celular. Aseguró que la señora Violeta sabía desde un principio que él estaba casado y que, precisamente, aprovechó dicha información para “sacar

provecho pecuniario, mediante chantaje y extorsión, la cual se perpetró por más de tres meses.”11 Señaló que la reacción de la accionante ante su rechazo fue buscar a su hermano e informarle un supuesto estado de embarazo, así como burlarse y ofender a su esposa pretendiendo acabar con la paz de su hogar.

3. Los fallos objeto de revisión - Sentencia de primera instancia12 3.1. El 12 de septiembre de 2018, el Juzgado Primero Municipal de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples resolvió, en primera instancia, tutelar el derecho al debido proceso de la señora Violeta. Luego de analizar el material probatorio allegado al proceso, la Juez determinó que la sanción impuesta a la accionante resultaba desproporcionada, pues mientras al señor Federico se le impuso una multa que corresponde a menos de $400.000, a la actora se le prohibió la entrada a su lugar de trabajo durante 5 años. Afirmó que existió una “afectación del entorno social de los accionantes y no de los demás usuarios y copropietarios de la Central de Abastos, no obstante ante la responsabilidad de la accionante como del copropietario vinculado, esta deberá ser ajustada no solo al debido proceso sino también a la igualdad de sanción que cumpla la función preventiva y correctiva definida en el artículo 30 del reglamento interno de CAV PH, máxime cuando no se observa catalogada una sanción de 5 años.”13 En consecuencia, le ordenó al representante legal de la Central de Abastos, o a quien haga sus veces, disponer “lo necesario para que proceda a dejar sin valor y efecto la sanción

interpuesta a la accionante el día 11 de agosto de 2018 analizando una sanción proporcional previo debido proceso”.14 - Impugnación 3.2. El representante legal de la Central de Abastos impugnó, oportunamente, el fallo de primera instancia. Argumentó que se debe respetar la autonomía del régimen de propiedad horizontal de la Central en virtud de la cual expidió su propio reglamento que prohíbe, en el artículo 38, las ventas ambulantes. En su opinión, la sanción impuesta a la accionante no es desproporcionada porque es necesario diferenciar entre su situación y la del señor Federico. Este último, 11 Folio 63, cuaderno 1, contestación del accionado a la tutela. 12 Folios 89 a 91, cuaderno 1. 13 Folio 91, cuaderno 1. 14 Folio 91, reverso, cuaderno 1. 6 argumentó, es copropietario de la Central y por ello debe asumir gastos como cuotas de administración y pago de servicios públicos e impuestos prediales, mientras que la accionante, al no tener autorización para laborar en la Central, no realiza pagos por ningún concepto. Concluyó que al valorar las calidades de ambas partes las sanciones impuestas fueron adecuadas en tanto “los usuarios que no son propietarios, ni comerciantes, no tienen sentido de pertenencia por las instalaciones, no tienen el respeto debido a los comportamientos permitidos y prohibidos por los reglamentos que la misma copropiedad establece. Por tanto, las sanciones deben ser más drásticas y prolongadas”.15 - Sentencia de segunda instancia

3.3. El 23 de octubre de 2018, el Juzgado Quinto Civil del Circuito del Distrito Judicial resolvió revocar el fallo de primera instancia y, en su lugar, negó el amparo de los derechos fundamentales de la accionante. El Juez argumentó que la sanción impuesta a la señora Violeta estuvo precedida por un procedimiento administrativo que se adelantó con el respeto de todas las garantías del debido proceso. Consideró que “la sanción impuesta no resulta desproporcionada, pues dentro de sus facultades tanto legales como reglamentarias la accionada tiene la facultad de sancionar con la expulsión y/o establecer a quien le permite el ingreso, lo cual no es desmedido pues la señora Violeta no tiene derecho de exigir el ingreso a la propiedad privada pues no es dueña de ninguna de las unidades comerciales (locales-bodegas) ni tiene su calidad de arrendataria […] menos aún, si se tiene en cuenta que la actividad que pretende ejercer la accionante no está autorizada por la administración y es evidente que afectaría a los comerciantes […]”. Añadió que la accionante no hizo uso de los medios de defensa ordinarios, como el proceso verbal de impugnación de actos de asamblea establecido en el artículo 382 del Código General del Proceso.

4. Pruebas relevantes aportadas al proceso Además del material probatorio allegado al proceso durante el trámite de las sentencias de instancia, que consiste principalmente en documentos que dan cuenta del proceso que se llevó a cabo por la Central de Abastos en el caso16, el reglamento interno de la misma17, grabaciones de audio y capturas de

pantalla de conversaciones vía whatsapp entre las personas implicadas en los 15 Folio 96, cuaderno 1, impugnación a la sentencia de primera instancia. 16 1) Notificación enviada por el Administrador General de la Central a la señora Violeta, en la que le informa sobre la petición realizada por el señor Federico para ser expulsada de dicho establecimiento, y le otorga tres días para pronunciarse al respecto. (Folio 9, cuaderno de primera instancia1). 2) Petición realizada por el señor Federico a la Central de Abastos para expulsar de sus instalaciones a la señora Violeta, por presuntamente haberle ofrecido servicios sexuales. (Folio 10, cuaderno 1). 3) Comunicación enviada por la señora Violeta a la Central de Abastos en la que se pronunció sobre los hechos narrados por el señor Federico, niega haberle ofrecido servicios sexuales y denuncia malos tratos en su contra. (Folio 11, cuaderno 1). 4) Oficio AD-494-2018 en el que la Central de Abastos decidió imponer una multa de 15 SMDLV al señor Federico y suspender como vendedora ambulante a la señora Violeta durante 5 años, tras haber concluido que incurrieron en faltas graves y gravísimas según el reglamento interno de la Central. (Folios 12 y 13, cuaderno 1). 5) Listado de vendedores ambulantes autorizados por la Central de Abastos en julio 23 de 2018. (Folios 32 y 33, cuaderno 1). 17 Copia del Reglamento interno de funcionamiento de la Central de Abastos. (Folios 34 a 57, cuaderno 1).

7 hechos del caso18, declaraciones extrajuicio aportadas por el accionado19 y otros escritos20; la magistrada ponente solicitó concepto sobre el caso a la profesora Ochy Curiel, a la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia y al Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Genero Humanas Colombia21.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia 18 1) Copias de capturas de pantalla de conversaciones vía whatsapp entre la accionante, el señor Federico y su esposa o compañera permanente. En las imágenes aportadas por la accionante el demandado se refiere a ella como “gran perra”, “prostitutica barata”, le pide que le pague “los 500 mil que me sacó”, y señala: “yo le pagué cada culiada” (Folios 14 a 16, cuaderno 1). Por su parte, el accionado envió algunas tomas de pantalla en las que la accionante manifiesta que el accionado le “pagó ya el semestre”; le pide al accionado que “controle a su mujer y déjeme mi vida en paz. Ya es suficiente”; señala no estar arrepentida de nada y le advierte a la esposa del actor que, “Aga [sic] lo que aga [sic] eso no va ha [sic] quitar lo que pasó aquí muchos tuvieron la culpa yo no busqué a nadie que él se acuerde muy bien quien [sic] buscó a quien [sic]”; “Que su marido no se limpie las manos que si yo podré ser muy perra y todo pero a la final su marido fue el que le juró amor yo no, el [sic] fue el que se casó con usted yo no reclamarle a el [sic] que al final el que le debe fidelidad es el[sic]

yo no.” También afirma que el accionado “buena plata si daba” y que “no quería nada solo plata y ya logré lo que quería mi universidad mi moto y mi negosio [sic] cagalo [sic] quédese con el [sic] me da igual”. A esta afirmación la esposa del actor responde “no lo lograste”. (Folios 69 a 82, cuaderno 1). 19 Dos declaraciones juramentadas presentadas por conocidos del señor Federico. En la primera (folio 83, cuaderno 1), el declarante afirma que la accionante se dedicaba a vender tintos y a prestar servicios sexuales. En la segunda (folio 84, cuaderno 1), quien declara afirmó que el accionado le contó que la accionante le prestaba servicios sexuales y que no quería que eso se supiera. Dijo que había escuchado que “las personas mencionadas -refiriéndose a la accionante y el accionadose encerraban en una bodega, bajaban la reja y alguien vigilaba que nadie llegara, y hablaban de tarifas, las cuales desconozco”. 20 1) Solicitudes promovidas por la señora Violeta para llevar a cabo una audiencia de conciliación en equidad, en las que se cita a la esposa o compañera permanente del señor Federico, a comparecer el 26 y 31 de julio de 2018 con el fin de llegar a un acuerdo pacífico entre ellas dos. (Folios 17 y 18, cuaderno 1). 2) Informe de evolución de fonoaudiología del hijo del señor Federico, en el que se hacen las siguientes observaciones, el 31 de agosto de 2018 que contiene la siguiente observación: “Se solicita con URGENCIA valoración por Psicología

debido a los continuos retrocesos en sus procesos en su desarrollo del lenguaje-habla; debido a constantes cambios de estados de ánimo que son expresados por el niño ante situaciones en su hogar” (Folios 86 a 87, cuaderno 1). 3) Certificación emitida por una docente de apoyo personalizado “Clases en Casa”, quien afirmó apoyar el desarrollo del hijo del accionado con una intensidad de seis horas semanales, y sostuvo que “a mediados del mes de Julio su atención y concentración disminuyeron afectando el óptimo desarrollo en las actividades a realizar, desviando su interés y notándose preocupado por las discusiones de sus padres, bajando su autoestima.” (folio 88, cuaderno 1) 21 La Sala recibió un informe enviado por la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia en el cual advierte que el caso involucra violencia de género y de clase en contra de la accionante. Sostiene que las razones que usó la Central de Abastos para prohibir el ingreso a ese lugar y la posibilidad de comercializar sus productos están estrechamente relacionadas con su condición de mujer y se fundamentan en un ejercicio desmesurado de poder. Para la Escuela de Estudios de Género, la accionante se encuentra en una posición de desventaja derivada de las relaciones de poder existentes en la sociedad colombiana que tienden a someter a las mujeres, y de su condición económica, la cual es sustancialmente inferior con respecto al señor Federico y los miembros administrativos de la Central de Abastos, quienes tienen títulos de propiedad y cargos de poder en dicho establecimiento. En su opinión, la Central de Abastos vulneró los derechos fundamentales de

la accionante al pasar por alto que las razones expuestas por el señor Federico para expulsar a la actora pertenecían exclusivamente al ámbito de lo íntimo-personal; ya que a partir de los hechos narrados no podría afirmarse que hubiese una afectación a terceras personas. Afirmó que privar a la accionante de su único medio de sustento es un acto de violencia en su contra y agrava su condición por ser madre cabeza de familia. Hizo énfasis en que debe tenerse en cuenta que la señora Violeta fue sometida al escarnio público al afirmar que es una trabajadora sexual, al ser ello considerado como un insulto que ultraja de manera especial a las mujeres por las connotaciones morales que la prostitución tiene en la sociedad colombiana. En suma, estimó que en este caso existió violencia de género porque los agravios que sufrió la accionante son consecuencia de una relación de dominación abusiva entre ella y el señor Federico, quien se aprovechó de su posición de poder económico y social para difamar y privar de su derecho al trabajo a una mujer, madre cabeza de familia, vendedora ambulante en condición de alta vulnerabilidad. La intervención finaliza señalando que la reparación de los derechos fundamentales de la actora debe incluir (i) los perjuicios patrimoniales que le hayan sido causados por no poder laborar y, (ii) aquellos derivados del daño a su buen nombre, para lo cual estima necesario ordenar una rectificación de los hechos y el ofrecimiento de disculpas públicas por parte de quienes la injuriaron. 8 Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es competente para revisar el fallo de tutela proferido dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 86 y el numeral 9º del artículo 241 de

la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 199122 y en cumplimiento del auto del 26 de febrero de 2019, expedido por la Sala de Selección Número Dos de 2019 de esta Corporación.

2. La acción de tutela es procedente 2.1. Antes de formular el problema jurídico, la Sala debe analizar la procedencia de la acción de tutela interpuesta por Violeta contra la Central de Abastos y el señor Federico. De manera preliminar, advierte que en esta oportunidad se cumplen todos los requisitos de procedencia de la acción de tutela, esto es, la legitimación por activa y pasiva, la inmediatez y la subsidiariedad. A continuación se exponen los argumentos que sustentan dicha conclusión. 2.2. Legitimación por activa: Violeta puede presentar la acción de tutela, al ser una persona que actúa en nombre propio, buscando la protección de sus derechos fundamentales.23 2.3. Legitimación por pasiva: la tutela puede dirigirse contra la Central de Abastos y el señor Federico porque frente a ellos Violeta se encuentra en estado de indefensión.24 Un estado de indefensión se presenta cuando existe una situación desigual entre dos partes en la que una es más fuerte que la otra, y esta última -la parte débil-, no tiene medios físicos o jurídicos para defenderse, o los que existen son insuficientes para resistir la vulneración o amenaza de un derecho fundamental, lo cual la pone en una situación de desamparo25. Según esta Corte, “la indefensión es un concepto de naturaleza fáctica, que se configura cuando una persona se encuentra en estado de

debilidad manifiesta frente a otra, de modo que, por el conjunto de circunstancias de hecho que rodean el caso, no le es posible protegerse en un plano de igualdad, bien porque carece de medios jurídicos de defensa o porque, a pesar de existir dichos medios, ellos resultan insuficientes para resistir o repeler la vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales.”26 En específico, las relaciones entre la administración de lugares organizados bajo el régimen de propiedad horizontal y los destinatarios de sus decisiones, 22 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política” 23 Según lo dispuesto por el artículo 86 constitucional, todas las personas pueden interponer acción de tutela ante los jueces para la protección de sus derechos fundamentales, bien sea directamente o por medio de otra persona que actúe a su nombre23. Por su parte, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece que dicha acción constitucional “podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos”. 24 El citado artículo 86 superior señala que la acción de tutela procede frente a particulares en tres circunstancias: (i) cuando están encargados de la prestación de servicios públicos, (ii) si su conducta afecta grave y directamente el interés colectivo, o (iii) respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión. 25 Sentencia T-407 A de 2018. M.P. Diana Fajardo Rivera. 26 Sentencia T-062 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

9 generan estados de indefensión o subordinación27. 2.4. En el caso bajo estudio, la Sala advierte que se configura una situación fáctica de indefensión entre Violeta y la Central de Abastos28 así como frente al señor Federico. En relación con la Central, teniendo en cuenta (i) que su administración le impuso a la accionante una sanción que se ve obligada a acatar29, (ii) que esa sanción podría afectar sus derechos fundamentales a la dignidad humana, al buen nombre, al debido proceso y al trabajo y (iii) que no existen medios apropiados que le permitan ejercer una defensa en condiciones de igualdad -aspecto que