CC - T286-2020

Sentencia T-286/20

CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-Fenómeno que se configura en los siguientes eventos: hecho superado, daño consumado o situación sobreviniente CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO-No impide a la Corte Constitucional pronunciamiento de fondo sobre la existencia de una violación de derechos fundamentales y futuras violaciones DERECHO A UN DEBIDO PROCESO SIN DILACIONES INJUSTIFICADAS-Consagración constitucional e internacional DERECHO AL PLAZO RAZONABLE-Criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para establecer la razonabilidad del plazo DERECHO A UN PROCESO SIN DILACIONES INJUSTIFICADAS EN AMBITO PENAL-Jurisprudencia constitucional MORA JUDICIAL INJUSTIFICADA-Circunstancias en que se presenta/MORA JUDICIAL JUSTIFICADA-Circunstancias en que se encuentra justificado el incumplimiento de los términos ACCION DE TUTELA CONTRA ACCIONES U OMISIONES JUDICIALES-Procedencia excepcional CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADOConfiguración Al cesar durante el trámite de tutela la conducta que propició el presente amparo constitucional y que fundamentó la pretensión del accionante, en la medida que efectivamente se ha satisfecho la pretensión y la entidad demandada cesó la eventual vulneración al proferir el fallo de segunda instancia. DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DEBIDO PROCESO SIN DILACIONES INJUSTIFICADAS-No vulneración cuando la mora judicial no es imputable a la negligencia del funcionario judicial, sino que encuentra

justificación en la falta de capacidad DERECHO A UN DEBIDO PROCESO EN UN PLAZO RAZONABLE-Exhortar al Consejo Superior de la Judicatura, para que adopte las medidas necesarias para evacuar con celeridad los procesos represados de la Sala Penal del Tribunal accionado 2 DERECHO A UN DEBIDO PROCESO EN UN PLAZO RAZONABLE-Exhortar a la Fiscalía General para que adopte las medidas necesarias para evacuar con celeridad los procesos represados en la Fiscalía Seccional accionada

Referencia: Expedientes T-7.607.315 y T-7.621.861 (acumulados) Acciones de tutela instauradas por i)

José Gabriel Torres Rodas contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira (T-7.607.315); y ii) Marino Alberto Castaño Carmona contra la Fiscalía General de la Nación (T7.621.861).

Magistrado Ponente:

JOSÉ FERNANDO REYES

CUARTAS

Bogotá, D.C., tres (3) de agosto de dos mil veinte (2020). La Sala Octava de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Carlos Bernal Pulido, Alberto Rojas Ríos y José Fernando Reyes Cuartas, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente SENTENCIA Dentro del proceso de revisión del fallo dictado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 30 de julio de 2019 que negó el amparo invocado (expediente T-7.607.315); y la Sala de Decisión del Tribunal

Administrativo de Caldas el 26 de julio de 2019, que resolvió revocar la decisión del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Manizales negando el amparo (expediente T-7.621.861).

I. ANTECEDENTES Expediente T-7.607.315 (José Gabriel Torres Rodas contra la Sala Penal del

Tribunal Superior de Pereira) Hechos 3

1. José Gabriel Torres Rodas interpuso acción de tutela contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

2. Señaló que el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, lo condenó en primera instancia a la pena de 189 meses de prisión por el delito de fabricación, tráfico y porte de arma de fuego.

3. Indicó que dicha decisión fue apelada y el asunto le correspondió a la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira, que avocó conocimiento el 7 de diciembre de 2012.

4. Mencionó que han transcurrido más de seis años sin que se profiera la sentencia de segunda instancia, con lo cual “se ven afectados los recursos ordinarios a los que hacen referencia los artículos 178 y 179 de la Ley 906 de 2004, el artículo 29 de la Carta que va asociado a la aplicación de un debido proceso (…) y el acceso a la administración de justicia consagrado en el artículo 228 de la Carta”1.

5. Sostuvo que por la tardanza y la omisión de la autoridad judicial accionada no ha podido acceder al beneficio administrativo de las 72 horas ni al sustituto de la libertad condicional.

6. Adujo que la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional “han calificado como una falta disciplinaria grave a los funcionarios judiciales de las altas corporaciones de retardar sin justificación alguna la respuesta en un recurso ordinario”2.

7. Puso de presente que mediante Oficio núm. 376 del 16 de febrero de 2018, el magistrado Jairo Ernesto Escobar Sanz de la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira le informó que “su recurso ordinario de apelación está en turno para ser resuelto y que habían casos más importantes que el del hoy petente”3.

8. Con fundamento en lo anterior, solicitó se ordene a la autoridad judicial accionada que en un término no mayor a 48 horas resuelvan de manera clara, congruente y de fondo el recurso de apelación en el marco del proceso penal que cursa en su contra.

Trámite procesal a partir de la acción de tutela

9. Mediante Auto del 17 de julio de 2019, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia avocó conocimiento de la acción de tutela y dispuso: i) vincular al Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, así como a las partes e intervinientes en el proceso penal núm. 661706000000201200019; 1 Cuaderno de instancias, folio 1 2 Ibídem. 3 Cuaderno de instancias, folio 2. 4 y ii) notificar al Tribunal accionado para que se pronunciara sobre la acción instaurada4.

Respuestas de las entidades accionadas

10. Magistrado Jairo Ernesto Escobar Sanz de la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira. En escrito del 23 de julio de 20195, informó que el proceso

penal adelantado contra el señor José Gabriel Torres Rodas fue asignado por reparto a su despacho el 14 de diciembre de 2012. Indicó que “el hecho de que no se haya proferido la decisión de segunda instancia no genera per se una vulneración de los derechos del accionante, que seguramente desconoce la situación de congestión que afecta a esta Sala y la necesidad de dar cumplimiento a las disposiciones que regulan la materia, en especial el artículo 18 de la Ley 446 de 1998 que establece lo siguiente: Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal”. Manifestó que la decisión que se adopte en el proceso penal que se adelanta contra el accionante se encuentra condicionada a la aplicación de las disposiciones existentes en materia de turnos para adoptar. Sin embargo, aclaró que en este caso era necesario tener en cuenta otras situaciones: i) el alto número de procesos que ingresan a la Sala de Decisión; ii) la gran cantidad de acciones preferentes como las acciones de tutela de primera y segunda instancia, consulta de sanciones por desacato principalmente contra Colpensiones; iii) la producción de decisiones de primera y segunda instancia; y iv) el tiempo invertido en la revisión de las decisiones de los demás magistrados que conforman la Corporación. Con sustento en lo anterior, sostuvo que no ha existido vulneración alguna a los derechos fundamentales del actor y solicitó que se negara el amparo invocado.

11. Procurador Judicial Penal II, 150 de Pereira6. Adujo que la acción de

tutela interpuesta por el señor Torres Rodas está llamada a prosperar porque la indefinición a la que ha sido sometido va más allá de lo razonable al haberse extendido por más de seis años y medio. A su juicio, al accionante se le han cercenado los derechos reclamados “por cuanto se ha visto privado de la libertad por un tiempo más allá de lo razonablemente permitido, indefinición que lleva como efecto colateral directo el cercenamiento de beneficios y subrogados que son propios de una persona a la que judicialmente se le haya resuelto de manera oportuna su conflicto”. 4 Cuaderno de instancias, folio 6. 5 Cuaderno de instancias, folios 18 a 23. 6 Cuaderno de instancias, folios 25 a 27. 5

12. El Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, Risaralda, y las partes e intervinientes en el proceso penal guardaron silencio.

Sentencia objeto de revisión

13. En sentencia del 30 de julio de 20197, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia recordó que una de las garantías del debido proceso es que el procedimiento sea adelantado sin dilaciones injustificadas, aspecto que guarda relación con el derecho de acceso a la administración de justicia. Señaló que la Corte Constitucional, en las sentencias T-1249 de 2004 y T-803 de 2012, ha establecido que le corresponde al juez de tutela examinar en cada caso las condiciones específicas para determinar si existe una justificación que explique la mora, pues no toda dilación puede ser considerada vulneradora de los derechos fundamentales.

14. Precisado lo anterior, encontró que si bien el Tribunal accionado no ha

emitido la sentencia de segunda instancia, la mora en que ha incurrido se encuentra justificada por los motivos expuestos en la contestación de la acción de tutela, esto es, el alto número de procesos, la gran cantidad de acciones preferentes relacionadas con las acciones de tutela, la producción de decisiones de primera y segunda instancia, y el tiempo invertido en la revisión de las decisiones de los demás magistrados que conforman la Corporación. Así mismo, destacó que existen otros usuarios de la administración de justicia que se encuentran a la espera de un pronunciamiento en similares condiciones, por lo que ordenarle a la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira que resuelva prioritariamente el recurso de apelación podría devenir en la vulneración de los derechos a la igualdad y al debido proceso de otros procesados.

15. Con fundamento en lo expuesto, negó el amparo invocado por el señor José Gabriel Torres Rodas. Sin embargo, exhortó a la autoridad judicial accionada para que ponga en conocimiento de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, la congestión que advierte en la respuesta que le ofreció al accionante y en el trámite de la tutela. Lo anterior, con miras a que esa Corporación estudie la problemática y adopte, de ser el caso, las medidas de descongestión que estime pertinentes.

16. Esta decisión no fue impugnada.

Pruebas que obran en el expediente

17. El despacho sustanciador recibió dos cuadernos que integran el expediente T-7.607.315, así: uno contentivo de las actuaciones de primera instancia, y otro correspondiente a las actuaciones en sede de revisión.

7 Cuaderno de instancias, folios 28 a 36. 6

18. En el expediente obra como prueba el Oficio núm. 376 del 16 de febrero de 2018, mediante el cual el magistrado Jairo Ernesto Escobar Sanz da respuesta a la petición del señor José Gabriel Torres Rodas en la que solicita información sobre el estado del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia condenatoria en el marco del proceso penal que cursa en su contra.

19. En el cuaderno de revisión obra reporte del estado actual del proceso de la página de la Rama Judicial “Consulta de Procesos”, realizada el 27 de noviembre de 2019 donde se consignó que el 13 de agosto de 2019 la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira dentro del proceso con numero de radicado 66170600000020120001901, confirmó la decisión proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Dos Quebradas (folio 25, cuaderno de revisión).

Expediente T-7.621.861 (Marino Alberto Castaño Carmona contra la Fiscalía General de la Nación) Hechos

20. Manifiesta el accionante que en el mes de julio de 2012, fue citado a la división de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de Caldas, para que informara sobre la suma de $148’568.147 que el municipio de Palestina

(Caldas) había girado a su favor, donde expuso que: i) no sabía de la existencia de esos cheques, ii) no era acreedor de ese municipio, iii) los cheques tenían su firma falsificada, iv) nunca había estado ni conocía el municipio de palestina. En consecuencia, solicitó la compulsa de copias a la Fiscalía para que se investigaran los eventuales delitos que se hubieran

configurado con esa conducta.

21. Al margen de lo anterior, el 4 de septiembre de 2012, el actor presentó denuncia penal a la que se le asignó el radicado 17001-60-00256-201203728, posteriormente asignada a la Fiscalía Quinta Seccional de la ciudad de

Manizales.

22. Afirmó que después de 7 años de haber interpuesto la denuncia, no ha tenido conocimiento de que “se hayan llamado a juicio a los allí implicados; siendo esta una situación preocupante, pues a pesar de existir pruebas que comprometen a varias de esas personas las investigaciones en la contraloría fueron archivadas y al parecer en la Fiscalía correrán la misma suerte, por vía de prescripción”.

23. Agrega que desconoce los avances, indagaciones o audiencias realizadas por la Fiscalía Quinta Seccional de Manizales, pues en estos 7 años solo fue llamado a un examen grafológico y ampliación de denuncia.

24. En orden a lo expuesto solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia sin mora o dilaciones injustificadas y, en consecuencia, se ordene a la Fiscalía “que 7 prosiga con el trámite normal, esto es; solicite ante los jueces penales las imputaciones a las personas involucradas en los delitos de concierto para delinquir, hurto, falsedad en documentos público, falsedad personal y demás”.

Trámite procesal a partir de la acción de tutela

25. Mediante Auto del 12 de julio de 2019 el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Manizales avocó el conocimiento de la presente acción de tutela y

dispuso vincular a la Fiscalía Quinta Seccional de Manizales y se le solicitó expresamente que indicara: “i) las actuaciones realizadas dentro de la etapa investigativa adelantada con ocasión de la denuncia interpuesta el 4 de septiembre de 2012 por el señor Marino Alberto Castaño Carmona. (rad. 1700160-00256-2012-03728); ii) ¿De haberse resuelto presentar acusación, indicar el nombre del Juzgado Penal que asumió el conocimiento, así como el radicado que fue asignado?; iii) ¿Certificar cuantitativa y cualitativamente la carga laboral que en la actualidad asume la Fiscalía Quinta Seccional de Manizales?”8. Respuestas de las entidades accionadas

26. Fiscalía Quinta Seccional de Manizales. Expuso que la denuncia penal que dio origen la noticia criminal radicada con el NUNC 170016000256201203728, fue presentada de manera escrita por el señor Marino Alberto Castaño Carmona, en la cual pide que se investiguen conductas delictivas como falsedad material en documento público y otros delitos por establecer, indicando que el abogado Gilberto Jiménez Ramírez, le cedió dos contratos de prestación de servicios que tenía suscritos con el municipio de Palestina, Caldas, toda vez que el cedente iba a empezar un nuevo contrato con el municipio de Manizales. Específicamente en relación con las actuaciones adelantadas destacó las siguientes: a. 5/10/2012 Elaboración del programa metodológico por la Fiscalía Primera Seccional de Chinchiná Caldas. b. 5/10/2012 Orden a Policía Judicial (ampliar denuncia, realizar

inspección en la secretaria de hacienda, obtener cheques entidad bancaria, pruebas manuscritas, etc.). c Ampliación de denuncia del señor Marino Alberto Castaño. d. Mediante oficio SH No. 1097 15/11/2012 el Secretario de Hacienda remite los contratos 055 y 003 e. Mediante oficio SH No. 1098 secretaria de Hacienda remite soportes contables de los pagos hechos a Marino Alberto Castaño Carmona. f. Oficio del 19/11/2012 la Contraloría General de Caldas, autoriza la expedición de copias del proceso fiscal P.R.F. 2012-012 con relación al municipio de Palestina Caldas. 8 Cuaderno de instancias, folio 6. 8 g. 27/11/2012 informe de investigador de campo se obtiene documentación. h. Informe de investigador de campo 14/02/2013, se obtienen documentos de soportes contables de pagos, se envían al área de grafología del CTI para estudio, mediante informe pericial del 8/01/2013 se establece que las firmas impresa en los documentos originales no corresponden a las muestras manuscriturales del señor CASTÑO CARMONA.

1. Oficio SH No. 1124 del 10/12/2012 la secretaria de hacienda de Palestina remite los documentos originales de 9 pagos efectuados en razón de los contratos 055 de 2010 y 003 de 2011.

j. Oficio 726395 del 10/01/2012 Davivienda remite los originales de 11 cheques. k. 16/01/2013 Informe de investigador de laboratorio.

1. 18/01/2013 Informe de investigador de laboratorio.

m. Informe de investigador de campo del 28/02/2013 en que se allega el informe de laboratorio del 18/02/2013 en que se indica la firma de los 11 cheques no corresponden al gesto grafico del señor Marino Alberto Castaño Carmona. n. OPJ del 7/3/2013 se ordena tomar muestras manuscriturales al señor Gilberto Jiménez Ramírez para realizar cotejo grafológico, igualmente se dispone su identificación plena. o. 16/10/2013 se cita a interrogatorio a indiciado al señor José Gilberto Jiménez Ramírez. A su vez, indicó que la Fiscalía Primera seccional de Chinchiná, el 14 de julio de 2016 en cumplimiento de la resolución 0025 del 27 de noviembre de 2014 remitió las diligencias a la Unidad de Administración de Pública para que continúe con el trámite del asunto, siendo asignada por reparto a la Fiscalía Quinta Seccional de Manizales el 28 de julio de 2016. “a. 28/09/2016 La fiscalía Quinta Seccional emite una nueva OPJ, con el fin de obtener documentos originales, identificar e individualizar a las personas que participaron en la celebración de los contratos, y otras actividades investigativas. b. 2/12/2016 Informe de investigador de campo se obtiene documentación. c. 22/12/2016 Informe de investigador de campo. d. 18/01/2017 orden a policía judicial, con el fin de obtener otros documentos originales, establecer quién es el señor LEONARDO, quien

cobro uno de los cheques e identificarlo. e. 27/01/2017 Informe investigador de campo grupo de documentología f. 9/02/2017 Audiencia de control dé garantías ante el Juzgado Sexto Penal Municipal, con autorización de búsqueda selectiva en bases de datos. g. 9/02/2017 OPJ, obtener los cheques en las entidades financieras y otras diligencias investigativas. h. Informe de investigador de campo del 03/03/2017, en que se informa que las entidades no han dado respuesta a los requerimientos. 9 i. 03/03/2017 solicitud prorroga en búsqueda selectiva en base de datos. j. 09/03/2017 Autoriza prorroga Juzgado Quinto Penal Municipal. k. 30/03/2017 audiencia de control de legalidad información obtenida, cheques de BANCOLOMBIA. 1. 4/04/2017 OPJ con el fin de solicitar complemento de información a fin de requerir de nuevo los cheques a cargo de DAVIVIENDA. m. 10/5/2017 se recibió oficio de DAVIVIENDA con extractos bancarios. n. Solicitud nueva búsqueda selectiva en base de datos recepcionada en el centro de servicios el 11/05/2017. o. 18/05/2017 Autoriza Nueva búsqueda Juzgado Cuarto Penal Municipal. p. 23/05/2017 se libra OPJ con el fin de obtener los cheques originales en DAVIVIENDA y otras actividades de investigación (identificación y muestras manuscriturales). q. 13/06/2017 se hace control de legalidad de la información obtenida con el Juzgado Cuarto Penal Municipal. r. Radicado oficio el 30/06/2017 por el señor Marino Castaño Carmona en

el cual solicita la Fiscalía se le tenga como víctima dentro de estas diligencias. (le adjunto copia) s. 27/07/2017 se le da respuesta al señor Marino Castaño Carmona mediante oficio DS 16 21 SSFSC AP 00401 (le adjunto copia). t. 01/8/2017 Informe de investigador de laboratorio. u. 11/08/2017 nueva OPJ se ordena obtener los soportes de pago de cada uno de los cheques, e identificar e individualizar a quien autorizo el pago). v. 14/08/2017 Informe de investigador de campo, identificación de presuntos indiciados, e informe pericial de grafología. w. 9/01/2018 informe .de investigador de campo respuesta a la OPJ 11/8/2017, se obtiene documentación x. 12/06/2018 OPJ, obtener la relación de pagos hechos al señor Marino entre el 01/012/2011 al 31/12/2011 y entrevistar al señor Leonardo De Jesús Rojas Cerdeño. y. 31/7/2018 informe de investigador de campo respuesta a la OPJ 12/6/2018, se allega documentación. z. Derecho de petición Radicado el 03/10/2018 por el señor Marino Castaño Carmona en el cual solicita se le informe la fecha de formulación de imputación ya que es su interés acceder a una reparación como víctima. (le adjunto copia). aa. 18/10/2018 OPJ con el fin de obtener los informes de actividades rendidos supuestamente por el abogado Marino Alberto, y realizar cotejo. bb. 1/11/2018 se recepcionó declaración jurada al señor Marino Alberto

Castaño Carmona cc. 2/11/2018 el denunciante mediante comunicación aporta documentos que ya obran en las diligencias. dd.7/11/2018 se otorga media de protección policial al señor Marino Alberto Castaño Carmona, por manifestaciones personales que hizo en el despacho sobre amenazas que recibió por parte de uno de los indiciados. ee. 22/11/2018 informe de investigador de campo, mediante el cual se solicita estudio documentológico ff. 4/12/2018 Informe de investigador de laboratorio.” 10 Afirma que el caso inició en el año 2012 en la Fiscalía 1ª Seccional de Chinchiná, la que en el mes de agosto de 2016, la remitió por competencia a la Unidad de Administración Pública y desde ese entonces la Fiscalía 5ª Seccional se ha desarrollado los actos de investigación necesarios para poder adelantar el asunto, lo que ha resultado complejo por el tiempo transcurrido y la dificultad de obtener los documentos originales que reposaban en bancos y en la Alcaldía de Palestina. Agrega que las labores adelantadas por la Fiscalía han sido informadas al denunciante, incluso fue escuchado en declaración jurada en el mes de diciembre de 2018 y si aún no se ha realizado o solicitado audiencia de formulación de imputación obedece a que la investigación no se ha perfeccionado debido a la complejidad del asunto, a la necesidad de las investigaciones y a los conceptos jurídicos que ofrece el caso. Destacó que tiene 300 procesos activos, todos ellos por delitos contra la administración pública, los que además implican desplazarse en forma continua a los diferentes municipios de Caldas para el desarrollo de diferentes

audiencias, tanto de garantías como de conocimiento, lo que hace que la disponibilidad de tiempo se reduzca de manera sustancial, sin embargo, al asunto objeto de examen se le ha prestado la atención e impulso que ha exigido. Concluyó que en este caso no ha existido mora injustificada, por el contrario, desde los tres años que lleva en esa delegada se ha estado trabajando en la investigación y “no se ha generado ninguna afectación intencionada o por descuido o por dejadez, ni la demora en los resultados que espera el denunciante es imputable a omisiones de los Fiscales adscritos a este despacho”. Sentencias objeto de revisión Primera instancia

27. En sentencia del 26 de julio de 20199, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Manizales resolvió tutelar los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia del accionante y en consecuencia, ordenó a la Fiscalía General de la Nación, que a través de su dependencia competente garantice que la Fiscalía Quinta Seccional de Manizales, en el término de 2 meses, proceda a resolver, basada en los elementos materiales probatorios, evidencia física e información recolectada si es jurídicamente plausible formular imputación o proceder con el archivo del caso. Como sustento de su decisión sostuvo que el asunto se encuentra en una etapa prejudicial y de acuerdo con artículo 49 de la Ley 1453 de 2011 “La Fiscalía tendrá un término máximo de dos años contados a partir de la 9 Cuaderno de instancias, folios 38 a 46. 11 recepción de la noticia criminis para formular imputación u ordenar

motivadamente el archivo de la indagación”, término que fue superado con creses sin que existiera una justificación para ello, dado que el proceso estuvo detenido por 22 meses, sin que al momento de su reactivación se le diera un trámite preferente. Impugnación

28. La Fiscalía 5ª Seccional de Manizales apeló la decisión adoptada en primera instancia10, explicando que en este caso el asunto no está próximo a prescribir en la medida que el término para adelantar la acción penal es de 22 años y 6 meses.

29. Destaca que el proceso llegó a esa delegada el 28 de julio de 2016 y desde ese momento se ha trabajado de forma continua, siendo múltiples los actos de investigación al tratarse de un cuantioso peculado, por lo que solicita se haga una inspección al expediente, para así comprender la complejidad del mismo.

30. Advierte que el incumplimiento de los términos en este caso obedece a la congestión de ese despacho, ya que por diferentes decisiones administrativas tiene como carga de todos los casos del departamento de Caldas, que implican el desplazamiento continuo de los fiscales adscritos para atender audiencias ante los jueces de control de garantías y los jueces de conocimiento.

31. Afirma que no cumplir con el termino de 2 años que señala la norma, no es causal de extinción de la acción penal, ni de archivo de la indagación, tampoco de preclusión de la acción penal, ni invalidez de la actuación, al establecerse ninguna sanción especifica por tal incumplimiento.

32. En informe posterior presentado ante el juez de segunda instancia, indicó que en este caso se debió ampliar el panorama investigativo ante los hallazgos

hechos en la investigación, por lo que en este momento no es posible abordar de forma inmediata una imputación. Segunda instancia

33. En sentencia del 26 de julio de 201911, la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas, resolvió revocar la decisión del a quo y, en su lugar, negar el amparo. Argumentó que de acuerdo al material probatorio obrante en el expediente existía un incumplimiento de los términos judiciales, toda vez que, de conformidad con el parágrafo 1.2 del artículo 1759 de la Ley 906 de 2004 la Fiscalía tendría un término máximo de dos años contados a partir de la recepción de la noticia criminis para formular imputación u ordenar motivadamente el archivo de la indagación; mientras que en el presente asunto han transcurrido más de 6 años y 10 meses desde la fecha de 10 Cuaderno de instancias, folios 49 a 54. 11 Cuaderno de instancias, folios 38 a 46. 12 la formulación de la denuncia penal, sin que la Fiscalía haya determinado si es jurídicamente plausible formular imputación o proceder con el archivo del caso.

No obstante lo anterior, reconoció que a pesar de que se presentó una total inacción del 28 de febrero de 2013 al 18 de julio de 2016, dicha situación no era imputable a la Fiscalía Quinta Seccional de Manizales quien recibió las diligencias el 28 de julio de 2016, fecha a partir de la cual se llevaron a cabo varias actuaciones. En este sentido, encontró que la mora judicial estaba justificada, en razón a que se presentó a partir de circunstancias que no se

pudieron contrarrestar, como la complejidad del asunto y la carga laboral asignada. Pruebas que obran en el expediente

34. El despacho sustanciador recibió dos cuadernos y siete anexos (copias) que integran el expediente T-7.621.861, así: uno contentivo de las actuaciones de primera, otro correspondiente a la segunda instancia y uno de revisión. Las pruebas que obran en el expediente son las que a continuación se relacionan:

35. Copia de la denuncia presentada por el señor Marino Alberto Castaño Carmona el 4 de septiembre de 2012 (folios 5 y 6 cuaderno de primera instancia).

36. Cuadro de constancia de los casos asignados a la Fiscalía Quinta Seccional de Manizales, así: i) noticias criminales activas 300; etapa de indagación 272; y etapa de juicio 28 (folios 23 y 24 cuaderno de primera instancia).

37. Cuadro de gestión de las actividades adelantadas en el proceso NUNC 170016000256201203728 (folios 25 a 27 cuaderno de primera instancia).

38. Derecho de petición presentado por el señor Marino Alberto Castaño Carmona el 30 de junio de 2017, ante el Director Seccional de Fiscalías de Caldas donde solicita ser tenido como víctima (folio 28 cuaderno de primera instancia).

39. Respuesta al derecho de petición (27 de julio de 2017), a través del cual la Fiscalía Quinta Seccional de Manizales donde se le informa que siempre ha sido tenido como víctima, y se le indica que “Si bien los hechos datan de 2010 esta fiscalía ha pretendido que esta actuación se surta de manera

pronta, más si tenemos en cuenta que solo en julio del año 2016 fue radicada en este despacho, por lo que resulta imprudente y fuera-de contexto afirmar que a este caso se le ha dado un ‘tratamiento politiquero’, pues de existir pruebas de ello le exijo ponerlas en conocimiento de mis superiores, dado que no hacerlo, la manifestación podría estar en el campo de lo penal y/o disciplinario// No existe en este momento riesgo de prescripción de la acción 13 penal como quiera que las conductas que se investigan tienen unas penas máximas que oscilan entre los 9 y 15 años para que el fenómeno se presente” (folios 29 y 30 cuaderno de instancia).

40. Derecho de petición de fecha 03 de octubre de 2018, presentado por el señor Marino Alberto Castaño Carmona, en orden a que se le informe la fecha en la que están programadas las audiencias de imputación de cargos en el proceso radicado 17-001-60-002562012-03728, toda vez que pretende acceder a una reparación en calidad de víctima (folios 32 y 33 cuaderno de primera instancia).

41. Respuesta al derecho de petición (09 de octubre de 2018) donde se indicó: “Sea lo primero informarle que a e