CC - T302-2020

Sentencia T-302/20

ACCION DE TUTELA CONTRA ENTIDADES FINANCIERAS Y ASEGURADORAS-Procedencia excepcional cuando prestan un servicio público o actividad de interés público ACCION DE TUTELA CONTRA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA-Procedencia para el pago de póliza cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional y los medios ordinarios no son idóneos CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADOCompañía de Seguros realizó el pago de la póliza de seguro de vida e incapacidad total y permanente DEBER DE INFORMACION DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y ASEGURADORAS-Obligación especial de información y acompañamiento a los consumidores financieros DEBER DE INFORMACION DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y ASEGURADORAS-Vulneración al omitir suministrar información oportuna y completa acerca de la sociedad aseguradora a la que podía reclamar pago de saldo insoluto

Referencia: Expediente T-7.656.161

Acción de tutela instaurada por María Eugenia Macías Rivera como agente oficioso de María Elena Rivera de Macías contra el Banco de Bogotá

Magistrada ponente:

DIANA FAJARDO RIVERA

Bogotá, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veinte (2020) La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo y la magistrada Diana Fajardo Rivera, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política y en el Decreto Ley 2591

de 1991, profiere la siguiente SENTENCIA En el trámite de revisión de los fallos de tutela adoptados por los correspondientes jueces de instancia, que resolvieron la acción de tutela interpuesta por María Eugenia Macías Rivera como agente oficioso de María Elena Rivera de Macías contra el Banco de Bogotá.

I. ANTECEDENTES La acción de tutela objeto de pronunciamiento fue fallada, en primera instancia, por el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Pereira; y, en segunda instancia, por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Adolescentes con Funciones de Conocimiento, seleccionada para revisión y repartida a esta Sala1. A continuación, se exponen los hechos relevantes y las decisiones de instancia.

1. Hechos y solicitud María Eugenia Macías Rivera interpuso acción de tutela como agente oficioso de su madre, María Elena Rivera de Macías, en contra del Banco de Bogotá por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital, al habeas data y al debido proceso. La entidad accionada se ha negado a hacer efectivas las pólizas de seguro que respaldan las obligaciones crediticias adquiridas por la señora Rivera de Macías y a entregarle copia de las pólizas, a pesar de que fue calificada con una pérdida de la capacidad laboral del 95%. 1.1. La señora María Elena Rivera de Macías contrajo dos obligaciones crediticias con el Banco de Bogotá el 29 de abril de 2016 y el 4 de agosto de 2017, consistentes en un crédito hipotecario de vivienda y una tarjeta de crédito, respectivamente. El 12 de diciembre de 2018 sufrió un accidente

cerebrovascular, quedando en estado vegetativo.2 1.2. María Eugenia Macías Rivera, hija de María Elena Rivera de Macías, elevó derecho de petición al Banco de Bogotá, Sucursal Pereira, el 15 de enero de

2019. Allí informó al banco del accidente cerebrovascular sufrido por su madre, anexando la correspondiente historia clínica, e indicó que su madre se encontraba incapacitada física y mentalmente para realizar el pago de los créditos que había adquirido. En consecuencia, solicitó “ordenar a quien corresponda al pago del valor asegurado en las pólizas suscritas por mi madre con ustedes para que se haga efectiva para el pago de la tarjeta crédito y la deuda hipotecaria”, así como entregarle una “copia de las pólizas suscritas por mi señora madre MARIA ELENA RIVERA DE MACIAS”.3 El 22 de enero de 2019 el Banco de Bogotá contestó el derecho de petición. En cuanto a la primera pretensión, el banco no ofreció ninguna respuesta. En relación con la solicitud de copia de las pólizas, indicó que no era posible acceder a tal pretensión debido a que la información de la señora María Elena Rivera de Macías “se encuentra sujeta a la reserva legal de nuestros clientes con el 1 Mediante Auto del 19 de noviembre de 2019, proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número Once, conformada por el magistrado Alejandro Linares Cantillo y la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, la Corte Constitucional seleccionó para revisión el expediente T-7.656.161. 2 A folio 16 del cuaderno 1 obra la historia clínica de la accionante.

3 Folio 47 del cuaderno 1. 2 Banco de Bogotá”, por lo que la petición debería ser elevada por ella misma y en caso de que no pudiera hacerlo debido a que sus capacidades físicas o mentales estuvieran afectadas, “se debe proceder a iniciar un proceso de interdicción para que un Juez de la República le nombre un Curador y así pueda ser representado ante el Banco”, para lo cual es necesario aportar “copia auténtica de la sentencia y acta de posesión a fin de realizar las validaciones necesarias”.4 1.3. El 21 de marzo de 2019 María Eugenia Macías Rivera le comunicó al Banco de Bogotá que su madre sería valorada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez a fin de determinar el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, con el fin de hacer efectivas las pólizas que respaldan los créditos adquiridos con dicho Banco.5 1.4. El 13 de junio de 2019 María Eugenia Macías Rivera elevó una nueva petición al Banco de Bogotá, la cual no fue contestada. En esta oportunidad reiteró su solicitud de que le fueran entregadas copias de las pólizas que amparaban los créditos adquiridos por su madre con dicho banco y explicó: “antes de terminar esta petición, deseo comunicarles que el propósito de la misma es poder instar ante las aseguradoras que avalaron los mencionados créditos, la cancelación de los valores insolutos respecto de las pólizas, pagarés, libranzas, etc. firmadas por la señora MARÍA ELENA RIVERA de MACÍAS (mi madre) y finiquitar este mal momento”. En esta oportunidad

adjuntó un poder general otorgado por su madre el 19 de junio de 1998 para representarla en todos los asuntos en caso de no poder hacerlo ella misma.6 1.5. El 17 de julio de 2019 la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda dictaminó que María Elena Rivera de Macías tenía una pérdida de la capacidad laboral del 95% por enfermedad de origen común debido al accidente cerebrovascular sufrido el 12 de diciembre de 2018, por el cual permanece en estado semicomatoso.7 1.6. El Banco de Bogotá ha enviado múltiples comunicaciones a la accionante en las que le informa sobre el inicio de un proceso de cobro judicial por el no pago de los créditos adquiridos y le advierte sobre las medidas de embargo y secuestro que se podrían perfeccionar sobre sus bienes.8 1.7. El 23 de julio de 2019 María Eugenia Macías Rivera interpuso acción de tutela como agente oficioso de su madre, María Elena Rivera de Macías, para que (i) se ordenara al Banco de Bogotá hacer efectivas las pólizas que amparan los créditos por ella adquiridos, (ii) se retirara cualquier información que reposara en las centrales de riesgo a causa de esta situación y (iii) se suspendieran todas las acciones emprendidas por el Banco de Bogotá en contra de su madre con respecto a los créditos adquiridos con este banco. Señaló que a 4 Folio 32 del cuaderno 1. 5 Folio 54 del cuaderno 1. 6 Folio 55 a 57 del cuaderno 1. 7 Folio 11 a 14 del cuaderno 1. 8 Folios 16 y 18 del cuaderno 1.

3 pesar de haber solicitado al banco en múltiples oportunidades hacer efectivas las pólizas que amparaban los créditos adquiridos por su madre, la entidad demandada se ha negado a realizar cualquier trámite y, por el contrario, lo único que ha obtenido son comunicaciones en la que la conminan a pagar las deudas. La demandante señala que la situación económica suya y de su madre es precaria. Al respecto inidca: “mi madre fue una mujer trabajadora la que a pesar de estar pensionada, desarrollaba otras actividades que le representaban dinerito extra para poder sostenerse ya que lo que recibía por concepto de pensión apenas si alcanzaba para su sostenimiento, pues se vio en la necesidad de sufragar los gastos de otros medicamentos que la EPS no cubría. Desde entonces mi situación cambió sustancialmente hasta llegar al punto de casi mendigar, pues una vez mi señora madre fue trasladada de cuidados intensivos a una habitación común, me vi en la obligación de pagar dos personas que me ayuden con su cuidado durante las 24 horas del día lo que significa más de dos millones ($2.000.000) de pesos, situación que se ha hecho insostenible, pues mi madre se encuentra en una situación de discapacidad total, en estado de vulneración, de indefensión, vive asida a una maquina pues le practicaron una traqueotomía que le lleva el aire a sus pulmones, además de una gastrostomía (tubo inserto en su estómago) que la alimenta pues no tiene movimientos voluntarios (…). Lo que mi madre devenga como pensionada del magisterio es muy poco ya que le tocaba trabajar por aparte para poder sufragar sus gastos, le llegaban por nómina menos de cuatrocientos mil pesos mensuales para su

sostenimiento”.9

2. Respuesta a la acción de tutela 2.1. En su respuesta a la acción de tutela, el Gerente del Banco de Bogotá - Oficina Pereira – solicitó negar las pretensiones de la demandante. Señaló que la señora María Elena Rivera de Macías es deudora morosa del banco por dos créditos, y explicó: “el cliente cuenta para las dos obligaciones con seguro de vida grupo deudores (póliza colectiva) y de incendio y terremoto la cual fue contratada con SEGUROS DE VIDA ALFA S.A., persona jurídica de derecho privado diferente y autónomo al Banco de Bogotá. El Banco de Bogotá NO es el asegurador, por lo tanto tampoco se le puede exigir, menos en sede de tutela afectar unas pólizas de seguros. Solamente será la aseguradora quien pueda determinar si aceptan o rechazan la reclamación respecto de la póliza, pero para ello, el cliente debe elevar la respectiva reclamación. Los hechos que aduce la tutelante (otorgamiento de créditos, pólizas de seguros) obedecen a unos actos contractuales de los cuales sus cumplimientos NO pueden ser ventilados en sede tutela, pues la ley procesal ha diseñado mecanismos judiciales para resolverlos. Tampoco puede la tutelante pretender acudir a la sede de tutela para que se afecten unas pólizas judiciales de las cuales ni siquiera ha elevado la reclamación respectiva ante la aseguradora para que ellos decidan aceptar o rechazar tal reclamación”. Señala también que el Banco de Bogotá contestó el derecho de petición elevado por la accionante el

9 Folios 2 al 7 del cuaderno 1. 4 15 de enero de 2019, por lo que tampoco se vulneraba el derecho fundamental de petición.10

3. Decisiones de instancia en el trámite de la acción de tutela e impugnación 3.1. Decisión de primera instancia 3.1.1. El 30 de julio de 2019 el Juzgado Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de Garantías de Pereira declaró la improcedencia de la acción de tutela porque existen otros medios judiciales de defensa a los que debe acudir la accionante. Al respecto indicó: “no encuentra este estrado judicial la afectación denunciada que conlleve a lesionar el derecho fundamental al mínimo vital de la señora MARIA ELENA RIVERA DE MACIAS, pues se reitera, ninguna prueba se aportó al respecto. Conforme a lo expuesto, tenemos que dejar claro que la génesis de esta acción constitucional es satisfacer intereses pecuniarios y sin negarle a la accionante la posibilidad que en otro escenario judicial, sea ella quien tenga la razón, el debate correspondiente debe ventilarse ante la jurisdicción correspondiente, pues no es la acción de tutela el mecanismo para dirimir este tipo de litis”.11 3.2. Impugnación de la sentencia de primera instancia 3.2.1. La parte accionante impugnó la sentencia de primera instancia. Se indicó que la señora María Elena Rivera de Macías padece una incapacidad física permanente y su estado económico es precario, circunstancias que evidencian la inminencia de un daño. Agregó que “en lo que respecta a la gravedad del daño en su haber material o moral, debo decir que la posición que ha asumido la

entidad bancaria Banco de Bogotá al retener información que contiene los datos y firmas diligenciadas por la señora María Elena Rivera de Macías aun presentando el poder exigido por dicha entidad, se convirtió en una acción temeraria que impidió saber el nombre de las aseguradoras que avalaron los créditos adquiridos, lo que desencadenó la actuación desplegada por el Banco de Bogotá, entidad que de manera constante e inmisericorde se dedicó a intimidar a un ser que se encuentra en indefensión total, que no puede siquiera emitir un solo quejido de ese dolor causado por tan lamentable actitud como es la de quitarle a ese ser una casita que está pagando a cuotas y que se supone tiene un seguro que la ampra, nombre que la entidad bancaria no entregó, desacatando la solicitud, actitud que incentivó más la necesidad de buscar protección en el estado”.12 3.3. Decisión de segunda instancia El 9 de septiembre de 2019 el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Adolescentes con Funciones de Conocimiento confirmó la sentencia de tutela 10 Folios 27 a 31 del cuaderno 1. 11 Folios 33 a 37 del cuaderno 1. 12 Folios 41 a 45 del cuaderno 1. 5 de primera instancia. Señaló que existen otros medios de defensa judiciales idóneos para resolver las pretensiones de esta controversia. Agregó que la demandante no ha presentado ninguna solicitud a la compañía aseguradora para hacer efectivas las respectivas pólizas. Al respecto señaló: “no es que el estado de salud de la agenciada no sea grave y delicado, sino que no se debe optar

por la tutela, por considerarla más rápida o eficaz; pues mientras no solicite o pida a la compañía aseguradora mencionada el reconocimiento del estado de salud de la señora María Elena o mejor dicho ‘no pruebe la petente el estado de incapacidad total y permanente de su progenitora’ y allegue a la aseguradora toda la documentación requerida para ello, no se podrá tomar decisión alguna al respecto; la acción de tutela es residual y sólo procede cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial o existiendo éste no resulta idóneo para el amparo buscado y se itera, mientras la agente oficiosa no realice la solicitud respectiva con el aporte de documentos a la compañía de seguros, no podrá tener una respuesta de fondo a lo pedido”.13

4. Actuaciones surtidas en sede de revisión 4.1. Mediante Auto del 24 de enero de 2020 la Magistrada sustanciadora vinculó al trámite de revisión del presente proceso a Seguros de Vida Alfa S.A. y le solicitó (i) remitir copia de las pólizas adquiridas por la señora María Elena Rivera de Macías y cuyo tomador es el Banco de Bogotá, así como copia del clausulado general del seguro de vida grupo deudores y de todos los documentos que soporten dichas pólizas; (ii) informar las condiciones bajo las cuales solicitó a la señora María Elena Rivera de Macías la suscripción de pólizas para amparar las obligaciones crediticias adquiridas con el Banco de Bogotá; e (iii) informar si ha recibido alguna reclamación a efectos de hacer efectiva alguna de las pólizas y, en caso de ser así, indicar quién elevó la

respectiva solicitud y qué respuesta dio Seguros de Vida Alfa S.A. 4.2. En el mismo Auto, se requirió al Banco de Bogotá para que (i) informara cuáles fueron las obligaciones crediticias adquiridas por la señora María Elena Rivera de Macías, desde qué fecha se incumplió con el pago de las mismas y cuál es el monto actual de la deuda; (ii) remitiera copia de las pólizas y del clausulado general del seguro de vida grupo deudores, así como de todos los documentos que soporten dichas pólizas; (iii) explicara las condiciones bajo las cuales el banco solicitó a la señora Rivera de Macías la suscripción de pólizas para amparar las obligaciones crediticias por ella adquiridas; e (iv) informara si el banco había solicitado a Seguros de Vida Alfa S.A. hacer efectivas las referidas pólizas. 4.3. Finalmente, se solicitó a María Eugenia Macías Rivera (i) remitir copia del poder otorgado por María Elena Rivera de Macías, el cual fue adjuntado a algunas de las solicitudes elevadas al Banco de Bogotá; (ii) informar si había elevado alguna reclamación a Seguros de Vida Alfa S.A. u otra compañía aseguradora para hacer efectivas las pólizas suscritas por su madre; (iii) manifestar si había presentado alguna acción judicial, diferente a la acción de 13 Folios 7 a 9 del cuaderno 2. 6 tutela, para hacer efectivas las pólizas que amparaban las obligaciones crediticias adquiridas por la señora Rivera de Macías; (iv) explicar si después de interponer la acción de tutela había elevado alguna otra petición al Banco de

Bogotá y qué respuesta había obtenido; y (v) señalar cuáles eran los ingresos y gastos mensuales aproximados de ella y su madre. 4.4. En respuesta al mencionado Auto se obtuvieron los siguientes pronunciamientos: 4.4.1. El 30 de enero de 2020 el Gerente del Banco de Bogotá – Eje Cafetero – envió escrito a esta Sala en el que informó que la señora María Elena Rivera de Macías tenía dos productos con el Banco de Bogotá: una tarjeta de crédito Mastercard Clásica que ya había sido cancelada y no presentaba ningún tipo de mora en la actualidad y un crédito de vivienda No. 00354073940 que estaba pendiente de ajuste para cancelación. Sobre este último explicó que había presentado un historial de mora, sin embargo, el 29 de agosto de 2019 se había presentado siniestro a la compañía aseguradora Alfa por concepto de incapacidad total y permanente. La compañía aseguradora ya había realizado el pago del saldo insoluto a la fecha del siniestro, por lo que el banco se encontraba adelantando las gestiones para proceder a cancelar el producto.14 En comunicación enviada a esta Sala el 31 de enero de 2019, el Banco de Bogotá aclaró que el crédito de vivienda adquirido por la accionante “ya fue cancelado por el pago que hiciere la aseguradora, por lo cual en la fecha se envió paz y salvo del producto junto con el paz y salvo de la tarjeta de crédito a la dirección electrónica registrada por la cliente”.15 4.4.2. Tanto la parte accionante como la compañía Seguros de Vida Alfa S.A.

guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE

1. Competencia Esta Corte es competente para revisar las decisiones judiciales descritas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política y 33 a 36 del Decreto Ley 2591 de 1991, y en virtud del Auto del 19 de noviembre de 2019, proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número Once, que escogió el expediente para revisión.

2. Cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de tutela 2.1. Antes de examinar el fondo del asunto objeto de estudio, es preciso que esta Sala analice la procedencia de la acción de tutela interpuesta por María Eugenia Macías Rivera como agente oficioso de María Elena Rivera de Macías en contra del Banco de Bogotá. 14 Folio 30 del cuaderno principal. 15 Folios 37 del cuaderno principal. 7 2.2. La tutela puede ser interpuesta por María Eugenia Macías Rivera como agente oficioso de María Elena Rivera de Macías contra el Banco de Bogotá 2.2.1. María Eugenia Macías Rivera puede interponer la acción de tutela objeto de análisis como agente oficioso de su madre, María Elena Rivera de Macías

(legitimación por activa), dado que indicó que actuaba como agente oficioso de su agenciada, quien no está en condiciones de promover su propia defensa debido a su grave estado de salud, producto del accidente cerebrovascular sufrido en diciembre de 2018 por el que se encuentra en estado semicomatoso.16 Así mismo, la acción de tutela resulta procedente contra el Banco de Bogotá

(legitimación por pasiva), dado que la accionante se encuentra en una situación de indefensión respecto del accionado,17 tal como se explicará a continuación. 2.2.2. En relación con el estado de indefensión, este Tribunal ha precisado que esta situación se configura cuando la persona afectada en sus derechos por la acción u omisión del particular carece de medios físicos o jurídicos de defensa, o los medios y elementos con que cuenta resultan insuficientes para resistir o repeler la vulneración o amenaza de su derecho fundamental, razón por la cual se encuentra inerme o desamparada.18 Así pues, ha indicado que “el estado de indefensión es un concepto de naturaleza fáctica que se configura cuando una persona se encuentra en un estado de debilidad manifiesta frente a otra, de modo que, por el conjunto de circunstancias que rodean el caso, no le es posible defenderse ante la agresión de sus derechos”.19 2.2.3. De acuerdo con lo anterior, en cada caso concreto el juez de tutela debe determinar, de conformidad con los hechos y circunstancias particulares, si una persona se encuentra frente a una situación de indefensión, con el fin de establecer la procedencia de la acción de tutela contra un particular.20 Ahora 16 Según los artículo 86 de la Constitución Política y 10 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela puede ser ejercida por medio de agente oficioso. La jurisprudencia constitucional ha señalado al respecto: “Los presupuestos esenciales para la utilización de la agencia oficiosa se resumen en una situación cierta de imposibilidad del titular de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados de defender el propio interés y en la condición a cargo del agente oficioso de dar a conocer esa

situación al juez ante el cual promueve la acción, en el momento de presentación de la solicitud. Adicionalmente, la agencia oficiosa sólo se justifica en la medida en que el agente oficioso procure hacer valer el interés del titular de los derechos fundamentales que aparecen como vulnerados o amenazados y por el cual se actúa; por lo tanto no se puede intentar proteger el 'propio beneficio o interés' del agente a expensas de una solicitud presentada a nombre y beneficio de otra persona; pues se requiere la formulación independiente de la propia acción”. (Sentencia T-082 de 1997. M.P. Hernando Herrera Vergara). 17 De acuerdo a la reiterada jurisprudencia de esta Corporación y al artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra particulares en los siguientes casos: (i) cuando el particular presta un servicio público; (ii) cuando la conducta del particular afecta grave y directamente el interés colectivo y, (iii) cuando el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión frente al particular. 18 Sobre la configuración del estado de indefensión, ver entre otras, sentencias T-798 de 2007. M.P. Jaime Córdoba Triviño y T-552 de 2008. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 19 Sentencia T-405 de 2007. M.P. Jaime Córdoba Triviño. En dicha sentencia también se demandó a un particular por la violación de los derechos a la intimidad y a la propia imagen. 20 La Corte Constitucional ha identificado enunciativamente algunas situaciones que pueden dar lugar a este supuesto. En la Sentencia T-012 de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio, la Corte hizo referencia a las siguientes circunstancias: “(i) cuando la persona está en ausencia de medios de defensa judiciales

eficaces e idóneos que le permitan conjurar la vulneración de un derecho fundamental por parte de 8 bien, de manera específica, la jurisprudencia constitucional ha señalado que en casos como el presente se configura una relación asimétrica entre el ciudadano y las entidades bancarias y financieras que hace procedente la acción de tutela por la condición de indefensión en la que se encuentra el demandante. En la Sentencia T-576 de 201521 indicó la Corte: “(…) en estos casos existe una relación asimétrica entre las partes, toda vez que los bancos y las aseguradoras tienen atribuciones que les otorgan ciertas ventajas sobre los particulares que suscriben sus servicios. Esta situación se evidencia, por ejemplo, en la naturaleza de los contratos que usualmente ofrecen estas entidades, toda vez que la gran mayoría son contratos de adhesión que no permiten la participación o discusión de los usuarios y que son realizados por la entidad bancaria o aseguradora, de acuerdo a sus intereses”.22 2.2.4. En el mismo sentido, en Sentencia T-676 de 2016,23 en la que se estudió un caso similar al presente, tal como se explicará más adelante, la Corte también encontró cumplida la legitimación por pasiva de la entidad bancaria contra la que se interpuso la acción de tutela. Esto por encontrarse el accionante en un estado de indefensión respecto de la entidad demandada. Al respectó se dijo: “la acción de tutela debe declararse procedente en relación con el Banco Corpbanca, en virtud de la situación de accionante quien en la actualidad cuenta con una pérdida de capacidad laboral del 71,96% y quien pretende reclamar el pago de un seguro de vida grupo deudor, del cual es asegurado.

Con todo, debe resaltar esta Corporación que las restricciones que ha tenido que soportar el actor con el fin de acceder a la información, refuerzan la asimetría entre de las partes. Esto, de acuerdo con lo estipulado en el numeral 4º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991”. 2.2.5. En el asunto que se estudia evidencia esta Sala que se configura una situación fáctica de indefensión de la señora Rivera de Macías respecto del Banco de Bogotá debido a la relación asimétrica que se presenta entre las partes, aunado al grave estado de salud de la accionante, quien presenta una pérdida de la capacidad laboral del 95% y se encuentra en estado semicomatoso y pretende reclamar el pago de un seguro de vida grupo deudor, del cual es asegurada. un particular; (ii) quienes se encuentran en situación de marginación social y económica; (iii) personas de la tercera edad; (iv) discapacitados; (v) menores de edad; (vi) la imposibilidad de satisfacer una necesidad básica o vital, por la forma irracional, irrazonable y desproporcionada como otro particular activa o pasivamente ejerce una posición o un derecho del que es titular; (vii) la existencia de un vínculo afectivo, moral, social o contractual, que facilite la ejecución de acciones u omisiones que resulten lesivas de derechos fundamentales de una de las partes como en la relación entre padres e hijos, entre cónyuges, entre copropietarios, entre socios, etc. y, (viii) el uso de medios o recursos que buscan, a través de la presión social que puede causar su utilización, el que un particular haga o deje de hacer algo en favor de otro”.

21 M.P. Mauricio González Cuervo. 22 Posición reiterada por la Corte en múltiples sentencias, como por ejemplo: T-1085 de 2002. M.P. Jaime Araújo Rentería; T-152 de 2006. M.P. Rodrigo Escobar Gil; T-490 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-058 de 2014. M.P. Nilson Pinilla Pinilla; T-316 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa; y T-676 de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo. 23 M.P. Alejandro Linares Cantillo. 9 2.3. La tutela cumple el requisito de inmediatez La jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de tutela debe ser interpuesta dentro de un plazo razonable y oportuno desde el momento en que ocurrió la acción u omisión que origina la violación o amenaza de los derechos fundamentales que se alega, pues de otra forma se desvirtuaría el propósito mismo de esta acción, esto es, el de proporcionar una protección urgente o inmediata a los derechos fundamentales cuando estén siendo vulnerados o amenazados.24 En el presente caso se advierte que la acción de tutela fue interpuesta el 23 de julio de 2019 y la última petición elevada por María Eugenia Macías Rivera al Banco de Bogotá, solicitando hacer efectivas las pólizas que amparaban los créditos adquiridos por su madre y entregar copias de las mismas, data del 13 de junio de 2019. Es decir, entre esta última actuación de la demandante y la interposición de la presente tutela transcurrió un poco más de un mes. Por lo tanto, esta Sala considera que la presente acción

de tutela se presentó en un término razonable y oportuno. 2.4. La tutela es procedente por cuanto no hay un medio de defensa alternativo idóneo y eficaz 2.4.1. Tal como ha sostenido de manera reiterada la jurisprudencia constitucional, la acción de tutela sólo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo en los casos en los cuales sea interpuesta como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable, o cuando existiendo recursos judiciales, los mismos no resultan idóneos para evitar la vulneración de un derecho fundamental. Por lo tanto, la Corte ha señalado que la tutela es en principio improcedente para estudiar controversias contractuales cuya pretensión sea puramente económica, como es el caso de los asuntos relacionados con el pago de pólizas de seguros por la ocurrencia del siniestro, pues resulta posible adelantar el proceso ordinario ante la Jurisdicción Civil25 o acudir a la Superintendencia Financiera.26 24 Sobre el requisito de la inmediatez, ver entre muchas otras: sentencias T-158 de 2006. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-584 de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-416 de 2013. M.P. Mauricio González Cuervo; y T-038 de 2017. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. SV. Aquiles Arrieta Gómez. 25 Véanse, por ejemplo, las sentencias T-570 de 2015. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. AV. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T-058 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, AV Alejandro Linares

Cantillo y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; T-501 de 2016. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, AV. Alejandro Linares Cantillo y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y T-676 de 2016. M.P. Alejandro Linares Cantillo. 26 El artículo 57 del Estatuto del consumidor (Ley 1480 de 2011) señala: “En aplicación del artículo 116 de la Con