CC - T344-2020

Sentencia T-344/20

PROTECCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA Y LA

PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALESRequisitos generales y especiales de procedibilidad VIOLENCIA DE GENERO-Definición/VIOLENCIA DE GENEROCaracterísticas La violencia de género posee tres características propias que la diferencian de otras formas de violencia, a saber: “a) El sexo de quien sufre la violencia y de quien la ejerce: la ejercen los hombres sobre las mujeres. b) La causa de esta violencia: se basa en la desigualdad histórica y universal, que ha situado en una posición de subordinación a las mujeres respecto a los hombres. c) La generalidad de los ámbitos en que se ejerce: todos los ámbitos de la vida, ya que la desigualdad se cristaliza en la pareja, familia, trabajo, economía, cultura política, religión, etc.” VIOLENCIA DE GENERO AL INTERIOR DE LA PAREJA VIOLENCIA DE GENERO-Manifestaciones La forma de violencia ocurre en todos los entornos y grupos socioeconómicos, religiosos y culturales, y se manifiesta de distintas maneras a través de: (i) la violencia física, que es toda acción voluntariamente realizada que provoca o puede provocar daño o lesiones físicas. Al constituir una forma de humillación, también configura un maltrato psicológico; (ii) la violencia psicológica, que se refiere a conductas que producen desvaloración o sufrimiento moral. Puede comprender insultos, amenazas, gritos,

humillaciones en público, privaciones de la libertad, etc., que minan la autoestima de la víctima y le generan desconcierto e inseguridad; (iii) la violencia sexual, que consiste en cualquier actividad sexual no deseada y forzada en contra de la voluntad de la mujer, mediante fuerza física o bajo amenaza directa o indirecta, ante el temor a represalias. Su repercusión incluye tanto daños físicos como psicológicos de gravedad variable; y (iv) la violencia económica, que se vincula al uso del poder económico del hombre para controlar las decisiones y el proyecto de vida de la mujer, y se presenta bajo una apariencia de colaboración en la que aquel se muestra como proveedor por excelencia. Bajo esta apariencia, el hombre le impide a la mujer participar de las decisiones económicas del hogar y le impone la obligación de rendirle cuentas de todo tipo de gasto. Igualmente, le prohíbe estudiar o trabajar para evitar que la mujer logre su independencia económica y, de esa manera, se sienta en necesidad de mantenerse en la relación. Por otra parte, cuando ocurre la ruptura de la pareja, la violencia económica se manifiesta en mayores beneficios económicos para el hombre, mientras que la mujer termina “comprando su libertad” para evitar pleitos dispendiosos ADMINISTRACION DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GENERO-Deber constitucional y legal de todos los jueces de administrar justicia con enfoque de género, siempre que se encuentren frente a un caso de violencia intrafamiliar o sexual En el marco de las funciones jurisdiccionales transitorias que les son propias, los conciliadores en derecho, al igual que los jueces y demás autoridades del

Estado que tienen asignadas funciones judiciales, no pueden actuar al margen de la aplicación de la perspectiva de género y, menos aún, en temas relacionados con asuntos de familia, pues, como se ha dicho, en el hogar es donde lamentablemente la violencia contra la mujer encuentra el escenario propicio para su ocurrencia. CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR DAÑO CONSUMADONo impide a la Corte Constitucional pronunciamiento de fondo sobre la existencia de una violación de derechos fundamentales y futuras violaciones ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALESProcedencia por cuanto jueces civiles no aplicaron un enfoque diferencial, ya que no tuvieron en cuenta que eran mujeres víctimas de violencia intrafamiliar CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR DAÑO CONSUMADOSe llevó a cabo adjudicación en remate del bien inmueble embargado, consolidándose un derecho en cabeza de un tercero que se presume adquirido de buena fe

Referencia: Expedientes T-7.127.827 y T-7.404.113

Demandantes: Esperanza Cometa y

Luz Consuelo Lucas Romero

Demandados: Juzgado Veintiuno Civil

Municipal de Cali y Juzgado Octavo Civil Municipal de Ejecución de Cali; Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Bogotá y Juzgado Once Civil Municipal de Ejecución de Bogotá.

Magistrado Ponente:

LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ

2 Bogotá D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinte (2020) La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Alejandro Linares Cantillo, Antonio José Lizarazo Ocampo y

Luis Guillermo Guerrero Pérez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente, SENTENCIA En el trámite de revisión de las decisiones judiciales proferidas por el Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Cali y la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, dentro del expediente T-7.127.827; y por el Juzgado Dieciséis Civil del Circuito de Bogotá y la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, dentro del expediente T-7.404.113.

I. ANTECEDENTES

1. Selección y acumulación de expedientes De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 52 y 55 del Reglamento Interno de la corporación, la Sala de Selección de Tutelas Número Uno1, por Auto del 21 de enero de 2019, notificado el 1º de febrero siguiente, seleccionó el expediente T-7.127.827, con base en el criterio subjetivo de urgencia de proteger el derecho fundamental a vivir libre de violencia de género institucional, y asignó su estudio a la Sala Tercera de Revisión.

A su turno, la Sala de Selección de Tutelas Número Seis2, mediante Auto del 28 de junio de 2019, notificado el 15 de julio siguiente, seleccionó, conforme al criterio subjetivo de necesidad de materializar un enfoque diferencial, el expediente T-7.404.113. Tras advertir que el expediente T-7.404.113 guardaba identidad de supuestos fácticos y jurídicos con el expediente T-7.127.827, pues en ambos casos se cuestionaba la falta de aplicación del enfoque de género en las decisiones

judiciales adoptadas en la jurisdicción ordinaria civil, en la misma providencia se ordenó su acumulación para que fueran decididos conjuntamente. De esta manera, procede la Sala Tercera de Revisión a dictar sentencia en los procesos T-7.127.827 y T-7.404.113 acumulados.

2. Relación de hechos relevantes, pretensiones, respuesta a las acciones de tutela y decisiones de instancia objeto de revisión 2.1. Expediente T-7.127.827 1 Integrada por los magistrados Antonio José Lizarazo Ocampo y José Fernando Reyes Cuartas. 2 Integrada por los magistrados Luis Guillermo Guerrero Pérez y Alberto Rojas Ríos. 3 2.1.1. Hechos relevantes y pretensiones El 27 de agosto de 2018, la ciudadana Esperanza Cometa, actuando en nombre propio, promovió acción de tutela en contra de los Juzgados Veintiuno Civil Municipal y Octavo Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Cali, en procura de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados como consecuencia de las providencias judiciales proferidas en el marco de un proceso ejecutivo singular de menor cuantía iniciado en contra suya por su excompañero permanente, en el que el título base de la ejecución

(acta de conciliación), a su juicio, no reúne los requisitos establecidos en la Ley 640 de 2001 para su validez, toda vez que la obligación allí contenida estuvo precedida de actos constitutivos de violencia intrafamiliar. Los presupuestos fácticos que respaldan la solicitud de amparo son los siguientes:

2.1.1.1. Esperanza Cometa y Elmer Antonio Certuche convivieron de manera permanente y singular desde el mes de agosto de 2005, conformando así una unión marital de hecho3. Fruto de esa relación nació el menor Álvaro José Certuche Cometa, de 13 años de edad. En la actualidad, Esperanza Cometa deriva su sustento de realizar oficios varios en una tienda de comestibles. 2.1.1.2. El 20 de diciembre de 2009, formuló denuncia penal en contra de su compañero permanente por el delito de violencia intrafamiliar, luego de que aquel la agrediera verbal y físicamente ocasionándole lesiones con un palo de escoba. Por este hecho fue remitida al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quien determinó una incapacidad definitiva de 12 días sin secuelas médico legales4 y recomendó: “valoración por Psicología y Trabajo Social en el ICBF para análisis e intervención de los factores de riesgo asociados a la violencia familiar y aspectos legales y de protección en relación con la pareja y los hijos en común. Se debe garantizar la seguridad de la lesionada y los hijos en común”5. 2.1.1.3. En la misma fecha, la Fiscalía General de la Nación solicitó al comandante de la estación de policía La Flora de la ciudad de Cali, adoptar las medidas de protección necesarias para garantizar la seguridad personal y familiar de la accionante6. 2.1.1.4. Ante un nuevo episodio de violencia doméstica ocurrido el 5 de enero de 2010, la actora, mediante apoderado, instauró una segunda denuncia en

contra de Elmer Antonio Certuche, cuyo conocimiento asumió la Fiscalía 57 Local de la Cali. En esa oportunidad, relató que, a raíz de su primera denuncia 3 Ver folio 2 del cuaderno núm. 1 del expediente. 4 En el respectivo informe médico legal emitido el 21 de diciembre de 2009, se indica lo siguiente: “1. Equimosis violácea con forma de halo, que mide 5 por 1 cm, con área central normocrómica, ubicada en cara posterior del tercio distal del brazo derecho. 2. Equimosis violácea con forma de halo, que mide 3 por 1 cm, con área central normocrómica, ubicada en dorso de la mano izquierda a nivel del quinto metacarpiano. No crepito ni movilidad ósea anormal a este nivel”. 5 Ver folios 21 a 22 del cuaderno de pruebas. 6 Ver folio 24 del cuaderno de pruebas. 4 y luego de que aquel fuera citado en la estación de policía en el marco de la medida de protección otorgada en favor suyo, incrementaron los actos de violencia física y psicológica hacia ella, siendo golpeada nuevamente, a tal punto que tuvo que intervenir la Policía Nacional y proceder al arresto de su agresor7. Mencionó, además, que este ha optado por autolesionarse para, después, denunciarla por violencia intrafamiliar, a manera de estrategia para justificar su conducta. 2.1.1.5. Con posterioridad a este evento, se llevó a cabo en el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Universidad de San Buenaventura de Cali audiencia de conciliación entre Esperanza Cometa y

Elmer Antonio Certuche, por solicitud de este último. A la diligencia acudieron las partes involucradas con su respectivo apoderado y el acuerdo logrado entre ellas quedó consignado en el acta núm. 00409 del 27 de septiembre de 20108. 2.1.1.6. De acuerdo con lo señalado en la citada acta, el conciliador dio apertura a la audiencia, informándole a los asistentes sobre el significado de la conciliación y sus alcances legales y, acto seguido, le indicó a la parte convocada los hechos y pretensiones motivo de la solicitud. Al respecto, expuso, entre otras cuestiones: (i) que la relación de convivencia de la pareja se había deteriorado a causa del maltrato del que ha sido objeto el señor Certuche por parte de Esperanza Cometa; (ii) que, desde el nacimiento de su hijo, es él quien ha estado a cargo de su bienestar, proporcionándole alimentación, vestido, educación y cuidado personal; (iii) que el trabajo de Esperanza Cometa –en una tienda vendiendo comestibles– no le permite asumir el cuidado del menor y ha generado en ella conductas violentas, pues lo grita frecuentemente cada vez que aquel se antoja de un dulce o una galleta; (iv) que Esperanza Cometa presenta consumo patológico de bebidas alcohólicas y un cuadro de desequilibrio emocional que ha derivado igualmente en maltrato hacia el menor; (v) que, por estas razones, solicita que se le otorgue su cuidado y custodia personal, así como el pago de una cuota alimentaria y una prima anual a cargo de la madre. 2.1.1.7. Seguidamente, se menciona en el acta que se le concedió el uso de la

palabra a Esperanza Cometa y a su apoderada para que se pronunciaran en relación con estas afirmaciones. Sin embargo, dentro del documento no existe registro alguno de su intervención. Así, entonces, la audiencia finalizó con el acuerdo logrado entre las partes y que se transcribe, textualmente, a continuación: “1. Los señores ESPERANZA COMETA y ELMER ANTONIO CERTUCHE aceptan que entre ellos nació y está vigente una sociedad marital de hecho, nacida en el mes de agosto del año 2005. 7 Ver folios 25 a 28 del cuaderno de pruebas. 8 Acta de conciliación visible a folios 108 a 111 del cuaderno de pruebas. 5

2. Que en este acto acuerdan poner fin a la unión marital de hecho y en [sic] procederán a liquidar la sociedad patrimonial que nació como consecuencia de la citada unión marital.

3. Que con relación al menor ÁLVARO JOSÉ CERTUCHE COMETA, los padres acuerdan, que la custodia y el cuidado personal, estará en cabeza de ESPERANZA COMETA, quien permitirá que sea visitado por el señor ELMER ANTONIO CERTUCHE, cuando desee y pasará cada quince días en forma alternada, con cada padre los fines de semana, desde el día sábado en horas de la mañana hasta el domingo, entre seis y siete de la noche o el día lunes si fuere festivo, comprometiéndose el padre a devolverlo cuando salga con él.

4. Que con respecto a los alimentos, vestido, educación, salud, las partes acuerdan que el señor ELMER ANTONIO CERTUCHE, pagará la salud, pensión del colegio, matrícula, el transporte, los

libros y útiles escolares y uniformes. La señora ESPERANZA COMETA, correrá con los gastos de vivienda y alimentación del menor.

5. Para liquidar la sociedad patrimonial de hecho, las partes señores ESPERANZA COMETA y ELMER ANTONIO CERTUCHE, acuerdan que por todo concepto la señora ESPERANZA COMETA le pagará en la ciudad de CALI, al señor ELMER la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000), en dos cuotas la primera de DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($17.500.000), el día TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2011 el saldo de DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($17.500.000) el día 30 de septiembre del año

TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2012 [sic], reconociendo un INTERES [sic] MENSUAL DEL UNO POR CIENTO (1%), pagaderos dentro de los cinco primeros días de cada período mensual, a partir del mes de octubre del año 2011. Los señores ESPERANZA COMETA y ELMER ANTONIO CERTUCHE, renuncian a cualquier reclamación posterior por este concepto.

6. Las partes acuerdan que el señor ELMER ANTONIO CERTUCHE desalojará la casa donde habita la pareja, a más tardar el día 30 de octubre del año 2010, comprometiéndose ambos a respetarse y a no agredirse ni verbal ni físicamente.

7. La señora ESPERANZA COMETA, se compromete a desistir de

la totalidad de las acciones penales y policivas que haya interpuesto.” 2.1.1.8. Posteriormente, debido a un incidente ocasionado por la violación del acuerdo de desalojo al que se había comprometido el señor Certuche, las partes en conflicto sometieron a consideración de un juez de paz sus 6 diferencias y, en audiencia de conciliación celebrada el 22 de marzo de 2011, suscribieron un nuevo acuerdo en el que aquel cedió, en favor de su hijo menor de edad, el 50% de los derechos adquiridos del inmueble identificado con número de matrícula inmobiliaria 370-351177 de propiedad de la accionante, según escritura de compraventa núm. 1979 del 24 de noviembre de 2005. El referido acuerdo fue protocolizado mediante escritura pública núm. 1.523 del 2 de junio de 2011, otorgada en la Notaría Quinta del Círculo de Cali9. 2.1.1.9. El 11 de enero de 2012, Elmer Antonio Certuche inició proceso ejecutivo singular de menor cuantía en contra de Esperanza Cometa, con el fin de que se librara mandamiento de pago a su favor por la suma de diecisiete millones quinientos mil pesos ($17.500.000), referente a la primera cuota del acuerdo económico consignado en el acta núm. 00409 del 27 de septiembre de 2010, suscrita en el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Universidad de San Buenaventura de Cali. Ello, en razón a que la demandada no había cumplido con el pago de dicha obligación dentro

del plazo convenido. 2.1.1.10. El conocimiento de la demanda le correspondió al Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Cali. Tras encontrar que el documento presentado como base de la acción ejecutiva reunía las formalidades exigidas en el artículo 1° de la Ley 640 de 200110, ese despacho, por Auto 174 del 17 de enero de 2012, libró el mandamiento de pago requerido, concediendo a la parte demandada el término de cinco días para pagar la suma adeudada y, de diez días, para proponer excepciones, de acuerdo con lo previsto en los artículos 498 y 509 del Código de Procedimiento Civil11. 2.1.1.11. Notificado el mandamiento ejecutivo y dentro del término de traslado para proponer excepciones, la actora –sin estar asistida por un abogado–12, presentó el 9 de mayo de 2012 un escrito al despacho en el que narró los episodios de violencia intrafamiliar de los que había sido víctima por parte del demandante durante los cinco años en los que convivieron en unión marital de hecho y, en particular, se refirió al evento sucedido el 22 de marzo de 2011, cuando aquel ingresó de manera violenta a su vivienda infringiendo el acuerdo consignado en el título base de la ejecución13. El mencionado escrito refiere textualmente lo siguiente: “El 22 de marzo de 2011 en las horas de la maña [sic] siendo como aproximadamente como hacia las diez de la mañana me encontraba trabajando en la tienda cuando arrimo [sic] la señora María Isabel que en mi casa se encontraba el señor Certuche con una señora y

con todas las cosas, yo me asuste [sic] y de manera inmediata me traslade [sic] a la casa, cuando llegue [sic] me llevé la sorpresa de 9 Escritura pública y anexos visibles a folios 87 a 94 del cuaderno de pruebas. 10 “Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones”. 11 Norma vigente para el momento de la presentación de la demanda. 12 La accionante otorgó poder a la abogada María Angélica Guarín solo hasta el 8 de febrero de 2013 (folio 62 del expediente ejecutivo). 13 Ver folios 21 a 23 del cuaderno principal. 7 que habían abierto la casa […] no acepto de ninguna manera la desecion [sic] de su despacho, quiero presentarle mis disculpas por los terminos [sic] que quisad [sic] no cumple [sic] con los establecidos en los codigos [sic], pero desafortunadamente esta es la situacion [sic] precaria que el señor certuche me a [sic] dejado […] si bien es cierto no es de su competencia conocer mi trascendencia de violencia con el señor certuche y el estado de violencia intrafamiliar y el desamparo de las autoridades competentes y todo por carecer de recursos economicos [sic] para un abogado, de lo cual he aprendido de una manera a otra a defenderme y contestar estas serie de demandas interpuestas por el señor certuche. Por tal razon [sic] le presento mis disculpas y a continuacion [sic] expongo en mis propias palabras el cual no es prosedente [sic] la presente demanda […].” 2.1.1.12. No obstante lo anterior, comoquiera que lo presentó sin estar asistida

por un abogado, mediante auto interlocutorio núm. 1862 del 21 de junio de 2012 el operador judicial adoptó las siguientes medidas14: (i) ordenó seguir adelante la ejecución en los términos señalados en el mandamiento de pago; (ii) decretó el avalúo y remate de los bienes que fuesen embargados a la accionante para que con el producto de su venta se cancelara la obligación objeto de recaudo; (iii) solicitó a las partes que presentaran la liquidación del crédito; y (iv) condenó en costas a la demandada por la suma de $920.000. El referido memorial no fue tenido en cuenta por ese despacho antes de ordenar seguir adelante la ejecución porque, como se anotó, lo presentó sin estar asistida por un abogado. 2.1.1.13. Más adelante, en cumplimiento de lo dispuesto en los Acuerdos PSAA13-9962 y PSAA 13-9984 del 31 de julio y 6 de septiembre de 2013, respectivamente, expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, el referido proceso fue trasladado y asignado al Juzgado Octavo Civil Municipal de Ejecución de Cali. 2.1.1.14. El 27 de julio de 2017, Elmer Antonio Certuche cedió los derechos del crédito contenido en el Acta núm. 00409 del 27 de septiembre de 2010 a favor de Javier Chates Segura15, negocio que fue aceptado por el Juzgado Octavo Civil Municipal de Ejecución de Cali en providencia del 2 de agosto de 201716. 2.1.1.15. El 6 de diciembre de 2017, a través de una acción de tutela

promovida en contra del Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Cali, la actora cuestionó que ese operador judicial le hubiese otorgado mérito ejecutivo al acta de conciliación núm. 00409 del 27 de septiembre de 2010, a pesar de que esta había sido suscrita por quien no tenía la calidad de conciliador. En sentencia del 12 de enero de 2018, el Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de Cali denegó por improcedente el amparo invocado, tras advertir que dicha 14 Ver folios 13 a 16 del cuaderno principal. 15 Ver folio 82 del expediente ejecutivo. 16 Ver folio 88 del expediente ejecutivo. 8 irregularidad nunca fue alegada dentro del proceso ejecutivo, pues la demandada no agotó ninguno de los medios ordinarios de defensa que tenía a su disposición, y que, en todo caso, las pruebas aportadas al proceso daban cuenta de que la persona que actuó como conciliador se encontraba debidamente autorizada para ejercer como tal. Impugnado dicho fallo, la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali decidió confirmarlo, mediante providencia del 14 de febrero de 201817. 2.1.1.16. Antes de conocer la decisión de segunda instancia, la accionante, actuando por sí misma, solicitó ante el Juzgado Octavo Civil Municipal de Ejecución de Cali la nulidad de todo lo actuado a partir del mandamiento de pago, con fundamento en que el acta de conciliación presentada como base de recaudo carecía de mérito ejecutivo por no reunir las condiciones previstas en el artículo 1° de la Ley 640 de 200118. Dicho incidente fue rechazado de plano

por medio del Auto 1944 del 18 de julio de 2018, en consideración a que se fundó en hechos que pudieron alegarse como excepciones previas o en el recurso de reposición en contra del mandamiento de pago, actos procesales que no fueron agotados por la parte demandada19. 2.1.1.17. Manifiesta la actora que, debido a su escasa formación académica y a la falta de diligencia de su apoderado, no contó con las garantías para ejercer de manera adecuada la defensa de sus intereses dentro del proceso ejecutivo, situación que devino en la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia. 2.1.1.18. A su juicio, el Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Cali, al reconocerle mérito ejecutivo al acta de conciliación núm. 00409 del 27 de septiembre de 2010, incurrió en un defecto sustantivo, toda vez que no verificó que el acuerdo cumpliera con las formalidades establecidas en los artículos 1.5 y 40 de la Ley 640 de 2001, esto es, que indicara claramente la cuantía, modo, tiempo y lugar de cumplimiento de la obligación pactada, ya que si bien es cierto que se obligó a pagar una determinada suma de dinero, también lo es que “este pago estaba sujeto a la liquidación de la sociedad patrimonial que no se efectuó dentro del acuerdo conciliatorio ni a la fecha por ningún otro medio legal”. Con todo, puso de presente que, a pesar de la irregularidad del acta, se vio obligada a firmarla “por no seguir siendo víctima de la violencia familiar que ejercía para ese entonces mi compañero y

padre de mi hijo”. 2.1.1.19. En consecuencia, a través de la presente acción de tutela, solicita que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y de acceso a la administración de justicia, de suerte que se deje sin efectos el mandamiento de pago ordenado mediante Auto 174 del 17 de enero de 2012 y, en su lugar, se dicte una nueva providencia que tenga en cuenta las 17 Ver folios 24 a 26 del cuaderno principal. 18 Ver folios 27 a 32 del cuaderno principal. 19 Ver folios 33 a 35 del cuaderno principal. 9 circunstancias de todo orden que antecedieron la suscripción del título base de la ejecución, especialmente, su calidad de víctima de violencia intrafamiliar. 2.1.2. Trámite procesal y respuesta a la acción de tutela El Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Cali, por auto interlocutorio núm. 826 del 29 de agosto de 2018, asumió la competencia del asunto y notificó de la presentación de la demanda al Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Cali y al Juzgado Octavo Civil Municipal de Ejecución de la misma ciudad, vinculando, simultáneamente, al ciudadano Elmer Antonio Certuche, en calidad de demandante dentro del proceso ejecutivo y tercero con interés legítimo. No obstante, es preciso anotar que únicamente atendieron este requerimiento las autoridades judiciales demandadas, quienes se pronunciaron acerca de los hechos y las pretensiones formuladas por la parte actora. 2.1.2.1. Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Cali

El Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Cali, por intermedio de la juez que adelantó el trámite inicial del proceso ejecutivo que aquí se discute, propuso que se declara la improcedencia de la acción de tutela, con fundamento en dos argumentos centrales: en primer lugar, porque ninguna anomalía o irregularidad del acta de conciliación fue conocida por ese despacho durante el transcurso del proceso, debido a que la accionante no agotó los medios de impugnación que tenía a su alcance para controvertir el mandamiento de pago ordenado por auto del 17 de enero de 2012; y, en segundo lugar, porque tardó más de seis años en plantear su inconformidad con dicha decisión, lo que implica que la demanda de amparo no satisface el requisito de inmediatez. Con todo, destacó que el título base de la ejecución contenía una obligación clara, expresa y exigible, e informó que el proceso estuvo a su cargo hasta el 13 de mayo de 2014, fecha en la que el expediente fue remitido por competencia a los Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Cali. 2.1.2.2. Juzgado Octavo Civil Municipal de Ejecución de Cali El Juzgado Octavo Municipal de Ejecución de Cali, despacho que tiene actualmente asignada la competencia del proceso en cuestión, se pronunció en la presente causa señalando que, en diferentes oportunidades y bajo los mecanismos dispuestos en la ley, le ha hecho saber a la actora que no es el momento procesal oportuno para ejercer su derecho a la defensa y, puso de presente que, a través de otra acción de tutela, formuló la misma pretensión encaminada a dejar sin efectos la providencia mediante la cual se libró

mandamiento ejecutivo. 2.1.3. Decisiones judiciales que se revisan 2.1.3.1. Primera instancia 10 El Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Cali, en sentencia del 11 de septiembre de 2018, resolvió negar por improcedente la acción de tutela, tras evidenciar que aquella desconocía los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, toda vez que su ejercicio se efectuó seis años después de proferido el mandamiento de pago, sin que la accionante hubiese agotado los medios de defensa que tenía a su disposición ni justificado su inactividad procesal durante ese tiempo. 2.1.3.2. Impugnación La anterior decisión fue impugnada oportunamente por la parte actora, quien ratificó lo manifestado en su escrito introductorio y, agregó, como respuesta a las consideraciones expuestas por el juez a-quo, que su inactividad no obedeció a la falta de interés en el proceso, sino a que no tuvo una adecuada defensa técnica, pues a pesar de haberle otorgado poder a un abogado, el 8 de febrero de 2013, para que ejerciera su representación judicial, este no advirtió las deficiencias del título ejecutivo ni interpuso los recursos legales para objetarlo. No obstante, afirmó que, cuando aún no contaba con apoderado, le hizo llegar un escrito al juez en el que narró su condición de víctima de violencia intrafamiliar y que esta circunstancia la había obligado a firmar el acta de conciliación, convencida de que así cesaría el maltrato del que venía siendo objeto por parte de su compañero permanente y demandante en el

proceso ejecutivo. Sin embargo, resaltó que dicho memorial no fue valorado como oposición al mandamiento de pago, dado que lo presentó fuera del término establecido en la ley. Sobre esa base, hizo hincapié en que, pese al prolongado lapso para acudir al amparo constitucional, la vulneración de sus derechos fundamentales se mantiene vigente y se agrava con el paso del tiempo, pues ya se ordenó el remate del único bien inmueble que posee y donde vive con su hijo menor de edad, situación que la reduce a un estado de indefensión y vulnerabilidad que amerita una interpretación flexible del requisito de inmediatez. 2.1.3.3. Segunda instancia Al resolver la impugnación, la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en providencia del 23 de octubre de 2018, confirmó en su integridad la decisión de primer grado, con fundamento en las mismas consideraciones vertidas en aquella oportunidad. 2.2. Expediente T-7.404.113 2.2.1. Hechos relevantes y pretensiones El 29 de marzo de 2019, Luz Consuelo Lucas Romero, obrando en nombre propio, acudió a la acción de tutela, reclamando la protección de sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, presuntamente transgredidos por el Juzgado Veintiuno Civil Municipal de Bogotá, al haber librado mandamiento de pago en su contra y ordenado seguir adelante la ejecución, 11 sin permitirle ser oída en el proceso para exponer los hechos de violencia intrafamiliar que la forzaron a contraer la obligación respaldada en el tí