CC - T358-2020

Sentencia T-358/20

ACCION DE TUTELA EN MATERIA DE DERECHO DE

PETICION ANTE PARTICULARES-Procedencia excepcional DERECHO DE PETICION ANTE ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES PRIVADAS-Contenido y alcance DERECHO DE PETICION ANTE PARTICULARES-Reglas jurisprudenciales DERECHO DE PETICION-Consagración normativa En cuanto al derecho de petición frente a particulares, la norma estatutaria convirtió en ley las reglas jurisprudenciales que la Corte Constitucional había venido reiterando al respecto. DERECHO DE PETICION ANTE PARTICULARES-Jurisprudencia constitucional DERECHO DE PETICION-Relación con otros derechos fundamentales/DERECHO DE PETICION-Núcleo esencial DERECHO DE INSPECCION EN EL AMBITO SOCIETARIOContenido y alcance DERECHO DE INSPECCION EN EL AMBITO SOCIETARIOLímites/DERECHO DE INSPECCION-No excluye el ejercicio del derecho de petición CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADOSociedad accionada dio cumplimiento a las órdenes impartidas por los jueces de tutela, respecto a la inspección en el ámbito societario

Referencia: Expediente T-7.697.179

Acción de tutela presentada por María Emilce Saldaña contra Magnofarma S.A.S. en liquidación

Magistrada Ponente:

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veinte (2020) La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada

por los magistrados José Fernando Reyes Cuartas, Alberto Rojas Ríos y la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, ha proferido la siguiente: SENTENCIA En el trámite de revisión de los fallos proferidos el 20 de agosto de 2019 por el Juzgado Octavo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Ibagué, Tolima, y el 30 de septiembre de 2019 por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de la misma ciudad, en primera y segunda instancia respectivamente; dentro de la acción de tutela promovida por María Emilce Saldaña contra Magnofarma S.A.S. en liquidación.

I. ANTECEDENTES 1.1. Solicitud El 5 de agosto de 2019, María Emilce Saldaña presentó acción de tutela contra Magnofarma S.A.S., empresa de la cual es accionista, por considerar que vulneró su derecho fundamental de petición al no obtener respuesta a la solicitud que elevó el 15 de julio de 2019, en donde, entre otras cosas, pidió “los certificados de dividendos pagados” entre los años 2009 a 2018. 1.2. Hechos 1.2.1. La accionante afirma ser accionista minoritaria de la sociedad Magnofarma S.A.S. 1.2.2. El 15 de julio de 2019, vía correo electrónico, por conducto de su apoderado judicial presentó petición ante Magnofarma S.A.S. solicitando lo siguiente: 1) “Citar asamblea extraordinaria de accionistas para conocer la

posición de la Sra. MARTHA BONILLA (sic) con relación al ejercicio del derecho de inspección a MAGNOFARMA S.A.S. por mi cliente”. 2) Allegar copia del acta de asamblea de socios “EN LA QUE MI

REPRESENTADA AUTORIZÓ LA TRANSFORMACIÓN A SOCIEDAD

ANÓNIMA SIMPLIFICADA Y EL ACTA DONDE MI

REPRESENTADA VOTO (sic), LA INCURSIÓN DE ESTÁ (sic)

PERSONA JURÍDICA EN LEY 116 DE 2006 PROCESO DE

REORGANIZACIÓN (sic)”. 2 3) Expedir certificación, con el debido soporte, “DE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES RECIBIDAS POR LA SEÑORA MARIA EMILCE SALDAÑA (…) EN SU CONDICIÓN DE SOCIA” durante los años 2009 a 2018. 1.2.3. Indica que debido a su condición de viuda y madre cabeza de familia ha tenido dificultad para conocer, desde el año 2010, sobre la situación financiera de Magnofarma S.A.S., en donde “jamás entregan un informe financiero con anterioridad a las asambleas ordinarias anuales para realizar el cotejo de la información con los documentos contables y libros de contabilidad”. 1.2.4. Debido a lo anterior, señala que solicitó a Magnofarma S.A.S. autorización para ingresar a sus instalaciones en una fecha y hora determinada, “pero se han negado diciendo que [tiene] unos escasos días para consultar la información antes de la asamblea ordinaria anual”. Por ello, dice, no ha podido acceder a los datos que necesita y así tener las herramientas para comprender por qué la empresa entró en reorganización. A su juicio, desde que murió su esposo, ellos han sacado provecho de su

condición de viudez para no informarle lo que ocurre allí. 1.3. Traslado y contestación de la acción de tutela Mediante auto del 12 de agosto de 2019, el Juzgado Octavo Penal con Funciones de Control de Garantías de Ibagué admitió la acción de tutela y ordenó correr traslado al representante legal de Magnofarma S.A.S., para que ejerciera su derecho de defensa. 1.3.1. Contestación de Magnofarma S.A.S. La representante legal de Magnofarma S.A.S. señaló que el 5 de agosto de 2019, mediante correo electrónico, dio respuesta a varios de los interrogantes formulados por la accionante en la petición del 15 de julio del mismo año. Por ejemplo, le indicó que la información sobre el proceso de reorganización al que entró la compañía podía ser consultada libremente en la Superintendencia de Sociedades, entidad que actualmente ejerce vigilancia sobre la empresa; que las actas de asambleas las podía encontrar en la Cámara de Comercio, al tratarse de documentos objeto de inscripción y de libre acceso. Allí también le anunció que la solicitud sobre las certificaciones de pago de dividendos de los últimos diez años sería respondida el 16 de agosto del mismo año, en razón a la cantidad de informes anuales que deben revisar. Igualmente, la accionada se refirió a la afirmación hecha por la accionante, quien dijo que la compañía no hace entrega de un informe con anterioridad a la asamblea y que tiene pocos días para ejercer el derecho de inspección. 3 Al respecto, la representante de Magnofarma S.A.S. sostuvo que las

reuniones anuales de la asamblea general de socios son citadas cinco (5) días hábiles antes de llevarse a cabo, siguiendo lo establecido en los propios estatutos sociales que, a su vez, se remiten a lo dispuesto por el inciso 1 del artículo 20 de la Ley 1258 de 20081. Y que, tal como le manifestaron a la accionante en una de las respuestas a sus múltiples peticiones, no se envía reporte previo porque toda la información es expuesta el día de la reunión, cuyos materiales e insumos pueden ser revisados ejerciendo el derecho de inspección. Sobre esto último, recordó que la misma norma otorga un término de cinco (5) días hábiles2 para que antes de realizarse la asamblea los accionistas ejerzan el derecho de inspección. Razón por la cual no puede atribuirse a la empresa la desidia de la tutelante al no ejercer este derecho en todos los años que ha sido socia. Precisó que, si tenía problemas para asistir a las reuniones en Bogotá, había podido enviar un apoderado que residiera en esta ciudad para que la representara. Además, se declaró sorprendida de que la accionante afirmara no tener conocimiento de la situación económica de la empresa desde el año 2010, “cuando en la gran mayoría de oportunidades ha estado representada, ha votado la aprobación de información financiera, y hasta la fecha de hoy (es decir durante nueve años), no había presentado queja alguna”. Aclaró que si la accionante quiere un cambio en los plazos que se otorgan para ejercer el derecho de inspección, deben reformarse los estatutos de la compañía, por lo que la invitó a que primero propusiera la modificación, y

luego, la sometiera a consideración de los demás socios. Asimismo, consideró inaceptable que la peticionaria sostuviera no conocer la situación económica de la compañía y las razones por las que entró en el proceso de reorganización establecido en la Ley 1116 de 2006, ya que “en reunión que consta en el acta de reunión extraordinaria número 2452 de fecha 22 de diciembre de 2017 en la cual asistió como apoderado de la señora Emilce, el Dr. Jorge Jiménez”, se expusieron los motivos y hubo aprobación unánime sin objeción alguna. 1 Ley 1258 de 2008, artículo 20: “CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS. Salvo estipulación estatutaria en contrario, la asamblea será convocada por el representante legal de la sociedad, mediante comunicación escrita dirigida a cada accionista con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles. En el aviso de convocatoria se insertará el orden del día correspondiente a la reunión. // Cuando hayan de aprobarse balances de fin de ejercicio u operaciones de transformación, fusión o escisión, el derecho de inspección de los accionistas podrá ser ejercido durante los cinco (5) días hábiles anteriores a la reunión, a menos que en los estatutos se convenga un término superior. (…)”. 2 Ibidem. 4 Con fundamento en los anteriores argumentos, la representante legal de la accionada consideró que no ha vulnerado derecho fundamental alguno, al haber dado respuesta no sólo a la petición que originó la tutela, sino a todas las que la accionante ha presentado. Sobre esto, indicó que han sido más de

veinte solicitudes sobre el mismo tema, lo cual considera un abuso del derecho. También propuso como argumento de defensa el de improcedencia de la acción de tutela por existencia de otros mecanismos de defensa judicial, sin embargo, no precisó cuáles. En el mismo sentido, advirtió que no se estaba en presencia de un perjuicio irremediable, pues siempre ha dado respuesta oportuna a las peticiones de la accionante. Por último, solicitó al Juez Octavo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Ibagué declararse incompetente para conocer la presente acción de tutela, “pues todos los hechos descritos por la accionada ocurrieron en la ciudad de Bogotá”, por lo que a su juicio son los jueces de esta ciudad los que deben conocer del proceso, ya que es allí donde Magnofarma S.A.S. tiene su domicilio principal. 1.5. Decisiones objeto de revisión 1.5.1. Sentencia de primera instancia En sentencia del 20 de agosto de 2019, el Juzgado Octavo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Ibagué concedió el amparo del derecho fundamental de petición a la señora María Emilce Saldaña. En consecuencia, ordenó a Magnofarma S.A.S. que, en cuarenta y ocho (48) horas luego de comunicada la decisión, si aún no lo había hecho, “[procediera] a dar respuesta clara, de fondo, precisa y congruente a la petición presentada el día 15 de julio de 2019; respuesta que deberá ser notificada al accionante (sic)”. Tras unas breves motivaciones, el juez no encontró probada la afirmación de la parte accionada según la cual haría entrega de los certificados el 16 de

agosto del mismo año, dado que al momento en que tomó la decisión tal información no había sido allegada. 1.5.2. Impugnación La representante legal de Magnofarma S.A.S impugnó la anterior decisión alegando carencia actual de objeto por hecho superado, con fundamento en que durante el tiempo que tardó en ser comunicada la decisión de primera instancia, dio respuesta total a las peticiones de la accionante, tal como se había anunciado en la respuesta del 5 de agosto de 2019. Para sustentar este argumento, adjuntó copias de las correspondientes pruebas documentales. 5 1.5.3. Sentencia de segunda instancia Mediante providencia del 30 de septiembre de 2019, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Ibagué modificó la orden de primera instancia. En consecuencia, indicó que la respuesta que Magnofarma S.A.S. debe brindar a la petición del 15 de julio de 2019, elevada por la accionante, deberá ir encaminada “únicamente en lo que tiene que ver con la expedición del certificado en donde conste los dividendos por ella obtenidos en el interregno del 2009 al 2018, con los soportes documentales pertinentes y de las copias de los comprobantes de egreso, facturas de costo y de los balances detallados de los doce meses de la vigencia 2018 y de los primeros seis meses de 2019, siempre y cuando no tengan reserva legal, contengan secretos industriales, o incluyan datos que, al publicarse, puedan dañar a la sociedad, lo anterior como manifestación del derecho fundamental de petición desde la óptica de la solicitud de información y el suministro de copias cuya destinación sea la materialización de otros derechos”.

Antes de resolver el fondo del asunto, el juez de segunda instancia indicó que, conforme el Decreto 2591 de 1991, existen dos razones por las cuales en este caso procede la acción de tutela contra particulares. La primera, es la posición dominante que ejerce Magnofarma S.A.S. respecto de la accionante, quien es socia minoritaria de aquella. Y la segunda, es que la omisión en la entrega de la información “puede traducirse en una obstrucción al derecho de acceso a la justicia o al debido proceso, según sea el caso, pues dependiendo de los hallazgos de lo solicitado puede ejercer sus derechos como socia o iniciar las acciones legales pertinentes por las presuntas irregularidades referidas en su demanda”. Precisado lo anterior, recordó que cuando se trata de sociedades de responsabilidad limitada el derecho de inspección puede ejercerse en cualquier tiempo (art. 369 Código de Comercio), mientras que en las sociedades por acciones simplificadas sólo es posible hacerlo dentro de los cinco días hábiles antes de la reunión de accionistas (art. 20, Ley 1258 de 2009). A partir de esto, el juez concluyó que la respuesta que Magnofarma S.A.S. otorgó a la accionante sobre dicho tema no fue caprichosa, se basó en las normas vigentes y no limitó su derecho de inspección, el cual pudo ejercer en cualquier tiempo cuando la sociedad era de responsabilidad limitada, pero que ahora, al ser una compañía por acciones simplificada, sólo podía hacerlo en los términos del art. 20 de la Ley 1258 de 2009. Agregó que la inactividad de más de 10 años por parte de la accionante en ejercer este derecho y sus

circunstancias de índole personal como el hecho de no residir en Bogotá “no pueden ser usadas para revivir términos ya fenecidos”. En cuanto a la respuesta que dio la demandada acerca de las razones que llevaron a la compañía a entrar en proceso de reorganización, el juez observó 6 que en el acta de asamblea aportada estaba consignado que dicho trámite había comenzado en mayo de 2018, época desde la cual la accionante pudo usar los medios ordinarios para acceder a tal información. Por ello, consideró que la accionante tuvo una actitud pasiva durante diez años para ejercer el derecho de inspección y de un año para informarse sobre el proceso de reorganización. Razón por la cual, frente a estos temas, concluyó que no se cumplía el presupuesto de inmediatez y no existía ninguna vulneración de sus derechos fundamentales. Aclaró que el derecho de inspección es una figura de raigambre legal que permite a un accionista hacer valer sus intereses al interior de la sociedad, verificando su estado financiero, pero sin posibilidad de obtener copias de los documentos. Mientras que el derecho de petición es de carácter constitucional, y en este caso “va direccionado a la obtención de una documentación específica con miras a ejercer acciones legales frente a las conductas que en sentir de la asociada son irregulares, ya sea por conducto de los reglamentos de la sociedad o para acudir ante los organismos de control o judiciales de ser ese el caso”. Aun así, indicó, el ejercicio de ambos derechos tiene un límite, por cuanto no pueden ser usados para acceder a “documentos que contengan secretos industriales, o que al darse a conocer

públicamente, contengan datos que puedan ser utilizados en contra de la sociedad”. Concluyó así que Magnofarma S.A.S. había vulnerado el derecho fundamental de petición de la accionante porque no le habían “expedido un certificado debidamente soportado en el que le acrediten cuales (sic) fueron los dividendos por ella obtenidos en el interregno del 2009 al 2018; como tampoco las copia (sic) de los comprobantes de egreso, facturas de costo y de los balances detallados de los doce meses de la vigencia 2018 y de los primeros seis meses de 2019, cuyo propósito es ejercer su derecho como accionista minoritaria de la sociedad para hacer propuestas de austeridad y reducción del gasto (…)”(negrillas originales). 1.5.4. Escrito presentado por la accionante ante el juez de segunda instancia El 7 de octubre de 2019, luego de que el juez de segunda instancia emitiera su fallo, la señora María Emilce Saldaña presentó a esta autoridad judicial un escrito en el que manifestó que la respuesta recibida de Magnofarma S.A.S., en cumplimiento de la sentencia del 30 de septiembre de 2019, era incompleta y aún no resolvía de fondo lo solicitado3. Allí se queja de que en la respuesta le “DAN UNOS VALORES QUE SUPUESTAMENTE LE FUERÓN (sic) PAGADOS COMO DIVIDENDOS LOS CUALES [desconoce] HASTA EL DÍA DE HOY Y NO APORTAN EL 3 Folio 26, cuaderno de segunda instancia. 7

COMPROBANTE DE EGRESO O CONSTANCIA DE RECIBIDO DE

DICHAS SUMAS DE DINERO”4.

También afirma que la accionada indicó que los comprobantes de egreso y los libros auxiliares de contabilidad de los años 2009 a 2018 corresponden a un “archivo muerto”. A juicio de la accionante, esto constituye un incumplimiento del deber del comerciante de conservar sus libros y papeles, como lo ordena el artículo 60 del Código de Comercio. En sentir de la accionante, esta respuesta constituye una burla al juez de tutela de segunda instancia y no resuelve de fondo lo solicitado, vulnerando de paso el derecho fundamental de petición. A este escrito adjunta varios documentos contentivos de la respuesta y los anexos de esta: - Oficio fechado el 4 de octubre de 2019, dirigido a la señora María Emilce Saldaña, firmado por Blanca María Bolaño Gómez, representante legal de Magnofarma S.A.S.5. - Copias de las actas de asamblea general de Magnofarma S.A.S., correspondientes a los siguientes años: 20106, 20117, 20128, 20139, 201410, 201511, 201612, 201713, 201814 y 201915. - Copia del comparativo de los estados financieros de los años 2017 y 201816 de Magnofarma S.A.S. - Copia de los “Estados Financieros Preliminares Intermedios por el periodo de 31 de Marzo de 2019 y 2018” de Magnofarma S.A.S., acompañados de un oficio dirigido a la Superintendencia de Sociedades con ocasión del proceso de reorganización de la empresa17. - Copia de los “Estados Financieros Preliminares Intermedios por el Periodo de 30 de Junio de 2019 y 2018” de Magnofarma S.A.S.,

acompañados de un oficio dirigido a la Superintendencia de 4 Folio 28, ibidem. 5 Folios 32 y 33, ibidem. 6 Folios 35 y 36, ibidem. 7 Folios 37 a 39, ibidem. 8 Folios 40 a 42, ibidem. 9 Folios 43 y 44, ibidem. 10 Folios 45 y 46, ibidem. 11 Folios 47 y 48, ibidem. 12 Folios 49 a 51, ibidem. 13 Folios 52 a 54, ibidem. 14 Folios 55 a 57, ibidem. 15 Folios 58 y 59, ibidem. 16 Folios 60 a 63, ibidem. 17 Folios 64 a 69, ibidem. 8 Sociedades con ocasión dela proceso de reorganización de la empresa18. - 1.5.5. Actuación del juez de segunda instancia ante el escrito allegado por la accionante con posterioridad a la emisión de la sentencia Mediante auto del 15 de octubre de 2019, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Ibagué manifestó a la accionante que la información allegada, en donde manifiesta estar inconforme por la respuesta recibida por Magnofarma S.A.S., debía ser conocida por el juez de primera instancia, razón por la cual remitió dicho escrito al Juzgado Octavo Penal Municipal de la misma ciudad. 1.6. Pruebas relevantes que obran en el expediente 1.6.1. Copia de la solicitud de información que, mediante apoderado, la accionante envió vía correo electrónico a Magnofarma S.A.S., con fecha 15

de julio de 2019. 1.6.2. Copia de la respuesta que Magnofarma S.A.S. dio a la petición anterior, con fecha “Julio de 2019”. 1.6.3. Copia de la certificación de existencia y representación legal de Magnofarma S.A.S., expedida electrónicamente por la Cámara de Comercio de Bogotá el 22 de julio de 2019. 1.6.4. Copia de diversas respuestas que Magnofarma S.A.S. brindó a la accionante, durante los meses de febrero, marzo, abril, junio, julio y agosto de 2019. 1.6.5. Copia de una respuesta fechada “Agosto 2019”, en la que Magnofarma S.A.S. informa la accionante lo siguiente: “(…) por medio de la presente me permito dar respuesta a su solicitud respecto a las utilidades aprobadas para la distribución de los socios de la compañía, en el sentido de certificar las mismas, de acuerdo con las actas de la compañía de los años 2010 y 2011 de la siguiente manera (…)”. 1.6.6. Copia de una respuesta fechada el 22 de agosto de 2019, donde Magnofarma S.A.S. informa a la accionante sobre las utilidades de los años 2012 a 2019. 1.6.7. Copia de un documento fechado en “Agosto de 2019”, mediante el cual Magnofarma S.A.S. se pronuncia respecto de la petición elevada por la 18 Folios 70 a 75, ibidem. 9 accionante el 15 de julio de 2019, indicándole, además, que en los ocho días siguientes le enviará la información relacionada con las certificaciones sobre distribución de utilidades.

1.6.8. Copia de un documento con fecha 4 de octubre de 2019, mediante el cual Magnofarma S.A.S., en cumplimiento de la sentencia de tutela de segunda instancia, remite a la accionante el certificado histórico de utilidades autorizadas en los años 2009 a 2018, copia de los comprobantes de egreso y facturas de costo y los estados financieros 2018 y 2019.

II. CONSIDERACIONES 2.1. Competencia y procedencia de la acción de tutela De conformidad con los artículos 86 y 241 de la Constitución Política y con el Decreto 2591 de 1991, la Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela adoptados en los procesos de la referencia.

Análisis de procedencia de la acción de tutela bajo revisión Previo a definir el problema jurídico que deberá resolver la Sala, es necesario determinar si el caso bajo estudio reúne los requisitos de procedencia de la acción de tutela. 2.2.1. Legitimación en la causa por activa De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo de protección constitucional que puede ser ejercido por cualquier persona, a nombre propio o por quien actúe en su nombre, con el fin de salvaguardar los derechos fundamentales que considere estén siendo vulnerados o bajo amenaza de serlo. El Decreto 2591 de 1991, reglamentario de la acción de tutela, precisa en qué casos puede actuarse a través de un tercero. Así, avala la posibilidad de actuar mediante apoderado judicial y también permite hacerlo por medio de agente

oficioso, figura que opera en casos donde quien considera vulnerados sus derechos “no esté en condiciones de ejercer su propia defensa”19. Actuando por sí mismo o por un representante, lo relevante es que el titular de los derechos sea quien solicite al juez de tutela su protección. Esto permite a la autoridad judicial identificar al destinatario de las medidas de amparo cuando así se disponga. En el caso bajo revisión, la Sala encuentra que la señora María Emilce 19 Decreto 2591 de 1991, artículo 10. 10 Saldaña acudió directamente al juez de tutela requiriendo la protección de su derecho fundamental de petición, presuntamente vulnerado por Magnofarma S.A.S., empresa de la cual es accionista. Y lo hizo al considerar que dicha compañía no le dio respuesta a una solicitud que ella elevó el 15 de julio de 2019. De los hechos narrados y de las pruebas documentales obrantes en el expediente, la Sala aprecia que, en efecto, fue la accionante, mediante apoderado, quien hizo una solicitud en esa fecha a la parte accionada, por tanto, cuenta con interés legítimo para interponer la acción de tutela que ahora se revisa. 2.2.2. Legitimación en la causa por pasiva La legitimación en la causa por pasiva hace referencia a la aptitud legal del destinatario de la acción de tutela para ser demandado y, por tanto, de ser el llamado responder jurídicamente por la vulneración de un derecho fundamental en caso de que así se pruebe20. De acuerdo con el artículo 86 superior y el Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela puede dirigirse tanto contra las autoridades públicas como contra los particulares por igual21.

En este caso, la legitimación por pasiva se encuentra satisfecha, pues la empresa Magnofarma S.A.S. es un particular contra quien se dirige la acción de tutela, y es susceptible de ser demandada porque, de acuerdo con la accionante, vulneró su derecho fundamental de petición al no responder la solicitud del 15 de julio de 2019, particularmente, por la falta de expedición de los certificados de pago de dividendos. 2.2.3. Inmediatez Como medio judicial, la acción de tutela está diseñada para brindar la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas que acudan a ella. Esto implica que, aunque no existe un plazo específico para presentarla ante el juez de tutela, debe actuarse en un término oportuno, justo y razonable respecto del hecho vulnerador de tales derechos, con el fin de hacer efectivo el mandato que promueve un amparo expedito y ágil. En el presente caso, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho porque el hecho presuntamente vulnerador está relacionado con la falta material de respuesta a lo solicitado. La accionante elevó petición el 15 de julio de 2019 y, según las reglas de términos de resolución aplicables tanto a autoridades como a particulares en ciertos casos, la empresa Magnofarma S.A.S. tenía quince días para responder, los cuales terminaron el 5 de agosto de ese mismo 20 Sentencia T-1077 de 2012, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 21 Al respecto, el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 sostiene: “La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. (…)”.

11 año. Día en que, precisamente, fue interpuesta la presente acción de tutela. Entonces, la señora María Emilce Saldaña, al advertir que para esta última fecha no había recibido una respuesta, decidió acudir al juez de tutela de manera inmediata, justo el mismo día en que vencía el término, cumpliendo así el requisito de inmediatez. 2.2.4. Subsidiariedad La subsidiariedad es un requisito de procedencia formal de la acción de tutela, según el cual, sólo puede acudirse a este mecanismo de protección constitucional cuando no exista otro u otros medios de defensa judicial a través de los cuales pueda protegerse el derecho presuntamente vulnerado. O que, existiendo, se busque la protección transitoria ante la inminente ocurrencia de un perjuicio irremediable22. En cuanto al derecho fundamental de petición, la jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa en señalar que la acción de tutela es el único mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz a través del cual la persona que lo considere vulnerado puede solicitar su protección, toda vez que el ordenamiento jurídico no dispone ningún otro instrumento para tal fin23. El asunto bajo análisis aborda la protección del derecho fundamental de petición, solicitada por la señora María Emilce Saldaña y presuntamente vulnerado por la empresa Magnofarma S.A.S., por tanto, la acción de tutela cumple el requisito de subsidiariedad al no existir otro mecanismo mediante el cual la accionante pueda acudir para lograr el amparo del referido derecho. 2.3. Problema jurídico De acuerdo con los antecedentes expuestos, la Sala advierte que la accionante

solicitó la protección de su derecho fundamental de petición por la ausencia material de respuesta, dado que agotado el término en que esperaba una comunicación por parte de la Magnofarma, esta no llegó. Sin embargo, es de resaltar que en este momento procesal del caso se presentan dos hechos jurídicos relevantes que influyen en la formulación del problema jurídico. El primero se relaciona con que la accionada ya dio respuesta material a la solicitud, lo cual hizo en la contestación de la demanda y con posterioridad a la decisión de segunda instancia, por tanto, el problema ya no radica en si debe protegerse el derecho de petición por falta de respuesta, sino que ahora es preciso determinar si lo contestado es congruente, preciso y de fondo respecto de lo pedido. Esto lleva a la segunda circunstancia por analizar, y es 22 Decreto 2591 de 1991. 23 Sentencia T-149 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. 12 que al existir no una, sino dos respuestas, debe revisarse si su contenido lleva a declarar la existencia de carencia actual de objeto por hecho superado. Así las cosas, a partir de lo descrito, la Sala considera que debe resolver los siguientes problemas jurídicos: ¿Magnofarma S.A.S. tiene la obligación de suministrar toda la información que la accionante solicite en calidad de socia, so pena de vulnerar su derecho fundamental de petición? ¿El contenido de las respuestas a las referidas peticiones, emitidas en el curso del proceso de tutela, permiten declarar la carencia actual de objeto por hecho superado? Para resolverlos, la Sala analizará los siguientes temas: (i) contenido y alcance del derecho fundamental de petición frente a particulares y la procedencia de

la acción de tutela para protegerlo; (ii) los límites del derecho de inspección y el tipo de información al que un accionista pueda acceder a través de este mecanismo; (iii) hará referencia a la reciente jurisprudencia constitucional proferida en casos similares al presente; (iv) reiterará los aspectos esenciales de la carencia actual de objeto por hecho superado y, por último, (v) resolverá el caso concreto. 2.3.1. Contenido y alcance del derecho fundamental de petición frente a particulares y la procedencia de la acción de tutela para protegerlo. Reiteración de jurisprudencia Antes de 1991, el Código Contencioso Administrativo24 ya venía regulando lo relativo a las peticiones escritas y verbales que los ciudadanos elevaban a las autoridades. Pero fue con la Constitución Política de 1991, artículo 23, que este derecho fue elevado a la categoría de fundamental25, con la novedad de que también podía ejercerse frente a los particulares, dejando al legislador la tarea de definir las reglas que operarían en este