CC - T364-2020

Sentencia T-364/20

FUNCION JURISDICCIONAL POR SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALESRequisitos generales y especiales de procedibilidad ATRIBUCION DE FUNCIONES JURISDICCIONALES A LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS-Jurisprudencia constitucional sobre el alcance del artículo 116 de la Constitución Política

FUNCION JURISDICCIONAL POR SUPERINTENDENCIA DE

INDUSTRIA Y COMERCIO-Jurisprudencia constitucional PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDADJurisprudencia constitucional

CARACTERIZACION DEL DEFECTO PROCEDIMENTAL

ABSOLUTO COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALESReiteración de jurisprudencia MORA JUDICIAL INJUSTIFICADA-Circunstancias en que se presenta/MORA JUDICIAL JUSTIFICADA-Circunstancias en que se encuentra justificado el incumplimiento de los términos ACCION DE TUTELA CONTRA ACCIONES U OMISIONES JUDICIALES-Procedencia excepcional ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALESProcedencia por defecto procedimental absoluto, por cuanto es injustificada la demora de la Superintendencia de Industria y Comercio en la ejecución de la sanción pecuniaria

Referencia: Expediente T-7.632.489

Acción de tutela interpuesta por Ever Prado Guerrero contra la Superintendencia de Industria y Comercio.

Magistrada Ponente:

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de agosto dos mil veinte (2020). La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados José Fernando Reyes Cuartas, Alberto Rojas Ríos y la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, ha proferido la siguiente:

SENTENCIA

I. ANTECEDENTES

1. Hechos Relevantes1 1.1. El 7 de julio de 2016, el actor firmó un acuerdo de transacción2 en la Casa del Consumidor de Popayán, según el cual: “PRIMERO. se compromete a realizar la entrega de doscientos mil pesos ($200.000) al señor RUBEN DARÍO GÓMEZ HURTADO correspondientes a un abono para la prestación de unos servicios al señor Rubén. SEGUNDO. Se compromete a asistir el día 11 de julio de 2016 a las 05:00 pm a las instalaciones de la Casa del Consumidor de Popayán para hacer efectiva la entrega del dinero al señor RUBEN DARÍO GÓMEZ HURTADO”.3 1.2. El 29 de julio de 2016, el señor Gómez diligenció un formato de incumplimiento4 en la casa del consumidor de Popayán, en el que se consignó que el actor no observó el compromiso acordada en el contrato de transacción. 1.3. El 18 de octubre de 2016, la coordinadora del Grupo de Trabajo de Verificación de Cumplimiento de la Superintendencia de Industria y

Comercio-SIC, expidió el Auto No. 00097121, mediante el cual requirió al accionante “para que dentro del término improrrogable de cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente providencia, acredite la observancia del referido acuerdo. Se advierte a la parte accionada, que, si transcurrido el término aludido no es atendido lo requerido por el Despacho, se procederá a la imposición de la multa que corresponde a cada día de retardo en el cumplimiento de la misma”.5 La SIC no precisó en este auto si el trámite dentro del cual fue expedido era de naturaleza judicial o administrativa. 1 El relato de la acción de tutela fue complementado con las pruebas documentales para precisar los hechos. 2 Cuaderno de primera instancia, folios 21 a 23. 3 Cuaderno de primera instancia, folio 22. 4 Ibíd., folios 19 y 20. 5 Ibíd., folio 26. 1.4. El 21 de octubre de 2016, el actor fue notificado del auto con requerimiento de pago señalado en el numeral anterior. En efecto, según el desprendible de la empresa de servicios postales nacionales S.A.,6 en esta fecha se entregó dicho documento al accionante. 1.5. El 18 de septiembre de 2017, el señor Rubén Gómez radicó un escrito en el que solicitó a la SIC impulsar el trámite iniciado por esa entidad, pues después del requerimiento de pago no se adelantó ninguna actuación.7 1.6. El Grupo de Trabajo de Verificación de Cumplimiento del Despacho del Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC,

mediante Auto No. 00103056 del 3 de noviembre de 2017,8 declaró el incumplimiento de los compromisos pactados en el acuerdo de transacción, y con base al numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011-Estatuto del Consumidor, impuso al accionante una multa por cincuenta millones cuatrocientos ochenta mil ochocientos cincuenta y dos pesos ($50.480.852) a favor de la SIC, “que corresponde a cuatrocientos setenta y nueve (479) días de retardo en el cumplimiento de lo pactado (…) comprendidos entre el 12 de julio de 2016, día siguiente a la fecha en que venció el plazo para el cumplimiento oportuno de lo acordado, y el 2 de noviembre de 2017, día inmediatamente anterior a la fecha en que se profiere el presente auto (…) El pago deberá efectuarse dentro de los cinco(5) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente providencia (…) Vencido este plazo se cobrarán intereses por cada día de retraso, liquidados a la tasa del 12% efectivo anual”.9 Allí se precisó que dicha multa no eximía al demandado de cancelar los doscientos mil pesos ($200.000) que se comprometió a pagar en el acuerdo de transacción y que si el incumplimiento persistía se procedería a reiniciar el trámite sancionatorio. Este auto fue notificado al accionante el 15 de noviembre de 2017, de acuerdo con la certificación de servicios postales.10 1.7. El 30 de noviembre de 2017, el accionante presentó un oficio ante la SIC, en el que expuso que “en ningún momento se aclaró ni se dio a conocer

que el incumplimiento de dicho acuerdo generaría una sanción equivalente a la séptima parte del salario mínimo legal vigente por cada día de retardo”, 11 y solicitó “se reevalúe la sanción impuesta”.12 La SIC respondió el 16 de febrero de 2018, argumentando que “la misma hace tránsito a cosa juzgada y no se interpuso recurso alguno. Por lo que se ordena a la demandada estarse a lo dispuesto en la referida providencia”.13 6 Ibíd., folio 29. 7 Ibíd., folio 30. 8 Ibíd., folios 32 a 34. 9 Ibíd., folio 33. 10 Ibíd., folio 37. 11 Ibíd., folio 38. 12 Ibíd., folio 39. 13 Ibíd., folio 45. 1.8. En mayo de 2018, un defensor público de la Defensoría del Pueblo dirigió escrito a la SIC, en el que puso en conocimiento el reclamo presentado por el actor y planteó los siguientes interrogantes: (i) Si se brindó la posibilidad de un abogado de pobres para el actor; (ii) Si existe algún tratamiento pedagógico por parte de la SIC para estos casos en los que acude “un ciudadano de precarias condiciones económicas y académicas para ejercer su defensa técnica”; (iii) Si dentro de la actuación se probó la calidad de comerciante o industrial del actor. Además, solicitó a la SIC “Replantear su posición y se permita al señor Ever Prado Guerrero ponerse al día con el deudor”.14 1.9. La SIC, mediante escrito del 17 de julio de 2018 informó a la

Defensoría del Pueblo que la sanción se impuso con fundamento en el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 y que “teniendo en cuenta que a la fecha en la que se impuso la sanción, esto es el 3 de noviembre de 2017, no había en el expediente ningún documento que acreditara el cumplimiento de lo acordado, procedió la aplicación de la sanción contemplada en dicha norma (…) la multa impuesta corresponde a una sanción legal, en contra de la parte incumplida, que no pretende el cubrimiento de la obligación impuesta al demandado ni el resarcimiento del demandante, sino la reprensión de una conducta omisiva de desacato a una orden judicial, cuya forma de tasar no depende de la discrecionalidad del juez, sino que está definida en el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011”.15 Con relación al cuestionamiento sobre la asignación de un abogado de pobres, indicó que de acuerdo con el CGP, debe “ser solicitado por el interesado en el marco de un proceso judicial (Art. 151 y siguientes) y no está prevista para eventos como este, donde se suscribió un acuerdo de transacción en materia de consumo que hizo tránsito a cosa juzgada, para evitar precisamente el inicio del proceso jurisdiccional de protección al consumidor, ni se ha dado inicio al proceso ejecutivo que eventualmente se tramitaría solo ante la jurisdicción ordinaria”.16 Finalmente, agregó que el actor tuvo la oportunidad para exponer las razones del incumplimiento cuando se le requirió para que realizara el pago. Además, indicó que el Estatuto del Consumidor es aplicable a los productores de bienes

y servicios que se ofrecen en el mercado. 1.10. La Coordinación del Grupo de Trabajo Cobro Coactivo de la SIC, mediante auto de marzo 10 de 2018, resolvió librar mandamiento de pago en contra del actor por el valor de la multa, más los intereses de mora del 12% anual sobre esa suma, y además, por el monto de los gastos administrativos en los que incurra la SIC para el desarrollo de este trámite, según lo establecido en el artículo 836-1 del Estatuto Tributario. En este sentido, el 3 de octubre de 14 Ibíd., folio 49. 15 Ibíd., folio 52. 16 Ibíd. 2018, decretó el embargo de un inmueble localizado en el municipio de Puerto Boyacá y fijó como límite del embargo $82.987.200.17 En efecto, la anotación de dicha medida cautelar se encuentra en el certificado de libertad y tradición, con fecha 8 de octubre de 2018.18 1.11. El Juzgado Quinto Penal Municipal de Popayán, dentro del trámite de una acción de tutela distinta a la que aquí se revisa, mediante sentencia del 30 de enero de 2019, tuteló el derecho de petición del accionante, pues la SIC no respondió a otro memorial presentado por el actor el 8 de noviembre de 2018, con la que insistió una vez más que reconsiderara la imposición de la multa.19 Estimó el Juez que pese a tener el mismo contenido de una petición anterior, “cuenta como una nueva petición, por lo cual, la entidad debió brindar dicha respuesta al accionante, ya sea la respuesta brindada al Despacho en el sentido de que ya se le había respuesta, o la respuesta que se brindó en la

anterior solicitud”.20 1.12. El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Popayán, dentro del trámite de otra acción de tutela, profirió sentencia el 26 de junio de 2019, en la que ordenó a la SIC entregara al accionante las copias solicitadas, dado que la entidad “no entregó el expediente al actor dentro del término de 3 días siguientes a su falta de respuesta”.21 1.13. El accionante presentó acción de tutela el 11 de julio de 2019, en la que solicitó que se ampararan su derecho fundamental a la dignidad humana en conexidad con el derecho de propiedad privada, así como del derecho al debido proceso; y que en consecuencia se declare la nulidad de todo lo actuado, tanto en el proceso de verificación de cumplimiento como el proceso administrativo de cobro coactivo, que se ordene citar nuevamente a audiencia para la firma del acuerdo de transacción y que allí se le advierta de la sanción en caso de incumplimiento. Posteriormente, el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán, mediante auto del 12 de julio de 2019, admitió la acción y suspendió el trámite de remate del bien inmueble.

2. Respuesta de la entidad demandada22 2.1. El 17 de julio de 2019, el coordinador del Grupo de Trabajo de Gestión Judicial (E) de la SIC presentó escrito en el que inicialmente precisó la naturaleza jurisdiccional de la actuación adelantada y que culminó con la imposición de la multa en contra del accionante. Al respecto, indicó que “no se enmarca dentro de la función administrativa, como quiera que la misma

17 Ibíd., folio 128. 18 Ibíd., folio 62. 19 Ibíd., 57,58 y 59. 20 Ibíd., folio 84. 21 Ibíd. Folio 81. 22 Ibíd., folios 116 a 121. fue tramitada bajo la potestad jurisdiccional atribuida a esta entidad por lo dispuesto en el artículo 58 del Estatuto del Consumidor y el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), subsumiendo las funciones del juez ordinario en materia de Acciones de Protección al Consumidor y un proceso de cobro coactivo de naturaleza administrativa”.23 2.2. Posteriormente, relató los antecedentes fácticos de dicha actuación e indicó que mediante Auto No. 97121 del 18 de octubre de 2016, requirió al accionante para que expusiera los motivos del incumplimiento y demostrara alguna circunstancia eximente de responsabilidad. Del mismo modo, refirió que el auto mediante el cual se impuso la sanción no fue objeto de recurso y quedó ejecutoriado. 2.3. Argumentó que el legislador previó un procedimiento especial para la acción de protección al consumidor en el artículo 58 de la Ley 1480 de 2011, en el que se incluyeron las sanciones que puede imponer la SIC cuando se incumplen los compromisos acordados en una conciliación o transacción. Así mismo, afirmó que “respecto de las sanciones impuestas por el Grupo de Trabajo de Verificación del Cumplimiento, no cabe duda alguna de su naturaleza jurisdiccional (…) la naturaleza de estas sanciones de carácter jurisdiccional y no administrativa, por lo que no es el procedimiento

administrativo establecido en el artículo 60 de la Ley 1480 de 2011, ni las disposiciones del CPACA las que resultan aplicables”.24 2.4. En este sentido, citó un texto académico en el que se explica que la SIC “conoce a la par con los jueces civiles del circuito las demandas de protección al consumidor, que se diferencian de las quejas administrativas en su objeto, el cual ya no versa exclusivamente proteger los derechos colectivos de los consumidores y los usuarios, sino que también tiene por fines proteger a un consumidor o usuario específico (…) Desde el punto de vista adjetivo, el procedimiento se rige por lo contemplado en el Código General del Proceso en lo relativo al proceso verbal sumario, según lo dispuesto en el inciso 4º del artículo (sic) y el artículo 58 de la Ley 1480. Por lo anterior, es clara la regla consistente en que la aplicación del CPACA versa sobre las actuaciones administrativas en caso de no estar reguladas en el Estatuto de Protección al Consumidor y en lo que tiene que ver con las actuaciones jurisdiccionales, es la legislación procesal civil la que aplica”.25 2.5. De igual forma, recordó que la Corte Suprema de Justicia ha “reconocido la naturaleza jurisdiccional del trámite de verificación de cumplimiento”, ejercido por la SIC en el marco del numeral 11 del artículo 58 23 Ibíd., folio 116. 24 Ibíd., folio 117. 25 Cárdenas, Margarita. El Estatuto del Consumidor y su integración con el código de procedimiento administrativo y de los Contencioso Administrativo. En Estudios de Derecho del Consumo: Ley 1480 de 2011. Bogotá. 2017. Pág. 376-377.

de la Ley 1480 de 2011.26 Expuso las diferentes formas con las que se atribuyen funciones jurisdiccionales a autoridades administrativas y destacó que para el caso de esta entidad se dio bajo el supuesto de “la enunciación temática dependiente de un estatuto en la cual la atribución se determina en función del conjunto de normas comprendidas por un estatuto claramente identificable”.27 2.6. Por otra parte, sobre la garantía del debido proceso en el trámite de verificación de cumplimiento, consideró que “se evidencia en la adecuada comunicación de todas las actuaciones del trámite, así como el otorgamiento de las oportunidades para presentar las alegaciones correspondientes (…) simplemente ignoró el requerimiento, lo que tuvo como consecuencia la pérdida de la oportunidad probatoria concedida para evitar la imposición de la multa”.28 Con relación al auto a través del cual se impuso la sanción, precisó que no procedía el recurso de apelación y no fue repuesto, por lo que quedó en firme. 2.7. Señaló que el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011 “confiere a la entidad la posibilidad de imponer las sanciones descritas en sus literales a) y b), dicha facultad potestativa y no obligatoria, lo que no significa arbitraria. En otras palabras, la decisión de imponer o no las sanciones allí descritas, no atiende a las particularidades de cada caso, sino obedece a un criterio objetivo establecido en esa norma (…) la capacidad económica del demandado o el monto de la obligación incumplida, para fijar el valor de la sanción. Se trata de una tasación objetiva, fijada en la ley y de

la que el juez no se puede salir”.29 2.8. Respecto a la tasación de las sanciones, señaló que con la norma se “castiga el retardo en el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia o de lo ordenado en la conciliación o transacción, según sea el caso. Por ello, la magnitud de la multa o la duración del cierre del establecimiento de comercio, obedecen a los días de incumplimiento o al tiempo que se demore la acreditación del cumplimiento, respectivamente”.30 2.9. Sobre ejercicio oportuno de las facultades sancionatorias judiciales de la SIC, señaló que los veintitresmil (23.000) expedientes “se atienden en estricto orden de reparto correspondiente y se evacuan en el menor tiempo posible, atendiendo a la disponibilidad de los recursos materiales y humanos destinados para el efecto”.31 26 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 16 de agosto de 2018. MP. Octavio Augusto Tejeiro. 27 Corte Constitucional. Sentencia C-436 de 2013. MP. Mauricio González Cuervo. 28 Cuaderno de primera instancia, folio 118. 29 Ibíd., folio 119. 30 Ibíd. 31 Ibíd. 2.10. Finalmente, en lo que concierne al proceso de cobro coactivo, sostuvo que conforme a la Ley 1066 de 2006, la entidad tiene jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones a su favor, con base al procedimiento previsto en el Estatuto Tributario-ET, sin que sea necesario el agotamiento de la vía gubernativa. Agregó que con base a los artículos 837 a 839 del ET en

concordancia con el Libro Tercero, Sección segunda, Titulo único del Proceso Ejecutivo, Capítulo VII, cuentan con “toda la capacidad y competencia legal para decretar cualquier tipo de embargo de bienes o dineros de propiedad de los ejecutados por dicha jurisdicción, para amparar con ello las deudas pendientes de pago”.32

3. Respuesta de Rubén Darío Gómez Hurtado33 3.1. El acreedor de la suma de dinero pactada en el acuerdo transaccional señaló que “ante esta situación me veo en la necesidad de aclarar que la intención del suscrito no era llegar ante exagerada sanción, poniendo en riesgo un bien inmueble del núcleo familiar del señor deudor (…) siendo mi único interés la devolución de un dinero adeudado. Solicito al Despacho buscar alternativas jurídicas para revocar dicha medida de embargo y remate garantizándome el pago de lo adeudado más sus intereses de mora”.34

4. Decisiones judiciales objeto de revisión 4.1. Decisión de primera instancia35 4.1.1. El Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán, mediante auto del 12 de julio de 2019 admitió la acción de tutela presentada por el accionante y “teniendo en cuenta que EVER PRADO GUERRERO asegura que su casa está embargada y que se encuentra pendiente de remate, el Despacho decretará como medida cautelar SUSPENDER el trámite de remate”.36 4.1.2. Posteriormente, el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Popayán, mediante sentencia de julio 25 de 2019, declaró

improcedente el amparo constitucional. En primer lugar, estimó que se trata de un proceso de naturaleza jurisdiccional y posteriormente sostuvo que no se cumplió con el presupuesto de subsidiariedad, “como quiera que convocante y convocado terminaron el proceso a través de un acuerdo de transacción, no se dio aplicación a todas las etapas del proceso verbal sumario, sino que se efectuaron algunos trámites posteriores al acuerdo de transacción, previos a la imposición de la sanción, en los que se evidenció la omisión por parte del 32 Ibíd., folio 120. 33 Ibíd., folios 113 y 114. 34 Ibíd., folio 114. 35 Ibíd., folios 171 a 187. 36 Ibíd., folio 87A. accionante, en el ejercicio de los recursos o herramientas necesarias para ejercer su derecho a la defensa”.37 4.1.3. Agregó que el actor no justificó el incumplimiento una vez recibió el requerimiento de pago de la SIC, en el que además le advertían de la imposición de la sanción38 y que “en tanto el actor considera exagerada la multa que le fue impuesta, tuvo la posibilidad, además de interponer el recurso de la vía gubernativa, demandar el auto a través de la jurisdicción contencioso administrativa, pero tampoco lo hizo”. 39 Del mismo modo, afirmó que el accionante no aportó las pruebas que demuestren el cumplimiento de los requisitos exigidos por la jurisprudencia para que, “pese a no haber hecho uso de los recursos ordinarios previstos para invocar la protección de sus derechos fundamentales, haya lugar a la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. Es decir, no acreditó la falta de

idoneidad y eficacia”.40 4.1.4. Así mismo, señaló que, dado que para ese momento se encontraba en etapa de notificación el mandamiento de pago, el actor podía proponer las excepciones del art. 831 del Estatuto Tributario. Finalmente, concluyó que el peticionario pretende trasladar al ámbito de la tutela una discusión que debió plantearse con el recurso de reposición y levantó la medida provisional decretada. 4.2. Impugnación41 4.2.1. El actor destacó que, si el Juez de Primera Instancia considera que el proceso es de naturaleza jurisdiccional, los autos no serían objeto de control ante el Juez Administrativo, “por lo que no es cierto que contaba con ese medio de defensa judicial”.42 4.2.2. Con relación a la falta de idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios, argumentó que la entidad dejó pasar cuatrocientos (479) días para la imposición de la sanción y que “con la notificación hecha del auto sancionatorio, se advierte que contra el mismo únicamente procedía el recurso de reposición, pues si su naturaleza es la del verbal sumario del CGP, dichos procesos son de única instancia”.43 4.2.3. Además, apuntó que, si se aplican las normas del proceso verbal sumario, “significa que la multa debió imponerse de manera ágil, una vez no contesté el requerimiento, lo cual habría traído como resultado una multa proporcionada al hecho debatido. Por ejemplo, si pasados 15 días desde que 37 Ibíd., folio 184. 38 Ibíd., 183.

39 Ibíd., folio 186. 40 Ibíd. 41 Ibíd., folios 217 a 221. 42 Ibíd., folio 218. 43 Ibíd., folio 219. fui requerido se me impone la multa establecida en la norma, el monto alcanza el valor de $1.580.822, el cual es una suma que aunque alta, puede ser pagada por cuotas sin que se vea afectado mi único patrimonio”.44 4.2.4. Por otra parte, resaltó que fue notificado del mandamiento de pago en dos oportunidades, primero el 12 de octubre de 2018 y luego el 29 de julio de 2019,45 con lo que “reviven la notificación del mandamiento de pago por aviso, con la finalidad de demostrar que no estoy legitimado para actuar por este medio, por el requisito de subsidiariedad”. 4.3. Decisión de Segunda Instancia46 4.3.1. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, mediante sentencia de agosto 29 de 2019, confirmó el fallo de primera instancia. Consideró que no se probó justificación alguna para no ejercer los medios de defensa judicial previstos en el ordenamiento jurídico, como tampoco estimó la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Agregó que el actor pudo haber cumplido la obligación desde el año 2016 y evitar la sanción. Del mismo modo, sostuvo que la acción era improcedente debido a que el proceso ante la SIC aún no había terminado, pues dicha entidad informó que se encontraba en etapa de notificación del mandamiento de pago, “de esta manera, puede ejercer su derecho de defensa y contradicción frente a tal decisión”.47

5. Actuaciones en sede de revisión

5.1. La magistrada sustanciadora, mediante auto del 26 de febrero de 2020, ordenó al accionante que informara si el inmueble embargado le reporta alguna utilidad y que describiera su situación económica actual. El actor, con escrito del 10 de marzo de 2020, comunicó que vive en casa de su suegra junto con su esposa, sus ingresos nos son fijos pues provienen del trabajo que realiza como cerrajero, actividad que desarrolla de manera informal en el antejardín de la casa, “muchas veces en un mes no alcanzo a reunir el salario mínimo”.48 Agregó que espera arrendar el inmueble para tener un ingreso fijo, luego de que resuelva un litigio actual sobre el mismo, pues al parecer la madre del actor lo habría vendido antes de morir, a través de un documento privado y la compradora ejerce actualmente la posesión del bien. 5.2. La Sala Séptima de Revisión, mediante auto del 10 de marzo de 2020, ordenó como medida provisional, que el Grupo de Trabajo de Cobro Coactivo de la SIC suspendiera de manera inmediata el trámite de cobro coactivo que adelanta en contra de Ever Prado Guerrero. 44 Ibíd. 45 Ibíd., folios 222 y 224. 46 Ibíd., folios 234 a 240. 47 Ibíd., folio 239. 48 Cuaderno de revisión, folio 38.

I. CONSIDERACIONES

1. Competencia y procedencia 1.1. La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional es competente de conformidad con los artículos 86 y 241 de la Constitución y con el Decreto 2591 de 1991, para revisar los fallos de tutela adoptados en los

procesos de la referencia. Cuestión previa 1.2. Teniendo en cuenta que el accionante está cuestionando el Auto No. 00103056 del 3 de noviembre de 2017, por medio del cual la SIC le impuso una multa, corresponde, en primer lugar, examinar si se trata de una providencia judicial. Para ello, es necesario precisar que esta decisión fue proferida por el Despacho del Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales, dependencia que, conforme al artículo 21 del Decreto 4886 de 2011,49 tiene a su cargo adelantar "funciones jurisdiccionales de protección al consumidor”. Es decir, atendiendo a un criterio orgánico, el auto corresponde a una decisión judicial, en tanto fue expedida por una dependencia que se ocupa de adelantar asuntos judiciales. 1.3. Por otra parte, la Sala de Revisión advierte que la decisión cuestionada fue adoptada por la SIC en ejercicio de las funciones jurisdiccionales que fueron atribuidas por la ley 446 de 1998,50 y la ley 1480 de 1992. Al respecto, el Consejo de Estado ha explicado que esta última ley o Estatuto del Consumidor “dejo enunciado que para la aplicación del Estatuto del Consumidor, las autoridades tendrían las funciones administrativas y jurisdiccionales establecidas en el mismo estatuto (…) la citada ley mantuvo a la SIC como la entidad encargada de velar por la protección de los derechos del consumidor; igualmente conservó en la superintendencia y en el juez, la competencia a prevención para las acciones jurisdiccionales (artículo 58). En efecto, el fundamento normativo invocado por la entidad accionada para

imponer la muta, es la facultad que se encuentra regulada en el ya citado artículo 58 del Estatuto del consumidor. 1.4. Finalmente, debe destacarse que la decisión cuestionada no es una resolución, sino que se trata de un auto, es decir, de una providencia judicial, conforme a la clasificación prevista en el artículo 278 del Código General del Proceso, según la cual “las providencias del juez pueden ser autos o sentencias”. 1.5. Con base en estas tres razones, la Sala concluye que el Auto No. 49 “Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones” 50 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Consejero ponente Germán Alberto Bula Escobar. Radicación 11001-03-06-000-2018-00027-00(C). 23 de enero de 2019. 00103056 del 3 de noviembre de 2017, proferido por el Grupo de Trabajo de Verificación de Cumplimiento del Despacho del Superintendente Delegado para Asuntos Jurisdiccionales, es una providencia judicial. 1.6. Ahora bien, una vez establecida la naturaleza jurídica de la decisión adoptada por la SIC, corresponde a la Sala de Revisión estudiar en el caso que se revisa: (i) la legitimación activa y pasiva. (ii) la procedencia excepcional de la tutela contra providencia judicial. (iii) el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. (i) Legitimación activa y pasiva. 1.7. En cuanto a la legitimación pasiva, es necesario precisar que la SIC es

“un organismo de carácter técnico adscrito al Ministerio de Desarrollo Económico, que goza de autonomía administrativa, financiera y presupuestal”,51 por tanto, es una entidad de naturaleza pública. En este sentido, han sido varias las oportunidades en las que este Tribunal ha decidido acciones de tutela dirigidas contra esta entidad y en las que ha precisado que “dado que las superintendencias tienen la característica de ser también áutoridades administrativas, la Corte ha considerado como constitucionales, aquellas normas que les asignan funciones jurisdiccionales, siempre y cuando se respeten los criterios mínimos para el ejercicio de la actividad judicial”.52 En la tutela que se examina, el amparo fue dirigido en contra de la SIC por la presunta vulneración del derecho al debido proceso dentro de un trámite en el que actuó investido de competencias jurisdiccionales, de manera que la legitimación pasiva está acreditada. 1.8. Por su parte, la persona sancionada dentro del proceso de verificación de cumplimiento adelantado por la SIC y por ello titular del derecho al debido proceso presuntamente vulnerado dentro de dicho trámite, es la misma que interpuso la tutela que es objeto de estudio en esta providencia, de manera que el requisito de legitimación por activa también se encuentra satisfecho. (ii) Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y requisitos generales de procedencia. 1.9. Esta Corporación ha definido que la procedencia de la acción de tutela es excepcional para cuestionar sentencias judiciales, debido a que este criterio asegura que dichas prov