CC - T400-2020

Sentencia T-400/20

DEBIDO PROCESO EN ACTUACIONES DISCIPLINARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS-Reiteración de jurisprudencia

SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR-Objetivo y funciones COMITE ESCOLAR DE CONVIVENCIA-Finalidad AGRESION ESCOLAR-Concepto/AGRESION ESCOLARSituaciones que regula Situaciones Tipo I, que corresponden a los conflictos manejados inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud. Situaciones Tipo II, que corresponden a hechos de agresión escolar, acoso escolar (bullying) y ciberacoso (ciberbullying), que no revistan las características de la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las siguientes características: a) que se presenten de manera repetida o sistemática, y b) que causen daños al cuerpo o a la salud (incluida la mental) sin generar incapacidad alguna para cualquiera de los involucrados. Y, finalmente, situaciones Tipo III, que corresponden a hechos de agresión escolar que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, la integridad y la formación sexual, referidos en el Título IV del Libro II de la Ley 599 de 2000 (Código Penal), o cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana vigente.

AGRESION ESCOLAR A TRAVES DE MEDIOS

ELECTRONICOS

MANUAL DE CONVIVENCIA-Naturaleza/MANUAL DE

CONVIVENCIA-Finalidad

DEBIDO PROCESO DISCIPLINARIO EN ESTABLECIMIENTO

EDUCATIVO-Requisitos del manual de convivencia DEBIDO PROCESO EN ACTUACIONES DISCIPLINARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS-Proporcionalidad en la sanción Hacer depender la duración de la suspensión preventiva del estudiante al tiempo que le tome a la autoridad competente determinar la culpabilidad o inocencia del accionante, es desproporcionado. Lo anterior, porque deja en suspenso la definición de la situación disciplinaria del estudiante hasta que la autoridad jurisdiccional en su competencia penal decida, sin tomar en consideración que en la práctica los procesos penales tienen una larga duración en sus fases de indagación, investigación y juicio oral. 2 DEBIDO PROCESO-Procedimiento adecuado en institución educativa Si bien la Sala constata que la suspensión del disciplinado “hasta que los entes competentes determinen el grado de culpabilidad y la sanción que la ley contempla” no cumple postulados de proporcionalidad, dada su indeterminación, también encuentra que la suspensión fue razonable y necesaria en función de la gravedad de la falta cometida, los bienes jurídicos afectados y el propósito pedagógico. Así, fue razonable en la medida en que persiguió un fin constitucionalmente legítimo, y necesaria porque ante la gravedad de los hechos comprobados por las autoridades de la Institución Educativa se requería adoptar una decisión de separación del estudiante del plantel, en cumplimiento de su obligación de asistir y proteger a la niña implicada para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos (art. 44 C.P.). EDUCACION COMO DERECHO-DEBER-Para la institución

educativa y para los estudiantes o padres de familia, de manera recíproca MANUAL DE CONVIVENCIA-Proporcionalidad y razonabilidad de las directrices implantadas en manuales de convivencia estudiantil DEBIDO PROCESO EN ACTUACIONES DISCIPLINARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS-No vulneración a estudiante, quien fue suspendido indefinidamente por solicitar y obtener imágenes íntimas de una menor de edad

Referencia: Expediente T-7.679.077

Acción de tutela presentada por JHTZ, en representación de su hijo JETF, en contra de la IEJPI

Magistrado sustanciador:

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Bogotá, D. C., catorce (14) de septiembre de dos mil veinte (2020) La Sala Quinta de Revisión, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, pronuncia la siguiente

SENTENCIA

3 En el trámite de revisión de los fallos proferidos, en primera instancia, por el Juzgado Promiscuo Municipal de La Llanada, Nariño, el 14 de agosto de 2019, y en segunda instancia, por el Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Samaniego, Nariño, el 27 de septiembre de 2019, dentro del proceso de tutela iniciado por JHTZ, en representación de su hijo JETF, en contra de la IEJPI, con vinculación oficiosa de la Comisaría de Familia y la Personería Municipal de Llanada, Nariño. El expediente de la referencia fue seleccionado para revisión por la Sala de Selección de Tutelas Número Once, mediante auto del 26 de noviembre de 2019, y notificado el 27 de noviembre del mismo año1.

Aclaración previa En reconocimiento del derecho a la intimidad y los demás derechos fundamentales de los adolescentes y las familias involucradas en el presente proceso, la Sala Quinta de Revisión decidió ocultar sus nombres y los de sus familiares más cercanos, al igual que otros datos e información que permiten su identificación, consignando solo sus iniciales. Lo anterior, en la medida en que la sentencia contiene datos sensibles por estar asociados a la vida sexual de las personas, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 20122, y sobre ellos está prohibido su tratamiento, más aun en cuanto involucran adolescentes (arts. 6 y 7 ib.).

I. ANTECEDENTES

1. Demanda y solicitud El señor JHTZ, en representación de su hijo JETF, de 15 años3, presentó demanda de tutela en contra de la IEJPI (en adelante la Institución Educativa), con el propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la educación, a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, al debido proceso, a la defensa, a la legalidad y a la presunción de inocencia. Sostuvo que la institución accionada afectó los derechos del adolescente debido a la decisión del Comité Escolar de Convivencia, ratificada por el Consejo Directivo, de suspenderlo indefinidamente de manera preventiva, como resultado de un procedimiento disciplinario adelantado por la conducta de solicitar y obtener, a través de medios electrónicos, material fotográfico de carácter íntimo de una niña de 12 años, también vinculada a la Institución Educativa. 1 Folios 2 al 18 del cuaderno de revisión.

2 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”. 3 A folio 15 del cuaderno principal obra copia del registro civil de nacimiento de JETF, con fecha de nacimiento del 19 de marzo de 2005. En el documento se indica que el padre es JHTZ. En adelante, los folios a que se haga referencia corresponderán al cuaderno principal a menos que se señale otra cosa. 4 A continuación, se exponen los hechos más relevantes que fueron descritos en la demanda4: 1.1. El Colegio inició un procedimiento disciplinario en contra del estudiante JETF, quien cursaba para la época 8º grado de bachillerato, a partir de una queja presentada por una madre de familia y su hermana, el 8 de abril de

2019. La queja daba cuenta de la presunta comisión de un delito por parte del adolescente debido a que obtuvo e hizo público, a través de medios informáticos, “material fotográfico de carácter íntimo de una menor de edad, también vinculada a la institución educativa”5. 1.2. El Comité Escolar de Convivencia de la institución conoció el asunto. En la investigación adelantada comprobó que JETF, de 14 años para la época de ocurrencia de los hechos, sostuvo una relación sentimental con una niña de 12 años, también estudiante de la institución. Además, que aprovechando dicha circunstancia, de manera insistente, le solicitó el envío de fotografías íntimas, como el mismo lo reconoce en la declaración realizada ante la psicóloga adscrita a la Comisaría de Familia de La Llanada, el 15 de abril de 2019.

1.3. El Comité Escolar de Convivencia consideró que la conducta de solicitar y obtener imágenes íntimas de una niña de 12 años no solo constituye una infracción al Manual de Convivencia, que califica la conducta como una situación Tipo III, sino también un delito tipificado en la legislación penal vigente. 1.4. El Comité, dando aplicación al Manual de Convivencia, decidió imponer la sanción de suspensión preventiva del estudiante durante el tiempo que le tome a la Fiscalía General de la Nación y al juez penal de adolescentes determinar la culpabilidad o inocencia de JETF. 1.5. El representante legal del estudiante señaló que la anterior decisión fue apelada ante el Consejo Directivo de la Institución Educativa, quien ratificó la sanción mediante la Resolución 006 del 6 de junio de 20196. 1.6. El padre del adolescente sostuvo que en el numeral 12 de la Resolución 006 del 6 de junio de 2019 se menciona la posible comisión de un delito “sin que la Institución Educativa determine y establezca cuál es la supuesta conducta punible tipificada en el Código Penal, Ley 599 de 2000”7. Esta 4 La demanda y sus anexos obran a folios 1 al 15. 5 Folio 1. 6 En el numeral 1 de la parte resolutiva de la Resolución 006 del 6 de junio de 2019, proferida por el Consejo Directivo de la Institución Educativa, se lee: “Suspender de manera preventiva al estudiante [JETF], vinculado a esta institución educativa donde cursa grado octavo de educación básica secundaria, en concordancia y obediencia a lo estipulado en el manual de convivencia institucional, artículo 19, donde se

define el procedimiento disciplinario para las situaciones tipo III. La duración de la suspensión estará sujeta al tiempo que duren las etapas probatoria y decisoria, llevadas a cabo por la Fiscalía General de la Nación y por un juez de menores. La suspensión se hará efectiva a partir de la entrada en vigor de la presente resolución, mediante la firma por parte de los miembros del Consejo Directivo de la institución educativa” (folio 13). 7 Folio 2. 5 circunstancia constituye el fundamento para que la sanción impuesta se prolongue indefinidamente, ya que se hace depender su duración del tiempo que demoren las etapas probatoria y decisoria llevadas a cabo por la Fiscalía General de la Nación y por un juez penal de adolescentes, afectando el derecho de JETF de continuar su proceso educativo. 1.7. El padre del adolescente solicitó que se protejan los derechos del estudiante y, en consecuencia, se deje sin efectos la Resolución 006 del 6 de junio de 2019, ordenando su reingreso a la Institución Educativa. Adicionalmente, pidió que se exhorte a la comunidad académica para que se abstenga de realizar señalamientos e imputaciones en contra de JETF. Con la demanda se aportaron las siguientes pruebas documentales relevantes: - Fotocopia de la Resolución 006 de junio 6 de 2019, proferida por el Consejo Directivo, en la que se decidió suspender preventivamente a un estudiante de la Institución Educativa8. - Fotocopia del acta de notificación personal de la sanción impuesta por infracción disciplinaria al Manual de Convivencia, fechada el 10 de

junio de 20199.

2. Respuestas de las entidades demandadas y vinculadas 2.1. El Juzgado Promiscuo Municipal de La Llanada, Nariño, mediante auto del 19 de junio de 2019, admitió la acción de tutela descrita y ordenó la notificación de la misma al coordinador académico de la Institución Educativa para que diera oportuna respuesta. Adicionalmente, vinculó al trámite a la Comisaría de Familia y a la Personería Municipal de La Llanada, Nariño, para que ayudaran con la obtención de mejores elementos de juicio10. 2.2. El 25 de junio de 2019, el coordinador académico de la Institución Educativa11 solicitó negar las peticiones invocadas en la acción de tutela al estimar que no se vulneraron los derechos fundamentales del estudiante sancionado porque el procedimiento disciplinario adelantado se llevó a cabo dentro del marco legal y reglamentario de la institución12. Además, cumplió lo 8 Folios 10 al 14. 9 Folio 9. 10 Folio 16. 11 Señor ERC. El escrito de respuesta obra a folios 18 al 26. 12 Explicó que el Manual de Convivencia de la Institución Educativa, en su artículo 19, establece el procedimiento disciplinario para situaciones Tipo III: “Ante la ocurrencia de una situación tipo III, y merced a la gravedad de este tipo de situaciones, se deberá proceder inmediatamente a realizar la respectiva denuncia ante la autoridad competente, quien será la que tenga a su cargo las etapas probatoria y decisoria. || Una vez efectuada la denuncia, la institución educativa en observancia y obediencia del principio legal que postula el

interés colectivo sobre el interés particular procederá a suspender preventivamente al o los acusados, hasta que los entes competentes determinen el grado de culpabilidad y la sanción que la ley contempla. || Si se encuentra algún grado de culpabilidad, la institución educativa llevará a cabo la cancelación del respectivo contrato de matrícula. Si el o los acusados son declarados inocentes, serán reintegrados de manera inmediata a la institución. || PARÁGRAFO 1: Si los entes competentes declaran la culpabilidad de el o los acusados y les impone una sanción, pero el acto concreto por el que se efectuó la denuncia no representa un peligro inminente [o] inevitable para la comunidad educativa, el comité escolar de convivencia podrá previo análisis 6 ordenado en la sentencia de tutela proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de La Llanada, Nariño13. 2.2.1. En primer lugar, precisó los siguientes hechos: - No es cierto que el estudiante haya apelado la decisión del Comité Escolar de Convivencia. Si bien a JETF y a su acudiente, el señor JHTZ, se les notificó la decisión adoptada por el Comité y se les informó que podían hacer uso del recurso de apelación ante el Consejo Directivo de la institución, no hicieron uso de tal mecanismo de defensa. En la sesión del Consejo Directivo, a la que no asistieron ni el disciplinado ni su acudiente, a pesar de haber sido informados de la fecha, hora y lugar en que se llevaría a cabo, se revisó oficiosamente la decisión del Comité Escolar de Convivencia y se resolvió su

ratificación. - En la Resolución 006 del 6 de junio de 2019 no se hace mención explícita a la conducta punible en la que supuestamente pudo haber incurrido el adolescente según el Código Penal. Lo que sí se hace es relatar de manera breve en la parte motiva la razón por la que se dio inicio al procedimiento disciplinario. - El procedimiento disciplinario se basa principalmente en una infracción del Manual de Convivencia y no del Código Penal (Ley 599 de 2000). Ello debido a que ni el Comité Escolar de Convivencia ni el Consejo Directivo son autoridades judiciales, sino que son autoridades disciplinarias al interior de la Institución Educativa. del caso recomendar el reingreso del o los acusados, siempre que medie compromiso legal vigente en comisaría de familia o entidad correspondiente quienes se constituirán en garantes de cumplimiento. || PARÁGRAFO 2: Si después del proceso de reingreso mencionado en el parágrafo anterior se diera reincidencia en la comisión de una situación tipo I, II o III, la institución educativa procederá a cancelar de manera inmediata el contrato de matrícula del o los estudiantes involucrados durante lo que reste del año escolar, en concordancia con lo que la jurisprudencia emitida al respecto estipula” (mayúsculas originales) (folios 23 y 24). 13 Se precisó que en una acción de tutela anteriormente presentada por el adolescente JETF en contra de la Institución Educativa, por la vulneración de su derecho al debido proceso en el marco del procedimiento disciplinario que en su contra se adelantaba, el Juzgado Promiscuo Municipal de La Llanada, Nariño, en la

sentencia de tutela No. 12 del 9 de mayo 2019, proferida bajo el radicado 2019-0002800, decidió: “CUARTO: Ordenar al coordinador académico de la [IEJPI], […], inicie nuevamente el proceso disciplinario que se debe adelantar en contra de [JETF], atendiendo lo señalado en las consideraciones de la presente sentencia. Para lo anterior, a fin de que exista la mayor celeridad y eficiencia en el proceso, podrá ampararse y tendrán total validez los elementos de prueba recaudados dentro del trámite nulitado, los recopilados por parte de la Comisaría de Familia municipal y los allegados al trámite de la presente acción de tutela, siempre y cuando dentro de los mismos no se hayan transgredido los derechos amparados al actor. En todo caso, el proceso disciplinario deberá concluirse en el menor tiempo posible” (mayúsculas originales). “SEXTO: Ordenar al coordinador académico de la [Institución Educativa], con asesoría del COMISARIO DE FAMILIA municipal, […], envíe la denuncia y los demás documentos que sirvan como soporte de la misma, ante el FISCAL 47 SECCIONAL del municipio de Samaniego, Nariño, para lo de su competencia. Corresponderá al coordinador académico y al comisario de familia municipal, estar al tanto de la investigación que se realizará por parte del ente acusador, colaborando en su desarrollo eficaz e impulsándola para obtener un resultado en el menor tiempo posible” (folio 63). 7 - El estudiante y su acudiente sí fueron informados de la falta cometida de acuerdo al Manual de Convivencia de la Institución Educativa, así

como de las personas que colocaron la queja en contra del adolescente, tal como consta en el acta de notificación de apertura del procedimiento disciplinario fechada el 14 de mayo de 2019. En la misma diligencia, se les corrió traslado de todo el expediente, con las pruebas recaudadas, para que hicieran uso de su derecho de defensa. 2.2.2. En segundo lugar, planteó su oposición a las peticiones de la acción de tutela y explicó: - Declarar la nulidad de las actuaciones disciplinarias adelantadas por la Institución Educativa implicaría desproteger a una adolescente que en la actualidad tiene 13 años, que debe considerarse como sujeto de especial protección constitucional. - La decisión de sancionar al estudiante tiene fines educativos y preventivos, ya que pretende “educar desde el respeto por la ley y evitar que se genere una cultura de la impunidad en la institución educativa que, a futuro, sea la detonante de comportamientos que revistan una mayor gravedad”14. - Ordenar el reingreso del estudiante “causaría un traumatismo en el control de la sana convivencia dentro de la institución, ya que es posible que esto pueda fomentar entre los estudiantes, la idea de que se puede pasar por alto el manual de convivencia y que no existirán consecuencias”15. - Los miembros del personal administrativo, docente y directivo no han asumido comportamientos abusivos e irresponsables en contra del estudiante, como se da a entender en la acción de tutela. Señaló: “Siempre se ha operado tratando de salvaguardar la intimidad de todas las personas involucradas en el proceso, tal y como lo exige la

ley de convivencia escolar”16. 2.2.3. En tercer lugar, concluyó que al estudiante se le brindaron las garantías procesales que la ley exige. Así, “se le informó de la apertura de un proceso disciplinario, el motivo por el cual se abre proceso disciplinario, la falta contra el manual de convivencia en la que incurrió, se le trasladaron las pruebas y el expediente, se le dio la oportunidad de comparecer a las reuniones del comité escolar de convivencia con el fin de sustentar su defensa y se le dio la oportunidad de apelar ante el consejo directivo”17. 14 Folio 20. 15 Folio 20. 16 Folio 20. 17 Folio 24. 8 El coordinador académico de la Institución Educativa explicó que en todas las actuaciones hubo supervisión y acompañamiento de la Comisaría de Familia y la Personería Municipal de La Llanada, Nariño. Además, que al realizarse un nuevo procedimiento en cumplimiento de la orden impartida por el Juzgado Promiscuo Municipal de La Llanada, Nariño18, se le informó oportunamente a dicho despacho judicial todas las actuaciones llevadas a cabo. Adicionalmente, precisó que la decisión que impuso la sanción al estudiante no desconoció su derecho a la presunción de inocencia, porque la “suspensión preventiva” no materializa una acción de tipo acusatorio o punitivo. La Institución Educativa aplicó una disposición preventiva, no definitiva, consagrada en el Manual de Convivencia para una situación tipo III y que se orienta a la protección de las personas afectadas por el comportamiento del estudiante suspendido.

2.2.4. Finalmente, solicitó que se considere que la presentación de la acción de tutela bajo estudio constituye una actuación temeraria del señor JHTZ. Ello debido a que pretende el amparo de los mismos derechos fundamentales invocados en una anterior acción de tutela que guarda identidad de partes, de objeto y de causa con la presente. 2.2.5. Con la respuesta se aportó copia de los documentos que hacen parte del expediente del nuevo procedimiento disciplinario adelantado por la Institución Educativa al estudiante y copia de pruebas documentales relevantes que fueron obtenidas en el procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos adelantado en la Comisaría de Familia de La Llanada, Nariño19. A dichas piezas procesales se hará referencia concreta en la solución del caso concreto. 2.3. El 21 de junio de 2019, el personero municipal de La Llanada20 solicitó que se revise el cumplimiento de la acción de tutela radicada con el No. 20190002800 que se tramitó en el Juzgado Promiscuo Municipal de La Llanada, Nariño, pues algunos de los hechos de la presente acción de amparo se enmarcan en la que previamente se había presentado. Adicionalmente, pidió la desvinculación de la entidad señalando que ha actuado en el marco de la Constitución y la ley21.

3. Decisión que se revisa del juez de tutela de primera instancia 18 Sentencia de tutela No. 12 del 9 de mayo 2019, proferida bajo el radicado 2019-0002800. 19 Entre las pruebas aportadas se encuentra la copia de los informes psicológicos que dan cuenta de las

entrevistas y las evaluaciones realizadas a SLCP y MARM, estudiantes de la institución educativa, por efectos de la presunta difusión de fotografías íntimas suyas por parte de otros estudiantes. Igualmente, se aportó copia del informe psicológico que contiene la entrevista y la evaluación realizada a JETF, en razón de los procedimientos que se abrieron en su contra por las declaraciones dadas por SLCP y MARM. 20 Doctor Jaime Guerrón Vallejo. 21 El escrito obra a folio 107. 9 3.1. El Juzgado Promiscuo Municipal de la Llanada, Nariño, mediante sentencia del 4 de julio de 2019, negó la protección de los derechos invocados por el representante legal del accionante22, quien inconforme con la decisión presentó impugnación. El recurso correspondió decidirlo al Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Samaniego, Nariño, quien, mediante auto del 23 de julio de 201923, declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio, al considerar que no se integró debidamente el contradictorio por no haber notificado la admisión de la demanda al representante legal de la Institución Educativa. Así, ordenó la devolución del asunto al juez de primera instancia con el fin de que reiniciara el proceso, pero dejando plena validez a las pruebas recaudadas. 3.2. El Juzgado Promiscuo Municipal de la Llanada, Nariño, en acatamiento a lo dispuesto por el juez de segunda instancia, mediante auto del 1 de agosto de 2019, reinició el trámite de la acción de tutela y notificó a la rectora y al

coordinador académico de la Institución Educativa para que ejercieran el derecho de defensa24. Adicionalmente, dispuso la vinculación del comisario de familia y del personero municipal de La Llanada y declaró tener como pruebas válidas las documentales presentadas con la demanda y las recaudadas en el trámite que antecedió a la nulidad25. 3.3. Habiendo superado los defectos que ocasionaron la declaratoria de nulidad, el Juzgado Promiscuo Municipal de la Llanada, Nariño, mediante sentencia del 14 de agosto de 2019, negó la protección de los derechos invocados por el demandante al concluir que la Institución Educativa respetó las garantías y derechos procesales en el marco del procedimiento disciplinario adelantado26. En el análisis del caso siguió el precedente fijado en la Sentencia T-240 de 2018. Señaló: “La sanción impuesta no fue una decisión arbitraria, irrazonable o desproporcionada, ya que luego de un proceso disciplinario adelantado con el respeto de las garantías que corresponde, la institución educativa impuso al estudiante una suspensión contenida en el manual de convivencia (artículo 19), con lo que se […] respetó el principio de legalidad de las faltas y sanciones, y ante la 22 El fallo obra a folios 108 al 116. 23 La decisión obra a folios 3 al 5 del cuaderno de impugnación. 24 El juez de primera instancia explicó que la Institución Educativa no tuvo rector o director durante parte del 2019, razón por la que fue notificado el coordinador académico, directivo docente que asumió dicho rol con

la totalidad de funciones y competencias. También señaló que el 18 de julio de 2019, momento en el que ya se había dictado el fallo de primera instancia, se había presentado la impugnación y hecho la remisión del expediente al juez de segunda instancia, el secretario de educación del Departamento de Nariño, mediante Resolución No. 2656 de 2019, encargó temporalmente como directivo docente - rector en la Institución Educativa a SMAC, a quien, una vez fue reiniciado el trámite, se le notificó el auto admisorio de la acción de tutela (folio 161). 25 La rectora SMAC, encargada temporalmente del cargo mediante Resolución 2656 del 18 de julio de 2019 de la Secretaría de Educación del Departamento de Nariño (folios 144 y 145), el 2 de agosto de 2019, radicó el mismo escrito de respuesta que con anterioridad había presentado el coordinador de la Institución Educativa, ERC (folios 135 al 143). 26 La sentencia obra a folio 156 al 165. 10 gravedad de la conducta del estudiante, misma que excede el escenario de la institución para dar paso al judicial, aplicó la sanción preventiva correspondiente”27. En la providencia se explicó que, con radicado No. 2019-0002800, se tramitó una acción de tutela directamente presentada por el adolescente JETF en contra de la Institución Educativa y el docente orientador de dicho establecimiento. La solicitud de amparo se fundamentó en que el Colegio adelantó un procedimiento disciplinario anterior al que es objeto de debate en el presente proceso en contra del joven, vulnerando derechos fundamentales como el debido proceso y el derecho de defensa. En la sentencia de tutela se

protegieron los derechos vulnerados del estudiante, ordenando a la Institución Educativa iniciar nuevamente el procedimiento disciplinario bajo claras reglas de respeto al debido proceso y a la defensa del disciplinado28.

4. Impugnación El 21 de agosto de 2019, el representante legal del adolescente impugnó la sentencia de primera instancia. Cuestionó que no se diera solución a la controversia constitucional planteada y que tiene que ver con que la sanción que se impuso a su hijo, en aplicación del artículo 19 del Manual de Convivencia de la Institución, no cumple los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad. Afirmó que las sanciones aplicables a los adolescentes deben cumplir una finalidad protectora, educativa y restaurativa, de acuerdo con el artículo 178 de la Ley 1098 de 200629.

Adicionalmente, sostuvo que la suspensión preventiva de su hijo es desproporcionada en la medida en que no fija un límite. Es así que la sanción está vigente hasta que las autoridades competentes en lo penal determinen el grado de culpabilidad y la sanción aplicable, y es de amplio conocimiento que por múltiples factores los procesos judiciales en Colombia duran bastante tiempo. El impugnante afirmó que la sanción es irrazonable porque debido a que es ilimitada en el tiempo, ello implica que se prive al adolescente de su derecho a la educación mientras que la justicia ordinaria define su responsabilidad. Finalmente, afirmó que es innecesaria porque se podría haber tomado otra medida menos gravosa que respete tanto los derechos de las supuestas víctimas como del adolescente implicado. En razón de lo anterior, le solicitó al juez de segunda instancia que revoque la

sentencia impugnada. En su reemplazo, que declare la protección de los derechos fundamentales del adolescente a la educación, al debido proceso y a la presunción de inocencia, inaplique al caso concreto el artículo 19 del Manual de Convivencia por contrariar la Constitución y ordene su reingreso a la Institución Educativa. 27 Folio 164, reverso. 28 Folios 162, reverso, y 163. 29 El escrito obra a folios 167 al 178. 11

5. Decisión que se revisa del juez de tutela de segunda instancia El Juzgado Promiscuo de Familia del Circuito de Samaniego, Nariño, el 27 de septiembre de 2019, revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declaró improcedente la acción de tutela formulada por el señor JHTZ, en representación de su hijo JETF. Explicó que se incumplió el requisito de subsidiariedad y que no fue demostrada la existencia de un perjuicio irremediable que hiciera procedente el mecanismo constitucional. Sostuvo: “[…] del análisis de las probanzas militantes en el plenario, no se encuentra acreditado por la parte accionante la existencia o inminencia de un perjuicio irremediable, y además, no se advierte la imposibilidad de que el menor [JETF] pueda continuar sus estudios en otra institución educativa, pues el Plantel accionado, si bien le impide con la sanción impuesta continuar sus estudios en ese establecimiento específico, no existe prohibición alguna de seguir su actividad académica en un colegio diferente”30 (mayúsculas originales).

6. Actuaciones en sede de revisión

6.1. La Sala Quinta de Revisión, mediante Auto del 19 de febrero de 202031, decretó algunas pruebas con la finalidad de obtener elementos de juicio que le permitieran adoptar una decisión más informada en el caso objeto de estudio. 6.1.1. A la rectora de la Institución Educativa o a quien haga sus veces, le solicitó que remitiera copia (i) del Manual de Convivencia de la Institución Educativa; y (ii) de la sentencia de tutela No. 12 del 9 de mayo 2019, proferida bajo el radicado 201