CC - T422-2020

Sentencia T-422/20

ACCION DE TUTELA PARA LA PROTECCION DEL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA-Único mecanismo judicial eficaz para garantizar que los pueblos indígenas sean consultados CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-Fenómeno que se configura en los siguientes eventos: hecho superado, daño consumado o situación sobreviniente CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR ACAECIMIENTO DE UNA SITUACION SOBREVINIENTE-El Ministerio del Interior realizó la visita de verificación y presentó nuevo informe técnico (i) hay variación sustancial de los hechos en virtud de la visita de verificación realizada y el nuevo Informe Técnico, a partir de los cuales es claro que, en cumplimiento de una orden judicial, el Min Interior subsanó la omisión alegada; (ii) el Ministerio corrigió la omisión con un ejercicio de certificación serio en el que concurrieron representantes de las autoridades territoriales, de la comunidad y de la empresa accionada. Asimismo, las conclusiones del informe técnico están soportadas en un estudio interdisciplinario que correlacionó elementos del análisis antropológico, cartográfico y topográfico. Como resultado, es dado afirmar que la visita cumple con los presupuestos del debido proceso exigidos por la jurisprudencia constitucional. DERECHO A LA CONSULTA PREVIA-Exigencia de visita técnica al área de influencia del proyecto, para certificar la presencia de comunidades étnicas La Directiva Presidencial No. 10 de 2013 (…) establece tres supuestos en los que realizar la visita es obligatorio: (i) el asentamiento de comunidades en las

áreas de influencia; (ii) el desarrollo de usos y costumbres por parte de comunidades en esas áreas; y (iii) el tránsito de comunidades étnicas en las áreas de interés del proyecto. También dispone que las conclusiones derivadas de la visita técnica de verificación queden plasmadas en un informe técnico, el cual dará cuenta, entre otras, de las conclusiones antropológicas, cartográficas y geográficas. AFECTACION DIRECTA DE COMUNIDADES ETNICAS O TRIBALES-Sentido y alcance del concepto de afectación directa y su relación con el área de influencia directa DERECHO A LA CONSULTA PREVIA-Alcance de la certificación de la presencia de comunidades indígenas proferida por el Ministerio del Interior La sentencia SU-123 de 2018 estableció que el análisis cartográfico y comparativo de bases de datos es insuficiente, y, por ello, el Ministerio debe realizar la visita técnica de campo cuando ejecute el trámite de certificar la presencia de comunidades étnicas. El deber de agotar la visita tiene su fuente en el pluralismo cultural (artículo 1 de la Constitución) y, para respetar esta garantía, pueden comparecer – en labores de apoyo – las entidades del orden territorial y las comunidades étnicas con proximidad a las obras y los proyectos. Ante esto, es claro que cualquier Informe Técnico – que se pronuncie sobre la necesidad o no de la consulta previa[180] – debe estar apoyado en un proceso de certificación serio, cuya conclusión con relación a la consulta no debe equiparar “la figura del “área de influencia directa” de un plan con incidencia territorial, y la “afectación directa” que dicho

proyecto pueda acarrear para una comunidad étnica”. Vale recalcar que las certificaciones emitidas en las presentes condiciones tienen presunción de legalidad y son un medio idóneo para certificar la presencia de comunidades étnicas en determinada zona. No obstante, también se reitera que esta Corte, en la sentencia T-281 de 2019, determinó que “tratándose de la identidad y la autonomía de los grupos étnicos, prima la realidad sobre las formas”.

DERECHO FUNDAMENTAL A LA CONSULTA PREVIA DE

COMUNIDADES INDIGENAS Y GRUPOS ETNICOS-Contenido y alcance AFECTACION DIRECTA DE COMUNIDADES ETNICAS O TRIBALES-Concurrencia de competencias del Ministerio del Interior, la debida diligencia de los particulares y la carga sumaria de la comunidad étnica en los procesos de consulta previa No existe prueba de la afectación directa de las comunidades accionantes, ni se lograron probar en el expediente, hechos y omisiones que pudiesen derivar en dicha afectación directa. Por lo cual, no se evidencia un daño cierto y actual a las comunidades concernidas, por lo que se procederá a revocar las decisiones de instancia, en relación con la declaratoria de amparo del derecho a la consulta previa.

Referencia: Expedientes T-7.466.000 y T7.474.979 (acumulados) Acción de tutela: Instaurada por Jhon Jairo

Hurtado Hurtado y Katherine Caro Usuriaga (T-7.466.000) y Beatriz Mosquera Hernández y Reinaldo Romaña Agualimpia (T-7.474.979), contra el Ministerio del Interior, la Autoridad

Nacional de Licencias Ambientales, Ministerio del Medio Ambiente Desarrollo Sostenible, Occidental de Colombia LLC y Alcaldía de Arauquita. Magistrado ponente

ALEJANDRO LINARES CANTILLO

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veinte (2020) La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado y los magistrados Antonio José 2 Lizarazo Ocampo y Alejandro Linares Cantillo, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente

SENTENCIA

I. ANTECEDENTES

A. LAS DEMANDAS DE TUTELA

Expediente T-7.466.000

1. El 22 de enero de 2019, Jhon Jairo Hurtado Hurtado, delegado ante el Espacio Nacional de Consulta Previa (en adelante “ENCP”), y Katherine Caro Uzuriaga, representante legal del Consejo Comunitario El Oasis, presentaron una tutela para proteger el derecho fundamental a la consulta previa de dicho consejo.

2. Alegan que la licencia ambiental otorgada a Occidental de Colombia LLC (en adelante “Occidental”) para el proyecto “Área de Perforación Exploratoria Primavera” (en adelante “Proyecto APE Primavera” o el “Proyecto”) vulneró el derecho a la consulta previa y a la diversidad étnica al omitir la presencia de comunidades negras en el área del proyecto.

Responsabilizan de dicha vulneración al Ministerio del Interior (en adelante “Min Interior”) y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (en

adelante “ANLA”). Como consecuencia, solicitaron revocar o suspender el acto administrativo de licenciamiento ambiental hasta que se realice la consulta previa.

3. En auto del 24 de enero de 2019, el Juez Promiscuo Municipal de Arauquita (Arauca) admitió la demanda de tutela y ordenó vincular al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (en adelante “Min Ambiente”), a Occidental y a la Alcaldía de Arauquita1.

Expediente T-7.474.979

4. El 13 de febrero de 2019 la señora Beatriz Mosquera Hernández, delegada ante el ENCP2, y Reinaldo Romaña Agualimpia, representante legal del Consejo Comunitario de Panamá de Arauca, presentaron una tutela para proteger el derecho a la consulta previa de dicho consejo, por desconocimiento de dicho derecho por parte del Min Interior y la ANLA. Solicitaron suspender la licencia ambiental del Proyecto porque, a su juicio, las personas de la comunidad negra de la vereda Santa Clara y habitantes del predio “El Encanto” no fueron consultados.

5. En auto del 13 de febrero de 2019, el Juez Promiscuo Municipal de Arauquita (Arauca) admitió la demanda de tutela y ordenó vincular al Min Ambiente, a Occidental y a la Alcaldía de Arauquita3.

B. HECHOS RELEVANTES 1 Ver cuaderno de primera instancia Expediente T-7.466.000, folio 110. 2 Ver cuaderno de primera instancia Expediente T-7.474.979, folio 96. 3 Ver cuaderno de primera instancia Expediente T-7.474.979, folio 21.

3 Sobre el Consejo Comunitario el Oasis y su territorio colectivo (Expediente T7.466.000)

6. El 7 de junio de 2011 se conformó el Consejo Comunitario el Oasis en el municipio de Arauquita por 15 familias afrodescendientes. El Consejo Comunitario no tiene registro de comunidad étnica en el Min Interior y, a la fecha, no ha formulado solicitud para efectuar tal registro.

7. Este Consejo lo conforman 29 familias que están ubicadas en un predio de dos hectáreas y en un baldío conocido como “afrodescendientes”4. Ninguna de las referidas extensiones de tierra tiene un título colectivo de propiedad y ninguna está dentro de la vereda El Oasis.

8. El 18 de julio de 2017 la representante legal del Consejo Comunitario El Oasis radicó en la Agencia Nacional de Tierras (en adelante “ANT”) los documentos para el trámite de titulación colectiva5. Dicha solicitud fue negada por fallas en los documentos presentados6.

9. El 5 de diciembre de 2017, tras una segunda solicitud de titulación colectiva y una petición, la ANT informó que para formalizar la titulación se necesitaba completar la documentación y adelantar visitas técnicas7.

Sobre el Consejo Comunitario Panamá de Arauca y su territorio colectivo (Expediente T-7.474.979)

10. El Consejo Comunitario Panamá de Arauca se encuentra reconocido por el Min Interior desde 2013 (Resolución Nº 029 del 18 de abril)8. Tiene un Plan Específico de Vida para la década 2017 – 20279 que prueba que la comunidad

desarrolla sus actividades dentro del centro poblado Panamá de Arauca y en las 12 hectáreas del predio “Aguas Blancas”10. Según dicho plan, el predio “El Encanto”11 y la vereda Santa Clara12 no integran el territorio colectivo de dicha comunidad13. 4 El predio rural “afrodescendientes” tiene 2174 m2 y es uno de los tres fraccionamientos autorizados al lote “Buena Vista” por la Dirección Territorial de Arauca. La extensión total de “Buena Vista”, ubicado en la vereda La Islandia en Arauquita, era de 22 hectáreas y 3,300 metros cuadrado. A la fecha, según consta en la acción de tutela, “afrodescendientes” no ha sido pagado en su totalidad (el Consejo Comunitario el Oasis pagó $5.000.000 (m/cte.), de un valor total de $8.000.000 (m/cte.)) y este predio (“afrodescendientes”) es un predio “sin registro predial, ni matricula inmobiliaria”. Esto último consta en la Escritura Pública Nº 526 del 21 de octubre de 2015 de la Notaría Única del Circulo de Arauquita aportada por los accionantes (ver cuaderno de primera instancia Expediente T-7.466.000, folios 63, 64, 75 y 77). 5 Ver cuaderno de primera instancia Expediente T-7.466.000, folio 57. 6 En respuesta del 22 de agosto la ANT resaltó los siguientes como documentos faltantes: (i) los antecedentes etnohistóricos de la comunidad; (ii) la descripción de la organización social (indicando relaciones de parentesco y organización interna); y (iii) la tenencia de tierra dentro del área solicitada Ver cuaderno de

primera instancia Expediente T-7.466.000, folio 58 y 59. 7 Las visitias técnicas dependían de la aprobación de la vigencia fiscal para 2018. Ver cuaderno de primera instancia Expediente T-7.466.000, folios 60 y 61. 8 Ver cuaderno de primera instancia Expediente T-7.474.979, folio 43. 9 El Plan se elaboró por la misma comunidad para fines de su organización interna y reconocimiento. 10 El Plan da cuenta de que hay 107 asociados y 80 de ellos viven el centro poblado Panamá de Arauca y 17 tienen sus viviendas en otros lugares. Ver cuaderno de primera instancia Expediente T-7.474.979, folio 138. 11 El 22 de agosto de 1985, en Resolución Nº 723, el Incora adjudicó definitivamente a la señora María Narcisa Hurtado el terreno baldío “El Encanto”. Ver cuaderno de primera instancia Expediente T-7.474.979, folios 64. 12 El 18 de febrero de 2019, el secretario de la Junta de Acción Comunal de la vereda Santa Clara certificó la presencia cuatro familias afrodescendientes. Familias: Carvajal, Ventez, Beleño y Lindarte Ver cuaderno de primera instancia Expediente T-7.474.979, folios 30 y 31. 13 El “Plan Específico de Vida 2017-2027” del Consejo Comunitario Panamá de Arauca, expresamente define los límites de su propio territorio según su propio entendimiento: “5.1.1. Límites de nuestro territorio: El radio de acción del Consejo Comunitario Reinaldo Romaña Agualimpia de Panamá y el predio Aguas

4 Sobre el Proyecto APE Primavera y el proceso de licenciamiento ambiental (Expedientes T-7.466.000 y T-7.474.979)

11. El Proyecto APE Primavera tiene por objeto la perforación de pozos para realizar una fase exploratoria de búsqueda de crudo. Comprende un área total de 13.993,92 hectáreas en el municipio de Arauquita14.

12. El 5 de junio de 2017, Occidental dio comienzo a las actividades de socialización del Proyecto en la vereda el Oasis, mediante la difusión de información y retroalimentación15. Se hicieron más de cinco reuniones con la comunidad16, se instalaron puntos de información fijos y móviles17, y se fijaron carteleras informativas en espacios públicos de alto tránsito.

13. En la vereda Santa Clara la socialización fue similar, la labor comenzó con la fijación de la cartelera el 12 de junio de 201718. También se instalaron puntos informativos fijos y móviles19, y se hicieron dos reuniones de retroalimentación y socialización20. A la primera de dichas reuniones asistieron 75 personas.

14. El 14 de junio de 2017, Occidental solicitó información a las autoridades locales (Secretario de Gobierno de Arauquita) sobre los mecanismos de participación ciudadana, la presencia de comunidades étnicas, el tiempo de permanencia en la zona, y la certificación de los proyectos en curso y sus beneficiarios. Sin embargo, no recibió respuesta alguna21.

15. El 1 de noviembre de 2017, Occidental radicó la solicitud de Estudio de Impacto Ambiental (en adelante “EIA”) para el Proyecto APE Primavera. En

los días 12, 13, 21 y 30 de noviembre de 2017 se socializaron los resultados de los EIA con la comunidad de la zona en la que se realizaría el proyecto, mediante el envío de comunicaciones escritas, distribución de cartillas de información y cuñas radiales22.

16. El 27 de noviembre de 2017 el Min Interior emitió la certificación Nº 1330, según la cual, en el área del Proyecto APE Primavera no se registra Blancas limitan, al norte con el Estero del Lipa, al oriente con la vereda El Carmen y El Rosal, al sur con la vereda Los Fundadores y la Reserva y al occidente con la vereda Los Colonos”. 14 En términos de la licencia ambiental otorgada por la ANLA (Resolución N° 01638 del 27 de septiembre de 2018) el Proyecto APE Primavera “tiene como objeto llevar a cabo una fase de exploración en busca de crudo, en el territorio de Arauca a través de la perforación de pozos exploratorios, cubriendo un área total de 13.993 Ha” Ver cuaderno de primera instancia Expediente T-7.466.000, folio 149 y cuaderno de primera instancia Expediente T-7.474.979, folio 380. 15 Ver cuaderno de primera instancia Expediente T-7.466.000, folio 253. 16 En el 2017 en estos dias: 24 y 30 de junio y 27 de octubre. Ver cuaderno de primera instancia Expediente T-7.466.000, folios 121, 253, y 255 17 El 14 y 15 de octubre de 2017, Occidental ubicó un punto informativo fijo en el centro poblado de la vereda

el Oasis y se fijó un punto de información móvil que “convocó a la comunidad y se desplazó por los predios [aledaños]”. Ver cuaderno de primera instancia Expediente T-7.466.000, folio 123. 18 Ver cuaderno de primera instancia Expediente T-7.474.979, folios 60 y 100. 19 Ver cuaderno de primera instancia Expediente T-7.474.979, folio 62. 20 En fechas: 26 de junio de 2017 y 13 de noviembre de 2017. Ver cuaderno de primera instancia Expediente T-7.474.979, folio 60, 534 y 62. 21 Dicha solicitud se presentó después de establecer diferentes canales de comunicación con la población cercana a la zona de exploración y de solicitar información al Secretario de Gobierno de Arauquita sobre los medios de participación ciudadana al interior del municipio y la relación de instituciones públicas, privadas, cívicas y comunitarias, precisando (i) el tiempo de permanencia en la zona de las comunidades, (ii) los programas o proyectos en ejecución, y (iii) la población beneficiaria. Ver cuaderno de primera instancia Expediente T-7.466.000, folio 260. 22 Ver cuaderno de primera instancia Expediente T-7.466.000, folio 258. 5 presencia de comunidades indígenas, minoritarias, ROM, negras, afrocolombianas, raízales y/o palenqueras23.

17. En diciembre de 2017, Occidental organizó otra ronda de reuniones con la población aledaña al área del proyecto. En la vereda el Oasis tuvo lugar una reunión el 1 de diciembre de 2017 y asistieron miembros de algunas de las

familias que integran el Consejo Comunitario El Oasis24. En la vereda Santa Clara la reunión ocurrió el 25 de diciembre de 201725.

18. El 15 de diciembre de 2017, Occidental solicitó a la ANLA la licencia ambiental para el Proyecto APE Primavera.

19. Los días 20 y 23 de marzo de 2018, el grupo técnico de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento de la ANLA adelantó la visita de evaluación al

Proyecto APE Primavera.

20. El 27 de septiembre de 2018, en la Resolución Nº 01638, la ANLA otorgó la licencia ambiental26. Estableció que tanto la vereda el Oasis como la vereda Santa Clara se encuentran dentro del aérea de influencia del proyecto. Se resaltan los siguientes puntos de la licencia ambiental: 20.1. Con relación a la vereda el Oasis (Expediente T-7.466.000): El acto administrativo precisa que el área superpuesta entre la vereda y el área total del proyecto se clasificó como una zona de exclusión donde no se pueden desarrollar actividades. Esta área superpuesta equivale al 0.96% del área total del proyecto27. Las tierras sobre las que el Consejo Comunitario el Oasis alega titularidad colectiva están por fuera del área de influencia del proyecto28. La exclusión obedece a que el área “no cuenta con vías de acceso, de acuerdo con lo establecido en el EIA y lo autorizado en la licencia ambiental”29. 20.2. Frente a la vereda Santa Clara (Expediente T-7.474.979): La licencia precisa que el predio “El Encanto”, ubicado en la vereda antedicha, está dentro

del área de influencia del Proyecto APE Primavera. Sin embargo, el 85.95% del predio se encuentra en un área de exclusión30. De acuerdo con los planos de la licencia ambiental, hay una separación de 8 kilómetros entre los territorios del Consejo Comunitario (centro poblado Panamá de Arauca y predio Aguas Blancas, ver numeral 10) y el área de influencia del proyecto31. 20.3. Con relación al ambiente desarrolló varios elementos, donde se destacan: (i) ruido, concluye que “los valores registrados en relación a la calidad del aire son normales, como consecuencia de la condición rural donde se localiza el APE Primavera, caracterizado por una deficiente infraestructura vial, con la consecuente baja presencia de vehículos generadores de gases contaminantes; por otro lado en lo relacionado al ruido, los niveles anormales referenciados dentro de la línea base están 23 Ver cuaderno de primera instancia Expediente T-7.466.000, folio 162. 24 Karen Mosquera, familia Mosquera Rentería; Oswaldo Rojas, familia Rojas Peinado; Martha Carillo, familia Pedroza Carillo. Ver cuaderno de primera instancia Expediente T-7.466.000, folios 16, 18 y 19. 25 Ver cuaderno de primera instancia Expediente T-7.474.979, folio 62 y 535. 26 Ver cuaderno de primera instancia Expediente T-7.466.000, folio 163 – 168. 27 Ver cuaderno de primera instancia Expediente T-7.466.000, folio 120. 28 Ver cuaderno de primera instancia Expediente T-7.466.000, folios 271 y 272. 29 Ver cuaderno de primera instancia Expediente T-7.466.000, folio 128.

30 Ver cuaderno de primera instancia Expediente T-7.474.979, folios 412 y 418. 31 Ver cuaderno de primera instancia Expediente T-7.474.979, folio 523. 6 relacionados a eventos naturales, sin que la intervención antrópica sea determinante”32; (ii) medio biótico, la licencia constantó la necesidad de evitar la reducción de los caudales de agua natural en época seca (para la preservación de especies)33 y ello se refeja en el deber impuesto a Occidental en materia de (iii) aguas de mantener una ronda de protección para los pozos de agua construidos y usados por la comunidad de 100 metros junto con el deber de llevar el registro permanente de las captaciones de aguas34. Rescata que “[d]entro del área de influencia del APE Primavera no existen territorios de designación especial como resguardos, territorios indígenas no titulados o tierras de comunidades negras”. 20.4. Frente a las actividades de impacto que anteceden el Proyecto y tienen lugar en la zona de influencia, la ANLA destacó los siguientes: ganadería extensiva, disposición de aguas residuales y residuos sólidos domésticos, cultivos Pancoger, pesca artesanal, cacería y comercialización de fauna silvestre, tala de árboles, quema, tránsito vehicular, captación de agua subterránea para uso doméstico y pecuario y actividad de hidrocarburos35. Con relación al Proyecto, destacó como beneficios la alteración de la dinámica laboral. 20.5. La ANLA destacó los medios de participación y acompañamiento de la comunidad en la recolección de información, pues el trabajo colegiado

permitió “la identificación y evaluación de los impactos del medio y para el diseño de las estrategias a desarrollar en el Plan de Manejo Ambiental en términos de prevenir, corregir, mitigar y compensar los impactos que sobre el medio social pueda generar el proyecto”36. Asímismo, en el proceso de socialización y participación – donde hay presencia de la vereda el Oasis y de la vereda Santa Clara y conocimiento del Proyecto por parte de la comunidad– se tuvo en cuenta el contexto social y la identificación de impactos provino del diagnóstico social participativo37. En este orden, se “generó permanentemente un espacio para el diálogo lo cual posibilitó a las comunidades expresar sus puntos de vista y observaciones”38.

C. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS

Min Interior

21. Expediente T-7.466.00039. Solicitó ser desvinculado porque no ha vulnerado ningún derecho fundamental. Explicó que la suspensión o revocación de la licencia ambiental no es su competencia (artículo 16 del Decreto Ley 2893 de 2011) y que por la certificación Nº 1330 de 2017 “no es procedente adelantar el trámite administrativo de consulta previa (…) en concordancia con la Directiva Presidencial 10 de 2013”40. 32 Resolución 1638 de 2018, pág. 80. Disponible en:

http://portal.anla.gov.co/sites/default/files/res_1638_27092018_ct_5170.pdf 33 Ibíd, pág. 88 34 Ibíd, pág. 148. 35 Ibíd, pág. 169. 36Ibíd, pág. 89.

37 Ibíd, pág. 89 – 95. 38Ibíd, pág. 106. 39 Contestación firmada por Luis Femando Bastidas Reyes, Director de Consulta Previa del Ministerio del Interior. Ver folios 169 – 176 del cuaderno de primera instancia Expediente T-7.466.000. 40 Ver cuaderno de primera instancia Expediente T-7.466.000, folio 170. 7

22. Expediente T-7.474.97941. Requirió ser desvinculado por la misma razón y precisó que “no es de recibo tutelar el derecho a la consulta previa, sin antes determinar la existencia de una afectación directa a las comunidades étnicas”42.

Min Ambiente

23. Expediente T-7.466.00043. Alegó falta de legitimación por pasiva, pues el proceso de consulta previa es una competencia atribuida a la ANLA y al Min Interior44. Según la Ley 99 de 1993 el Min Ambiente “es la entidad encargada de formular políticas en materia ambiental y recursos renovables (…) a nivel nacional [y] las Corporaciones Autónomas Regionales [(en adelante “CAR”)] las entidades encargadas de ejecutar dichas políticas en el área de su jurisdicción”45. Por ello, les corresponde a las CAR y a la ANLA efectuar el seguimiento de las licencias ambientales.

24. Expediente T-7.474.97946. Indicó que no está legitimado por pasiva por las mismas razones expuestas en el numeral anterior.

ANLA

25. Expediente T-7.466.00047. Solicitó ser desvinculada y subsidiariamente denegar el amparo porque no han sido afectados derechos fundamentales de las comunidades accionantes48. La entidad actuó con buena fe exenta de culpa,

por cuanto, Occidental cumplió con los requisitos legales para obtener una licencia ambiental49. Precisó que no existe una obligación de realizar la consulta previa porque la certificación N°1330 de 2017 expedida por el Min Interior, señaló que no había presencia de comunidades étnicas50. Frente a los requisitos de la tutela, argumentó que no se probó el perjuicio irremediable y que no se cumple el requisito de subsidiariedad, pues los accionantes no recurrieron la certificación N° 1330, como tampoco fue presentada la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la licencia ambiental otorgada mediante Resolución No. 0163851. 41 Contestación firmada por Luis Femando Bastidas Reyes, Director de Consulta Previa del Ministerio del Interior. Ver folios 489 – 492 del cuaderno de primera instancia Expediente T-77.474.979. 42 Ver folio 492 del cuaderno de primera instancia Expediente T-77.474.979. 43 Contestación firmada por Juan de Jesús Arévalo Briceño, apoderado judicial del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ver folios 139 – 148 del cuaderno de primera instancia Expediente T-7.466.000. 44 D. 2893 de 2011 (art. 16) y el D. 3570 de 2011. 45 Ver cuaderno de primera instancia Expediente T-7.466.000, folio 141. 46 Contestación firmada por Luz Stella Camacho Gómez, apoderado judicial del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ver folios 493 –501 del cuaderno de primera instancia Expediente T-7.474.979. 47 Contestación firmada por David Romero Agudelo, apoderado de la ANLA. Ver folios 149 – 168 del

cuaderno de primera instancia Expediente T-7.466.000. 48 Ver cuaderno de primera instancia Expediente T-7.466.000, folio 152. 49 Explican, por ejemplo, que el proyecto se socializó y que la empresa aportó la certificación del Min Interior que indicaba que no había presencia de comunidades étnicas en el área del Proyecto (Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.2.3.6.2., numeral 7: “Certificado del Ministerio del Interior sobre presencia o no de comunidades étnicas y de existencia de territorios colectivos en el área del proyecto de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones relacionadas con el Protocolo de Coordinación lnterinstitucional para la Consulta Previa”). 50 En particular, y con referencia a las comunidades indígenas y negras, el artículo 2.5.3.1.3. del Decreto 1066 de 2015, establece que “(…) le corresponde al Ministerio del Interior certificar la presencia de dichas comunidades (…)”. Ver cuaderno de primera instancia Expediente T-7.466.000, folios 150 y 151. 51 En particular: “no se desprende que hubieran desplegado diligentemente ninguna actuación procesal en tal sentido, por lo que no puede ser la tutela ahora el remedio para subsanar sus omisiones”. Ver cuaderno de primera instancia Expediente T-7.466.000, folio 152. 8

26. Expediente T-7.474.97952. Presentó las mismas pretensiones y argumentos señalados en el numeral anterior.

Alcaldía de Arauquita

27. Expediente T-7.466.00053. Solicitó acoger las pretensiones porque la consulta previa es un “requisito fundamental para la obtención de las

licencias ambientales (…) pues son las comunidades quienes (…) deben valorar la afectación sobre sus territorios, (…) su integridad cultural o (…) cualquier otro aspecto de su cosmovisión”54.

28. Expediente T-7.474.97955. Manifestó que se debe conceder la tutela porque la consulta previa es un mecanismo a través del que las comunidades minoritarias “demuestran su aceptación o inconformismo con las decisiones tomadas por los estamentos estatales, que, sin mediar consentimiento alguno, autorizan actuaciones que pueden o no afectar la dignidad humana, el derecho a vivir en un ambiente sano”56.

Occidental

29. Expediente T-7.466.00057. Solicitó negar el amparo porque en los procesos de EIA y licenciamiento ambiental, los cuales fueron debidamente socializados con las comunidades aledañas al Proyecto, no se acreditó la presencia de una comunidad afrodescendiente en la vereda el Oasis58 “que ameritara adelantar el trámite de consulta previa, lo cual se vio corroborado por la información recibida [por] parte de diferentes entidades públicas”59.

Señaló que con base en la ratio de la sentencia SU-123 de 2018, el deber de consulta nace cuando “determinada medida sea susceptible de afectar directamente a un pueblo étnico”. En el caso, el proyecto “no generan ningún tipo de impacto o afectación a [la comunidad de el Oasis]”60, entre otras, porque se trata de una superposición del 0.96% del área del proyecto y, en todo caso, dicha área es una zona de exclusión en la que “no se va a desarrollar ninguna actividad relacionada con la exploración de hidrocarburos”61.

52 Contestación firmada por David Romero Agudelo, apoderado de la ANLA. Ver folios 380 – 398 del cuaderno de primera instancia Expediente T-7.474.979. 53 Contestación firmada por Renson Jesús Martínez Prada, Alcalde del Municipio de Arauquita (Arauca). Ver cuaderno de primera instancia Expediente T-7.466.000, folios 211 – 222. 54 Ver cuaderno de primera instancia Expediente T-7.466.000, folio 217. 55 Contestación firmada por Renson Jesús Martínez Prada, Alcalde del Municipio de Arauquita (Arauca). Ver cuaderno de primera instancia Expediente T-7.474.979, folios 399 – 409. 56 Ver cuaderno de primera instancia Expediente T-7.474.979, folios 404. 57 Contestación firmada por María José Romero Higuera, Representante legal de Occidental de Colombia LLC, Ver folios 38 – 137 del cuaderno de primera instancia Expediente T-7.466.000. 58 Indican que en caso de que se haya conformado una comunidad afrodescendiente con posterioridad a la socialización y elaboración del EIA y/o al otorgamiento de la licencia ambiental, en atención a tal hecho sobreviniente, Occidental adelantará la consulta previa respecto de dicha comunidad y en relación con efectos concretos y específicos que el proyecto pueda generar – a partir de los criterios fijados en la sentencia SU-123 de 2018, explicando, en particular, que: la compañía (…) se encuentra en total disposición de realizar la consulta previa en caso de que el juez evidencie que en efecto el Consejo Comunitario el Oasis contiene los elementos de comunidad étnica y que se verá afectado de manera directa por las actividades que se

desarrollen en el área del Proyecto”, ver cuaderno de primera instancia Expediente T-7.466.000, folio 126. 59 Ver cuaderno de primera instancia Expediente T-7.46